PARTAMOS DE UN EJEMPLO: A en su carácter de propietario de un local comercial, celebró contrato de arrendamiento con B (inquilino), al pasar los años A fallece. ¿Queda el contrato sin efecto alguno o resuelto de pleno derecho? La respuesta es negativa, pues si A dejó hijos, éstos por vía de subrogación, se convertirán en arrendadores del inmueble, al ser  herederos únicos y universales de A, quien fue quien otorgó el contrato de arrendamiento. De tal manera que tocará a los herederos de A, asumir los derechos y obligaciones que correspondían a su causante. Distinto será el tema probatorio relacionado a acreditar en juicio la cualidad para actuar en él. En palabras sencillas, tocará a los herederos probar que efectivamente son los sucesores a título universal del causante (A), a través de la consignación de las partidas de nacimiento, acta de defunción de su causante, justificativo de únicos y universales herederos, contrato de arrendamiento, declaración sucesoral y documento de propiedad del inmueble, entre otros medios probatorios. Ahora bien, pongamos otro ejemplo un tanto distinto: A en su carácter de co-propietario de un local comercial, celebró contrato de arrendamiento con B (inquilino), al pasar los años C, quien fuera el otro co-propietario fallece. ¿Queda el contrato sin efecto alguno o resuelto de pleno derecho? La respuesta es la misma que en el primer panorama planteado. Pues lo importante es que existe una comunidad sobre el inmueble objeto de arrendamiento, siendo que uno de los comuneros o copropietarios puede actuar en nombre de la comunidad y en beneficio de todos (artículo 168 del C.P.C.), a pesar de haber firmado en nombre propio y no de la comunidad. FUNDAMENTO LEGAL:  Para determinar si los herederos están o no legitimados, se debe tomar en consideración lo establecido en los artículos 11 literal a), 12, 20, 30 literal c) y 52 de la L.A.I y los artículos 760, 765, 822, 995, 1.163, 1.603, 1.604, 1.605, 1.607, 1.608 y 1.610 del C.C, además de las otras leyes que regulan la materia como lo establecido los artículos 4, 6, 38 y 57 de la L.R.C.A.V y los artículos 4 y 6 L.R.A.I.U.C, que disponen soluciones similares en cuanto a quienes pueden actuar en defensa de los derechos involucrados y se encuentran legitimado para acudir ante los tribunales. CASO OFICINAS: Como ya hemos explicado en artículos anteriores, el arrendamiento de oficinas se encuentra regulado en la L.A.I. al ser excluido de los otros 2 cuerpos normativos que regulan la materia, debiendo aplicarse de manera supletoria la normativa general establecida en el C.C., siendo que de ellas se observa que con la muerte del arrendador o del arrendatario no se resuelve el contrato de arrendamiento sino que se produce una subrogación, así como que prevé la posibilidad que el contrato de arrendamiento se suscriba en beneficio del  propietario del inmueble, aunque se pueda establecer como beneficiario del canon a persona diferente; así como el hecho que puede suscribir el contrato de arrendamiento no solamente el propietario sino cualquier otro que esté facultado para ello como un mandatario o gestor de negocios; además dicha normativa establece que en caso de fallecimiento del arrendador (A), los herederos pasan a subrogarse en los derechos del de cujus. Como siempre, cada caso requiere estudio, no se trata de una fórmula metemática, una simple diferencia en las circunstancias de modo, tiempo, lugar de los  hechos en el caso sometido a nuestro estudio, puede conducir a una gran diferencia en la estrategia legal a escoger.

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La fórmula de Ulpiano expresada como dar a cada uno lo que le pertenece puede interpretarse de varias formas, según la concepción filosófica que se adopte. La idea de justicia fue desarrollada desde la visión presocrática, platónica, aristotélica, ciceroniana y agustiniana, entre otras. Sin embargo, la tradición jurídica del mundo occidental se ha inclinado por una interpretación aristotélica, por ser una concepción teórica mucho más amigable con el sistema de producción imperante, con la conformación del ser humano como sujeto que se transforma y con las contingencias materiales de la historia. 

Perspectiva metafísica.

En la concepción filosófica antigua, la idea de justicia tiene un carácter cósmico, “concebida como armonía y orden, y no sólo humana. Pues fuera del orden, en el exceso, la justicia no podía manifestarse como justicia” (GALLEGO GARCÍA, E. A.; 1996, pp. 25-26). La justicia griega apelaba a un sentido de orden, y el orden para los griegos era algo metafísico. El orden se oponía al exceso, por cuanto rompía con la armonía cósmica de las cosas. Era, pues, la diké contra la hybris. Así como el individuo era uno con su ciudad, la justicia era una con el orden del universo.

Los primeros filósofos buscaron explicar la conformación del mundo que circunscribía la realidad del hombre, reflexionaban sobre la naturaleza (physis) del mundo y no sobre la naturaleza del hombre como centro del universo. Los filósofos griegos buscaron un principio común a partir del cual se estructuraban todas las cosas existentes. Ese principio, el  arché-physis, era el agua para Tales de Mileto, el fuego para Heráclito, el aire para Anaxímenes, el ápeiron para Anaximandro, los números para los pitagóricos y los átomos para Leucipo y Demócrito. Los presocráticos centraron su reflexión en el cosmos, entendiendo que se trataba de una composición perfecta y ordenada.

En concordancia con lo anterior, Werner Jaeger “acaba uno de sus más bellos opúsculos –La alabanza de la Ley– afirmando que el rasgo dominante del pensamiento jurídico griego desde sus comienzos hasta las altas cumbres de la filosofía consistió en referir la ley y el derecho al ser, es decir a la unidad objetiva del mundo en cuanto cosmos, en cuanto orden ontológico y permanente de las cosas que al propio tiempo es el orden ideal de todos los valores y el fundamento de la vida y la libertad del hombre” (GALLEGO GARCÍA, E. A.; 1996, pp. 25-26). 

Perspectiva antropológica.

Sócrates fue el primer filósofo que centró su atención en el hombre como objeto de conocimiento. La frase conócete a ti mismo (gnóthi seautón) atestigua de buena manera lo expresado. Sin embargo, fueron Platón y Aristóteles quienes dieron inició a la perspectiva antropológica del hombre como destino de la justicia. Para Platón la justicia debía circunscribirse dentro de un radio de acciones por el cual cada sujeto debe hacer lo que tiene que hacer.

Según la República, la justicia consiste en que cada ser desempeñe la función que le es propia, y esto se aplica tanto a las partes del alma como a las clases de la ciudad. De este manera se ha dicho que “las buenas relaciones y la armonía entre todas las clases sociales constituye la justicia: la justicia consiste en ocuparse únicamente de los propios asuntos, sin intervenir para nada en los ajenos” (Platón, citado por MARTÍNEZ H., Miguel; 2000, p. 86).

Es cierto, la armonía todavía es un rasgo dominante en la idea platónica acerca de la justicia, con la diferencia de que el hombre se posiciona como la regla natural de su configuración. Si el hombre no hace lo que tiene que hacer, entonces rompe la armonía de sus actos y su ser, y por lo tanto incurre en un exceso. Platón creía que los sujetos estaban predestinados a ser y por eso la justicia consistía en que cada uno hiciera lo que tenia que hacer. El esclavo nacía como esclavo y en esa predestinación confirmaba su justicia.

Ahora bien, para Platón las leyes no necesariamente describían el contenido de la justicia, pues el sistema de leyes y costumbres para él podían estar condenados a la corrupción. La muerte de su maestro fue determinante en esta idea, pues Sócrates prefirió obedecer la ley y enfrenta la injusticia, antes que evadirla y sustentar su defensa. La ética de Demócrito inspira una idea similar, pues consideraba que es mejor sufrir la injusticia que cometerla. En el Gorgias Platón vuelve a reflexionar sobre la justicia y en Las Leyes demuestra cómo realizar en la práctica el objeto de la Republica.

Aristóteles va más allá de la línea conceptual de su maestro y considera que los sujetos llegan a ser; es decir, que el individuo se hace en el mundo fuera de cualquier anticipación concreta. Si el hombre llega a ser entonces la justicia no puede fundamentarse solamente en la armonía de los actos y el ser, sino que constituye un abanico de posibilidades de actuación para el sujeto. Por ello, en Aristóteles la justicia es una virtud, esto es, la capacidad de encontrar un punto medio entre las acciones por las cuales se incurre en exceso y defecto. De este modo, Aristóteles reconoce un principio de libertad al afirmar que “es nuestra actuación en nuestras transacciones con los demás hombres lo que nos hace a unos justos y a otros injustos” (ARISTÓTELES; 2009, p. 20).

También afirma que “las virtudes no se producen ni por la naturaleza, ni contra naturaleza, sino por tener aptitud natural para recibirlas y perfeccionarlas mediante la costumbre. Además, en todo aquello que es resultado de nuestra naturaleza, adquirimos primero la capacidad y después producimos la operación (esto es evidente en el caso de los sentidos: no adquirimos los sentidos por ver muchas veces u oír muchas veces, sino a la inversa: los usamos porque los tenemos, no los tenemos por haberlos usado); en cambio, adquirimos las virtudes mediante el ejercicio previo, como en el caso de las demás artes: pues lo que hay que hacer después de haberlo aprendido, lo aprendemos haciéndolo; por ejemplo, nos hacemos constructores construyendo casas (…), así también practicando la justicia nos hacemos justos” (ARISTÓTELES; 2009, p. 20).

Para Aristóteles lo injusto es lo contrario a la ley y a la desigualdad, y lo justo es lo legal y equitativo. Puesto que lo igual es un término medio, lo justo será también un término medio. Lo justo es una proporción y lo injusto es contrario a lo proporcional, fundamentándose con ello la justicia distributiva. “Un término es mayor y otro menor, como ocurre también en la práctica: el que comete 1a injusticia tiene, de lo bueno, más de lo que le corresponde, y el que e1 que padece, menos. Tratándose de lo malo, sucede lo inverso, porque el mal menor se estima como un bien en comparación con el mayor, ya que el mal menor se prefiere al mayor, y lo preferible es un bien, y cuanto más preferible, mayor” (ARISTÓTELES; 2009, p. 20).

Según Aristóteles, la mayoría de las disposiciones legales están constituidas por prescripciones de la virtud total, porque la ley manda a vivir de acuerdo con todas las virtudes y prohíbe que se viva en conformidad con todos los vicios. Además, llama “justo a lo que es de índole para producir y preservar la felicidad y sus elementos para la comunidad política” (ARISTÓTELES; 2009, p. 71). Significa, entonces, que la justicia en Aristóteles está sujeta a un principio de libertad de actuación, a partir del cual el sujeto se constituye como justo o injusto, de cara a los mandatos de la ley.

Perspectiva romana.

Las primeras ideas de los Romanos sobre la justicia fueron muy toscas. La justicia consistía íntegramente en observar ordenes, buenas o malas” (OCHOA, G.; 2006, p. 28). Posteriormente, la idea de justicia fue desarrollada y formulada bajo la noción de reconocer el derecho que cada individuo poseía. 

En el Libro I, Título I, Ley Diez, del Digesto, Ulpiano considera que “La justicia es la voluntad firme y perpetua de dar a cada uno lo que le perteneceAdemás, se dice que “Los principios del derecho son estos, vivir como se debe, no hacer daño a otro, y dar a cada uno lo que es suyo” (JUSTINIANO; 1872, p. 33) –en la República de Platón se encuentra una idea similar, al decirse que la justicia consiste en “dar a cada uno lo que se le debe” (Platón; 1986, p. 72), con el argumento en contrario, hecho por Sócrates, de que el acto de devolver lo que se debe puede realizarse con justicia o no –. Sin embargo, dar a cada uno lo que le pertenece, como sustancia cardinal de la justicia, fue sometida a una nueva perspectiva del sujeto y alterada por la racionalización de la sociedad.

En el Digesto, la referida sentencia incorporaba en sí misma el contenido de un derecho natural dominante y se interpretaba de una manera mucho más profunda de lo que ahora se hace, porque el acto de dar a cada quien lo suyo tomaba en cuenta el derecho ajeno y no el propio derecho. Pero identificar lo que le pertenece a un individuo y lo que no le pertenece es un asunto que va mas allá de la simple titularidad del derecho autoatribuido o del favor socialmente reconocido; es, sobre todo, un reparto de intereses y de residuos, donde los que se imponen institucionalizan lo primero y los que se marginan reciben lo segundo. 

En el mundo antiguo darle al esclavo o a la mujer lo que le pertenecía era un asunto que ahora no parecería ser de justicia. Por igual, quitarles el excedente de las doscientas cuarenta y cinco hectáreas de tierra a sus propietarios tampoco se perfila como un asunto de justicia que, antes de la reforma agraria y del pensamiento social, estuviera justificado en la República de El Salvador. Dar a cada uno lo que le pertenece no constituye un concepto fijo, por cuanto está influenciado por los principios de convivencia dados por las relaciones y fuerzas sociales.

Perspectiva moderna.

La complejidad de dar a cada uno lo que le pertenece pasa por reconocer si se trata de un derecho para el que recibe o de una obligación para el que da. Importa, pues, tener claridad de si el sistema jurídico se construye y fundamenta a partir de derechos u obligaciones. En la actualidad, el sistema jurídico se sustenta sobre la base de derechos, de ahí que las Constituciones incorporen un catalogo esencial de derechos y libertades individuales. Por ello, en términos jurídicos la justicia consiste en darle a cada quien lo que le pertenece, a partir del contenido de sus derechos individuales.

Uno de los grandes problemas consiste en identificar quién o qué define el contenido de los derechos individuales. En el mundo moderno, el derecho natural y el derecho positivo han mantenido una férrea batalla al respecto. Al final, el racionalismo instituyó a la ley como el contenedor de los derechos y como la frontera de sus manifestaciones, pues la racionalización de los fenómenos sociales exigió una visión más clara de lo legal y lo moral. Esta batalla, trasladada al mundo antiguo, podría plantearse, de un lado, a partir de la visión platónica, en el que la justicia apelaba a la armonía y perfección de las relaciones sociales, según la predestinación que sufre el ser; y, de otro lado, desde la visión aristotélica, en el que la justicia viene dada por el actuar de los individuos, según el sentido de la ley y la equidad.

Al margen de lo anterior, existe otro problema que resolver: ¿el acto de darle a cada quien lo que le pertenece se define por el derecho ajeno o por el derecho propio? El Digesto configuraba el sentido de la justicia a partir del derecho ajeno, y no solamente a partir del derecho propio como ahora se entiende. De este modo “los antiguos –explica Pieper– (refiriéndose a los grandes testigos de nuestra propia tradición), cuando hablan de justicia, nunca toman en consideración a los legitimados sino a los obligados. La preocupación del justo, dicen, se dirige a dar a cada uno lo suyo, no a recibirlo (…). Coherentemente con lo anterior, el pensador alemán señala que “cuando los antiguos hablan de derecho están haciendo referencia exclusivamente al derecho ajeno” (GALLEGO GARCÍA, E. A.; 1996, p. 18).

Este cambio de perspectiva ha estructurado todo un sistema jurídico de orden individualista, pues al pensar en el sujeto legitimado para recibir justicia y no en el obligado a darla, se comprende el por qué la justicia moderna es una justicia de naturaleza procesal que se limita a dar lo que se pide dentro del marco de la ley. La perspectiva del legitimado no le permite al juez dar más de lo pedido, menos de lo resistido o cosa diferente a la solicitada por las partes. También impide que las partes tomen conciencia de sus deberes. De esta forma se exalta el derecho a recibir justicia, pero se olvida que también existe el deber de darla. En este punto, legalidad y justicia se vuelven discontinuas. La excepción a esta perspectiva, aún discutida, se encuentra en las pretensiones que se resuelven de oficio.

Así las cosas, “la doctrina de los derechos humanos –imperante en la actualidad–, no parece tener a la vista, primariamente, a los obligados, sino a los legitimados (GALLEGO GARCÍA, E. A.; 1996, p. 18). En ese sentido, los grupos sociales históricamente excluidos, como el de las mujeres, los niños, los indígenas y los discapacitados, han tenido que pedir justicia antes que recibirla. Sin embargo, el enfoque de las capacidades de Marta Nussbaum podría rescatar la perspectiva antigua de la justicia, la de los obligados, si el enfoque de las capacidades convirtiera al Estado en un sujeto que se interesara por elevar a los individuos por encima delumbral mínimo, aun de forma oficiosa. Pero esta carga, desde la perspectiva del Derecho Social, es tanto del Estado como de la sociedad. Leer el resto de esta entrada »

En ocasiones a través de los medios de comunicación social, escuchamos a personajes de la política usando el término de “terrorismo judicial”. Ese aforismo no es menos frecuente entre nuestros clientes, quienes aseguran que, en ocasiones sus parejas, con la colaboración de los profesionales del derecho que los asesoran, los tienen debatiéndose en medio de un “terrorismo judicial”.  Analicemos brevemente el tema de la manera acostumbrada.

EN QUÉ CONSISTE: Se trata de la aplicación de conocimientos jurídicos, acompañados de un comportamiento delictivo, a través de los cuales se acosa, intimida y amedrenta a una persona,exigiéndole altas sumas de dinero y/o la realización de tal o cual conducta que aproveche a quien lo ejerce. Pudiendo en ocasiones dejar en una situación de insolvencia económica, al sujeto víctima de tal actuar. Lo anterior ocurre, por ejemplo cuando se utiliza la Jurisdicción Penal para resolver situaciones cuya competencia es indiscutiblemente de la Jurisdicción Mercantil o Civil, verbigracia, cuando se utilizan los Juzgados Penales para resolver cuestiones o controversias de derecho privado, mediante la interposición de una denuncia temeraria con el avieso objetivo de debilitar la voluntad de la parte contraria. Todo lo anterior, hace que la parte interesada, solicite la intervención del aparato jurisdiccional de manera URGENTE para ponerle freno a esas arbitrariedades que desprestigian al Poder Judicial. Esta institución va muy de la mano con el Fraude Procesal.

EL FRAUDE PROCESAL:  Consiste en las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso, o por medio éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, a impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de parte o de tercero. Estas maquinaciones y artificios pueden ser realizados unilateralmente por un litigante, lo que constituye el dolo procesal stricto sensu, o por el concierto de dos o más sujetos procesales, caso en que surge la colusión; y pueden perseguir la utilización del proceso como instrumento ajeno a sus fines de dirimir controversias o de crear determinadas situaciones jurídicas (como ocurre en el proceso no contencioso), y mediante la apariencia procedimental lograr un efecto determinado; o perjudicar concretamente a una de las partes dentro del proceso, impidiendo se administre justicia correctamente. Se está ante una actividad procesal real, que se patentiza, pero cuyos fines no son la resolución leal de una Litis, sino perjudicar a uno de los litigantes o a los terceros.

REQUISITOS DE PROCEDENCIA: Es indispensable que exista Violación constitucional, violaciones al Derecho a la Defensa, al Debido Proceso entre otros, que se cercene el derecho constitucional a obtener del Estado una decisión transparente, previsto en el artículo 26 de nuestra CRBV, que garantiza el derecho a una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, “transparente”, en la que no cabe la parcialización, el terrorismo judicial y el fraude procesal. SE CONTRAPONE CON LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA: Implica la posibilidad que tenemos todos de acceder antes los órganos encargados de la función jurisdiccional para satisfacer nuestras pretensiones jurídicas, y que seamos sometidos a un proceso verdaderamente eficaz, tomando en consideración las exigencias de brevedad y no formalidad. De tal manera que si “A”, accede a los Tribunales Civiles, Mercantiles y/o Penales, a través de distintas acciones, todas debidamente fundamentadas en los hechos y en el derecho, sin caer en el campo de la “temeridad”, con el propósito legítimo de obtener, (luego de con contradictorio, que patentice las garantías constitucionales a cada parte involucrada), una decisión judicial que lo beneficie frente a “B”, estamos en el marco de una Tutela Judicial Efectiva que no tiene tintes de Terrorismo Judicial. Por el contrario, si “A” accede a los Tribunales Penales, con el fin de obtener pronunciamientos que no revisten carácter penal en ninguna forma, pero que si producirán un “efecto sicológico” sobre su contraparte, con el solo propósito de extorsionarla y obtener un beneficio “mal habido” en su favor, pues efectivamente estaremos en el área del Terrorismo Judicial.

El límite entre uno y otro no es tan delgado como parece. Antes bien, la prueba del alegado terrorismo judicial, suele ser del tipo llamado coloquialmente “pruebas diabólicas” por lo complicadas y difíciles que son, en el sentido de llevar la convicción plena al juzgador que se está ante un caso de “terrorismo judicial”.  QUIÉN LO COMETELos Funcionarios del Poder Judicial: No es más que el que acontece en las actuaciones realizadas por funcionarios integrantes del Poder Judicial, en las Jurisdicciones Civiles, Penales, del Ministerio Público, incluso Notarios, Registradores Públicos, por las temerarias conductas ejecutadas ante esas Autoridades mencionadas, siempre que se pueda verificar la presunta perpetración entre otros de los delitos de extorsión, corrupción y delitos contra la Administración de justicia, todos provenientes de concertado fraude procesal y terrorismo judicial ejercido por Jueces, Fiscales del Ministerio Público u otros Funcionarios Públicos, en contra de determinada persona. Por los Particulares en conjunción o no con sus Abogados asesores: Es el que acontece en las actuaciones realizadas bajo el ministerio de un Abogado en el libre ejercicio, quien valiéndose de sus conocimientos legales, por ejemplo, convierte un asunto meramente mercantil en un caso penal, con fines poco nobles e ilegales. Se utiliza al sistema de Justicia para llevar a cabo actos que deben entenderse sin duda alguna como amedrentamientos y terrorismo judicial, en contra del denunciado, pues lo cierto es que no existen elementos serios para determinar que efectivamente pudiera el denunciado estar incursos en delito alguno. Mixto: Cuando hay connivencia entre el Funcionario Público y el Particular, cuando se observa una parcialidad con la presunta “víctima” y por ejemplo, el Fiscal del Ministerio Público, quienes aplican el terrorismo judicial en coalición, al punto de hacer (el particular) pedimentos de mala fe que le son admitidos (por el Fiscal en nuestro ejemplo), a pesar de hacer oposición legal la defensa (el contrario perjudicado), al cual  jamás van a valorar ni apreciar de la misma forma que al denunciante.

NO HA LUGAR AL TERRORISMO JUDICIALEn el delito en cuestión, la amenaza debe expresarse de una manera real, seria, debe ser un daño/mal futuro, pero que depende del que formula la amenaza (está en su mano  que se cumpla o no), en consecuencia si se demostró que las decisiones judiciales o administrativas que instó el supuesto actor del terrorismo judicial, fueron ajustadas a derecho; si se demostró que nunca hubo ningún tipo de componenda entre el denunciado y los órganos del poder público denunciados; si nunca existió una amenaza que pudiese quedar bajo el control del denunciado y tampoco éste podía controlar, (el denunciado no podía intervenir en la decisión del Ministerio Público ni  en las resultas de  la decisión Jurisdiccional), entonces, la conclusión lógica, bajo todo silogismo judicial será que nunca hubo terrorismo judicial.CÓMO PROBAR EL TERRORISMO JUDICIAL: El interesado deberá probar: 

1) La existencia de maquinaciones y artificios realizados en el curso de uno o varios procesos,para omitir de un todo a la “víctima”, mediante el uso de procesos que persiguen crear situaciones jurídicas fraudulentas, nulas e inexistentes.

2) Destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales: Engaño, en todos los procesos a la buena fe de la víctima.

3) A impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero.

4) En perjuicio de parte o de tercero: En perjuicio de la víctima,  falseando los hechos, y creando artificios con dolo en estricto sensu.

5) Persiguiendo los procesos instaurados, fines distintos a los que están llamados a perseguir, a saber el dirimir controversias. 

PETITORIO: La solicitud principal será que como consecuencia del actuar denunciado, las actuaciones posteriores al hecho que lo originó sean declaradas nulas, inexistentes y sin efecto alguno, para retrotraer las cosas al estado en que estaban antes de la consumación-ejecución del terrorismo judicial realizado mediante los referidos trámites procesales.

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VIDA Y OBRA DE ALESSANDRO BARATTA.

Alessandro Baratta nace en Roma (Italia) el 06 de octubre de 1933 en una familia de músicos y allí estudió ciencias jurídicas y filosofía bajo la guía de Widar Cesarini Sforza, Emilio Betti, Tulio Ascarelli y Carlo Antoni. Se doctoró en 1957 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Roma “La Sapienza” con una tesis en filosofía del Derecho dirigida por Cesarini Sforza y titulada “II pensiero filosofico-giuridico di Gustav Radbruch”.

Largo tiempo fue profesor de Filosofía en la Universidad de Saarland en Saarbruken, Alemania. También ha sido docente en Filosofía del Derecho en universidades italianas. Fundó las revistas “la cuestión criminal” y “de los delitos y las penas”. Ha sido coordinador de diversos proyectos de investigación en Alemania e Italia, también en América Central, y su obra es inabarcable. Se dedicó mucho a viajar para encontrarse con otras personas con quienes pudiera reflexionar y enseñar los temas de su interés. Se identificó mucho con Latinoamérica, donde dejó varios discípulos, participó como asesor para diversas reformas legislativas sobre menores infractores y sistema penitenciario; así como inspiro la formación del Círculo de estudios sobre criminología crítica de América Latina en 1985.

En América Latina, la Criminología crítica de Baratta encontró terreno particularmente fértil y sus estancias a partir de la mitad de los años setenta son innumerables. En torno a esta mitad de los años setenta, sin dejar de enseñar Filosofía del Derecho y teoría general del derecho, desplazó cada vez más sus intereses teóricos hacia la sociología del derecho y en particular hacia la sociología jurídico-penal, llegando a desarrollar junto a Detlef Krauss y otros esa “criminología crítica” con la que hoy suele ser identificado. Falleció el 25 de mayo del año 2002 en Saarbruken, Alemania.

La obra de Baratta es inabarcable, ha publicado en alemán, italiano y también en castellano. Respecto a las obras publicadas en castellano, mencionaremos algunas (las no incluidas aquí no son menos importantes) de sus tan apreciadas obras:

– “Criminología crítica y crítica del derecho penal. Introducción a la sociología jurídico-penal”. Méjico D.F. Siglo XXI 1986. Ha tenido una amplia repercusión, sobre todo en América Latina.

– “Integración-prevención: una ‘nueva’ fundamentación de la pena dentro de la teoría sistémica”, en revista Doctrina Penal, Buenos Aires, Depalma, año 8, 1985.

– “La legislación de emergencia y el pensamiento jurídico garantista en el proceso penal” (en colaboración con Michael Sibernagl), en revista Doctrina Penal, Buenos Aires, Depalma, año 8, 1985.

– “Principios del derecho penal mínimo. (Para una teoría de los derechos humanos como objeto y límite de la ley penal)” en revista Doctrina Penal, Buenos Aires, Depalma, año 10, 1987.

– “Resocialización o control social. Por un concepto crítico de ‘reintegración social’ del condenado”, en revista No hay derecho, Buenos Aires, Nº 3, 1991, y en Anuario del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Nº 13-14, 1995/1996.

– “Democracia y Derechos del Niño” en VV.AA El derecho y los chicos, (Bianchi, María del Carmen, comp.) Buenos Aires, Editorial Espacio, 1995.

– “El Estado de Derecho. Historia del concepto y problemática actual” en Sistema. Revista de Ciencias sociales, Madrid, Nº 17-18-1977.

– “Democracia, dogmática penal y criminología” en Anuario 1996. Facultad de ciencias jurídicas de la universidad de Antofagasta, Chile.

– “Viejas y nuevas estrategias en la legitimación del derecho penal” en revista poder y control, Barcelona. 1986.

NOCIÓN DE CRIMINOLOGÍA CRÍTICA.

Se entiende por criminología crítica al movimiento nada homogéneo del pensamiento criminológico contemporáneo que busca la construcción de una teoría materialista de la desviación y que tiene en cuenta instrumentos, conceptos e hipótesis elaborados en el ámbito del marxismo, cuyos estudios se colocan en un campo de investigación desarrolladas en la sociología liberal contemporánea, y que ha servido de base para el desarrollo de la criminología crítica[1].

El camino que se ha seguido desde el desarrollo de las escuelas de sociología criminal hasta el surgimiento de la criminología crítica puede ser marcado en dos etapas: “en primer lugar, el desplazamiento del enfoque teórico del autor a las condiciones objetivas, estructurales y funcionales, que se hallan en el origen de los fenómenos de la desviación. En segundo lugar, el desplazamiento del interés cognoscitivo desde las causas de la desviación criminal, hasta los mecanismos sociales e institucionales mediante los cuales se elabora la realidad social de la desviación, es decir, hasta los mecanismos mediante los cuales se crean y aplican definiciones de desviación y de criminalidad y se realizan procesos de criminalización”[2].

La criminología crítica opone un enfoque macrosociológico a uno biopsicológico del comportamiento desviado, evidenciando su relación funcional o disfuncional con la estructura social, superando de esta manera el paradigma etiológico de la vieja criminología. Además, implica la superación ideológica que entiende a la desviación y a la criminalidad como realidad ontológica preexistente a la reacción social e institucional y la aceptación acrítica de las definiciones legales de aquella pretendida realidad ontológica[3].

Según Villavicencio el derecho penal se convirtió en el objeto de estudio principal de la criminología crítica por ser aquel un instrumento injusto, desigual, reproductor de las desigualdades, creador de más problemas respecto de los que resuelve, etc. Citando a Baratta, refiere que la criminología crítica ha propuesto reducirlo o abolirlo. De allí han tomado el nombre las corrientes que a su interior hoy encontramos: el Reduccionismo y el Abolicionismo. A su vez, la reducción del derecho penal ha sido formulada de manera diferente y por tanto al respecto se han delineado dos corrientes: el Neorrealismo de Izquierda y el llamado Derecho Penal Mínimo[4].

LA CRIMINOLOGÍA CRÍTICA, LA SOCIOLOGÍA JURÍDICO PENAL Y LA POLÍTICA CRIMINAL DE CLASES SUBALTERNAS SEGÚN BARATTA[5].

La concepción de Baratta de la criminología crítica, de la sociología jurídico-penal y de la política criminal de las clases subalternas expuesta en “Criminología crítica y crítica del derecho penal”, puede ser presentada de manera esquemática en una serie de proposiciones principales y secundarias que enumeramos a continuación:

1. La criminología crítica es una teoría materialista de inspiración marxista.

2. De manera consecuente con su filiación marxista la criminología crítica considera que el fenómeno de la desviación sólo puede ser analizado en el contexto de la estructura socioeconómica –históricamente determinada – en que se produce.

3. Las teorías criminológicas que no analizan el fenómeno de la desviación en el contexto de la estructura socioeconómica en que se produce deben ser rechazadas porque no han comprendido la esencia misma del fenómeno estudiado.

4. La estructura socioeconómica de los países en que se ha desarrollado la criminología crítica corresponde al capitalismo tardío, en el cual no impera el consenso sino el conflicto. En efecto:

a. En la sociedad capitalista tardía existe una lucha de clases de naturaleza política entre una clase subordinada y una clase dominante.

b. Para proteger y perpetuar su posición favorecida, la clase dominante ha elaborado el derecho penal, el sistema de justicia penal – tribunales y cárceles – y la estructura actual del sistema educativo.

c. Por este motivo el derecho penal – abstracto y concreto – castiga de preferencia los comportamientos típicos de las clases subordinadas.

d. En consecuencia – y a pesar de que las investigaciones indican que todas las personas cometen delitos –, las cárceles están pobladas mayoritariamente por miembros de la clase subordinada.

5. De lo expuesto anteriormente se infiere que el concepto de delito es una construcción social y debe ser reemplazado por el de comportamiento socialmente negativo. Este último es definido como un comportamiento – criminalizado o no – lesivo de intereses merecedores de tutela.

6. Los comportamientos socialmente negativos se explican según la clase social a la que pertenece su autor:

a. Si el autor pertenece a la clase subordinada, el comportamiento socialmente negativo será expresión de las contradicciones entre producción y distribución de la riqueza, típicas de la sociedad capitalista.

b. Si el autor pertenece a la clase dominante – implicada principalmente en los llamados delitos de cuello blanco –, el comportamiento socialmente negativo se explica por la relación funcional entre procesos legales e ilegales de acumulación de capital y la relación de estos con la esfera política.

7. Puesto que el conflicto de clases es de naturaleza política, la delincuencia sólo desaparecerá cuando la sociedad capitalista sea reemplazada por la sociedad socialista, que es una sociedad libre e igualitaria.

8. Entre tanto corresponde aplicar un derecho penal mínimo en el marco de una política criminal de las clases subalternas, cuyas características son las siguientes:

a. Despenalizar la mayor cantidad posible de los comportamientos penalizados actualmente, que corresponden a comportamientos típicos de las clases subordinadas.

b. Penalizar los comportamientos de las clases dominantes que aún no estén penalizados.

c. La diferencia de tratamiento entre ambas clases se explica porque se debe aplicar una política criminal de las clases subalternas.

d. Disminuir la utilización de la cárcel. En este contexto se propone reemplazar las sanciones penales por sanciones administrativas o civiles, privatizar los conflictos, incorporar sanciones alternativas, ampliar las formas de suspensión condicional de la pena, de libertad condicional, de ejecución de la pena en semilibertad, de permisos de salida, etc.

9. A largo plazo, el objetivo final es la abolición del derecho penal y de la cárcel – que constituye su corolario –, pero esto sólo será posible en el marco de una sociedad socialista.

10. El criminólogo debe renunciar a toda pretensión de neutralidad y, utilizando de preferencia métodos de análisis marxistas para sus estudios, apoyar la política criminal de las clases subalternas.

11. Estos estudios deben realizarse en parte desde el campo de una nueva ciencia denominada sociología jurídico-penal, cuyo objeto de estudio serían los comportamientos que representan una reacción ante el comportamiento desviado. Esta ciencia estudiaría así las reacciones institucionales de los organismos oficiales del control social de la desviación así como las reacciones no institucionales.

LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL MÍNIMO DE BARATTA[6].

Baratta estructuró los principios del derecho penal mínimo y propone una política de ley penal a corto y mediano plazo, siempre bajo la idea central de mínima intervención penal.

Así el concepto de derechos humanos para él cumple doble función:

1) Una negativa, al señalar los límites de la intervención penal, la cual no debe sobrepasar estos derechos.

2) Una función positiva, en cuanto los derechos humanos pueden constituir un posible objeto de tutela a través del derecho penal.

En ambos, el concepto de derechos humanos estará vinculado a necesidades reales fundamentales.

Los principios a través de los cuales viene articulada esta política de mínima intervención penal pueden dividirse en dos grandes grupos:

A) Principios intra-sistemáticos o internos del derecho penal: que nos indica los requisitos para la introducción y mantenimiento de cualquier figura delictiva en el sistema de justicia penal.

B) Principios extra-sistemáticos o externos del derecho penal: que se refieren a los criterios políticos y metodológicos para la descriminalización en la resolución de conflictos y los problemas sociales.

Entre los principios intra-sistemáticos o internos que deban observarse dentro del sistema penal actual, y que él propone como una política a corto plazo, están:

a) Principios de limitación formal:

Principio de Legalidad: que implica el cumplimiento de un derecho democrático promulgado. Por tanto se excluye el uso de cuerpos parapoliciales y paramilitares, la tortura y otras acciones de hecho del poder, como las detenciones ilegales, las desapariciones forzadas las muertes extrajudiciales.

– Principio de Taxatividad: que implica que la norma esté definida en forma clara, precisa y cerrada con sus elementos descriptivos y normativos. Está prohibido entonces el uso de normas abiertas o en blanco, y el reenvío a otras normas y el uso de analogía.

– Principio de irretroactividad de la ley más desfavorable al imputado.

– Principio de la supremacía de la ley penal sustantiva: que excluye la introducción formal o de facto de cualquier medida que restrinja los derechos del individuo que no sea estrictamente necesaria para los fines de la correcta y segura aplicación de la ley penal sustantiva, ya sean los reglamentos, en la acción de la policía, durante el proceso o en la ejecución. Estas medidas no pueden privar de más derechos de los que priva la ley penal sustantiva.

– Principio de representación popular: Impone la participación ciudadana en la formación de la voluntad del legislador a través de elecciones libres y secretas, la organización de partidos y movimientos políticos.

b) Principios de limitación funcional:

– Por otra parte está lo que él llama principio de la respuesta contingente, ya que la ley penal es una respuesta solemne a conflictos y problemas sociales graves, individualizados como generales y constantes en el tiempo; de ahí que la ley penal no puede ser una respuesta inmediata de tipo administrativo a situaciones excepcionales y contingencias esporádicas.

– Principio de proporcionalidad abstracta: solos las violaciones de derechos humanos fundamentales pueden ser objeto de sanción penal. Las penas deben ser proporcionales al daño social causado por dicha violación.

– Principio de humanidad: que prohíbe la pena de muerte, la tortura y penas que impliquen condiciones infamantes de vida.

– Principio de idoneidad de la pena: en el sentido de que si no existen condiciones suficientes para aplicarla, esa pena no tiene sentido, es inidónea. El éxito de su aplicación debe derivar de un examen empírico riguroso que compruebe, ya sea por experiencias adquiridas o pronósticos realistas, que al aplicar esa pena sea posible esperar el control de situaciones conflictivas.

– Principio de subsidiariedad: no es suficiente comprobar que la respuesta penal es idónea, sino que además debe comprobarse que es insustituible.

– Principio de proporcionalidad concreta o principio del costo social: debe regularse la producción y aplicación de la ley penal teniendo en cuenta la necesidad de de compensar la desigualdad de los costos sociales de la pena, desde el punto de vista de la incidencia negativa que tiene sobre las personas que se convierten en su objeto, sobre sus familiares y su ámbito social, por razones de justicia social.

– Principio de implementabilidad administrativa de la ley penal: se debe adecuar los recursos a los programas legislativos de acción, o bien redimensionar los programas de acción con base en los recursos disponibles en el sistema. El funcionamiento desigual de la justicia penal tiene una de sus causas estructurales en la discrepancia entre recursos administrativos y programa legislativo.

– Principio de respeto a las autonomías culturales: mientas existan en el interior de una determinada sociedad minorías étnicas o grupos sociales culturalmente delimitables por historia, proveniencia y características propias, ninguna ley penal debería criminalizar comportamientos que con respecto a la cultura de estas minorías sean socialmente lícitas, en cuanto correspondan a normas y valores en ellas vigentes.

– Principio de la primacía de la víctima: reconociendo su derecho y prerrogativas dentro del proceso penal, procurando reactivar la comunicación humana entre las partes, como son la víctima y el autor del delito, orientar la política legislativa hacia una amplia sustitución de sanciones de tipo represivo por sanciones de tipo restitutivo.

c) Principios de Limitación personal o limites de la responsabilidad penal:

– Principio de imputación personal: Excluye toda forma de responsabilidad objetiva o por lo hecho por otras personas.

– Principio de responsabilidad por el acto: rechaza cualquier forma de derecho penal de autor; ninguna medida que implique una violación de la libertad individual (medidas de seguridad o tratamiento de menores) puede hacerse derivar de la peligrosidad social de un sujeto.

– Principio de la exigibilidad social del comportamiento alternativo: acoge la moderna teoría normativa de la culpabilidad como un reproche que puede ser de hecho al autor por no haber escogido las alternativas del comportamiento conformes con la ley, pudiéndolo haber hecho. Así se podría desvincular el concepto de responsabilidad penal de las tipologías de autor (imputables, semi-imputables, inimputables) construyendo un concepto unitario de exigibilidad social del comportamiento alternativo.

Los principios extra-sistemáticos de la mínima intervención penal se dividen en dos grupos:

1) Principios de extra-sistemáticos de discriminalización.

2) Principios metodológicos para la construcción alternativa de los conflictos y problemas sociales.

a) Principios de extra-sistemáticos de discriminalización:

– Principio de la no intervención útil: un principio general de política alternativa consiste en asegurar el más amplio espacio de libertad para lo diverso, compatiblemente con las exigencias de un orden justo.

– Principio de la privatización de los conflictos: consiste en restituirle a los conflictos sus dimensiones políticas y después considerar para su solución , no penal, formas de intervención institucional no solo administrativas, sino también órganos de representación política o de control popular en la gestión de las contradicciones más relevantes del sistema político.

– Principio de la conservación de las garantías formales: esto implica que si se transfieren los conflictos fuera del campo de intervención penal hacia otras áreas de control social institucional o comunitario, la posición de los sujetos no pierda garantías respecto a lo formalmente previsto por el derecho penal.

b) Principios metodológicos para la construcción alternativa de los conflictos y problemas sociales. En ellos se encuentra la idea de una verdadera liberación de la imaginación sociológica y política frente a una “cultural de lo penal” que ha colonizado ampliamente la manera de percibir y construir los conflictos y problemas sociales en nuestra sociedad. Los principios son:

– Principio de la sustracción metodológica de los conceptos de criminalidad y de la pena. Se recomienda a los intérpretes de los conflictos y de los problemas, y en la búsqueda de sus soluciones, prescindir por cierto tiempo de los conceptos de criminalidad y de la pena para averiguar como quedarían construidos esos conflictos y esos problemas con argumentaciones diferentes, en la hipótesis de que no existieran dichos conceptos.

– Principio de la especificación de los conflictos y de los problemas: No puede aceptarse la pretensión de un sistema como el penal, de responder con los mismos medios y las mismas acciones ante problemas y conflictos tan heterogéneos como pueden ser el aborto, el peculado, las injurias y la criminalidad organizada, los pequeños hurtos las infracciones ecológicas y los delitos políticos. El sistema penal puede ser interpretado sociológicamente como un aglomerado arbitrario de objetos heterogéneos (comportamientos punibles) que no tienen otro elemento común a todos, sino el estar sujetos a la respuesta punitiva.

– Principio general de prevención: Sustituir las formas de control reactivo, por formas de control proactivo. En este sentido, la política de justicia social, el respeto de los derechos humanos, la satisfacción de las necesidades reales de los sujetos en una sociedad,, son algo mas que una política criminal alternativa, son la verdadera política democrática a la política criminal.

– Principio de la articulación autónoma de los conflictos y de las necesidades reales. Ningún cambio sustancial en la política de control social será posible si la mayoría de los sujetos portadores de las necesidades y derechos no logran convertirse de sujetos pasivos, que son de un manejo institucional y burocrático del control social, en sujetos activos en la construcción de dicho control. Leer el resto de esta entrada »

 

Sentencia: N° 260 de fecha 20 de marzo de 2009.
Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: En el procedimiento establecido para los delitos de acción privada, se entenderá desistida la querella cuando el querellante sin causa justificada no comparezca a la audiencia de conciliación o a la audiencia del juicio, por lo que, no sólo basta la inasistencia del acusador, sino que dicha inasistencia debe ser injustificada para que surta el efecto de poner fin a la acción.

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Capítulo IV

De los Contratos

Artículo 24. El contrato de arrendamiento contendrá, al menos, las especificaciones físicas del inmueble arrendado y de la edificación que lo contiene; la duración será mínima de un (01) año, excepto cuando la actividad a desarrollar esté enmarcada en temporadas específicas, entonces el lapso podrá ser menor, no pudiendo ajustar el canon de arrendamiento si se diera continuidad o prórroga, a menos que supere un año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 del presente Decreto Ley; el valor del inmueble, el canon de arrendamiento y la modalidad de cálculo adoptada; las obligaciones del arrendador y del arrendatario. Además, deberá señalar expresamente su apego a las consideraciones establecidas en este Decreto Ley.

Concatenaciones. Arts. 1.133, 1.141, 1.159, 1.160, 1.167,n1.579, 1.580, 1.581, 1.600, 1.614,1.615 CC; 12, 15, 243, 859-880 CPC; 11, 12, 33, 34 LAI; 1, 3, 5, 21, 32, 38, 45, 50, 51, 58, 77, 94, 96 LRCAV; 6 (4), 7, 24, 26, 32, 33, 40, 41 (8, 12) LAC.

Doctrina. El texto de la ley nos permite hacer estas aseveraciones sobre su contenido: a) De modo anómalo la ley no señala su contenido obligatorio, sino lo mínimo que ha de contener el contrato arrendaticio comercial. Usualmente el legislador señala el contenido obligatorio e indica de manera residual la libertad para estipular otras obligaciones. En está ley se lee “…contendrá al menos…”, lo cual en materia inquilinaria, regida expresamente por el principio de la irrenunciabilidad de los derechos del arrendatario (art. 7) parece extraño; b) Ha de señalar la identificación física del inmueble arrendado y del que le contenga, si éste fuera el caso. Eso impone el señalamiento de linderos, medidas, tipo de construcción y sus materiales; c) El valor (económico) del inmueble arrendado, y caso de acogimiento del primer y tercer supuesto del artículo 32 (sistemas de determinación y establecimiento del canon) el del inmueble que le contiene; d) indicación de otras obligaciones que pacten los contratantes (verbigracia, contratación de un seguro que proteja al inmueble en caso de daños a la estructura u ocupantes; reglas de uso en caso de ser un centro comercial, sobre horarios y seguridad, -ver regla general y excepción prevista en el numeral 8 del artículo 41-, etc.); e) Expreso acogimiento de la reglamentación obligatorio previsto en la ley.

El profesor Emilio J. Urbina Mendoza en su obra La Teoría de la Interpretación de los Contratos y la Jurisprudencia Venezolana, cuando en su recapitulación del Capítulo I, analiza el rol de los contratos en los tiempos que corren, hace las siguientes consideraciones[1]:

“…la irrupción de un Estado más intervencionista, derogará temporalmente cualquier libertad omnímoda para contratar. El contrato sufrirá un eclipse jurídico en la medida que el estado social de Derecho desplaza los últimos reductos del liberalismo decimonónico, degradación que se complicó con los procesos de decodificación progresiva. De fuente pasará a ser tratado como un acto sometido a la voluntad del legislador. Dicha interdicción ampliará los poderes de interpretación de los jueces, extendiéndose más allá de la voluntad declarada o real de los contratantes.” (Cursivas del texto citado, subrayados nuestros).

En este mismo sentido en ensayo del autor itálico Vincenzo Roppo denominado “El Contrato del Dos Mil[2], traducido al español por la profesora venezolana de la Universidad Externado de Colombia Milagros Koteich, se hacen estas reflexiones: “La irrupción de la leyes especiales como fuente cada vez más importante del derecho de los contratos significa descodificación; significa surgimiento al margen de un código (civil) en retirada, de microsistemas extra código; significa nuevo protagonismo de los tipos contractuales, en detrimento del “contrato en general”, y creciente dificultad para reconstruir en este cuadro de fragmentación cada vez más mercado, una significativa de la unidad de la figura contractual,

Significa en fin -por lo menos para quien ve en estos procesos algún riesgo de efectos descontrolados e indeseables- el trabajo en aras de la recodificación, de la recomposición de los fragmentos, de la recuperación de la figura y del régimen contractual a un nivel superior de generalidad ” (Paréntesis y subrayados nuestros).

Y asimismo el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo, Rafael Roversi Thomas, quien[3] en su ensayo “Teoría Sistémica del Contrato” nos hace estas conclusiones:

“El asunto de las redes contractuales apenas aflora en el mundo del Derecho Civil, pero lo hace de una manera avasallante. Si bien cuestiona conceptos clásicos, aporta soluciones a los problemas planteados por esa nueva realidad. Consideramos importante hacer estos planteamientos: 1. Es indispensable una regulación normativa que no trate el asunto de manera aislada o circunstancial, sino de manera específica. Las Facultades de Derecho y los Colegios de Abogados deben influir en esa dirección. 2. Quienes formamos parte del denominado “sistema de justicia” debemos digerir y aceptar esta nueva realidad jurídica. Sólo su estudio y ejercicio cotidiano permitirá ir formando los principios de su eventual doctrina general. 3. Debemos tener la amplitud mental necesaria para cuestionar, de manera razonable, los paradigmas del derecho y comprender que este se mueve en un mundo que cambia aceleradamente. La teoría Sistémica del Contrato, cuestionadora, abre un mundo de oportunidades jurídicas”. (Negrillas nuestras).

Derecho comparado. El Código Civil del Reino de España data del 24 de julio de 1889, y en su contenido podemos ver una versión del arriendo connatural a las ideas liberales que dominaban al mundo occidental y que dan fisonomía a la institución, sujeta hoy día a los embates de los conceptos de una sociedad democrática, de un estado social y democrático de derecho, como prevé la Constitución del Estado Español[4]. Entre otras reglas que rigen el arriendo destacamos las siguientes:

“Artículo 1.542. El arrendamiento puede ser de cosas, o de obras o servicios”.

“Artículo 1.543. En el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto”.

“Artículo 1.544 En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto”. “Artículo 1.545. Los bienes fungibles que se consumen con el uso no pueden ser materia de este contrato”.

“Artículo 1.546. Se llama arrendador al que se obliga a ceder el uso de la cosa, ejecutar la obra o prestar el servicio; y arrendatario al que adquiere el uso de la cosa o el derecho a la obra o servicio que se obliga a pagar”.

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La Actio libera in causa o la acción libre en la causa; es una figura dentro del elemento de la culpabilidad, que se estudia dentro del tema de imputabilidad.
Figura que nace históricamente con SANTO TOMÁS DE AQUINO y con PUFENDORF posteriormente y siendo utilizados en la posguerra. La actio libera in causa es uno de los temas críticos de hoy en el derecho penal, ya que lo que interesa es saber si el sujeto posee o no la capacidad suficiente para ser considerado culpable, todo dependiendo eso sí, de la comisión del delito.
El código alemán no tolera mucho esta figura y dice que el que dolosamente o culposamente se pone en situación de inimputabilidad en dicha situación comete un delito. El código español no expresa directamente esta figura, pero si habla de esta inimputabilidad para ser usada para delinquir. Aquí el problema suscita como cuestión problemática de hoy en el derecho criminal; lo cual se pregunta si una persona puede responder o no.
Miremos el siguiente ejemplo:
El sujeto que se embriaga para estar en un estado de inimputabilidad y en ese estado aprovechar y darle una paliza a un sujeto cualquiera.
Muchos doctrinantes afirman en castigar este hecho como lesiones dolosas o lesiones imprudentes; una doctrina afirma que habría que ver si el mismo hecho lo hubiera cometido el hombre sin el estado de embriaguez (sobrio), para ver que hubiere pasado, por lo que dicen que no saben si en verdad pasaría lo mismo por cuestiones ajenas al sujeto, a lo que el suceso también se hubiere cometido.
Algunos autores hablan de esta acción como un estado similar al de la autoría mediata y también se habla de una tentativa que comienza con la colocación de la propia persona en estado de inimputabilidad (embriaguez);lo que se dice es que el sujeto sería el mismo instrumento, igual en lo que pasa con la autoría mediata y a partir de esta inimputabilidad se le saldría de las manos. La tentativa aquí utilizada en esta acción sería la de la tentativa acabada, porque el sujeto ya ha encontrado su propio resultado que sería el de estar ebrio, pues es claro decir que solo poniéndose dolosamente en estado de inimputabilidad (embriaguez), se dispone el sujeto al hecho y entra en el estado de tentativa.
Así mismo cuando se habla de tentativa de esta acción o figura; también se puede hablar al mismo tiempo de concurso, puede suceder cuando el sujeto comete en estado de embriaguez un hecho distinto a aquel al que habría dirigido; su dolo en estado de sobriedad, en tal caso para terminar se dice que la tentativa de esta acción se halla en concurso ideal, si el sujeto comete en embriaguez además del hecho proyectado del estado sobrio. (vale decir que cuando hablamos de concurso ideal nos referimos a una acción y pluralidad de delitos).