Sentencia: N° 03 de fecha 30 de enero de 2009.
Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Si el demandado no objeta ni impugna el modo como la parte actora subsanó las cuestiones previas, no nace para el juez el deber o la obligación de emitir un pronunciamiento relativo a si éstas fueron subsanadas correcta o incorrectamente.

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Se ha hecho común en esta sociedad venezolana encontrarnos de frente con la extorsión, pero como dicen por allí: “la culpa no es del indio sino de quien lo hace compadre”. Al partir de la idea de que extorsión es: “la presión que un individuo ejerce sobre otro para forzarlo a actuar de un cierto modo”,  entendemos claramente  que: toda aquella situación cotidiana caracterizada por esa odiosa oleada de apremio y coacción a la que recurren muchas personas para lograr su cometido,  obligándonos a actuar del modo que les interesa, está indudablemente imbuidas de un cierto grado de extorsión, la cual pareciera ya formar parte de nuestro modo de vida.

Y es que, por ejemplo, no debería  –pero si puede y lo hace- un comerciante decirnos:  “esa mercancía defectuosa es la que me queda, si quiere la lleva o sino déjala allí.”;  “ tiene que comprar este producto para que pueda llevarse aquel otro, de lo contrario no llevará ninguno de los dos.”;  “si va a pagar con tarjeta de crédito debe pagar una comisión del 15%, o no podré despacharle nada.”;  “solo recibo efectivo, ¡ usted me dirá¡, no puedo hacer más nada.” O, verbigracia, un prestador de servicios: “aunque esta ruta cubre hasta Plaza Venezuela, llego hasta Parque Central, si quiere se monta o se queda.”; “la consulta de la psicóloga dura 60 minutos, pero hoy solo va atender media hora por el mismo precio, sin objeciones.”; “hoy  el nefrólogo atiende hasta las doce del mediodía, solo a los que les dé tiempo atender, si quieren esperan a ver si llegan,! ustedes dirán¡.”; “el servicio de internet se interrumpe porque se robaron los cables  y eso nos va llevar  unos seis meses repararlo, pueden esperar ese tiempo o contratar otro proveedor, no podemos hacer más nada”; “este estacionamiento cobra 10 mil Bs. Fijos, independientemente de que permanezcan 01 hora o toda la tarde, si no está de acuerdo, puede estacionar en la calle”.  Por supuesto, no podemos dejar atrás a trabajadores y patronos: “soy el dueño de la empresa y si no hace lo que te digo, te quedarás sin empleo.”;  “no voy a trabajar hoy, despídame si quiere, tengo inamovilidad.”

Y qué decir del  servidor público catalogado como el hombre nuevo:  “hoy se atiende hasta donde está el señor de camisa azul  y  pantalón blanco casual, los demás serán atendidos mañana por orden de llegada, ¿si quieren?.”; “esta copia de la cédula no  se  ve  muy  bien, traiga otra o se retira, ¡usted decide¡.”; “esta vez  la caja del Clap cuesta 18 mil,  independientemente que la vez anterior haya tenido otro precio, ¡no sé!, esa es la orden.”;  “la Fiscalía pide que se califique así los hechos, sino apelará con efecto suspensivo y listo, el procesado se calará ocho meses más de prisión.”; “el Juez solicita que admita los hechos, o de lo contrario este juicio será muy largo y tedioso, y permanecerá usted detenido hasta su finalización.”; “yo soy el Juez y le sugiero que desista, o declararé improcedente su solicitud.” En fin,  son innumerables los casos como estos en los cuales pudiéramos estar enfrentando una  amenaza, una imposición o una exigencia  cuya frase que la envuelve finaliza  en una  particular forma de extorsión; y lo más grave aún, estaríamos aceptándola de manera sumisa. Por ello, debemos colocarle rostro a ese trato cruel e inhumano que se ha convertido en nuestro enemigo silencioso, con el que hemos sido absoluta e inconscientemente permisivos, pero que trastoca nuestros valores y nos daña en la psiquis y en la moral, pues para nadie es un secreto que esta forma de encaminarnos hacia un rumbo que no deseamos, afecta nuestra psiquis perturbándola al hacernos pensar casi siempre con ira ¿ porqué tolero este trato?; y nos ataca en lo moral cuando nos sabemos humillados y callamos. Procedamos pues a identificar a ese semblante  sin  rostro que nos agobia y en lo adelante denominémoslo: EXTORSIÓN  SUGERIDA, en virtud de que la persona que nos presiona, al mismo tiempo nos insinúa, nos propone, nos indica y nos menciona lo que quiere que hagamos, buscando -y casi siempre logrando-  que caigamos en su trampa y nos conformemos con aquello que, de manera restringida y limitada, nos ofrece. Finalmente, es patente que la gente que echa mano de la extorsión sugerida desconoce la regla de interpretación que señala: “lo favorable debe ampliarse y lo odioso restringirse”, con la cual, sino se erradicaría esa procaz figura, por lo menos daríamos al traste con una buena parte de su desmedida utilización, ya que se ampliaría lo favorable para quien va dirigida la acción y, consecuencialmente, se restringiría esa otra parte, la antipática e infame, la que representa la sugerida extorsión, en pro del bien común.

Para comenzar, hay que destacar que la antijuridicidad hace parte de unos de los elementos de la estructura del delito junto con la tipicidad y la culpabilidad.
La palabra antijuridicidad proviene del alemán rechtswidrigkeit que significa: “contrario al derecho”.
 
¿Qué es la antijuridicidad?
 
Un concepto sencillo corto lo definiría como aquel desvalor de acción y de resultado, que es contraria al ordenamiento jurídico de las normas penales.
 
Hoy en día, se ve una diferenciación en los códigos penales sobre antijuridicidad sabiendo que es una sola, la han clasificado en antijuridicidad formal y material entendiéndolo como:
 
Antijuridicidad formal: aquella que va en contrariedad al derecho y no de no estar circunstanciada por una causal de justificación
 
Antijuridicidad material: aquella conducta que lesiona o pone en peligro el bien jurídico tutelado, en este último hay que tener en cuenta que hay que proteger los bienes jurídicos más importantes (aquellos que son realmente graves) tomando de esto el carácter fragmentario, sacrificando algunos para proteger otros de mayor valor.
 
A quien se le debe la distinción de la antijuridicidad formal y material es al ilustre FRANK VON LISZT, que definió la antijuridicidad como la conducta socialmente dañosa, lo importante de la práctica de la antijuridicidad material es importante como lo afirma el profesor ROXIN ya que permite realizar graduaciones del injusto y permite solucionar problemas dogmáticos.
 
El profesor Roxin afirma que lo importante no es solo separar la antijuridicidad formal de la material, sino también de diferenciar la antijuridicidad del llamado injusto, lo que este último va a “graduar la gravedad de la infracción del derecho”, por lo que no va importar la antijuridicidad material sino la diferencia entre antijuridicidad e injusto por lo que debe ser graduable por medio del delito cometido.
 
Según ejemplos que dice el profesor ROXIN sobre si la antijuridicidad material se puede graduar, según la gravedad del delito, por lo que no se puede hacer con la antijuridicidad formal, por eso destaco una vez más la importancia de diferencia la antijuridicidad con el injusto, por lo que en mi opinión es importantísima esta diferencia por lo sirve para para medir la graduación de la dañosidad social lesiva de los bienes jurídicos , a continuación se desmarcara unos ejemplos para ver la diferencia que existe entre antijuridicidad formal y material:
 
En la antijuridicidad formal un hurto de 10.000.000 de pesos sería lo mismo que hurtar 100.000 pesos, viendo del punto de que se está infringiendo las normas (por lo que sería lo mismo) , también la infracción del hurto sería la misma infracción que la del homicidio
 
En cambio:
 
En la antijuridicidad material un hurto de 10.000.000 de bolívares supera al hurto de 100.000 de bolívares, y también la infracción del homicidio se va a ver con mucha más dañosidad que la del hurto, por lo que todo esto es importante para saber el grado de culpabilidad en que hay en esa graduación, este grado de culpabilidad va marcar otro elemento de la estructura del delito.
 
Ya para terminar, podemos decir que los desvalores de acción y de resultado son importantes para la construcción del concepto de antijuridicidad ya que están perfectamente ligadas entre sí porque lo que algunos autores toman a la antijuridicidad como una sola , definitivamente es cierto, pero por cuestiones de política criminal el legislador en algunos países tienden a separarlos para darle más importancia uno más que el otro, depende de la situación ya sea de acción o de resultado (subjetiva u objetiva como algunos autores lo establecen).
Se puede decir que en nuestro sistema acoje un sistema dualista, ya que el legislador tomó el desvalor resultado (objetiva) y un desvalor de acción (subjetiva), en la actualidad en el derecho penal moderno se tiende a prestar más atención a un desvalor de acción, más que el de resultado ya que se tiene mucho más en cuenta la tentativa, este dispositivo amplificador no era muy utilizado anteriormente, en cambio en el derecho tradicional se utilizó más el desvalor de resultado más que el de acción, por lo que lo delitos consumados fueron más importantes que la misma tentativa.

Sentencia: N° 1896 de fecha 01 de diciembre de 2008.
Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: El ejercicio del retracto legal arrendaticio, en tanto que puede afectar las hipotecas y otras cargas, es un proceso que debe ser puesto en conocimiento de todos los que resulten afectados por su procedencia. Artículo 1.544 del Código Civil

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UNA VOZ EN EL SILENCIO

Publicado: noviembre 8, 2017 en INFORMACIÓN VARIADA

“El profesor de Derecho debe ser un jurista; pero más que jurista, pedagogo. Sus conocimientos teóricos, a la mayor profundidad posible; y su experiencia profesional suficiente, resulta, tan indispensable, como su total dedicación a la enseñanza y a un contacto lo más permanente que es aquel que tiene conocimientos y sabiduría; conocimientos que vienen de su experiencia y sabiduría que le nace del alma.”

Jorge Mario Quinzio Figueiredo. “Enseñanza del Derecho”. Universidad Miguel de Cervantes / Chile. Leer el resto de esta entrada »

La gravedad de los medios que el Estado emplea en la represión del delito, la drástica intervención en los derechos más elementales y, por eso mismo, fundamentales de las personas, el carácter de ultima ratio que esta intervención tiene, imponen necesariamente la búsqueda de un principio que controle el poder punitivo estatal y que confine su aplicación dentro de límites que excluyan toda arbitrariedad y exceso por parte de los que ostentan o ejercen ese poder punitivo. Este principio, tradicionalmente designado con el nombre de “principio de legalidad”, establece que la intervención punitiva estatal, tanto al configurar el delito como al determinar, aplicar y ejecutar sus consecuencias, debe estar regida por el “imperio de la ley”, entendida ésta como expresión de la “voluntad general”. Y puesto que se refiere a la intervención del poder punitivo estatal se le puede llamar principio de intervención legalizada.

El principio de intervención legalizada, o de legalidad, sirve, pues, para evitar el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder punitivo estatal. Aunque hoy se entienda como un principio fundamental del derecho penal, llegándose incluso a considerarlo como un principio del derecho natural o una consecuencia de la inviolabilidad de la dignidad de la persona humana, su reconocimiento ha supuesto un largo proceso, en ningún modo continuo, en el que se observan, junto al deseo de los ciudadanos por conseguir un mínimo de garantías frente al poder punitivo estatal, retrocesos y vueltas a sistemas absolutos y arbitrarios, cuando no a burlas descaradas en la práctica penal de algunos estados que, sin embargo, mantienen el principio de legalidad como “fachada formal” de su legislación penal positiva.

El principio de intervención legalizada supone, al mismo tiempo, un freno para una política penal demasiado pragmática que, decidida a acabar a toda costa con la criminalidad y movida por razones defensistas o resocializadoras demasiado radicales, sacrifique las garantías mínimas de los ciudadanos, imponiéndoles sanciones no previstas ni reguladas en ley alguna. En este sentido, debe decirse una vez más que “el fin no justifica los medios”. Una política penal mala, pero llevada a cabo con las garantías jurídicas mínimas, es preferible a una buena política penal realizada sin ningún tipo de control. La expresión tan gráfica de VON LISZT: “el derecho penal es la Magna Carta del delincuente”.

Es precisamente una consecuencia del principio de legalidad, pues por muy grave que sea un hecho, su autor sólo podrá ser castigado si ese hecho ha sido considerado previamente como delito por una ley y sólo con la pena prevista en esa ley, aplicada y ejecutada conforme también a dicha ley.

Debe aceptarse, por consiguiente, el riesgo de que, por una mala elaboración de la ley o por la enorme astucia de un delincuente, queden sin sanción acciones gravemente perturbadoras de la convivencia humana. Pero este riesgo es, por otra parte, bastante pequeño; en todo caso, es el precio que hay que pagar por la seguridad jurídica, requisito indispensable en una comunidad organizada.

De la vigencia del principio de intervención legalizada se derivan, para el derecho penal, una serie de consecuencias que relativizan todo su contenido y que lo distinguen del de las demás disciplinas jurídicas, tanto en orden a las fuentes, como a su interpretación, como a su elaboración científica.

En lo que sigue me voy a ocupar, en primer lugar, más detenidamente de la evolución y fundamento de este principio y, después, de sus consecuencias para el derecho penal. Todo ello abordado naturalmente desde el punto de vista de la legislación y práctica penal españolas, donde el principio de intervención legalizada ha encontrado siempre reconocimiento, si bien, a veces, de un modo más teórico que efectivo. Leer el resto de esta entrada »

Sentencia: N° 1684 de fecha 04 de noviembre de 2008.
Tema: Recurso de Interpretación
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De ser declarada ha lugar la solicitud de Antejuicio de Mérito contra un alto funcionario público del Estado, deben remitirse los autos al Fiscal General de la República, si el delito fuere común a los fines contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal; y si el delito fuere político, continuará conociendo de la causa el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, hasta la sentencia definitiva.

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