LEYES ORGÁNICAS

Publicado: julio 21, 2014 en ADMINISTRATIVO
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Definición:son aquellas leyes cuyo contenido es de carácter administrativo, ya que regulan la actividad del Estado para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus funciones centrándose especialmente en regular derechos fundamentales.

La Constitución Nacional consagra en el artículo 203 cinco tipos de leyes orgánicas que son:

  • Las que se dictan para regular la división política territorial, fuerzas armadas, sistemas de seguridad social, ordenación del territorio, regímenes municipales, sufragio y participación política, administración central, tribunal supremo de justicia, poder ciudadano y por último el poder electoral.
  • Leyes que organicen los poderes públicos.
  • Leyes que desarrollen los derechos constitucionales.
  • Leyes que sirvan de marco normativo para posteriores leyes ordinarias y especiales.
  • Leyes con envestidura parlamentaria, necesitan las 2/3 partes para su aprobación por parte de la Asamblea Nacional como órgano legislativo.

Todas las leyes orgánicas deberán ser revisadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para garantizar la constitucionalidad de las leyes.

Las leyes orgánicas poseen un Ámbito de Regulación, se encargan de desarrollar los derechos fundamentales, y regulan las libertades públicas.

Las leyes orgánicas necesitan un Requerimiento específico para su aprobación, se necesita las 2/3 partes de la asamblea nacional como órgano legislativo del Estado para su aprobación siguiendo un procedimiento que se divide en cinco fases:

  • Iniciación: es la introducción del proyecto de ley en la sala constitucional del Tribunal Supremo de justicia, o 0,5% de la población inscrita en el registro electoral.
  • Discusión: se divide en dos fases, evaluar si la ley es pertinente y luego se procede a discutir artículo por artículo.
  • Sanción: es la aprobación de la ley una vez discutida en segunda fase.
  • Promulgación: cuando se declara formalmente la ley aprobatoria.
  • Publicación: cuando sale su publicación en gaceta oficial.

Las leyes orgánicas pasan por el Ámbito de Intervención de la Sala Constitucional, esta interviene en la revisión de las leyes creadas, donde estudia el carácter orgánico de la ley más no su constitucionalidad.

Relación de las leyes Orgánicas con las Ordinarias y particularmente con las leyes que prevean normativas especiales, la esencia de estas leyes es que no deben salirse de lo que contempla la Constitución Nacional y las mismas se aplican con preferencia una sobre la otra siempre y cuando las inferiores no contradigan a las superiores, y las superiores obvien las particularidades de las inferiores.

Criterios de Competencia para la determinación de Leyes Orgánicas y Leyes Ordinarias, la Constitución Nacional establece las competencias, las leyes orgánicas le corresponde velar por el desarrollo de los derechos fundamentales y las leyes ordinarias se consideran como leyes nacionales. Estas leyes las preside el principio de competencia excluyendo el principio de jerarquía entre ambas, se podría señalar que cuando la ley ordinaria invade el ámbito de la ley orgánica se anula en sala constitucional y cuando la ley orgánica invade el ámbito de la ley ordinaria se reputa esta como ley ordinaria perdiendo el carácter orgánico.

Todas las leyes siguen un Criterio de jerarquía, este criterio es conforme a la pirámide de Hans Kelsen diciendo que las leyes que se encuentran en los planos superiores regulan y sirven de marco a las leyes que se encuentran en los planos inferiores.

Las leyes poseen un Criterio Temporal, este consiste en que las leyes sólo serán derogadas por otras leyes.

El Criterio de la Especialidad, rompe con viejos postulados, entendiéndose que la Constitución Nacional es el encargado de atribuir las competencias a los diferentes poderes (nacional, estadal y municipal) para explicar brevemente lo antes dicho si la Constitución Nacional le atribuye ciertas competencias al poder municipal, estas competencias no podrán ser abarcadas por otros poderes inclusive ni por el poder nacional, gracias que la Constitución Nacional encontrándose en el primer escaño de la pirámide de Hans Kelsen autoriza al ente en este caso el municipio y no permite que otro poder lo regule

“Las leyes son las condiciones con que los hombres vagos e independientes se unieron en sociedad, cansados de vivir en un continuo estado de guerra, y de gozar una libertad que les era inútil en la incertidumbre de conservarla. Sacrificaron por eso una parte de ella para gozar la restante en segura tranquilidad.

El complejo de todas estas porciones de libertad, sacrificadas al bien de cada uno, forma la soberanía de una nación, y el Soberano es su administrador y legitimo depositario. Pero no bastaba formar este depósito, era necesario también defenderlo de las usurpaciones privadas de cada hombre en particular. Procuran todos no sólo quitar del depósito la porción propia, sino usurparse las ajenas.

Para evitar estas usurpaciones se necesitaban motivos sensibles, que fuesen bastantes a contener el ánimo despótico de cada hombre, cuando quisiese sumergir las leyes de la sociedad en su caos antiguo. Estos motivos sensibles son las penas establecidas contra los infractores de aquellas leyes. Los llamo motivos sensibles, porque la experiencia ha demostrado que la multitud no adopta principios estables de conducta, ni se aleja de aquella innata general disolución, que en el universo físico y moral se observa, sino con motivos que inmediatamente hieran en los sentidos, y que de continuo se presenten al entendimiento, para contrabalancear las fuertes impresiones de los ímpetus parciales que se oponen al bien universal: no habiendo tampoco bastado la elocuencia, las declamaciones, y las verdades más sublimes a sujetar por mucho tiempo las pasiones excitadas con los sensibles incentivos de los objetos presentes.[1]

[1] Bonesana César, Marqués de Beccaría, Tratado De Los Delitos y De Las Penas, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2007, P. 53.

Definición general de Derecho Administrativo.

Es le conjunto de normas jurídicas que establece el Estado que van ha regir la actividad administrativa de las entidades públicas en función de los particulares.

Fuentes del derecho administrativo:

Art. 7 CRBV. La constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta constitución.

Ley como fuente del Derecho Administrativo.

La Noción general de la ley como fuente del Derecho Administrativo se podría decir que equivale a la norma jurídica que deriva de los órganos del Estado, la ley en sentido material es la dictada por los órganos que autoriza el Estado; también se toman como fuentes del Derecho Administrativo aquellas leyes dictadas por el poder ejecutivo, ministerios y municipios. En conclusión sólo serán leyes aquellas normas dictadas por el poder legislativo (Asamblea Nacional) que sean promulgadas y aprobadas en gaceta oficial.

El Rango de la ley se dice que es de categoría legal porque se encuentra en los planos superiores de la pirámide de Hans Kelsen.

El Valor de la ley se puede decir que es la resistencia que posee la norma de no ser desmejorada por otras que se encuentran en planos inferiores.

Existe una Correlación entre la Ley Orgánica, Ordinaria y Decretos leyes, la semejanza o correlación que existen entre estas leyes es que todas son de rango lega, porque se encuentran dispuestas en la pirámide de Hans Kelsen en el siguiente orden leyes orgánicas, leyes ordinarias y leyes especiales (decretos leyes), siendo estas excepcionales porque son dictadas por el ejecutivo previamente autorizadas por la Asamblea Nacional como órgano legislativo del Estado.

La Fuerzade la ley es la aplicabilidad que pueda tener la norma siempre que permanezca en vigencia.

La ley posee un Carácter de Supremacía, la ley se considera como fuente primaria porque la Constitución Nacional se encuentra en el primer plano de legalidad de la pirámide de Hans Kelsen condicionando a las demás leyes y si esta llegara a ser condicionada por otras leyes se estaría violando el principio del valor de la ley.

Para la creación de leyes se dice que existe un Monopolio Legislativo, si existiera un monopolio el único que está autorizado para dictar leyes es el poder legislativo representado por la Asamblea Nacional; la creación de leyes no corresponde en su totalidad a la Asamblea Nacional, el poder ejecutivo tiene la potestad, previa autorización del poder legislativo de dictar decretos con fuerza de ley, ya con que el poder ejecutivo teniendo la facultad de dictar leyes rompe con el monopolio que pudiese tener la Asamblea Nacional.

 La Ley en sentido Formal y Materialen sentido formal es que la ley tiene que seguir un procedimiento estricto para su creación y debe cumplir ciertos formalismos, en sentido material es que las leyes tienen que ser abstractas y generales.

La leyes poseen un carácter Abstracto y General, en su sentido abstracto quiere decir que una norma no debe aplicarse para un caso específico, sino para todos los casos y en su sentido general significa que la norma no debe regular a un solo individuo debe regular a toda la colectividad cumpliendo con el principio de igualdad entre las personas.

¿Podría darse el caso de que existan Leyes en sentido Formal y no Material?

Si, existe en Venezuela hay dos casos en que la ley es formal y no material, tenemos la Ley Aprobatoria de Tratados y la Ley de Presupuestos de Gastos; en estas leyes existe un procedimiento estricto para su creación y debe cumplir con ciertos formalismos, pero no posee un sentido material porque estas no son leyes que regulan a la colectividad.

“Toda pena (dice el gran Montesquieu) que no se deriva de la absoluta necesidad, es tiránica. Proposición que puede hacerse más general de esta manera: todo acto de autoridad de hombre a hombre, que no se derive de la absoluta necesidad, es tiránico. Veis aquí la base sobre que el Soberano tiene fundado su derecho para castigar los delitos: sobre la necesidad de defender el depósito de la salud pública de las particulares usurpaciones; y tanto más justas son las penas, cuanto es más sagrada e inviolable la seguridad, y mayor la libertad que el Soberano conserva a sus súbditos. Consultemos el corazón humano, y encontraremos en él los principios fundamentales del verdadero derecho que tiene el Soberano para castigar los delitos; porque no debe esperarse ventaja durable de la política moral, cuando no está fundada sobre máximas indelebles del hombre. Cualquiera ley que se separe de éstas, encontrará siempre una resistencia opuesta que vence al fin; del mismo modo que una fuerza, aunque pequeña, siendo continuamente aplicada, vence cualquier violento impulso comunicado a un cuerpo.

Ningún hombre ha dado gratuitamente parte de su libertad propia con solo la mira del bien público: esta quimera no existe sino en las novelas. Cada uno de nosotros querría, si fuese posible, que no le ligasen los pactos que ligan a los otrosCualquier hombre se hace centro de todas las combinaciones del globo.

La multiplicación del género humano, pequeña por sí misma, pero muy superior a los medios que la naturaleza estéril y abandonada ofrecía para satisfacer a las necesidades, que se aumentaban cada vez más entre ellos, reunió los primeros salvajes. Estas primeras uniones formaron necesariamente otras para resistirlas, y así el estado de guerra se transfirió del individuo a las naciones.

Fue, pues, la necesidad quien obligó a los hombres para ceder parte de su libertad propia: y es cierto que cada uno no quiere poner en el depósito público sino la porción más pequeña que sea posible, aquella sólo que baste a mover los hombres para que le defiendan. El agregado de todas estas pequeñas porciones de libertad posibles forma el derecho de castigar: todo lo demás es abuso, y no justicia; es hecho, no derecho. Obsérvese, que la palabra derecho no es contradictoria de la palabra fuerza; antes bien aquella es una modificación de ésta, cuya regla es la utilidad del mayor número. Y por justicia entiendo yo sólo el vínculo necesario para tener los intereses particulares, sin el cual se reducirían al antiguo estado de insociabilidad. Todas las penas que pasan la necesidad de conservar este vínculo son injustas por su naturaleza. También es necesario precaverse de no fijar en esta palabra justicia la idea de alguna cosa real, como de una fuerza física o de un ser existente; es sólo una simple manera de concebir de los hombres, manera que influye infinitamente sobre la felicidad de cada uno. No entiendo tampoco por esta voz aquella diferente suerte de justicia, que dimana de Dios, y que tiene sus inmediatas relaciones con las penas y recompensas eternas.”[1]

[1] Bonesana César, Marqués de Beccaria, Tratado De Los Delitos y De Las Penas, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2007, P. 53 y ss.

La palabra Finanzas llega de la voz griega, finos , la cual pasa al latín, finis, que significa fin, en un principio se aplicó este término como fin de los negocios jurídicos, al pago con que ellos terminan, luego surge finanzas lo cual implicaba otros elementos esenciales para que se produjera tal fin, estos estaban constituidos por los recursos o ingresos.

La ciencia de las Finanzas Públicas atiende todo lo relacionado con la forma de satisfacer las necesidades que demande la comunidad de personas que integran un Estado, se inclinan a cubrir las exigencias del colectivo, donde predomina el interés general.

Las Finanzas Públicas constituyen la actividad económica del sector público, con su particular y característica estructura que convive con la economía de mercado, de la cual obtiene los recursos y a la cual le presta un marco de acción. Comprende los bienes, rentas y deudas que forman el activo y el pasivo de la Nación y todos los demás bienes y rentas cuya administración corresponde al Poder Nacional a través de las distintas instituciones creadas por el estado para tal fin.

El Estado para poder realizar sus funciones y afrontar sus necesidades públicas, debe contar con recursos, y los mismos se obtienen a través de los diferentes procedimientos legalmente estatuidos y preceptuados en principios legales constitucionales.

Las finanzas públicas establece; estudia las necesidades; crea los recursos; Ingresos; Gastos El estado hace uso de los recursos necesarios provenientes de su gestión política para desarrollar actividades financieras a través de la explotación y distribución de las riquezas para satisfacer las necesidades públicas (individuales y colectivas).

Crear la plataforma adecuada en cuanto a educación, salud, seguridad social, para el desarrollo de nuevas fuentes de trabajo, crear tecnología propia, en el marco de un sistema pluralista y flexible de toma de decisiones, que articule distintos mecanismos de conformación de la voluntad colectiva.

Garantizar un mayor control social sobre su gestión, mejorar los medios e instrumentos que hoy existen de representación política y social y establecer otras vías de participación complementarias a las de representación política, que fortalezcan, descentralicen su poder y transfieran responsabilidades y recursos a las comunidades estatales y locales y, finalmente, mejorar sus estructuras políticas.

Desarrollar estrategias de acción concurrente y propulsar estas acciones tendentes a la protección, al desarrollo de la seguridad ciudadana, la salud, la educación, el deporte, la cultura, el trabajo, y en fin, el bienestar social, para que la economía del país pueda desarrollarse y conducirla hacia un futuro próspero.

La política fiscal como instrumento de estabilización y ajuste; Políticas heterodoxas y ortodoxas (tradicionales y no tradicionales) de las finanzas públicas

La Política Económica.

Para hablar acerca de lo que es la Política Fiscal, debemos de entender primero lo que es la Política Económica. El último objetivo de la economía es desarrollar políticas (tradicionales y no tradicionales) que puedan resolver nuestros problemas. Las políticas económicas sirven para mover la curva de demanda en la dirección que se necesite para alcanzar el pleno empleo y para que esto suceda, el Estado puede usar 2 instrumentos (medidas) principales para regular la demanda agregada. La política fiscal y la política monetaria.

La política económica es una rama dirigida hacia el acondicionamiento de la actividad económica para evitar que ocurran fluctuaciones en los niveles del empleo y de los precios, así como para condiciones necesarias para el desarrollo.

Para lograrlo, la política económica recurre a las ideas elaboradas en el campo de la teoría económica ya que a través de los principios, de las teorías, de las leyes y de los modelos ofrecidos por esta última, los resultados de las acciones prácticas desarrolladas adquieren mayor confiabilidad, seguridad y certeza. La formulación de la política económica comprende 2 procedimientos interdependientes:

  1. La determinación de los principales objetivos que se quieren alcanzar, necesariamente interrelacionados y cuantificados.
  2. La elección de los instrumentos de acción que se utilizarán para la consecución de los objetivos determinados.

Instrumentos o Políticas de Acción en la Política Económica.

Para la consecución de los diferentes objetivos que acabamos de mencionar, la política económica cuenta con un conjunto de instrumentos de acción. Estos instrumentos o políticas provienen de la teoría económica cuyo objetivo es la consecución de los fines relacionados con los principios teóricos del análisis macroeconómicos y son los siguientes:

La política monetaria:

Es el control de la banca y del sistema monetario por parte del gobierno con el fin de conseguir la estabilidad del valor del dinero y evitar una balanza de pagos adversa, alcanzar el pleno empleo y buscar el estado de liquidez de toda economía.

 La política fiscal:

Es el conjunto de medidas e instrumentos que toma el estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de la función del sector publico. Se produce un cambio en la política fiscal, cuando el Estado cambia sus programas de gasto o cuando altera sus tipos impositivos. El propósito de la política fiscal es darle mayor estabilidad al sistema económico, al mismo tiempo que se trata de conseguir el objetivo de ocupación plena. Como hemos dicho anteriormente.

La Política Fiscal tiene 2 componentes, el gasto público y los ingresos públicos.

El gobierno gasta a través de inversiones públicas, y obtiene ingresos a través de los impuestos sobre las actividades de producción y de circulación de mercancías, sobre los ingresos y ganancias de cualquier otra naturaleza.

De lo antes expuesto quien aquí suscribe, llega a la conclusión que la importancia de Las Finanzas radica en contribuir al desarrollo económico de un país, el Estado debe velar que exista una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, crear un clima de confianza política, establecer una estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación entre otras, ya que estas variables generan empleo e incentivan el crecimiento del aparato productivo. El desarrollo económico de un país depende de la buena gerencia y administración que de las finanzas realicen los representantes del Estado.

“Si es un mal la interpretación de las leyes, es otro evidentemente la oscuridad que arrastra consigo necesariamente la interpretación, y aún lo será mayor cuando las leyes estén escritas en una lengua extraña para el pueblo, que lo ponga en la dependencia de algunos pocos, no pudiendo juzgar por sí mismo cuál será el éxito de su libertad o de sus miembros en una lengua que forma de un libro público y solemne uno casi privado y doméstico. ¿Qué deberemos pensar de los hombres, sabiendo que en una buena parte de la culta e iluminada Europa es esta costumbre inveterada? Cuanto mayor fuere el número de los que entendiesen y tuviesen entre las manos el sacro códice de las leyes, tanto menos frecuentes serán los delitos; porque no hay duda que la ignorancia y la incertidumbre ayudan la elocuencia de las pasiones.

Una consecuencia de estas últimas reflexiones es que sin leyes escritas no tomará jamás unas sociedad forma fija de gobierno, en donde la fuerza sea un efecto del todo y no de las partes: en donde las leyes inalterables, sin la general voluntad, no se corrompan pasando por el tropel de los intereses particulares. La experiencia y la razón han demostrado, que la probabilidad, y certeza de las tradiciones “humanas, se disminuyen a medida que se apartan de su origen. ¿Pues cómo resistirán las leyes a la fuerza inevitable del tiempo de las pasiones, si no existe un estable monumento del pacto social?

En esto se echa de ver, qué utilidades ha producido la imprenta, haciendo depositario de las santas leyes, no algunos particulares, sino el público; y disipando aquel espíritu de astucia y de trama que desaparece a la luz de las ciencias, en apariencia despreciadas, y en realidad temidas de sus secuaces. Esta es la ocasión por qué vemos disminuida en Europa la atrocidad de los delitos, que hacían temer a nuestros antiguos, los cuales eran a un tiempo tiranos y esclavos. Quien conoce la historia de dos o tres siglos a esta parte, y la nuestra, podrá ver cómo del seno del lujo y de la delicadeza nacieron las más dulces virtudes, humanidad, beneficencia y tolerancia de los errores humanos. Verá cuáles fueron los efectos de aquélla, que erradamente llamaron antigua simplicidad y buena fe: la humanidad gimiendo bajo la implacable superstición; la avaricia y la ambición de pocos tiñendo con sangre humana los depósitos del oro y los troncos de los reyes. Las traiciones ocultas, los estragos públicos, cadanoble hecho un tirano de la plebe, los ministros de la verdad evangélica manchando con sangre las manos que todos los días tocaban el Dios de mansedumbre, no son obras de este siglo iluminado, que algunos llaman corrompido” [1].

[1] Bonesana César, Marqués de Beccaría, Tratado De Los Delitos y De Las Penas, Editorial

Heliasta, Buenos Aires, 2007, p. 60.

Según Grisanti Aveledo son aquellas que, en alguna medida, dan lugar a la reducción de la pena normalmente aplicable. Están previstas en el Artículo 74 del Código Penal Venezolano.

Atenuantes Genéricas.

El artículo 37 del Código Penal en su encabezamiento, establece que la pena normalmente aplicable es el término medio que se obtiene sumando el límite máximo con el mínimo; se reduce hasta el límite inferior o se le aumenta hasta el superior según existan circunstancias atenuantes o agravantes. Las atenuantes genéricas que aquí se tratan, no dan lugar a rebaja de la pena sino que se la toma en cuenta para aplicar siempre las penas en menos del término medio sin bajar del límite inferior.

A tenor del Artículo 74 del Código Penal Venezolano “Se considerarán circunstancias atenuantes que, salvo disposiciones especiales de la ley, no dan lugar a rebaja especial de pena, sino a que se las tome en cuenta para aplicar ésta en menos del término medio, pero sin bajar del límite inferior de la que al respectivo hecho punible asigne la ley, las siguientes:

1º Ser el reo menor de veintiún años y mayor de dieciocho cuando cometió el delito.

El sujeto mayor de dieciocho años, imputable a este respecto, aparece favorecido y atenuada su responsabilidad por el hecho de la edad comprendida entre los límites de los dieciocho y los veintiún años.

Después de la reforma del Código Civil de 1982, en la cual se fijó la mayoría de edad a los dieciocho años, se podría argumentar que carece de sentido la atenuación prevista por el artículo 74 del Código Penal, por el hecho de que el sujeto, al haber alcanzado la mayoría de edad debe considerarse plenamente capaz, aunque no haya alcanzado la edad de veintiún años.

Sin embargo, un análisis más profundo nos lleva a pensar la independencia de la norma penal de las disposiciones del Código Civil, en el sentido de que la ley penal toma en cuenta la realidad psicológica de la madurez o inmadurez relacionada con la edad, independientemente de la capacidad negocial, fijando el límite de los veintiún años como el momento a partir del cual la persona se presume madura y plenamente responsable.

2º No haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que se produjo.

Se consagra en este ordinal la preterintención, como excepción a la responsabilidad a título de dolo, como una cuestionable concesión a la responsabilidad objetiva por el resultado más grave producido y no querido; y por la otra, se establece una atenuante de preterintención que no pareciera ser atenuante si en definitiva implica que se responda por lo que no se ha querido.

Por lo tanto, ante la existencia de esta atenuante cabría discutir sus posibilidades de aplicación en casos que no sean los delitos preterintencionales contemplados expresamente en el Código Penal Venezolano, como los supuestos de homicidio preterintencional o las lesiones preterintencionales, en los cuales se aplican las disposiciones correspondientes.

3º Haber precedido injuria o amenaza de parte del ofendido cuando no sea de tal gravedad que de lugar a la aplicación del artículo 67.

Es atenuante la circunstancia de que el ofendido haya dado causa al hecho con injurias y amenazas, sin que éstas sean de tal entidad que haga posible la atenuación prevista por el artículo 67.

Existe la injuria cuando se ofende, se ultraja o se agravia con hechos o palabras, y existe amenaza cuando se anuncia, igualmente con hechos o palabras, la inminencia de un mal serio. Es decir, cuando se actúa bajo tales circunstancias, es lógico pensar que no se puede exigir la misma responsabilidad que cuando se actúa con meditación. No dice el Código vigente, que la amenaza y la injuria haya precedido inmediatamente al hecho. Por lo tanto, lo que interesa más que otra cosa es la circunstancia de que el ánimo del sujeto se encuentre invadido por la amenaza y la injuria, y por ello dominado, por la pasión. Si los efectos de la injuria y de la amenaza han cesado no procede la atenuación.

4º Cualquier otra circunstancia de igual entidad que a juicio del Tribunal aminore la gravedad del hecho.

Esta corresponde a una atenuante por analogía, con la cual se abre la posibilidad de que el juez, por analogía permitida, excepcionalmente pueda darle la categoría de atenuantes a otras circunstancias que no deben ser análogas a las anteriores señaladas expresamente, sino de análoga significación, importancia o entidad, de acuerdo al prudente arbitrio del juez.

Es una encomienda para que de acuerdo a su poder discrecional, pueda apreciar otras circunstancias atenuantes a los fines de la individualización penal.

Al ocuparnos en la antijuridicidad, como característica general del delito, veremos que no existe un injusto penal, otro civil, otro administrativo, etc.. Sino que lo ilícito es común a todo el Derecho. Por otra parte, se verá también que el delincuente no vulnera la Ley, sino que lo que quebranta es la norma. Con estos dos elementos de juicio hay bastante para decidir la índole sancionadora y no constitutiva de nuestra disciplina. Los que siguen a Hegel y los técnico-juristas italianos, como Rocco, creen que nuestro Derecho es constitutivo, porque en él se hallan ínsitas las normas. Nosotros, que afirmamos la índole general de lo antijurídico y que, según acabamos de decir, creemos en la norma de que la Ley surge, no podemos aceptar la índole constitutiva del Derecho penal y afirmamos su naturaleza sancionadora. El Derecho penal garantiza, pero no crea las normas.”[1]

[1] Jiménez de Asúa, Luis, Principios de Derecho penal, La Ley y el Delito, Abeledo Perrot, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1990, pp. 20 y 21.

El Derecho Penal se ha encargado de describir los comportamientos o conductas que desea prevenir, señalando las penas que varían según la gravedad y peligrosidad de dichas conductas. Tales comportamientos constituyen los hechos prohibidos penalmente. En terminología jurídica-penal son los actos típicos, antijurídicos y culpables.

La antijuricidad formal como mera contradicción entre el comportamiento y la norma; la culpabilididad mera el aspecto subjetivo -psicológico-, donde no solo va a ser un análisis de lo que el sujeto quería, sino que además se le va hacer un juicio de reproche, para verificar si el sujeto actúa de una forma, pudiendo actuar de otra. Mientras que la tipicidad y antijuricidad priva el aspecto objetivo, donde debe demostrarse que el sujeto había querido el hecho, entiéndase, darse los elementos del conocimiento y la intención.

En tal sentido, el propio Código Penal Venezolano prevé, causas que una vez demostradas excluirían la responsabilidad penal de quienes realizaran tales conductas. Es decir, que cuando no se conoce que la conducta es antijurídica se está ante un error de prohibición, donde la antijuricidad puede ser excluida, debido a que hay eventos en los cuales se actúan justificadamente y se entra a conocer lo que en el derecho penal se conoce como causas de justificación, tales como: legítima defensa, estado de necesidad, consentimiento, ejercicio de un derecho, y estricto cumplimiento de una orden o deber legal. En la actualidad solo se manejan como causal de justificación la legítima defensa y el estado de necesidad.

Para (Mir Puig, 1994), existen otras causas que excluyen la responsabilidad penal no porque hagan lícito o justifiquen el hecho, sino porque, a pesar de que éste sigue siendo prohibido por la ley penal, su autor lo comete en circunstancias personales de tal índole, que impiden afirmar su imputabilidad o capacidad de culpabilidad. En consecuencia, no cabe imputar el hecho al autor ni culparlo por su actuación, y tampoco imponerle al sujeto no imputable o inculpable la pena señalada por la ley al hecho antijurídico que realiza.

En este sentido, el mismo autor menciona que la falta de culpabilidad o inimputabilidad del sujeto, autor de los hechos, puede proceder de factores individuales o situacionales. Son factores individuales que excluyen la imputabilidad: la enfermedad mental, la minoría de edad. Y los factores situacionales se debe, en cambio, el miedo insuperable. En una zona media entre lo individual y lo situacional debería tal vez situarse el trastorno mental transitorio. Cuando la ausencia de culpabilidad falta por los factores individuales señalados se dice que se debe a la ausencia de imputabilidad. Es así como el menor de edad y el enfermo mental, son inimputables. Cabe preguntarse, ¿Qué tienen en común estos sujetos, para que se afirme su inimputabilidad? Sin lugar a dudas, todos coincidirán que en ambos se encuentran en condiciones psíquicas diferentes a las del hombre adulto y normal.

Por lo planteado hasta aquí, se puede decir que la doctrina admite que la diferencia de su condición mental no justifica el hecho, sino que sin dejar de reconocer la antijuricidad, impiden que pueda imputarse al autor el hecho y excluirse el castigo penal. Antes de analizar la causa de exclusión de culpabilidad o causa de inimputabilidad, objeto del presente trabajo, enunciada en el Artículo 62 del Código Penal venezolano, se examinará el concepto de imputabilidad y sus fundamentos.

Causas de exclusión de la imputabilidad en el Código Penal Venezolano

Para (Soria y otros, 2002), la imputabilidad es uno de los temas que plantea mayor dificultad en la relación que se establece entre la psicopatología y el derecho penal. Se intenta saber, entender y explicar las razones de por qué una persona infringe los más sagrados principios que rigen para la convivencia con otras personas. Dado que la imputabilidad, tiene una base psicológica, que está vinculada con el conjunto de facultades psíquicas mínimas que debe poseer una persona autora de un delito para ser declarado culpable del mismo.

Es decir, la imputabilidad es la capacidad que posee el hombre en virtud de la cual los actos que realice y la conciencia de dicha acción le sean atribuibles como hecho punible. En consecuencia, cuando una persona realiza una acción que constituye una violación a la ley, se está cometiendo un delito – base jurídica- y cuando ésta es realizada con absoluta conciencia, voluntariedad y lucidez mental – base psicológica- es imputable.

No obstante, la norma sustantiva penal no utiliza el término imputabilidad, por cuanto sólo analiza las causas que excluyen o atenúan la responsabilidad penal, abocándose a su definición negativa; es decir, limitan a analizar las causas de inimputabilidad y de atenuación de la misma.

Si se parte de la premisa que la imputabilidad es un concepto que tiene una base biológica y psicológica, como se ha planteado hasta ahora, la participación del psicólogo forense en el proceso -administración de justicia-, queda clara. No obstante, aún cuando es indispensable que el psicólogo forense, posea conocimiento jurídico acerca de la imputabilidad, es aún más necesario que al momento de determinarla, lo haga desde una perspectiva psicológica.

En consecuencia, lo importante entonces sería que durante la evaluación psicológica-forense, se diera respuesta a la pregunta de si el imputado al momento de cometer el hecho delictivo cumplía o no los requisitos psicológicos para poder aplicársele la pena. Es decir, si en el momento de cometer el hecho delictivo el sujeto poseía la inteligencia y la compresión de sus actos y si el sujeto poseía la libertad de su voluntad.

Para que se halle ausente la imputabilidad, se suele exigir que el sujeto que ha realizado tal comportamiento antijurídico -con conciencia y voluntad-, no tenga la capacidad de comprender su significado antijurídico y en consecuencia no pueda dirigir su actuación conforme a esa compresión. Es decir, cuando el sujeto que ha cometido el acto antijurídico se halla en una situación mental que le impide entender que tal hecho está prohibido por el derecho, y cuando el sujeto además es incapaz de autodeterminarse, de autocontrolarse con arreglo a la comprensión de lo injusto o ilícito del hecho, faltando los elementos de la imputabilidad. No obstante, puede ocurrir que exista la suficiente capacidad de comprensión -inteligencia- y hallarse ausente el elemento de autocontrol según dicho entendimiento -voluntad-.

De lo anterior, se puede concluir que la inimputabilidad requiere que al momento de cometerse el hecho delictivo, las personas además de presentar una enfermedad mental y estar relacionada con los hechos, tenga afectadas algunas de las condiciones precitadas: conciencia, inteligencia y voluntad.

Se evidencian de esta forma los criterios para la determinación de la inimputabilidad penal, de acuerdo a la fórmula mixta que exige además de una base biológica -enfermedad metal- una base o efecto psicológico -alteración de la conciencia y voluntad-, la cual se corresponde con el criterio del actual Código penal. Esto quiere decir que no basta con que se demuestre que el autor del hecho presente una enfermedad mental, sino que además ésta se de tal entidad como para afectar sus facultades cognoscitivas y volitivas (Figura 1).

 1

En relación a la conciencia, la persona puede padecer alteraciones cualitativas y cuantitativas que den lugar a una obnubilación o ideación patológica, que estrechen su campo como para desconocer la realidad, tanto que un deterioro de la inteligencia puede hacer que una persona desconozca la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo moral e inmoral, lo permitido y lo no permitido. Es decir, se deteriora la capacidad de hacer juicios lógicos, en consecuencia, la repercusión en su conducta. La voluntad puede verse anulada en un tiempo breve, por estados de ánimo específicos, que pueden ser estados de necesidad o emocionales.

En cuanto a las causas de inimputabilidad, son aquellas que excluyen la responsabilidad penal o que impiden que se atribuya, a una persona, el acto típicamente antijurídico que ha realizado. De acuerdo al Código Penal venezolano, las causas son: minoría de edad, y la enfermedad mental (Figura 2).

2

En lo que refiere a la minoría de edad, y según el sistema penal venezolano, aquellos que no hayan alcanzado la edad 12 años, se consideran inimputables.  Por lo tanto, el adolescente que cometa un hecho delictivo, podrán ser responsable, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

Ahora bien, interesa en esta ocasión, analizar de forma más precisa la causa de exclusión de la imputabilidad, referida a la enfermedad mental, señalada en el Código Penal vigente, en su artículo 62:

“No es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos.

Sin embargo, cuando el loco o demente hubiere ejecutado un hecho que equivalga en un cuerdo a delito grave, el tribunal decretará la reclusión en uno de los hospitales o establecimientos destinados a esta clase de enfermos, del cual no podrán salir sin previa autorización del mismo tribunal. Si el delito no fuere grave o si no es el establecimiento adecuado, será entregado a su familia, bajo fianza de custodia, a menos que ella no quiera recibirlo”.

En relación con ello (Arteaga Sánchez, 1997), comenta que queda señalada la enfermedad mental como la única causa que expresa la ley como excluyente de las facultades cognitiva y volitiva, por cuanto priva al individuo de la capacidad para entender o querer.

En este mismo orden de ideas, es importante analizar qué quiso decir el legislador con “enfermedad mental”. Es indudable que se refiere a un concepto y a una realidad que corresponde al campo de la psicología y la psiquiatría. En consecuencia, los especialistas de estas disciplinas serán los idóneos para determinar la existencia, los síntomas, los efectos de dicha enfermedad, y su influencia en el hecho cometido, a través de sus métodos y técnicas de evaluación, que como se ha dicho son diferentes en cada caso. De esta forma, el profesional de la psicología forense podrá responder al juez todas sus preguntas, pudiendo éste valorar la conducta de la persona a la luz de los dispositivos legales.

Se considera que el término enfermedad mental, mencionado en el artículo transcrito, es bastante amplio, debido a que hace alusión a cualquier perturbación de la actividad mental, es decir, dicho término incluye tanto la definición de anomalía, referida a defectos o disfunciones congénitas o precozmente adquiridas, ejemplo: retraso mental, trastornos de la personalidad, entre otros; y alteración o trastorno mental de nueva aparición en una mente previamente sana y bien desarrollada, como la: esquizofrenia, demencia, trastorno Bipolar I, entre otros. (Zanardelli citado por Arteaga Sánchez, 1997), aclara que la enfermedad mental, debe entenderse como cualquier perturbación morbosa, permanente o accidental general o parcial, innata o adquirida, de las facultades psíquicas del hombre referidas a la memoria, la conciencia, la inteligencia, la voluntad o el raciocinio.

Entendida como una enfermedad que llega a comprometer la libertad del ser humano haciéndole perder la perspectiva del medio que le rodea y encerrarse en sí mismo. Cabe además señalar que cuando se dice “enfermedad mental” no sólo se hace referencia a las categorías ya definidas, incluyendo las psicosis, demencias, esquizofrenias, sino también a aquellas características o rasgos de la persona que sin llegar a encuadrarse perfectamente en un cuadro clínico específico, llegan a afectar las facultades cognitivas y volitivas de la persona. Por ello, son y deben ser objeto de estudio e interés por parte de los profesionales de la psicología y psiquiatría, pues sin duda pueden llegar a ejercer influencia en la imputabilidad, o lo que es lo mismo, llegar a afectar las facultades cognitivas y volitivas de la persona. Los mismos pueden ser, trastornos afectivos, inmadurez afectiva, trastornos de la personalidad, entre otras.

En relación con lo anterior (Grisanti Aveledo, 2005), lo explica a través del siguiente ejemplo: a un enfermo de manía persecutoria, se le considerará inimputable e irresponsable penalmente, si da muerte a un presunto perseguidor; mientras que si comete un delito contra el pudor -violar a una mujer- entonces, si será imputable y penalmente responsable, pues nada tiene que ver la violación, con la manía persecutoria, de la que padecía el sujeto, en cuestión.

“Consideradas simplemente las verdades hasta aquí expuestas, se convence con evidencia,. que el fin de las penas no es atormentar y afligir un ente sensible, ni deshacer un delito ya cometido. ¿Se podrá en un cuerpo político, que bien lejos de obrar con pasión, es el tranquilo moderador de las pasiones particulares; se podrá, repito, abrigar esta crueldad inútil, instrumento del furor y del fanatismo o de los flacos tiranos? ¿Los alaridos de un infeliz revocan acaso del tiempo, que no vuelve las acciones ya consumadas? El fin, pues, no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos, y retraer los demás de la comisión de otros iguales. Luego deberán ser escogidas aquellas penas y aquel método de imponerlas, que guardada la proporción hagan una impresión más eficaz y más  durable sobre los ánimos de los hombres, y la menos dolorosa sobre el cuerpo del reo [1].”

[1] Bonesana César, Marqués de Beccaría, Tratado De Los Delitos y De Las Penas, Editorial

Heliasta, Buenos Aires, 2007, p. 70.