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 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE DERECHO PROCESAL (IAEDEPRO), Y EL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO ZULIA, con proyectos concretos que contribuirán notablemente al proceso de mejoramiento continuo de la formación profesional de alto nivel académico que todos queremos, en procura de potenciar  asertivamente la excelencia.

Aporte.

1.- La participación y financiamiento para los cursantes de modo de incorporarse a tan importante actividad académica;  ESTUDIO AVANZADO TEÓRICO-PRACTICO EN MEDIDAS CAUTELARES, con el destacado  y reconocido Dr. Rafael Ortiz-Ortiz.

2.- En virtud y con la finalidad de alcanzar el propósito de la actividad, el logro de lo objetivos del programa de 50 horas académicas debidamente certificadas por las Instituciones Auspiciantes, se adjunta información detallada, esperando que tenga acogida nuestra propuesta.

Sin otro particular se suscriben de usted.


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WELZEL no pretendía que su concepto de acción fuese universal, o sea, válido para todos los saberes o ciencias. Semejante pretensión hubiese sido omnipotente e irracional, pues importa nada menos que aspirar al agotamiento del conocimiento del protagonista de la acción, esto es, del ser humano. Nunca la antropología filosófica subyacente en el Pensamiento welzeliano podía pretender semejante desatino. Por ende, no podía sustentar un concepto de acción impuesto desde lo óntico, pues ese concepto necesariamente hubiese sido universal.

Y aquí aparecía una contradicción nunca bien explicada: si el concepto era óntico, debía ser universal, y si no era universal, no podía ser óntico (en el sentido de que la realidad lo proporcionaba o imponía). Si no era universal no era óntico y, por ende, era jurídico-penal

WELZEL mismo nunca aclaró esta aparente contradicción, quizá porque quedó envuelto en su propia terminología, que al fin resultó poco clara, y en medio del debate hubiese sembrado más confusión al aceptar que su concepto también era jurídico-penal. Por otra parte, quizá el mismo objetivo político general de su construcción del derecho penal lo dificultaba: el desvalor, que radicaba en el choque con los valores elementales, requería la voluntad en la acción y su relevamiento penal en el tipo, y aceptar que ese desvalor recaía sobre una construcción conceptual jurídica era bien difícil. Es poco discutible que en este sentido WELZEL volvía a fuentes aristotélicas y escolásticas -especialmente a DUNS ESCOTO y no era nada sencillo compatibilizar éstas con un concepto jurídico-penal de la acción desvalorada.

 

El estudio de las intervenciones corporales como medio de prueba en el proceso penal tiene diversas posturas; la búsqueda de la verdad y la protección del individuo como central antinomia en el proceso penal, la protección frente a la coacción por parte del Estado y la protección de la esfera privada como problemas que se interfieren entre sí.

            Todo Derecho Procesal Penal legalmente instituido se enfrenta a la necesidad de armonizar, por un lado, el interés en la búsqueda de la verdad y, por otro, el interés del procesado en la salvaguardia de sus derechos individuales.

            En lo que se refiere al concepto de intervención corporal podemos decir:

“Que son aquellas investigaciones que se realizan sobre el cuerpo de las personas, sin necesidad de obtener sin consentimiento, con el fin de descubrir circunstancias o elementos criminalístico de interés que conlleven al convencimiento de la existencia de un hecho  y a la búsqueda de la verdad que pueda producirse en un proceso”

            Se puede decir que la protección del Estado al ámbito privado es el eje primordial de los derechos fundamentales, y bajo la concepción del Estado Social de Derecho, debe ponderar entre los derechos individuales de las personas y ese ejercicio para la búsqueda de realización de la justicia con fin del proceso penal.

            La adopción de las medidas de investigación corporal supone necesariamente la restricción de varios derechos fundamentales (libertad, integridad, intimidad, dignidad, entre otros). Estas restricciones serán legítimas siempre que dichas medidas se practiquen cumpliendo determinados requisitos y procedimientos.

            El Tribunal Constitucional Español en sentencia 207/1996 distingue:

Autoriza una intervención corporal, pero determina como requisitos necesarios para aceptar como conforme a la Constitución cualquier intervención corporal, que evita definir, los siguientes:

Legalidad.

Jurisdiccionalidad.

Motivación de la resolución judicial, que ha de ponderar la necesidad de la medida, como elemental requisito.

Proporcionalidad, desglosada en tres exigencias, como son:

  • El juicio de idoneidad, «si tal medida es susceptible de alcanzar el objetivo propuesto.»
  • El juicio de necesidad, «en el sentido de que no exista otra medida más moderada.»
  • El juicio de proporcionalidad en sentido estricto, no basta con lo anterior también es exigible que el sacrificio del derecho guarde relación con la gravedad del hecho.

            En tal directriz Claus Roxin refirió que “Todo Derecho Procesal Penal legalmente instituido se enfrenta a la necesidad de armonizar, por un lado, el interés en la búsqueda de la verdad y, por otro, el interés del procesado en la salvaguardia de sus derechos individuales”. Cuando Muñoz Conde no explica que “La eterna tensión entre la tarea de investigar y, en su caso, castigar el delito, y la de respetar los derechos fundamentales del acusado, se acentúa cuando no hay, como en el caso de la tortura, una prohibición absoluta, sino una relativa que depende del cumplimiento de determinados requisitos fijados legalmente”.

            Sobre la base de lo enunciado, nace la controversia consistente en dilucidar si el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales tienen carácter absoluto y deben primar sobre el interés del Estado y la sociedad en el persecución y castigo del delito, o si, por el contrario, debe prevalecer este último interés sobre aquéllos.

            Posición bien difícil, porque no investigar un delito genera impunidad, pero el respeto a la dignidad humana es de carácter supraconstitucional, pareciera que mediante una prueba de certeza a través de simples actos de investigación, se pudiera llevar como un órgano de prueba y olvidar que pueden existir elementos con mayor convicción para imputar a un sujeto o simplemente exculparlo; cuando en nuestra legislación no se realiza señalamiento alguno sobre el examen corporal o mental (Externo o Interno). El Dr. Leonardo Pereira establece que en ningún caso un imputado puede ser “Usado” o “Empleado” como un objeto de prueba, ni subordinado a ningún tipo de estudio y exploración.

            Lo importante, es a modo de ver, que para que este examen no sea violatorio de cualquier derecho fundamental es que pueda existir un Consentimiento por parte de la persona a realizarse dichainspección,que en virtud de tal petición debe tener una exposición clara y precisa acerca del por qué se considera que la prueba sea idónea y que pueda esclarecer un hecho objeto de investigación.

            A tenor de lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución de la República, consagra el derecho al respeto a la integridad física, psíquica y moral de las personas, o sea, que nadie puede ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes (numeral 1), como tampoco ser sometido, sin su consentimiento, a experimentos científicos, exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encuentre en peligro su vida o por otras circunstancias que la ley determine (numeral 3). Por su parte, el Código Orgánico Procesal Penal, establece el derecho a la justificada y razonable práctica de exámenes corporales y mentales a los imputados y a terceras personas, (realizados por expertos en la lex arti), previa advertencia de tal derecho y cuidando del respeto al pudor de los examinados, quienes además, pueden hacerse acompañar de una persona de su confianza (artículo 195 del Código Orgánico Procesal Penal). Estos exámenes, por no representar riesgo alguno contra la vida o salud de las personas objeto de tal reconocimiento y, por cuanto los mismos pueden ser de innegable importancia para el esclarecer la existencia o no de hechos que se investiga, podrán ser ordenados por el Ministerio Público en la fase de investigación del proceso, a fin de recabar los elementos que le permitan fundar su acusación.

            La inspección corporal puede ser lícita incondicionalmente, como cualquier otra prueba, siempre que sea lícito el medio empleado. Recordemos que está prohibido el uso de medios que pueden producir alteraciones psíquicas o físicas aunque no sean notablemente peligrosas…” la realización de exámenes mediante intervenciones corporales contra la voluntad, no es susceptible de carácter absoluto, siempre y cuando exista el consentimiento por parte de la persona objeto de estudio, se ve cierta eficacia en cuanto al medio de prueba, si de la se practica con ciertas garantías científicas-legales y que no represente un peligro a la integridad física, puede convertirse en la excepción

            A mi modo de ver y a manera de conclusión, las garantías, por ende, serían los máximos “standards” de realización de estos principios (y la consiguiente limitación del ejercicio de poder arbitrario de las restantes agencias) . Una  posible imposición coactiva de la práctica de la diligencia ha de ser valorada en cada caso con respeto al principio de la interdicción de los tratos inhumanos ó degradantes. El procesado no tiene que colaborar con las autoridades encargadas de la investigación mediante un comportamiento activo; sin embargo además de la investigación descrita sobre su ámbito privado, sí debe soportar injerencias corporales, que pueden contribuir definitivamente al reconocimiento de su culpabilidad.

Por tanto, en la medida en la medida que al procesado se le realiza inspecciones contra su voluntad, claramente se antepone el interés de esclarecer la ocurrencia o no de hechos, al interés del procesado a mantener en secreto su “información corporal” y a excluirla como medio de prueba.

            En síntesis el imputado, a quién se le pretende realizar la inspección corporal, si es de forma coercitiva, estas diligencias de investigación debe ser  debe ser considerada irrita, ilícita e inicua, procesal y jurídicamente inexistente, constitucionalmente inadmisible y sin valor probatorio alguno. Pero si en este proceso en donde el imputado autoriza tal práctica,  preste su consentimiento, y haber sido, efectivamente, objeto de prueba en cuyo acto procesal, su salud no sea afectada de peligro alguno, y  que sea tratado con respeto su condición de ser humano, dicho acto investigación- debe ser considerada válida y lícita, sin que con ello se pretenda equiparar al imputado o acusado como si ciertamente fuera autor de los hechos que le son atribuidos por el Ministerio Público, pues ser imputado es una cosa y ser autor del hecho delictivo en otra cosa; por lo demás, como lo dice acertadamente Binder “no se puede hacer de todo imputado un culpable”. Leer el resto de esta entrada »

En la reconstrucción racional del discurso jurídico-penal, no debe pensarse que la recuperación del derecho penal liberal o de garantías como discurso limitador, implique una legitimación de la práctica punitiva adecuada a sus pautas. La deslegitimación del ejercicio de poder punitivo es prácticamente radical y el límite conforme a los principios del derecho penal de garantías lo único que logra es un descenso del nivel de irracionalidad y violencia de ese poder. Los límites garantísticos son patrones del máximo de irracionalidad tolerable, que deben impulsarse en sentido reductor. La culpabilidad de acto, dentro de este cuadro, no es más que un límite a la irracionalidad. Las penas graduadas conforme a ella, seguirán siendo irracionales, aunque mucho menos irracionales que las graduadas conforme al derecho penal autoritario.

El derecho penal liberal operaría como una suerte de convenio de Ginebra para el tiempo de la política o de la paz. Esto no significa que las penas deban graduarse necesariamente conforme a la culpabilidad de acto, porque ésta no es un fundamento legitimante de la pena, sino que la pena, como parte del poder punitivo, siempre quedará deslegitimada. El respeto a las reglas sobre el trato de los prisioneros de guerra no legitima la guerra sino que se limita a ser el marco de un máximo de violencia tolerada. La pena que pueda imponerse por debajo de ese límite siempre será mejor y menos violenta e irracional.

De allí que el concepto de culpabilidad, al menos en cuanto a su función cuantificadora penal, deberá complementarse o integrarse con el dato fáctico de la posibilidad de reducir su valor indicativo. Creemos que la agencia judicial debe tratar de imponer la pena menor que las circunstancias permitan, procurando que ésta se halle por debajo del límite máximo indicado por la culpabilidad de acto, que sólo será un límite máximo a la tolerancia de la irracionalidad sustancial de la pena.

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AMPARO CAUTELAR QUE ORDENA ADOPTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA RESGUARDAR PERMANENTEMENTE LAS SEDES DEL CNE Y SUS ALREDEDORES, A NIVEL NACIONAL, A LOS FINES DE IMPEDIR “LOS ACTOS NO AUTORIZADOS, MARCHAS, PROTESTAS, CONCENTRACIONES NO PERMISADAS Y MANIFESTACIONES VIOLENTAS, CONVOCADAS POR LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y CIVILES, QUE PUEDAN LIMITAR EL ACCESO DE LOS TRABAJADORES Y PERTURBAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, A NIVEL NACIONAL”. (CORTE DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/amparo-cautelar-que-ordena-adoptar-las.html

12 SENTENCIAS SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADO QUE DEBES CONOCER

http://www.franciscosantana.net/2016/05/12-sentencias-sobre-honorarios.html

CONSIDERACIONES SOBRE LAS ACCIONES DE AMPARO INTERPUESTAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN NOMBRE PROPIO Y SIN ASISTENCIA DE ABOGADOS (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/consideraciones-sobre-las-acciones-de.html

CONSTITUCIONALIDAD DEL PROCEDIMIENTO PARA ATENDER RECLAMOS DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS PREVISTO EN LA L.O. DEL TRABAJO, LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS. ORDEN DE PRELACIÓN DE LAS FUENTES EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS LABORALES (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/constitucionalidad-del-procedimiento.html

EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO: “RESULTA LABOR DE LOS EXPERTOS EL TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL TEXTO ÍNTEGRO DEL FALLO PARA PODER DETERMINAR LOS PARÁMETROS A UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE LA EXPERTICIA” (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/experticia-complementaria-del-fallo.html

TSJ DECLARA LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA ECONÓMICA. SEÑALA QUE LA ASAMBLEA NACIONAL CONVALIDÓ EL DECRETO AL NO DISCUTIRLO A TIEMPO (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/tsj-declara-la-constitucionalidad-del.html

CONSIDERACIONES SOBRE LA INGENIERÍA GENÉTICA, REPRODUCCIÓN ASISTIDA, FERTILIZACIÓN IN VITRO Y VIENTRE SUBROGADO (INQUISICIÓN DE MATERNIDAD DECLARADA CON LUGAR)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/consideraciones-sobre-la-ingenieria.html

ES VÁLIDA LA OFERTA DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN DIVISAS QUE SE HACE EN BOLÍVARES A LA TASA DE CAMBIO VIGENTE PARA EL MOMENTO EN QUE SE PRESENTA (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/es-valida-la-oferta-de-pago-de-las.html

CARÁCTER NO CONTRADICTORIO DEL PROCEDIMIENTO PARA EMITIR LA CERTIFICACIÓN DE ENFERMEDAD OCUPACIONAL O ACCIDENTE DE TRABAJO (SALA DE CASACIÓN SOCIAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/caracter-no-contradictorio-del.html

TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR CAUSA AJENA A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES. (SALA DE CASACIÓN LABORAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/terminacion-de-la-relacion-de-trabajo.html

DECRETO DE ESTADO DE EXCEPCIÓN (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/decreto-de-estado-de-excepcion.html

CORRESPONDE A LOS JUECES PENALES DETERMINAR LA CALIFICACIÓN JURÍDICA, POR LO QUE, EN ESE PROCESO DE ADECUACIÓN TÍPICA, PUEDEN APARTARSE DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO. EN LA FASE PREPARATORIA, LA CALIFICACIÓN JURÍDICA SEÑALADA POR LOS JUECES OSTENTA EL CARÁCTER DE PROVISIONAL. (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/corresponde-los-jueces-penales.html

CONSIDERACIONES SOBRE LA INAMOVILIDAD LABORAL POR FUERO PATERNAL. VINCULANTE (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/consideraciones-sobre-la-inamovilidad.html

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA LEGITIMACIÓN DE LA VÍCTIMA DERIVADA DEL PARENTESCO O LA HERENCIA (SALA DE CASACIÓN PENAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/consideraciones-acerca-de-la.html

CONOCE CÓMO VALORAR LOS DEPÓSITOS BANCARIOS EN EL PROCESO CIVIL (SALA DE CASACIÓN CIVIL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/conoce-como-valorar-los-depositos.html

CONSIDERACIONES SOBRE LA TEORÍA DE LAS CARGAS PROBATORIAS DINÁMICAS. ADEMÁS SE SUGIERE QUE DEBE SER APLICADA EN LO ADELANTE DE FORMA EXCEPCIONAL, DESAPLICANDO POR INCONSTITUCIONAL LA NORMA QUE REGULA LA CLÁSICA DISTRIBUCIÓN DE LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL (SALA DE CASACIÓN CIVIL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/consideraciones-sobre-la-teoria-de-las.html

PODER EJECUTIVO VS. ASAMBLEA NACIONAL: 17 SENTENCIAS QUE DEMUESTRAN HACIA DÓNDE SE INCLINA LA BALANZA JUDICIAL.

http://www.franciscosantana.net/2016/05/poder-ejecutivo-vs-asamblea-nacional-17.html

MINISTERIO PÚBLICO CREA LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL: CONOCE SUS COMPETENCIAS Y FUNCIONES.

http://www.franciscosantana.net/2016/05/ministerio-publico-crea-la-direccion-de.html

DECLARADA INCONSTITUCIONAL LA LEY DE REFORMA DEL TSJ (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/declarada-inconstitucional-la-ley-de_5.html

DECLARADO INADMISIBLE UN RECURSO DE NULIDAD PROPUESTO CONTRA LA DESIGNACIÓN DE UN MAGISTRADO AL T.S.J, POR PROPONERSE “SOBRE LA BASE DE CONJETURAS AISLADAS SIN FUNDAMENTO OBJETIVO Y APRECIACIONES PERSONALES, QUE NO PUEDEN SER VALORADAS POR ESTA SALA, POR CUANTO SE BASAN EN LA MERA REPRODUCCIÓN DE EXPRESIONES COMUNICACIONALES” Y CONTENER MENCIONES “OFENSIVAS E IRRESPETUOSAS” (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/declarado-inadmisible-un-recurso-de.html

AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA TRAMITAR PASAPORTE; DERECHO A LA NACIONALIDAD; DOBLE NACIONALIDAD Y MÚLTIPLES NACIONALIDADES. SENTENCIA VINCULANTE QUE ANTE EL SUPUESTO DE QUE UNA PERSONA OSTENTE MÚLTIPLES NACIONALIDADES Y UNA DE ELLAS SEA LA VENEZOLANA, SERÁ ÉSTA LA QUE TENGA PREVALENCIA EN TODO LO CONCERNIENTE AL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

http://www.franciscosantana.net/2016/05/autorizacion-judicial-para-tramitar.html

SALA CONSTITUCIONAL PROHÍBE EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES EN LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CUYA PENA EXCEDA LOS 10 AÑOS, CONSIDERANDO QUE LA PRESUNCIÓN DE FUGA EN ESOS CASOS NO ADMITE PRUEBA EN CONTRARIO.

http://www.franciscosantana.net/2016/05/sala-constitucional-prohibe-el.html

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA SENTENCIA, LOS RECURSOS Y EL PLAZO QUE HA DE SER GARANTIZADO POR LOS JUECES PARA LAS “FACULTADES Y CARGAS” DE LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/consideraciones-acerca-de-la-sentencia.html

ADMISIÓN DE DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA NORMA QUE SOLO REGULA EL MATRIMONIO HETEROSEXUAL (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/admision-de-demanda-de.html

REFERENDUM REVOCATORIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/referendum-revocatorio-interpretacion.html Leer el resto de esta entrada »

El futuro de la culpabilidad dependerá, en las actuales circunstancias, del futuro del ejercicio del poder punitivo y de la capacidad del derecho penal para reconstruirse como discurso.

En la medida en que el discurso jurídico-penal continúe siendo la justificación de un ejercicio de poder irracional y deslegitimado por el saber social, irán aumentando sus signos de disolución y se irá aislando progresivamente de los datos sociales, hasta llegar a cerrarse completamente en sí mismo y empequeñeciéndose, degradado a mera racionalización burocrática.

Si, por el contrario, el discurso jurídico-penal contiene suficientes reservas de salud para reaccionar y operar como una planificación del ejercicio de poder de las agencias jurídicas para contener y limitar el ejercicio del poder punitivo, para reducirlo progresivamente y llevarlo a sus expresiones mínimas con la utópica orientación hacia su cancelación o minimización extrema, el futuro de la culpabilidad debe partir de un retorno primario a la originaria culpabilidad de acto, como parte del derecho penal de acto, que es sinónimo de derecho penal liberal o de garantías. Leer el resto de esta entrada »

La Comisión Central es un órgano nacional concebido como la cúspide el Sistema de Planificación en Venezuela, aun cuando en la escala jerárquica se encuentra el Presidente de la República; posee carácter permanente, siendo creada para el seguimiento del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Plan de la Patria).

Durante la habilitación legislativa otorgada al Presidente de la República se aprobó reformar la Ley de Planificación Pública y Popular vigente desde el año 2010, la cual – a su vez – sustituyó al Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Planificación (2001).

Ello se hizo a través del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (DLOPPP, 2014); en este instrumento legal se establece el Sistema Nacional de Planificación, del cual forman parte los municipios, por lo que nace una vinculación con la Comisión Central de Planificación

Preside este organismo el Vicepresidente Ejecutivo de la República, acompañado por los Vicepresidentes Sectoriales, el Ministro con competencia en materia de Planificación y demás personas que designe el Presidente de la República.

Contará con una Secretaría Ejecutiva designada por el Presidente de la República mediante decreto.

Tiene asignado, entre otras:

  1. Elaborar los lineamientos estratégicos, políticas y planes a ser presentados al Presidente de la República, como hacer seguimiento de los aprobados.
  2. Controlar que los órganos y entes actúen conforme lo indicado por la Comisión.
  3. Elaborar el mapa central de la estructura económica nacional tanto en lo público como en el sector privado.
  4. Crear las comisiones para el cumplimiento de sus fines y designar sus integrantes.
  5. Planificar, conducir, evaluar y supervisar las actividades de formación en materia de planificación
  6. Rendir informes al Presidente de la República sobre sus actuaciones.
  7. Las demás que les asigne el Presidente de la República mediante decreto.

El Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación tiene por objeto establecer el marco normativo para lo referente en el área de planificación, organización, control y supervisión de la Administración Pública; los ámbitos de actuación, desde una perspectiva funcional, son lo político, social, económico, político territorial, seguridad y defensa, científico y tecnológico, cultural, educativo y las que le establezca el Presidente de la República.

La Comisión, por cuanto tiene como premisa la planificación centralizada, le impone a los órganos y entes públicos la obligatoriedad de regirse – en materia de planificación – por sus lineamientos, no pudiendo servir como obstáculo la personalidad jurídica, patrimonio propio ni autonomía, por mandato de su instrumento de creación.

Por otra parte, tanto las personas naturales como jurídicas del sector privado deben suministrar la información que le sea requerida so pena de sanción, la cual será impuesta por el Contralor General de la República a instancia de la Comisión.

De igual manera, le confiere amplias facultades de auditoría e inspección pudiendo apoyarse por los organismos especializados competentes y sin perjuicio de lo previsto en materia de contraloría y control fiscal.

Acerca de la planificación a nivel municipal, el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (DLOPPP, 2014), establece que sus procesos de planificación deberán articularse con el ministerio con competencia en materia de planificación, a efectos de garantizar la coherencia de los planes espaciales y sectoriales, viabilidad, sincronización temporal de metas y estrategias con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, lo que se conoce actualmente como Plan de la Patria, así como los derivados de éste en las distintas escalas territoriales.

Ahora bien, cabe preguntarse, – ¿cómo es el proceso de planificación en lo atinente al ámbito local?

La respuesta la brinda el DLOPP

En primer término se asigna a los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP), en concordancia con la reforma hecha a la ley que los regula del año 2015, diseñar el Plan Municipal de Desarrollo garantizando la participación ciudadana en todas sus etapas: formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control.

El Plan Municipal de Desarrollo, de acuerdo con la LOPPP en concordancia con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010), es el instrumento de gobierno que le permite al nivel local establecer los proyectos, objetivos, medidas, metas, acciones y recursos, con miras a la realización de sus competencias, especialmente las de naturaleza concurrente con los otros niveles territoriales y descentralizados. Deberá contemplar la ordenación y promoción de su desarrollo económico y social que incentive el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad municipal.

La ejecución se efectúa mediante los órganos y entes municipales siguiendo los denominados Medios de Gestión previstos por la LOPPM, pudiendo hacerlo de manera directa, creación de mancomunidades, fundaciones municipales, empresas exclusivas o mixtas, concesiones, entre otros; procurando – en lo posible – la participación comunitaria organizada como principio cardinal, siguiendo los principios fundamentales en los primeros capítulos de este instrumento legal.

Existen en el ámbito local otros planes propios de él, como el denominado Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), el cual se corresponde con los lineamientos urbanísticos, que contendrá la clasificación de los suelos, espacios libres y de equipamiento, entre otros aspectos.

Se sugiere al lector dar un vistazo a otros artículos de mi autoría denominados “De la Organización y Gestión Municipal”, “De la competencias municipales”, “De los Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas en su ley del año 2010 “, “Los Consejos Comunales según su Ley Orgánica del año 2009”, “Medios de Gestión Municipal”, “De los Medios de Participación Ciudadana”, “Municipio y Planificación, “Municipio y reforma habilitante del año 2014 Ley Orgánica de Administración Pública”, “Municipio y reforma habilitante del año 2014 Ley Orgánica de Gestión Comunitaria”, “Municipio y Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socio Productivo”, “Ley de Misiones, Grandes Misiones y Micro Misiones”, “El Consejo Federal de Gobierno”, “El Fondo de Compensación Interterritorial”, “El Distrito Capital”, “El Distrito del Alto Apure” “El Área Metropolitana de Caracas”, “Municipio y Ordenación Territorial”, “La Autonomía Municipal”, “Cogestión y Autogestión”, “La Función de Planificación en el Municipio”, “La Función de Control en el Municipio”, “La Función Legislativa en el Municipio”, “El Alcalde”, “El Concejo Municipal” “Los Concejales”, “Municipio y Participación Ciudadana”, “Medios de Participación Ciudadana”, “Municipio y reforma habilitante 2014 Ley Orgánica de la Administración Pública”,  entre otros, los cuales se encuentran publicados en http://www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com  para tener mayor información.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

El país se construye desde sus municipios. Leer el resto de esta entrada »