“Muchas veces se ha dicho que la función principal de toda organización política, es garantizar doce jurados probos a todo ciudadano, al que otros ciudadanos denunciaren por cualquier motivo. Pero falta saber qué derechos debemos reconocer a esos diez, o doce, o cien jurados, sobre el ciudadano al que consideren culpable de un acto antisocial y perjudicial para sus semejantes.

Esta cuestión resuélvese actualmente de la manera más sencilla. Se nos responde: ¡Castigarán! ¡Sentenciarán a muerte, a trabajos forzados o a presidio! Y esto es lo que se hace. Es decir, que, en nuestro penoso desarrollo, en esta marcha de la humanidad por entre los prejuicios y las ideas falsas, hemos llegado a tal punto. Mas también ha llegado la hora de preguntar: ¿Es justa la muerte, es justo el presidio? ¿Se consigue con ellos el doble fin que trátase de obtener: impedir que se repita el acto antisocial y tornar mejor al hombre que se hiciera culpable de un acto de violencia contra su semejante? Y, para concluir, ¿qué significa la palabra culpable, con tanta frecuencia empleada, sin que hasta la fecha se haya intentado decir en qué consiste la culpabilidad?”

Piotr Kropotkin, “Las Prisiones”.

Si vemos la obligación como un vínculo, es decir, es lazo o atadura que une el patrimonio del deudor con el patrimonio del acreedor, se podrán transmitir las obligaciones, si lo vemos desde ese punto de vista no serían susceptibles de ser transmitidas.

Cuando la vemos como aquel elemento de contenido patrimonial se abre la posibilidad de transferir una obligación y cambiar el sujeto primitivo de esa obligación, porque las obligaciones son relaciones entre personas, si una persona se obliga y muere se transmite la obligación a sus causahabientes a título universal.

Cuando una persona se muere no solamente se transfieren los derechos sino también las obligaciones al causahabiente a título universal porque este es el continuador de la personalidad jurídica de su causante.

Existen los causahabientes a título universal que son los continuadores de la personalidad y los causahabientes a título particular que son los continuadores de la titularidad; decimos que si una persona transfiere un derecho a otra persona ese derecho se encuentra en el patrimonio de la otra persona en las mismas circunstancias de la anterior porque no se puede transferir ni un mejor derecho ni pero que como lo tenía.

Cuando se habla de causahabientes a título universal, este continúa los derechos como los tenía la otra persona, no se le puede hacer ningún cambio, porque se supone que una persona contrata para sí y para sus causahabientes.

Podrán existir causahabientes a título universal por actos entre vivos? Podrá alguien ser continuador de la personalidad jurídica de otro sin que este se haya muerto? Si una persona se muere y tiene 4 herederos (un menor de edad) que son los continuadores de la personalidad y el legislador presume que se contrató para sí y para ellos, deja un testamento que dice que no se puede hacer la partición hasta que el menor adquiera la mayoría de edad, pero otro heredero necesita que le transfiera los haberes del acervo hereditario, pero se tiene que mantener en comunidad por el testamento, a tal efecto cede los derechos de la sucesión a otra de persona porque lo necesita, esto es un acto entre vivos, la persona que adquiere va a ser continuador de la personalidad por un acto entre vivos. Entre personas jurídicas, tiene una empresa que fabrica champú, otra que distribuye, otra de transporte, todas tienen derechos y obligaciones y se fusionan en una sola empresa, y por un acto entre vivos esa nueva persona jurídica formada adquiere los derechos y las obligaciones de cada una de esas empresas. Estos son los causahabientes a título universal por actos entre vivos, y se transfiere la personalidad jurídica.

Los causahabientes a título universal por actos mortis causa, en este caso hay que tomar en consideración que existe la sucesión hereditaria entre particulares art. 1963, 995, 1110, 1036, En la posesión los causahabientes a título universal continúan la posesión como la tenía el causante. Y también existe la sucesión hereditaria a favor del Estado, cuando hay una herencia y los herederos renuncian totalmente a ella o no hay ningún heredero, la herencia se declara yacente pasan los años y se declara la vacantia el Estado acepta pero a beneficio de inventario, estos bienes entran como un bien del dominio privado de la nación; también si la persona deja un testamento donde manda a hacer misas o se deja una donación en beneficio de los pobres, no se puede hacer, estos bienes pasan a ser del dominio privado de la nación., no se pueden dejar donaciones a personas indeterminadas, deben ser específicas, art.899 y 900, 1070, 1062.

Qué obligaciones no se transmiten a los causahabientes a título universal?, art. 1163, si se establece una renta vitalicia por 15 años, y la persona se muere a los 10 años, los causahabientes a título universal heredan el derecho por los 5 años que faltan, si la renta es  a perpetuidad no pasa a los causahabientes, se acaba con la muerte de la persona; igual pasa con el usufructo; un contrato de trabajo no puede pasar a los causahabientes a título universal, siempre va a depender de la naturaleza del contrato.

Causahabiente a título particular, es un continuador de la titularidad, una persona puede transferir la titularidad por actos entre vivos a título gratuito o a título oneroso, también se puede constituir un causahabientes a título particular por acto mortis causa, es decir, el causante en su testamento le transfiere la titularidad de un bien específico de su patrimonio, en este caso se denomina legado y la persona que recibe se denomina legatario. Art. 909 y 910. Siempre tiene que ser un bien específico. Si se lega un carro, color gris, marca XX (es genérico) y cuando se muere el carro no existe porque lo vendió antes de morirse, (art 960), el legado debe ser bien específico (placas, seriales, etc.) el legado existe si el bien está exactamente donde dice el testamento. Por actos entre vivos se transfiere los derechos y las obligaciones; se regala un apartamento (donación), el derecho debe transferirse ni mejor ni peor de cómo lo tiene, se debe transferir igual. Art. 730.

Si una persona le transfiere a otra una propiedad con inquilino, en materia de efectos internos del contrato se considera que ella contrató con el inquilino, porque le transfirió la propiedad y el derecho que pueda cobrar, lo que se conoce como cesión de derecho art. 1549, cedente (antiguo propietario) y cesionario (nuevo propietario y nuevo acreedor) y cedido (deudor), el cesionario no tiene derechos contra terceros sino después de la cesión. Art. 1551, 1552 y siguientes.

Procedimientos sancionatorios

Un conjunto de pasos concatenados vinculados entre si que van a llevar a la imposición de una sanción.

Consecuencia: multa demolición.

Los procedimientos sancionatorios si producen un gravamen porque cuando instaura la administración publica un procedimiento sancionatorio está imponiendo un gravamen.

Se le impone la sanción al administrado cuando se comprueba  que cometió una irregularidad administrativa de que violo la ley.

Deben respetarse los principios del derecho penal porque las sanciones que impone la administración pública son producto del ius puniendi del estado .El estado tiene el derecho la facultad de imponer sanciones por el bien del interés del colectivo y Así garantizar el cumplimiento de las normas.

La potestad administrativa sancionatoria y la potestad penal se fundamentan en el IUS PUNIENDI

La potestad del estado de imponer sanciones en virtud del incumplimiento de normas, o mejor de hechos tipificados ya se cómo delitos penal o como irregularidades sede administrativa.

Ley del estatuto de la función pública establece las obligaciones y deberes que tienen los funcionarios públicos y se señala tipos de sanciones si el incumple.

Para sancionar hay que abrir un procedimiento en el que se tienen que garantizar todos los principios de garantías propias del procedimiento penal.

Garantías

Derecho a la defensa al debido proceso la presunción de inocencia, principio de legalidad, principio de reserva legal, principio de igualdad, principio non bis in idem indubio pro-reo .

Estos principios debe respetar la administración y los puede exigir administrado son principios de índole constitucional donde puede solicitarse amparo si es violado un derecho.

  • Derecho a la asistencia jurídica
  • Derecho a la notificación
  • Derecho a presentar alegatos y pruebas

Presunción de inocencia Iuris tantum admite prueba en contrario, la administración pública fue la que abrió el procedimiento es ella quien debe probar que se cometió la irregularidad, pero no le impide al administrado que acuda a la administración a que presente sus alegatos y pruebas.

La administración pública no puede aplicar la confesión ficta, porque presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario se presume los hechos.

Principio de  legalidad  la autoridad que sanciona debe tener la competencia.

Principio de reserva legal las sanciones solamente se pueden establecer en normas tipificadas.

Principio de NON BIS IN IDEM  número 7 CRBV 49 ninguna persona puede ser sancionada 2 veces por el mismo hecho, en la misma autoridad y hecho.

Pero un mismo hecho puede generar 2 tipos de responsabilidad distinta administrativa penal- civil disciplinaria, y esto no viola el principio non bis in ídem

Para que este principio sea violado tiene que ser la misma autoridad que abra dos o más procedimientos a un hecho e imponga 2 o más sanciones por lo mismo.

INDUBIO PRO-REO en caso de duda se favorece al reo administrado.

IRRECTROACTIVIDAD Las leyes no tienen efecto hacia el pasado, solo cuando favorecen al reo no se puede sancionar en base a una nueva ley por hechos pasados .A menos que la ley nueva sea más favorable.

Pues bien, no obstante las reformas introducidas, no obstante los sistemas penitenciarios puestos a prueba, el resultado siempre ha sido igual. Por una parte, el número de hechos contrarios a las leyes existentes no aumenta ni disminuye, cualesquiera que sea el sistema de penas infligidas. Se ha abolido el knut ruso y la pena de muerte en Italia, y el número de asesinatos sigue siendo igual. Aumenta o disminuye la crueldad de los erigidos en jefes; cambia la crueldad o el jesuitismo de los sistemas penitenciarios, pero el número de los actos mal llamados crímenes, continúa invariable. Sólo le afectan otras causas, de las cuales ahora voy a hablar.

Y, por otra parte, cualesquiera que sean los cambios introducidos en el régimen penitenciario, la reincidencia no disminuye, lo cual es inevitable, lo cual debe ser así; la prisión mata en el hombre todas las cualidades que le hacen más propio para la vida en sociedad.

Conviértenle en un ser que, fatalmente, deberá volver a la cárcel, y que expirará en una de esas tumbas de piedra sobre las cuales se escribe Casa de corrección -, y que los mismos carceleros llaman Casas de corrupción.

Si se me preguntara: ¿Qué podría hacerse para mejorar el régimen penitenciario?, ¡Nada! – respondería – porque no es posible mejorar una prisión. Salvo algunas pequeñas mejoras sin importancia, no hay absolutamente nada que hacer, sino demolerlas.”

Piotr Kropotkin, “Las Prisiones”.

BASE LEGAL

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.

Artículo 137. La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen.

Artículo 159. Los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena, y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes de la República.

Artículo 259. La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.

Artículo 274. Los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo, de conformidad con esta Constitución y con la ley, prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, e igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo.

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos:

Artículo 1. La Administración Pública Nacional y la Administración Pública Descentralizada, integradas en la forma prevista en sus respectivas leyes orgánicas, ajustarán su actividad a las prescripciones de la presente ley.

Las administraciones Estadales y Municipales, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República, ajustarán igualmente sus actividades a la presente ley, en cuanto les sea aplicable.

Ley Orgánica de la Administración Pública:

Artículo 4. La Administración Pública se organiza y actúa de conformidad con el principio de legalidad, por el cual la asignación, distribución y ejercicio de sus competencias se sujeta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes y a los actos administrativos de carácter normativo, dictados formal y previamente conforme a la ley, en garantía y protección de las libertades públicas que consagra el régimen democrático a los particulares.

Respecto a las fuentes del derecho, adicionalmente, los funcionarios deben respetar las fuentes del derecho.

Rango sub legal, excepción actos de gobierno, también a través del reconocimiento de que toda la actividad administrativa es de rango sub legal aun cuando emane del Presidente de la República, a menos que se trate de actos de gobierno en ejecución de sus funciones políticas, que son actos de rango legal. Esto está establecido en el art. 10 de la LOPA: este señala que el reglamento tiene límites que le establece la ley. Eso significa que el reglamento está por debajo de la ley. Art. 87 LOAP: el Reglamento que emana del Presidente de la República en ejercicio de funciones administrativas es de rango sub legal.

Artículo 10. Ningún acto administrativo podrá crear sanciones, ni modificar las que hubieran sido establecidas en las leyes, crear impuestos u otras contribuciones de derecho público, salvo dentro de los limites determinados por la ley.

Artículo 87. La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo previsión legal en contrario.

El órgano ante el cual se recurra podrá, de oficio o a petición de parte, acordar la suspensión de los efectos del acto recurrido en el caso de que su ejecución pudiera causar grave perjuicio al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la nulidad absoluta del acto. En estos casos, el órgano respectivo deberá exigir la constitución previa de la caución que consideren suficiente. El funcionario será responsable por la insuficiencia de la caución aceptada.

Jerarquía de los actos administrativos, otra forma de concretarse el principio de legalidad es a través del establecimiento de la jerarquía de los actos administrativos. Art. 14 LOPA: mecanismos a través de los cuales la administración pública dirige su función.

Artículo 14. Los actos administrativos tienen la siguiente jerarquía: decretos, resoluciones, órdenes, providencias y otras decisiones dictadas por órganos y autoridades administrativas.

  • Inderogabilidad singular de los reglamentos, art. 13 LOPA

Artículo 13. Ningún acto administrativo podrá violar lo establecido en otro de superior jerarquía; ni los de carácter particular vulnerar lo establecido en una disposición administrativa de carácter general, aun cuando fueren dictados por autoridad igual o superior a la que dicto la disposición general.

  • Precedente administrativo e irretroactividad, art. 11 LOPA

Artículo 11. Los criterios establecidos por los distintos órganos de la administración pública podrán ser modificados, pero la nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados. En todo caso, la modificación de los criterios no dará derecho a la revisión de los actos definitivamente firmes.

  • Cosa juzgada (decidida) administrativa, art. 82 y 83 LOPA

Artículo 82. Los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular, podrán ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó, o por el respectivo superior jerárquico.

Artículo 83. La administración podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella.

  • Límites poder discrecional, art. 12 LOPA

Artículo 12. Aun cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la autoridad competente, dicha medida o providencia deberá mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia.

“Ninguno de los presos reconoce que la pena que se le ha impuesto es la justa.

Hablad a un detenido por hurto, y preguntadle algo acerca de su condena. Os dirá: Caballero, los pequeños rateros aquí están, los grandes viven libres, gozan del aprecio del público. ¿Y qué os atreveríais a responderle, vosotros que conocéis las grandes compañías financieras fundadas expresamente para sorberse hasta las monedas de cobre que ahorran los conserjes, y para permitir que los fundadores, retirándose a tiempo, echen legalmente su agudo anzuelo sobre las pequeñas fortunas que encuentran a su alcance? Conocemos a esas grandes compañías de accionistas, sus circulares engañosas, sus timos… ¿Cómo responder, pues, al prisionero, sino diciéndole que tiene razón?

Hablad ahora a aquel otro, que está preso por haber robado en grande. Os dirá: No fui bastante diestro; he ahí mi delito. ¿Y qué habíais de responderle, vosotros que sabéis cómo se roba en las altas esferas, y cómo, después de escándalos inenarrables, de los que tanto se habló en estos últimos tiempos, veis otorgar un privilegio de inculpabilidad a los grandes ladrones? ¡Cuántas veces no hemos oído decir en la cárcel: ¡Los grandes ladrones no somos nosotros; son los que aquí nos tienen! ¿Y quién se atreverá a decir lo contrario?

Cuando se conocen las estafas increíbles que se cometen en el mundo de los grandes negocios financieros; cuando se sabe de qué modo íntimo el engaño va unido a todo ese gran mundo de la industria; cuando uno ve que ni aun los medicamentos escapan de las falsificaciones más innobles; cuando se sabe que la sed de riquezas, por todos los medios posibles, forma la esencia misma de la sociedad burguesa actual, y cuando se ha sondeado toda esa inmensa cantidad de transacciones dudosas, que se colocan entre las transacciones burguesamente honradas y las que son acreedoras de la Correccional; cuando se ha sondeado todo eso, llega uno a decirse, como decía cierto recluso, que las prisiones fueron hechas para los torpes, no para los criminales.

En tal caso, ¿por qué tratáis de moralizar a los que llenan cárceles y presidios?”

Piotr Kropotkin, “Las Prisiones”.

El procedimiento administrativo en Venezuela se encuentra contenido básicamente en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, ahora bien para poder llegar a esa Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo lo primero que tenemos que tener conciencia es que la administración pública así como todo el Estado cuando actúa, actúa sujeto al principio de legalidad, es decir, que todas las actuaciones de la administración pública se encuentran sujetas a lo establecido en la ley, y si no está establecida una determinada competencia en la ley sencillamente no se puede llevar a cabo, es decir, la administración pública solo puede realizar aquello que le es permitido expresamente por la ley, aquello para lo que tiene competencia y está autorizado por la ley. Si no tiene una competencia previa establecida por la ley, el funcionario no puede actuar.

Ese principio de legalidad tal como lo conocemos hoy día en Venezuela no siempre fue de esa manera; si funcionario de la administración pública dicta un acto, debemos verificar es si ese acto lo esta dictando conforme a derecho, es decir, si el era el competente para dictar ese acto, y si lo podía dictar con las características que lo dictó y para eso tenemos que revisar la ley.

La ley tiene dos sentidos, un sentido lato y un sentido estricto:

La ley en sentido estricto es solamente aquel acto que emana del parlamento, es decir, de la asamblea nacional a nivel nacional, de los Estados es decir, del correspondiente órgano legislativo y Estadal y de los Municipios. Es aquel acto que emana del poder legislativo nacional, estadal o municipal siguiendo las formalidades establecidas para dictar ese acto y que sea considerado ley. Se considera ley exclusivamente lo que emana del parlamento, siguiendo el procedimiento establecido en la constitución o en los instrumentos jurídicos que establezcan las formalidades y los pasos que hay que seguir para dictar una ley.

En la actualidad las competencias del funcionario público no solamente están establecidas en la ley en sentido formal, las competencias de los funcionarios públicos pueden estar establecidas por un reglamento que no son leyes, son actos normativos de rango sub legal, dictados por el poder ejecutivo.

Cuando decimos en la actualidad que la administración pública cuando actúa está sujeta a la ley no esta sujeta solamente a la ley formal sino a la ley en sentido lato, es decir, la ley, entendiendo como bloque de legalidad que esta conformado por la constitución, por la ley, por los reglamentos y por cualquier otro tipo de acto  normativo que se dicte aquí en la república de Venezuela, en cualquiera de ellos se le pueden dar atribuciones a la administración pública.

Eso no siempre fue así, el principio de legalidad ha evolucionado.

  1. - Desarrollo:

Absolutismo

Cuando no había poderes, no había división. El Monarca tomaba una decisión y contra esa decisión no había control y él mismo la ejecutaba y si alguien se oponía el sencillamente ejecutaba la sentencia y no necesariamente esa facultad estaba escrita en ningún sitio, porque como el monarca era un enviado de los Dioses, era la representación de Dios en la tierra, podía hacer lo que le parecía sin mayores limitaciones entonces realmente en la época absolutista nos encontramos con un monarca con amplísimos poderes sin ningún tipo de limitación. El monarca cuando actuaba no revisaba una ley, ni una constitución ya que sencillamente no había.

Estado de Derecho (liberal burgués)

El principio de legalidad nace en la Revolución Francesa, es decir, en el denominado Estado de Derecho, Estado Liberal Burgués. La Revolución Francesa trajo a colación 4 grandes principios de derecho administrativo:

La Soberanía de Estado.

Principio de Separación de Poderes.

Principio de Respeto de los Derechos Humanos.

Principio de Legalidad.

La Revolución Francesa se dedica a atacar lo que era un vicio del Absolutismo, limitar el poder del monarca. Todos esos principios son limites al poder.

Francia:

Conformidad con la ley, en Francia el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial podían actuar siempre y cuando lo hicieran de conformidad con la Ley. Es decir, si el poder ejecutivo quería actuar tenía que revisar la ley emanada del parlamento, para verificar si podía actuar si tenía esa competencia que iba a ejercer.

Vinculación positiva, en esta etapa en Francia se consideraba que el Parlamento era el único que podía asignar esas competencias, por ello el concepto de Ley era Ley en sentido estricto, entonces se consideraba ley todo instrumento normativo que emanará del parlamento. Era impensable que a través de un reglamento se le otorgaran competencias a los poderes. (eso se denominaba vinculación positiva, porque para que un funcionario supiera si tenía determinada competencia y para que los administrados conocieran si ese funcionario era competente tenían que revisar las leyes que había dictado la Asamblea Francesa).

La ley como era vista en Francia era estricta y la ley informal era aquella que emanaba de la Asamblea exclusivamente.

Ley en sentido estricto, el principio de legalidad era demasiado rígido, pues únicamente se podían otorgar competencias a través de leyes formales emanadas del parlamento. Esta rigidez ocasiono un problema porque solamente el funcionario podía actuar si previamente había una ley que lo habilitara para ello, si había un tema que atender simplemente no podían atenderlo hasta que el parlamento dictara una ley en esa materia y señalara cual era el funcionario competente para ello.

Evolución de la ley en sentido lato: bloque, se empezó a considerar que cuando se hablara de este principio la ley no solamente fuese la que emana del parlamento, sino que ley comprenda en forma amplia todo acto normativo, y se incluyen los reglamentos, es decir, se paso a considerar a la ley en sentido lato para la asignación de competencias de los funcionarios. Y así fue evolucionando ese principio, dejando de lado la rigidez extrema que lo caracterizaba.

En Venezuela el funcionario público únicamente puede actuar de conformidad con la Ley.

Alemania:

Compatibilidad con la ley, se presentaba la situación que la actuación de la administración pública tenía que ser compatible con la ley.

Vinculación negativa, ellos observaron cual era el problema que existía en Francia y consideraron que esa situación de Francia era demasiado rígida por lo que establecieron el principio de legalidad pero bajo otra orientación y señalan que los funcionarios públicos podían llevar a cabo todo tipo de actuación a menos que este expresamente prohibido por la ley (esto se denomina vinculación negativa).

Límite externo dado por las prohibiciones, la vinculación negativa era un límite externo que tenían los funcionarios. Esos límites externos venían dados por las prohibiciones de la ley.

Problemas de la posición, esta posición también tuvo un problema que era que los funcionarios públicos, mientras no existiera una prohibición en la ley, podían actuar en forma discrecional, realizar cualquier tipo de actividad de manera amplísima y sin ningún tipo de limitación, lo que significaba que cualquier actuación que ellos adoptaran aun cuando afectara a los particulares, el particular no podía reclamarle nada al funcionario porque el funcionario estaba actuando conforme al principio de legalidad alemana.

Posición ecléctica, actos con eficacia ablatoria, no ablatoria:

Esto generó una tesis ecléctica que señala que hay que distinguir entre actos con eficacia ablatoria y actos con eficacia no ablatoria.

Los actos ablatorios son actos administrativos que establecen cargas, obligaciones para los administrados, limita sus derechos.

Los actos no ablatorios son actos que le conceden derechos a los administrados, amplía sus derechos. (se solicita un permiso para construir y lo conceden, eso es un acto con eficacia no ablatoria.

La posición ecléctica consiste en que se señala que depende del acto, si el funcionario va a dictar un acto con eficacia ablatoria esa competencia deberá estar expresamente contenida en la ley, es decir, utilizan el criterio de los Franceses, en cambio si son actos con eficacia no ablatoria el funcionario no podrá actuar sin tener la competencia expresamente establecida en la ley.

Cual es el problema que puede existir un acto que a su vez sea ablatorio y no ablatorio (si la administración pública decide realizar unos juegos en el municipio, este es con eficacia no ablatoria, ahora si la administración señala que todos los funcionarios están obligados a acudir y vestirse de azul, eficacia ablatoria), ese será un acto con eficacia no ablatoria y ablatoria a la vez.

Actual posición: posición francesa, hay sentido lato discrecionales explícitos:

La actual posición es la venezolana que señala que toda actuación de los funcionarios tiene que estar expresamente establecida en la ley y la ley en sentido lato (constitución, leyes, reglamentos, etc).

Si la ley establece que determinado director de deportes del ministerio de deporte tendrá la siguiente competencia “regir todas las actividades deportivas del municipio” y esto lo faculta de manera tácita a organizar juegos deportivos aunque no lo dice expresamente. Aquí se ve reflejado el principio de legalidad porque es imposible que el legislador se dedique a realizar un listado de todas las facultades una a una que tiene un funcionario equis.

Esta son competencias implícitas, es decir, aquellas que se deducen de otras competencias que si tiene el funcionario de forma expresa. La competencia implícita no es cualquier cosa que se le ocurra al funcionario (que el funcionario mande tapar los huecos de la vía para que la gente pueda realizar en buena forma el deporte sin contratiempos, eso no lo puede hacer, pues no guarda relación con la competencia atribuida por la ley).

Principio de Legalidad en la actualidad todas las competencias de los funcionarios deben estar establecidas en la ley salvo las potestades implícitas. Esto está contemplado en el art. 4 de la LOAP.

  1. - Concreción del principio de legalidad:

Otorgamiento de potestades (título de habilitación), el principio de legalidad en la actualidad se concreta con la asignación de potestades, es decir, las leyes establecen en su normativa potestades competencias para los funcionarios; las potestades son los poderes que tienen los funcionarios públicos para actuar, la norma se constituye en un ciclo que habilita al funcionario público para actuar en una determinada materia, si el funcionario no tiene ese titulo de habilitación sencillamente no puede actuar, (Ejemplo Art. 178 CRBV. competencia de los municipios).

El principio de legalidad de parte de la administración pública se concreta a través del otorgamiento de potestades: la administración pública realiza una actividad de policía, lleva a cabo una actividad prestacional (prestación de servicios públicos), etc. todas esas actividades todas esas potestades están regidas por el principio de legalidad, la administración pública no puede otorgar un subsidio si previamente no hay una ley, un reglamento o una norma que señale que puede otorgar ese subsidio.

Potestades administrativas (1º – constitutivos, 2º – cuando se ejercen recursos administrativos), La administración pública tiene potestades de primer grado y de segundo grado, (si se quiere construir en un terreno propio lo primero que se hace es una solicitud y se lleva a la autoridad competente, el funcionario va a abrir un procedimiento, va notificar a cualquier persona que él considere que puede estar interesado en conocer la materia, va a llevar a cabo el procedimiento con sus fases y finalmente va a dictar un acto administrativo, ese acto administrativo puede ser otorgándome el permiso o negándome el permiso o diciendo se le da el permiso pero no como lo pide si no con unas condiciones, esto es lo que se llama procedimiento constitutivo o de primer grado, es decir, es el procedimiento en que la administración pública se pronuncia por primera vez.

Si fue negada la solicitud o concedida de forma diferente, se procede a intentar un recurso administrativo (recurso de reconsideración, recurso jerárquico y el recurso extraordinario de revisión, este último por ser extraordinario se da en casos especiales). Cuando se ejerce el recurso de reconsideración, cuando se abre el procedimiento recursivo estamos en el procedimiento de segundo grado (autotutela reduplicativa de segundo grado).

A mi entender, puede atribuirse esta disminución de energía nerviosa a la carencia de impresiones. En la vida ordinaria, mil sonidos y colores hieren diariamente nuestros sentidos; mil menudencias llegan a nuestro conocimiento y estimulan la actividad de nuestro cerebro.”En la vida de un prisionero, vida gris que transcurre sin pasiones y sin emoción, los mejores elementos se atrofian rápidamente. Los artesanos que amaban su oficio, pierden la afición al trabajo. La energía física es rápidamente muerta en la prisión. La energía corporal desaparece poco a poco, y no puedo encontrar mejor comparación para el estado del prisionero, que la de la invernada en las regiones polares. Léanse los relatos de las expediciones árticas, las antiguas, las del buen viejo Pawy o las de Ross. Hojeándolas, sentiréis una nota de depresión física y mental, cerniéndose sobre todo aquel relato, haciéndose más lúgubre cada vez, hasta que el sol reaparece en el horizonte. Ese es el estado del prisionero. Su cerebro no tiene ya energía para una atención sostenida, el pensamiento es menos rápido; en todo caso, menos persistente; pierde su profundidad. Un informe americano hacía constar, no hace mucho, que mientras que el estudio de las lenguas prospera en las prisiones, los detenidos son incapaces de aprender matemáticas. Y es la pura verdad; eso es lo que ocurre.

Nada de esto existe para el prisionero; sus impresiones son poco numerosas y siempre iguales. De ahí la curiosidad del recluso. No puedo olvidar el interés con que observaba, paseándome por el patio de la prisión, las variaciones de colores en la veleta dorada de la fortaleza; sus tintes rosados, al ponerse el sol, sus colores azulados de por la mañana, su aspecto indiferente en los días nublados y claros, por la mañana y por la tarde, en verano y en invierno. Era aquélla una impresión completamente nueva. La razón es probablemente quien hace que a los presos les gusten tanto las ilustraciones. Todas las impresiones referidas por el recluso, provengan de sus lecturas o de sus pensamientos, pasan a través de su imaginación. Y el cerebro, insuficientemente alimentado por un corazón menos activo y una sangre empobrecida, se fatiga, se descompone, pierde su energía.

Hay otra causa importante de desmoralización en las prisiones, sobre la cual no se habrá nunca insistido lo suficiente, porque es común a todas las prisiones e inherente al sistema de la privación de la libertad.”

Piotr Kropotkin, “Las Prisiones”

Procedimiento Ordinario o general o tipo: establecido a partir del artículo 48 y siguientes de la L.O.P.A. es el que dura 4 meses +2, es el que utiliza la administración pública: Este procedimiento se inicia de oficio o a instancia de partes, de oficio quiere decir ella misma por que recibe una denuncia la administración decide si abre o no el procedimiento porque el denunciante no es parte del procedimiento solo como parte interesada, a instancia de partes: los administrados, la administración cuando el procedimiento se abre de oficio la administración debe dar un plazo mínimo de diez (10) días (garantía mínima) (plazo razonable) para que presenten sus alegatos y pruebas, este plazo mínimo se aplica para todos los procedimientos administrativos que no tengan plazos preclusivos, no tiene frases preclusivas No hay límite para notificar ni días para presentar los alegatos, una vez que consta la notificación dentro de los expedientes, esos diez días la administración no puede decidir contados a partir de la notificación, puede decidir a partir del día 11, durante todo ese tiempo el administrado puede presentar alegatos y pruebas, y si la administración no ha decidido  todavía el administrado puede presentar pruebas. No como en el proceso judicial que tiene momentos. En los procedimientos administrativos especiales hay que revisar si hay etapas preclusivas.

Procedimientos Especiales: son especiales porque no se corresponden con el procedimiento ordinario o general. En la Ley del Estatuto de la Función Pública hay procedimientos especiales que hay que considerar si hay pasos preclusivos. La Ley de arrendamientos inmobiliarios contienen procedimientos administrativos pero especiales apartados de la LOPA, que se aplica en vacíos en procedimientos especiales esos procedimientos especiales son tres:

Sumario: art. 67 de la LOPA, tiene una duración de 30 treinta días, se inicia de oficio, se abre cuando la admón. Lo considere conveniente y debe indicar en el auto que es un procedimiento que se sigue por el artículo 67 de la LOPA,  es decir sumario. Este procedimiento se abre cuando la admón. Lo considere conveniente, exclusivamente de oficio, pero se puede convertir en procedimiento ordinario si la complejidad del asunto así lo exige (art. 68 LOPA)

Simple: artículo 5 de la LOPA. Es un procedimiento especial establecido dentro de la LOPA (20 días). Se inicia sólo a instancia de parte (ejemplo: pasaporte o cédula de identidad solicitado ante la ONIDEX), a diferencia del ordinario que dura 4 meses + 2 meses este dura (20) días, no necesita sustanciación como el procedimiento ordinario y el procedimiento el sumario.

Sancionatorios: artículo 100 y siguientes LOPA, todo el mundo se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario. La carga de la prueba la tiene la administración pública, ella debe demostrar que el administrado cometió una irregularidad. Hay jurisprudencia que establece que con este tipo de procedimiento se debe utilizar el procedimiento ordinario, porque le da más garantías a la administración pública y al administrado el administrado puede presentar pruebas y la administración. También la administración pública abre procedimientos sancionatorios siguiendo procedimientos sumarios. Amerita sustanciación instrucción del procedimiento.

Hay procedimientos sancionatorios en muchas leyes administrativos. Ejemplo: ley del Estatuto Público.

Procedimiento Constitutivo, es el primero que realiza la admón. Pública tomando decisión, decide el procedimiento que se inició de oficio o a instancia de parte, respecto a lo solicitado por el administrado o respecto al procedimiento que la propia admón. Abriò de oficio, es de primer grado o usando un paralelismo de primera instancia.

Procedimiento recursivo: es el que tiene que ver con los procedimientos administrativos. Es un procedimiento de segundo grado porque se opta después del procedimiento constitutivo. ¿Contra qué van los procedimientos recursivos?. Contra los actos administrativos.

Existe un procedimiento recursivo especial que es el recurso de revisión es excepcional. Según el procedimiento de la LOPA no se puede ir al recurso jerárquico sin agotar el procedimiento de reconsideración.

Si decide no agotar la vía administrativa, se va directamente al contencioso administrativo (Sala Político Administrativa, Corte primera y Segunda y Tribunales Superiores).

Si tomas la vía administrativa debes agotarla para poder usar la vía judicial.

Economía procedimental o simplicidad técnica:

Se encuentra reflejado en el art. 30 de la LOPA, hace referencia que la administración debe ser eficaz, este artículo señala la serie de principios que rigen la actividad administrativa, el art. 12 de la LOAP, señala los principios que debe regir la administración pública, la simplicidad se encuentra establecida en el art. 4, 29 de la LSSTA, publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria 5393 del 22-10-99.  (Ejemplo: sacar la cédula de identidad, no se necesita copias certificadas, en caso de requerirla la institución que la requiere debe solicitarla a la institución correspondiente).

 

Cómo se manifiesta el principio de economía procedimental

Conservación de los actos, dentro de la LOPA hay una serie de artículos que tienden a lograr dentro de la administración pública el acto sea lo más perfecto posible y que no sean anulados, dentro de este mecanismo se encuentra lo que se denomina el despacho subsanador, cuando se presenta algún escrito que tiene algún tipo de defecto la administración debe hacerle saber al administrado y darle oportunidad para corregirlo.

Art. 19, los actos administrativos están viciados de nulidad absolutas cuando son contrarios a la ley, a la constitución o cuando se viola el procedimiento previsto en una norma. Si la administración pública desarrolla un procedimiento con un vicio o un error que no sea tan grave se genera la nulidad relativa del acto, puede ser corregido por la propia administración pública o va a ser anulada aquella parte del acto que contiene el error. (Ejemplo se abre un procedimiento sancionatorio a alguien que construyó sin permiso, de oficio o a instancia de parte, se realiza todo el procedimiento y se dicta el acto administrativo sancionatorio de multarlo y ordenar la demolición del inmueble, sin notificar al interesado; la constitución señala que todos debemos ser notificados para tener el derecho a la defensa, el acto está viciado de nulidad absoluta y se pierden todas las gestiones que se realizaron en el procedimiento. En cambio, si se abre el procedimiento, no se le notifica, pero el afectado se apersona en el procedimiento, pide copia certificada, el acto está viciado porque no se notificó pero no se anula ya que la persona se pudo defender). Cuando la administración pública dicta un acto hay que ver si el error que comete es grave o se puede subsanar ya que, la tendencia es conservar los actos administrativos.

Art. 21 LOPA, si el acto tiene un error, si no se puede validar se elimina esa parte del acto pero el resto del acto se mantiene, porque hay tratar de conservar el acto.

Art. 81 y 84 LOPA, Se decide imponerle una multa a alguien y en el texto del documento aparece en letras mil UT y en números un millón UT, o se cambia el nombre de la parte cuando se dicta el acto administrativo, esto se puede corregir. Cuando se trata de errores materiales, de forma o de cálculo, etc. no se dicta un nuevo acto, se hace una corrección simple donde se corrige y se aclara el error. Por otra parte la administración pública puede convalidar sus actos, se abre el procedimiento porque construyó ilegalmente y justo antes de dictar el acto administrativo se da cuenta que no lo notificó, se puede notificar en ese momento para subsanar el error y se le da un plazo prudencial para que se defienda.

Art. 5, 45 y 50 LOPA, despacho subsanador, en el procedimiento sumario (no requiere sustanciación), cuando se hace una solicitud y hay un error, se notifica por escrito al administrado del error dentro de 5 días para subsanarlo, o si falta algún requisito puede consignarlo, el art. 5 se refiere solo al procedimiento sumario. El art. 45, se acude ante la administración pública y falta un requisito, no se puede negar a recibir la solicitud sino decir que es lo que falta al administrado para que este lo consigne. Estos dos despachos subsanadores funcionan para actos administrativos de oficio o a instancia de parte, se da exclusivamente en procedimientos de primer grado no en procedimientos recursivos, y solo en el escrito donde comienza el acto administrativo. Art. 50, este señala que los escritos recursivos deben ser corregidos; hace referencia a que deben ser escritos, no escritos iniciales, pero en la práctica el despacho subsanador está obligada a hacerlo en el escrito con el cual se inicia el procedimiento en primer grado, no en los escritos que se consignen durante el procedimiento.

Art. 49, señala los requisitos que deben acompañar la solicitud del acto administrativo.   Hay relación entre el despacho subsanador y la conservación de los actos.

Art. 53, tiene que ver con la conservación de los actos y con que la administración pública debe llevar a cabo todas las actuaciones que considere necesarias de oficio, no esperar que el administrado lo solicite, como sucede en el procedimiento judicial donde la parte demandante debe impulsar los actos procesales, en sede administrativa la impulsión del procedimiento es de oficio y llevado por la administración pública, así como la sustanciación del mismo.

Art. 62, si se plantea en una solicitud que se pronuncie en relación a cinco peticiones, lo lógico es que la administración pública decida las cinco peticiones en un solo acto, no por separado, esto tiene que ver con la eficacia de la actividad administrativa.

La doble instancia, tiene que ver con la economía procedimental,  art. 95 y 96, cuando se habla de economía procedimental, se establece que las actuaciones de los funcionarios pueden ser revisadas por la misma administración, si se equivoca puede corregir sus errores, a través de los recursos de reconsideración o jerárquico. Si se dicta un acto viciado, se intenta contra esa decisión un recurso de reconsideración para que el funcionario revise y corrija el acto. Si se dicta un acto y se ejerce el recurso de reconsideración y la administración pública ratifica ese acto, se puede intentar un recurso jerárquico para que el problema lo decida un superior y quede dentro la administración pública, estos recursos se usan para evitar los procedimientos judiciales.

Simplificación de trámites, LSSTA, lo que se busca es que los actos sean lo más simple y sencillo posibles y si se puede mecanizados (la firma del Director de la ONIDEX en las cédulas de identidad), la LOPA permite que ciertos actos puedan ser mecanizados, art. 35.

Art. 4, 5 y 8 LSSTA, simplificación de trámites.

Concentración de trámites, tiene que ver con el procedimiento de la LOPA, salvo dos o tres lapsos no existen fases específicas en el procedimiento, el procedimiento es de cuatro meses mas dos, dentro de esos cuatro meses se pueden presentar alegatos, pruebas, etc., y realizar todas a la vez, no hay que esperar que se termine una fase para realizar la otra, a diferencia del procedimiento judicial donde para todas las fases del proceso hay un lapso determinado. A menos que sea un procedimiento especial previsto en una ley especial (Ley del Estatuto de la Función Pública).

Oficialidad, papel activo de la administración: cuando se habla de un procedimiento administrativo la administración pública tiene un papel activo, y le interesa que la decisión sea lo mas acertado y cerca de la verdad, tiene poder de investigación, puede promover pruebas, informes, oficios solicitando información, se busca que la decisión este apegada a la verdad real o material no a la procedimental. A diferencia del procedimiento judicial donde el juez se atiene lo alegado y probado en autos, en sede administrativa, la administración tiene la facultad o potestad de investigar de oficio para poder llegar a la verdad real o material del asunto planteado, saliéndose de lo alegado o probado.

Abrir e impulsar procedimientos administrativos (48, 67, 3, 53 LOPA), la administración pública puede abrir e impulsar de oficio el procedimiento, puede alegar, probar, etc. específicamente en los procedimientos sancionatorios.

Art. 48, es aquel con el cual se inicia el procedimiento ordinario.

Art. 67, tiene que ver con el procedimiento sumario que se inicia de oficio.

Art, 3, la impulsión del procedimiento de oficio, obligación de los funcionarios de impulsar el procedimiento.

Art. 53, actuación de oficio de la administración pública para conocer la verdad real o material.

Consecuencias:

Principio de impulsión de oficio (53)

Principio de instrucción (69, 53), el procedimiento de oficio lo debe instruir la administración pública cuando es sumario. En el procedimiento ordinario puede instruirlo la administración pública o el administrado, depende quien inicie el procedimiento.

investigar la verdad material (69).

Principio antiformalista (Araujo) art. 41 LOPA, el procedimiento administrativo se caracteriza porque no tiene mayores formalidades, si se quiere iniciar un procedimiento se debe cumplir con los requisitos establecidos en el art. 49 de la LOPA, pero una vez iniciado el proceso, no hay formalidades, porque no señala plazos, ni fases, ni preclusión, ni quien prueba primero.

Brewer – formalista (41 LOPA), señala que el procedimiento administrativo es formalista, porque los lapsos establecidos en la LOPA obligan tanto a la administración como al administrado.

El principio antiformalista se presenta:

Alegatos en cualquier momento (32), se pueden presentar todos los escritos que sean necesarios y en cualquier momento.

Flexibilidad probatoria (58), que aquella persona que quiera probar algo en sede administrativa puede utilizar todos los medios probatorios que establezcan otras leyes o Códigos.

No preclusividad de las fases (23, 60), no hay fases preclusivas en sede administrativa, contrario al procedimiento judicial.

intrascendencia del error al calificar el recurso (86), cuando se intentan los recursos también funciona el despacho subsanador, si ese recurso adolece de un vicio o una omisión, aunque se deben cumplir con los requisitos del art. 49; en el art. 86 señala que si el recurso no señala estos requisitos debe ser declarado inadmisible, la autoridad no puede corregir la omisión; cuando se trata de recursos solo se puede corregir es la calificación del recurso (se coloca que es un recurso jerárquico y es de reconsideración, se debe tramitar el recurso, no se declara inadmisible).

TSJ-LOGO

Sentencia Nº 170 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C14-67 de fecha 05/06/2014. Materia: Derecho Procesal Penal. Tema: Recurso de Casación. AsuntoRecurso de Casación – no constituye una tercer instancia.

…las partes no pueden procurar por medio del recurso de casación, sean revisados fallos que no le son favorables, más allá de las razones procesales o jurídicas atribuibles a la alzada, debiendo cumplirse con los requisitos que establece la ley, por cuanto este grado del proceso penal no constituye una tercera instancia que puede conocer de todas las decisiones por el simple hecho que el impugnante las considere contrarias a los intereses de su defendido.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/junio/165624-170-5614-2014-C14-67.HTML

Sentencia Nº 175 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº A13-444 de fecha 10/06/2014. Materia: Derecho Procesal Penal. Tema: Avocamiento. AsuntoAvocamiento

Es importante resaltar que en el desarrollo de los procesos penales pueden presentarse graves violaciones, pero no por ello las partes deben recurrir directamente a la vía del avocamiento, desvirtuando el orden legal establecido para la resolución de conflictos de esta naturaleza, omitiendo las formas sustanciales del proceso. Así se desprende de lo dispuesto en el artículo 108, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que establece: “(…) La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios (…)”.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/junio/165629-175-10614-2014-A13-444.HTML

Sentencia Nº 190 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº E14-96 de fecha 13/06/2014. Materia: Derecho Procesal Penal. Tema: Extradición. Asunto: Inicio del procedimiento de extradición pasiva.

el procedimiento de extradición pasiva se inicia cuando un gobierno extranjero solicita al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la extradición de un ciudadano que se encuentra en territorio venezolano y que cometió un delito en el país requirente, por lo que, una vez que el solicitado haya sido aprehendido por los órganos policiales de nuestro país, deberán informar inmediatamente al Fiscal del Ministerio Público a los fines de presentar al ciudadano ante el órgano judicial correspondiente. Posteriormente, el órgano judicial ordena la remisión de las actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, quien notificará a la representación diplomática del país requirente -a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores- la detención del ciudadano requerido y se procederá a fijar el lapso perentorio de sesenta (60) días, para que el país requirente consigne la documentación correspondiente a la solicitud formal de extradición. (Vid. Sentencia N° 006, de fecha 16 de enero de 2014, con ponencia de la Magistrada Doctora Yanina Beatriz Karabín de Díaz).

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/junio/166105-190-13614-2014-E14-96.HTML

Sentencia Nº 192 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº E14-137 de fecha 17/06/2014. Materia: Derecho Procesal Penal. Tema: Extradición. Asunto: La notificación roja.

detención preventiva o provisional, con la finalidad de requerir su extradición. De lo expuesto se evidencia que, la notificación roja contiene efectivamente una solicitud de detención preventiva con el compromiso de requerir la extradición formal, una vez localizada la persona requerida. Por tratarse de un trámite relacionado con el proceso de extradición, su conocimiento corresponde a los órganos jurisdiccionales del país requerido, quienes en definitiva dictaminarán la procedencia o improcedencia de dicha medida cautelar, tal como lo establece el artículo 387 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Cumplidos los actos procesales antes narrados, lo que procede en el presente caso es la notificación al país requirente sobre la detención del ciudadano requerido.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/junio/166107-192-17614-2014-E14-137.HTML

Sentencia Nº 200 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C14-34 de fecha 18/06/2014. Materia: Derecho Procesal Penal. Tema: Pruebas. Asunto: Acto de prueba anticipada.

…el acto de prueba anticipada es un mecanismo procesal que se realiza en la fase preparatoria, y de ahí su nombre, por razones de urgencia y de necesidad de aseguramiento de sus resultados, por lo cual debe ser apreciada como si efectivamente se hubiera practicado en el juicio; esta consiste en tomar esa declaración o hacerle rendir su experticia frente a un juez y con la asistencia de todas las partes del proceso y por ende con la posibilidad de que estas puedan controlar esa prueba o puedan oponerse a ella…

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/junio/166196-200-18614-2014-C14-34.HTML

Sentencia Nº 201 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº A13-414 de fecha 18/06/2014. Materia: Derecho Procesal Penal. Tema: Desistimiento. Asunto: Autorización expresa del imputado.

…para que el desistimiento se materialice, es necesaria la autorización expresa del imputado; en tal sentido, es insuficiente que dicha solicitud provenga solamente del abogado defensor, pues tal acto implicaría la renuncia de un derecho, razón por la cual debe provenir directamente del imputado, asistido por un abogado.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/junio/166197-201-18614-2014-A13-414.HTML

Sentencia Nº 202 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C13-284 de fecha 25/06/2014. Materia: Derecho Procesal Penal. Tema: Prescripción. Asunto: Prescripción judicial.

…la prescripción judicial es una garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, que exige el seguimiento de un proceso o juicio sin dilaciones indebidas y constituye un límite al poder punitivo del Estado, de allí que, la interpretación de las normas que regulan la materia debe hacerse de manera cónsona con los derechos y garantías establecidos a su favor.

Asunto: Momento inicial para el cálculo de la prescripción judicial o extraordinaria.

…el momento inicial para el cálculo de la prescripción judicial o extraordinaria, tiene lugar desde el momento en que se efectúa el acto de imputación…

Tema: Proceso Penal. Asunto: Retardo por incomparecencia de los sujetos convocados a las audiencias.

…el retardo por incomparecencia de los sujetos convocados a las audiencias, es considerado como una responsabilidad directa del órgano jurisdiccional, pues es quien tiene la obligación de aplicar los correctivos pertinentes para procurar su realización, y es el único que puede acordar su diferimiento o la conducción por la fuerza pública de quienes no acudieron al acto.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/junio/166403-202-25614-2014-C13-284.HTML

Sentencia Nº 203 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C14-9 de fecha 25/06/2014. Materia: Derecho Procesal Penal. Tema: Recurso de Casación. Asunto: El recurso de casación no es el medio para impugnar los supuestos vicios cometidos por los juzgados de primera instancia.

…se advierte que quienes recurren no manifiestan de manera clara, concisa y precisa de qué manera la Corte de Apelaciones le vulneró sus derechos y sólo se limita manifestar su disconformidad con la no incorporación de un medio de prueba lo cual no es viable por la vía del recurso de casación, ya que estos elementos probatorios son promovidos y evacuados y valorados por el juez de juicio y no por la Corte de Apelaciones, que es el fallo recurrible mediante el recurso de casación. Así las cosas, el recurso de casación no es el medio para impugnar los supuestos vicios cometidos por los juzgados de primera instancia (en este caso la apreciación de las pruebas y testimoniales debatidas en el juicio oral) sino los cometidos por las Cortes de Apelaciones, según las previsiones del artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal

Asunto: Recurso de Casación.

…este medio de impugnación no puede ser utilizado por las partes como una tercera instancia para expresar el descontento de la defensa con un fallo que le ha sido adverso, sin exponer razones de Derecho distintas a las argumentadas en el recurso de apelación, ya que el propósito del recurso de casación es examinar el fallo de la Corte de Apelaciones y verificar errores de Derecho en el fallo de alzada, que en definitiva es la sentencia que corresponde revisar en esta etapa del proceso.

Asunto: Carácter restringido del recurso de casación.

El carácter restringido del recurso de casación, implica que la interposición del mismo sea muy rigurosa en cuanto a que debe presentarse de manera fundada, con la indicación precisa y separada de cada motivo de procedencia, elementos necesarios para poder determinar las presuntas violaciones cometidas por la sentencia recurrida. Requisitos estos, que no pueden ser vistos como un formalismo no esencial, pues constituyen una garantía para las partes, dado el ámbito especial y carácter extraordinario del recurso de casación.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/junio/166404-203-25614-2014-C14-9.HTML

Sentencia Nº 207 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº A14-8 de fecha 26/06/2014. Materia: Derecho Procesal Penal. Tema: Avocamiento. Asunto: Eventuales inconsistencias en la foliatura de un expediente o el posible desorden cronológico en el mismo no constituye materia para resolverse por vía de avocamiento.

…debe advertir esta Sala de Casación Penal, que las eventuales inconsistencias en la foliatura de un expediente o el posible desorden cronológico en el mismo, no constituye materia para resolverse por vía de avocamiento, existiendo mecanismos idóneos para su reclamación y trámite, que en el caso particular sería mediante la respectiva denuncia ante la Inspectoría General de Tribunales.

AsuntoAvocamiento – las partes no pueden pretender emplear esta figura para hacer valer su discrepancia con los criterios jurídicos que sustentan las decisiones judiciales.

…las partes no pueden pretender emplear esta figura para hacer valer su discrepancia con los criterios jurídicos que sustentan las decisiones judiciales, ya que esta potestad debe ser ejercida con suma prudencia y en estricto apego a los parámetros establecidos en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, debiéndose acreditar que la situación jurídica existente en el expediente constituya un caso del cual surjan graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/junio/166409-207-26614-2014-A14-8.HTML

Sentencia Nº 209 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C14-168 de fecha 26/06/2014. Materia: Derecho Procesal Penal. Tema: Motivación. AsuntoDebida motivación.

…es obligante para la Sala resaltar que al interponerse el recurso de casación, éste debe contener una debida motivación, sustentada en infracciones de Derecho cometidas por la Alzada, las cuales deben ser explícitamente señaladas, destacando a su vez la importancia que tales contravenciones involucran en las resultas del fallo haciéndolo especialmente vulnerable para su modificación.

Tema: Recurso de CasaciónAsunto: No puede utilizarse el especial recurso de Casación como una tercera instancia.

…observa la Sala que lo relativo a la insuficiencia de pruebas que determinen o no la culpabilidad del acusado, es una denuncia conexa con el régimen probatorio, la cual debe ser planteada ante el Tribunal de Instancia, razón por la cual se ratifica el criterio de que no puede utilizarse el especial recurso de Casación como una tercera instancia, menos aún para revisar denuncias que de antemano fueron objeto del recurso de apelación.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/junio/166412-209-26614-2014-C14-168.HTML