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Tema: Reenganche del trabajador
Materia: Derecho Laboral
Asunto: Contenido de los artículos 125 y 126 de la Ley Orgánica del Trabajo.

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El Municipio para poder afrontar los pagos por diversos conceptos, bien sea por obligaciones con sus funcionarios u obreros, pagos a proveedores, realización de obras, entre otros; debe contar con un sistema que le permita honrar los compromisos asumidos legítimamente, así como también percibir los ingresos que por mandato constitucional y legal le corresponden. Esto es lo que se conoce como sistema  financiero y, dentro de éste, el llamado presupuestario.

El sistema de presupuesto está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen el proceso presupuestario.

Comprenden los recursos y egresos. Expresan los distintos planes locales: desarrollo económico y social, inversión municipal, gobierno, desarrollo urbano, turismo.

Una vez aprobadas las ordenanzas referidas al presupuesto deberán remitirse a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, Asamblea Nacional, Consejo Federal de Gobierno, Ministerio del Poder Popular para la Planificación y a la Oficina Nacional de Presupuesto; solamente con carácter informativo.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contiene una serie de principios generales que se aplican en el ámbito municipal, lo cual ha sido desarrollado por la legislación, despuntando el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (2015); sus Reglamentos (Nº 1,2,3,4); la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010); la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal (2010); el Decreto con rango, valor y fuerza de  Ley (Orgánica) contra la Corrupción (2014); el Código Orgánico Tributario (2014), Ley de los Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas (2015), las Ordenanzas de Presupuesto (anuales), entre otros.

Ha expresado la doctrina en el área que al nivel municipal le son aplicables los principios de unidad, que implica la unidad del Tesoro, es decir, no afectación de ingresos para gastos específicos, salvo lo contemplado en el Instrumento, como la del documento presupuestario (Ordenanza), ya que el presupuesto es uno solo; de equilibrio, ya que no deberán aprobarse gastos que excedan del total de ingresos estimados; de especificidad, que señala que las partidas presupuestarias deben expresar el objeto y monto máximo de las autorizaciones para gastar; carácter limitativo de los créditos presupuestarios tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo; de anualidad, ya que deberán estar comprendidos dentro del ejercicio económico financiero, o sea, entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del mismo año, con las excepciones establecidas por la legislación (marco plurianual); de programación, donde se habla de técnicas presupuestarias, donde se expresan los conceptos de presupuesto por proyecto y presupuesto por programas.

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece la obligación a los alcaldes de formular un Plan Operativo Anual y de presentarlo al Concejo Municipal junto con el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto; en el Presupuesto de Egresos se destinará, como mínimo, el cincuenta por ciento (50%) de los gastos de inversión o de formación de capital, debiendo entenderse como gasto de inversión aquellos que son de carácter permanente y son considerados conforme los planes nacionales, dándose preferencia a las áreas de salud, educación, saneamiento del ambiente, entre otros; la Ley de los Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas (CLPP) con la del Poder Público Municipal establecen el presupuesto participativo, por medio del cual los ciudadanos proponen, deliberan y deciden  con las autoridades los aspectos relacionados con las necesidades de las comunidades.

En cuanto a los ingresos de los municipios cuentan con ingresos ordinarios, que son los procedentes de la administración de su patrimonio, incluidos los ejidos y baldíos; las tasas por el uso de los bienes y servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones. Aquí es bueno establecer una reflexión, ya que hay una imprecisión técnica en cuanto al término “tasas”, porque se confunden los significados de tasas con “precios”, los cuales tienen una diferenciación en el campo jurídico, económico y tributario, porque las tasas implican la contraprestación por un servicio y dan lugar a tributos; mientras que el uso o arrendamiento de bienes municipales, por ejemplo, por vía de concesión como modo de gestión, no generan tasas sino precios.

Otro de los ingresos ordinarios son los tributos denominados impuestos municipales: actividades económicas, de industria, comercio y servicios o de índole similar; inmuebles urbanos; vehículos; espectáculos públicos; juegos y apuestas lícitas; propaganda y publicidad comercial;  impuesto territorial rural o sobre predios rústicos.

También se incluyen los tributos denominados contribuciones especiales sobre plusvalía de las propiedades generadas por cambio de uso o de intensidad de aprovechamiento con los que se vean favorecidos por planes de ordenación urbanística y cualesquiera otros que se determinen por ley. Otra de las contribuciones es la de mejoras, derivadas de la ejecución de obras públicas o por servicios municipales; ambas tienen en común que versan sobre el aumento de valor de inmuebles.

Oportunamente se abordarán los ramos tributarios en artículos separados.

El Situado Constitucional y otras transferencias o subvenciones nacionales o estadales; la Constitución regula lo atinente a los municipios y lo desarrolla la Ley Orgánica del Poder Público Municipal conforme los siguientes lineamientos: treinta por ciento (30%) en partes iguales; cincuenta por ciento (50%) en proporción a la población de los municipios y un veinte por ciento (20%) en proporción de su extensión territorial.

Las subvenciones nacionales o transferencias vienen dadas, por ejemplo, por las previstas por la Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), hoy inexistente,  y el Fondo de Compensación Interterritorial, con origen constitucional y desarrollado por la Ley del Consejo Federal de Gobierno (2010).

Las multas impuestas en el ámbito de las competencias municipales, como ocurre con las previstas por la Ley de Tránsito Terrestre (2008) – por ejemplo – cuando son a cargo de los cuerpos de policía de tránsito y circulación municipal; las derivadas por no cumplir oportunamente con deberes formales tributarios relacionados con impuestos municipales.

Los dividendos o intereses por suscripción de capital; estos se originan por el manejo administrativo de su patrimonio.

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal cataloga como ingresos extraordinarios  al producto de las ventas de ejidos y demás bienes muebles e inmuebles municipales; los bienes que se donaren o legaren a su favor; los aportes especiales que le acuerden los niveles nacionales o estadales; el producto de empréstitos y demás operaciones de crédito público.

Nuevamente hay que detenerse porque se encuentran incluidos también como extraordinarios las contribuciones especiales, lo cual es un error porque las contribuciones están clasificadas dentro de los tributos, que son ordinarios dado su carácter recurrente.

Así como hay ingresos también el Municipio tiene pasivos, entre los que se encuentran, conforme la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, los siguientes: las obligaciones legalmente contraídas derivadas de la ejecución de su presupuesto de gastos; las deudas válidamente contraídas provenientes de la ejecución de presupuestos anteriores; las acreencias o derechos reconocidos administrativamente a favor de terceros, de conformidad con los procedimientos legales aplicables y las obligaciones del Municipio por sentencia definitivamente firme; los valores consignados por terceros que el Municipio esté obligado legalmente a entregar.

En otra oportunidad se tocarán aspectos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios. Leer el resto de esta entrada »

El concepto de la culpabilidad añade al de la acción antijurídica -tanto si se trata de una acción dolosa, como de una no dolosa- un nuevo elemento, que es el que la convierte en delito. La antijuridicidad es, como vimos, una relación de discordancia entre la acción y el ordenamiento jurídico: la realización de la voluntad no es como espera objetivamente el derecho que sean las acciones en el ámbito social.

La culpabilidad no se conforma con esta relación de discordancia objetiva entre la acción y el ordenamiento jurídico, sino que hace al autor el reproche personal de no haber omitido la acción antijurídica a pesar de haber podido omitirla. La culpabilidad contiene, pues, una doble relación:la acción del autor no es como exige el derecho, aunque el autor podía haberla realizado de acuerdo con la norma. En esta doble relación, del no deber ser antijurídica por poder ser jurídica, consiste el carácter específico de reproche de la culpabilidad.

Si la antijuridicidad es el simple juicio desvalorativo deque la acción no es como debía haber sido de acuerdo con el derecho, sin tener en cuenta si el autor habría podido satisfacer las exigencias jurídicas, el juicio desvalorativo de la culpabilidad va aún más allá y hace al autor el reproche personal de no haber actuado correctamente a pesar de haber podido obrar conforme a la norma. Y al ser sobre todo la voluntad de la acción, aquello por lo que el autor hubiera podido dirigir su conducta de acuerdo con la norma, el objeto primario de la reprochabilidad será la voluntad y sólo a través de ella también la totalidad de la acción. (Por ello puede calificarse de “culpable”, con la misma razón, tanto a la voluntad como a la totalidad de la acción). Leer el resto de esta entrada »

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Tema: Procedimiento
Materia: Derecho Procesal
Asunto: Procedimiento incidental de tacha.

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Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Amparo contra Norma.

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La propuesta de este autor es el desarrollo de una investigación documental – biográfica en el Derecho (nacional e internacional) por los mejores tratadistas y procesalistas reconocidos. El Dr. Leonardo Pereira Meléndez, destacado procesalista nos trae esta bibliografía que es de uso obligatorio para el ejercicio de nuestra carrera jurídica, tanto para estudiantes como para los abogados en ejercicio.

Un libro lleno de opiniones, crítica y constructivismos para mejorar nuestro sistema jurídico, basado en la vivencia sobre su pragmatismo jurídico; por ello, esta investigación como punto importante, nos hace un llamado de reflexión a respetar nuestro sistema de Garantías Procesales y evitar el retroceso (escrito) al sistema inquisitivo.

La obra es importante poseerla en nuestras bibliotecas debido a que, es de fácil entendimiento, con lenguaje poco complicado y llena de realidad jurídica; además, el autor toma la valentía en expresar los vacíos inconstitucionales en nuestra práctica, los atropellos y la mala praxis tanto de jueces, fiscales y abogados que operan en nuestro sistema jurídico.

Un libro que no puede faltar en tu biblioteca.

La dogmática del derecho penal intentó comprender, primero, el concepto de lo injusto, partiendo de la distinción:”objetivo-subjetivo”. A lo injusto debían pertenecer, exclusivamente, los caracteres objetivos, externos, de la acción, mientras que los elementos subjetivos, anímicos, debían constituir la “culpabilidad”. El fundamento doctrinal de esta concepción era suministrado por la doctrina de la acción causal, que separaba tajantemente la acción, como un mero proceso causal externo, del contenido subjetivo de la voluntad; de este modo se incluyó todo lo “externo” en la antijuridicidad y todo lo “interno” en la culpabilidad.

Esta separación se vio aun apoyada dogmáticamente por la confusión existente en torno al sentido de la “objetividad” de la antijuridicidad. Dado que la antijuridicidad es, según opinión admitida, un juicio desvalorativo “objetivo” (=general), era fácil que surgiera la creencia errónea de que lo injusto (la acción antijurídica) tenía que ser concebido de un modo puramente objetivo, pero en el sentido, completamente diferente, de algo que pertenece exclusivamente al mundo exterior.

Al referirse (supuestamente) la antijuridicidad al proceso causal externo, la doctrina dominante tuvo que concebir lo injusto, materialmente, como lesión o peligro de un bien jurídico; la culpabilidad aparecía, al contrario, como la relación subjetiva-anímica entre el autor y el resultado.

Con el descubrimiento de los elementos subjetivos delo injusto se produjo una honda fisura en esta separación, aparentemente tan clara, de lo externo y lo interno, lo objetivo y lo subjetivo, y en la asignación de lo “externo” a lo injusto y de lo “interno” a la culpabilidad. Se advirtió que en muchos tipos, lo injusto no puede ser concebido de un modo puramente objetivo, sino que está también constituido por determinados elementos subjetivos-anímicos. Lo injusto específico del hurto (art. 242), frente a la perturbación arbitraria de la posesión, prohibida en el derecho civil, no se agota en el simple apoderamiento objetivo de una cosa ajena, sino que sólo el ánimo de lucro convierte al apoderamiento en un hurto. La “apropiación” en el delito de apropiación indebida, revela aún más claramente que la acción típica no puede ser comprendida, en absoluto, sin la tendencia subjetiva de la voluntad, que anima el acontecer externo.

Con este descubrimiento se había abierto una grieta profunda en el sistema anterior, de la concepción puramente “objetiva” de lo injusto. Esta grieta no indujo, sin embargo, ala opinión dominante a revisar afondo la doctrina tradicional de la acción y de lo injusto, sino que siguió partiendo de la consideración de que lo injusto se refiere “regularmente a la conducta exterior (objetiva, corporal)” (MEZGER) y que los elementos subjetivos de lo injusto representan, po rello, sólo “excepciones de la regla”.

Al examinar los tipos penales, en busca de elementos subjetivos de lo injusto, se advirtió, además, que en la tentativa el dolo es uno de ellos. En efecto, en la tentativa, desde un punto de vista puramente “objetivo”, es decir, sin atender a la resolución de voluntad del autor, no es posible saber qué tipo es el que concurre. Si alguien hace un disparo, que pasa junto a otro, este proceso causal externo puede ser una tentativa de asesinato, una tentativa de lesiones corporales, o un disparo en lugar prohibido, según cuál sea el dolo del autor.

El dolo es, sin duda alguna, un elemento del tipo, sin el cual no puede ser constatada la tipicidad del acontecer externo. El dolo es ya, por ello, según la doctrina dominante, un elemento subjetivo de lo injusto en la tentativa”.

La consecuencia lógica de ello debería ser que si el dolo pertenece al tipoy no sólo a la culpabilidad en la tentativa, tiene que conservarla misma función cuando la tentativa pase al estadio de la consumación. ¿Cómo podría depender de que el disparo dé o no en el blanco, el que el dolo sea un elemento de lo injusto o de la culpabilidad? La corrección de esta conclusión se puede demostrar, además, de modo inmediato en los tipos de los delitos consumados: si alguien hiere mortalmente a otro depende exclusivamente de la existencia y contenido del dolo el que haya realizado el tipo del homicidio doloso, el de las lesiones corporales con resultado de muerte, o el del homicidio culposo. El dolo se nos presenta aquí necesariamente como un elemento constitutivo del tipo. En ambos casos se llega, pues, a la conclusión, de que el dolo no es sólo un elemento de la culpabilidad, sino que es ya un elemento constitutivo del tipo.

Sólo así es posible insertar, además, en el tipo, consentido y sin dificultad, los elementos subjetivos de lo injusto. Un ánimo de lucro no puede darse en una lesión causal, ciega, de la posesión, sino sólo en una acción final de apoderamiento. Un ánimo de lucro sería absolutamente incompatible con una lesión puramente causal de un bien jurídico. La doctrina dominante se ve también obligada, por ello, por necesidad lógica, a reconocer al dolo como elemento subjetivo de lo injusto de todos los tipos dolosos. Leer el resto de esta entrada »