De tal modo, que las decisiones judiciales respecto de la obligación de manutención deben garantizar a niños, niñas y adolescentes el sistema integral de protección jurídica que la Constitución y el ordenamiento jurídico estatutario de derecho público establece bajo los principios de racionalidad y proporcionalidad propias de cualquier decisión judicial.

Sin embargo, hasta ahora los montos concedidos por concepto de obligación de manutención, son exigibles desde el momento en que las sentencias dictadas por los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, quedan definitivamente firmes, tal vez porque en algunos casos el juez, de oficio a solicitud de parte, acuerde medidas cautelares para garantizar la demanda e impone el pago de sumas de dinero a lo largo de todo el trámite del proceso. No obstante, ello desconoce casos en los cuales –como el presente– transcurre un significativo período entre la interposición de la demanda y la sentencia definitivamente firme sin una providencia cautelar que tutele tales derechos.

Este trámite judicial, se traduce un lapso durante el cual el niño, niña o adolescente requiere igualmente de su manutención para subsistir con un adecuado nivel de vida, sin recibir la prestación debida y que en muchos casos materialmente no puede lograr, lo que genera no solo un desgaste psicológico y moral en perjuicio de los niños, niñas y adolecentes, sino que además comporta un indebido beneficio del contumaz al cumplimiento de la obligación de manutención.

Así, esta Sala considera que en los casos en que los niños, niñas y adolescentes requieran del auxilio de los sujetos obligados por ley para la satisfacción de sus necesidades vitales, como es el caso de la obligación de manutención, no puede operar en contra de sus intereses, el prolongado período transcurrido desde el momento en que se haya visto en la obligación de demandar dicha institución familiar, por la negativa de los obligados de brindarle el apoyo que requieren para proveerse el sustento y la sentencia definitiva que imponga el alcance y contenido de la prestación debida, sin que existan medidas cautelares que fijen provisionalmente la manutención mientras dure el juicio.

Los anteriores asertos, son consecuencia de la interpretación de la Sala en relación al fin de los procesos llevados por los órganos que integran el Poder Judicial en general, y particularmente aquellos con competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, ya que en estos casos el trámite procedimental se constituye en un instrumento fundamental para la obtención de la justicia (artículo 257 constitucional), que tiene repercusiones más allá de los mecanismos adjetivos que de forma abstracta el Poder Nacional instaura por vía legislativa (justicia formal), ya que alcanzan igualmente, la aplicación concreta que de tales mecanismos realiza el juzgador (justicia material) los cuales se reflejan, en el caso de los juicios de obligación de manutención, en resguardo de la familia como asociación natural de la sociedad que goza de la protección del Estado (artículo 76 de la Constitución).

En tal sentido, cabe señalar que el derecho a un debido proceso como una garantía inherente a las personas y aplicable a cualquier clase de procedimientos –Cfr. Sentencia de esta Sala N° 5/2001– tiene una naturaleza bifronte; por una parte puede ser abordado de forma aislada en relación a su configuración interna, en el que se desarrollan los atributos esenciales que lo hacen reconocible en cualquier procedimiento –vgr. Numerales 1 al 8 del artículo 49 de la Constitución– y que se manifiesta en términos generales en “un trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas” –Cfr. Sentencia de esta Sala N° 1.523/2013–; pero además constituye un verdadera garantía o derecho fundamental instrumental, ya que es el mecanismo por excelencia que permite la protección de otros derechos fundamentales, en la medida que es el corolario necesario del acceso a la justicia y al logro de una tutela judicial efectiva, que lo erige uno de los sustentos básicos de todo el estado de derecho.

Además, la concreción del derecho al debido proceso en las diversas regulaciones procesales no es generalizada, en la medida que “[l]a Constitución se desarrolla mediante la legislación, la cual tiene normas de ejecución directa del texto y los principios constitucionales, así como normas de instrumentación de todo ese desarrollo constitucional” –Cfr. Sentencia de esta Sala N° 828/2000–, pero la Sala como máximo garante del ordenamiento jurídico constitucional, debe formular criterios que propendan a una interpretación del ordenamiento jurídico adjetivo, que permita que los procesos sean  idóneos para lograr la tutela judicial efectiva, conforme a los fines y límites que el ordenamiento jurídico estatutario establece y que en el presente caso se concreta en el resguardo de los derechos y principios contenidos en los artículo 76 y 78 de la Constitución de la República bolivariana de Venezuela, en los precisos términos que la jurisprudencia reiterada de esta Sala ha señalado respecto a la naturaleza de orden público que reviste la institución familiar de obligación de manutención, que garantiza el derecho a un nivel de vida adecuado de los niños, niñas y adolescentes (Cfr. Sentencias de esta Sala Nros. 2371 del 9 de octubre de 2002 y 1421 del 30 de diciembre de 2012).

Por ello, en el presente caso la Sala advierte que el ciudadano Jhonathan Jesús Meir Uribe, solicitó el establecimiento de la obligación de manutención a su padre desde el 22 de septiembre de 2008 –sin antes haber establecido judicialmente la filiación con éste– lo que trajo como consecuencia que el 25 de febrero de 2009, el Juez de la extinta Sala Sexta de Juicio de Protección del Niño y del Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictara sentencia declarando con lugar la prejudicialidad opuesta como cuestión previa por los apoderados judiciales de la parte demandada ciudadano Haim Meir Aron, y se suspendiera el juicio hasta que constara en autos la existencia de sentencia definitivamente firme sobre el juicio de inquisición de paternidad instaurado.

Dicha paralización se prolongó por cuatro (4) años, hasta el 14 de agosto de 2012, mediante fallo N° 1.235, fecha en que esta Sala Constitucional declaró firme el fallo dictado por la extinta Corte Superior Primera Accidental del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional el 25 de abril de 2008, que declaró con lugar la demanda de inquisición de paternidad incoada por la ciudadana Ana Victoria Uribe Flores, titular de la cédula de identidad N° 14.935.200 contra el ciudadano Haim Meir Aron, ya identificado, respecto del para entonces adolescente, Jhonathan Jesús.

Posteriormente, luego de la reanudación del proceso y producto del trámite procesal y el ejercicio de una serie de recursos durante la tramitación de la obligación de manutención, no fue sino hasta 17 de abril de 2013, es decir, cinco (5) años después que se interpuso la demanda de obligación de manutención, que el Tribunal Superior Cuarto del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Décimo Primero (11°) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, que declaró sin lugar la demanda de fijación de obligación de manutención a favor del ciudadano  Jhonathan Jesús Meir Uribe y fijó el monto correspondiente a la misma. Así, con el transcurso del largo período transcurrido desde la interposición de la demanda hasta la fecha en que efectivamente se fijó el monto de la obligación de manutención, desvirtúa la finalidad de este tipo de procesos en virtud de que durante esos cinco (5) años transcurridos hasta la fecha en que Tribunal Superior Cuarto, antes señalado dictó sentencia, el ciudadano Jhonathan Jesús Meir Uribe efectivamente requirió del apoyo de su progenitor, el cual se negó a brindárselo voluntariamente, impidiéndole acceder a un nivel de vida adecuado e incumpliendo la obligación legal de manutención que deben los padres a sus hijos.

Bajo las anteriores circunstancias, esta Sala considera que resulta contrario al derecho a la tutela judicial efectiva en el marco del principio de justicia (artículos 1, 2 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), que luego de obligar el ciudadano Jhonathan Jesús Meir Uribe a soportar el trámite de un proceso judicial de inquisición de paternidad y obligación de manutención por contumacia de su padre a dar cumplimiento voluntario a su deber, se tenga dicha obligación como exigible desde el momento en que se dictó sentencia de fondo, ignorando que ese ciudadano acudió oportunamente ante los órganos de administración de justicia a requerir el establecimiento de una obligación de manutención –que por años no recibió– por la imposibilidad que tenía en su momento de proveerse de los medios para satisfacer sus necesidades materiales, lo cual constituiría una interpretación contraria al principio de buena fe, que equivale a premiar a aquellos obligados por ley que constriñen a sus hijos a demandar un derecho que es inherente al vínculo familiar en los términos establecidos en el ordenamiento vigente, por ello –se repite–  no puede operar en contra de los intereses del ciudadano Jhonathan Jesús Meir Uribe, el prolongado período transcurrido desde el momento en que demandó dicha institución familiar, por la negativa de su progenitor de brindarle el apoyo que requería para proveerse el sustento debido, hasta la oportunidad en que fue dictada la sentencia.

Con fundamento en los criterios expuestos y en las normas parcialmente transcritas, la Sala en ejercicio de su labor interpretativa, fundamentada en la justicia y la equidad, en su incansable esfuerzo de humanizar el proceso, y teniendo en cuenta que la nueva concepción del Estado que propugna la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, exige una visión del derecho compenetrada con todos los sectores de la sociedad, con el fin de minimizar en lo posible y mediante la interpretación jurídica, los desajustes que en ella puedan coexistir, lo que implica que la interpretación y aplicación del derecho tenga en cuenta la realidad social en orden de no agravar más la condición de vulnerabilidad en que se encuentran algunos de sus sectores en relación con otros, o a su calidad de vida, establece con carácter vinculante que a partir del presente fallo en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en lo sucesivo, lo siguiente:

i)En todas aquellas causas de obligación de manutención que cursen ante los tribunales de la República, el pago de la obligación de manutención impuesta por vía judicial se hará exigible y con carácter retroactivo, desde la fecha en que se haya interpuesto la demanda, en aquellos casos en que se encuentre comprobada la filiación, independientemente si el vínculo filiatorio se estableció antes o –como en el presente caso– después de interpuesta la demanda de obligación de manutención, siempre que la demanda de filiación haya sido declarada con lugar y que dicho fallo se encuentre definitivamente firme.

ii)En todas aquellas causas de obligación de manutención, que llenen las condiciones expresadassupra, en los que el Tribunal competente dicte medidas preventivas que comporten el pago efectivo a favor del solicitante de la obligación de manutención para velar por la protección ab initio del derecho que se reclama, el pago de la obligación de manutención impuesta por vía judicial se hará exigible y con carácter retroactivo, desde la fecha en que se haya interpuesto la demanda, sustrayendo de dicho cálculo aquellos montos que efectivamente recibió el beneficiario de la obligación producto de las medidas cautelares dictadas.

En atención al criterio expresado anteriormente y por cuanto el Tribunal Superior Cuarto del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en el fallo del 17 de abril de 2013, fijó el monto de la obligación de manutención que debía recibir el ciudadano Jhonathan Jesús Meir Uribe, sin haber indicado expresamente la fecha desde la cual comenzaría a regir dicha obligación de manutención, esta Sala considera que comenzó a surtir efectos a partir del 22 de septiembre de 2008, fecha en la que el hoy accionante en amparo demandó la obligación de manutención, y desde la cual le deben ser pagadas las cuotas de obligación de manutención a razón del monto fijado por el Tribunal Superior Cuarto del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en el fallo del 17 de abril de 2013, como concluyó la jueza del Tribunal Superior Primero del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional en su sentencia del 16 de septiembre de 2013. Así se declara.

Por otra parte, es oportuno señalar que si el ciudadano Jhonathan Jesús Meir Uribe, con posterioridad a que se dictó la decisión de fondo el 17 de abril de 2013, no estaba conforme con el monto fijado por concepto de obligación de manutención; de conformidad con el ordenamiento jurídico estatutario contenido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que en su artículo 384, el cual establece que “(…) todo lo relativo a la fijación, ofrecimiento para la fijación y revisión del monto de la Obligación de Manutención debe ser decidido por vía judicial, siguiendo el procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título IV de esta Ley (…)”, podía solicitar la revisión y modificación del monto fijado por concepto de obligación de manutención, ello en virtud de que ciertamente el monto de la obligación de manutención debe sustentarse sobre la base de la realidad económica del momento en que el juez la establece, pero lo que no puede pretender el accionante es lograr a través una acción de amparo, modificar el monto de la obligación de manutención en fase de ejecución de sentencia, en términos distintos de los decididos por el Tribunal Superior Cuarto del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en el fallo del 17 de abril de 2013.

En virtud de lo decidido, la Sala estima inoficioso pronunciarse respecto de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar sobre una serie de inmuebles propiedad de las hermanas del accionante, ciudadanas Mary Meir de Torrealba, Arly Meir de Cohen y Dafna Meir de Roizental, ya identificadas, solicitada por el abogado Jaime Alberto Coronado el 11 de abril de 2016.

Asimismo, es necesario destacar que este criterio vinculante únicamente podrá aplicarse hacia el futuro, a partir de la publicación del presente fallo en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo aquellos procesos en los cuales no se haya dictado sentencia que resuelva el fondo del asunto (Cfr. Sentencias de esta Sala, entre otras, Nros. 956, del 1 de junio de 2001, caso: Fran Valero González y otro y  414 del 30 de marzo de 2012, caso: Kelvin José Escobar Bolívar).

Finalmente, visto que en la diligencia presentada por el apoderado judicial de la parte actora el 24 de enero de 2018, se solicitó la remisión de los expedientes signados AP51-V-2008-014836 y AP51-V2013-009613, nomenclatura del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, al juzgado de origen, ya que este los remitió en original a esta Sala, se ordena el desglose de los anexos 1 al 15 de la presente causa, contentivos del expediente original de la causa primigenia, a los fines que sean remitidos al Tribunal Primero (1°) de Ejecución del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, para que continúe el trámite correspondiente y provea sobre las solicitudes de las partes. Así se decide.

  VII

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:

1.- NIEGA la homologación del desistimiento de la presente acción de amparo presentado el 24 de enero de 2018, por el abogado Jaime Alberto Coronado Castillo, ya identificado.

2.-PROCEDENTE in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano JHONATHAN JESÚS MEIR URIBE, antes identificado, contra la decisión que emitió el Tribunal Superior Primero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, el 16 de septiembre de 2013 y su aclaratoria del 20 del mismo mes y año, por lo motivos expresados en el contenido del presente fallo. En consecuencia, ANULA la sentencia dictada por el Tribunal Superior Primero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, el 16 de septiembre de 2013 y su aclaratoria del 20 del mismo mes y año;  y FIRME el fallo proferido por el Tribunal Décimo Primero (11°) de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional el 14 de junio de 2013.

3.- REVISA DE OFICIO POR ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL la sentencia proferida por el Tribunal Superior Cuarto del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, el 17 de abril de 2013, la cual se MODIFICA en los términos expuestos en el presente fallo.

4.- FIJA CON CARÁCTER VINCULANTE el criterio contenido en el presente fallo respecto de la exigibilidad con carácter retroactivo del pago de la obligación de manutención impuesta por vía judicial, en los siguientes términos:

i)En todas aquellas causas de obligación de manutención que cursen ante los tribunales de la República, el pago de la obligación de manutención impuesta por vía judicial se hará exigible y con carácter retroactivo, desde la fecha en que se haya interpuesto la demanda, en aquellos casos en que se encuentre comprobada la filiación, independientemente si el vínculo filiatorio se estableció antes o –como en el presente caso– después de interpuesta la demanda de obligación de manutención, siempre que la demanda de filiación haya sido declarada con lugar y que dicho fallo se encuentre definitivamente firme.

ii)En todas aquellas causas de obligación de manutención, que llenen las condiciones expresadas supra, en los que el Tribunal de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación dicte las medidas preventivas que pudiera considerar pertinentes para velar por la protección ab initio del derecho que se reclama, el pago de la obligación de manutención impuesta por vía judicial se hará exigible y con carácter retroactivo, desde la fecha en que se haya interpuesto la demanda, sustrayendo de dicho cálculo aquellos montos que efectivamente recibió el beneficiario de la obligación producto de las medidas cautelares dictadas.

5.- Se ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia, así como en la Gaceta Judicial y la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario se indicará expresamente:

“Sentencia de la Sala Constitucional que fija con carácter vinculante en aquellos casos en los cuales no se haya dictado sentencia de fondo que resuelva el asunto, la exigibilidad con carácter retroactivo del pago de la obligación de manutención impuesta por vía judicial, desde la fecha en que se haya interpuesto la demanda”.

6.- Se ORDENA el desglose de los anexos 1 al 15 de la presente causa, contentivos del expediente original de la causa primigenia, a los fines que sean remitidos al Tribunal Primero (1°) de Ejecución del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, para que continúe el trámite correspondiente y provea sobre las solicitudes de las partes.

Remítase copia certificada de la presente decisión a los Tribunales Superiores Primero y Cuarto, ambos del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional

Sentencia de Sala Constitucional n° 154 del 16 de ferebro de 2018 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/207746-0154-16218-2018-14-0321.HTML

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Sentencia: N° 408 de fecha 02 de abril de 2009.

Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: El reconocimiento en rueda de individuos -ni siquiera el efectuado como prueba anticipada- tiene la trascendencia probatoria para desvirtuar la presunción de inocencia, a menos de que vaya acompañado de otros medios de prueba referidos a la imputación del hecho delictivo, más aún cuando la validez del reconocimiento como medio probatorio la adquiere de su ratificación en el juicio oral. Leer el resto de esta entrada »

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Alessandro Baratta nace en Roma (Italia) el 06 de octubre de 1933 en una familia de músicos y allí estudió ciencias jurídicas y filosofía bajo la guía de Widar Cesarini Sforza, Emilio Betti, Tulio Ascarelli y Carlo Antoni. Se doctoró en 1957 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Roma “La Sapienza” con una tesis en filosofía del Derecho dirigida por Cesarini Sforza y titulada “II pensiero filosofico-giuridico di Gustav Radbruch”.

Largo tiempo fue profesor de Filosofía en la Universidad de Saarland en Saarbruken, Alemania. También ha sido docente en Filosofía del Derecho en universidades italianas. Fundó las revistas “la cuestión criminal” y “de los delitos y las penas”. Ha sido coordinador de diversos proyectos de investigación en Alemania e Italia, también en América Central, y su obra es inabarcable. Se dedicó mucho a viajar para encontrarse con otras personas con quienes pudiera reflexionar y enseñar los temas de su interés. Se identificó mucho con Latinoamérica, donde dejó varios discípulos, participó como asesor para diversas reformas legislativas sobre menores infractores y sistema penitenciario; así como inspiro la formación del Círculo de estudios sobre criminología crítica de América Latina en 1985.

En América Latina, la Criminología crítica de Baratta encontró terreno particularmente fértil y sus estancias a partir de la mitad de los años setenta son innumerables. En torno a esta mitad de los años setenta, sin dejar de enseñar Filosofía del Derecho y teoría general del derecho, desplazó cada vez más sus intereses teóricos hacia la sociología del derecho y en particular hacia la sociología jurídico-penal, llegando a desarrollar junto a Detlef Krauss y otros esa “criminología crítica” con la que hoy suele ser identificado. Falleció el 25 de mayo del año 2002 en Saarbruken, Alemania.

La obra de Baratta es inabarcable, ha publicado en alemán, italiano y también en castellano. Respecto a las obras publicadas en castellano, mencionaremos algunas (las no incluidas aquí no son menos importantes) de sus tan apreciadas obras:

– “Criminología crítica y crítica del derecho penal. Introducción a la sociología jurídico-penal”. Méjico D.F. Siglo XXI 1986. Ha tenido una amplia repercusión, sobre todo en América Latina.

– “Integración-prevención: una ‘nueva’ fundamentación de la pena dentro de la teoría sistémica”, en revista Doctrina Penal, Buenos Aires, Depalma, año 8, 1985.

– “La legislación de emergencia y el pensamiento jurídico garantista en el proceso penal” (en colaboración con Michael Sibernagl), en revista Doctrina Penal, Buenos Aires, Depalma, año 8, 1985.

– “Principios del derecho penal mínimo. (Para una teoría de los derechos humanos como objeto y límite de la ley penal)” en revista Doctrina Penal, Buenos Aires, Depalma, año 10, 1987.

– “Resocialización o control social. Por un concepto crítico de ‘reintegración social’ del condenado”, en revista No hay derecho, Buenos Aires, Nº 3, 1991, y en Anuario del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Nº 13-14, 1995/1996.

– “Democracia y Derechos del Niño” en VV.AA El derecho y los chicos, (Bianchi, María del Carmen, comp.) Buenos Aires, Editorial Espacio, 1995.

– “El Estado de Derecho. Historia del concepto y problemática actual” en Sistema. Revista de Ciencias sociales, Madrid, Nº 17-18-1977.

– “Democracia, dogmática penal y criminología” en Anuario 1996. Facultad de ciencias jurídicas de la universidad de Antofagasta, Chile.

– “Viejas y nuevas estrategias en la legitimación del derecho penal” en revista poder y control, Barcelona. 1986.

LA SANCIÓN POSITIVA EN JOHN AUSTIN:
 
AUSTIN mira la sanción de otro punto de vista (psicológico), no lo mira como la simple negación como es esa negación negativa, AUSTIN igual que BENTHAM, relacionan la noción de sanción con el de obligación, la sanción según estos dos autores puede ser invitativa, a lo que se refiere a un castigo o una recompensa o sanción premial que la debe de manifestar el legislador dirigida a los elementos constitutivos de la estructura de todo mandato, la sanción desde el punto de vista psicológico, la sanción es un motivo para el cumplimiento de los mandatos del soberano, puesto que influye sobre los deseos del obligado para que este haga u omita el acto que la norma ordena o prohíbe.
 
Hace alusión a la exclusión de las sanciones positivas , aunque este las reconozca, por lo que propone no abordarlas para no tener confusiones ni perplejidades con este tipo de motivaciones, por lo que considera que hablar de premios y recompensas sería hablar de significados diferentes al de mandato, sanción y deber, por lo que sería incompatible la idea de mandato con la de premio, un mandato acarrea la obligación de una amenaza y la de recompensa la de motivación, actuar en el incentivo de premio no equivale al estar obligado.
 
Admite la idea de que se pueden cumplir los deseos de otro, no solo por el miedo a sufrir un daño, sino también por la esperanza de disfrutar un bien, para AUSTIN los mandatos están hechos de un material que lleva al daño consigo y no el premio con la que lleva siempre el de la motivación, por lo que expresa que son dos cosas totalmente distintas.
 
Expresa que sobre los riesgos y peligros que puede acarrear hablar sobre sanciones positivas, como dijimos en el anterior punto de este autor que puede ser confusos y dar a perplejidades, por lo que poner un premio dentro del sentido del término sanción debemos entablar una dura lucha contra la corriente del discurso ordinario, por lo que no quiso entablar mucho con las sanciones positivas según con lo que dicen algunos autores por razones históricas, que por esa época en que se vivía en ese estado donde vivía el, le tocaba no hablar y excluir a la sanción positiva, por lo que muchos autores se refieren a eso, como el caso de BOBBIO por el cual hablaremos más adelante.
 
En síntesis: se crea un tipo de confusiones entre las autores, por lo cual quiso abordar el tema de sanción positiva, pero a la vez no lo quiso, por cuestiones históricas o de confusiones, lo que no quiso fue mezclar lo uno con lo otro, por lo que desarrolla como una cosa aparte e incompatible con la sanción negativa, respecto al mandato, lo soberano y al deber.
LA SANCIÓN POSITIVA EN JEREMY BENTHAM
 
Para BENTHAM el derecho es eficaz debido a que la función funciona como el mejor o el más fuerte de los motivos para inducir a los hombres a actuar en relación con las normas jurídicas, BENTHAM insiste en que un motivo siempre se traduce en sentimientos de dolor y placer respecto de un acto que va a realizarse, la eficacia del derecho tiene su eficacia en los motivos de la conducta del hombre según el grado de dolor y placer que este produjera, por lo que decir que cuando se trataba de placeres se hablaba de “motivos seductores” y cuando se habla de dolores se habla de “coerciones” y así a la vez los motivos seductores se llaman  “premios” y las coerciones “castigos”
 
Este define la sanción como una fuente de poderes obligatorios o motivos; esto es de dolores y placeres, por lo que el hombre no se mueve si no es por causa del dolor o del placer.
 
BENTHAM habla sobre:
  • Sanción física: se refiere cuando el dolor o el placer son protagonizados por el dolor de la naturaleza.
  • Sanción política: dolor o placer salido de las manos de un particular o de un grupo de personas de la comunidad.
  • Sanción moral: placeres o dolores provenientes de las personas en la comunidad sin poder público alguno y sin apego a ninguna norma escrita.
  • Sanción religiosa: dolores o placeres que provienen de la mano de un superior invisible.
La sanción juega un papel determinante en la eficacia del derecho porque es la fuente de los motivos de la acción de los ciudadanos en relación con el derecho.
 
La teoría de la recompensas de BENTHAM representa un puente entre los principios filosóficos y jurídicos en el, por lo que ha estudiado este tema como instrumento político, a partir de su obra, por lo que subraya hacer una restructuración del derecho premial paralelo basado en la sanción negativa, la idea que se da en su obra es la de reciprocidad, la contraprestación por la realización de un servicio que se haya realizado, la recompensa según BENTHAM es una parte de la materia del bien dada por un servicio, por ejemplo ve al salario ganado por una persona como algo que no es recompensa , que por el solo hecho de trabajar o de ofrecer un servicio se le debe dar un salario, lo que se mira es que al dejar de trabajar lo que puede ser es que se le pueda disminuir al salario, por lo que el ejemplo del salario no es visto como sanción positiva o recompensa sino más bien como una amenaza o una sanción negativa, podemos ver dentro de su obra en la teoría de las penas y las recompensas las distintas diferencias entre penas y recompensas:
 
1. La pena persigue la abstención de ciertas conductas, en tanto que las recompensas persiguen la incitación o la producción de acción
2. La pena se refiere a los comportamientos gravemente dañinos para la sociedad, la pena es la mejor respuesta; mientras que la recompensa atiende otros tipos de comportamientos
3. La pena hace efectivo sobre toda la población; la recompensa en cambio se refiere a sujetos particulares o seleccionados (pena = es necesario, cambiar = un lujo)
 
Las recompensas son entonces sanciones jurídicas que son perfectamente compatibles con la teoría de BENTHAM, las recompensas son entonces instrumentos ocasionales depende del caso específico, por lo que la sanción negativa sería una cosa y sanción positiva otra, por lo que ninguna trata de demeritar a otra, si no solo de diferenciarla, por lo que las sanciones positivas o recompensas se deriva del hecho de que forman parte de un ordenamiento cuyo funcionamiento está garantizado por el temor que suscita la sanciones negativas, en la que las recompensas están subordinadas a las penas.
LA SANCIÓN POSITIVA EN MÁXIMO PACHECO
 
El autor considera inicialmente que las sanciones jurídicas son las consecuencias inherentes al cumplimiento o incumplimiento de la ley, esta obediencia u observancia va a ser recompensada o en medidas reparatorias gratificado, la base de la estructuración del derecho premial de manera va a prevenir y a la vez va a incentivar, con acto de altruismo, solidaridad y cooperación hacia al interés de la colectividad.
 
Ejemplo: el ascenso de sueldo, pensión de gracia, galardón, es efectivamente bueno que el derecho constantemente este premiando o compensando, además de ser represivo todo el tiempo debe incentivar cuando una persona se lo merece, bajo los valores de la solidaridad, cooperación o altruismo antes mencionados, de forma tal para que los demás hagan también de hacer lo correcto, lo bueno.
Para finalizar este autor no considera los premios como sanciones sino como meras facultades, por lo cual obliga a los órganos a otorgar la recompensa, para aquí se puede incentivar la prosperidad y la solidaridad en una sociedad.
 
SANCIÓN PREMIAL EN GARCÍA MAYNEZ
 
La primera pregunta que debemos suscitarse es si:
 
¿Puede ser considerado el premio como una sanción jurídica sui generis?
 
Los cumplimientos según este autor de los preceptos jurídicos pueden perseguirse no solamente con la amenaza de un mal, sino ofreciendo, premios o recompensas
 
Derecho premial versus Derecho penal
 
La sanción debe definirse en consecuencia como el efecto jurídico de un acto, tendiente a compensar la voluntad, la sanción es una consecuencia jurídica que aparece de la amenaza de una mal o de un acto meritorio, la relación de la sanción punitiva o premial, es necesaria, por lo que es normativo.
 
De la naturaleza del acto depende índole de la sanción correspondiente ya sea punitiva o premial, la finalidad es compensar la voluntad de los individuos puede referirse a actos antisociales o meritorios.
 
La observancia de un deber es una consecuencia jurídica que debe ser compensada, por lo que la ley interviene para castigar o recompensar al individuo.
 
Sanción en sí, son el mal o el bien que debe seguir a la violación o a la observancia de los preceptos legales.
  • El supuesto jurídico de las sanciones negativas: acto ilícito
  • El supuesto jurídico de las sanciones positivas: acto meritorio
En el acto de mérito nos encontramos de dos elementos como en el acto ilícito pero en este caso sería:
  • Un elemento objetivo: la ventaja o provecho
  • Un elemento subjetivo: el mérito
Por lo que la naturaleza jurídica está en el acto mismo, por lo que la ventaja del acto estriba en el ejemplo que se ofrece en el otro, a pesar de haber sido infructuoso el acto jurídico sui generis que nos referimos está además en ese interés que posee el individuo de sacrificio voluntario del propio bienestar hacia la colectividad, piénsese en caso de “defensa a la patria”, cuando es cuestión de defender la soberanía de un país, cuando un país agresor este atacando, en este caso será un ejemplo de moral, virtud en la cual provisto de una sanción especial, por lo que nos referimos que la norma jurídica esta en el acto.
 
Los actos se deben de dar en la voluntariedad mas no en la obligatoriedad (debido) , puesto que un acto de méritos no debe ser considerada como sanción, como así lo establece AUSTIN sino a efecto diversos que obedecen a criterios de justicia o de oportunidad.
 
El término de premio o recompensas lo miramos por aparte, lo llamamos sanción premial para distinguirlo de la sanción negativa pero realmente no es sanción, es considerado aparte, por lo que se llamara sanción solo al que haga inobservancia de una norma, en lo que la recompensa o premio está dentro del género de las medidas jurídicas mas no de la sanción.
 
Asume siempre la forma de una consecuencia normativa, como toda norma normativa, como toda medida jurídica , por lo que no es un deber sino una mera facultad del sujeto.
 
En síntesis:  decimos que hay tres tipos de medidas jurídicas: las preventivas, represivas y recompensatoria
 
Las represiva: sanciones: deber
 
Recompensatoria: méritos: facultativo
 
LA SANCIÓN POSITIVA EN NORBERTO BOBBIO
 
BOBBIO hace referencia a esta promoción en su obra, al incentivar los comportamientos establecidos por las personas, esas personas que actúa de manera solidaria, cooperante y altruista,  hizo la distinción entre sanciones negativas y sanciones positivas.
 
  • Sanciones negativas: distinción entre mandatos y prohibiciones
  • Sanciones positivas: distinción entre premio y castigo
Lo que hizo entender el profesor turinés es que las sanciones negativas vienen reforzadas por sanciones negativas y las sanciones positivas vienen reforzadas por sanciones positivas.
 
BOBBIO  mira tres situaciones distintas en su obra:
 
1. Mandatos reforzados por premios: a modo de ejemplo dice que es obligatorio pagar impuesto y quien lo haga tendrá el descuento del 50%
 
2. Mandatos reforzados por castigos: una norma que dice que es obligatorio realizar, a modo de ejemplo el servicio militar debe ser cumplido so pena de estar en prisión de 5 a 10 años
 
3. Prohibiciones reforzadas por premio: el que cometa un homicidio será sancionado de 8 a 20 años
 
Aquí el autor comenta que las sanciones negativas son distintas a las sanciones positivas, lo negativo sigue siendo dominante, por lo que considera al derecho como un sistema coactivo, el término de sanciones se utiliza para situaciones ya sean agradables o desagradables.
 
Este es más directo con las normas premiales, y no es como lo hace KELSEN que la reconoce pero no le da tanta importancia, y dice que estos premios esta regados por todo el ordenamiento jurídico, según BOBBIO la distincion entre sanciones positivas y negativas se plantea a partir de la posición del poder, que un sujeto tiene sobre otro, (quien detenta el poder que un sujeto tiene sobre otro por medio de la amenaza de un mal o de la promesa de un bien).
 
Habla de la palabra “poder” pues con esta palabra manifiesta que solo a través de ese poder, es la que puede permitir la ejecución de los premios y los incentivos jurídicos que se puedan garantizar, BENTHAM y IHERING admiten las sanciones positivas como “motivo o resortes”, por lo que BOBBIO resalta que no puede ser vista de ese modo, sino como mero “poder”, por lo que además dice que no puede darse como un movimiento social en el tiempo dentro de la historia, en lo que se refiere que en la antigüedad se daba más importancia a las sanciones positivas mientras que ahora es distinto, esgrime que ahora hay que ir retomando esas sanciones positivas/premiales que se vivían en la antigüedad, y no solo mirarse o quedarse en la mera pena, en una sociedad política y económica moderna debe situarse al premio (hace una análisis comparativo en el ordenamiento represivo y el promocional)
 
1. Respecto a los medios:
 
Represivo, promocional
Imposible, necesaria
Difícil, factible
Desventajosa, ventajosa
 
Todo está en el destinatario, que sea imposible o que sea necesario medidas indirectas del que el comportamiento, querido no querido sea siempre posible.
 
El autor habla de:
 
Desalentamiento y alentamiento
Consecuencias desagradables y consecuencias agradables
 
2. Respecto a los fines:
 
El fin principal en los represivos es impedir, la realización de los comportamientos socialmente no deseado, el fin principal de los promocionales es provocar de los comportamientos socialmente deseados.
 
Según BOBBIO, gracias a las técnicas del alentamiento se pueden ver un cambio en el sistema normativo pues lo que ahora va a tratar de neutralizar las acciones nocivas para el sistema y aumentar las acciones ventajosas.
 
3. Respecto a la estructura:
 
Desalentamiento, amenaza
Alentamiento. promesa
 
Por lo que el destinatario debe de comportarse de alguna manera, para BOBBIO la distincion entre sanción positiva y negativa dan origen a dos distintas relaciones en la que debe de haber.
 
Un sujeto activo (titular del derecho): relación derecho-deber
Un sujeto pasivo (titular del deber)
 
En la estructura según BOBBIO sería el de las normas técnicas que si no quieres A debes B, y si quieres A debes B, en suma con la estructura hace una diferencia entre las sanciones positivas y negativas con las reglas técnicas en la que está el alentamiento y desalentamiento.
 
4. Respecto a la función:
 
Los desalentamientos se dan para una conservación social (función conservadora) o sea para una sanción negativa
 
Los alentamientos se dan para un objeto de cambio (función modificadora o innovadora) o sea para una sanción positiva. Por lo que son distintos diametralmente
 
Las sanciones negativas y positivas pueden ser atributivas, privativas, materiales, inmateriales, mixtas, económicas, sociales, morales, jurídicas o físicas
 
Nos parece prudente mostrar algunos ejemplos para no extender tanto el artículo.
 
Moral: en la sanción negativa es deshonro militar y en la sanción positiva son las condecoraciones
Material: en la sanción negativa es la confiscación del patrimonio y en la sanción positiva es el dinero para alcanzar mayor nivel de producción agrícola
 
Para ser más preciso BOBBIO explica con mayor brevedad con ejemplos la sanción negativa y la sanción positiva.
 
Entre medidas retributivas y medidas reparadoras
 
Para la primera la sanción negativa es la pena y la sanción positiva el premio
 
Para la segunda la sanción negativa es la reparación del daño y la sanción positiva la compensación
 
Aquí vemos que se admiten para las dos medidas tanto sanciones negativas como positivas, por lo que vemos aquí que las sanciones tiene un nivel compensatorio también (llamada indemnizaciones).
 
Por último hace una última distinción entre medidas preventivas y medidas sucesivas, en la sanción negativa para la primera se da un pago de fianza y a la segunda la pena privativa de libertad.
 
En la sanción positiva, para la primera se da un premio y para la segunda la compensación
 
Las preventivas se aplican antes y las sucesivas después
 
Sanción negativa preventiva: la fianza
Sanción positiva preventiva: exención fiscal
Sanción negativa sucesiva: la pena privativa de libertad
Sanción positiva sucesiva: pensión de guerra
 
Para concluir con el tema de las sanciones positivas de BOBBIO, los medios de los que debe servirse el derecho, para lograr esa promoción son justamente las sanciones positivas (además de los incentivos y facilitaciones).
 
En palabras de BOBBIO:
 
“Si es verdad que la recompensa es el medio para determinar el comportamiento ajeno utilizan quienes disponen de recursos económicos, síguese de ello que el Estado, a medida que disponga de recursos económicos cada vez amplios estará en condiciones de determinar el comportamiento de los individuos, no ya solo mediante el ejercicio de la coacción, sino también con ventajas de orden económico, esto es podrá desplegar una función, no solo disuasoria sino también, promotora o promociona, para que una acción sea deseada, en vez de amenazar con un mal para una acción no deseada, se manifiesta en el uso, cada vez más frecuente del expediente de las sanciones positivas”.
 
En síntesis: para BOBBIO solo existe un tipo de sanción jurídica positiva que son los premios y hace una distinción entre el premio y el incentivo y dice que el premio es en verdad el que propone dar una satisfacción de una actividad ya terminada
 
Pena versus premio
  • Incentivo versus desincentivo
  • Incentivo no es una sanción jurídica porque esta no procede de conducta
  • Desincentivo, incentivar es no sanción
  • Pena y premio igual sanción
  • A la vez premio e incentivo son alentadoras y
  • La pena y desincentivo son desalentadores
LA SANCIÓN POSITIVA EN PÉREZ LLEDÓ
 
La función promocional ha venido perdiendo fuerza, el autor habla sobre recuperar lo promocional que ha sido importante en el derecho, el autor trata de reconstruir lo que dejó BOBBIO con las llamadas sanciones positivas (premios hablado anteriormente) trata de complementar más no de sustituir sino de reconstruir.
 
el autor subraya que debemos distinguir entre el fin a promocionar y las técnicas o medios promocionales y distinguir lo que trata de incentivar (motivar), de aquellas que desean motivar pero la conducta, por lo que el autor distingue cuatro conceptos básicos:
 
Premio puro: (la cual cumple una función retributiva) de premio y de reconocimiento, su función no es la motivación es puramente de reconocimiento o elogio, de darle a ese elogio, es porque los premios en algún sentido promueven o favorecen ciertos fines; los premios puros se vinculan a la dimensión valorativa del derecho, como ejemplos tenemos las condecoraciones, doctores honoris causa.
 
Incentivos puros: cumple una función no de reconocimiento ahora sino motivadora y jamás retributiva, este tipo de motivación puede ser material o económica, como ejemplo tenemos la ayuda y créditos que se den a empresarios o beneficios fiscales
 
Facilitaciones: son técnicas promocionales, esta no trata como la dos anteriores de reconocer ni de motivar, lo que intenta es proporcionar al destinatario los medios necesarios para hacer menos posible la conducta gravosa, como por ejemplo tenemos a los discapacitados físicos, examen de visión, poner anuncios luminosos a los parqueaderos, para que la gente parque más fácilmente.
 
Promesa de premio: (o llamado premio-incentivo), que va hacer un mixto o un híbrido entre el premio puro y incentivo puro es decir una mezcla entre la motivación y el reconocimiento (función retributiva-meritoria). Esta última categoría coincide con la tesis del profesor turinés ya anteriormente explicado (BOBBIO), de sanción positiva sobre los premios en sí, como ejemplo tenemos el empleado del mes, puntos por puntualidad, en esta clase de premios derivan de los premios puros y los incentivos puros, por lo que se puede decir que la promesa de premio toman la fuerza de la medidas puras (premio e incentivos) y lo arrojan sobre la conducta de los destinatarios, de ahí la gran eficacia que resalta el autor.
 
LA SANCIÓN POSITIVA EN HANS KELSEN
 
Para terminar el tema este análisis lo concluimos con el profesor vienés KELSEN, el autor para comenzar en su texto teoría general del derecho no remite el tema de las sanciones positivas, pero lo traemos al tema de investigación, porque nos parece interesante algo en específico, por lo que dicho autor manifiesta, donde alude a que las sanciones positivas son irrelevantes para el derecho.
 
Solo habla de sanciones positivas en las relaciones privadas entre los individuos, arguye la recompensa para ciertos servicios, como títulos y condecoraciones; y es algo paradójico pensar que algunos autores lo critican al no hablar KELSEN sobre las sanciones positivas puramente, pues como dijimos en el primer parágrafo de este artículo le parece irrelevante ¿pero hasta qué sentido?, por lo que los críticos aseguran que KELSEN comete una contradicción, en tal caso BOBBIO como unos de los contradictores afirma que si KELSEN habla de títulos y condecoraciones se pregunta ¿qué es lo que realmente está haciendo el autor austriaco?
 
Precisamente hablar de sanción positiva como tal de premios en si no es tan claro en KELSEN, ya que lo pone de relieve en el segundo plano, le da una importancia irrisoria, pero la cuestión es que si habla de ello, pero no lo desarrolla, y la verdad no parece tan irrelevante como diría el, concluye BOBBIO que además de esos títulos y condecoraciones que habla KELSEN existen además otras clases de premios tales como lo son las medallas.

Son por demás frecuentes los casos en nuestro Despacho Jurídico de parejas/familias separadas de hecho o de derecho, en los que por uno u otro motivo, uno de los progenitores ha emigrado al exterior en compañía de todos o algunos de sus hijos. Viene entonces, el dilema de la manutención de esos hijos que deberá ser cubierta por aquel que no ejerza la Custodia, (como atributo de la Responsabilidad de Crianza), teniendo como norte que los hijos comunes generan gastos en divisas (dólares, pesos, euros, etc) y no en moneda de curso legal en nuestro país (bolívares). ¿Cómo y en qué moneda cancelar la manutención? ¿Cómo Fijarse la Obligación de Manutención o exigir su Cumplimiento?. Lo primero que queremos reiterar es que cada caso que se nos someta a estudio como Abogados, deberá pasar por un análisis particularizado, pues el derecho no es matemático, en consecuencia, todos los casos no merecen iguales solucionesDOS PANORAMAS: 1) PROGENITOR EXTRANJERO (MADRE/PADRE OBLIGADO), TRANSEUNTE/RESIDENTE EN VENEZUELA CON HIJO VENEZOLANO RESIDIENDO EN EL EXTERIOR: -El fundamento legal base estará en derecho a petición y el derecho a la defensa, previsto en los artículos 26 y 49, ordinales 3 y 8 de la CRBV, en concordancia con los artículos 8, 80, 365, 366, 374 y 381 de la LOPNNA. -El tema de la Audiencia de Mediación, será un verdadero problema por las consecuencias que la inasistencia acarrea, dada la imposibilidad que nuestro representado (accionante), quien ejerce la responsabilidad de la custodia, pueda trasladarse a Venezuela, amén de los gastos que implica el traslado, el costo de los boletos aéreos y el lapso de tiempo fijado para la audiencia en cuestión. -Si se trata de un cumplimiento de la manutención, cabrá la posibilidad conforme al artículo 374 de la LOPNNA, de solicitar al juzgador, que ordene realizar los trámites pertinentes ante el Banco Central de Venezuela, con el objeto que se efectué una experticia complementaria del fallo, para determinar el cálculo de los intereses moratorios en que se incurrió por el atraso del pago de la Obligación de Manutención, solo que dicha experticia será calculada en moneda de curso legal de nuestro país. -De igual modo y en forma preventiva, de existir el fundamento fáctico y legal, cabrá la posibilidad de solicitar Medida Cautelar de Prohibición de Salida del País, contra el progenitor responsable. -Del Petitorio: ordenar, entre otras cosas,  al obligado a que realice oportunamente las diligencias pertinentes ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI, CENCOEX, o la que corresponda en el momento), para cumplir con el pago impuesto por concepto de la Obligación de Manutención Fijada o Incumplida, en la sentencia que obtengamos a favor de nuestro representado; a saber que consigne los documentos a los que hace referencia la providencia de Adquisición de Divisas destinadas a operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero, vigente para el momento en que se realice la solicitud. Es decir, se le ordene realizar todas las diligencias pertinentes a los fines de materializar la conversión de los bolívares  a dólares o la divisa que corresponda. Ordenar también que se honre el pago en divisas de la manutención, que comprenderá, (según lo solicitado), el pago de colegiatura, gastos médicos, actividades extracurriculares y de verano. -De tratarse de una sentencia dictada en el extranjero, por supuesto que requerirá el exequatur o pase para ser ejecutada en Venezuela,  (para hacer valer dicha sentencia en el país), en tal caso, se está aceptando que el monto de la obligación sea pagado  por el obligado en la moneda de curso legal, tal como lo dispone el artículo 369 de la LOPNNA “suma de dinero de curso legal”, siendo de ésta forma su ejecución aunque la obligación haya podido ser pactada en moneda extranjera. (Ver Sentencia de la Sala Constitucional 14/08/17.Expediente 15-1141). 2) PROGENITOR (MADRE/PADRE OBLIGADO) VENEZOLANO CON HIJO VENEZOLANO RESIDIENDO EN EL EXTERIOR: Un ejemplo: A ofrece una Manutención de X Bs., el Tribunal fija un monto provisional  de X Bs,  pero en la oportunidad para contestar la demanda, B rechaza el monto fijado provisionalmente y solicita que el monto sea fijado en mayor cantidad y en moneda extranjera, en  X Dólares Americanos, siendo su equivalente a X Bs, calculados al dólar oficial. Lo anterior porque el (la) progenitor (a) custodia, reside en el exterior, con los hijos comunes, por lo tanto las necesidades y gastos de los niños, se generan y deben ser cancelados en la moneda de la ciudad en la cual residen, por tal motivo B solicita al Tribunal que, para garantizar el efectivo derecho de Alimentación y por el Interés Superior de los menores, dicho monto sea cancelado en una cuenta corriente a nombre del progenitor custodio, en su equivalente en dólares, la cual puede suministrar de una vez, si la tiene o pedir se aperture en un Banco Internacional,  ya que de otro modo, el progenitor custodio no podrá disponer de ese dinero si se encuentra depositado en Venezuela y en bolívares. FUNDAMENTO LEGAL: La base, el postulado legal que establece que la ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria. Así como el que dispone que el Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, la protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. ELEMENTOS DE EXTRANJERÍA: 1) Los niños se encuentran residenciados en el exterior del país, se educan, alimentan, recrean, compran calzados y alimentos, acuden al médico, tienen sus amistades, vida social en el exterior y, por lo tanto, CONSUMEN en una moneda distinta a la nacional (bolívar fuerte). 2) Las necesidades alimentarias de los niños se encuentran en el extranjero y allí deben ser satisfechas. 3) Es fundamental para los menores involucrados, recibir la manutención en la moneda de curso legal del país en el que habitan. 4) El progenitor obligado por ser  Directivo en una Empresa Transnacional, o contratar con el Estado Venezolano o contratar con potencias Extranjeras, tiene la divisa extranjera como de USO CORRIENTE y para él no representa ninguna carga, asumir las responsabilidades de Manutención  de sus hijos en moneda extranjera, 4) Mantener una cuenta en bolívares, en Venezuela y en un Tribunal venezolano, en nada contribuye a la manutención de sus hijos, todo lo contrario, lo que hace es menoscabar esos derechos, y atentar contra el Interés Superior de los menores. 5) Definitivamente, al vivir los niños en el extranjero y educarse en el extranjero y obviamente desarrollarse y criarse en el extranjero parece como obvio que reciban su manutención en moneda extranjera y en un banco extranjero. 6) El único elemento que vincula a las partes al juez de los Tribunales venezolanos, es que el progenitor obligado es venezolano y los menores son venezolanos. No entraremos en este artículo a discutir el tema del “arraigo”, pero cuya importancia es de extrema relevancia en este tema, por cuanto los niños no residen en el país, y la Custodia la ejerce de derecho el progenitor “B”, quien tiene su domicilio en el extranjero. Citaremos textualmente y en su parte pertinente, sentencia de la Sala Constitucional al señalar: “…esta Sala reitera una vez más, que en Venezuela no está expresamente prohibida la celebración de pactos cuyo cumplimiento, sea estipulado en moneda extranjera, siempre y cuando los mismos se adapten al marco cambiario existente, pues “de la redacción del artículo 14 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios publicada en Gaceta Oficial N° 38.272 del 14 de octubre de 2005, no se desprende una prohibición general de hacer ofertas o de contratar en moneda extranjera siempre que estas no sean contrarias a derecho, específicamente a los convenios suscritos por la República, la normativa cambiaria o las leyes aplicables al respecto; lo que sí viene a ser un principio rector en este tipo de contrataciones es que si el pago se hace en el territorio venezolano para que tenga efectos de liberación debe hacerse en Bolívares que es la moneda de curso legal y, su monto conforme a la tasa de cambio oficial imperante al momento del pago, y no al momento de la celebración del contrato; puesto que toda divisa que ingrese físicamente al territorio nacional deberá ser vendida al Banco Central de Venezuela” (Sentencia N° 1641 del 2 de noviembre de 2011, caso: Motores Venezolanos C.A.) (Sentencia 24/05/2012. Exp.- 12-0088. Sala Constitucional).

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Antes de comenzar a discutir sobre el concurso de los tipos penales, hay que acotar primero sobre la adecuación típica. Esta adecuación se refiere a un comportamiento que lleva a cabo el sujeto como delito o contravención, por lo que el juez llegara a saber si este comportamiento se adecua o no, valga la redundancia, utilizando para ello sus herramientas, decidirá dónde encajar ese comportamiento ilegal que ha hecho el autor típicamente, y si no encaja no puede haber tipicidad.
Por ejemplo, la hija que le da muerte a su padre para parar el sufrimiento que esta llevando este, ya que tiene cáncer, la hija le da muerte por piedad y no dolosamente por lo que quería matar, obviamente estamos hablando sobre un homicidio, pero por medio de las herramientas que le da el derecho penal al juez utilizaría los principios necesarios para adecuarlos al homicidio piadoso, en este caso se toma el principio de especialidad.
Luego de haber tratado la adecuación típica, nos encontramos ahora ante los llamados concurso ideal o formal y concurso material o real.
 
CONCURSO FORMAL O IDEAL:
 
Se da cuando un mismo comportamiento o acción se da en dos o más varios tipos penales.
 
Por ejemplo, el caso del padre que violó sexualmente a su hija, aquí podemos ver una acción y varios delitos a la vez (acceso carnal violento e incesto), pues aquí el juez entra a utilizar la adecuación típica por lo que le juez hace una doble adecuación, pero al lado de esta doble adecuación típica aparece un solo comportamiento y una acción. El Profesor POSADA MAYA, expone como exigencias del concurso ideal: la unidad e identidad de conducta, la múltiple desvaloración penal de la conducta, la uniformidad del sujeto activo y la unidad o pluralidad de sujetos pasivos.
 
CONCURSO REAL O MATERIAL:
 
En este caso la diferencia con el concurso ideal es que hay pluralidad de acciones y también va haber pluralidad de delitos en la que pueden estar en un mismo tipo o varios tipos penales, lo que significa la existencia de esta modalidad del concurso depende de que el actor realice el comportamiento que dan lugar a varios juicios de adecuación típica, el concurso material puede darse entre delitos culposos, o dolosos y hasta incluso entre delitos culposos y dolosos.
 
Por ejemplo, una persona, se apropia de bienes del estado, este hecho se dará como peculado y hurto, por lo que el juez no podrá adecuar los dos tipos penales simultáneamente, el juez por medio de las herramientas que son los principios que próximamente se explicaran decidirá el comportamiento ideal para castigarlo y excluir el otro tipo penal (por lo que el más apropiado sería el peculado, porque estaríamos hablando de un delito cualificado, para estos eventos, y porque además estaríamos hablando de un servidor público y no de cualquier persona, a lo que si se le imputa un hurto).
 
Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos la siguiente clasificación:
 
— Concurso heterogéneo simultáneo: se presenta cuando una misma conducta se presenta en varios tipos penales (concurso ideal).
 
Por ejemplo, el padre que comete incesto y acceso carnal con su hija.
 
— Concurso heterogéneo sucesivo: es parecido al delito continuado y se da cuando varias conductas se adecuan a varios tipos penales.
 
Por ejemplo, cuando una misma persona mata, viola y otra día lesiona.
 
— Concurso homogéneo simultáneo: una sola acción se adecua varias veces al mismo tipo penal.
 
Por ejemplo, hay una bomba y ésta mata a muchas personas
 
— Concurso homogéneo sucesivo: el autor realiza varias conductas que se adecuan a todas siendo distintas a varios tipos penales.
 
Por ejemplo, el sujeto-agente tortura a varias personas.
 
De lo anterior como repaso, tenemos que:
 
Lo simultáneo se refiere a la acción, es decir es una sola. Lo sucesivo cuando son varias conductas o acciones. Lo homogéneo cuando es un mismo tipo penal o uno solo y heterogéneo cuando son varios tipos penales.
 
LA APARIENCIA DE CONDUCTAS:
 
Se trata cuando el sujeto pueda que se enfrente a una sola tipicidad como aparente como lo dice el titulo, pluralidad de conductas, pero en realidad aunque parezca raro es una sola, por lo que veremos a continuación muy brevemente el delito masa y el delito continuado que hacen parte de esta apariencia de conductas.
 
Que puede ser:
— Delito continuado: se puede decir aquí que estamos frente a un concurso homogéneo sucesivo pero no es así, porque no estamos frente a varios acciones sino frente a una sola, de lo que se habla es de una acción fraccionada, se habla entonces de una acción y una pena, pero esta pena va hacer mucho más punible que las demás.
 
Por ejemplo, el muchacho que trabaja en un banco y sustrae todos los días 100.000 pesos, por lo que aquí no se puede hablar de varios delitos, sino de una pena y una acción.
 
— Delito masa: se dice que es una clase de delitos continuado, sino que se habla de una pluralidad de sujetos pasivos por lo que va haber varias víctimas con un único propósito.
 
Por ejemplo, el de la estafa a todos, como el de concesionario la Venezolana (caso de DMG, o pirámides de USA).
 
EL CONCURSO APARENTE DE TIPOS:
 
Según esta distinción REYES ECHANDÍA expresa que es el fenómeno según en virtud del cual una misma conducta parece subsumirse a la vez en varios tipos penales diversos y excluyentes, de tal manera que el juez no pudiendo aplicarlo coetáneamente sin violar el principio del non (ne) bis in idem debe resolver concretamente a cuál de ellos adecua al comportamiento (parecido al concurso ideal).
 
Para REYES ALVARADO (su hijo), plantear que el concurso aparente es una manifestación de la unidad delictiva en la cual varias normas describen esa misma conducta hace pensar en que no es correcto que reconociendo de antemano la existencia de una sola acción que sólo puede generar una sanción penal, puedan concurrir una pluralidad de disposiciones que comprendan ese comportamiento dentro de su descripción; pues bien, esta afirmación es correcta y pone de relieve que lo que se ha venido denominando concurso aparente de hechos punibles es en la mayoría de los casos el producto de fallas legislativas que suelen derivarse de la equivocada pretensión legislativa de sancionar conductas de acuerdo con la forma de lesión del bien jurídico protegido en lugar  de tener en cuenta sólo la efectiva afectación al bien jurídico y el grado en que dicha lesión se haya producido” (El concurso de delitos. Temis: Bogotá, 1990, página 97)
 
Ahora a continuación se expone, los principios que toma el juez como herramientas que utiliza, cuando sucede una caso sobre concurso aparente de tipos, cuando no se sabe qué delito adecuar.
 
Teniendo en cuenta la siguiente clasificación:
 
— Principio de especialidad: (lex specialis derogat legi generalis): sobre el cual se funda su validez en la relación con el tipo básico o general.
 
Por ejemplo, el hijo o hija mata a su padre para darle fin al sufrimiento del cáncer, por lo que se le imputaba homicidio piadoso y no doloso.
 
Para que un tipo penal pueda ser considerado especial respecto de otro, es necesario que se cumplan tres supuestos fundamentales:
 
1) Que la conducta que describe esté referida a un tipo básico;
2) Que entre ellos se establezca una relación de género a especie; y,
3) Que protejan el mismo bien jurídico.
Si estos presupuestos concurren, se estará en presencia de un concurso aparente de tipos, que debe ser resuelto conforme al principio de especialidad.
— Principio de subsidiariedad: (lex primaria derogat legi subsidiariae): se refiere cuando el tipo tiene carácter subsidiario frente a otro básico o especial, se da cuando sea la menos grave. Un tipo penal es subsidiario cuando solo puede ser aplicado si la conducta no logra subsunción en otro que sancione con mayor severidad la transgresión del mismo bien jurídico. Se caracteriza por ser de carácter residual, y porque el legislador, en la misma consagración del precepto, advierte generalmente sobre su carácter accesorio señalando que sólo puede ser aplicado si el hecho no está sancionado especialmente como delito, o no constituye otro ilícito, como acontece, por ejemplo, con el abuso de autoridad
 
Este principio se puede dar tácitamente o expresamente:
 
Expreso: ejemplo cuando se da el delito en cosa ajena y con abuso de autoridad aquí el juez entra a determinar cuál utilizar, la menos grave. Tacita: hurto agravado o violación de domicilio, por lo que la ley no resuelve la colisión planteada, o cuando no se puede demostrar la agravante en X delito.
 
Dos hipótesis pueden llegar a presentarse en el proceso de adecuación típica frente a disposiciones subsidiarias:
 
1) Que la conducta investigada corresponde a la del tipo penal subsidiario exclusivamente; y
2) Que simultáneamente aparezca definida en otro tipo penal de mayor jerarquía (básico o especial) que protege el mismo bien jurídico. En el primer supuesto ningún inconveniente se presenta, pues siendo una la norma que tipifica la conducta, se impone su aplicación. En el segundo, surge un concurso aparente de tipos que debe ser resuelto con exclusión de la norma accesoria, en virtud del principio de subsidiariedad.
 
— Principio de consunción (absorción): (lex consumens derogat legi consumptae): se refiere a una absorción, el tipo más grave absorbe al otro, el tipo básico o especial absorbe al dispositivo de la coparticipación en relación con el mismo sujeto. Dentro de esta sub-clasificación se habla además de actos copenados u otros lo llaman actos impunes, porque se deja sin resolver un delito, por resolver otro, ya que uno absorbe al otro, y no se penaría los dos, como es el caso del homicidio y la bala hace que se dañe el vestido de la persona, pues no se podrá penar las dos cosas, es decir homicidio y daño a bien ajeno. Hay que distinguirlo del delito complejo, como el robo con violencia, robo en casa habitada, como también del acto acompañante o concomitante, aunque a esto último muchos lo consideran como actos copenados también.
 
Por ejemplo, el tipo que describe las lesiones personales es consumido por el del homicidio
 
El tipo penal complejo o consuntivo, que por regla general se presenta cuando su definición contiene todos los elementos constitutivos de otro de menor relevancia jurídica. Se caracteriza por guardar con éste una relación de extensión-comprensión, y porque no necesariamente protege el mismo bien jurídico. Cuando esta situación ocurre, surge un concurso aparente de normas que debe ser resuelto en favor del tipo penal de mayor riqueza descriptiva, o tipo penal complejo, en aplicación del principio de consunción.
 
— Principio de alternatividad: se refiere este último principio cuando los tipos protectivos del mismo bien jurídico contiene descripciones totalmente opuestas no pueden concursar porque se excluyen entre sí.
 
Por ejemplo, hurto y peculado.
 
Finalmente, el principio de alternatividad que se aplica de manera accesoria a los anteriores, puede darse de manera propia e impropia:
La alternatividad impropia hace referencia a la hipótesis en la cual el legislador ha descrito en dos tipos penales diversos la misma conducta, de tal manera que siendo idénticas las descripciones puede afirmarse que las varias disposiciones actúan como círculos secantes; de acuerdo con esta concepción doctrinal dicha forma de alternatividad se resolverá seleccionando la norma que prevea la sanción más alta aplicable. La alternatividad propia se presenta cuando dos o más normas penales protegen el mismo bien jurídico pero contra dos formas diversas de lesión. En este tipo de interpretación de la ley ocurre que los tipos penales se interfieren; cuentan con espacios comunes, que concentran los problemas de interpretación frente al principio de non bis in ídem y con espacios excluyentes que suponen la imposibilidad de aplicar de forma simultánea los supuestos de hecho de concurso efectivo.
 
Según REYES ALVARADO ésta forma de alternatividad “trata de plurales descripciones de una misma conducta que a veces pueden aparecer dentro de una misma ley incluso con sanciones diversas; sin embargo debe reconocerse que no resulta frecuente que ello ocurra y en las pocas oportunidades en que se presente dicha hipótesis sólo puede obedecer a manifiestos errores legislativos”(El concurso de delitos. Temis: Bogotá, 1990, página 97)
 
CONCURSO MEDIAL:
 
Se presenta cuando se comete un delito, con el fin de cometer otro, en todo caso no tiene mucho importancia, porque estaremos hablando de concurso en sí, los dos se penaría por regla general como concurso real, siempre y cuando no se aparente.
 
Por ejemplo, una persona roba un arma con el fin de matar a alguien.
 
Se habla además, desde el punto de vista de la punibilidad en el concurso como dispositivo amplificador del tipo de:
 
CONCURSO EFECTIVO:
 
Donde el autor quedará sometido a la pena más grave. Entonces se habla de que figura utilizar en nuestro código, por la que se utiliza en nuestro código es el criterio de aspersión y de la combinación, como en el código penal español.
Teniendo los siguientes:
 
— Suma aritmética: es sencillo ya que los diferentes delitos cometidos se suman y darán un total de años en la pena, eso sí, sin superar el límite establecido general que en nuestro código colombiano es de 60 años.
 
— Absorción (consunción): la pena más grave son las que se deben colocar
 
— Aspersión: es la utilizada y se parte de las más grave, de los establecidos para los tipos concurrentes, con la diferencia de la absorción, es que esta se va agravando depende de los delitos cometidos.
 
— Combinación: esta última se da porque se toma la absorción y la aspersión, que se sumarán los delitos y se dosifican. También es utilizado en nuestro país cuando se habla de diferentes tipos de delitos, en el cual no se pueda dar las aspersión, como cuando, se da la pena y la multa.

PARTAMOS DE UN EJEMPLO: A en su carácter de propietario de un local comercial, celebró contrato de arrendamiento con B (inquilino), al pasar los años A fallece. ¿Queda el contrato sin efecto alguno o resuelto de pleno derecho? La respuesta es negativa, pues si A dejó hijos, éstos por vía de subrogación, se convertirán en arrendadores del inmueble, al ser  herederos únicos y universales de A, quien fue quien otorgó el contrato de arrendamiento. De tal manera que tocará a los herederos de A, asumir los derechos y obligaciones que correspondían a su causante. Distinto será el tema probatorio relacionado a acreditar en juicio la cualidad para actuar en él. En palabras sencillas, tocará a los herederos probar que efectivamente son los sucesores a título universal del causante (A), a través de la consignación de las partidas de nacimiento, acta de defunción de su causante, justificativo de únicos y universales herederos, contrato de arrendamiento, declaración sucesoral y documento de propiedad del inmueble, entre otros medios probatorios. Ahora bien, pongamos otro ejemplo un tanto distinto: A en su carácter de co-propietario de un local comercial, celebró contrato de arrendamiento con B (inquilino), al pasar los años C, quien fuera el otro co-propietario fallece. ¿Queda el contrato sin efecto alguno o resuelto de pleno derecho? La respuesta es la misma que en el primer panorama planteado. Pues lo importante es que existe una comunidad sobre el inmueble objeto de arrendamiento, siendo que uno de los comuneros o copropietarios puede actuar en nombre de la comunidad y en beneficio de todos (artículo 168 del C.P.C.), a pesar de haber firmado en nombre propio y no de la comunidad. FUNDAMENTO LEGAL:  Para determinar si los herederos están o no legitimados, se debe tomar en consideración lo establecido en los artículos 11 literal a), 12, 20, 30 literal c) y 52 de la L.A.I y los artículos 760, 765, 822, 995, 1.163, 1.603, 1.604, 1.605, 1.607, 1.608 y 1.610 del C.C, además de las otras leyes que regulan la materia como lo establecido los artículos 4, 6, 38 y 57 de la L.R.C.A.V y los artículos 4 y 6 L.R.A.I.U.C, que disponen soluciones similares en cuanto a quienes pueden actuar en defensa de los derechos involucrados y se encuentran legitimado para acudir ante los tribunales. CASO OFICINAS: Como ya hemos explicado en artículos anteriores, el arrendamiento de oficinas se encuentra regulado en la L.A.I. al ser excluido de los otros 2 cuerpos normativos que regulan la materia, debiendo aplicarse de manera supletoria la normativa general establecida en el C.C., siendo que de ellas se observa que con la muerte del arrendador o del arrendatario no se resuelve el contrato de arrendamiento sino que se produce una subrogación, así como que prevé la posibilidad que el contrato de arrendamiento se suscriba en beneficio del  propietario del inmueble, aunque se pueda establecer como beneficiario del canon a persona diferente; así como el hecho que puede suscribir el contrato de arrendamiento no solamente el propietario sino cualquier otro que esté facultado para ello como un mandatario o gestor de negocios; además dicha normativa establece que en caso de fallecimiento del arrendador (A), los herederos pasan a subrogarse en los derechos del de cujus. Como siempre, cada caso requiere estudio, no se trata de una fórmula metemática, una simple diferencia en las circunstancias de modo, tiempo, lugar de los  hechos en el caso sometido a nuestro estudio, puede conducir a una gran diferencia en la estrategia legal a escoger.

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