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Una consecuencia fundamental del establecimiento de un sistema penal, predominantemente acusatorio es la división de un proceso en diferentes fases donde se advierte un clara definición y delimitación entre las funciones fundamentales del mismo, como son las de acusar, defender y decidir. Así tenemos, que el legislador procesal penal atribuye a un Órgano del Estado las funciones de averiguar la verdad y a otro las funciones de decidir; lo que supone colocar al Ministerio Público y a los jueces en el lugar que verdaderamente le corresponde conforme al rol que tienen establecidos, actuando de acuerdo con el desempeño y atribuciones que les asigna la ley.

En tal sentido, se puede afirmar que en el procedimiento ordinario en el proceso penal, conforme al COPP, se distinguen cinco fases:

1.FASE PREPARATORIA: en esta fase se dan lo siguiente:

Inicio del Proceso:

De Oficio

Por DenunciaMediante

Querella

Desarrollo de la Investigación

Actos conclusivos: los actos conclusivos pudieran ser:

Archivo Fiscal

Sobreseimiento

Acusación Fiscal

2.FASE INTERMEDIA O DE CONTROL DE LA ACUSACIÓN (AUDIENCIA PRELIMINAR)
3.FASE DE JUICIO ORAL

Preparación del Debate

Desarrollo del Debate

Deliberación y la Sentencia

4.FASE DE IMPUGNACIÓN O RECURSOS

5.FASE DE EJECUCIÓN PENAL

FASE PREPARATORIA.

La primera fase, LA PREPARATORIA, se inicia cuando la investigación por parte del Ministerio Público, quien es titular de la acción penal en los delitos de acción pública, y con base en ello está obligado a ejercerla, concretándose de esta manera los principios de legalidad y oficialidad de la acción.

En tal sentido, los Arts. 262 y 263 COPP, delimitan el objeto y alcance de esta primera fase, le atribuye al Ministerio Público la dirección de la misma, donde lo fundamental es la preparación del juicio oral y público, en virtud de lo cual su labor fundamental se circunscribirá en la búsqueda de la verdad y recolección de todos los elementos de convicción que le permitan posteriormente fundar la acusación o la defensa del imputado. En el curso de esa investigación, el Ministerio Público hará constar no sólo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparle, valiéndose de la colaboración de los Órganos de Policía de Investigaciones Penales.

En esta primera fase le corresponde a los Jueces controlar el cumplimiento de los principios y garantías procesales; así como practicar las pruebas anticipadas, resolver excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorizaciones, y es por ello que cuando el Órgano encargado de la investigación requiera la práctica de pruebas anticipadas, debe ser autorizado por el Órgano jurisdiccional.

Ahora bien el INICIO DEL PROCESO puede ser por cualquiera de los medios que se conocen como modos de proceder:

l    De Oficio

l    Por denuncia

l    Por querella

DE OFICIO: De una interpretación contextual de las normativas disciplinadas en los Arts 265 y 282 del COPP, se infiere que cuando de cualquier modo el Ministerio Público tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, ordenará sin pérdida de tiempo, el inicio de la investigación, y dispondrá que se practiquen todas las diligencias necesarias tendientes a investigar y hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, la responsabilidad de los autores y demás partícipes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.

POR DENUNCIA: Cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible puede denunciarlo ante un Fiscal del Ministerio Público o un órgano de policía de investigaciones penales. (Art. 267 COPP).

POR QUERELLA: El término querella se aplica en la actualidad para denotar el modo que tiene la víctima para instar la persecución penal en los delitos de acción pública, es un simple modo de proceder para dar inicio a una investigación de fase preparatoria y de conferirle a la víctima la condición de parte formal en el proceso. Sólo puede ser interpuesta en la fase preparatoria y obviamente ante el Juez de Control; bien sea antes de que se haya iniciado la investigación, o luego de iniciada por cualquier otro modo de proceder de los anteriormente citados, con el objeto de que la víctima adquiera la condición de querellante.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN:

Los procedimientos de naturaleza acusatoria se caracterizan por el predominio de la oralidad; no obstante, las actuaciones o diligencias de la fase preparatoria constarán en lo posible en acta. Por supuesto, el acta deberá resumir el resultado fundamental de los actos realizados y con la mayor exactitud posible, describirá las circunstancias de utilidad para la investigación.

Cono toda acta levantada a efecto de dejar constancia de las circunstancias de los actos realizados, deberá ser suscrita por todos los que hayan intervenido y muy especialmente por el funcionario del Ministerio Público a cargo de la investigación.

Como regla general todos los actos de la investigación serán reservados para terceros. La excepción es que solo podrán ser examinadas por el imputado, por sus defensores y por la víctima, se haya o no querellado, o por sus apoderados con poder especial. Por lo tanto, los funcionarios que hayan participado en la investigación y las personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones realizadas, están obligados a guardar reserva.

El Ministerio Público podrá disponer la reserva total o parcial de las actuaciones por un lapso que no podrá exceder de 15 días continuos, siempre y cuando la publicidad pueda entorpecer la investigación. En casos excepcionales, el plazo se podrá prorrogar hasta por un lapso igual, pero en este caso, cualquiera de las partes podrá solicitar al Juez de Control que examine los fundamentos de la medida y ponga fin a la reserva.

El imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el proceso y sus representantes, podrán solicitar al Ministerio Público la práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos, las cuales llevará a efecto en el caso que las considere pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión en contrario. Tanto el imputado como la víctima o sus abogados pueden solicitar al Ministerio Público, en la fase investigativa, que se realicen determinadas diligencias con el objeto de establecer la verdad de los hechos, y en tal sentido el Ministerio Público podrá o no compartir tal pedimento, pero en el caso de que no comparta deberá dejar por escrito sus fundamentos y razones para ello, para que el Juez de Control realice la revisión de esa negativa en audiencia oral, donde las partes puedan alegar lo que estimen conveniente.

El Ministerio Público podrá permitir la asistencia del imputado, la víctima y de sus representantes, a los actos que se deban practicar, cuando su presencia fuere útil para el esclarecimiento de los hechos y no perjudique la consecución y culminación de la investigación.

Lo referido en el Art. 386 COPP relativo al carácter reservado de la investigación, se refiere a actuaciones cumplidas y no a actuaciones por cumplir; y el Art. 288 COPP se refiere a la participación de las partes acreditadas en el proceso en las actuaciones que se deban practicar, sujeto a la discrecionalidad del Ministerio Público.

El Ministerio Público como impulsador y director de esta fase preparatoria, le corresponde decidir su conclusión, dentro de los lapsos y por los medios establecidos en el COPP, y es lo que se denomina.

ACTOS CONCLUSIVOS.

El Ministerio Público procurará dar término a esta fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera; no obstante, pasados 6 meses desde la individualización del imputado podrá requerir el Juez de Control la fijación de un plazo prudencial, no menor de 30 días ni mayor de 120 días par ala conclusión de la misma.

Así tenemos que la fase preparatoria puede concluir de tres maneras:

  1. Con el archivo de las actuaciones por parte del Ministerio Público, y es lo que se denomina Archivo Fiscal. Una vez realizada la investigación, estima el Ministerio Público que el resultado de la misma es insuficiente para proponer acusación, por lo que decretará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la reapertura cuando aparezcan nuevos elementos de convicción. El Archivo hace cesar la condición de imputado y las medidas cautelares impuestas.
  2. Con la solicitud de Sobreseimiento: Al estimar que concurren algunas de las circunstancias previstas en el Art. 300 COPP, que lo hacen procedente.
  3. Con la proposición de la acusación: cuando estime que la investigación proporciona fundamentos serios para el enjuiciamiento público del imputado, propondrá la acusación correspondiente ante el Tribunal de Control, quien en la Fase Intermedia determinará si hay elementos suficientes para llevarlo a juicio, tomando en cuenta los argumentos de la defensa, todo lo cual se va a ventilar en el acto fundamental que no es otro que el llamado AUDIENCIA PRELIMINAR.

 FASE INTERMEDIA

Se inicia con uno de los actos de mayor trascendencia de la etapa preparatoria, como lo es la presentación de la acusación, lo que supone que el Ministerio Público cumplió con las finalidades de la investigación, pues una vez que hace constar la comisión del hecho punible con todas las circunstancias que influyeron en su calificación y la responsabilidad de los autores, estimó que la investigación le proporcionó fundamentos serios para solicitar el enjuiciamiento del imputado, procediendo a presentar la acusación correspondiente al Tribunal de Control, quien convocará a las partes a una audiencia oral que no es otra cosa que la llamada audiencia preliminar, donde se definirá el objeto del proceso y los límites de la acusación del Ministerio Público como de la víctima, siempre que esta haya querellado o presentado acusación particular propia, donde las partes dispondrán de los mismos derechos, oportunidades y cargas para la defensa de sus intereses, que le permitan idénticas posibilidades procesales para sostener y fundamentar lo que cada uno estime conveniente, poniéndose de manifiesto el principio de defensa e igualdad entre las partes.

Esta fase es de tal importancia que en ella se determinará la existencia i no del juicio oral y público y por ello tendrá como función depurar, supervisar y controlar las garantías procesales. Finalizada la audiencia oral, el Juez resolverá, en presencia de las partes, sobre las cuestiones que según el caso se refiere el Art. 313 COPP.

La decisión por la cual el Juez admite la acusación se dictará ante las partes y es lo que el Legislador denomina Auto de Apertura a Juicio el cual debe contener los requisitos establecidos en el Art. 314 CCP, ello por constituir una decisión trascendental, pues mediante la cual se ordena el procesamiento del imputado dando instrucciones al secretario del debate propiamente dicho del proceso penal, que no es otro, que la FASE DEL JUICIO ORAL,  donde se resolverá toda controversia suscitada, cumpliéndose con los pasos relativos a la preparación y desarrollo del debate, culminando con la deliberación y la sentencia. Se da en esta fase la Audiencia Oral y pública, donde la parte acusadora tiene la obligación de demostrar que lo alegado es cierto. Corresponde la carga de la prueba a la parte acusadora. La parte acusadora debe probar LA VERDAD PLASMADA EN LA ACUSACIÓN, es su obligación, y lo realiza a través de las pruebas.

Dichas pruebas deben haber sido promovidas y admitidas oportunamente, de acuerdo a lo previsto en la ley, y obtenidas de forma lícita; cumplido esto corresponde al Juez de Juicio valorarlas, fundándose en los principios establecidos en el Art. 22 COPP, es potestad única y exclusiva del Juez de Juicio valorar dichas pruebas en el Juicio Oral y Público. La única excepción es al haber admisión de hecho que compete al Juez de Control sentenciar.

La FASE DE IMPUGNACIÓN O RECURSOS, donde las partes tendrán la oportunidad de recurrir por los medios y en los casos establecidos, en contra de las decisiones judiciales a quienes la ley reconozca expresamente ese derecho.

Y por último, la FASE DE EJECUCIÓN PENAL, en la cual el Juez correspondiente velará por el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme. De igual forma velará por los derechos del condenado; conoce de las solicitudes de beneficios procesales como lo son las formas alternativas de cumplimiento de pena:

  • Libertad condicional
  • Destacamento de trabajo
  • Confinamiento
  • Supresión condicional de la ejecución de la pena

El juez de Ejecución puede otorgar o negar estos beneficios procesales; en ambas circunstancias las decisiones son apelables por la parte interesada.

Medidas de Coerción Personal.

Debe entenderse como medidas de coerción personal no sólo la privación de libertad personal, sino cualquier tipo de sujeción a que es sometida cualquier persona, por lo que incluso las medidas cautelares sustitutivas.

Las medidas no son castigos, sino que persiguen asegurar el fin de la investigación, las mismas llevan consigo la restricción o intervención en los derechos fundamentales, y basados en el principio constitucional, de juzgamiento en libertad, la privación de ésta constituye la excepción.

La duración de las medidas de coerción, en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años, lapso éste que no influye en la duración del proceso penal en el cual se decrete la medida.

El Ministerio Público podrá solicitar una prórroga motivada para el mantenimiento de las medidas de coerción que se encuentren próximas a su vencimiento cuando existan causas graves que lo justifiquen.

La aprehensión por flagrancia. (Art 234)

Se entiende por delito flagrante el que se está cometiendo, acaba de cometerse o aquél por el cual el sospechoso se ve perseguido por la autoridad policial, la víctima o el clamor público, o en el que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar, o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor, de lo cual se deriva no sólo que la prueba del delito resulta, por lo regular, fácil y segura, sino que también la ley autoriza para los delitos flagrantes una forma especial de procedimiento.

En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso o sospechosa, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo o entregándola a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República en relación con la inmunidad de los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional y a los consejos legislativos de los estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado o imputada.

A manera de ejemplo: se puede decir cuando el sujeto es sorprendido en el momento mismo que está robando mercancías en un almacén o inmediatamente después; a esto se le denomina flagrancia y cuasi flagrancia, se verifica cuando una persona es detenida luego de haber ejecutado la conducta delictiva, siempre y cuando el imputado se haya visto perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público.

Privación judicial preventiva de libertad.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reconoce que la libertad personal es un derecho inviolable; y, en consecuencia se establece el principio del juzgamiento en libertad, por lo que sólo por excepción y por las razones determinadas en la Ley y apreciadas por el Juez en cada caso.

Es una detención preventiva como una medida cautelar excepcional, que sólo procede cuando las demás medidas cautelares fueren insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, pues la libertad es la regla y la privación de ésta es la excepción.

El Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado al acreditarse de manera concurrente los siguientes requisitos:

  • Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita. Se exceptúa el caso en que la pena no exceda de tres años en su límite máximo, y el imputado haya tenido buena conducta predelictual.
  • Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe de la comisión de un hecho punible. No se puede aplicar la privación preventiva, si no existe un mínimo de información que fundamente una sospecha bastante importante acerca de la existencia del hecho y de la participación del imputado en él.
  • Una presunción razonable por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, respecto de un acto concreto de investigación.

Peligro de fuga

Debe tenerse en cuenta especialmente, las siguientes circunstancias:

  • Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.
  • La pena que podría llegarse a imponer en el caso. Presumiéndose el peligro de fuga en caso de hechos punibles con pena privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez (10) años. En este supuesto el Fiscal del Ministerio Público, deberá solicitar la medida de privación preventiva de libertad, siempre que concurran las circunstancias del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Dicha presunción no tiene carácter absoluto, pues esta petición puede ser rechazada por el Juez, de acuerdo a las circunstancias, que deberá explicar razonadamente, e imponer al imputado una medida cautelar sustitutiva. Contra esta decisión podrán apelar tanto el Fiscal como la víctima, se haya o no querellado, dentro de los cinco (05) días siguientes a su publicación.
  • Así mismo, se presume el peligro de fuga, en virtud de la falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del imputado, y constituye motivo de revocatoria de la medida cautelar sustitutiva que se le hubiese dictado.

 Peligro de obstaculización:

  • Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción. Esto es que debe evitarse la posible interferencia del imputado en la investigación que adelanta el Ministerio Público para preservar los resultados de la misma.
  • Influirá para que coimputados, testigos, víctimas o expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.
  • La medida privativa no debería revocarse hasta finalizado el debate, por cuanto el peligro podría subsistir, hasta que el testigo rinda una declaración válida para fundamentar una sentencia.

 Medidas cautelares sustitutivas.

Son aquellas que pretenden asegurar la sujeción del imputado al proceso y en su caso, la presencia del presunto autor del hecho ante el órgano jurisdiccional, y así, evitar su inasistencia y consecuente frustración de la celebración del juicio oral ante el juzgador.

El Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 242, establece una serie de medidas que deberán ser impuestas por el Juez, de oficio, o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, mediante resolución motivada, siempre que los supuestos que dan lugar a la privación judicial preventiva de libertad, puedan ser razonablemente satisfechos por la aplicación de una de estas medidas.

En este sentido, las primeras siete medidas suponen obligaciones o limitaciones de los derechos sólo para el imputado, como puede ser la detención domiciliaria, la prohibición de frecuentar lugares o de salir del país, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en tanto, que la consagrada en el numeral 8, es decir, la prestación de una caución económica adecuada, de fianza o garantías reales, puede suponer compromisos para personas distintas, con ello se regula principalmente la caución real y la fianza personal y, subsidiariamente, la caución juratoria, la cual procede cuando no fuere posible la constitución de una u otra.

Por otra parte, no podrán concederse al imputado de manera contemporánea tres o más medidas cautelares sustitutivas.

El Código Orgánico Procesal Penal, consagra tres figuras cuya aplicación implica que el proceso penal ya iniciado termine, se suspenda el mismo o se aplique una rebaja en la pena. Dichas figuras son el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. También prevé el Código adjetivo el procedimiento por admisión de los hechos, lo cual conlleva a la imposición inmediata de la pena y a la rebaja de la misma desde un tercio hasta la mitad, dependiendo de las circunstancias y tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado.

Principio de oportunidad.

Esta figura, contenida en los artículos 38, 39 y 40 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye una excepción al principio de legalidad procesal, pues permite al Fiscal del Ministerio Público, prescindir del ejercicio de la acción penal, siendo un mecanismo para canalizar la selectividad espontánea de todo sistema penal, justificándose la disponibilidad de la acción penal.

Artículo 38. El o la Fiscal del Ministerio Público podrá solicitar al Juez o Jueza de Control autorización para prescindir, total o parcialmente, del ejercicio de la acción penal, o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho, en cualquiera de los supuestos siguientes:

 1. Cuando se trate de un hecho que por su insignificancia o por su poca frecuencia no afecte gravemente el interés público, excepto, cuando el máximo de la pena exceda de los ocho años de privación de libertad, o se cometa por un funcionario o funcionaria, empleado público o empleada pública, en ejercicio de su cargo o por razón de el.

2. Cuando la participación del imputado o imputada, en la perpetración del hecho se estime de menor relevancia, salvo que se trate de un delito cometido por funcionario o funcionaria, empleado público o empleada pública, en ejercicio de su cargo o por razón de el.

3. Cuando en los delitos culposos el imputado o imputada, haya sufrido a consecuencia del hecho, daño físico o moral grave que torne desproporcionada la aplicación de una pena.

4. Cuando la pena o medida de seguridad que pueda imponerse por el hecho o la infracción, de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta, o a la que se debe esperar por los restantes hechos o infracciones, o a la que se le impuso o se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.

Quedan excluidas de la aplicación de esta norma, las causas que se refieran a la investigación de los delitos de: homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, el delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra.

Respecto a los supuestos generales de procedencia del principio de oportunidad, previstos en el artículo 38 ejusdem, cabe resaltar los siguientes puntos:

Hecho insignificante: Abarca delitos de escaso contenido antisocial, infracciones de carácter mínimo como los de bagatela por la importancia ínfima del hecho, cuya reprochabilidad es escasa y el bien jurídico protegido se considera de menor relevancia.

Hecho poco frecuente: La apreciación sobre lo poco frecuente del hecho no puede sustentarse únicamente en la concepción subjetiva del representante de la Institución, sino que debe apoyarse en elementos objetivos que demuestren tal circunstancia, como por ejemplo, las estadísticas de los cuerpos de investigaciones penales.

Hechos que no afecten gravemente el interés público: Cuando no se vea alterada la paz jurídica, más allá del círculo vital de la víctima y la persecución penal no constituya un objetivo actual de la colectividad.

Menor relevancia de la participación del imputado: Toma en consideración el grado de participación de una persona en la comisión de un hecho punible, debiendo también considerarse la trascendencia del hecho en el cual haya participado, así como su insignificancia desde un punto de vista objetivo.

Daño físico o moral grave: Se trata de la llamada retribución natural que el sujeto activo del delito culposo padece como consecuencia de su propia conducta desviada, y cuyos efectos son mucho más trascendentales que los de la aplicación de la pena fijada para aquella.

Carencia de importancia de la pena o medida de seguridad: El legislador consagra tres supuestos:

• Pena o medida de seguridad que carezca de relevancia en relación con las ya impuestas.
• Pena o medida de seguridad intrascendente en comparación con las que se deben esperar con los restantes
hechos o infracciones.
• Pena o medida de seguridad sin importancia en cuanto a aquellas que se han impuesto o se impondrían en un procedimiento tramitado en el extranjero.

Artículo 39 Efectos: Si el tribunal admite la aplicación de alguno de los supuestos previstos en el artículo 38, se produce la extinción de la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso. Si la decisión tiene como fundamento la insignificancia del hecho, sus efectos se extienden a todos los que reúnan las mismas condiciones.

El Juez o Jueza, antes de resolver respecto de la solicitud fiscal, procurará oír a la víctima.

Artículo 40 Supuesto Especial:  El o la Fiscal del Ministerio Público solicitará al Juez o Jueza de Control autorización para aplicar el presente supuesto especial, cuando se trate de hechos producto de la delincuencia organizada o de la criminalidad violenta y el imputado o imputada colabore eficazmente con la investigación, aporte información esencial para evitar que continúe el delito o se realicen otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos, o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados o imputadas, siempre que la pena que corresponda al hecho punible por el cual se le investiga, sea menor o igual que la de aquellos cuya persecución facilita o continuación evita.

Admitida la solicitud del Ministerio Público, la causa seguida al informante se separará, ordenándose el resguardo de aquél en un establecimiento que garantice su integridad física, para lo cual cooperarán todos los organismos del Estado que se requiera.

El Juez o Jueza competente para dictar sentencia, en la oportunidad correspondiente, rebajará la pena aplicable a la mitad de la sanción establecida para el delito que se le impute al informante, cuando hayan sido satisfechas las expectativas, lo cual deberá constar en el escrito de acusación.

En todo caso, el Estado adoptará las medidas necesarias para garantizar la integridad física del informante.

Con relación al supuesto especial contenido en el artículo 39 ejusdem, es necesario aclarar que tanto el concepto de delincuencia organizada y criminalidad violenta, son indeterminados, lo cual complica su interpretación y aplicación práctica. Sin embargo, en cuanto a la noción de delincuencia organizada, el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, ha considerado su existencia en la industria transnacional del tráfico de drogas, de armas, de materiales nucleares y tóxicos, de migrantes ilegales, del terrorismo, de la trata de blancas, mujeres y niños, del tráfico de órganos humanos, del robo, hurto y tráfico de vehículos, de la legitimación de capitales proveniente de cualquier delito, de la corrupción administrativa y el deterioro ecológico por la delincuencia económica; definiendo la delincuencia organizada como el conjunto de personas que se agrupan para dedicarse a una actividad delictiva de manera más o menos constante, bajo el caparazón de compañías, proporcionando bienes y servicios ilícitos o bienes lícitos que han sido obtenidos por medios ilícitos, como el hurto, el robo o el fraude. Así la delincuencia organizada representa, prácticamente en todos los casos, la prolongación de un sector del mercado legítimo a esferas normalmente proscritas.

Por otra parte, sobre la criminalidad violenta, José Tadeo Sain Silveira señala como ejemplos a las organizaciones dedicadas al terrorismo que cometen genocidio, secuestros y otras privaciones ilegítimas de libertad, extorsiones, robos, delitos violentos contra la independencia y seguridad de la nación. No obstante, no puede descartarse la aplicabilidad de este supuesto a delitos violentos cometidos por personas que no conformen agrupaciones criminales organizadas, como el caso del homicidio doloso.

Finalmente, la colaboración eficaz del imputado puede verificarse indistintamente hacia el hecho delictivo o hacia su ejecutor, consistiendo en el aporte de información esencial para evitar que continué el delito o se realicen otros, ayudando a esclarecer el hecho investigado u otros conexos, o proporcionando información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la pena que corresponda al hecho punible cuya persecución se suspende, sea menor o igual que la de aquellos cuya persecución facilita o evita su continuación.

Acuerdos Reparatorios.

El artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé la posibilidad de que puedan celebrarse acuerdos reparatorios desde la fase preparatoria, entre el imputado y la víctima, cuando el hecho punible recaiga exclusivamente sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial o se trate de delitos culposos contra las personas, que no hayan ocasionado su muerte o afectado en forma permanente y grave su integridad física.

Para determinar la disponibilidad de un bien jurídico, debe antes valorarse su carácter, esto es, si se trata de un bien jurídico individual o colectivo; en el primer caso, su titular puede disponer de él, no así tratándose de bienes jurídicos comunitarios o colectivos los cuales no pueden ser objeto de disposición por no tener un titular único.

Oportunidad Procesal: Los acuerdos reparatorios pueden aprobarse por el órgano jurisdiccional, desde la fase preparatoria hasta la intermedia. En caso de haber sido propuestos en la fase de investigación, es pertinente que la misma esté suficientemente adelantada y que exista una imputación por parte del Ministerio Público.

El Juez debe verificar que quienes concurran al acuerdo hayan prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos, y que efectivamente se está en presencia de un hecho punible respecto al cual procede. El Fiscal del Ministerio Público a cargo de la investigación, debe emitir previamente a la aprobación del acuerdo reparatorio, su opinión motivada.

En caso de que el acuerdo reparatorio se efectúe después de que el representante de la Institución haya presentado la acusación, y ésta haya sido admitida, se requerirá que el imputado en la audiencia preliminar, o antes de la apertura del debate, en caso de un procedimiento abreviado, admita los hechos objeto de la acusación.

Sólo se podrá celebrar un nuevo acuerdo reparatorio a favor del imputado, después de transcurridos tres años desde la fecha de cumplimiento de uno anterior.

 Efectos y recursos: El cumplimiento del acuerdo reparatorio, extinguirá la acción penal con respecto del imputado que hubiere intervenido en él. Cuando existan varios imputados o víctimas, el proceso continuará en relación a los que no hayan concurrido al acuerdo.

En caso de que existan plazos para la reparación o dependa de hechos o conductas futuras, se suspenderá el proceso hasta la reparación efectiva o el cumplimiento total de la reparación. Dicha suspensión sólo procede hasta por el lapso de tres meses, de no cumplir el imputado en dicho término, sin causa justificada, a juicio del tribunal, el proceso continuará.

En aquellos casos en que se incumple el acuerdo que se hubiere realizado después de admitida la acusación o antes de la apertura del debate, si se trata de un procedimiento abreviado, el juez procederá a dictar la sentencia condenatoria correspondiente, fundamentada en la admisión de los hechos realizada por el imputado, conforme al procedimiento por admisión de los hechos, pero sin la rebaja de la pena establecida en el mismo.

En el supuesto de incumplimiento, los pagos y prestaciones efectuados no serán restituidos.

En cuanto a los recursos, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 543, del 03-05- 2000, consideró que: “El interés entre la víctima y el imputado en celebrar el acuerdo reparatorio, tiene como objeto la resolución alternativa del conflicto surgido indemnizándose a la víctima con una justa reparación, además de lograrse la extinción de la acción penal, que por razones de economía procesal, constituye una solución para evitar procesos largos y costosos...”

Suspensión Condicional del Proceso.

La suspensión condicional del proceso, según Esteban Marino, “…es un instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción penal a favor de un sujeto imputado por la comisión de un ilícito, quien se somete, durante un plazo, a una prueba en la cual deberá cumplir satisfactoriamente con ciertas y determinadas obligaciones legales e instrucciones que le imparta el tribunal para el caso concreto, a cuyo término, se declara extinguida la acción penal, sin consecuencias jurídico-penales posteriores. Si se trasgrede o cumple insatisfactoriamente la prueba, el tribunal, previa audiencia en la que interviene el imputado, tiene la facultad de revocar la medida y retomar la persecución penal contra él.”

Establece el Código Orgánico Procesal Penal, los requisitos de procedencia de la suspensión condicional del proceso, los cuales son concurrentemente los siguientes:

  • Que se trate de un delito leve, cuya pena no exceda de ocho años en su límite máximo.
  • Que el imputado admita plenamente el hecho que se le atribuye, aceptando formalmente su responsabilidad en el mismo.
  • Que se demuestre que el imputado ha tenido buena conducta predelictual.
  • Que el imputado no se encuentre sujeto a una medida igual por otro hecho.
  • Que el imputado oferte la reparación del daño causado por el delito cometido. Dicha oferta podrá consistir en la conciliación con la víctima o en la reparación natural o simbólica con respecto del daño causado.
  • Que el imputado se comprometa a someterse a las condiciones que le fueren impuestas por el tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 ejusdem.

Oportunidad Procesal: La suspensión condicional del proceso, podrá solicitarse luego de admitida la acusación presentada por el Ministerio Público y hasta antes de acordarse la apertura del juicio oral y público, y en los casos de procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes de la apertura del debate.

En los casos de existir oposición de la víctima y del Ministerio Público, el juez debe negar la petición, esta decisión no tiene apelación.

Efectos: El régimen de prueba estará sujeto a control y vigilancia por parte del delegado de prueba que designe el juez y el plazo fijado no podrá ser inferior a un año ni superior a dos, ni exceder del término medio de la pena aplicable.

Finalizado el plazo o régimen de prueba, el juez convocará a una audiencia notificando de la realización de la misma al Ministerio Público, al imputado y a la víctima, y luego de verificar el total y cabal cumplimiento de todas las obligaciones impuestas, decretará el sobreseimiento de la causa.

Si el imputado incumple injustificadamente alguna de las obligaciones que se le impusieron, o de la investigación que continué realizando el Ministerio Público, surgen nuevos elementos de convicción, que relacionen al imputado con otro u otros delitos, el juez oídas las partes y mediante auto razonado, puede realizar las siguientes actuaciones:

  •  Revocar la medida, reanudando el proceso y procediendo a dictar sentencia condenatoria fundada en la admisión de los hechos. En estos casos, los pagos y prestaciones efectuadas no serán restituidos.
  •  Ampliar el plazo de prueba por un año más, previo informe del delegado de prueba y oída la opinión favorable del Ministerio Público y de la víctima.
  •  En el caso de un nuevo hecho punible, el juez, una vez admitida la acusación revocará la medida de suspensión condicional del proceso.
  • Durante el período de prueba del que trata el artículo 44 eiusdem, quedará en suspenso la prescripción de la acción penal.

Admisión de los hechos

La admisión de los hechos constituye una de las formas consensuales de tratamiento de las situaciones penales, así como una de las formas de autocomposición procesal mediante la cual el legislador, crea una especial manera de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y con la condena del imputado. Dicha admisión supone una renuncia voluntaria al derecho a un juicio, principio garantizado tanto por el Código Orgánico Procesal Penal como por los Tratados Internacionales ratificados por Venezuela, y consiste en el reconocimiento del imputado de haber participado en el hecho que se le atribuye, sin que el mismo pueda ser considerado una confesión.

Por otra parte, este procedimiento le ahorra al Estado el desarrollo de un proceso judicial costoso.

El Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 375, regula el procedimiento por admisión de los hechos de la siguiente forma:

Artículo 375. EI procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas.

EI Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. EI acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.

En estos casos; el Juez o Jueza podrá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado y motivando adecuadamente la pena impuesta.

Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, y en los casos de delitos de: homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, el Juez o Jueza sólo podrá rebajar hasta un tercio de la pena aplicable.

Oportunidad procesal: En el procedimiento ordinario, en la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación; y en el procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes del debate. Es importante resaltar, que el Juez en la audiencia correspondiente, deberá instruir al imputado respecto al procedimiento por la admisión de los hechos, concediéndole la palabra, tal y como lo establece el precitado artículo.

La omisión de esta formalidad, en criterio del Tribunal Supremo de Justicia, ha sido causal de nulidad de la audiencia.

Consecuencia: la imposición inmediata de la pena aplicable al delito. Esta pena el Juez la rebajará desde un tercio a la mitad a la que haya debido imponerse, motivándola adecuadamente, atendiendo a todas las circunstancias, y tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado. Cuando se trate de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, los que atenten contra el patrimonio público y los previstos en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, el Juez sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio, sin que sea inferior al límite mínimo de aquélla que establece la ley para el delito correspondiente.

Recursos: El procedimiento por admisión de los hechos es susceptible de apelación. Ahora bien, el Tribunal Supremo de Justicia ha considerado que a pesar que las decisiones dictadas por los Tribunales en la fase intermedia, conforme a este procedimiento, tienen carácter de sentencia, las mismas son recurribles conforme al trámite para la apelación de autos, por no tratarse de sentencias definitivas dictadas en el juicio oral.

El artículo 375, en su último aparte señala la omisión de la audiencia para instruir al imputado, respecto al procedimiento para la admisión de los hechos, cuando la sentencia condenatoria sea motivada al incumplimiento de éste del acuerdo reparatorio o de las obligaciones impuestas en la suspensión condicional del proceso.

Actos de Investigación.

Son aquellos que se realizan en la fase preparatoria y están constituidos por todas las actuaciones encaminadas a averiguar y hacer constar la perpetración de hechos punibles, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y en la culpabilidad de los delincuentes.

Los actos de investigación son ordenados por el Ministerio Público y practicados por éste de manera directa o a través de los Órganos de Investigaciones Penales, salvo aquellos que requieran autorización u orden previa de los órganos jurisdiccionales.

Los actos de investigación se diferencian de los de prueba, en que estos últimos se practican en presencia del órgano que ha de dictar sentencia y de las partes, con lo que se garantizan plenamente los principios de inmediación, contradicción y publicidad.

Es importante resaltar que la escena del crimen o sitio del suceso, es una de las fuentes de información más importantes; a continuación se indicarán las diferentes evidencias físicas que se pueden encontrar en el sitio del suceso:

El lugar de los hechos: es fuente básica de información y fundamento legal para la colección de elementos de convicción. Se debe tener presente que la protección del sitio del suceso es esencial para evitar, la contaminación, pérdida o inadecuada manipulación de las allí encontradas.

Es vital que los investigadores busquen y encuentren en el sitio del suceso, todos los elementos de convicción ocultos, para que los análisis pertinentes al proceso metodológico reconstructivo tengan una mayor confiabilidad.

  • Es importante tener presente varias características generales:
  • El investigador debe acudir prontamente al lugar de los hechos.
  • Practicar la inspección del sitio del suceso con el auxilio de técnicas fotográficas y planimétricas.
  • Se debe evitar la contaminación o pérdidas de las evidencias físicas e inspeccionar minuciosamente el lugar.
  • La búsqueda de evidencias físicas debe estar precedida de una planificación sobre la metodología a utilizar.
  • Al sitio deben entrar la menor cantidad de personas para realizar la inspección; en primer lugar el fiscal, luego el investigador, el fotógrafo, el dibujante y los expertos en colección.

Evidencias Física: Consisten en materiales sólidos, líquidos y gaseosos, que se colectan en el lugar de los hechos relacionados con un hecho investigado, que pueden servir como elementos de convicción y han de ser debidamente protegidos, embalados, rotulados y transportados.

Cadena de custodia: La cadena de custodia es pieza fundamental en el desarrollo investigativo y probatorio para el control y/o vigilancia de los elementos de convicción colectados en el lugar de los hechos, cualquiera que estos sean; es el mecanismo que garantiza la autenticidad de los elementos de convicción colectados y examinados.

Los funcionarios que participen en la cadena de custodia es responsable del control y registro de su actuación directa dentro del proceso, y en todo caso deben observarse las pautas siguientes:

  • Toda evidencia física tendrá un registro cronológico.
  • Implica el resguardo de las evidencias en un lugar seguro.
  • El formato de registro de cadena de custodia debe aparecer la identificación (legible) y firmas de quién recibe y de quién entrega.
  • No admite enmendaduras, espacios libres, interlineaciones, ni adiciones.

Inspecciones: Las inspecciones son mecanismos que se utilizan para la obtención y  colección de evidencias, relacionadas con el hecho que se investiga o con la persona a quien se le atribuye su autoría o participación. Se comprueba el estado de los lugares públicos, cosas, rastros y efectos materiales que existan y que sean de utilidad para la investigación del hecho, o la individualización de los partícipes en él, debiendo levantarse informe de lo realizado, contentivo de una descripción detallada de esos elementos y, cuando fuera posible, se colectarán y conservarán los que sean útiles.

tipos de inspecciones:

A personas: Se permite el registro de personas, si se tienen motivos suficientes para presumir que oculta entre sus ropas o pertenencias o adheridos a su cuerpo, objetos relacionados con un hecho punible; el funcionario debe advertirle acerca de la sospecha y del objeto buscado, pidiéndole su exhibición. Se practicarán separadamente, por una persona del mismo sexo y respetando su pudor.

Se puede efectuar en la persona del imputado un examen corporal y mental con orden judicial, cuando sea necesario y siempre respetando su pudor, pudiendo asistir una persona de su confianza.

A vehículos: Se podrán realizar inspecciones de vehículos, si se tienen motivos suficientes para presumir que oculta entre el vehículo objetos relacionados con un hecho punible; el funcionario debe advertirle acerca de la sospecha y del objeto buscado.

En un lugar público: Los registros en estos lugares, se efectúan cuando haya motivos suficientes para presumir que en los mismos existen rastros del delito investigado o de alguna persona fugada o sospechosa. Se requieren la presencia de quien habite o se encuentre en posesión o esté encargado del lugar.

En lugares cerrados de acceso público: El Código permite el registro de los mismos también en horario nocturno, con autorización judicial, salvo en los casos en que se actúe para impedir la realización de un delito, cuando esté abierto y se trate de un caso grave que no admita demora en la ejecución y cuando el interesado o su representante preste su consentimiento expreso.

Allanamientos:  Es la excepción a la inviolabilidad del hogar doméstico y recinto privado, se efectuarán por orden judicial, a solicitud del Ministerio Público, o a requerimiento del órgano policial, previa autorización del Fiscal del Ministerio Público, en los casos de necesidad y urgencia.

Se exceptúa la autorización judicial en los siguientes casos:

  • Para impedir la perpetración de un delito.
  • Cuando se persiga a un imputado para su aprehensión.

 La comprobación del hecho en casos especiales:

Levantamiento e identificación de cadáveres: En los casos de muertes violentas o cuando existan fundadas sospechas de que la muerte es consecuencia de la perpetración de un hecho punible, antes de la inhumación del occiso, se realizará la inspección corporal preliminar.

Autopsia: Las autopsias deben practicarse en las dependencias de la medicatura forense, por el médico correspondiente.

Exhumación: La exhumación puede solicitarse por el Ministerio Público, entre otros supuestos, cuando el cadáver ha sido sepultado sin la práctica de autopsia y se sospeche que la muerte es consecuencia de un hecho punible, cuando el resultado de la autopsia es controvertido, para establecer la identidad plena del occiso, etc.

La ocupación e interceptación de correspondencia y comunicaciones: El artículo 48 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas, afirmando que éstas no podrán ser interferidas sino por orden de un Tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso.

Incautación: Esta figura, que no es otra cosa que el apoderamiento o toma de posesión que en virtud de atribuciones legales lleva a cabo una autoridad competente, se utiliza cuando el Ministerio Público en el curso de una investigación estima que se hace necesario la obtención de correspondencia y otros documentos que se presuman emanados de los partícipes o dirigidos a ellos, y que pueden guardar relación con el hecho punible.

Interceptación o grabación de comunicaciones privadas: Sólo podrá disponerse la interceptación o grabación de comunicaciones privadas, conforme a la Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones, que prevé en su artículo 6 los delitos que permiten tal actuación, como son:

  • Los que atentan contra la seguridad e independencia del Estado;
  • Los previstos en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, derogada por la Ley contra la Corrupción;
  • Los contemplados en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas;
  • y en los casos de secuestro y extorsión.

El Ministerio Público deberá solicitar razonadamente al Juez de Control del lugar donde se realizará la intervención, la correspondiente autorización con expreso señalamiento del delito que se investiga, el tiempo de duración, que no excederá de treinta (30) días, los medios técnicos a ser empleados y el sitio o lugar desde donde se efectuará.

Régimen Probatorio

Principios de la actividad probatoria: En el proceso penal la prueba está dirigida, en primer término, a lograr la acreditación de la comisión de un hecho punible, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y en segundo lugar, a la individualización de los autores y demás partícipes en ese hecho.

Los medios de prueba son los instrumentos que le suministran al juez el conocimiento de los hechos objeto de la prueba.

Libertad de pruebas: Es la facultad de las partes de promover cualquier medio probatorio lícito, pertinente, idóneo y oportuno para comprobar los hechos en que fundan sus pretensiones. Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba, incorporado legalmente.

Licitud o legalidad: La sentencia solo puede fundarse en los elementos de pruebas obtenidos e incorporados legalmente al proceso, por ello no puede utilizarse la información obtenida mediante el menoscabo de la voluntad o por violación de los derechos fundamentales de las personas o la obtenida por un medio o procedimiento ilícito.

Se considera prueba ilegal, aquella que se practicó en contravención de las garantías constitucionales o legales, o por su irregular incorporación al proceso.

Control y Contradicción: La parte contra quien obra la prueba debe tener la posibilidad de controlarla durante su formación y de impugnarla, de oponerse a su valoración o contradecirla con otros medios de prueba.

Comunidad: Las pruebas se integran al proceso de forma general, éstas pertenecen al proceso y no a las partes que las hayan promovido, pudiendo beneficiar o perjudicar a cualquiera de ellas.

Pertinencia: Debe existir una adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los que son objeto de prueba.

Sana Crítica: Implica que los tribunales apreciarán las pruebas según la sana crítica observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia.

La prueba: Se entiende por prueba los diversos medios allegados al proceso mediante el cumplimiento de los requisitos legales, que contienen los motivos o razones para llevar al órgano jurisdiccional, el convencimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos que interesan al proceso.

La prueba presenta cuatro aspectos que pueden ser analizados por separado, siendo los mismos:

Elemento de prueba: Es todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva. Debe contener las siguientes características:

  • La objetividad, es decir, el dato debe provenir del mundo externo al proceso y debe cumplirse de un modo tal que pueda ser controlado por las partes.
  • La legalidad de los elementos de prueba, es presupuesto indispensable para su utilización, su posible ilegalidad podrá obedecer a dos motivos: su irregular obtención o su irregular incorporación al proceso.
  • La relevancia del elemento de prueba será tal, no sólo cuando produzca certeza sobre la existencia o inexistencia del hecho que con él se pretende acreditar, sino también cuando permita fundar sobre éste un juicio de probabilidad.
  • La pertinencia implica que el dato probatorio debe relacionarse con los extremos de la imputación delictiva, esto es, existencia del hecho y participación del imputado o con cualquier hecho o circunstancia jurídicamente relevante del proceso; La relación entre el hecho o circunstancia que se quiere acreditar.

Órgano de prueba: Es el sujeto que porta un elemento de prueba y lo trasmite al proceso. Su función es la de intermediario entre la prueba y el órgano jurisdiccional.

Medio de prueba: Es el procedimiento establecido por la Ley tendiente a lograr el ingreso del elemento de prueba en el proceso.

Objeto de la prueba: Es aquello que puede ser probado, aquello sobre lo cual debe o puede recaer la prueba. La prueba puede recaer sobre hechos naturales o humanos, físicos o psíquicos. No serán objeto de prueba los hechos notorios, ni los evidentes, salvo que sean controvertidos razonablemente; tampoco existencia del derecho positivo vigente, ni aquellos temas sobre los cuales las leyes prohíben hacer prueba.

La proposición de la prueba por parte del Ministerio Público:

En las siguientes oportunidades:

• En la acusación, deberá ofrecer los medios de prueba con indicación de su pertinencia y necesidad.

• Hasta cinco días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, puede ofrecer nuevas pruebas de las cuales haya tenido conocimiento con posterioridad a la presentación de la acusación.

• Durante la etapa de preparación del debate, cuando se tenga conocimiento de pruebas con posterioridad a la audiencia preliminar.

• En los casos de ampliación de la acusación, se pueden ofrecer nuevas pruebas, relacionadas con los nuevos hechos.

• En la celebración del debate, cuando surjan hechos o circunstancias nuevas que requieran su esclarecimiento, se podrá solicitar la práctica de pruebas.

Estipulaciones: Las estipulaciones son convenios verbales y cláusulas de cualquier acto o negocio jurídico, y en el proceso penal, se entienden como todos aquellos acuerdos realizados por las partes con relación a la prescindencia de la presentación en el debate del juicio oral y público, de las pruebas de los hechos que se dan por demostrados y se realizan en la audiencia preliminar.

Testimonio: Es la exposición o relato que una persona realiza ante el funcionario competente, de los hechos o circunstancias relacionados directa o indirectamente con el delito materia de investigación y de los cuales ha tenido conocimiento por percepción directa o por informaciones.

El principio general que rige el testimonio es el que todo habitante del país o persona que se halle en él tendrá el deber de concurrir a la citación practicada por un Tribunal, con el fin de prestar declaración testimonial.

Esta obligación de rendir declaración tiene sus exenciones en los siguientes casos:

  • El cónyuge o la persona con quien haga vida marital el imputado, sus ascendientes y descendientes y demás parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, sus padres adoptantes y su hijo adoptivo.
  • Los ministros de cualquier culto respecto de las noticias que se le hubieren revelado en el ejercicio de las funciones propias de su ministerio;
  • Los abogados respecto de las instrucciones y explicaciones que reciban de sus clientes;
  • Los médicos cirujanos, farmacéuticos, enfermeras, pasantes de medicina y demás profesionales de la salud.

Clasificación de los testigos:

  • Testigo directo: cuando la percepción ha sido personal, es el de mayor valoración.
  • Testigo indirecto o mediato: cuando se conocen los hechos por intermedio de otra persona, puede dársele valor, siempre y cuando se trate de localizar la fuente de información.
  • Testigo por comentario: cuando se origina en un rumor público, es el llamado de oídas, tiene un valor muy limitado, casi ninguno, aunque en algunos casos puede servir de orientación y complementarse con otras pruebas.

Recepción de la prueba testimonial en el debate oral: Luego de oída la declaración del imputado y de los expertos, se procederá a la recepción de la prueba testimonial, en el orden siguiente:

  • primero los promovidos por el Ministerio Público;
  • luego los propuestos por el querellante y;
  • finalmente los del acusado,

Salvo que el Juez altere este orden, cuando lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos.

Los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en el debate; Los testigos deben ser juramentados e interrogados sobre su identidad personal y las circunstancias generales para apreciar su declaración, luego de ello, se le concederá la palabra para que indique lo que sabe acerca del hecho y cómo obtuvo conocimiento del mismo.

Reconocimiento: Forma parte de la prueba testimonial, el reconocimiento de personas y todo cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial.

En caso del reconocimiento del imputado, se solicitará al testigo reconocedor, que previamente lo describa, señalando sus rasgos más característicos, a objeto de establecer si efectivamente lo conoce o lo ha visto anteriormente.

El reconocimiento en rueda de individuos, se realiza con un grupo conformado por la persona a reconocer y por lo menos, otras tres más, de aspecto exterior semejante. El reconocedor será juramentado y manifestará en el acto, si la persona a la que se ha referido en sus declaraciones, se encuentra entre las que forman la rueda o grupo, y en caso afirmativo, señalará cuál es.

Careo: El careo no es un medio de prueba autónomo, se utiliza para la recta valoración del testigo y supone la confrontación de dos personas con posiciones contrapuestas, pudiendo verificarse entre testigos o entre las partes y los testigos.

La experticia: Es un medio de prueba a través del cual son aportados al proceso los elementos de juicio necesarios para la resolución de cuestiones que, por su naturaleza requieren de conocimiento y habilidad especial, sometiéndolas al examen, análisis, reconocimiento e informes de personas que posean la respectiva competencia científica, técnica o práctica.

El Ministerio Público ordenará la práctica de experticias cuando para el examen de una persona u objeto, o para descubrir o valorar un elemento de convicción, se requieran conocimientos o habilidades especiales en alguna ciencia, arte u oficio.

Clasificación de los peritos:

  • Titulares: Siempre que la ciencia el arte u oficio estén reglamentados, deberán poseer título en la materia relativa al asunto sobre el cual dictaminarán.
  • No titulares: Caso contrario, deberán designarse a personas de reconocida experiencia en la materia.
  • Oficial (permanente): Funcionarios adscritos al órgano de investigaciones penales, en virtud de lo cual bastarán sus designaciones por el superior inmediato para el cumplimiento de sus funciones, sin que sea menester ser juramentados.
  • No oficial (ocasional): Requieren ser designados y juramentados por el Juez, previa petición del Ministerio Público.

Deberes de los peritos: Tienen la obligación de comparecer al llamamiento, aceptar y cumplir el encargo que motivó su citación, a menos que exista razón legal que justifique su excusa.

Incorporación de nuevos peritos: Podrán nombrarse uno o más peritos nuevos, de oficio o a petición de partes, para que examinen los informes, y de ser el caso los amplíen o repitan, cuando los mismos sean dudosos, insuficientes o contradictorios, o cuando el Juez o el Ministerio Público lo estimen pertinente.

Contenido del informe pericial: el informe debe contener como mínimo, una parte descriptiva de la persona o cosa objeto de la experticia; una expositiva de las operaciones practicadas y sus resultados; y una conclusiva, que constituye el dictamen u opinión pericial propiamente dicho.

Prueba anticipada: La justificación de la prueba anticipada, tiene su fundamento en la necesidad de las partes de realizar diligencias probatorias que por su naturaleza son definitivas e irreproducibles, esto es, que el trascurso del tiempo puede producir su modificación o desaparición, lo cual impediría su incorporación al debate público y oral.

Pruebas documentales: El Código Orgánico Procesal Penal, no define qué se entiende por pruebas documentales, tan sólo se limita a señalar que las mismas serán incorporadas en el juicio oral por su lectura Además serán exhibidas, indicando el origen de las mismas. Iguales requisitos deben cumplirse con las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales.

Indicios: Es un medio probatorio indirecto, que tiene como fundamento el razonamiento y consiste en deducir o inferir de un hecho probado, otro que no lo está.

Catálogo de pruebas.

¿Qué ES LA Inspección técnica criminalística)?.

Es la dependencia que se encarga de dejar constancia mediante inspección técnica del conjunto de diligencias técnicas científicas que realicen los expertos en la escena del crimen, de todos los elementos de convicción que permitirán la individualización de los actores o partícipes de un hecho que se investiga.

 ¿Qué es la balística?

Su  propósito comprende un conjunto de conocimientos criminalísticos que estudian las armas de fuego, sus municiones, movimientos, alcance, efecto y dirección de sus proyectiles, así mismo trata de establecer en las lesiones o muertes causadas por proyectiles.

¿Qué es la planimetría?

Es un medio de fijación del sitio del suceso y de todos los elementos de convicción (sólo cuando sea estrictamente necesaria).

¿Para qué se utiliza el Microanálisis?

Para la activación de huellas dactilares en soportes no convencionales y colección de evidencias físicas dependiendo del hecho que requieran tratamiento especial.

Delitos contra las personas: Diligencias a practicar en forma general:

Sitio del suceso: Los órganos policiales deben acordonar el sitio y solicitar presencia del médico forense, a fines de realizar el levantamiento del cadáver. Se llaman a las siguientes comisiones balísticas, planimetría microanálisis para realizar la inspección técnica criminalística.

Víctima: Una vez que el cadáver ha sido trasladado a la morgue:

Realizar examen ectoscópico minucioso para colectar cualquier evidencia de interés criminalístico (marcas, sustancias, etc.)

Colectar la ropa, embalándola individualmente para trasladarla al laboratorio.

Fijarlo fotográficamente (en caso de heridas, hacer la fijación general, particular y en detalle).

En caso de homicidio con arma blanca o de fuego, suicidio u homicidio con violación.

En prendas de vestir:

  • Reconocimiento legal.
  • Experticia hematológica: para determinar el grupo sanguíneo, o el mecanismo de formación de las manchas de sangre.
  • Experticia seminal: para determinar la presencia de líquido seminal.
  • Experticia física: para determinar el origen de soluciones de continuidad y practicar barridos, cuyo producto será estudiado, a los fines de vincularlo con la zona o el lugar donde estuvo la víctima antes de morir.
  • Experticia tricológica: también denominado análisis de apéndices pilosos.
  • Experticia química: para determinar la presencia de residuos de disparos (pólvora o fulminante).
  • Registro fotográfico: el cual debe ser realizado tanto en forma general, particular y en detalle.

En el Cadáver:

  • Fijación fotográfica: para conservar la imagen del cadáver y de cada una de las posibles lesiones.
  • Experticia tricológica: para colección de apéndices pilosos cefálicos, púbicos y en otras partes si lo hubiere para futuras comparaciones.
  • Análisis hematológicos: para determinar el grupo sanguíneo y el perfil genético.
  • Frotis vaginal y anal: para realizar análisis seminal, en los casos de homicidio, donde se sospeche violación.
  • Análisis de trazas de disparos: para dejar constancia de posibles residuos de fulminante producto de un disparo.
  • Cortar uñas: con el objetivo de colectar muestras de sangre, tejido epitelial, restos de pólvora no combustionada, fibras textiles, materia orgánica o inorgánica, drogas o cualquier otra evidencia de interés criminalístico.
  • Practicar la necrodactília: para la identificación del cadáver.
  • Colección de muestras de sangre y vísceras para posterior análisis toxicológico.
  • En caso de presumirse suicidio es importante fijar fotográficamente, los rastros de sangre a nivel de antebrazo y mano para verificar dirección y sentido de las proyecciones, de existir éstas.

Imputado:

  • Examen médico legal: para constatar el estado general físico del imputado, y verificar cualquier característica.
  • Análisis toxicológico: consiste en la toma de muestras de sangre, orina, secreciones nasales, secreciones salivares o adherencias dactilares con el objeto de determinar la presencia de algún tipo de droga o sustancias ingeridas.
  • Experticia tricológica: para colección de apéndices pilosos, cefálicos, púbicos, bigotes, piernas, brazos y axilas, para futuras comparaciones.
  • Análisis hematológico: para determinar el grupo sanguíneo y el perfil genético, y realizar el análisis toxicológico, entre otros.
  • Segmentos Córneos: con el objetivo de colectar muestras de sangre, tejido epitelial, restos de pólvora no combustionada, fibras textiles, materia orgánica o inorgánica, drogas o cualquier otra evidencia de interés criminalístico.
  • Colectar prendas de vestir: para el análisis de residuos de disparos, así como de cualquier otra sustancia que pueda vincularlo con el sitio del suceso o la víctima.
  • Las armas de fuego relacionadas con hechos delictivos, en primer lugar, deben enviarse al Departamento de Microanálisis para la activación de huellas dactilares y la determinación de presencia de muestras hemáticas y apéndices pilosos. Posteriormente, las armas se remitirán, al Departamento de Balística, para ser sometidas a experticias mecánicas, de diseño y químicas (si fue disparada recientemente), activación de seriales y para la comparación de las conchas o los proyectiles, colectados durante la investigación.

Delitos contra la propiedad: Al igual que en cualquier investigación, el sitio del suceso debe acordonarse con la finalidad de preservar las evidencias físicas y solicitar las siguientes comisiones:

Inspecciones en el sitio: Consiste en una inspección técnica criminalística, para la consecución de diferentes elementos de convicción. En este tipo de delitos es muy importante, la búsqueda de huellas dactilares en las superficies aptas para la activación de las mismas, señales de escalamiento y fracturas, entre otros.

Experticias a practicar en general:

  • Activaciones especiales: para la obtención de huellas dactilares en soportes que con los métodos convencionales no es posible conseguirlas, como en las muestras de madera, huellas cruentas, huellas grasientas, fórmica, papeles y paredes, entre otros.
  • Activación de huellas: tanto de calzado (yeso, estarcimiento o electricidad estática para distintos sitios de acceso o escape), como de neumáticos.

A la víctima:

Solicitar retrato hablado en los casos en que la víctima pueda identificar al autor o partícipe del hecho.

Hacer descartes de huellas dactilares, tanto a la víctima como a los familiares y personas que hayan estado en el lugar antes, durante o después de haberse perpetrado el hecho punible.

Solicitar al agraviado las características y valores de los objetos robados o hurtados, para hacer los respectivos avalúos.

Con relación al imputado: Una vez individualizado el imputado se solicitará la práctica de las siguientes diligencias:

  • Examen médico legal, a fin de constatar el estado general de la persona.
  • Experticias toxicológicas.
  • Colectar las prendas de vestir que portaba para el momento de cometer el hecho, a fin de practicar su reconocimiento legal, así como la verificación y análisis de residuos de disparo de ser el caso y barridos en la búsqueda de fragmentos de vidrio, tierra, sangre, y cualquier otro hallazgo de interés criminalístico que lo vinculen con el sitio o la víctima.
  • Verificar antecedentes policiales y realizar comparación de huellas dactilares, en caso de haberse colectado alguna en el sitio.
  • En caso de robo o hurto en una entidad bancaria, se debe solicitar además de lo anteriormente expuesto:
    • Experticia contable: para corroborar si el monto que sustrajeron los sujetos, coincide con los datos del monto que aportó el Banco.
    • Si se recupera dinero, practicar experticia grafotécnica a fin de dilucidar su autenticidad o falsedad.
    • Si se recupera algún vehículo, deben practicarse: inspección técnica criminalística para cualquier tipo de residuos; experticia química para residuos de disparos de ser el caso; y experticias de activación especial para la obtención de huellas dactilares y la comparación de las mismas.

Estafa y otros fraudes:

  • En caso de presumirse el uso de documentos alterados o falsificados, como medios de comisión del delito, se procede igual que en los casos de delitos contra la fe pública.
  • Respecto a delitos en que se vean involucrados bienes muebles o inmuebles, se requiere practicar una inspección ocular y llevar a cabo un avalúo real o prudencial, según sea el caso.
  • Si el delito se comete en perjuicio de empresas o instituciones públicas o privadas, se solicita experticia contable, la cual será practicada por los expertos designados por el Ministerio Público.

Delitos contra la fe pública:

  • Se colecta el material problema y se envía, acompañado de soportes originales a la División de Documentología a objeto de establecer la autenticidad o falsedad del mismo.
  • Si el imputado y su defensor se niegan a aportar la muestra, se deberá solicitar la autorización del juez. A tal efecto, se tomarán las muestras manuscritas del (los) imputado (s) y la (s) víctima (s), las cuales serán enviadas al Departamento correspondiente junto con el material dubitado, con el fin de establecer la autoría de las firmas y del contenido de dichos manuscritos.
  • Si durante la fase preparatoria son detectados materiales e instrumentos propios para la falsificación, se debe elaborar la respectiva inspección, para posteriormente efectuar reconocimiento legal a lo incautado.
  • En caso de que el supuesto autor del instrumento hubiere fallecido, se deberá colectar documentación donde conste su escritura y rúbrica, a los fines de la respectiva experticia.

Delitos contra las buenas costumbres y buen orden de las familias: Violación. Actuaciones a realizar:

Víctima:

  • Colectar las prendas de vestir para practicar análisis seminal.
  • Colección de apéndices pilosos de la víctima (púbicos) arrancados, cortados y caídos para futuras comparaciones.
  • Barridos en las prendas de vestir en búsqueda de apéndices pilosos, del victimario.
  • Colección de muestras de apéndices córneos (uñas en caso de cadáver).
  • Determinación de muestras de sangre.
  • Identificación genética (ADN).
  • Examen físico y gineco-anal.
  • Inspección técnica-criminalística en el lugar de los hechos (barrido, luminol, activaciones especiales).

Imputado:

  • Colectar las prendas de vestir para análisis de barrido, hematológico y seminal.
  • Identificación genética, análisis de comparación.
  • Examen físico-forense.
  • Inspección técnica-criminalística en el sitio de hecho (barrido, activaciones especiales, luminol, etc.).

FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

A. Titular de la acción  penal: Tiene bajo su responsabilidad el ejercicio de la acción penal, otorgándole así el papel de acusador dentro del proceso. Debe ordenar y dirigir la investigación de los hechos punibles, para que de acuerdo con los resultados que arroje, disponga si corresponde el ejercicio de la acción penal, la persona contra quién debe promoverla, y determine los elementos, medios y circunstancias que constituirán la base de su actuación.

B. Doble rol (acusador sin perder los indicios de buena fe): El rol de acusador asignado al fiscal no modifica su carácter de parte de buena fe, que tiene por misión la búsqueda de la verdad y dirigir su acción a lograr la absolución del inocente y la condena del culpable.

C. Dirigir la investigación => búsqueda de la verdad: Esto      implica que debe realizar de manera objetiva la investigación, por cuanto debe hacer constar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparle, así como desechar las obtenidas en violación de los derechos humanos del sospechoso. En todo caso está obligado a facilitar al imputado los  datos que lo favorezcan.

 OJO: El Fiscal del Ministerio Público desempeñará sus funciones de manera imparcial y evitando discriminaciones políticas, sociales, religiosas, raciales, culturales, sexuales o de otra índole.

EL JUEZ

A. Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado: Corresponde a los Tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, con obligación expresa de decidir, atendiendo a los fines del proceso como lo son el establecimiento de la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la realización de la justicia.

B. Imparcial: Está determinada por el hecho de que no existan en su conducta  situaciones que comprometan o que no puedan comprometer la justeza y la probidad de sus decisiones.

C. ÁRBITRO: Debe de resolver el conflicto o contienda en el proceso penal, es la persona que desde su punto de vista debe aplicar el principio de imparcialidad y decidir conforme a la regla de la sana crítica.

D. Control–Juicio–Ejecución. En este sentido, el Código Orgánico Procesal Penal atribuye a los jueces de control, la función de hacer respetar la constitucionalidad y la garantía del debido proceso, velando por la regularidad del mismo, asegurando que las partes actúen de buena fe y ejerzan correctamente las facultades procesales.

Por otra parte, los jueces en funciones de juicio actúan como un tercero imparcial que debe resolver el conflicto planteado por las partes, limitando su actuación de oficio a los casos expresamente previstos por la Ley, pues la materia del juicio se le presenta como contenido de la acusación que se postula y sostiene por persona distinta.

La función del juez de ejecución es hacer efectivo el cumplimiento de la pena o medida de seguridad impuesta, garantizando el respeto de los derechos humanos de los condenados, controlando así el cumplimiento adecuado del régimen penitenciario.

EL IMPUTADO

Es la persona contra quien se dirige la acción penal y que tiene la necesidad de defenderse. No obstante, la carga de probar la imputación le corresponde al Ministerio Público o al querellante, de acuerdo con el principio de la presunción de inocencia, que asiste en todo caso al imputado.

En el Código Orgánico Procesal Penal se diferencia la figura del imputado a la del acusado, viniendo ésta con el auto de apertura a juicio, es decir el imputado adquiere la cualidad de acusado con este auto.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 1636 de fecha 17/07/02, estableció cuándo el imputado adquiere tal condición y señaló que la imputación puede provenir de una querella (artículo 296 del Código Adjetivo) o de actos de investigación que de manera inequívoca, señalan a alguien como autor o partícipe, bien porque la denuncia menciona a una persona en particular, que se interroga o entrevista como tal, o porque los actos de investigación, como allanamientos, etc., reflejan una persecución penal personalizada, excepto en el caso de la querella la condición de imputado en la fase de investigación, la determina la autoridad encargada de la pesquisa, y por ello la imputación pública del artículo 290 del Código Orgánico Procesal Penal, no puede ser tenida como tal, hasta que en alguna forma el Ministerio Público lo señale como tal imputado mediante un acto de procedimiento, que mal puede ser el auto de inicio de la investigación que se decretó, porque el imputado públicamente solicita se le investigue. Esta es su voluntad, más no la del órgano encargado de la persecución penal, que es la determinante.

Igualmente la citada Sala consideró, que de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las personas tienen derecho de solicitar al Ministerio Público, que declare si son o no imputados, y en caso de no recibir respuesta, se les considera tácitamente como tales.

LA DEFENSA

La legislación nacional prevé que el imputado puede ejercer su defensa o ser asistido técnicamente desde los actos iniciales de la investigación, por un defensor designado por aquél o sus parientes, o en su defecto por un defensor público.

El Ministerio Público como garante en los procesos judiciales de los derechos y garantías constitucionales, deberá resguardar en todo momento, la vigencia efectiva de ese derecho y el acceso del imputado a los medios idóneos para su defensa.

La actuación del defensor tiene un carácter exclusivamente profesional, pues éste no se encuentra ubicado en una posición de enemigo o contradictor personal del funcionario judicial, debido a que su obligación jurídica y social es la de garantizar un trámite ágil del curso procesal. La función fundamental de los defensores públicos o privados, consiste en hacer efectivas las garantías de orden constitucional y legal, inherentes a la persona humana, sin entrar a considerar los factores subjetivos relacionados con la responsabilidad o no de la persona investigada, toda vez que el objetivo es garantizar el debido proceso y los derechos de cualquier ciudadano que pueda verse involucrado eventualmente en un proceso penal.

El derecho a la defensa debe hacerse efectivo desde el primer acto directo de imputación, entendiendo que este acto se produce desde el mismo momento en que hay un señalamiento directo en contra de un ciudadano individualizado, en la comisión de un hecho punible.

VICTIMA

Corresponde a la víctima un rol protagónico en el proceso penal, a la cual se le otorga participación activa en su desarrollo, consagrándose como uno de sus objetivos, el resarcimiento del daño sufrido y su protección.

En este sentido, la víctima puede participar en el proceso, se haya constituido o no en querellante, y a tales fines se le atribuyen derechos, como el acceso a las actuaciones, la solicitud de la práctica de diligencias en la investigación, la interposición de querellas, el ejercicio de recursos, la solicitud de la revisión del archivo fiscal, la protección necesaria en caso de amenazas contra su vida, su integridad física o moral o la de su familia, etc.

Igualmente, se amplía la definición de víctima al incluir a los agraviados indirectos. Se restringe la posibilidad de accionar, a la figura de la víctima, a diferencia del sistema inquisitivo, donde estaba consagrada la acción popular, que en el régimen actual ha quedado reducida a los casos de violaciones de derechos humanos, cometidos por funcionarios o empleados públicos en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas.

ÓRGANOS DE INVESTIGACIONES POLICIALES

El Ministerio Público como director de la investigación penal, se auxilia de los órganos de policía, para la práctica de las diligencias que considere conducentes al esclarecimiento de los hechos punibles y a la identificación de sus autores y partícipes. Dichos Órganos Policiales están bajo la dirección funcional del Ministerio Público y subordinados a éste en las actuaciones que realicen durante el proceso.

Su función principal son las siguientes:

  • Recibir denuncias y en dichos casos, practicar sólo las diligencias necesarias y urgentes.
  • Actuar de oficio en los casos de flagrancia, realizando inspección en el lugar del hecho, recopilando la evidencia y asegurando su conservación.
  • Auxiliar al Ministerio Público y a los Órganos Jurisdiccionales, en materia de citaciones, detenciones, conducción o protección de víctimas y testigos.
  • Las autoridades policiales tienen el deber de adecuar sus actuaciones a las reglas de conducta establecidas en las leyes, relativas al respeto de la dignidad humana y específicamente de las personas detenidas.

Cabe señalar que los Órganos de Policía de Investigaciones Penales son todos aquellos a los que la ley les atribuye funciones de investigación.

Integridad Personal y Dignidad Humana:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 46, el derecho que tienen las personas al respeto de su integridad física, psíquica y moral, lo cual comprende:

La prohibición de ser sometidas a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, reafirmada en la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El no sometimiento de las personas a practicarse exámenes médicos o experimentos científicos sin su libre consentimiento, excepto cuando se encontrare en peligro su vida o por las circunstancias que determine la Ley.

El respeto a la dignidad de los privados de libertad.

Igualmente, en el proceso penal toda persona debe ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano y a los derechos del imputado, respectivamente.

La Justicia como finalidad del proceso.

El artículo 257 de la Carta Magna establece que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia y el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone que el fin del proceso es la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas y, una vez encontrada ésta, debe arribarse a la justicia mediante la aplicación del derecho. A esta finalidad deberá atenerse el juez al adoptar su decisión.

El establecimiento de la verdad, supone que el tribunal está obligado a descubrir la historia de los hechos, que pueden no coincidir con la exposición de las partes y a los efectos de formar en él la certeza o evidencia suficiente para lograr su convicción, está facultado, de manera excepcional, para disponer de oficio la práctica de pruebas e interrogar a expertos y testigos, pues está obligado a formar su convicción con todos los elementos probatorios que hayan sido aportados en el proceso por las partes, siempre y cuando llenen los requisitos de Ley.

Debido Proceso.

ART. 26. —Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no solo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho determinen el contenido y la extensión del derecho deducido.”

ART. 49. —El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley. (Derecho a la Defensa)

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. (Presunción de inocencia).

3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. (Principio de Oralidad)

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. (Derecho a ser juzgado por jueces naturales)

5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.

7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgado anteriormente.

8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas.

En el debido proceso se atiende al cumplimiento de las garantías de imparcialidad, separación de poderes, juez natural, proporcionalidad entre el hecho y la pena, rechazo a la tortura, presunción de inocencia, cosa juzgada y única persecución, tiempo razonable para emitir la sentencia, derecho a la defensa y a un fallo precedido de la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas preestablecidas, cuyo proceso permite la participación de la ciudadanía como espectadores o en el rol de jueces, impidiendo con ello que las decisiones sean tomadas a espaldas del conglomerado social, lo que redunda en beneficio de la acción de hacer justicia.

Para hacer efectivo el debido proceso se han establecido los principios de oralidad, brevedad, publicidad, inmediación, concentración y contradicción, consagrados en el artículo 257 de la Carta Magna y en el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 1°, 14, 15, 16, 17 y 18.

Presunción de Inocencia.

El principio de presunción de inocencia o de no culpabilidad, es una de las principales derivaciones y fundamento político del principio del juicio previo, ambos principios constituyen las garantías básicas del proceso penal, sobre las cuales se construyen todas las demás. Tal presunción supone que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad en un verdadero proceso y mediante sentencia firme, en consecuencia, nadie podrá ser considerado ni tratado como culpable mientras una sentencia no lo declare como tal.

  • La persona imputada es inocente mientras no se declare su culpabilidad en sentencia condenatoria.

  • La persona incriminada no está obligada a probar su inocencia, pues éste es el estado que le da la ley.

  • La carga de la prueba de la culpabilidad corresponde a la parte acusadora.

  • De las pruebas aportadas debe quedar plenamente demostrada la culpabilidad del acusado.

  • Los derechos del imputado en el proceso están en plano de igualdad con el de su contraparte acusadora.

  • La culpabilidad del acusado debe demostrarse en juicio oral, público y contradictorio.

  • La medida de privación judicial preventiva de libertad, limita el derecho a ser tratado como inocente, por tanto, sólo se justifica cuando exista peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad o peligro de fuga.
  • Como consecuencia del principio de inocencia, y del tratamiento como tal, la investigación debe evitar en lo posible las consecuencias negativas que supone para la reputación del imputado, el hecho de ser sometido a persecución penal.

Libertad Personal.

La libertad es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, en efecto el artículo 20 de la Carta Magna establece que: “Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social”.

La libertad personal es inviolable y “…comprende una serie de derechos reivindicados frente a todo ataque del Estado, cuya protección asimismo se reclama…”1 incluyendo de este modo, el derecho a la vida y la integridad física y moral, siendo el centro de esta libertad que ninguna persona podrá ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, o cuando sea sorprendida in fraganti.

El Derecho a la Defensa.

El derecho a la defensa está inmerso dentro de los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, y opera según el principio nulla probatio sine defensione. Igualmente, la defensa e igualdad son características fundamentales en un sistema acusatorio y suponen el reconocimiento de la bilateralidad del derecho a la defensa, es decir, que éste no corresponde únicamente al demandado o acusado sino también a quien demanda o acusa.

Este sistema exige que para que se pueda probar una acusación debe existir defensa”

La Irretroactividad.

La irretroactividad se basa en los principios de legalidad y de seguridad jurídica, en el sentido siguiente:

  • No se puede castigar una conducta como delictiva si no existe una ley vigente que la contemple como tal (Nullum crimen, nulla poena sine previa lege).
  • Proporciona un sistema de conductas prohibidas, para cuya materialización anuncia la imposición de una pena.
  • Tiene una doble perspectiva:
    • prohibición de retroactividad de la ley perjudicial para el reo.
    • se permite la aplicación retroactiva de las leyes penales que beneficien al reo.

PRINCIPIOS Y GARANTÍAS PROCESALES DEL COPP

Juicio previo y debido proceso (ART. 1)

Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, sin formalismos ni reposiciones inútiles, ante un Juez o Jueza, o tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República.

Se considera la garantía del juicio previo, como una fórmula contentiva de una limitación objetiva al poder penal del Estado y una limitación subjetiva al ejercicio de dicho poder, a través del juez. Igualmente, mediante el juicio previo se desarrollan las demás garantías procesales, tales como el derecho de defensa, presunción de inocencia, inmediación, publicidad, etc.”

Ejercicio de la Jurisdicción (Art. 2)

La potestad de administrar justicia penal emana de los ciudadanos y ciudadanas, y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los tribunales juzgar y ejecutar, o hacer ejecutar lo juzgado.

Participación ciudadana (Art 3).

En ejercicio de la democracia participativa que consagra el artículo 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se garantiza la participación de todo ciudadano o ciudadana en la administración de justicia penal.

Los ciudadanos y ciudadanas participarán en la administración de la justicia penal conforme a lo previsto en este Código y en el reglamento correspondiente.

La participación ciudadana en la administración de justicia se ejerce a través de los mecanismos de control social previstos en el ordenamiento jurídico, para la selección y designación de los jueces y juezas, así como la asistencia y contraloría social, en los juicios orales, y seguimiento para la aplicación de fórmulas alternativas a la prosecución del proceso y cumplimiento de pena.

Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, la ley podrá establecer otros mecanismos de participación ciudadana ante los tribunales con competencias especiales.

Autonomía e Independencia de los Jueces (Art. 4)

En el ejercicio de sus funciones los jueces y juezas son autónomos e independientes de los órganos del Poder Público y sólo deben obediencia a la ley, al derecho y a la justicia.

En caso de interferencia en el ejercicio de sus funciones los jueces y juezas deberán informar al Tribunal Supremo de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia, a los fines de que la haga cesar.

Autoridad del Juez o Jueza. (Art 5)

Los jueces y juezas cumplirán y harán cumplir las sentencias y autos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales.

Para el mejor cumplimiento de las funciones de los jueces y juezas, y tribunales, las demás autoridades de la República están obligadas a prestarles la colaboración que les requieran en el desarrollo del proceso.

En caso de desacato, desobediencia a la autoridad o incumplimiento de la orden judicial, el juez o jueza tomará las medidas y acciones que considere necesarias, conforme a la ley, para hacer respetar y cumplir sus decisiones.

Cuando el Juez o Jueza aprecie u observe la comisión de algún hecho punible con ocasión al incumplimiento de la orden, está obligado u obligada a notificar inmediatamente al Ministerio Público, a los efectos legales correspondientes.

Obligación de Decidir (Art 6)

Los jueces y juezas no podrán abstenerse de decidir so pretexto de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión. Si lo hicieren, incurrirán en denegación de justicia.

Juez o Jueza Natural (Art 7)

Toda persona debe ser juzgada por sus jueces o juezas naturales y, en consecuencia, nadie puede ser procesado ni juzgado por jueces o juezas, o tribunales ad hoc. La potestad de aplicar la ley en los procesos penales corresponde, exclusivamente, a los jueces y juezas, y tribunales ordinarios o especializados establecidos por las leyes, con anterioridad al hecho objeto del proceso.

Implica ser juzgado por un Tribunal competente para conocer del asunto, independiente e imparcial, establecido con anterioridad, es decir, que una persona no podrá ser procesada por Tribunales de excepción o Comisiones creadas para tal efecto, debiendo en todo caso, conocerse la identidad del juzgador.”

 Presunción de Inocencia (Art 8)

Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.

Afirmación de la Libertad (Art 9).

Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o imputada, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.

Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Respeto a la Dignidad Humana (Art 10)

En el proceso penal toda persona debe ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, con protección de los derechos que de ella derivan, y podrá exigir a la autoridad que le requiera su comparecencia el derecho de estar acompañada de un abogado de su confianza.

El abogado requerido, en esta circunstancia, sólo podrá intervenir para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 1 de este Código.

Titularidad de la Acción Penal (Art 11)

La acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, que está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales.

Defensa e Igualdad Entre las Partes (Art 12)

La defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso.

Corresponde a los jueces y juezas garantizarlo sin preferencias ni desigualdades.

Los jueces y juezas, y demás funcionarios y funcionarias judiciales no podrán mantener, directa o indirectamente, ninguna clase de comunicación con alguna de las partes o sus abogados o abogadas, sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, salvo con la presencia de todas ellas.

Finalidad del Proceso (Art 13)

El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el juez o jueza al adoptar su decisión.

Oralidad (Art 14)

El juicio será oral y sólo se apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia, conforme a las disposiciones de este Código.

Publicidad (Art 15)

El juicio oral tendrá lugar en forma pública, salvo las excepciones de ley.

Es una garantía de transparencia y limpidez del proceso penal, por ello los actos procesales deben realizarse públicamente, en aras de la legalidad y la justicia del fallo”.

Inmediación (Art 16)

Los jueces o juezas que han de pronunciar la sentencia deben presenciar, ininterrumpidamente, el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento.

Supone el contacto directo del juez o Tribunal llamados a conocer, no sólo con las partes, sino con la actividad probatoria que le permite obtener una impresión directa en la recepción de la misma, lo cual contribuirá a la formación de la opinión del decisor”

Concentración (Art 17).

Iniciado el debate, éste debe concluir sin interrupciones en el menor número de días consecutivos posibles.

Consiste en que el examen de la causa debe realizarse en un período único, que se desarrolle en una audiencia o en pocas audiencias próximas, de tal modo que los actos procesales se acerquen en el espacio y en el tiempo ininterrumpidamente”

Contradicción (Art 18)

El proceso tendrá carácter contradictorio.

Permite que en el desarrollo del proceso todos los sujetos procesales puedan controvertir las pruebas presentadas, los argumentos o las posiciones que alegue la parte contraria.”

Control de la Constitucionalidad (Art 19)

Corresponde a los jueces y juezas velar por la incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando la ley cuya aplicación se pida colidiere con ella, los tribunales deberán atenerse a la norma constitucional.

Persecución (Art 20)

Nadie debe ser perseguido o perseguida penalmente más de una vez por el mismo hecho.

Será admisible una nueva persecución penal:

1. Cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente, que por ese motivo concluyó el procedimiento;

2. Cuando la primera fue desestimada por defectos en su promoción o en su ejercicio.

 Es una garantía constitucional que impide ser juzgado más de una vez por el mismo hecho.”

Cosa Juzgada (Art 21)

Concluido el juicio por sentencia firme no podrá ser reabierto, excepto en el caso de revisión conforme a lo previsto en este Código.

Posee 3 características:

Inimpugnabilidad. Según la cual, la sentencia de cosa juzgada no puede ser revisada por ningún Juez, cuando se han agotado todos los Recursos.

Inmutabilidad. Dichas sentencias no son atacables indirectamente, por no ser posible iniciar un nuevo proceso sobre los mismos hechos.

Coercibilidad. Consiste en la eventualidad de la ejecución forzada en los casos de sentencias condenatorias.

Apreciación de las Pruebas (Art 22)

Las pruebas se apreciarán por el tribunal según la sana crítica observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia.

Protección de las Víctimas (Art 23)

Las víctimas de hechos punibles tienen el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia penal de forma gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles, sin menoscabo de los derechos de los imputados o imputadas o acusados o acusadas. La protección de la víctima y la reparación del daño a la que tengan derecho serán también objetivos del proceso penal.

Los funcionarios o funcionarias que no procesen las denuncias de las víctimas de forma oportuna y diligente, y que de cualquier forma afecte su derecho de acceso a la justicia, serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico.

LA JURISDICCIÓN.

CONCEPTO

En sentido general es la potestad que tiene el Estado para administrar justicia y es lo que denominamos actividad jurisdiccional; de allí que podamos afirmar que es la potestad, facultad, poder o autoridad de que se hayan revestidos los jueces para administrar justicia y hacer cumplir lo juzgado.

El Art. 253 de la CRBV preceptúa lo siguiente: “La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias”.

Y el Art. 2 del COPP establece: “La potestad de administrar justicia penal emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República por autoridad de la Ley. Corresponde a los tribunales juzgar y ejecutar, o hacer ejecutar lo juzgado”.

CARACTERÍSTICAS DE LA JURISDICCIÓN:

 1. Pública: La Jurisdicción es ejercida por Órganos del Estado, porque sólo éste tiene la facultad para administrar justicia y lo que persigue es la aplicación de la ley para dirimir conflictos o controversias con el objeto de que los particulares no se hagan justicia por sí mismos.

2. Improrrogable: Pues en materia penal, la regla es que la jurisdicción es improrrogable o inaplazable de modo absoluto. Lo que significa que las partes no pueden prorrogar, demorar, retrasar o retardar la jurisdicción, extendiendo la potestad de un Juez más de los límites que le conciernen con menoscabo de la de otro.

3. Indelegable: porque los Jueces están investidos de potestad para ejercer la función jurisdiccional; por consiguiente cuando en un juicio concreto tienen jurisdicción y competencia no pueden desasirse del conocimiento de la causa delegándola a otros jueces.

JURISDICCIÓN ORDINARIA Y JURISDICCIÓN ESPECIAL

 Previo al análisis de la jurisdicción penal a la luz del COPP es oportuno reseñar los órganos que constituyen el poder judicial, en tal sentido el Art. 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece: “El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de jurisdicción ordinaria y los tribunales de jurisdicción especial”.

Y el Art. 61 señala: “Son tribunales de jurisdicción ordinaria: Las Cortes de Apelaciones, los Tribunales Superiores, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Municipio”.

Conforme a lo establecido en el Art. 55 del COPP, La jurisdicción penal es ordinaria o especial, en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes.

La Jurisdicción Penal Ordinaria es la que rige como regla general en todos los procesos penales y como excepción la jurisdicción especial conocida como extraordinaria o privilegiada, esto es la ejercida con limitación a asuntos determinados, respecto a personas que por determinadas razones están sujetas a ella por tribunales especializados donde se aplica leyes especiales, así tenemos la jurisdicción militar; la jurisdicción de menores.

Por su parte el Art. 56 COPP contempla que corresponde a los Tribunales Ordinarios el ejercicio de la jurisdicción para la decisión de los asuntos sometidos a su conocimiento, conforme a lo establecido en el mencionado texto y leyes especiales.

De acuerdo con el encabezamiento de este artículo hay un establecimiento de que la función jurisdiccional para la decisión de asuntos penales corresponde a los Tribunales Ordinarios. Por consiguiente se prohíbe el juzgamiento de ciertos delitos por Tribunales especiales creados con posterioridad a su comisión; lo que significa que el COPP unifica la jurisdicción penal con absoluta prescindencia del instrumento legal contentivo del tipo, preservando así las violaciones del principio del Juez Natural.

LA COMPETENCIA. CONCEPTO

Es la medida o porción de la jurisdicción que tiene asignada el Juez relativa a resolver y decidir un asunto sometido a su consideración y es lo que constituye la llamad capacidad objetiva del Juez.

CLASES DE COMPETENCIA.

1. Por Razón del Territorio:

La regla general de competencia territorial de los Tribunales está establecida en el Art. 58 del COPP. La excepción a esta regla general viene dada en los casos de radicación del juicio (traslado de un juicio de un Tribunal a otro de igual categoría, pero de otro Circuito Judicial Penal de distinta Circunscripción Judicial, y solamente procede en los casos concretos, en los cuales, por circunstancias graves la ley permite apartarse del principio general conforme al cual la competencia territorial de los Tribunales se determina por el lugar donde el delito o falta se haya consumado), la cual constituye a su vez una excepción al principio de Juez Natural, pues conforme a lo previsto en el Art. 64 del COPP, el legislador ha tomado en consideración ciertos supuestos para su procedencia.
Puede suceder que no conste el lugar de la consumación del delito; en tal caso es aplicable la regla del Art. 59 del COPP, que establece el orden de competencia.

(Ver Art. 62 COPP, declinatoria de competencia).

2. Por Razón de la Materia:

Se determina por la entidad cualitativa y cuantitativa del hecho que se ventila. Así tenemos que conforme lo establecido en los Arts. del COPP65,66,67,68 y 69.

COMPETENCIA POR CONEXIÓN

Por conexidad se entiende la relación existente entre varios delitos por alguna de las causas que con arreglo a la Ley impiden su separación aislada e independiente.

La finalidad de esta acumulación es evitar que se pronuncien sentencias contradictorias o que se quebrante la Unidad o continencia del proceso, en acatamiento a lo disciplinado en el Art. 76 COPP:

 DELITOS CONEXOS.

El Art. 73 COPP establece que son delitos conexos:

1º. Aquellos en cuya comisión han participado dos o más personas cuando el conocimiento de las respectivas causas corresponda a diversos tribunales; los cometidos por varias personas, en tiempos o lugares diversos, si han procedido de concierto para ello, o cuando se hayan cometido con daño recíproco de varias personas;

2º. Los cometidos como medio para perpetrar otro; para facilitar su ejecución, para asegurar al autor o a un tercero el pago, beneficio, producto, precio ofrecido o cualquiera otra utilidad;

3º. Los perpetrados para procurar la impunidad de otro delito;

4º. Los diversos delitos imputados a una misma persona;

5º. Aquellos en que la prueba de un delito, o de alguna circunstancia relevante para su calificación, influya sobre la prueba de otro delito o de alguna de sus circunstancias.

TRIBUNAL COMPETENTE.

Conforme a lo disciplinado en el Art. 74 COPP, el conocimiento de los delitos conexos corresponde a uno solo de los Tribunales competentes.

En tal sentido, son Tribunales competentes según su orden para el conocimiento de las causas por delitos conexos:

  1. El del territorio donde se haya cometido el delito que merezca mayor pena;
  2. En el caso de los delitos que tengan señalada igual pena, el que debe intervenir para juzgar el que se cometió primero.

MODO DE DIRIMIR LA COMPETENCIA.

Los conflictos de competencia que se susciten en los asuntos penales deberán sustanciarse y dirimirse conforme a lo previsto en el Capítulo V, Título III del Libro 1º, concretamente en los artículos 80 al 87 del COPP.

Estas normas están destinadas a regular las formas de dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los Tribunales en cualquier estado del proceso. Así tenemos que si un tribunal se considera incompetente del asunto sometido a su consideración podrá declinarlo mediante auto razonado en otro Tribunal que considere competente.

Si el Tribunal en el cual haya recaído la declinatoria se considera competente, la causa será conocida por éste, sin que haya necesidad de resolución alguna.

Ahora bien, el conflicto surge cuando el Tribunal en el cual se hace la declinatoria se considera a su vez incompetente, por lo que deberá proceder a declararlo y manifestarlo inmediatamente al abstenido, expresando los fundamentos de su decisión. Así mismo deberá exponer ante la instancia superior común, que deba resolver el conflicto, las razones de su incompetencia acompañando copia de lo conducente. Igualmente, el abstenido informará a la instancia superior una vez que haya recibido la manifestación del tribunal en el cual declinó; suspendiéndose el curso del proceso hasta la resolución del conflicto.

Pero también puede suceder que dos tribunales se declaren competentes para conocer de un asunto, debiendo resolver el conflicto en la misma forma mencionada anteriormente.

RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO:

La incidencia surgida en ocasión al conflicto de no conocer o de conocer deberá ser dirimida por la instancia superior común, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al recibo de las actuaciones de los Tribunales, con preferencia a cualquier otro asunto y la decisión que se dicte se comunicará a los tribunales entre los cuales se haya suscitado la controversia, correspondiéndole al declarado competente la notificación inmediata a las partes de la continuación de la causa.

CONCEPTO.

Constituye el conjunto de reglas que, preservando las garantías procesales, le permite al juez conocer la verdad de los hechos y aplicar la norma que corresponda según la ley y el derecho.

Es el conjunto de actos sucesivos y ordenados, regulados por normas jurídicas que deben realizar los operadores del sistema de justicia para la investigación y esclarecimiento de los hechos punibles y la determinación de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Aspectos resaltantes:

Es un conjunto de actos sucesivos y ordenados dirigidos a un fin determinado.

Los actos que conforman el proceso penal han de sucederse y ocurrir en el orden regulado por las normas jurídicas.

El proceso penal tiene por objeto la investigación y el esclarecimiento de los hechos punibles y la determinación de las responsabilidades de los autores o partícipes del mismo, con el fin de aplicar la sanción correspondiente.

Los actos realizados en el proceso penal deben preservar las garantías procesales.

De lo establecido en los Arts. 13 y 265 COPP se deduce que:

- Los hechos son: Los punibles.

- Las circunstancias son:

o Las que puedan influir en su calificación

o La responsabilidad de los autores y demás partícipes

o El aseguramiento de los objetos activos y pasivos de la perpetración.

OBJETO DEL PROCESO PENAL.

El proceso penal tiene por objeto fundamental definir una determinada relación del derecho penal sustantivo que tiene su génesis cuando se ha cometido un hecho reputado como delito y se desenvuelve o desarrolla entre el Estado y el individuo al cual se le atribuye el mismo, con el fin de aplicar la sanción correspondiente. Esto se traduce en una inculpación concreta de un delito a un determinado sujeto por parte del Estado.


DIFERENCIAS ENTRE PROCEDIMIENTO PENAL Y PROCEMIENTO CIVIL.

  1. Por el objeto: en materia civil el objeto se corresponde a la pretensión de una controversia de carácter privada, pues lo que se persigue es el cumplimiento de una obligación, el Estado actúa a través del Tribunal como árbitro. En materia penal la pretensión consiste en definir una relación jurídica entre el Estado y las personas involucradas en los hechos punibles con el fin de aplicar la sanción correspondiente.
  2. Por su naturaleza jurídica: en el derecho procesal civil cuando el juez decide la controversia actúa como jurista, su actuación consiste en examinar si se han cumplido los extremos de una obligación o se encuentran satisfechos los extremos de un contrato, de modo tal que se reviste de un criterio eminentemente jurídico. En el proceso penal lo que va a juzgarse es la responsabilidad y culpabilidad de una persona y no un contrato, de allí que el juez penal no es simplemente un jurista sino que debe revestirse de un criterio ético jurídico con conocimiento por lo tanto en sociología, psicología y en cualquier otra rama del conocimiento humano.
  3. Por la obligatoriedad: en el proceso civil las partes pueden convenir en sus obligaciones, adaptando sus compromisos, por lo que pueden actuar en relación a la ley civil sin necesidad de un proceso. En el proceso penal es de todo punto obligatorio, no puede el delincuente y el estado convenir en una transacción, salvo excepciones como es el caso de la institución de los acuerdos reparatorios como una de las alternativas a la no prosecución del proceso.
  4. Por el poder diferido de las partes: Es una consecuencia que emana de las anteriores, porque si la relación de derecho procesal civil es una relación de carácter privado, con contenido patrimonial, las partes tiene un amplio poder de disposición, pudiendo convenir en una transacción. En el derecho procesal penal el poder de disposición de las partes en los delitos de acción pública es limitado y en los delitos de acción privada, si bien es cierto que tienen facultad para disponer de la acción, el desistimiento después de recaída sentencia firme no produce ningún efecto, salvo disposición expresa de la ley.
  5. Por el principio de la legalidad: en el proceso penal no pueden las partes darse un juez, este tiene que ser designado por el órgano estatal competente, por lo tanto las partes en el derecho procesal penal no tienen la facultad para nombrar ellas mismas sus propios jueces, como ocurre a veces en el procedimiento civil.
  6. Por la ejecución de la sentencia: en el proceso civil la ejecución de la sentencia tiene que ser instada por las partes en controversia, mientras que en el proceso penal la ejecución de la sentencia le corresponde al Estado.

CONCLUSIONES:

El proceso penal nace ante la comisión de un delito para establecer la responsabilidad (Tutela judicial efectiva)

El Ministerio Público tiene la titularidad para el inicio del proceso penal en los delitos de acción pública y tiene las siguientes obligaciones:

  1. Determinar la certidumbre en cuanto a la comisión de un hecho.
  2. Determinar que dicho hecho cierto sea punible
  3. Determinar la persona a la que se le debe atribuir la comisión de dicho hecho punible (imputación); pudiendo esta imputación o bien ser formal, llamando a través de la Fiscalía a la persona que se presume responsable de la comisión del hecho punible; o, de forma tácita, cuando no se ha realizado formalmente pero a través de los actos de investigación se recaban todas las pruebas.
  4. Realizar todas las diligencias que favorezcan al imputado.

 Obligaciones del Imputado:

Solicitar los actos investigativos que le favorezcan al Ministerio Público, si éste no los facilita, se acude al juez de control de forma tal que el M.P. actúe y los entregue, activándose de esta forma el Control Judicial (Art. 264 COPP)

Etapas del proceso penal.

1) Fase Preparatoria, Inicial o Investigativa: consiste en la investigación para corroborar que el hecho es cierto y que se trate de un hecho punible. Se inicia con una “Orden de Inicio” o “Auto de Inicio” y se obtienen en ella todos los elementos de convicción, no se habla de pruebas, ya que en esta fase inicial debe corroborarse la comisión del hecho y que éste realmente constituya delito. Se habla de elementos de convicción tendientes a obtener medios de prueba, esto en virtud de que no todo elemento de convicción se constituirá necesariamente en prueba. Hablamos de prueba en la fase intermedia. Los elementos de convicción se convierten en prueba toda vez que el juez de control verifique que pueden serlo por reunir las cualidades para ello. Excepción: Prueba anticipada: sólo se admite como prueba un elemento de convicción cuando este sea susceptible de perecer, es decir, que sea irrepetible. La prueba anticipada se da única y exclusivamente con la autorización del Juez de Control. (Art. 289 COPP). Esta fase culmina con los Actos Conclusivos del Fiscal de Ministerio Público. Estos actos conclusivos pueden ser:

a.Acusación (Art. 308 COPP):

b.Archivo (Art. 297 COPP): produce la cesación de la condición de imputado y la cesación de cualquier medida cautelar (Art. 256 COPP)

c.Sobreseimiento (Art. 300 COPP).

2)Fase Intermedia: se inicia siempre y cuando el acto conclusivo se trate de una acusación. Comienza con la audiencia preliminar (Art. 309 COPP) que tiene como finalidad la admisibilidad o no de la acusación y escuchar a las partes. A la audiencia preliminar deben asistir: el Fiscal del M.P.; el acusado, acompañado de su defensor (público o privado); la víctima, que puede presentarse como:

a) acusador particular, el cual debe ser citado;

b) acusador adherido a la acusación del M.P.; en ambos casos la no asistencia o comparecencia de la víctima a la audiencia preliminar resulta en la exclusión de la misma del proceso, es decir que ha desistido.

En la audiencia preliminar puede:

a.Admitirse la acusación, no tiene recurso alguno de apelación; la admisión es inapelable, mas no las demás medidas que se dicten, establecidas éstas en el Art. 439 COPP.

b.Ordenarse al M.P. la subsanación de la acusación.

c.No admitirse la acusación y decretarse el sobreseimiento

d.Admitirse de los hechos por parte del imputado, en este caso el juez de control sentencia e impone la pena, esto siempre y cuando el juez ya haya admitido la acusación.

e.Solicitarse la admisión de los elementos de convicción como pruebas, comprobar su licitud; que sean necesarias; pronunciamiento acerca de la idoneidad, que se corresponda el medio de prueba con lo que se pretenda probar, que sea pertinente.

La audiencia preliminar es privada, sólo participan las partes.

3) Fase de Juicio: en esta fase se resolverá toda la controversia suscitada, cumpliéndose con los pasos relativos a la preparación y desarrollo del debate, culminando con la deliberación y la sentencia.

4) Fase de Ejecución: en esta fase el juez correspondiente velará por el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme.

MARCO CONCEPTUAL

El Derecho Penal contemporáneo no sólo reposa en el conjunto de normas jurídicas positivas de carácter prescriptivas anticipadas, que ordenan o prohíben determinadas conductas humanas, que se conminan con una pena o medidas de seguridad. También integran el Derecho represivo principios Jus – filosóficos y Jus–sociológico, que deben conocer los operadores jurídicos y los jurisdiccionales, para aplicarlos conjuntamente en la práctica social y forense de prevención, combate y represión de los delitos y faltas penales, como parte de la política criminal del Estado y del sistema de control social y penal, para neutralizar la delincuencia común y la criminalidad organizada, que afecta a la paz social, tranquilidad y seguridad pública y la seguridad jurídica del pueblo.

LOS PRINCIPIOS OPERACIONALES DEL DERECHO PENAL.

Los principios fundamentales el Derecho Penal se derivan de todo el sistema jurídico del Estado, se infieren de la realidad social criminógena o estos se encuentran positivizados en la ley penal. Se invocan y se aplican en la prevención, combate y represión de los delitos y faltas penales, con la finalidad de control social y penal de la delincuencia; como el objeto de realizar la justicia penal: “Dar a cada cual según sus hechos ilícitos y antisociales”, dentro de los límites garantitas, democráticos de la pena justa, proporcional al hecho delictivo.

PRINCIPIO DE HUMANIDAD

En el largo proceso de evolución de la sociedad, y del paso de una formación económico – social, a otra (por ejemplo de la comunidad primitiva a la sociedad esclavista, de la feudal a la burguesa y de esta a la socialista). El Derecho penal como superestructura jurídica a seguido los pasos históricos de estos sistemas económicos – sociales y políticos; exhibiendo diversos tipos históricos de penar y formas de represión del delito. En la comunidad primitiva predominó la Ley de la VENDETTA o venganza: privada, religiosa y pública, con graves excesos o extralimitaciones de parte del ofendido o de sus familiares del agraviado; es la época del predominio total de la pena de muerte, fundada en la ley de la venganza.

En albores de la sociedad esclavista y en la primera fase histórica de la sociedad feudal, aparece la forma de penar, fundada en la “Ley del Talión” de la proporcionalidad incipiente, de: “vida por vida”, “ojo” por “ojo”, “diente por diente”, “mano por mano”, y “pie por pie”; hasta su humanización, que comienza a finales de la sociedad feudal. Se desarrolla en la sociedad burguesa – capitalista y se perfecciona la humanización de las penas en la sociedad socialista.

El principio de humanización de la pena conduce necesariamente a manifestar respecto de la persona humana del procesado y sentenciado y procura su reducción y rehabilitación social. El principio también reposa en la “Mínima Intervención del Estado”, y en el Derecho Penal como “última ratio legis”. “Mínima culpabilidad”, necesidad de discriminalizar, ciertos hechos punibles despenalizar los delitos de bagatela y desprisionalizar los establecimientos carcelarios.

FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL DEMOCRÁTICO
La función del Derecho penal democrático, opera dentro del marco político de un Estado de Derecho burgués o socialista, donde predomina el respeto por el principio de LEGALIDAD, como presupuesto de la justicia penal preestablecida; con la finalidad de proteger a la sociedad de la delincuencia común y de la criminalidad organizada, frente a conductas intolerables; manifiestamente lesivas; por tanto, gravemente perjudiciales para los bienes jurídicos protegidos por la ley; pero respetando los derechos constitucionales y los derechos humanos del sujeto infractor y de la victima. Se trata entonces, de un derecho penal preventivo, represor, pero también premial del delito, y utilitario socialmente, como medio de defensa social, de la comunidad y rehabilitador o reeducador del delincuente.

PRINCIPIO DE CONTROL SOCIAL DE LA PENA NECESARIA

Desde hace mas de DOS SIGLOS se enfatiza que la pena debe ser necesaria para prevenir, combatir, reprimir y conminar los delitos y faltas penales; esto apunta, que el castigo como corrección jurídica no debe tramontar más allá de los fines prefijados de lo que realmente es necesario como CONTROL SOCIAL y PENAL de la delincuencia. César de Bonesana Marqués de Beccaria, sostenía que: “Uno de los mayores frenos de los delitos, no es la crueldad de las penas, sino la infalibilidad, la eficacia de la conminación y de control social, fundado en la proporción de las penas con el daño ocasionado a las victimas”.

Este principio de la proporción de las penas en correlación con el cuantum y calidad del delito, rechazan los gobiernos dictatoriales y autocráticos de extrema derecha nazi-fascistas o nazi-fascistoides, quienes apelan a criterios irracionales, anticientíficos y antitécnicos para justificar la sanción de leyes severísimas como leyes draconianas y talionales, que denominan, “Leyes de seguridad nacional”, que por supuesto sancionó varias de estas leyes, el gobierno neoliberal fujimontesinista dictatorial.

PRINCIPIO GARANTISTA

El estado de Derecho, debe asegurar a todos los ciudadanos como garantía constitucional, que solo se sancionan penalmente las conductas humanas prohibidas, que se conminan con un pena o medidas de seguridad, por estar tipificadas como delitos o faltas en la ley penal, con anticipación al hecho injusto punible, en observancia y aplicación del principio de legalidad: “NULLUM CRIMEN NULIA POENA SINE LEGE”. El principió garantista se sustenta en el Derecho penal democrático y humanista de pena justa proporcional.

PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN DEL ESTADO

Este principio de “Justa – Penal”, también se denomina “PODER MINIMO DEL ESTADO”, esto es, la limitada intervención del Estado con su poder de coerción penal, para sancionar conductas antisociales de lesividad intolerables, en virtud de otro principio garantista y democrático, que hay derecho penal, sólo se debe acudir, cuando fallan las otras formas jurídicas y sectores del Derecho; sólo se debe apelar al Derecho punitivo como “ULTIMA RATIO LEGIS” y no para solucionar cualquier controversia o conflictos de intereses o litis expensa, cuando existe otras vías jurídicas de solución de los actos ilícitos no punibles; como es el caso de los actos ilícitos civiles, administrativos, agravios, laborales, constitucionales, etc,. Que se resuelven dentro del marco correspondiente; en atención al principio de la “MINIMA INTERVENCIÓN DEL ESTADO”, cuando hace uso del “Jus imperium” y del “jus puniendi”.

PRINCIPIO DEL DERECHO PENAL COMO “ULTIMA RATIO LEGIS”

La violencia estatal institucionalizada, se aplica como consecuencia del “jus imperium” y del “jus puniendi”, que a su ves reposan en el principio jus-filosófico de “estricta legalidad”, sustentada por FERROJOLI y es aquella norma jurídica meta-legal-punitiva, que se somete la validez de las leyes que autoriza la violencia estatal a una serie de requisitos que se corresponden con las garantías constitucionales y loa Derechos humanos, relacionados con las garantías penales, procesal penal, que se afincan en la tipicidad y en principio “NULLA POENA SINE CULPA” y “NULLA POENA SINE JUDITIO”, así como de las motivaciones de las resoluciones judiciales en todas las instancias del Poder Judicial.

El principio de la “Última ratio legis” (última razón de la ley) se operativiza en la práctica jurídica y forense, cuando han fracasado los otros sectores del Derecho en la solución de las litis, conflictos de intereses en lucha, cuando no solucionan los derechos conculcados o lesionados. Entonces se pone en movimiento la potestad punitiva del Estado, con todo su arsenal persecutorio, respectivo y conminatorio de las penas, para garantizar la seguridad jurídica, la paz social y la tranquilidad pública.

MINIMIZACIÓN DE LA VIOLENCIA ESTATAL

El estado debe recurrir con mínima violencia estatal, para prevenir, combatir y reprimir los delitos y faltas penales, como una de sus principales funciones públicas en mantener el orden, la seguridad jurídica, la tranquilidad y seguridad pública; así como para cumplir y hacer cumplir la ley y el imperio de la justicia, que son sustentos de un Estado de Derecho Constitucional y Democrático, como de la pena justa y proporcional.

La mínima violencia del Estado, rechaza la aplicación de la pena de muerte, que en rezago de épocas pretéritas de la vendetta, del talión y otras formas punitivas crueles y bárbaras, de la retribución penal del salvajismo, que aniquila los fines y objetivos del Derecho penal contemporáneo, que se propone la reeducación y la rehabilitación social del hombre delincuente, mediante la corrección jurídica de la pena justa proporcional, entre el delito y la lesión del bien jurídico protegido.

PRINCIPIO DE MAXIMIZACIÓN DE LA LIBERTAD CIUDADANA.

Este principio jurídico significa la menor intromisión del poder estatal y del control penal, en la vida privada y social de la ciudadanía, en la medida que los ciudadanos cumplen con el deber y obligación de observar la ley, los mandatos de autoridad competente y se desenvuelven dentro de los requerimientos de la legalidad nacional y del imperio de la justicia. El Estado sólo recurrirá al uso del poder persecutorio represor y sancionador (JUS PUNIENDI), cuando la lesión atenta contra los bienes jurídicos protegidos por la Ley . Sino concurren estos supuestos hipotéticos, la libertad ciudadana con protección constitucional, limita el poder punitivo del Estado, con la vigencia del Derecho penal garantista, democrático y proporcional de la pena justa.

PRINCIPIO DE LA CO-CULPABILIDAD

El principio “JUS POENALI” de la “CO-CULPABILIDAD” de la sociedad y del Estado en la comisión del delito, como causa eficiente o condicionador de las causas sociales, materiales y culturales de la conducta criminal de los hombres; por eso, se prescribe que el juzgador deberá tener en cuenta en el momento de fundamentar el fallo y determinar la pena, las “CARENCIAS SOCIALES QUE HUBIERE AFECTADO AL AGENTE”.

En esta forma la sociedad y el Estado, que toleran que impere las desigualdades económicas, las injusticias sociales, políticas y culturales, estarían reconociendo que no brindan iguales posibilidades de superación a todos los hombres, para exigirles un comportamiento con adecuación a la ley el intereses generales colectivas de la comunidad regulados por el Derecho positivo; por tanto, se está aceptando una responsabilidad de la sociedad y del Estado, en lo que les respecta, en la conducta delictiva de los infractores penales, como “MEA CULPA”. El reconocimiento oficial del Estado, que la delincuencia se gesta en las condiciones sociales de injusticia que impera en la sociedad. En atención a lo estatuido, disminuye o desaparece la co-culpabilidad en la misma medida que el delincuente ha tenido las oportunidades materiales, sociales y culturales para realizarse como ser humano honrado y comportarse según los mandatos o prohibiciones normativos y las normas culturales de convivencia social que requieren al hombre socialmente útil, además conducta a Derecho y a normas éticas. Por “MEA CULPA” que tiene el efecto de enervar o atenuar el derecho de castigar (JUS PUNIENDI) que el Estado ejerce en nombre de la sociedad.

PRINCIPIO DE MINIMA CULPABILIDAD DEL AUTOR.

La persecución del delito y faltas penales, entre otros, son fines y objetivos de la política criminal del Estado, como pretensión punitiva del estado para combatir la criminalidad, para evitar el imperio de la Ley la “VENDETTA” pública o privada o “hacerse justicia por propia mano”. Sin embargo, por razones de utilidad pública, por interés social o de necesidad de descongestionar la administración de justicia, de racionalizar la actividad probatoria la admisión de los órganos persecutorios y jurisdiccionales del Estado, se puede acudir al principio de “Mínima culpabilidad del autor” que sustenta el principio procesal de “oportunidad”,  que comprende dos hipótesis: 1) se puede acudir a la abstención de la potestad del estado, así como de la formalización persecutoria de la denuncia penal por el fiscal provincial en lo penal, 2) y expedirse el auto de sobreseimiento de la denuncia penal, por parte del juez penal, para que no comience el proceso penal o para extinguir la sustanciación procesal.

Opera el principio de “mínima culpabilidad del autor” y de “oportunidad”, en atención a los siguientes objetivos:

a) para que no se inicie la persecución penal del evento criminoso ;

b) para poner término al proceso penal, en los siguientes casos hipotéticos:

1) En delitos de bagatela, denominados así por dogmática penal alemana, en aquellas infracciones penales de poca monta o en delitos de mínima cuantía y de lesividad de vienes jurídicos protegidos, que no conculcan de modo apreciable el interés jurídico del agraviado, como ocurre en delitos patrimoniales de mínima significación, según la relación víctima – victimario y en delito de lesiones personales que no causan incapacidad relevante al agraviado.

2) Debe producirse transacciones entre autor y el sujeto pasivo o agraviado perjudicado, que concluya en satisfacción del agraviado, por el arreglo del principio de oportunidad, que le favorece.

3) Ahorro de tiempo y de inversión monetaria del gasto /público/ y racionalización de función de los órganos persecutorios y jurisdiccionales del Estado; así como de desprisionalización, cuando se trata de penas cortas de privación de libertad y evitar de este modo el aprendizaje de la subcultura carcelaría que distorsiona y pervierte la personalidad moral y espiritual del interno.

PRINCIPIO DEL DERECHO A SER INFORMADO DE LA INCRIMINACIÓN
La imputación punitativa con detención preventiva o con citación en la fase pre-procesal o en la etapa del proceso penal, requieren por mandato constitucional,. Que se informe al denunciado o imputado, la pretensión punitiva del Estado (JUS PUNIENDI), sobre los hechos de la incriminación penal para que ejerza su derecho irrestricto de defensa, pero dentro del marco de la Constitución del Estado de los Derechos Humanos y de las leyes y refuerce su derecho de presunción de inocencia.

El agraviado como justificable o sus representantes legales o apoderados legítimos, también puedan ejercitar su derecho de defensa, de sus intereses lesionados o puestos en peligro, aporten las pruebas pertinentes, a fin de demostrar la existencia del delito y la responsabilidad penal del agente comisor, para que no termine en la impunidad el hecho punible, que desprestigia a la JUSTICIA PENAL, que pierde credibilidad, respetabilidad y confiabilidad ante la opinión pública y las justiciables, que buscan el servicio o de la justicia, en defensa de sus derechos.

Los Fiscales del Ministerio Público no estarán adscritos a un Tribunal en particular, ni a una determinada unidad policial, debiendo tener una unidad administrativa conformada por expertos, asistentes de investigación y auxiliares especializados para asesorarlos técnico – científicamente. Los Órganos de Policía de Investigación Penal se colocan bajo su dependencia funcional.
Se designan Fiscales por materia o por competencia territorial y Fiscales Especiales para casos determinados.
El Ministerio Público es el Titular de la Acción Penal en los delitos de acción pública.

Misión y Visión del Ministerio Público

Visión: Ser la Institución modelo, ante la comunidad nacional e internacional, por el cumplimiento efectivo de sus atribuciones en la promoción de la justicia y la paz social, caracterizada por su credibilidad, solidez, objetividad, imparcialidad, transparencia, y por la excelencia y efectividad de sus miembros en el logro de su misión.

Misión: Actuar en procura del interés general de manera autónoma e inspirada en los principios de imparcialidad, objetividad, independencia, idoneidad, transparencia y excelencia, ejerciendo las acciones que, en el marco del sistema de administración de justicia, permitan establecer, de ser procedente, la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa y disciplinaria de los funcionarios públicos, así como la penal y /o civil de los particulares en los casos que determinen la Ley; defendiendo y haciendo cumplir el ordenamiento jurídico en los procesos judiciales y administrativos; ejerciendo las demás atribuciones previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las Leyes, con el propósito de contribuir al logro de la justicia, la paz social y la preservación del Estado de Derecho.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Defensa del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos: El Ministerio Público está profundamente comprometido con el mantenimiento, protección y fortalecimiento de estos grandes postulados que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Es así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 274 y 278 consagra, que el Ministerio Público como parte integrante del Poder Ciudadano, debe promover la educación ciudadana, la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social, el amor a la patria y la observancia y respeto de los derechos humanos.

Autonomía e Independencia: El Ministerio Público es autónomo e independiente de los demás órganos del Poder Público, autonomía que abarca el ámbito funcional, financiero y administrativo, por disposición expresa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 273, ratificado en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Sólo un organismo independiente y autónomo, tiene la capacidad potencial de controlar efectivamente a otros poderes. Si tales cualidades son inexistentes, el control seria ilusorio y, en todo caso, meramente formal.

Legalidad: El Ministerio Público desarrollará sus funciones con estricta sujeción a la Constitución, los Tratados Internacionales y las Leyes. Los actos que éste ejecuta deben ser realizados en completa armonía con las reglas de derecho. Dicho principio está consagrado en el artículo 137 de la Constitución y en el artículo 4° de la Ley Orgánica que rige la Institución.

La Unidad e Indivisibilidad: El Ministerio Público es único e indivisible y ejerce sus funciones a través de los órganos establecidos por la Ley. El principio de la unidad permite afirmar que el Ministerio Público, forma un órgano o cuerpo único, en el que todos sus miembros pueden ejercer de la misma forma y bajo la misma responsabilidad, las diferentes funciones asignadas a éste, sin perjuicio de la potestad que tiene el Fiscal General de la República de atribuir competencias a los funcionarios de la Institución. El citado principio está consagrado en el artículo 3° de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Jerarquía: La autoridad del Fiscal General de la República se extiende a todos los funcionarios del Ministerio Público, sea cual fuere la jurisdicción a la cual pertenece. Las funciones del Ministerio Público se cumplen en todas las instancias a través de una organización en la que los fiscales y demás funcionarios tienen determinadas potestades, atribuciones y deberes, específicamente señalados en la Ley Orgánica que rige la Institución. Por ello es necesario un accionar jurídico uniforme; en especial, lo relativo al ejercicio de la acción pública y a los criterios que informan la persecución penal. Siendo una institución jerarquizada obedece al principio constitucional de igualdad, el cual no toleraría una actuación fiscal desigual en casos iguales, o igual en casos desiguales. Por otra parte, jerarquía no connota obediencia absoluta, recepción acrítica de órdenes, sino obediencia reflexiva. Este principio está contemplado en el artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 1° de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Objetividad, Transparencia y Probidad: Los funcionarios del Ministerio Público deben adecuar sus actos a criterios de objetividad, con apego a la racionalidad jurídica y técnica, ejerciendo sus atribuciones con transparencia, honradez, rectitud e integridad en protección de la dignidad humana y los derechos y libertades fundamentales sin discriminación alguna, principios éstos consagrados en los artículos 141 y 145 de la Carta Magna y artículos 4° y 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, tomando en consideración que su deber consiste en garantizar los derechos y garantías constitucionales y legales, en los procesos judiciales, y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso, haciendo todo lo que esté en su poder para evitar que se infrinjan dichas garantías y se opondrá activamente a la violación de éstas.

Celeridad: El Ministerio Público debe ejercer sus funciones con diligencia y prontitud a través de procedimientos expeditos sin más formalidades que las que establezcan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.

Responsabilidad: Los funcionarios del Ministerio Público están sujetos a responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria, por los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad de los funcionarios públicos se establece en el artículo 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

De acuerdo a lo establecido en la CRBV, COPP, ley Orgánica Ministerio Público, y las demás disposiciones, el Ministerio Público está organizado de la siguiente manera:

  1. El Fiscal General de la República: es el máximo representante del Ministerio Público, es designado por la Asamblea Nacional por sus 2/3 partes.
  2. Las Direcciones del Ministerio Público: creadas por su reglamento interno con facultades orientadoras, supervisoras y controladoras de la actividad de sus representantes.
  3. Los Fiscales Superiores de cada Circunscripción Judicial, quienes representan al Ministerio Público ante los Circuitos Judiciales Penales respectivos.
  4. Los Fiscales del Ministerio Público: los cuales podrán ejercer funciones de Fiscales:
  • Del Proceso
  • De Ejecución de la Sentencia
  • De los Derechos y Garantías Constitucionales
  • De Procuradores de Menores
  • De Familia De Jurisdicciones Especiales
  • De Auxiliares

ATRIBUCIONES DE LOS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO

  1. Ejercer las funciones del Ministerio Público en la Circunscripción Judicial correspondiente;
  2. Dirigir la Oficina de Protección de la víctima;
  3. Coordinar y supervisar la actuación de los Fiscales del Ministerio Público en la respectiva Circunscripción Judicial;
  4. Tomar las decisiones que en relación a los procesos, le son atribuidas por el Código Orgánico Procesal Penal;
  5. Elevar consultas al Fiscal General de la República cuando lo juzguen necesario para el mejor desempeño de sus funciones;
  6. Las demás que le asignen las leyes.

El despacho del Fiscal General tendrá su sede en la Capital de la República. Dicho despacho tendrá:

l    La Dirección General Administrativa

l    Las Direcciones Sectoriales

l    Las Unidades de Apoyo, de Servicios Técnicos y Administrativos que sean necesarios para el cumplimiento de sus deberes y atribuciones.

 EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

Es el máximo representante del Ministerio Público, por lo que dicha institución estará bajo la dirección y responsabilidad de su persona, quien ejercerá sus atribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios que determine la ley.

REQUISITOS PARA SER FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA:

Para ser Fiscal General se requieren las mismas condiciones de elegibilidad de los Magistrados del TSJ, y se designan por un periodo de siete (7) años (Art. 284 CRBV)

Dentro de los primeros treinta (30) días de cada período constitucional las Cámaras en sesión conjunta elegirán al Fiscal General de la República y tres (3) suplentes, los cuales serán escogidos de entre los Fiscales Superiores.

El Fiscal General de la República se juramentará ante las Cámaras del Congreso, reunidas en sesión conjunta, dentro de los diez (10) días siguientes a su elección y tomará posesión de su cargo dentro de los veinte días siguientes a su juramentación.

En caso de falta absoluta las Cámaras en sesión conjunta procederán, dentro de los treinta (30) días siguientes a dicha falta, a una nueva elección para el resto del período constitucional. Si las cámaras estuvieren en receso, la elección se hará dentro de los treinta (30) primeros días de sus sesiones.

La juramentación y toma de posesión del nuevo Fiscal General de la República estarán sometidas a los mismos plazos indicados en este artículo.

(Los Arts. 16 al 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público refieren todo lo relativo a nombramiento, faltas temporales, deberes y atribuciones del Fiscal General de la República).

LOS FISCALES SUPERIORES

En cada uno de las Circunscripciones Judiciales se designará un Fiscal Superior que representará al Ministerio Público y ejercerá las funciones que le son atribuidas en el Código Orgánico Procesal Penal, esta Ley y las demás leyes. Los fiscales superiores no tienen competencia procesal.

REQUISITOS PARA SER FISCAL SUPERIOR

Para ser designado Fiscal Superior se requiere:

  1. Ser venezolano, mayor de 30 años y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
  2. Ser abogado con título de postgrado en ciencias penales o profesor universitario de reconocida competencia; o haber ejercido durante cinco años al menos como fiscal del Ministerio Público; o la profesión de abogado durante un lapso mínimo de 10 años;
  3. Haber obtenido en un concurso de oposición una calificación dentro de la escala de puntuación comprendida entre un mínimo de las tres cuartas partes del total de puntos establecidos para el concurso y dicha cantidad de puntos.

El jurado de los concursos será convocado por el Fiscal General de la República. Cada jurado estará integrado por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, por un profesor titular de la Facultad de Derecho de una universidad nacional y por un fiscal ante la Corte Suprema de Justicia o un Fiscal Superior.

La duración del cargo del Fiscal Superior será por el período constitucional de cinco años. Quien haya sido designado Fiscal Superior ingresará a la carrera del Ministerio Público si no se encontraba en ella, podrá ser ratificado en dicho cargo o continuar como fiscal del Ministerio Público, una vez vencido el período correspondiente.

ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS FISCALES SUPERIORES

Son atribuciones y deberes de los Fiscales Superiores:

  1. Ejercer las funciones del Ministerio Público en la Circunscripción Judicial correspondiente;
  2. Dirigir la Oficina de Protección de la víctima;
  3. Coordinar y supervisar la actuación de los Fiscales del Ministerio Público en la respectiva Circunscripción Judicial;
  4. Tomar las decisiones que en relación a los procesos, le son atribuidas por el Código Orgánico Procesal Penal;
  5. Elevar consultas al Fiscal General de la República cuando lo juzguen necesario para el mejor desempeño de sus funciones;
  6. Las demás que le asignen las leyes.

 FISCALES ANTE EL TSJ

El Ministerio Público designa Fiscales ante el TSJ, para actuar en las salas de casación y la jurisdicción contenciosa administrativa. El Art. 32 de la Ley del Ministerio Público, establece los deberes y atribuciones de los fiscales designados para actuar ante el TSJ.

Atribuciones de los fiscales designados para actuar ante el TSJ en pleno y la jurisdicción contenciosa administrativa.

  1. Intervenir si no lo hace personalmente el Fiscal General de la República.
  2. Intervenir como representante del Ministerio Público, aun cuando la acción hubiere sido intentada o proseguida por el Fiscal General de la República, en las causas penales de acción pública y en las de responsabilidad que se intenten contra los altos funcionarios, señalados en los ordinales 1 y 2 del artículo 215 de la Constitución;
  3. Ejercer, previa designación del Fiscal General de la República la representación judicial del Ministerio Público, en aquellos casos en los cuales los actos de este sean impugnados por ante la jurisdicción contencioso-administrativa;
  4. Informar en los casos en que la Corte Suprema de Justicia en pleno o su Sala Político Administrativa lo requiera;
  5. Llevar un registro ordenado de las actividades de la oficina, y enviar cada año al Fiscal General de la República, dentro de los primeros quince días del mes de enero, un informe pormenorizado de sus actividades durante el año anterior;
  6. Nombrar, remover y conceder licencias a los empleados de su dependencia;
  7. Elevar consultas al Fiscal General de la República cuando o juzguen necesario para el mejor desempeño de sus funciones;
  8. Las demás que le atribuyen las leyes.

Atribuciones de los fiscales designados para actuar ante la Sala de Casación del TSJ. (Art. 33 LOMP)

  1. Comparecer a la audiencia oral y pública que convoque la Corte Suprema de Justicia en los recursos de casación ante la Sala Penal;
  2. Promover la prueba de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal;
  3. Intervenir en los recursos de casación anunciados y admitidos contra las decisiones dictadas en los juicios de nulidad de matrimonio, de divorcio y de separación de cuerpos y en cualquier otro de naturaleza civil en que esté interesado el orden público y las buenas costumbres;
  4. Llevar un registro ordenado de sus actividades y enviar cada año, al Fiscal General de la República, dentro de los primeros quince días del mes de enero un informe de sus actividades durante el año anterior;
  5. Nombrar, remover y conceder licencias a los empleados de su dependencia;
  6. Intervenir y opinar cuando no lo hicieren personalmente el Fiscal General de la República, en los procedimientos relativos a la ejecución de actos de autoridad extranjeros, en los de extradición, y cuando alguna ley especial disponga su intervención. A tal efecto, la Corte Suprema de Justicia hará las notificaciones correspondientes;
  7. Elevar consultas al Fiscal General de la República cuando lo juzgue necesario para el mejor desempeño de sus funciones;
  8. Las demás que le atribuyen las leyes.

LOS FISCALES DE PROCESO

Son Fiscales de proceso aquellos que en el COPP, la Ley Orgánica del Ministerio Público y las leyes especiales, tengan atribuidos participación en procesos judiciales de cualquier naturaleza.

Son deberes y atribuciones de los Fiscales de proceso los señalados en los numerales 2 al 15, ambos inclusive, 24 y 25 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Cuando los Fiscales tengan en su poder elementos de convicción contra una persona y sepan o tengan sospecha fundadas de que fueron obtenidas por medios ilícitos, o mediante abusos de los derechos humanos, se negarán a utilizar esos elementos contra cualquier persona y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que los responsables del empleo de esos métodos sean sancionados.

En cada Circuito Judicial Penal existirán los fiscales de proceso que sean indispensables para el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público.

El Fiscal General de la República, a solicitud de los Fiscales Superiores designará los Fiscales Auxiliares que se considere necesario.

Los fiscales de proceso ordenarán a sus auxiliares la práctica de las actividades que sean pertinentes para el mejor cumplimiento de los deberes y atribuciones del Ministerio Público.

FISCALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

Son fiscales de ejecución de la sentencia, aquellos a cuyo cargo está la vigilancia de los derechos y facultades que las leyes penales, penitenciarias y reglamentos le otorgan al penado o sometido a medida de seguridad.

Los fiscales de ejecución de la sentencia darán cumplimiento a lo dispuesto en el COPP, en los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por la República y en la Ley sobre Régimen Penitenciario.

Son deberes y atribuciones de los fiscales de ejecución de la sentencia, los señalados en los numerales 15, 19, 22, 24 y 25 del Art 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Las atribuciones del MP la ubicamos en forma concatenada en los Arts. 285 CRBV, 108 COPP y 11 de LOMP.

 DEBERES Y DERECHOS DE LOS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Deberes:

• Prestar sus servicios con la diligencia, idoneidad y eficiencia requerida, para el cumplimiento de las tareas y
actividades encomendadas.
• Residir en el lugar del ejercicio de sus funciones o en el área suburbana inmediata.
• Concurrir a sus oficinas durante los días hábiles.
• Llevar un registro donde consten sus actuaciones diarias.
• Presentar mensualmente un informe de sus actividades al Fiscal General de la República y resumen anual en los
primeros quince días del mes de enero.
• Formar inventario al tomar posesión del cargo y al cesar definitivamente en sus funciones.
• Cumplir las órdenes e instrucciones emanadas legalmente de sus superiores jerárquicos.

• Abstenerse de adelantar opinión respecto de los asuntos que están llamados a conocer.
• Permanecer en el ejercicio de su cargo, salvo por motivo justificado o mediante licencia.
• Abstenerse del libre ejercicio de la abogacía o de desempeñar otros destinos públicos remunerados, salvo los
cargos académicos accidentales o docentes que no sean a dedicación exclusiva.
• Dar a sus superiores jerárquicos, compañeros de trabajo, subalternos, y público en general, un trato encuadrado
dentro los principios de dignidad, respeto mutuo y ética funcionaria.
• Guardar la reserva y el secreto que requieran los asuntos relacionados con la actividad encomendada.
• Vigilar, conservar y salvaguardar los documentos, bienes e intereses del Ministerio Público confiados a su uso,
guarda o administración.
• Hacer del conocimiento de sus superiores jerárquicos, las iniciativas que estimen útiles para el mejoramiento de
las labores encomendadas.
• Cumplir estrictamente el horario de trabajo establecido en el Ministerio Público.
• Atender regularmente

Derechos:

• Percibir remuneración mensual, aguinaldos, bonos, primas por antigüedad, seguros de hospitalización, cirugía y
maternidad, primas de profesionalización, becas y otras ayudas estudiantiles, ayudas para gastos funerarios y
demás beneficios de acuerdo con lo establecido en la Ley, en el Estatuto de Personal y por disposición del Fiscal
General de la República.
• Percibir viáticos y pasajes en caso de comisión, de acuerdo a la reglamentación especial.
• Someterse a la sustanciación de un proceso administrativo antes de imponérsele sanciones en su contra.
• Ascender según méritos personales o solicitar traslados, siempre y cuando existan disponibilidad de cargos.
• Recibir de parte de sus superiores jerárquicos un trato encuadrado dentro los principios de dignidad, respeto
mutuo y ética funcionaria.
• Obtener licencias que se regirán por lo establecido en el Estatuto de Personal.
• Disfrutar de vacaciones anuales remuneradas.
• Ingresar a la carrera del funcionario del Ministerio Público, luego de cumplidos los requisitos exigidos por la Ley y
los Estatutos respectivos.
• Acogerse a la jubilación de acuerdo con lo previsto en la Ley y en el Estatuto de Personal.