TSJ-LOGO

Sentencia N° 291. Fecha 06/08/2013

Sentencia de la Sala de Casación Penal bajo la Ponencia del Magistrado Doctor Paúl José Aponte Rueda, donde se establece que para el juzgamiento del delito de violencia sexual, previsto en el artículo 43 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, las juezas y jueces de la República Bolivariana de Venezuela deben apreciar en juicio la certeza que ofrece la prueba de ADN, con la finalidad de que su valoración motivada evite la impunidad; ello por cuanto dicha prueba aporta suficientes indicios para la identificación del autor o autores del hecho punible; considerando además que a los delitos de violencia de género subyace el interés público, ya que dichas conductas punibles atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Agosto/291-6813-2013-C12-208.HTML

Sentencia N° 255. Fecha 11/07/2012

Sentencia de la Sala de Casación Penal, con ponencia del Magistrado Paúl José Aponte Rueda, mediante la cual 1) ANULÓ DE OFICIO, la sentencia dictada el 18 de abril de 2011, por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, conforme a lo dispuesto en los artículos 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal; luego de considerar que los vicios observados en la señalada decisión, constituyeron circunstancias que afectan los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de violencia. 2) ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Ejecución del mismo Circuito Judicial Penal para que conozca de la ejecución de la sentencia y ordene la aprehensión del penado Diomar De La Cruz Linarez RODRÍGUEZ y 3) ORDENÓ remitir copia certificada de la presente decisión a la Fiscalía General de la República, Dirección de Protección Integral de la Familia, a los fines de que ejerza su competencia para solicitar la nulidad del acta matrimonial, la cual se presume viciada por cuanto no se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 59 del Código Civil. Tal decisión contó con el voto salvado de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Julio/255-11712-2012-C11-242.HTML

Sentencia N° 515. Fecha 06/12/2011

Sentencia de la Sala de Casación Penal con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Marmol de León mediante la cual se establece que corresponde a los tribunales especializados en materia de violencia de género cuando concurran víctimas de ambos sexos, es decir, niños, niñas y/o adolescentes masculinos o femeninas, donde se evidencia violencia del hombre mayor de edad en perjuicio de la mujer, independientemente de la edad de la víctima del sexo femenino y de que en la causa también existan víctimas menores de edad del sexo masculino, ello en consonancia con el artículo 5 de la Ley Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece la obligación del Estado de adoptar medidas administrativas, legislativas y judiciales que sean necesarias y apropiadas para asegurar el cumplimiento de esta ley y garantizar los Derechos Humanos de las mujeres víctimas de violencia.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Diciembre/515-61211-2011-CC11-374.HTML

Sentencia N° 216. Fecha 02/06/2011

Sentencia de la Sala de Casación Penal con ponencia de la Magistrada Ninoska Queipo Briceño mediante la cual se establece que la presentación tardía del escrito acusatorio, no comporta la inadmisibilidad de la misma, por extemporaneidad, pues ello no aparece dispuesto como consecuencia jurídica ni en la Ley Especial, ni en el Código Orgánico Procesal Penal. La presentación tardía del escrito acusatorio tampoco arrastra la caducidad de la acción penal, pues el único supuesto de caducidad, existe o tiene lugar, cuando ha transcurrido el lapso de prescripción especial, judicial o extraordinaria, que prevé la parte in fine del primer aparte del artículo 110 del Código Penal. En el supuesto de retraso en la presentación del escrito acusatorio, no puede dictarse el archivo judicial de las actuaciones, pues dicha figura está reservada únicamente para los casos de omisión fiscal. Sólo en aquellos supuestos en que se haya verificado la omisión fiscal, por el transcurso del lapso inicial (artículo 79), así como de la prórroga extraordinaria (artículo 103), debe decretarse el archivo judicial de las actuaciones, pues así está establecido expresamente.La falta de presentación oportuna del acto conclusivo, solamente incide en el decaimiento de la medida y el otorgamiento de la libertad sin restricciones al imputado (s) o la sustitución de ésta, por una medida cautelar sustitutiva o alguna de las medidas de protección y seguridad de las previstas en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando a los fines de garantizar las resultas del proceso así lo considere el respectivo Juez de Instancia.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Junio/216-2611-2011-10-272.HTML

Sentencia N° 220. Fecha 02/06/2011

Sentencia de la Sala de Casación Penal con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Marmol de León mediante la cual se efectúa un cambio de jurisprudencia a los fines de atribuir la competencia a los tribunales especializados en materia de violencia de género en aquellos casos donde se evidencie claramente la violencia de género; ello, a fin de salvaguardar la aplicación práctica y efectiva de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los derechos fundamentales que ésta desarrolla.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Junio/220-2611-2011-CC11-72.HTML

El derecho administrativo, como derecho que rige la organización y funcionamiento de la administración Pública, está condicionado por la concreta organización constitucional del Estado, pues de ella deriva que exista una Administración Pública, o múltiples Administraciones Pública, personificadas o no.

En Venezuela, por ello, otro principio que condiciona al derecho administrativo en la Constitución de 1999, es el principio de la distribución territorial del Poder Público, que deriva de la forma federal del Estado, y que encuentra su expresión formal en el artículo 4 de la Constitución que precisa que “La República Bolivariana de Venezuela es un Estado constitucional en la Nueva Constitución”  federal descentralizado en los términos consagrados por esta Constitución”; fórmula más o menos similar a la del artículo 2 de la Constitución de 1961 que decía que “La República de Venezuela es un Estado federal, en los términos consagrados por esta Constitución”.

A tal efecto, el artículo 136 de la Constitución de 1999, organiza al Estado con forma federal mediante un sistema de “división vertical” del Poder Público en tres niveles: Nacional, Estadal y Municipal, atribuyendo su ejercicio a diversos órganos y asignando competencias exclusivas en los tres niveles, además de las competencias concurrentes entre ellos. En todo caso, “los términos consagrados por la Constitución” (art. 4) relativos a la forma de Estado federal descentralizado, son la clave para determinar efectivamente el grado de descentralización del Estado y, por tanto, de la Federación. En la Constitución de 1999, en todo caso, y salvo en el nominalismo, no se avanzó mayormente en relación con lo que existía en el texto de 196111, habiéndose sólo constitucionalizado, en realidad, aspectos que  ya se habían establecido en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público de 1989, los cuales, además, ya tenía rango de ley constitucional en lo que se refería a la transferencia a los Estados de competencias del Poder Nacional.

La distribución territorial o vertical del poder, en todo caso, implica autonomía territorial, y sobre ello, la Constitución de 1999, dispone que los Estados son “entidades políticas autónomas en lo político” (art. 159); y que los Municipios gozan de “autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley” (art. 168). A tal efecto, la Constitución establece  los principios generales de la organización del Poder Público Estadal, conforme al principio de separación orgánica en dos Poderes: el Poder Legislativo, a cargo de los Consejos Legislativos Estadales cuyos miembros son electos por votación popular directa y secreta; y el Poder Ejecutivo, a cargo de los Gobernadores, cuya elección se estableció a partir de 1989 (Arts. 160; 162). Además en la Constitución se prevé un órgano del Poder  Público estadal con autonomía funcional, que es la Contraloría del Estado, la cual puede ser configurada como Poder Contralor (Art. 163).

En igual sentido, respecto de los Municipios también se establecen los principios generales de la organización del Poder Público Municipal, conforme al principio de separación orgánica en dos Poderes: el Poder Legislativo, a cargo de los Consejos Municipales cuyos miembros son electos por votación popular directa y secreta; y el Poder Ejecutivo, a cargo de los Alcaldes (art. 174), cuya elección se estableció a partir de 1989. Además en la Constitución se prevé un órgano del Poder Público municipal con autonomía funcional, que es la Contraloría municipal (art. 176). La consecuencia de lo anterior, es que en el ordenamiento constitucional venezolano, el principio de la distribución vertical del Poder Público conduce a la existencia de tres niveles autónomos de Administración Pública: la Administración Pública Nacional, la Administración Pública Estadal (Gobernaciones) y la Administración Pública Municipal (Alcaldías), cada una integrada en una persona jurídica estatal distinta: la República, los Estados y los Municipios, respectivamente.

En efecto, la consecuencia del principio de la distribución vertical del poder público es que el Estado esta conformado por diversas entidades político-territoriales que actualizan la personalidad jurídica del Estado. El Estado, por tanto, en el ámbito interno no es una persona jurídica, sino que esta conformado por un conjunto de personas jurídicas que son las personas jurídicas estatales.

En consecuencia, en Venezuela, tratándose de un Estado con forma federal, conforme al cual “el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estatal y el Poder Nacional” (Art. 136 de la Constitución), el “Estado” está básicamente conformado por un conjunto de personas jurídicas que conforman la organización política en el territorio como son la República, los estados y los municipios, y por otras personas jurídicas estatales producto de la descentralización política y funcional. El Estado, por tanto, se insiste, no es una persona jurídica en el ámbito interno; lo que existen son muchas personas jurídicas que actualizan su voluntad y que son las personas jurídicas estatales las cuales en definitiva, conforman el Estado. Estas personas jurídicas estatales, como sujetos de derecho cuyos órganos conforman la Administración Pública, son las que constituyen objeto de regulación por parte del derecho administrativo porque en definitiva, son las que establecen las relaciones jurídico-administrativas con los otros sujetos de derecho y los administrados.

Las personas jurídicas estatales, sin embargo, no tienen una sola forma jurídica, sino que pueden tener la forma jurídica de derecho público o la forma jurídica de derecho privado, según se constituyan mediante mecanismos de derecho público regulados en la propia Constitución o en las leyes o mediante los mecanismos regulados en el derecho privado, particularmente en el Código Civil. En el derecho público venezolano, por tanto, hay dos clasificaciones de las personas jurídicas: las personas estatales y no estatales, según su integración o no a la organización general del Estado o sector público; y las personas jurídicas de derecho público y de derecho privado, según la forma jurídica adoptada para su creación; clasificaciones que han sido acogidas por la Constitución de 1999.

En efecto, el artículo 145 de la Constitución, al establecer la inhabilitación de los funcionarios públicos para celebrar contratos con entes que conforman el sector público, se refiere a los municipios, los estados, la República “y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales”. De esta norma, lo que a los efectos de este principio interesa destacar en relación con los funcionarios de las personas jurídicas estatales y la celebración de contratos públicos, es la doble distinción señalada que en ella se establece respecto de las personas jurídicas: por una parte, entre las personas jurídicas de derecho público y las personas jurídicas de derecho privado; y por la otra, entre las personas jurídicas estatales y las personas jurídicas no estatales. La prohibición de contratar que se impone a los funcionarios públicos, por supuesto, es con las personas jurídicas estatales, cualquiera que sea la forma jurídica que tengan, de derecho público o de derecho privado. Estas dos clasificaciones o distinciones respecto de las personas jurídicas se recogen, además, en otras normas constitucionales: En cuanto a las personas jurídicas de derecho público y de derecho privado, en el artículo 322 de la Constitución, cuando al señalar que la seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, indica que aquélla se fundamenta en el desarrollo integral de la Nación y que su defensa es responsabilidad de los venezolanos y de las “personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado” que se encuentren en el espacio geográfico nacional. Por otra parte, en los artículos 159 y 168, en los cuales se determina expresamente la personalidad jurídica respecto de los estados y municipios como personas jurídicas de derecho público territoriales; en los artículos 142 y 189,1, en los cuales se regula a los institutos autónomos como personas jurídicas de derecho público institucionales; y el artículo 318, el cual califica expresamente al Banco Central de Venezuela como “persona jurídica de derecho público”.

En cuanto a la integración de las personas jurídicas a la organización general del Estado o al sector público, es decir, a las personas jurídicas estatales, el artículo 190, al regular las incompatibilidades de los diputados a la Asamblea Nacional, precisa, entre otros aspectos, dispone los mismos no pueden ser propietarios, administradores o directores de empresas “que contraten con personas jurídicas estatales”. Por otra parte, en el artículo 180, al regular la inmunidad tributaria de los entes o personas jurídicas político-territoriales (República, estados y municipios) entre sí, se señala que la inmunidad frente a la potestad impositiva de los municipios a favor de los demás entes político territoriales “se extiende sólo a las personas jurídicas estatales creadas por ellos”. Además, el artículo 289, al regular las atribuciones de la Contraloría General de la República, precisa la competencia de este órgano para realizar inspecciones y fiscalizaciones respecto de “las personas jurídicas del sector público”.

De toda esta normativa constitucional deriva, por tanto, como ya hemos señalado, que la expresión genérica de “Estado” comprende a todas las personas jurídicas que en el orden interno y en la organización política del Estado federal se consideran como parte del mismo conforme a los tres niveles de distribución territorial del Poder Público: nacional, estadal y municipal.

Se establecen así, en la Constitución, como hemos indicado, dos clasificaciones respecto de las personas jurídicas. La primera, que distingue entre las personas jurídicas estadales, que forman parte de la organización general del Estado en sus tres niveles territoriales o, si se quiere, del sector público; y las personas jurídicas no estatales, que no forman parte del Estado o del sector público; y la segunda, que distingue según la forma jurídica que adoptan las personas jurídicas, entre personas jurídicas de derecho público, como los institutos autónomos, y personas jurídicas de derecho privado, como las sociedades anónimas del Estado (empresas del Estado, o empresas públicas conforme las denominan los artículos 189,1 y 184,4, respectivamente, de la Constitución).

Cesare Lombroso nació en Verona el 6 de noviembre de 1835, en el seno de una familia hebrea. Estudió en Padua, en Pavía y en Viena, y en 1858 obtuvo el doctorado en medicina en Génova, incorporándose al ejército. Ya había hecho algunos estudios sobre el mal de la pelagra y en 1863 comenzó a explicar medicina legal en Pavía, publicando algunos trabajos sobre la alienación mental.

Por esos años publicó otros trabajos y tradujo la obra “La circulación de la vida” de Moleschott. Lombroso había conocido a Moleschott cuando éste se vio obligado a ir a Torino a dar clases, y allí tradujo su obra. Moleschott era un fisiólogo holandés, partidario del monismo materialista radical, que afirmaba que “el hombre es lo que come”. Esta obra y la influencia de Moleschott sobre Lombroso serán de gran importancia. Volvió a interesarse por el problema de la pelagra, enfermedad endémica del norte de Italia, respecto de la cual Lombroso hizo importantes investigaciones, continuando también con sus investigaciones psiquiátricas, hasta que en 1876 se publica en Milán primera edición del famoso trabajo “El hombre delincuente”, que seguirá ampliando en sucesivas ediciones y también cambiando algunos puntos de vista, particularmente por influjo de Ferri y del menos amistoso de los franceses (Manouvrier, en el Congreso de París de 1880). Se orientó también al estudio de las relaciones entre genio y locura, lo que le valió serias polémicas. En colaboración con su yerno –Guglielmo Ferrero, que sería el autor de la famosa historia de Roma publicó “La mujer delincuente”. A partir aproximadamente de 1890, Lombroso siguió infatigablemente sus labores de cátedra y de manicomio y se dedicó a una heterogénea e increíble cantidad de estudios e investigaciones, que van desde ‘la barbarie china” hasta los orígenes de la arquitectura gótica, desde el antisemitismo hasta el peligro amarillo y el patriotismo, sin excluir el espiritismo, al que se mostró inclinado en sus últimos años.

Como puede observarse, Lombroso fue un científico, pero fue por sobre todo un hombre genial y de una gran inquietud intelectual. Probablemente, este exceso de inquietud fue el que le ganó las más duras críticas, debido a sus frecuentes generalizaciones, en ocasiones harto apresuradas. Sin embargo, tuvo el mérito de lanzar al mundo una problemática, cuyo planteamiento nunca se había hecho en bloque, echando con ello las bases de la criminología, tal como la conocemos hoy. Landecho afirma que la personalidad humana de Lombroso se proyecta hacia lo científico, haciendo de él “un investigador intuitivo hasta lo genial, pero falto de crítica hasta desesperar a sus mejores amigos”. Murió a los setenta y cuatro años de edad en Torino, el 18 de octubre de 1909 132.

El eje de la teoría lombrosiana lo constituye su obra “El hombre delincuente”. Lombroso se planteó la necesidad de encarar el problema de la criminalidad desde un punto de vista diferente al seguido hasta entonces y, ante el auge de las disciplinas naturalísticas, decidió enfocar el estudio del delincuente aplicando estos conocimientos (anatómicos, fisiológicos, etc.). De este modo, llegó primero a la conclusión de que es imposible trazar una neta separación entre locura y delincuencia, derivando de allí que la forma de combatir a la delincuencia no es el estudio abstracto del delito, sino el concreto del delincuente. En base a sus observaciones, afirmó haber descubierto una categoría de “delincuente natos”, que presentan características que son reconocibles somáticamente, y cuya tendencia obedece a caracteres atávicos.

El reconocimiento somático de caracteres criminales fue un camino ensayado desde antiguo. El siciliano Tommaso Natale (1733-1849) parece haber sido un importante antecedente del biologismo criminal, aunque el más inmediato a Lombroso es la “frenología” de Gall”; pero la característica más importante del pensamiento lombrosiano consistió en injertar todas estas observaciones, enriquecidas con las que él mismo había reunido con gran agudeza clínica, en una teoría general que siguió el camino trazado por el evolucionismo darwiniano.

Lombroso encontró en el cráneo de un viejo delincuente habitual, una “fosita occipital media”, y otras malformaciones menores, que remedan las formaciones craneanas de algunos mamíferos. Por esos años, circulaba una teoría, enunciada por Haeckel, que sostenía que la “ontogenia resume la filogenia”, es decir, que el desarrollo del embrión en el seno materno sintetiza la evolución que ha seguido la especie. Si asociamos ambas cosas, inmediatamente surge que la criminalidad “nata” obedece a una detención del desarrollo embrionario en un estado inferior al que debe alcanzar el ser humano.

Esta teoría de la delincuencia atávica tuvo gran repercusión y se siguió sosteniendo aun cuando ya se había disipado la ilusión de poder reconocer somáticamente al criminal “nato”, que era la pretensión última que perseguían los estudios de Lombroso La teoría se siguió sosteniendo a nivel profano, entendiendo que la reacción criminal era propia de hombres primitivos. Los posteriores estudios antropológicos desmintieron totalmente tales afirmaciones.

Lombroso se percató prestamente de la insuficiencia de su afirmación en el atavismo y fue admitiendo otras categorías de delincuentes. Fue así como recomió al ‘loco moral”, que es un concepto próximo a ciertas caracterizaciones contemporáneas de la personalidad psicopática y del que en cierta forma ya había hablado Pritchard. Reconoció la epilepsia “larvada”, a partir de un caso de homicidio múltiple cometido por un soldado epiléptico. Admitió en su clasificación al “delincuente de ímpetu”, al delincuente loco y al delincuente ocasional. Con la admisión del delincuente ocasional, dio entrada a muchas consideraciones sociales, aceptando la crítica que a su primitivo determinismo biológico le formulara Ferri  y los franceses. Con la admisión de estas categorías, Lombroso enuncia una clasificación de los delincuentes, que inicia una larga serie de las mismas, que habrá de ser común en todos los autores positivistas Estas clasificaciones son el antecedente de las modernas tipologías criminológicas y, por otro lado, de la versión patológica de las mismas, en los tristemente célebres “tipos de autor”.

También Lombroso incursionó en la problemática de la delincuencia femenina, concluyendo en que la mujer es tanto física como intelectualmente inferior al hombre y que la prostitución es un equivalente del delito en la mujer.

A lo largo de estas observaciones, las posiciones de Lombroso fueron rectificadas por él mismo. El curso central de su pensamiento acerca del delito puede resumirse -siguiendo a su mejor estudioso contemporáneo- de la siguiente manera: “En la teoría criminogenética intuye emocionalmente desde sus primeros años el origen morboso del delito; y aunque los vaivenes de su actividad científica le llevan a afirmar durante un decenio la primacía absoluta de la teoría atávica, vuelve luego a su primitiva concepción morbosa de la criminogénesis, gracias a las identificaciones sucesivas del delincuente nato con el loco moral y el epiléptico”. “Lo mismo sucede en la tipificación delincuencial, donde a partir de un primer estadio de indistinción, pasa por un segundo de eliminación de los delincuentes no congénitos, para terminar luego por aglutinarlos todos alrededor del delincuente nato, como degradaciones sucesivas de la potencia delincuencial del mismo, tendencia que tiene su origen común en la epilepsia”. “También engloba a los factores exógenos del delito en su cerrada síntesis. Tienen dichos factores para nuestro autor el mero papel de excitantes o inhibidores de la tendencia criminal. Por ello podrá suceder que un delincuente nato y por lo mismo con el máximo de tendencia delictiva, quede latente; o que un delincuente ocasional, que por tanto presenta el mínimo de potencia delincuencial innata, se convierta en habitual e incorregible, por lo que en su estadio final en poco se diferenciará del nato”.

Lombroso, en su investigación, consagró un método, consistente en la “observación a toda costa de los hechos” , echando con ello las bases de la “antropología criminal”, por lo que bien merece ser considerado el padre de la criminología. Si las teorías de Galeno han perdido su vigencia, no puede decirse lo mismo de la medicina. Este fue el gran mérito de Lombroso: llamar la atención hacia el estudio sistemático del delincuente, lo que huta entonces se había llevado a cabo solo parcial y asistemáticamente.

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TSJ-LOGOSentencia N° 1041. Fecha 05/08/2014

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, en la cual se establece que en las investigaciones iniciadas con ocasión a denuncias por la presunta comisión de los delitos previstos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, los jueces y juezas, una vez decretado el archivo fiscal y notificados del mismo, deben por imperativo del artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal, hacer cesar toda medida cautelar y de protección y seguridad dictada contra el ciudadano a favor de quien se haya acordado el archivo.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/167773-1041-5814-2014-13-0894.HTML

Sentencia N° 1161. Fecha 08/08/2013

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, mediante la cual se señala que en los procesos seguidos por la comisión de delitos de violencia contra la mujer, se extiende la oportunidad para la admisión de los hechos hasta antes de la recepción de las pruebas, a fin de ajustarlos al artículo 375 del vigente Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, se establece la posibilidad de que sea aplicada la suspensión condicional del proceso, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos 43 eiusdem, exista una oferta de reparación del daño y tanto el Ministerio Público como la víctima manifiesten no tener objeción alguna con la aplicación de esta medida.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/1161-8813-2013-12-0384.HTML

Sentencia N° 1550. Fecha 27/11/2012

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, mediante la cual se declara parcialmente con lugar la solicitud de aclaratoria propuesta por el Ministerio Público del contenido de la decisión N° 1268 del 14 de agosto de 2012, caso: Yaxmary Elvira Lagrand; donde se le otorga a la víctima el derecho de acusar.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/1550-271112-2012-11-0652.HTML

Sentencia N° 1268. Fecha 14/08/2012

Sentencia N° 1268 del 14 de agosto de 2012 de la Sala Constitucional, bajo la ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán que establece con carácter vinculante: 1) que el lapso de tres (3) días hábiles siguientes para interponer recurso de apelación establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es aplicable tanto para sentencias definitivas y autos dictados en el procedimiento especial de violencia contra la mujer; 2) que en los procedimientos especiales de violencia contra la mujer, la víctima del delito de violencia física puede presentar conjuntamente con la denuncia un examen médico legal expedido por un médico privado, el cual deberá ser avalado, previa solicitud emitida por el Ministerio Público, por un médico adscrito al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses; y 3) en los procedimiento especiales de violencia contra la mujer, la víctima -directa o indirecta- de los hechos punibles investigados en dichos procesos, puede, con prescindencia del Ministerio Público, presentar una acusación particular propia contra el imputado, cuando ese órgano fiscal no haya concluido la investigación dentro de los lapsos establecidos en la ley especial para hacerlo.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/1268-14812-2012-11-0652.HTML

Sentencia N° 1006. Fecha 10/07/2012

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales mediante la cual se declaró SIN LUGAR la acción de amparo interpuesta por los apoderados judiciales de la ciudadana MARYLIS IMELDA MOROCOIMA CARRERA contra el Instituto Militar Universitario de Tecnología de la Guardia Nacional, extensión Punta de Mata, “Cnel. Leonardo Infante”, con ocasión de la conducta del Coordinador Académico de ese Instituto, ciudadano Teniente Coronel RICHARD ALFONZO ARIAS, al considerar que no hubo menoscabo de los derechos constitucionales al género, a la igualdad, a la maternidad, al trabajo, ni a la protección de la familia, por cuanto las exigencias referidas al estado de soltería y la prohibición de procrear durante el período de formación para Oficiales y Tropa Profesional son temporales, puesto que una vez que ingresan a la Carrera Militar tienen licencia para contraer matrimonio y constituir una familia y atender los asuntos vinculados con su vida privada. Tal decisión contó con el Voto Salvado de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1006-10712-2012-11-0785.HTML

Sentencia N° 790. Fecha 06/06/2012

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado mediante la cual se prohibió la colocación de implantes mamarios marca PIP y de cualquier otro no autorizado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Junio/790-6612-2012-12-0526.HTML

Sentencia N° 574. Fecha 11/05/2012

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, en la cual se establece que en materia de delitos de violencia contra la mujer cuando el procedimiento se inicie directamente ante el Ministerio Público los cuatro (4) meses de la duración de la fase preparatoria deben computarse desde la orden de inicio de la investigación; debiendo asimismo el Ministerio Público notificar inmediatamente al presunto agresor de aquellas medidas de protección que hayan sido dictadas a fin de garantizar la integridad física, psicológica y sexual de la mujer presuntamente agraviada.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/574-11512-2012-11-1108.HTML

Sentencia N° 1325. Fecha 04/08/2011

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán que reafirma, con carácter vinculante, la competencia de los juzgados especializados en materia de violencia de género para el juzgamiento de los delitos previstos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, con independencia de que el sujeto activo sea un ciudadano indígena, ya que las autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas solo pueden actuar en materia de violencia de género como órganos receptores de denuncia.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/1325-4811-2011-11-0645.HTML

Sentencia N° 747. Fecha 23/05/2011

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán que admite la figura del concurso real en materia de delitos de violencia contra la mujer; estableciendo asimismo que conforme al artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, los jueces y juezas de la República están en la obligación de informar al imputado previo a su declaración, del precepto constitucional que lo exime de declarar y, en caso de rendir declaración, a no hacerlo bajo juramento; lo cual no es aplicable para quienes sean llamados a declarar como testigos, ni para quienes ostenten la condición de víctima.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/747-23511-2011-10-0176.HTML

Sentencia N° 600. Fecha 27/04/2011

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de el Magistrado Francisco Carrasquero López en la cual se ratifica que en los procesos penales por delitos de violencia contra la mujer no es procedente archivar las actuaciones una vez que se ha iniciado la investigación penal, si no se ha solicitado la prórroga legal conformidad con lo establecido en el articulado de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, especialmente lo relativo a la concesión de la prórroga extraordinaria -consagrada en el artículo 103.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Abril/600-27411-2011-10-1160.HTML

Sentencia N° 514. Fecha 12/04/2011

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de el Magistrado Arcadio Delgado Rosales que establece que dada la especialidad de los tribunales en materia de violencia de género, y en atención a lo dispuesto por los artículos 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y 118 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, considera que existe un fuero de atracción respecto de la competencia por la materia de los tribunales especializados en violencia de género, a cuyo efecto, siempre que se impute el delito de violación en todas sus calificaciones previstas en el Código Penal, que sean cometidas en perjuicio de niñas o adolescentes de sexo femenino cuyo imputado sea un hombre mayor de edad, la competencia por la materia corresponderá a los juzgados con competencia en materia de violencia de género, así concurra con la imputación de delitos cuya competencia corresponde a los jueces penales ordinarios, ello a los fines de garantizar el debido proceso y el juez natural, siendo además que la competencia por la materia es de estricto orden público (Vid. Sentencia N° 449 del 19 de mayo de 2010, caso: Eduardo José García García).

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Abril/514-12411-2011-09-1198.HTML

Sentencia N° 62. Fecha 16/02/2011

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán según la cual los jueces y juezas de la República que conozcan de delitos de violencia contra la mujer deben ser cuidadosos al decretar nulidades absolutas, para evitar que dichos delitos queden impunes, así como el hecho de que la víctima pueda verse sometida nuevamente a enfrentar hechos relacionados con su integridad física y mental.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Febrero/62-16211-2011-10-0631.HTML

Sentencia N° 1263. Fecha 08/12/2010

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán mediante la cual se establece que los jueces y juezas de la República Bolivariana de Venezuela con competencia en materia de violencia contra la mujer deben instruir los procesos penales de forma tal que propendan a demostrar la comisión del hecho punible, así como la responsabilidad penal de las personas señaladas como autores o participes, imponiendo inmediatamente las medidas de protección y de seguridad que el caso amerite; así como también deben estar atentos a la doctrina vinculante de la Sala Constitucional para lograr la protección debida a las mujeres víctimas de la comisión de estos delitos, tomando en cuenta que el artículo 5 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, expresa textualmente que “El Estado tiene la obligación indeclinable de adoptar todas las medidas administrativas, legislativa, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegura el cumplimiento de esta Ley y garantizar los Derechos Humanos de las Mujeres víctimas de violencia”.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1263-81210-2010-09-0891.HTML

Sentencia N° 486. Fecha 24/05/2010

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de el Magistrado Arcadio Delgado Rosales mediante la cual se establece que los jueces y operadores jurídicos en general, en materia de género, deben abandonar los tradicionales esquemas del sistema social patriarcal y androcéntrico imperante, de las creencias, comportamientos, roles, expectativas y atribuciones que sustentan a dicho sistema así como la discriminación y violencia contra las mujeres en general, y adoptar fielmente el régimen especial de protección en favor de las mujeres, en pro de la justicia social, pues de lo contrario se estaría vulnerando la integridad física y moral de quien demanda esa protección especial.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/486-24510-2010-09-0870.HTML

Sentencia N° 449. Fecha 19/05/2010

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán en la cual se establece que ante la imputación de alguno de los delitos cuya competencia corresponda a los jueces y juezas especializados en materia de violencia contra la mujer, así concurra con la imputación de delitos cuya competencia corresponda a los jueces y juezas penales ordinarios, la competencia de la causa corresponderá a los juzgados con competencia en materia de violencia de género, salvo que uno de los delitos imputados sea el homicidio en todas sus calificaciones; todo ello por cuanto al ser la competencia por la materia de estricto orden público, deben garantizarse los derechos al debido proceso y al juez natural.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/449-19510-2010-09-1331.HTML

Sentencia N° 272. Fecha 15/02/2007

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán que interpreta la flagrancia en los delitos de género, la cual viene determinada por la percepción que se tiene de los elementos que hacen deducir, prima facie, la relación de causalidad entre el delito y el supuesto autor, causalidad que deberá demostrarse y/o desvirtuarse en el proceso. Como consecuencia jurídica directa acarrea la detención in fraganti, esto es, sin orden de inicio de investigación y sin orden judicial, ello para asegurar la tutela del objeto jurídico protegido; esto es, de integridad física de la mujer víctima.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Febrero/272-150207-06-0873.HTM

CONCEPTO DE PRUEBA:

Es el conjunto de motivos o razones, que de los medios aportados se deducen y que nos suministran el conocimiento de los hechos para los fines del proceso.

De esta definición se deduce tres aspectos:

  • La manifestación formal: Los medios utilizados para llevarle al juez el conocimiento de los hechos (testigos, documentos, indicios).
  • Su contenidos esencial o sustancial: Las razones o motivos que de estos medios se deducen a favor de la existencia o la inexistencia de los hechos
  • Su resultado: El conocimiento que con ellos se trata de producir e la mente del juzgador, pues el es quien habrá de concluir si hay o no pruebas de determinados hechos.

“Con las pruebas se busca el conocimiento en cuanto a la pretensión, se convence al juez de que lo que se pretende es así como se expone en los hechos”.

OBJETO DE LA PRUEBA.

Es todo aquellos susceptibles de demostración histórica, como algo que existía o existe o puede existir. El objeto de la prueba son los hechos presentes, pasados y futuros.

LOS HECHOS.

Constituyen el objeto de la prueba judicial y es todo lo que puede representar una conducta humana y que puede ser percibido (hechos, sucesos, acontecimientos, actos humanos voluntarios o involuntarios, individualidades o colectivos pasados, presentes o futuros).

  • También los hechos pueden prevenir de la naturaleza sin intervención de la conducta humana (terremoto).
  • Las cosas materiales, objetos o cualquier otro aspecto de la realidad material sean o no producto del hombre (documento).
  • La persona física= considerando como realidad material (existencia, características, estado de salud).
  • Los estados y hechos psíquicos o internos del hombre (conocimiento, intención, voluntad).

NECESIDAD DE LA PRUEBA.

En el aspecto del proceso, los hechos importantes y significativos son aquellos que directa o indirectamente pueden tener alguna relación con la materia debatida.

· Quedan excluido los hechos que no interesan para aplicar la solución del derecho al respectivo proceso.
· También quedan excluido aquellos hechos que forman parte del presupuesto de hecho en ese proceso, los cuales deben ser considerados como ciertos, bien sea por gozar de presunción o notoriedad.

Los Hechos que necesitan probarse.

En cada proceso debe probarse todo aquello que forma parte del presupuesto de hecho para la aplicación de normas Jurídicas a menos que este exceptuado de prueba por la Ley.

En el proceso contencioso civil, el tema está formado por los hechos alegados por las partes en la demanda y como excepciones en la contestación, que no estén exentos de prueba por la Ley y los accesorios de aquellos. También hay dos nociones importantes que también influyen.

La Afirmación, Alegación o Articulación.

La afirmación de una de las partes o de ambas de acuerdo produce un doble efecto.

· Vincula al juez quien debe considerarlos al tomar decisión, para precisar si se encuentra o no probada o si goza de excepción de prueba y los efectos jurídicos que produce.

· Delimita a fija hechos que el juez puede tener en cuenta como fundamento de su decisión pues le esta prohibido considerar los no afirmados.

La afirmación o alegación del hecho determina en principio el tema de la prueba y la controversia o discusión de tales hechos delimita o concretiza la necesidad de probarlos por los medios autorizados.

Hechos articulados transcendentales:

Deberán ser probados los hechos esenciales a la calificación del derecho de las partes. Los hechos articulados, afirmados o alegados son todos aquellos que constituyen el presupuesto de hecho de las pretensiones de las partes.

Hechos controvertidos:

Los hechos controvertidos son todos los invocados por las partes y sobre los cuales hay que desacuerdo, que constituyen en definitiva el tema concreto de la prueba. La contradicción puede ser expresa o tácita.

Contradicción Expresa: El demandado niega los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones del actor.

Contradicción Tácita: La Ley atribuye al silencio de la parte el valor de contradicción.

El derecho como objeto de prueba.

Ademas de los hechos materiales también puede ser objeto de prueba la normal legal (derecho). Esto solo se da en 3 casos:

1. Cuando se discute la existencia o no de una norma legal, esto es, la prueba del derecho nacional interno.
2. Cuando se trata de la aplicación de una ley extranjera.
3. La prueba del derecho consuetudinario, es decir, cuando se pretenda demostrar la existencia de usos y costumbres y que estos sean opuestos o desconocidos (La costumbre alegada en juicio debe ser probada).

Hechos que no necesitan pruebas.

Hechos confesados o Admitidos: No constituyen tema concreto de la prueba, bien sea que la admisión sea expresa o tácita.

Admisión Expresa: La parte contraria admite los hechos, eliminándose del debate probatorio y causando el efecto procesal de obligar al juez a tomarlos en cuenta y darlo por probado.

Admisión tácita.
Se puede producir cuando:

· Por el silencio de las partes ante un documento que le sea opuesto en juicio.

· Por confesión Ficta que puede ocurrir en las posiciones juradas o por inasistencia del demandado al acto de contestación de la demanda.

La confesión ficta no opera en casos de orden público o en casos donde no puede ser relajada la norma por convenio entre particulares. Requiere de 2 condiciones:

1. que la pretensión del demandante no sea contraria a derecho.
2. Que el demandado nada pruebe que le favorezca en el periodo probatorio.

Hechos presumidos por la Ley.

Cuando un hecho goza de presunción legal, sea admitida o no prueba en contrario, está exento de prueba.

Las presunciones son las consecuencias jurídicas que la ley o el juez sacan de un hecho conocido para establecer uno desconocido.

Existen dos clases de presunciones.

Las legales: aquellas que la ley establece.

Ius Hominis: Que corresponde al juez sin que exista disposición legal que las establezca.

Condiciones que debe reunir toda presunción.

  • Un hecho conocido.
  • Un hecho desconocido.
  • Relación de causalidad, es decir, “nexo” que existe entre el hecho conocido y el desconocido.

Presunciones Iuris Tantum: Admite prueba en contrario ejemplos:

· Presunción de paternidad o maternidad
· Presunción de comunidad concubinario.
· Presunción de propiedad.

Presunción Iuris Et De Iure: No es admitida la prueba en contrario. Ejemplo

· Conocimiento de la ley para todos los ciudadanos.
· Cosa juzgada.
· Desistimiento de la acción para el actor que no comparezca al acto conciliatorio.

Hechos Notorios.

Son aquellos hechos que por su gran transcendencia han traspasado los limites del lugar donde ocurrieron en hechos del dominio publico, que entran en el conocimiento, la cultura o en la información normal de los individuos, con relación a un lugar o a un circulo social y a un momento determinado en la oportunidad en que ocurre la decisión (no requiere prueba)

En Francia a mediados del siglo XIX se consideraba que el Estado sólo era responsable cuando actuaba como persona privada.

En Alemania se consagra la responsabilidad del Estado como una institución que se basa en un sistema mixto de responsabilidad por culpa (la responsabilidad del Estado se establecía como una responsabilidad indirecta, consecuencia de los actos ilícitos de los funcionarios)  y de responsabilidad por sacrificio (se clasifico en indemnizaciones de derecho publico, indemnizaciones por intervenciones antijurídicas sin culpa y en aquellas situaciones de riesgo)

En España regia el viejo principio de irresponsabilidad del Estado hasta el siglo XIX, sin embargo en 1978 se le dio carácter constitucional a la responsabilidad patrimonial de la administración, dicha norma viene a cubrir las reparaciones por daños  no expropiatorios, como consecuencias de la actuación normal o anormal de la prestación de los servicios públicos muy similar a la establecida en nuestra Constitución.

En Venezuela la Constitución de 1901 reconoció indirectamente la responsabilidad de la República y de los Estados por daños provenientes de la actividad pública.

Nuestra Carta Magna establece la obligación directa del Estado de responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre y cuando la lesión sea imputable al funcionamiento normal o anormal de la Administración Publica.

La base fundamental del principio de la responsabilidad de la administración se encuentra consagrada en el artículo 140, que se refiere tanto a la responsabilidad contractual como extracontractual (se basa en el principio de igualdad o equilibrio ante las cargas públicas) siempre y cuando la lesión sea imputable al funcionamiento normal o anormal de la Administración Pública; es una responsabilidad objetiva, aquella que resulta de una relación de causalidad entre el daño y la actividad de la administración como autor del daño.

El conocimiento y competencia de la responsabilidad de la administración le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa.

El daño y su prueba

Daño: es todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor, o molestia, que sufre un individuo en su persona, bienes, honor, libertad, crédito, afecto, ciencias. El daño supone, entonces la destrucción o disminución, por insignificante que sea, de los beneficios y ventajas patrimoniales o extramatrimoniales de que goza el afectado.

La jurisprudencia y la doctrina exigen la concurrencia de las siguientes condiciones:

  •  Que el perjuicio sea especial, es decir que haya afectado a un solo individuo o a un pequeño número de individuo.
  • Que sea de gravedad suficiente
  • Que el perjuicio sea cierto y apreciable en dinero
  • Que la actividad prohibida o reprimida o la situación afectada no haya sido contraria a la salud, a la moral, o al orden público.

Es indispensable, para que sea reconocido el derecho a la indemnización, la singularidad del daño, es decir que se haya sacrificado un derecho un derecho concreto o el contenido mismo de un derecho y no se trate de una mera limitación que la ley imponga a un derecho abstractamente considerado.

La jurisprudencia venezolana delineó los elementos que debían concurrir para la procedencia de la responsabilidad patrimonial:

  •  Que se haya producido un daño a los particulares en la esfera de sus bienes y derechos.
  • Que el daño inferido sea imputable a la Administración, con motivo de su funcionamiento.
  • La existencia obligatoria de una relación de causalidad entre el hecho imputado y el daño producido.

Si se demandare la indemnización por daños y perjuicios se deben especificar y dar sus causas para que el demandado conozca exactamente a que está referida la pretensión, lo cual no implica que el demandante tenga la carga de pormenorizar cada daño y cada perjuicio.

La responsabilidad del servicio y la responsabilidad del funcionario público

Según el concepto doctrinal incurre en responsabilidad administrativa el agente público que, en ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, afecta la disciplina o el buen funcionamiento del servicio.

Se requiere examinar la voluntad del ánimo (cualidad subjetiva) del agente público al momento de ejecutar el hecho (su acción); si en está predomina la intención dañosa, el propósito delictivo, estaríamos en presencia de una falta del funcionario.

El ex Magistrado Carlos Escarra ha sostenido en sentencia del 15 de junio de 2000:

Cuando los funcionarios en el ejercicio de la actividad o función publica a la que están llamado a cumplir errores o faltas que producen lesiones en el administrado, aun cuando su actuación se encuentre vinculada con el servicio, se afirma que existe corresponsabilidad, tanto de la Administración agraviante como de los funcionarios que se encuentren a su servicio.

Este tipo de responsabilidad es de carácter subjetivo, y posee elementos esenciales para los supuestos de daños, estos son:

 la acción u omisión que deriva de todo acto o conducta humana voluntaria que es imputable a una persona.

  • La antijuricidad o lesiones de intereses jurídicamente protegidos (estén establecidos mediante ley o una relación contractual.
  • El dolo o culpa: El dolo exige intencionalidad o mala fe, mientras que la culpa es una falta de diligencia o una acción voluntaria contraria a la ley o a la relación contractual

La responsabilidad de la administración pública por riesgo (lo saque del resumen de administrativo de año pasado)

La teoría del riesgo creado ha sido utilizada también por la doctrina y la jurisprudencia para justificar la responsabilidad del Estado frente a la ausencia de falta. Para algunos –López Mesa-, ello es «un destacado fenómeno del derecho contemporáneo, el retorno a formas primitivas de imputación de responsabilidad, prescindentes de la exigencia de culpabilidad en el sujeto para atribuirle las consecuencias de un hecho del que es autor material».

Así, se interpreta que cuando la Administración lleva a cabo una actividad de la cual se beneficia o aprovecha y crea el riesgo de causar daños, debe responder por el daño causado cuando dicho riesgo se verifique o concrete, con independencia de toda culpa objetiva o subjetiva. Se expresa así, que el daño causado por la actividad riesgosa comporta una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas al imponer a los afectados una carga que no están obligados a soportar.

En este supuesto, el establecimiento de la responsabilidad se reduce a la prueba de la relación causal con independencia de la falta del autor material del daño que no es relevante ni necesaria a los fines de la determinación de la responsabilidad, respondiendo la Administración incluso por caso fortuito. De allí que, aun en caso de que no puede determinarse quien es el autor de la falta, es decir, que ésta sea anónima o impersonal el particular tiene asegurada la reparación siempre que se verifique la relación de causalidad, y la administración sólo podrá exonerarse mediante la prueba de una causa extraña (fuerza mayor, hecho de un tercero y culpa de la víctima).

Por ello se asegura que «la culpa deja de ser la protagonista exclusiva en el escenario de la responsabilidad por daños, pasando a compartir cartel con un factor de atribución nuevo, que al extender su esfera de aplicación va a producir una suerte de socialización de la obligación de responder, por imperio de la afinación del factor de atribución. La resignación cristiana ante lo que antiguamente se denominaban “accidentes” dejó paso a la búsqueda a ultranza de un obligado a reparar el perjuicio. La justicia y la equidad obligaron a asegurar una reparación a las víctimas de accidentes “anónimos” o sin culpa aparente de nadie, cuando echó de verse que significaba una irrealidad la imputación de dichos daños al error humano, apreciado en sentido clásico».

La doctrina de venezuela ha establecido a través de sus jurisprudencias.

Sentencia Nº 00943 de Sala Político Administrativa, Expediente Nº 14658 de fecha 15/05/2001

Sistema de responsabilidad del Estado en la actualidad. Teoría de la falta o falla de servicio. Teoría del riesgo.

“en la actualidad, atendiendo a principios de derecho público, el acento no está en los criterios de culpa, sino en orden de garantizar la reparación de quien sufre el daño antijurídico, basado en los criterios de falta o falla de servicio e, incluso del riesgo o daño especial (los cuales, a su vez, se fundamentan en los principios de equidad, solidaridad social, igualdad ante las cargas públicas, o al hecho de la insolvencia del agente público para responder al daño), que expresan en alto grado, un sistema de responsabilidad objetiva, es decir, que en menor o mayor medida atienden al daño causado (no obstante que técnicamente para algunos autores tienen sustanciales diferencias con lo que es responsabilidad objetiva, en tanto que para éstos strictu sensu la responsabilidad objetiva supone que siempre se será responsable, excluyéndose así supuestos eximentes de la misma: culpa exclusiva de la victima, hecho de un tercero, la fuerza mayor) y donde la responsabilidad del estado entendida como indirecta pasa entonces a ser directa.. Ahondando brevemente sobre las teorías precedentemente expuestas, cabe destacar en cuanto a la primera de ellas, la que funda la responsabilidad en la falta o falla del servicio, que la falta (la acción o hecho antijurídico) es entendida en un sentido que trasciende a lo subjetivo (criterios de culpa) proyectándose en el hecho objetivo, es decir, el daño antijurídico causado. Allí la responsabilidad del Estado es con ocasión de un defectuoso funcionamiento del servicio o por la impropia conducción del mismo. En tal contexto su ratio fundamental es no dejar sin salvaguarda los daños antijurídicos, donde no pueda identificarse al agente (funcionario público) causante del daño (daños anónimos).”

“En similar contexto se sucede la segunda de ellas, la teoría del riesgo, la cual se suma, con carácter excepcional, a la de falta o falla de servicio, es decir, la complementa, a fin de proteger a la victima (reparar el daño sobre ella causado) en aquellos casos donde la teoría de la falta o falla de servicio es insuficiente, por no haber quedado de manifiesto el funcionamiento anormal del servicio, aun cuando se ocasionó un daño, y donde además, incluso, en casos de daños ocasionados por causa lícita deben ser reparados y la colectividad debe soportar dicha carga de reparo, en virtud del principio de igualdad ante las cargas públicas. Así, esta teoría en grado sumo expresa un sistema de responsabilidad objetiva. Ahora bien, como claramente se observa, la motivación que dio lugar a esas teorías fue, en el marco del alto intervensionismo estatal, no dejar sin posibilidad de reparación a la victima en los casos de los denominados daños anónimos, es decir, donde no está identificado el funcionario público causante del daño, o identificable éste por la insuficiencia de su patrimonio, o incluso en casos de falta impersonal (donde no puede atribuirse a un individuo en específico, sino al servicio considerado en abstracto). Casos todos en los cuales es insuficiente los criterios basados en la culpa. En suma, su fin no es otro que asegurar la reparación del daño”

Es importante resaltar que la jurisprudencia a establecido los limites entre la teoria del riesgo y la teoría por falta y falla del servicio.

Sentencia Nº 00943 de Sala Político Administrativa, Expediente Nº 14658 de fecha 15/05/2001

“la responsabilidad administrativa soportada en criterios en alto grado objetivista, como el riesgo excepcional, debe ser interpretada bajo criterios restringidos, a fin de evitar generalizaciones impropias e inconducentes que excluyan los supuestos necesarios eximentes de la responsabilidad, tales como, hecho exclusivo de un tercero, culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor o caso fortuito. Se impone entonces siempre un análisis guardando la debida ponderación o prudencia en la aplicación de la teoría del riesgo, con omisión de la falla o falta del servicio, porque si se extiende o exagera en demasía su aplicación, sin límites, ello podría conllevar a que la administración tenga que hacerse prácticamente responsable de todas las situaciones de daño, lo cual (…) puede establecer una injustificada y excesiva onerosidad sobre la hacienda pública”. (Negritas Personales).

La responsabilidad del Estado Legislador

 En el derecho venezolano, la actividad legislativa de manera directa no genera una responsabilidad patrimonial del Estado, lo que compromete patrimonialmente al Estado es la ejecución de la norma, la cual ejecuta el Estado por medio de algunos de los Órganos del Poder Público, cuando despliega la actividad administrativa causando un daño a un particular.

Artículo 25 CRBV: Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.

Existen dos medios de protección de la constitucionalidad en Venezuela que tienen como finalidad la desaplicación de una ley de carácter inconstitucional a través del Control difuso de la Constitucionalidad (Art 334 CRBV Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.

En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.

Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella) y la declaración de nulidad de la ley mediante el Control Concentrado de la Constitucionalidad de las Leyes (Art 336 numeral 7 CRBV Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del legislador o la legisladora nacional, estadal o municipal, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección.)

La economía procesal es un principio formativo del proceso que consiste en que en el desarrollo del procedimiento se buscará obtener siempre el máximo beneficio, con el menor desgaste del órgano jurisdiccional.

Manifestaciones

  1. Las acciones al igual que las excepciones deben deducirse en una sola oportunidad
  2. Oportunidad para rendir la prueba
  3. Limitaciones a la prueba de testigos (6 por parte) y a la confesión (2 veces)
  4. Imposibilidad de acreditar tachas mediante testigos.

 

PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL

Concepto: según Chiovenda, es la obtención del máximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo. Este principio de refiere no sólo a los actos procesales sino a las expensas o gastos que ellos impliquen.

Modalidad: más que un solo principio es un conjunto de principios con los cuales se consigue aquél. Entre ellos se encuentran:

El de Concentración: consiste en reunir todas las cuestiones debatidas o el mayor número de ellas para ventilarlas y decidirlas en el mínimo de actuaciones y providencias. Así, se evita que el proceso se distraiga en cuestiones accesorias que impliquen suspensión de la actuación principal.

El de Eventualidad: guarda estrecha relación con el de preclusión, pues toma como referencia las fases o términos del proceso. Consiste en que si en determinada etapa o estanco del proceso una parte puede realizar varios actos, debe llevarlos a cabo de manera simultánea y no sucesiva, esto es, todos en el mismo lapso y no primero uno y luego otro.

Esto ocurre, por ejemplo, en relación con una providencia, cuando contra ella puede interponerse el recurso de reposición y el de apelación. Como el término para interponer dichos recursos es común, la parte interesada puede optar exclusivamente por cualquiera de ellos, o bien proponer los dos, caso en el cual debe hacerlo conjuntamente: la reposición como principal y la apelación como subsidiaria. Esto significa que la apelación sólo se concede en el supuesto de que la reposición no prospere. Lo que la ley prohíbe es que primero se interponga la reposición, para luego, si es negada, proponer la apelación, pues el término para ésta ya se encuentra vencido.

El de Celeridad: consiste en que el proceso se concrete a las etapas esenciales y cada una de ellas limitada al término perentorio fijado por la norma. En observancia de este principio se descartan los plazos o términos adicionales a una determinada etapa, esto es, los que se surten como complemento del principal y las prórrogas o ampliaciones. También implica que los actos se surten en la forma más sencilla posible, para evitar dilaciones innecesarias.

En aplicación de este principio, el Código de Procedimiento Civil establece limitaciones a las prórrogas; otorga al juez la facultad de señalar ciertos términos, fijando el estrictamente necesario, y consagra medios sencillos para efectuar la notificación de las providencias.

El de Saneamiento: consiste en que las situaciones o actuaciones afectadas de nulidad sean susceptibles de ser convalidadas por la parte en cuyo favor se establece.

La nulidad es una sanción que la norma prevé para determinadas situaciones o actuaciones irregulares y cuando con ellas se viola el derecho de defensa de una de las partes. Pero la nulidad no siempre se impone, pues es viable que la parte afectada como consecuencia de ella la convalide, esto es, que mediante cierta conducta no se aplique esa sanción y, por ende, la actuación sea válida, que es lo que se denomina saneamiento.

La tendencia actual es la de consagrar en la norma positiva el mayor número de nulidades susceptibles de saneamiento. Por ejemplo, si el demandado ha sido indebidamente citado o emplazado y éste no lo alega en la primera actuación que realice, tal irregularidad queda convalidada.

El de Gratuidad de la Justicia: como la justicia es un servicio que presta el Estado a la colectividad, a él le corresponde sufragar todos los gastos que esa función entraña, como proporcionar los locales y elementos necesarios, atender la remuneración de los funcionarios y empleados, etc.

Aunque el principio, en su acepción más amplia, incluiría las expensas o gastos que implique el proceso, esto entre nosotros no tiene vigencia, por cuanto recae sobre las partes, sobre todo en aquellas ramas en donde se rige el sistema dispositivo, como acontece con el civil, concretamente en lo relativo a honorarios de peritos, secuestros, gastos de diligencias, etc.

En nuestro medio, en ese aspecto, se ha registrado un considerable avance, puesto que el empleo de papel sellado que se exigía en el civil y el contencioso fue eliminado. Además, tradicionalmente no hay lugar a expensas en el campo penal y son reducidas en el laboral.

El efecto de una obligación: es la ejecución o cumplimiento de esta voluntariamente tal y como se contrajo. No hay que confundir una prestación de no hacer con el incumplimiento de las obligaciones, ya que el no hacer es una conducta de abstención que surge e del establecimiento de un contrato, ejemplo: Contrato de exclusividad

El efecto fundamental o integral del cumplimiento de la obligación:  es la extinción de la obligación, esta comprende dos aspectos:

1-que el  deudor se libere, desvinculándose de la obligación que tenia

2- se extinguen la acciones otorgadas al acreedor para constreñir al deudor en el cumplimiento de la obligación

Si el deudor no cumple con la obligación tal y como se contrajo el acreedor puede obligarlo a cumplir  de manera coercitiva si la obligación es jurídica, es decir tiene que estar establecida por la ley, aquí la diferencia con respecto a las obligaciones naturales que no tiene carácter coercitivo.

Art 1271 cc. El será condenado al pago de los años y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución, si no prueba que la inejecución o el retardo proviene de una causa extraña que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe.  responsabilidad civil como se genera los incumplimiento para poder quedar liberado con la obligación

** Tipos de cumplimiento de la obligación:

1.- cumplimiento voluntario en especie: se cumple la obligación tal y como se contrajo

2-. Cumplimiento voluntario forzoso:   se cumple la obligación forzosamente y tradia a traves de una conducta distinta a la que se asumio en un principio , y trae consigo la indemnización por daños y perjuicios compensatorios. (inejecucion)

1.- El Cumplimiento, Fundamento Legal:

Art. 1264, las obligaciones  deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de daños y perjuicios, en caso de contravención.   El efecto primordial en la generación de las obligaciones es el cumplimiento de estas obligaciones exactamente como han sido contraídas, este artículo nos establece el principio general en materia de cumplimiento las obligaciones, el llamado principio de prioridad del cumplimiento de la obligación en especie, ahora si la persona no cumple la obligación tal y como fue contraída, pueden suceder que incumpla absolutamente la obligación y que se va a exigir como acreedor, el cumplimiento forzoso, este cumplimiento es exactamente como fue contraído, pero no siempre se puede probar que ante el incumplimiento de una de las partes la otra parte sufre un daño, porque la indemnización sería automática por el simple hecho de no cumplir con obligación, para que surja la acción de indemnización por daños y perjuicios se debe probar, esta es una acción accesoria a una acción principal, ahora si la persona no cumple exactamente como ha sido contraída la obligación se pierde la posibilidad de exigir el cumplimiento en especie de la obligación?. Si exige el cumplimiento forzoso de la obligación, esa es la conducta debida?. si la misma conducta, pero se pide el cumplimiento forzoso

**La diligencia del deudor es lo que se conoce como responsabilidad subjetiva art 1270 CC

La conducta debida es el contenido de la obligación.

Prestación de dar, transmisión del derecho de propiedad u otro derecho real.

Prestación de hacer, conducta positiva que no consiste en la transmisión del derecho propiedad u otro derecho real.

No hacer, conducta de abstención.

(Con prestación de dar): Es un contrato de compra venta, paga la cosa y el vendedor se niega a entregar la cosa, se debe tomar en consideración si él puede cumplir la conducta tal y como la contrajo, si el carro se encuentra dentro del patrimonio del deudor el cumplimiento debe ser en especie. Si no existe dentro del patrimonio del deudor el cumplimiento es por equivalente. Probado el daño se exige la indemnización de los daños y perjuicios que el incumplimiento haya causado.

Si la prestación es de hacer, si la conducta es personalísima y no cumple porque no quiere cumplir, el cumplimiento se da en especie si la conducta no es personalísima, si no se puede exigir el cumplimiento por equivalencia, ya que no se puede coaccionar a nadie físicamente para que cumpla con la obligación.

Si la conducta es de no hacer, el que la persona haya realizado la conducta hay incumplimiento, se exige otra conducta distinta, un cumplimiento por equivalente, pero hay conductas que pueden ser borradas (un muro por encima de los metros que se han convenido, se puede mandar a tumbar el muro, se puede obligar al deudor a tumbar el daño e indemnizar los daños y perjuicios).

Hay cumplimiento en especie que es la conducta debida y cumplimiento por equivalente (art. 1264).

Si una persona se compromete a cumplir y cumple con la obligación, termina la obligación con el cumplimiento. Se extinguen las acciones que el legislador le concede al acreedor por si el deudor no cumple voluntariamente pueda acudir a los órganos jurisdiccionales para que cumpla forzosamente. Si no cumple con la obligación, el acreedor va a exigir el cumplimiento forzoso, debe ser la misma conducta a la que el se comprometió y si se niega a cumplir con la conducta y se exige el cumplimiento por equivalente y se indemnice los daños y perjuicios que se hayan acarreado en el patrimonio.

**El principio general en materia de cumplimiento

2.- El principio fundamental en materia de cumplimiento de la obligación, es el cumplimiento en especie, para cumplir con esa conducta tal y como se contrajo. Dependiendo del tipo de cosas los efectos cambian.

2.1.- El principio de identidad:

El cumplimiento debe ser idéntico a la prestación pactada y por lo tanto el deudor no puede ejecutar una prestación diferente a la prometida, aún cuando aquella prestación sea equivalente o mayor que ésta y aun cuando satisfaga igual o mejor el acreedor, (se presta unos tomates, la conducta debe ser idéntica para el cumplimiento, se presta u millón de bolívares y se compromete a pagarlo en una fecha especifica el monto completo, la otra parte no la puede pagar por partes). Art. 1290.

2.2.- Principio de Integridad:

El cumplimiento debe ser completo o integro, es decir, debe comprender toda la prestación prometida; por lo tanto, el deudor no puede cumplir menos de lo debido ni el acreedor exigir más de lo acordado. No se puede obligar a la persona a entregar algo distinto a lo que se dio, la conducta no es idéntica y las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. Art. 1291.

2.3.- El principio de prioridad:

La ejecución en especie es la forma ordinaria, normal o natural del cumplimiento de las obligaciones. El legislador supone que las partes al contraer una obligación desean que ella se cumpla de la manera originalmente pactada, del modo como fue contraída y no de un modo o manera distinta; en consecuencia, el deudor debe cumplir su obligación de un modo idéntico a como lo contrajo y el acreedor no puede rehusar o rechazar tal incumplimiento, ni exigir que se le cumpla una prestación distinta.

El cumplimiento de la obligación, va unido al principio de identidad y el principio de integridad.

El art. 129, 1270 y 1271, establece la llamada diligencia del deudor en el cumplimiento de las obligaciones.

En materia de conducta cuando se deriva de un contrato el legislador dice que se debe comportar como un buen padre de familia.

Para establecer los llamados incumplimiento, se deben ajustar la conducta a un hecho objetivo, es decir, si la persona incumple totalmente la obligación o si cumple pero tardíamente o cumple parcialmente, cumple defectuosamente a efectos de establecer cuales son los daños que se van a generar producto de los distintos tipos de incumplimiento y no pueden ser en base a la conducta del buen padre de familia, debe ser en base a algo que pueda ser cuantificable y que el que alega que le están causando un daño pueda probar ese daño.

Las obligaciones que son en pago de sumas de dinero, no se debe probar nada, comienzan a correr los intereses moratorios.

El art. 1264, nos habla del cumplimiento voluntario y el cumplimiento forzoso o involuntario, que es la llamad indemnización de los daños, el principio de prioridad, porque el acreedor quiere que le cumplan con la conducta debida si no hubiera contratado.

**Tipos de incumplimientos

1.-Incumplimiento permanente: (inejecución) es el incumplimiento absoluto de la obligación y trae consigo el cumplimiento por equivalente cumplimiento forzoso de la obligación  y como se le ocasiona un daño al acreedor por no haber cumplido la obligación trae como consecuencia la indemnización por daño y perjuicios compensatorios art 1271

2.- Incumplimiento temporal:  (retardo culposo ) donde la obligación se suspende hasta que el obstáculo se pueda subsanar, dando paso a la indemnización por daños y perjuicios moratorios

Son tantas las Ideologías penales existentes, y no muchas las vigentes hoy en día. Estas han variado conforme a las ideas políticas de un determinado momento, pero no justifican la violación a la construcción humanista de hoy en día.

Considero que la base sobre la que se construyo gran parte del derecho penal de hoy en día, a mi modo de ver es la causante de lo que hoy en día estamos viviendo: el contrato social (que ha formado la brecha entre dominantes y dominados), y es a la ideología a la cual me voy a referir más  (al contractualismo) en esta reflexión que se conectará con otras en el desarrollo de este pequeño ensayo.

Hubo un momento en el cual el hombre se cansó de vivir en un constante devenir y lucha en su estado natural. Así, cediendo parte de su libertad, al conceder a alguien la capacidad de administrar esa pequeña cesión para que exista paz, fue el gran error y avance de la sociedad. En ese momento si bien hubo paz, se comenzó la batalla de nunca acabar. ¿Porqué?, porque si bien en ese momento se le dio la capacidad a “alguien” de castigar (al Estado el IUS PUNIENDI), también se de dio la facultad de estar al mando de la vida social de cada uno de nosotros, al poder controlar el crimen en pos de un supuesto interés general recíproco en la sociedad firmante de dicho contrato. Al tener dicha facultad, intrínsecamente, el dominador del derecho penal, se convirtió en el dominante y la sociedad en la dominada. Fue aquella la base para el surgimiento de las diversas teorías penales que tienen un fondo en común: controlar a aquellos que comenten delitos en pos de intereses “sociales” (utilizando ésta situación para controlar a los más débiles y fortalecerse como “fuertes”).

Así por ejemplo, el contractualismo de la burguesía surgiente con respecto a la nobleza y las masas hicieron que se institucionalice a la cárcel y se criminalice la  pobreza, en pos de intereses capitalistas; el organicismo: al querer mandar de frente unos cuantos poderosos a la sociedad desorganizada, para reorganizarla; Colocar a la pena retributiva con fines utilitaristas para el beneficio del capitalismo estatal; “el derecho popular”, que sirvió para la justificación de dictadores que pusieron orden para continuar reprimiendo (dizque “buenos dictadores”); y así las ideologías nacionalistas se inmiscuyeron al justificar la represión para el bienestar del Estado, y como “gol”, el estigma que dejó el positivismo, tomado como herramienta para criminalizar a la pobreza y dejar impunes a los que van contra la susodicha.

Cada una con un supuesto fin, que no es otra cosa que el disfraz para la justificación y ejecución oculta de intereses particulares de los que toman las decisiones. Así salieron las ideas modernas como retribuir, resocializar, estigmatizar, controlar, todo de acuerdo a los puntos de vista variantes en los distintos países. Así hubo distintas reacciones de corrientes políticas con respecto a teorías impugnadas hacia finalidades inadmisibles por dichos críticos contestatarios. Sirviendo de base para la creación de tendencias penales que van de frente a la vulneración de derechos humanos, como es el caso del Derecho Penal del enemigo.   Ahora, el Contrato nos sirvió para aumentar el poder de unos frente a otros (mi reflexión), pero también sirvió para el frene de hostigamientos corporales de toda la humanidad.

Pero, si es así, cual es la respuesta a que ello acabe, o es que es el destino estar condenados a vivir en una diferencia entre dominantes y dominados. Bien lo dijo Marx, el delito es un negocio para la burguesía, al ser la superestructura (Estado) llena de burgueses quien controla todo esto. ¿Será justificable aquello?, ¿podrá existir alguna salida a ello? Pareciera una utopía, pero si es así, entonces ¿Qué hacer? (Lenin).

Para poder entender lo referente al agotamiento de la vía administrativa se hace necesario la definición de determinados términos que nos ayudarán a un mejor entendimiento.

En primer lugar hay que definir lo entendido por Procedimiento Administrativo el cual consiste en un conjunto de pasos previamente establecidos y ordenados por la ley, que guardan entre si una relación de concordancia y cuyo producto final es un acto administrativo.

El Acto Administrativo consiste en la declaración unilateral de voluntad, conocimiento, juicio y deseo realizado por la administración en ejercicio de su potestad administrativa excluyendo la potestad reglamentaria.

También se hace necesario establecer la diferencia existente entre la vía administrativa, que son aquellos recursos que se hacen ante la administración pública y la vía jurisdiccional que son aquellos recursos que se hacen ante los órganos jurisdiccionales o tribunales.

Por lo tanto cuando nos referimos a recursos administrativos a la impugnación de un acto administrativo por ante un órgano de la Administración que puede ser el propio autor del acto o su superior jerárquico; y los recursos contenciosos son los medios de que disponen los interesados para someter ante un tribunal, en la forma legal, una pretensión jurídica, con la finalidad de que esta sea satisfecha mediante una sentencia.

Según lo establecido en la ley es necesario que dichos recursos administrativos sean utilizados en su totalidad por los administrados para que de esta manera este pueda hacer uso de los recursos contenciosos administrativos.

El objeto del presente trabajo es explicar los procedimientos a seguir por los administrados para que sus acciones en la administración pública logren agotar la vía administrativa y puedan dirigirse a la vía jurisdiccional.

Para esto fue necesario la consulta en textos especializados en la materia y dicha información recopilada se encentra estructurada en el presente trabajo en títulos y subtítulos previamente identificados.

Los recursos administrativos son de naturaleza distinta de los recursos contenciosos; en los primeros la administración actúa en ejercicio de la función administrativa, y el pronunciamiento que dicta es siempre un acto administrativo, y en cambio, en los recursos contenciosos el órgano competente actúa en función jurisdiccional y su resolución constituye una sentencia.

La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (L.O.P.A.) regula el agotamiento de la vía administrativa como carácter obligatorio para la admisibilidad de los recursos contencioso administrativos. Es el artículo 84, específicamente en su ordinal número 5 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (actualmente Tribunal Supremo de Justicia), quien prevé dicho requerimiento obligatorio del agotamiento de la vía administrativa de igual manera podemos evidenciar dicho carácter en el artículo 124, ordinal 2 de la misma ley los cuales establecen:

“Artículo 84. No se admitirá ninguna demanda o solicitud que se intente ante la Corte:…

5.- Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción es admisible; o no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República…”

“Artículo 124. El Juzgado de Sustanciación no admitirá el recurso de nulidad:…

2.- Cuando el recurrente no hubiere agotado la vía administrativa…

Con respecto al agotamiento de la vía administrativa como una condición para la admisibilidad de los recursos contenciosos administrativos, la L.O.P.A. regula esta en lo relativo a aquellos actos que directamente agotan la vía administrativa, y además en lo relativo a aquellos supuestos en los cuales los actos administrativos que no la agotan.

  1. En principio el agotamiento de esta vía se produce cuando exista una decisión del ministerio den la organización ministerial o de los funcionarios superiores en vía jerárquica, de las oficinas centrales de la presidencia, del contralor General de la republica, etc. en el caso de estos organismos.

En el caso de la decisión del ministro, que es la que regula en particular la L.O.P.A., puede considerarse que esa decisión agota por si sola la vía administrativa. Ello no contraria o impide que el administrado o interesado pueda interponer, ante el propio Ministro, un recurso de reconsideración, el cual, debe ser decidido por el Ministro, en el lapso de 90 días hábiles siguientes a su presentación, de acuerdo a lo establecido por el artículo 91 de la Ley el cual dice:

“Artículo 91. El recurso de reconsideración, cuando quien deba decidir sea el propio Ministro, así como el recurso jerárquico, deberán ser decididos en los noventa (90) días siguientes a su presentación.”

En caso del que el interesado, en lugar de acudir directamente a la vía contencioso administrativa, intente este recurso de reconsideración, el artículo 92 es muy claro al señalar que: “Interpuesto el recurso de reconsideración, o el jerárquico, el interesado no podrá acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mientras no se produzca la decisión respectiva o no se venza el plazo que tenga la administración para decidir.” Este plazo de la administración es el señalado anteriormente de 90 días.

Frente a una decisión que agota la vía administrativa, como es el caso de la decisión del Ministro, el particular tiene la posibilidad de acudir directamente a la vía contencioso administrativa y además, también tiene la posibilidad de intentar un recurso de reconsideración. En el caso de que opte por la vía del recurso de consideración no se decida o caduque el lapso de los 90 días hábiles, el particular no puede acudir a la vía contencioso administrativa. El plazo para intentar este recurso contencioso administrativo, comienza a partir de la fecha de notificación al interesado de la decisión tomada por el Ministro, recurrida por la vía de la reconsideración.

En el ordenamiento de la organización administrativa venezolana, existen varios supuestos en los cuales se puede agotar la vía administrativa con un acto de un inferior dentro de la organización ministerial. Entre estos supuestos podemos señalar el hecho de que en algunos casos las leyes especiales prescriben, lo cual ocurre en el caso del impuesto sobre la renta o en el caso de materia inquilina, en donde la decisión administrativa que emana del administrador general de Impuesto sobre la renta o del director del inquilinato, por si mismas van a agotar la vía administrativa y no son recurribles ante el ministro.

En estos casos anteriormente nombrados, se puede acudir a la vía contencioso administrativa de forma directa, o también interponiéndose un recurso de reconsideración.

  1. Los actos que agotan directamente la vía administrativa.
  2. Los actos que NO agotan directamente la vía administrativa:

Puede darse el caso del que el acto administrativo en concreto no agota la vía administrativa, en cuyo caso se agotara la vía administrativa a través del ejercicio de los recursos administrativos; de aquí se derivan tres supuestos: A) el supuesto de que el agotamiento de la vida administrativa debe llevarse a acabo a través del recurso de reconsideración; B) el supuesto de que el agotamiento de la vía administrativa debe realizarse mediante el ejercicio del recurso jerárquico, lo cual es lo más común de hacer; y C) el supuesto del caso particular de los Institutos Autónomos, regulado por la Ley.

El supuesto A referente al agotamiento de la vía administrativa a través del recurso de reconsideración, esta previsto en el artículo 94 de la L.O.P.A. el cual señala:

“Artículo 94. El recurso de reconsideración procederá contra todo acto administrativo de carácter particular y deberá ser interpuesto dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del acto que se impugna, por ante el funcionario que lo dicto. Si el acto no pone fin a la vía administrativa, el órgano ante el cual se interpone este recurso, decidirá dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del mismo. Contra esta decisión no puede interponerse de nuevo dicho recurso.”

Según este artículo cuando el acto no pone fin a la vía administrativa., el órgano ante el cual se interpuso el recurso de reconsideración, debe decidirlo en los 15 días hábiles siguientes al recibo de dicho recurso de reconsideración. Este supuesto requiere de una regulación especial.

No se consagra la necesidad de agotar la vía administrativa mediante el ejercicio del recurso de reconsideración, sino que las leyes especiales consagran este recurso como una vía optativa.

Por ejemplo, en materia de Impuesto sobre la renta, la decisión del administrador puede ser recurrida por vía de reconsideración, pero como una posibilidad que tienen los contribuyentes, ya que estos pueden, sin agotar el recurso de reconsideración, acudir a la vía contencioso administrativa contra la decisión de dicho administrador. Pero si se intento el recurso de reconsideración, el interesado debe esperar a que se decida o que transcurra el plazo previsto por la ley para la decisión, y así poder intentar el recurso contencioso administrativo de anulación.

El segundo Supuesto o supuesto B, referido a el agotamiento de la vía administrativa mediante el recurso jerárquico, es el normalmente regulado y establecido no solo por la jurisprudencia sino por las leyes especiales. En el caso de los Ministerios, se agota la vía administrativa con la decisión del Ministro. Habitualmente una decisión de un inferior administrativo, podía ser recurrida directamente ante el Ministro, por vía Jerárquica, y de esta manera se logra a través de la decisión del Ministro, el agotamiento de la vía administrativa.

La L.O.P.A. ha cambiado esta forma de actuación, y exige que dictado un acto por órgano inferior de un Ministerio, antes de acudir a la vía jerárquica ante el Ministro, debe agotarse el recurso de reconsideración como paso previo al ejercicio del recurso jerárquico para agotar la vía administrativa.

Este recurso de reconsideración debe intentarse contra los actos administrativos de efectos particulares, de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la L.O.P.A. Una vez intentado este recurso de reconsideración, el recurso jerárquico procederá solo cuando el órgano inferior decida no modificar el acto del cual es autor, en la forma solicitada en el recurso de reconsideración, de acuerdo a lo establecido por el artículo 95 de la L.O.P.A. el cual dice: “El recurso jerárquico procederá cuando el órgano inferior decida no modificar el acto de que es autor en la forma solicitada en el recurso de reconsideración. El interesado podrá, dentro de los quince (15) días siguientes a la decisión a la cual se refiere el párrafo anterior, interponer el recurso jerárquico directamente para ante el Ministro.”

Entonces los artículos anteriormente nombrados (94 y 95) son los que establecen que cuando se trate de un acto de órgano inferior es necesario para agotar la vía administrativa, ejercer el recurso de reconsideración y después contra la decisión de no reconsiderar, dictada por el funcionario o contra el acto tácito derivado del silencio en la reconsideración, es que debe intentarse el recurso jerárquico en la forma prescrita por los artículos 91, 92 y 95 de la L.O.P.A.

Se hace necesario hacer eferencia al caso de las multas que pueden ser impuestas por la L.O.P.A. el cual constituye un caso especial, pues allí se establece una regulación particular. Estas multas deben ser aplicadas por el Ministro y estas resoluciones que impongan multas podrán ser recurridas en vía de reconsideración dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación o notificación de la multa. Este recurso de reconsideración debe ser decidido por el Ministro en los 30 días hábiles siguientes. Contra esta decisión del ministro se puede recurrir en los 5 días hábiles siguientes de la notificación de esta decisión del Ministro, ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Por ultimo, el supuesto C referente al agotamiento de la vía administrativas por las decisiones de los institutos autónomos.

Entendamos en un inicio que se llaman Institutos Autónomos a las entidades creadas directamente por actos del poder público, dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propio, que tienen por objeto la gestión de servicios públicos o la realización de actividades administrativas, financieras, industriales y comerciales.

Cuando se trate de un acto emanado de un órgano inferior de un instituto autónomo a los efectos de intentar el recurso jerárquico previsto en el artículo 96 de la Ley, en principio se exigiría previamente el que se intente un recurso de reconsideración ante el órgano subalterno, de acuerdo a lo que se regula en el artículo 94 de la L.O.P.A.

Si este recurso no le da al recurrente y el órgano inferior decide no modificar el acto en la forma solicitada en el recurso de reconsideración, tendría que intentarse el recurso jerárquico ante los órganos superiores del Instituto autónomos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 95 y 96 de la L.O.P.A.

Luego de dictada la decisión por el superior jerárquico ante los órganos superiores del organismo autónomo o de vencido el lapso respectivo, es necesario que se intente un recurso jerárquico por ante el respectivo Ministro de adscripción, tal como lo exige el artículo 96.

Por lo tanto en el caso de los Institutos Autónomos, habría que cumplir tres vías de recursos para agotar la vía administrativa. El primer lugar, un recurso de reconsideración previo en el caso de que la decisión sea dictada por un órgano inferior de un Instituto Autónomo. En segundo lugar, un recurso jerárquico ante los órganos superiores del Instituto Autónomo. En tercero y ultimo lugar, un nuevo recurso jerárquico para ante el Ministro de adscripción respectivo, cuya decisión seria la que pondría fin a la vía administrativa de acuerdo al artículo 96 de la L.O.P.A.