Primeramente, cabe resaltar que de manera clara, Francisco Muñoz Conde nos coloca la tesis de esta lectura de manera muy clara: Existe un conflicto entre prevención general y Prevención especial. Por un lado a la prevención especial de lado del derecho penitenciario y de ejecución penal, y del lado del lado del derecho penal material y la sociedad a la prevención general (que de una u otra forma es la que “gana” entre estas dos por las circunstancias del sistema penal).

Básicamente existen diferentes márgenes desde los cuales se puede ver a éstas prevenciones que son los de derecho tanto de la sociedad (de defender sus intereses recurriendo a la pena si esto fuera necesario), y del delincuente (que tiene derecho a ser tratado como persona y a no quedar definitivamente apartado de la sociedad sin esperanza de reintegración a la misma). Así, Muñoz Conde nos hace notar que entre éstos dos márgenes, al que se le dio mayor interés fue al de la sociedad, relegando los derechos del delincuente a un segundo plano. Históricamente todos apuntaban a la cárcel como un castigo retributiva, y las supuestas funciones resocializadoras o rehabilitadoras también quedaban relegadas a segundo plano, pero gracias a las ideas humanistas después de la segunda guerra mundial, el Derecho Penitenciario se encargó de poner en boga a la pena con un sentido más de resocialización que de castigo. Así, entre “seguridad” y “socialización” este Derecho Penitenciario prefirió a la segunda opción.

Entonces vemos un claro choque entre las ideas de prevención general del Derecho Penal tradicional, y las ideas de Resocialización y prevención especial del dererecho penitenciario. Pero aquí cabe resaltar que al existir una especie de pugna entre ambos derecho, al mismo tiempo dicha pugna afecta a la integridad (funcionabilidad o estabilidad) del sistema penal en su conjunto, y el problema se agranda porque aunque teóricamente el Derecho Penitenciario tenga el discurso de prevención especial al delincuente, este cometido no se materializa en ningún aspecto y más bien este derecho sólo cumple una función de custodiar y asegurar a el reo.

Con respecto a ello, un punto realmente con el que me encuentro de acuerdo es ese que dice que la misión del derecho penal además de la protección de intereses humanos que necesitan tutela jurídica es la de frenar el poder punitivo del Estado para que éste, al momento de querer parar a la criminalidad no vulnere garantías mínimas de los individuos criminalizando todo a diestra y siniestra. Las Normas del Estado también van dirigidas para el Estado. Aquí, a la hora de determinación de la pena también nos encontramos con el problema de la proporcionabilidad de ésta…, porque el estado al no poder colocar las penas que quiera, tendrá que velar por alguna proporción que debe existir entre delito cometido y tamaño de la pena. Por ello, desde el punto de vista de la resocialización se puede llegar a concebir a penas demasiado cortas o demasiado largas. De manera clara está que este problema no se podrá solucionar a corto plazo, más al contrario.

Hasta aquí hemos visto los problemas que tiene el dererecho penitenciario desde su exterior. Pero cabe resaltar que sus principales problemas están también en su interior, al interior del derecho penitenciario por los fines supeditados simplemente a la vigilancia y control de los reclusos debido a factores como la falta de presupuesto, la corrupción a su interior, y la desorganización existen debido a las malas políticas criminales aplicadas hasta su momento. Es que hasta ahora, la pena privativa de libertad no ha superado la barrera de la prevención general, por ello el conflicto con la prevención  especial. Por ello, y porque la sociedad hasta ahora no permite abiertamente la implementación de medidas alternativas a la pena de privación de libertad este es un conflicto insoluble. Pero que no permita abiertamente, no significa que no permita, pues a este conflicto, solo queda la alternativa de reducir a la pena de privación de libertad como recurso de ultima rattio, haciéndolo soportable de manera que no se hagan notar las discrepancias que existe entre la implementación de la pena y su aplicación.

Por mi parte, considero que si es cierto que este conflicto es insoluble, pero por ello, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Alternativas hay varias, entre ellas van a estar desde las genocidas (matemos a los corruptos y a aquellos que quieres hacerse populares con los discursos punitivos…obviamente inaplicables), hasta las más coherente como la que nos presenta el autor de la lectura. Yo estoy de acuerdo con éste último solo a manera de reflexión, y que sirva para hacer notar que “si no estamos en una línea que apunte a un objetivo claro poco a poco nos hundiremos”, lo siguiente: “Con un Sistema Penal, que tiene contradicciones por todos lados, ¿cómo no queremos vivir en un caos?”.

 1.- CONCEPTO:

El contrato sería la convención que tiene por objeto constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir relaciones jurídicas de tipo patrimonial.

El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico.

 Caracteres:

1.- Es una convención:

El contrato constituye una especie de convención, puesto que involucra el concurso de las voluntades de dos o más personas conjugadas para la realización de un determinado efecto jurídico, que puede consistir en la creación, regulación transmisión, modificación o extinción de un vínculo jurídico de naturaleza patrimonial.

2.- Establece relaciones jurídicas:

El contrato regula relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial, susceptibles de ser valorados desde un punto de vista económico.

3.- Produce efectos obligaciones entre las partes:

Siendo el contrato el resultado de la libre manifestación de voluntad de las partes contratantes e imperando en el derecho moderno el principio consensualita, es obvio que se de obligatorio cumplimiento para las partes, quienes así lo han querido y consentido en limitar sus respectivas voluntades.

4.- El Contrato:

Es fuente primordial generadora de obligaciones.

Principio de la autonomía de la voluntad: es el fundamento de la obligatoriedad del contrato.

UBICACIÓN DEL CONTRATO DENTRO EL NEGOCIO JURÍDICO

Negocio jurídico:  es una convención (manifestación de voluntades) que tiene las partes para regular sus relaciones

Negocio jurídico unilateral:  cuando solo una de las partes se  obliga

Negocio jurídico bilateral: cuando ambas partes se obligan recíprocamente.

El acuerdo: se toma por la mayoría, puede que uno no este de acuerdo

La convención: para que exista se requiere de unanimidad, que todas las partes del contrato estén de acuerdo

Convención unilateral:  es la oferta, no recepticio porque no va dirigido a una persona particular.

 3.- REQUISITOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO

1.- El consentimiento:

Es la manifestación de voluntad de las partes contratantes, consentimiento es una figura que se forma con dos manifestaciones de voluntad, si existe una sola oferta, un negocio unilateral donde una sola parte se obliga (la persona oferente),

 para que ambas personas se obliguen o se obligue una sola de ellas producto de un contrato se requiere de la manifestación de voluntad de ambas partes que conforman el elemento subjetivo de la obligación, es decir, manifestar la voluntad de querer contratar con alguien, simplemente es una oferta, se busca con quien contratar cuando se consigue una persona que manifieste su voluntad de manera concurrente, decimos que en ese momento se forma el consentimiento.

El objeto:

Es el contenido de la obligación y el elemento objetivo de la obligación, es la prestación, la prestación es la conducta a la que se obliga el deudor a favor de su acreedor, el objeto del contrato es el contenido mismo de la obligación, el objeto es la conducta a la que se obliga una o ambas partes productos de esta fuente generadora de obligaciones como es el contrato.

 3.- La Causa:

No es el contenido el contrato, es el fin que persiguen las partes al contratar.

En el contrato de compra venta, existen los elementos subjetivos y el vinculo, que produce la obligación que se genera en el contrato, se encuentran todos los elementos esenciales para su existencia. No se deben confundir los elementos de la obligación con los del contrato, el contrato es una de las fuentes generadoras de obligaciones pero no es la única.

En la compra venta, los elementos de la obligación: sujetos, comprador y vendedor, objeto la transmisión de la propiedad, prestación de dar que consiste en una conducta positiva del deudor al acreedor, y el vínculo (lazo o atadura que une el patrimonio de los sujetos) lazó que une el patrimonio del vendedor con el patrimonio del comprador y viceversa, porque si una de las partes que no cumple con su obligación., surge la llamada responsabilidad civil contractual (acción que va a intentar la parte que ha cumplido con la obligación en contra del patrimonio de aquel que no ha cumplido con ella cuando la obligación es recíproca).

Art. 1161, 1265. Si el vendedor no cumple con la entrega de la cosa y el comprador ya pagó, el comprador va a atacar el patrimonio al vendedor a efectos que cumpla con la conducta debida.

Artículo 1161:

En los contratos que tienen por objeto la transmisión de la propiedad u otro derecho, la propiedad o derecho se trasmiten y se adquieren por efecto del consentimiento legítimamente manifestado; y la cosa queda a riesgo y peligro del adquiriente, aunque la tradición no se haya verificado.

Artículo 1265:

La obligación de dar lleva consigo la de entregar la cosa y conservarla hasta la entrega.

 Los elementos del contrato, ambas partes deben dar su consentimiento, objeto es el contenido mismo de la obligación, conducta positiva del deudor a favor de su acreedor que consiste en la transmisión del derecho de la propiedad. La causa, es el fin que persiguen las partes al contratar, para el vendedor entregar la cosa, y para el comprador pagar.

Art. 1133 contratos, caracteres del contrato:

Es una convención (se requiere unanimidad), lo acuerdos se conforman por mayoría, las convenciones por unanimidad, en los contratos se requiere unanimidad. El contrato se utiliza para regular relaciones entre dos o más personas. Los actos o negocios jurídicos producen efectos y pueden generar derechos y obligaciones entre las partes que conforman esa convención y generan ese lazo o atadura que existe entre el patrimonio de esos sujetos. También existe un contrato en el cual una tercera persona sin ser parte se beneficie o se perjudique con ese contrato, (el seguro de vida, el beneficiario no es parte pero se beneficia o se perjudica).

Artículo 1133:

El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico.

 Elementos de existencia del contrato, Art. 1141:

Artículo 1141: Las condiciones requeridas para la existencia del contrato son:

1.- Consentimiento de las partes.

2.- Objeto que pueda ser materia de contrato.

3.- Causa ilícita.

Un contrato puede ser anulable, la nulidad que se produce no es absoluta, es nulidad relativa, porque el contrato solamente surte efecto entre las partes contratantes, aquel que la persona con quien contrató le arrancó el consentimiento en base a un error, dolo o violencia, o que a sabiendas que era incapaz, contrató con él, tendrá la carga de probar esos hechos a efectos que el contrato sea anulado, es decir que tiene un vicio relativo y no absoluto.

Fuerza obligatoria del contrato art. 1159.

Artículo 1160 Buena fe en los contratos, las partes ejecutar los contratos de buena fe.

Artículo 1160: Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la ley.

4.- Elementos esenciales de validez del contrato; art. 1142:

Artículo 1142.- El contrato puede ser anulado:

1.- Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas.

2.- Por vicios del consentimiento.

3.- De los requisitos para la validez de los Contratos.

Capacidad y consentimiento, que haya sido otorgado libremente, que no haya vicios (error, dolo o violencia).

5.- Capacidad contractual: art 18 cc

Es la medida de la aptitud de un sujeto de derecho para realizar por su propia voluntad negocios jurídicos válidos que afecten sus propios intereses.

Siguiendo la doctrina tradicional, el Código Civil, coloca la capacidad como elemento, requisito o condición indispensable a la validez del mismo. Esto quiere decir que es un elemento necesario para que el contrato produzca todos sus efectos jurídicos. La ausencia de capacidad puede producir la invalidez del contrato, que si bien este existe, puede ser anulado a petición de la parte en cuyo favor se ha instaurado esa anulabilidad.

Capacidad de goce:  se tiene por el simple hecho de nacer

Capacidad de ejercicio:  se adquiere cumplido los 18 años que es capaz de generar derechos y obligaciones = capacidad contractual art 18 cc

Capacidad delictual: art 1186 cc el incapaz  queda obligado por sus actos ilícitos, siempre que haya obrado con discernimiento..

6.- Diferencias entre Capacidad contractual y Capacidad delictual:

la capacidad contractual es considerada por el legislador con mayor rigidez que la capacidad delictual. Es lo que se observa en el régimen que las regula. En materia de delictual, el incapaz responde por sus actos ilícitos cuando actúa con discernimiento,  independientemente de la edad o defecto intelectual que presente. La responsabilidad civil delictual procede siempre que exista discernimiento en le momento de producirse helecho ilícito.    En cambio en materia contractual el legislador es mas estricto, pues no se atiende al discernimiento para fijar la capacidad, sino que fija limites objetivos, como la minoría de edad y el efecto intelectual. El menor, el entredicho y el inhabilitado jamás pueden comprometer  su responsabilidad en virtud de una relación contractual pues por esas mismas circunstancias objetivas son consideradas incapaces.

El derecho administrativo está montado sobre el principio de legalidad, de manera que puede hablarse de tal derecho administrativo cuando los órganos del Estado que conforman la Administración Pública están sometidos al derecho, y particularmente al derecho desarrollado para normar sus actuaciones.

El principio de legalidad es, por tanto, el primero de los principios del derecho administrativo que han sido constitucionalizados, como consecuencia de la concepción del Estado como Estado de derecho (Art. 2), que implica la necesaria sumisión de sus órganos al ordenamiento jurídico. Este, compuesto por la propia Constitución, que tiene aplicación directa como norma, por las leyes y además, por el conjunto de reglamentos y normas dictados por las autoridades competentes.

El primer elemento del principio de la legalidad, por tanto, es el de la supremacía constitucional, que la Constitución regular en forma expresa, en el artículo 7, al disponer que “La Constitución es la norma suprema y el fundamento el ordenamiento jurídico”, a la cual quedan sujetos “todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público”; constituyendo uno de los deberes constitucionales de los ciudadanos y funcionarios, el “cumplir y acatar” la Constitución (art. 131).

Todos los órganos del Estado, por tanto, están sometidos a la Administración, y dentro de ellos, por supuesto, los que conforman la Administración Pública, a cuyo efecto, el artículo 137 de la propia Constitución dispone que “la Constitución y las leyes definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”; y el artículo 141, al precisar los principios que rigen la Administración Pública, dispone que esta debe actuar “con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.

Por tanto, conforme a este principio de sumisión del Estado a la ley y al derecho, es decir, el principio de legalidad, todas las actividades de los órganos del Estado, y de sus autoridades y funcionarios, deben realizarse conforme a la Constitución y la ley, y dentro de los límites establecidos por las mismas. Ahora bien, en relación con el principio de legalidad, en el ordenamiento jurídico se distinguen siempre por una parte, las normas que integran la Constitución en sí misma, como derecho positivo superior; y por la otra, las normas  que son sancionadas por una autoridad con poderes derivados de la Constitución.

En otras palabras, particularmente en aquellos sistemas con Constituciones escritas, siempre puede establecerse una distinción entre la norma constitucional y legislación ordinaria; y luego, entre la legislación y las normas dictadas en ejecución de la misma; pudiendo decirse que las normas que integran el ordenamiento jurídico siempre se organizan deliberada o espontáneamente en forma jerárquica, de manera que existen normas en un nivel superior que siempre prevalecen sobre otras normas de nivel inferior. Se trata del principio de la formación del derecho por grados, derivado de las ideas de Hans Kelsen sobre los sistemas jurídicos como una jerarquía de normas, lo cual permite determinar la relación jerárquica que existe entre el conjunto normas o de reglas de derecho que forman el ordenamiento.

Ello implica que en el análisis global del ordenamiento jurídico, se puede establecer una distinción entre aquéllos actos de Estado que se dictan en ejecución directa e inmediata de la Constitución, es decir, que son dictados directamente en ejercicio de poderes constitucionales, y aquéllos cuya ejecución no está directamente relacionada con la Constitución y que se dictan en ejercicio directo de poderes establecidos en normas de derecho inferiores a la Constitución. Estos son actos de ejecución directa e inmediata de la legislación y de ejecución indirecta y mediata de la Constitución. Los primeros, es decir, los actos realizadas en ejecución directa e inmediata de la Constitución, precisamente por ello, sólo están y pueden estar sometidas a lo que dispone el texto fundamental, no teniendo competencia el Legislador para regularlas mediante leyes; los segundos, en cambio, son actos realizados en ejecución directa e inmediata de la legislación e indirecta y mediata de la Constitución, las cuales, precisamente por ello, además de estar sometidas al texto fundamental (como toda actividad estatal), están sometidas a las regulaciones establecidas, además de en la Constitución, en las leyes y en las otras fuentes del derecho.

Los primeros por otra parte, dada la ejecución directa e inmediata de la Constitución, sólo están sometidos al control de constitucionalidad a cargo de la Jurisdicción Constitucional que corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo (Arts. 334, 336,2 y 4); los segundos, en cambio, están sometidos al control de constitucionalidad y de legalidad que corresponden a las otras Jurisdicciones del Poder Judicial, tanto a las ordinarias, como sucede con las apelaciones y la Casación en lo que concierne a la actividad judicial; como a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y a la Jurisdicción Contencioso-Electoral (Arts. 259, 297) cuando se trata de actividades administrativas.

Las actividades administrativas, por tanto y por esencia, constituyen actividades estatales que se realizan siempre en ejecución directa e inmediata de la legislación y por tanto, en ejecución indirecta y mediata de la Constitución; y precisamente por ello se dice que esencialmente son de carácter sublegal, pues están sometidos no sólo a la Constitución sino a la ley, y por eso es que su control corresponde a la Jurisdicción contencioso administrativa y en su caso, a la Jurisdicción contencioso electoral.

De lo anterior resulta, que toda actividad administrativa es, ante todo, desde el punto de vista formal, una actividad que siempre es de carácter sublegal, es decir, de ejecución directa e inmediata de la legislación (así las leyes reglamentarias correspondientes no se hayan dictado) y de ejecución indirecta y mediata de la Constitución. Por supuesto, también las actividades judiciales son siempre de carácter sublegal, siendo la diferencia entre una y otra de carácter orgánico, en el sentido que las actividades judiciales siempre las realizan órganos autónomos e independientes en ejecución de la función jurisdiccional, como lo son los órganos que ejercen el Poder Judicial.

En cuanto a los actos de gobierno, son dictados por el Presidente de la República en ejercicio sólo de atribuciones constitucionales, razón por la cual no pueden estar regulados o limitados por la Asamblea Nacional mediante leyes. Tienen el mismo rango que la ley, y por ello, el control judicial sobre ellos es un control de constitucionalidad.

De lo anterior resulta, por tanto, que lo que constituyen las normas de derecho en relación con cada órgano del Estado, varía y tiene un ámbito diferente dependiendo de la posición que tiene cada norma o acto del Estado en el sistema jurídico jerarquizado. Por ello, para el Legislador, legalidad quiere decir constitucionalidad o sumisión a la Constitución, igual que para el Jefe de Estado con respecto a los actos de gobierno. En ambos casos, dichos actos se adoptan en ejecución directa e inmediata de la Constitución, sin la interferencia de actos del Parlamento, en forma tal que sólo están subordinados a la Constitución y no puede en general haber ley alguna que los condicione, dando origen al control judicial de la constitucionalidad de los actos estatales (Jurisdicción constitucional) ”La Justicia Constitucion Además de los actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, en los sistemas legales graduados que han dado origen a los sistemas de control judicial o jurisdiccional de la constitucionalidad, es evidente que el principio de legalidad, por su ámbito, desempeña un papel mucho más importante en el segundo nivel de ejecución del ordenamiento jurídico, es decir, en aquellos actos del Estado dictados en ejecución directa e inmediata de la legislación, o en ejecución indirecta y mediata de la Constitución. Aquí, el principio de legalidad se ha desarrollado en el pleno sentido de la palabra, particularmente con referencia a la Administración Pública, dando origen al control judicial o jurisdiccional de la legalidad de los actos administrativos (Jurisdicción contencioso administrativa)8, y por consiguiente, al derecho administrativo.

En consecuencia, en un Estado de derecho, el grado de sumisión de la Administración Pública al principio de la legalidad, es de mayor ámbito que el de la sumisión a las normas de derecho por parte de los órganos constitucionales del Estado. La Asamblea o el Parlamento están sometidos a la Constitución e, incluso, el Jefe de Estado o de Gobierno, cuando dicta actos de gobierno sólo está sometido en general, a la Constitución; mientras que los órganos y las autoridades administrativas están envueltos en un área de legalidad de mayor ámbito puesto que están sometidos a la “legislación”, la cual ejecutan. Esta es la razón por la cual, en este campo, el principio de legalidad tomó el significado que normalmente tiene en relación a la actividad administrativa del Estado contemporáneo.

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TSJ-LOGO

Sentencia Nº 248 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº CC14-297 de fecha 01/08/2014. Materia: Violencia contra la mujer, Tema: Competencia; Asunto: Calificación del delito – Determinación de la competencia – La igualdad de género es un derecho humano y un acto de justicia.

…en los casos de violencia de género prevalece el dolo en la acción del sujeto activo del delito y las circunstancias que rodearon al hecho, que deberán ser consideradas (escrupulosamente) y analizadas en cada causa en particular, lo que en definitiva conllevará a la calificación del delito y por lo tanto a la determinación de la competencia. Resultando imprescindible que los jueces y juezas llamados a decidir tengan conciencia de género y comprensión de los grados y modos de discriminación de las mujeres, reconociendo que la igualdad de género es un derecho humano y un acto de justicia.

http://www.tsj.gov.ve/jurisprudencia/consulta.asp?sala=003&ano_actual=2014&dia=01/08/2014

Existen dos tendencias de las política criminal con respecto a la criminalidad: la primera, la reintegración social del autor, y segundo, hacerle frente mediante la firmeza y la disuasión, que es la que está en boga. Gran parte de la política criminal en si misma, al ser parte de la política en general, es usada para dar mas popularidad a los políticos, los cuales no tienen la menor idea de lo que realmente ocurre con el problema de la criminalidad. Así se vé como éstos políticos han desordenado el sistema Penal, al imponer sus puntos de vista con respecto a la aplicación siniestra de la pena privativa de libertad. Desde el punto de vista de Roxin, solo se debe aplicar la pena privativa de libartad a casos realmente graves como lo son los delitos capitales, y no se debería aplicar a dicha a delitos menores, porque:

  • las penas no son medio adecuados para luchas contra la criminalidad: primero, porque el delito siempre va a estar presente en la sociedad, debido a que al ser la sociedad tan múltiple en sus facetas, van a existir individuos que no van a estar preparados mental ni emocionalmente para la vida, donde encontrarán al delito como una salida de su situación desesperante; o personas que al no querer perder su riqueza, encontrarán en delitos macro (desfalcos o delitos económicos) también una salida, como también existirán las relaciones familiares desavenidas o por último la miseria del mundo que provocará delitos patrimoniales o los clásicos delitos contra la propiedad.

 Por ello, al ser los delitos de diferente índole, deben ser éstos juzgados de diferente manera, pero juzgados, de manera que las personas no tomen a la justicia por sus propias manos y así evitar la anarquía.

  • Las penas privativas de libertad son además un medio particularmente problemático en la lucha contra la criminalidad, puesto que más que soluciones a dicho problemas, ofrece contradicciones. ¿cómo se puede educar a alguien alejándolo de la sociedad o dándole condiciones de vida distintas a las que solía tener, alejándolo de su núcleo familiar y de amistad, reuniéndose con potenciales delincuentes al internarlos un centro de reclusión y con una calidad de vida infrahumana?
  • la prevención es más efectiva que la pena, y no una prevención desde la cárcel, sino mas bien una prevención predelictual que implica medios de política social (dar condiciones de vida necesarios), policíacos (un control policial en la calle mas que en una oficina, donde la policía debería ser más un medio de servicio que ofrezca al pueblo protección y ayuda), legislativos (regulación jurídica) y técnicos (fortaleciendo a la seguridad individual y garantizando la paz social).
  • el sistema de reacción penal se debe ampliar y, sobre todo, complementarlo con sanciones penales similares de carácter social constructivo, así tendríamos a las multas (las cuales no son exactamente la opción), y alguna alternativas a la prisión de libertad, considerando a ésta última la “ultima rattio”  del derecho penal, por ejemplo: el arresto domiciliario, prohibición de conducir, medidas sociales constructivas (terapia para los delincuentes con trastornos de personalidad; multa o pena privativa de libertad hasta determinado nivel para delitos menores; la indemnización a la víctima por parte del autor; o la eliminación o determinación de prestación de servicios para delitos que solo hayan hecho una leve perturbación social)

Con lo ya mencionado, y viendo el abanico de posibilidades de sanción, es más eficaz una lucha contra la delincuencia que endureciendo las penas.

Coincido con Roxin,  no es posible que los políticos para hacerse populares criminalizen todo lo que consideren que les dará más votos, por ende al tener a la pena de privación de libertad como última rattio, estaríamos apaciguando el problema causado por los discurso político-criminales de las manos negras la interior del sistema estatal.

1.- El art. 1134, clasifica los contratos en primer término, en contratos unilaterales y contratos bilaterales, un contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga y es bilateral cuando se obligan ambas partes recíprocamente.

Toda obligación requiere de tres elementos: sujetos, el objeto y el vínculo.

La fuente primordial generadora de obligaciones es el contrato, y tiene que tener los elementos esenciales para que se genere la obligación, todo contrato debe tener unos sujetos que son los elementos subjetivos de la relación, un objeto y un vínculo, es decir, lo que une el patrimonio del deudor con el patrimonio del acreedor.

Para que exista un contrato, debe haber tres elementos esenciales

a.- El consentimiento de ambas partes.

b.- El objeto: que es el contenido de la obligación.

c.- La causa: Que es lazo o atadura que une el patrimonio del deudor con el patrimonio del acreedor.

Si decimos que un contrato es unilateral quiere decir que está conformado por dos sujetos pero solo uno de ellos es obliga y es bilateral cuando ambas partes se obligan recíprocamente.

Lo importante de esta clasificación viene dado en la llamada teoría de los contratos bilaterales, la teoría de los contratos está conformada por tres figuras, la llamada acción resolutoria, la excepción no cumplida y la llamada teoría de los riesgos contractuales de acuerdo a sus efectos.

Si no se cumple la obligación tal y como fue contraída, existe un incumplimiento culposo y la obligación es de ambas partes contratantes, la parte que cumplió con la obligación tiene a su elección dos opciones, la acción de cumplimiento o intentar la acción resolutoria, es decir volver a la situación pre contractual ante el incumplimiento culposo de una de las partes, porque puede suceder que haya un incumplimiento que no sea imputable a la parte deudora, porque no puede cumplir, ya que pueden existir circunstancias que le impidan el cumplimiento de la obligación, el deudor quedará exonerado del cumplimiento de la obligación si prueba que dicho retardo se debe a una causa extraña no imputable.

Si el cumplimiento es no culposo aplicaremos en todo caso la teoría de los riesgos contractuales, es decir, quien corre con la carga de los riesgos ante el incumplimiento por parte del deudor.

2.- Contratos unilaterales y bilaterales:

2.1.- Unilaterales:

2.1.1.- Comodato:

(Comodante, acreedor porque tiene la acción que tiene la ley para poder exigirle a la otra parte la devolución de la cosa, es decir que cumpla con la obligación, devolver la cosa y el comodatario es el deudor), es un préstamo de uso, con la obligación de devolverlo, el comodatario se obliga con el comodante a devolver la cosa una vez concluya el tiempo establecido en el contrato, es unilateral, porque el comodante no está obligado a prestar la cosa, es gratuito. El contrato de comodato por esa previa entrega transforma el contrato de comodato en real que es aquel que se perfecciona con la previa entrega de la cosa, la única obligación es la del comodatario es de devolver la cosa.

2.1.2.- Depósito:

(Depositante, acreedor y depositario, deudor), se entrega para que le depositario cuide la cosa, no la puede usar y está obligado a devolverla cuando el depositante la solicite, solamente la obligación es para el depositario, no la puede usar ni con el consentimiento del depositante, porque se transformará la naturaleza del contrato, entonces sería de comodato o un mutuo.

2.1.3.- Mutuo:

(Mutuante, acreedor y mutuario, deudor), préstamo de consumo, se hace sobre cosas consumibles, el mutuario se transforma en propietario de la cosa pero está en la obligación de devolver otra cosa de igual calidad o cantidad.

2.1.4.- Prenda:

(Acreedor, prendario y deudor), (el que tiene la cosa y está obligado a devolverla) y deudor prendario (acreedor), se entrega la cosa, pero una vez que le propietario cumpla con la obligación, el acreedor prendario debe devolver la cosa objeto de garantía, por eso es unilateral, solo se obliga el acreedor pignoraticio o precario (que posee en nombre de otro).

2.1.5.- Donación:

Se procura algo a otra persona sin recibir nada a cambio, es un contrato gratuito que genera obligación en la persona del donante pero no es su característica primordial, se habla de una liberalidad de una persona a favor de otra que produce un empobrecimiento del patrimonio de la persona que regala porque no está recibiendo nada a cambio, se puede colocar como unilateral, el donante provee un beneficio para el donatario sin recibir nada a cambio, Es un contrato formal.

2.2.- Bilaterales:

2.2.1.- Hipoteca.

(Accesorio, sigue la suerte del principal), bilateral, no se entrega el inmueble, es una obligación accesoria de la obligación principal, que es bilateral ya que una parte está obligada a pagar y la otra cuando se le cumple con la obligación se libera la hipoteca.

2.2.2.- Mandato:

Es oneroso, no puede ser un contrato unilateral, el mandato y los poderes que una persona le otorga a un abogado para que lo represente es lo mismo, el mandato es bilateral.

 Acreedor (mutuante, comodante, deudor prendario, depositante), tiene la acción que le da la ley para reclamar y exigir el cumplimiento de la obligación por parte del deudor.

Contratos bilaterales:

Aquel donde las obligaciones son recíprocas. El acreedor no puede intentar la acción resolutoria, se intenta la llamada acción de cumplimiento, porque resolver un contrato significa volver a la situación precontractual, existe cumplimiento en especie y por equivalente.

Si el contrato es unilateral la acción es la acción de cumplimiento.

En los contratos bilaterales se da la llamada excepción de contratos no cumplidos, se vende algo pero ni se entrega la cosa ni se paga el precio, el que va a comprar demanda el cumplimiento, a lo que el demandado en la contestación excepciona el cumplimiento porque la otra parte tampoco ha cumplido la obligación (cumple tu para cumplir yo), pero si no es recíproca no se puede intentar esta acción.

Teoría de los riesgos contractuales:

Puede ser que se haya incumplido culposamente la obligación puede ser que no se cumpla por una causa extraña no imputable al deudor, esta teoría estudia corre con los riesgo del contrato. Lo que es destrucción o deterioro del contrato por una causa extraña no imputable a los obligados, si el contrato es unilateral, es decir, una sola parte obliga y la parte obligada no cumple porque no ha podido cumplir, corre con la carga de los riesgo el acreedor porque ya no puede exigir la devolución de la cosa porque se destruyó por una causa extraña no imputable al deudor.

En el mutuo no hay riesgos porque son cosas genéricas y pueden ser sustituidas por igual calidad y cantidad.

En el depósito corre con la carga de los riesgos el depositante, en la prenda corre con la carga de los riesgos el deudor prendario.

Cuando el contrato es bilateral (art. 1161), corre con la carga de los riesgos el propietario cuando es un contrato traslativo de propiedad; en los contratos bilaterales no traslativos de la propiedad, ambas partes corren con la carga de los riesgos porque ambos son acreedores y deudores recíprocamente.

3.- Onerosos y Gratuitos:

Art. 1135, clasificación de los contratos en oneroso, una de las partes trata de procurarse a una ventaja mediante un equivalente y es gratuito cuando la parte trata de procurar una ventaja a la otra sin equivalente.

En el pago de lo indebido, si se regala ese pago, los efectos serán distintos si se vende, (art. 1182), si se vende está obligado a restituir el equivalente por el pago, y le regrese la acción para recuperar la cosa, si actúa de buena fe, si regala, el tercer adquiriente queda obligado dentro del límite de su enriquecimiento con el que dio el pago de lo indebido, el segundo queda por fuera. Si la enajena después de haber tenido conocimiento de su obligación de restituir (mala fe), queda obligado a restituir la cosa en especie, es decir la misma cosa, debe devolver la misma cosa, más los daños y perjuicios por haber actuado de mala fe o su equivalente con la tasa actual, salvo para que haya pagado indebidamente tiene el poder de decidir si quiere el dinero o la cosa, o puede ejercer la acción contra el adquiriente.

En materia de tributo, cuando se regala una cosa se paga un tributo mayor que si se compra.

4.- Aleatorios y conmutativos:

Art. 1136, el contrato es aleatorio cuando para ambos o para uno de ellos la ventaja depende de un hecho, las prestaciones son equilibradas, en un contrato de seguro se paga y si no ocurre ningún riesgo la otra parte no va a estar obligada, si ocurre un riesgo la contraprestación es mayor a la cuota que se paga, la ventaja depende de un hecho casual.

Uno de los signos más característicos del derecho administrativo en el mundo contemporáneo, es el de su progresiva constitucionalización y, a la vez, del derecho constitucional, el que las Constituciones hayan superado su tradicional contenido orgánico/ dogmático relativo a la organización básica del Estado y al régimen de los derechos y garantías constitucionales, y cada vez con mayor frecuencia hayan incorporado a su normativa, los principios básicos de la organización y funcionamiento de la Administración Pública y de la actividad administrativa del Estado.

Por ello, con razón, en el derecho público contemporáneo se puede hablar de la existencia de un marco constitucional del derecho administrativo, el cual, por ejemplo, en el derecho venezolano se conforma por los siguientes principios fundamentales insertos en la Constitución de 1999:

  • En primer lugar, el principio de la legalidad, que en particular, se fundamenta en la supremacía constitucional, y los principios de la formación del derecho por grados y la sumisión de la Administración Pública al ordenamiento jurídico;
  • En segundo lugar, los principios relativos a la organización del Estado, a la distribución vertical del Poder Público y los que rigen las personas jurídicas estatales;
  • En tercer lugar, los principios de la separación orgánica (horizontal) del Poder Público y el carácter ínter-orgánico de la Administración Pública;
  • En cuarto lugar, los principios relativos a las funciones del Estado, a su ejercicio inter-orgánico y a la función administrativa;
  • En quinto lugar, los principios relativos al carácter inter-funcional de los actos estatales, y a los actos administrativos;
  • En sexto lugar, el principio del control de la Administración Pública y la responsabilidad administrativa.
  • El marco constitucional del derecho administrativo está conformado por dichos principios, que analizamos a continuación.

Allan R. Brewer-Carías, Principios fundamentales del Derecho público, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2005; Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia, Universidad Central de Venezuela, Tomo I, Bogotá, 2006.

TSJ-LOGO

 

Sentencia Nº 213 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C13-13 de fecha 02/07/2014. Materia: Derecho Procesal Penal, Tema: Pruebas; Asunto: Pruebas – Elemento principal de toda sentencia.

La prueba es el elemento principal de toda sentencia, en virtud que sobre éstas, es que el Juez emitirá el pronunciamiento respectivo. Por muy insignificante que sea una de ellas, se deben ponderar, ya para desecharlas por no guardar relación con el asunto a dilucidar, o acogerlas, por ser útiles, pertinentes y necesarias en el proceso penal.

Asunto: El silencio de prueba constituye un vicio de inmotivación.

El silencio de prueba constituye un vicio de inmotivación y se da cuando el Juez omite las consideraciones sobre un elemento probatorio existente en autos, cuando lo silencie totalmente, o cuando existiendo en autos la prueba y dejando constancia en ella, no la analiza. La ley impone al Juez el análisis de todas las pruebas, aún siendo estas improcedentes o impertinentes.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/julio/166685-213-2714-2014-C13-13.HTML

Sentencia Nº 215 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C14-27 de fecha 02/07/2014. Materia: Derecho Procesal Penal, Tema: Inmotivación; Asunto: Inmotivación.

…el vicio de inmotivación no puede servir para que la Sala de Casación Penal admita cualquier planteamiento no fundado o referido de manera escueta, salvo que de la denuncia se lograse desprender el vicio que se pretende denunciar. Por ello, siempre que se denuncie la inmotivación, el recurrente deberá especificar en qué consistió el vicio para que la Sala pueda llegar a considerar la posibilidad de revisar el fallo recurrido y lo denunciado en casación.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/julio/166687-215-2714-2014-C14-27.HTML

Sentencia Nº 220 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C12-346 de fecha 03/07/2014. Materia: Derecho Procesal Penal, Tema: Motivación; Asunto: Motivación de las sentencias

…la motivación de las sentencias debe ser suficiente y completa, sin que ello obligue a que la misma sea excesiva ni extensa.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/julio/166692-220-3714-2014-C12-346.HTML

Sentencia Nº 230 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº E14-197 de fecha 10/07/2014. Materia: Derecho Procesal Penal, Tema: Proceso Penal; Asunto: El proceso penal es de carácter y orden público – Tanto el proceso como el procedimiento no pueden ser anárquicos, sin reglas, garantías, ni seguridad.

…el proceso penal es de carácter y orden público, por tanto los actos y lapsos procesales previstos en él, se encuentran predeterminados en su cuerpo normativo como fórmula adecuada para la tramitación y solución de los conflictos penales. En razón de ello, el establecimiento de estas formas y requisitos, que afectan el orden público, son de obligatoria observancia, pues sirven de garantía a los derechos que el orden jurídico venezolano otorga a los justiciables. De ahí la existencia de lapsos procesales que crean certeza y seguridad jurídica para todos los que acudan a los órganos de administración de justicia, haciendo posible conocer con exactitud los actos que éstos deben realizar, pues tanto el proceso como el procedimiento no pueden ser anárquicos, sin reglas, garantías, ni seguridad.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/julio/166848-230-10714-2014-E14-197.HTML

Sentencia Nº 231 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C14-93 de fecha 10/07/2014. Materia: Derecho Procesal Penal, Tema: Recurso de Casación; Asunto: No se puede por vía del recurso de casación procurar que se analicen y valoren pruebas tendientes a demostrar o no la responsabilidad penal del acusado.

…la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha sido constante al expresar que los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación procurar que se analicen argumentos referidos al análisis y valoración de las pruebas, tendientes a demostrar o no la responsabilidad penal del acusado en los hechos objeto del proceso.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/julio/166850-231-10714-2014-C14-93.HTML

Sentencia Nº 240 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C13-383 de fecha 22/07/2014. Materia: Derecho Procesal Penal, Tema: Motivación; Asunto: Motivación de la sentencia.

…la Sala de Casación Penal de manera reiterada ha sostenido que toda sentencia, debe estar suficientemente motivada, requisito esencial que atiende a la garantía constitucional relativa a la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho que tienen todas las personas, a obtener por parte de los Tribunales de la República, una decisión lógica, coherente, que no sea contradictoria ni errática en los planteamientos expuestos al momento de la valoración y que exprese un oportuno pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones de las partes.

Asunto: Inmotivación de la sentencia – Formas de manifestación

La inmotivación de la sentencia, encuentra variadas formas de manifestación, y así tenemos que el Código Orgánico Procesal Penal señala, primero, la falta de motivación, que se materializa básicamente ante la falta absoluta o parcial de la motivación; segundo, la ilogicidad manifiesta; y tercero, la contradicción.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/julio/167286-240-22714-2014-C13-383.HTML

Sentencia Nº 244 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº A14-163 de fecha 29/07/2014. Materia: Derecho Procesal Penal, Tema: Avocamiento; Asunto: Avocamiento.

Es importante destacar que la potestad que otorga la ley para ejercer la pretensión mediante la institución del avocamiento, no puede ser entendida como un mecanismo ordinario de revisión de procesos o sentencias, pues debido a su prudencia y excepcionalidad, no constituye un remedio procesal ante cualquier acto o decisión que fuere adversa a las partes, mucho menos, si tales situaciones pueden ser impugnadas a través del trámite de incidencia o con los recursos ordinarios que establece el Código Orgánico Procesal Penal…

Asunto: Obligación de las partes de agotar todos los recursos procesales existentes antes de interponer el avocamiento.

…el avocamiento procede cuando no exista otro medio procesal idóneo y eficaz, capaz de restablecer la situación jurídica infringida y que no pueda ser reparada mediante el planteamiento de una incidencia o de un recurso ante cualquier instancia competente, por lo que las partes están obligadas a agotar todos los recursos procesales existentes…http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/julio/167612-244-29714-2014-A14-163.HTML

La labor de la  dogmática consiste en determinar el alcance del injusto, del reproche, de la punibilidad y de la penalidad, en forma cierta, insertando esta determinación en un sistema interpretativo lógicamente completo, que haga previsibles las soluciones para los casos particulares. La decisión política es la carga genética que lleva la norma y que como tal, sirve para el esclarecimiento del sentido y del alcance de la misma. Este esclarecimiento debe completarse mediante la armonización con las restantes normas del orden normativo.

La dogmática penal no es, pues, un compartimento estanco respecto de la política penal. La circunstancia de que la reserva legal, impuesta por la función de provisión de seguridad jurídica, corte el cordón umbilical entre la decisión política y la ley penal, no implica en modo alguno que la dogmática penal, al construir el sistema de comprensión de la ley, pierda de vista todo contacto con la decisión política que la genera. Por el contrario: ambas ejercen influencias recíprocas. La política penal se proyecta hacia la dogmática y la dogmática también hacia la política penal.

Las relaciones entre política penal y dogmática han llamado poderosamente la atención de los investigadores dedos últimos años, particularmente en Alemania, frente a la aceleración del largo trámite de elaboración legislativa.

Entre otros trabajos es importante al respecto el de Hassemer, quien sintetiza el ámbito de estas relaciones de la siguiente manera: “La política penal operacionaliza las metas del sistema del derecho penal adelantado en preceptos legales penales. Estos preceptos imponen relevancia. Ella define las conductas que producen conflictos jurídico-penalmente relevantes y definen la clase y límites de la reacción jurídico-penal.  En eso se agota el poder de definición de la política criminal en dirección a la dogmática jurídico penal”.

“La dogmática jurídico-penal operacionaliza las determinaciones de relevancia de la política criminal. Ejerce a este respecto el poder de definición. Los institutos dogmático-penales definen el ámbito de las previas determinaciones de relevancia político-criminales. Elabora continuamente reglas de lenguaje aplicables a la decisión de casos con la delimitación de la conducta y de la reacción jurídico-penal, conforme a la ley penal. Allí se agota el poder de definición de la dogmática jurídico-penal en la dirección de la política criminal”[1]

La dogmática penal se proyecta hacia la política penal por las siguientes vías:

  •  La construcción dogmática exhibe las deficiencias del texto que interpreta y, de este modo, por efecto tangencial, se proyecta hacia la política penal, facilitándole la decisión política, obligándola a que exprese sus decisiones con mayor perfecci6n y coherencia. La dogmática jurídico-penal le ofrece a la política penal posibilidades de soluciones sistematizadas para la elaboración de los objetivos político-penales, al tiempo que la política penal m puede omitir la clara consciencia de que sus objetivos Únicamente pueden realizarse mediante categorías dogmáticas.
  • El sistema de comprensión elaborado por la ciencia jurídico – penal puede provocar una crisis de los límites del horizonte de proyección de ésta. De esta manera puede hacer que lo que antes era una condición de eficacia del derecho penal pase a ser una condición de existencia del mismo, que la política penal debe reconocer como tal.

La política penal se proyecta, por su parte, hacia la dogmática penal, en los siguientes momentos principales:

  • Ayuda a comprender el alcance teleológico de la norma, sin perjuicio de que el dogmático deba apartarse del alcance que le indica la decisión política cuando no haya correlación teleológica entre el lenguaje y la decisión que lo funda (en tal caso estará al lenguaje si éste no tolera otro sentido, salvo que medie una contradicción normativa irreductible en que el principio republicano imponga otra solución y siempre que la solución sea menos gravosa) ; también se apartará de la decisión política cuando la misma, sea incompatible con otras normas del ordenamiento en que se halla inserta (en cuyo caso deberá entenderla en el sentido que resulte compatible con las otras normas)
  • Posibilita la adecuación de la interpretación de la norma conforme a su sentido teleológico y adaptado de las variables impuestas por la dinámica social, en que lógicamente, tendrá por límite el alcance del lenguaje, particularmente cuando el exceso resulte más gravoso.

[1] Stafrechtsdogmatik and Kriminalpolitik (HASSEMER, 1974, pág. 194).


Zaffaroni. Eugenio. Tratado De Derecho Penal Tomo I Págs.  156-158

Porque se denomina Clasificación doctrinaria:

Esta clasificación no la establece el código civil, la establecen los estudiosos del Derecho de acuerdo a las características de los distintos contratos.

Contratos aleatorios: se trata cuando la ventaja de ambos depende de un hecho casual, caso tal el de los seguros que pueden que se beneficien sin hacer nada, siempre que el objeto asegurado no sufra una siniestralidad, y si ocurre será ventajoso para el asegurado, todo depende del hecho casual de siniestralidad.

Consensúales: se perfecciona con el consentimiento legítimamente manifestado por las partes contratantes (a cuerdo de precio y cosa).

Reales: aquellos contratos que además del consentimiento se requiere de la previa entrega de la cosa, por ello el Mutuo, Comodato, Depósito y Prenda, son unilaterales, pues solo se obliga una sola parte, pero se perfecciona a partir de la entrega de la cosa por ello es real.

 Formal: a parte del consentimiento, se requiere del cumplimiento de formalidades para perfeccionar el contrato.

Cuando yo compro un inmueble pero no lo registro, ciertamente que se transmite el derecho de propiedad, lo que pasa que no es oponible frente a terceros, en conclusión la publicidad registral es una formalidad no para la existencia del contrato sino para su comprobación, caso distinto a la donación, la hipoteca, que requiere una formalidad ab sustancia, y de no formalizarse no hay contrato; por ejemplo la hipoteca como se da en bienes inmuebles, la persona del acreedor no recibe la posesión de la cosa, por ello la necesidad de la formalidad registral.

Contratos de cumplimiento instantáneo y de tracto sucesivo: Ejemplo: Compra – Venta, si es una sola parte, es decir, dando y dando, se considera de cumplimiento instantáneo. Si es en dos partes se considera de tracto sucesivo, como también lo es el contrato de arrendamiento.

Contratos paritarios: cuando cada cual busca sus ventajas producto del equivalente que va a recibir la otra parte.

Contratos de adhesión: cuando una de las partes no tiene opción de escogencia, pues que no hay otro que preste el servicio, de manera que requiere de estar prerredactado y prestar un servicio público monopólico.

Por ello hay muchos que alegan que los contratos de letras pequeñas vistos en los tickets de estacionamiento y tintorerías donde no se responsabilizan por daños,  no constituyen ningún contrato de adhesión pues a pesar de estar prerredactado no cuentan con el carácter público monopólico, ya que existen muchos estacionamientos y tintorerías, caso distinto sería la electricidad de Caracas o Hidrocapital que prestan servicios únicos sin otra competencia, igual que una vez lo fue la CANTV, pero hoy con las distintas empresas de la telefonía ya no tiene carácter monopólico.

Contratos principales: se refiere al contrato único o bien sobre el cual existe una garantía en caso de incumplimiento.

Contratos accesorios: sirve de garantía a uno principal y tiene el carácter de seguir la suerte del contrato principal, pues si este es nulo, nulo también será el accesorio.

Contratos nominados e innominados:

Contratos nominados: dispuestos por la ley en el Código Civil.

Contratos innominados: nacen por el intelecto que surge en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes.

Contratos preparatorios a ante contratos: sirven como proyectos de contratos y carecen del carácter coercitivo u obligatorio; por ejemplo, los que van estudiando las personas que se reúnen a los fines de constituir una persona jurídica.

Contratos definitivos: se refieren a los que definitivamente convienen las partes a contratar. Ciertamente la clasificación doctrinaria de los contratos emana de los estudios de los juristas según las características, pero pueden estar doctrinariamente clasificados e igualmente van a coincidir con una o varias clasificaciones legales.

En los contratos conmutativos, es posible que yo por una urgencia necesite desesperadamente dinero, situación esta que es aprovechada por alguien y me compra muy por debajo del precio comercial, yo luego podría solicitar la nulidad del contrato y regresar a los hechos precontractuales, afianzándome en la teoría de la lesión patrimonial pues alguien se ha beneficiado perjudicando a la otra parte.

Así también tenemos contratos anticipados, donde por ejemplo yo compro un producto derivado del petróleo a un precio fijado, pero si ocurriese una guerra que afecten generalmente los precios del petróleo, entonces la otra parte puede alegar que ciertamente puede seguir suministrándome el producto pero no al precio convenido en el contrato, pues estaría ocurriendo un desequilibrio patrimonial por una causa imprevista, esto es posible por la llamada teoría de la imprevisión (desequilibrio patrimonial por hechos no previstos).

Esto puede ocurrir en contratos conmutativos y de tracto sucesivo.

 

 

 

Particularidades.

Prenda: accesorio a una obligación principal, constituye un derecho real limitado de garantía sobre cosas muebles, y una vez cumplida la obligación a la cual está garantizando, queda como único obligado el acreedor prendario para devolver la cosa, por ello es unilateral.

 

Hipoteca: accesoria a una obligación principal, constituye u n derecho real limitado de garantía, se constituye sobre cosas inmuebles, donde en caso de incumplimiento de la obligación principal será garantía ejecutada, por ello como la persona nunca se despojó de la posesión, al cumplirse la obligación principal sigue la suerte de esta y se termina, por lo que nunca se observa la figura de un único obligado, por lo que sigue la suerte del principal y se consolida como bilateral.

 

Al yo garantizar una obligación con un brillante, pero no lo coloco en posesión de acreedor, no perfecciono el contrato de prenda, de manera que no hay garantía alguna sobre la obligación, distinto a la hipoteca donde nunca pierdo la posesión pues se constituye sobre un bien inmueble, por lo que solo se colocará una nota marginal en el título de propiedad que hará constar que ese bien está garantizando una obligación.

 

Es posible que yo compre un apartamento a crédito y coloque el mismo apartamento  como garantía, si se destruye ese apartamento, yo debo seguir pagándolo, pues una cosa es el préstamo y otra distinta es la garantía, tanto que el banco me puede pedir otra garantía por el préstamo otorgado y yo deudor debo obligatoriamente dar otra garantía.