Ambito de competencia

Según el artículo 62 numeral 3 eiusdem, la Corte es competente para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso concreto hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, bien por declaración especial o por convención especial; es decir, que si las partes no reconocen la competencia de la Corte para conocer de los casos, sus decisiones no surtirán ningún efecto. Dicho reconocimiento puede hacerse al momento de ratificar o adherirse a la Convención, o en una oportunidad posterior, mediante una declaración especial (Cfr.: artículo 62, numerales 1 y 2).

Asimismo, y de conformidad con el artículo 63 eiusdem, la Corte podrá ordenar lo conducente para el restablecimiento de las situaciones subjetivas lesionadas por algún Estado ante la violación de los derechos fundamentales, siempre y cuando la controversia sea sometida al conocimiento de la Corte, por la Comisión, o por un Estado Miembro. En efecto, según prevé el artículo 61.1 de la Convención, sólo los Estados Partes y la Comisión tendrán derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.

Pretensiones

Según el comentado artículo 63, la Corte podrá declarar la violación de un derecho o libertad que se encuentre establecida en la Convención; igualmente, la Corte podrá ordenar, si fuere el caso, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos e incluso, condenar al pago de justa indemnización a la parte lesionada. Puede afirmarse entonces que son dos las pretensiones que pueden ser invocadas ante la Corte: por un lado, la violación de un Derecho Humano y, por el otro, el restablecimiento de la situación subjetiva lesionada, y el pago de una justa reparación o indemnización, si fuere el caso.

Así, la doctrina establece que la Responsabilidad Internacional del Estado se resuelve con la reparación, esto es, con el restablecimiento de las cosas a su estado original; por la indemnización de los daños y pérdidas (reparación por equivalente); o por la satisfacción de la pretensión propia, mediante la desaprobación del acto público lesivo; la destitución de funcionario; el castigo del culpable; las explicaciones públicas o disculpas por la vía diplomática.

Así, podemos señalar que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden invocarse las siguientes pretensiones:

a. LA REPARACION, o sea, que restablezca la situación lesionada por un Estado Parte.

b. LA INDEMNIZACION, referida al pago patrimonial de los daños y pérdidas que sufrió una persona, por el actuar ilegitimo de un Estado o de sus funcionarios. En este caso, la reparación es por equivalente.

c. LA SATISFACCION, pues se persigue dejar sin efecto el acto violatorio de un derecho inherente a la persona.

d. Además de estas tres pretensiones, los Estados y la Comisión también podrían solicitar a la Corte la interpretación o aplicación de las disposiciones de la Convención.

Requisitos de admisibilidad

Los requisitos de admisibilidad de los casos que se ventilan ante la Corte, están previstos en el artículo 61 de la Convención, el cual establece que será necesario para acudir a la Corte, el cumplimento de los requisitos que se establecen en los artículos 48 a 50 eusdem, referidos al procedimiento conciliatorio ante la Comisión, el cual fue ya analizado.

Procedimiento

La Convención se limita a regular sólo el contenido, efectos, ejecución del fallo. (Cfr.: artículos 66 a 69). Por ello, al nada disponer la Convención sobre el procedimiento aplicable en la Corte, deberá atenderse a la regulación propia de la Organización de Estados Americanos, y a las especificaciones adoptadas en cada caso por la propia Corte.

La sentencia y sus efectos

Según prevé el artículo 66 de la Convención, la sentencia deberá ser motivada y si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual. Igualmente, el artículo 67 establece que la sentencia será definitiva e inapelable, y que en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

El contenido de la sentencia se encuentra regulado en el artículo 63 eiusdem:

“1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos con esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.”.

De allí que la Corte podrá, por un lado, dictar sentencia definitiva sobre el fondo de la controversia, disponiendo que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad que ha sido conculcada, como bien se establece en el numeral 1 del artículo 63 eusdem; pero igualmente la Corte podrá dictar providencias cautelares para evitar daños irreparables a las personas, según lo establece el numeral 2 del artículo 63 eusdem.

En cuanto a la relación existente entre las potestades de la Corte, con el derecho interno de cada Estado, se ha señalado que ese artículo no condiciona las disposiciones de la Corte a la eficacia de los instrumentos de reparación existentes en el derecho interno del Estado parte responsable de la infracción, de manera que aquélla no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con independencia del mismo.

A su vez, el artículo 68 numeral 1 establece que los Estados Partes de la Convención se comprometerán a cumplir la decisión de la Corte, por lo que “no pueden modificar sus efectos, menos aún suspender su cumplimiento invocando las normas de su derecho interno” (caso Aloeboetoe), sino que debe acatar lo decidido y ejecutarlo de buena fe. Cuando en el fallo se disponga una indemnización al lesionado, según el artículo 68 numeral 2 de la convención, este se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de la sentencia contra el Estado, es decir, que la Corte efectúa una remisión hacia el derecho interno del Estado responsable, con el único fin de garantizar la efectividad de sus pronunciamientos.

La reparación de los efectos que pueden sobrevenir al incumplimiento de las sentencias de la Corte, hasta ahora han sido analizados desde un ángulo compensatorio de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que comporta toda violación a cualesquiera de los derechos humanos protegidos, sin perjuicio, claro está, de la obligación de cumplimiento específico de lo originalmente pactado, que subsiste hacia el futuro para el Estado que haya violado el indicado orden convencional.

En cuanto a las consecuencias específicas de la violación de la Convención, la Corte, citando en auxilio los fallos en el caso de la Fabrica de Chorzow y en el de la Reparación de daños sufridos por el Servicio de las Naciones Unidas, ha precisado lo siguiente:

a. Toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente.

b. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en el restablecimiento de la situación anterior (a la violación de la Convención), la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral.

c. Que la indemnización, por su parte, constituye la forma más usual para reparar los daños producidos por la violación de una obligación internacional.

d. Que la expresión justa indemnización, que utiliza el artículo 63.1 de la Convención, es compensatoria y no sancionatoria, en virtud del estado actual del Derecho Internacional.

Asimismo, estableció la Corte que en lo relativo a los daños materiales susceptibles de indemnización, debe acogerse el principio general según el cual éstos comprenden tanto el daño emergente como el lucro cesante. Refiriéndose también a su evaluación, expresó que debía efectuarse sin rigidez, y mediante una apreciación prudente de los daños, vistas las circunstancias de cada caso. Así, por ejemplo, en las indemnizaciones por asesinatos, se toman en cuenta los ingresos que pudo haber obtenido la víctima a lo largo de su vida laboral, relacionándolos luego con las expectativas de sus familiares dependientes para obtener ingresos propios.

En lo referente al daño moral, también ha sostenido la Corte que “es resarcible; y que en los casos de violación de los derechos humanos, su liquidación debe ajustarse a los principios de equidad”.

TSJ-LOGO

Sentencia: 380 de fecha 05 de Junio de 2015
Tema: Bienes
Materia: Derecho Procesal Penal Militar
Asunto: La Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela no puede ser propietaria de bienes Leer el resto de esta entrada »

Para ser delito, la acción típica debe ser antijurídica. Según Beling, esto no ocurre siempre y, por lo tanto, es necesario distinguir entre la tipicidad y la antijuricidad. Esta la concibe de modo meramente formal, como relación de contrariedad con el Ordenamiento jurídico; la acción antijurídica es la acción incorrecta en sentido jurídico. Partiendo de la concepción del Derecho como poder heterónomo (als heteronome Lebensmacht), aquel autor consideraba que el requisito de la antijuricidad de la acción no debe sustituirse por otros elementos extra-jurídicos, ni por consideraciones subjetivas como la dañosidad o la peligrosidad social, la contradicción con la cultura, o la inmoralidad. Y tampoco puede ser entendido en estos sentidos.  Pese a reconocer que normalmente el delito es una acción socialmente dañosa o peligrosa, Beling consideraba que esto no es algo conceptualmente necesario y que la toma en consideración de aquellos parámetros, además de suponer una confusión entre el ideal de la legislación y la esencia del producto legislativo, hace desaparecer la necesaria seguridad en la determinación de las acciones delictivas. Igual que ocurría con la tipicidad, el concepto de antijuricidad que propone es un concepto esencialmente formal. Beling no admite que pueda sustituirse por un concepto material, ni que dependa de consideraciones materiales que se añadan al aspecto formal. La perspectiva que adopta es meramente inductiva: se limita a afirmar que la acción punible debe ser una acción antijurídica, y que cuando el Estado declara punible una acción expresa del modo más decidido posible que no la aprueba y que contradice el Ordenamiento jurídico. Se pone así de manifiesto la influencia del método positivista en su construcción dogmática y la importancia que este autor concedía a la seguridad jurídica.

Aunque Beling admitía que en la punibilidad reconocemos inductivamente la antijuricidad, consideraba que, desde el punto de vista lógico, la antijuricidad es el prius y la punibilidad el posterius y, por lo tanto, la punibilidad no puede afirmarse hasta que no hayamos determinado la antijuricidad de la acción. Desde esta perspectiva, Beling aborda la cuestión que Frank y otros autores habían suscitado sobre si la antijuricidad debía entenderse como un elemento positivo del concepto de delito, o su ausencia debía entenderse como un elemento negativo. Beling considera que, desde un punto de vista lógico, es lo mismo afirmar que no concurre una acción punible cuando el hecho no es antijurídico, que afirmar que sólo se da una acción punible cuando el hecho es antijurídico. Entre ambas afirmaciones no hay una diferencia objetiva. Desde la perspectiva del Derecho material no se deriva ninguna consecuencia de concebir la ausencia de antijuricidad como un elemento negativo. Sólo en el ámbito del Derecho procesal puede tener alguna relevancia esta cuestión, lo cual es incluso discutible en el Derecho procesal penal. Ya se trate de elementos constitutivos del delito de carácter “positivo” o “negativo”, el supuesto de hecho que se imputa al procesado siempre debe ser probado de forma positiva. Por esta razón, Beling afirma que la concepción de la antijuricidad como condición negativa no se distingue en nada de su concepción como condición positiva. En su opinión, cuando Frank considera que la antijuricidad no pertenece al concepto de delito y su ausencia es un elemento negativo del supuesto de hecho, mezcla la cuestión relativa a la consideración de la antijuricidad como presupuesto necesario para la existencia de un delito, y la cuestión relativa a la necesidad de que concurran otros presupuestos especiales, además de los previstos en el tipo, para afirmar la antijuricidad de la conducta. En relación con esta última cuestión, Beling admite que cuando la ley penal no destaca expressis verbis el elemento de la antijuricidad (v. gr. en los delitos de homicidio), la punibilidad de la conducta se da, en principio, por sobrentendida, de modo que la acción sólo dejará de ser punible cuando concurran circunstancias especiales que excluyen la antijuricidad. Sin embargo, esto no es obstáculo para que resulte necesario concebir el delito como acción antijurídica y sea correcto afirmar, de forma abreviada, que “el delito es injusto”. Lo que Beling rechaza es la opinión de aquellos autores que consideran que, desde el punto de vista sustantivo, la esencia del delito es el “injusto”. Esto ha llevado a considerar que el Derecho penal es, por decirlo de algún modo, un fragmento de un gran “Derecho del injusto” (“Unrechtsrecht”) y la teoría del Derecho penal debe partir de la cuestión previa acerca de lo que puede ser “injusto”, esto es, de si sólo puede ser “injusto” la acción del hombre, o también pueden serlo estados y sucesos que no constituyan acciones. Frente a este tipo de planteamientos que parten de la consideración del injusto como algo sustantivo, Beling afirma que para la construcción del concepto de delito es indiferente si un estado, o sucesos que no constituyen acciones, pueden designarse per se como antijurídicos. Lo único que importa es determinar cuándo puede designarse una acción como antijurídica; sólo dentro de este contexto cabe preguntarse si la consideración de una acción como antijurídica debe fijarse únicamente en la propia acción o también puede fijarse en el “estado antijurídico” al que aquélla se dirige. En relación con esta cuestión, Beling reconoce que para determinar si alguien ha cometido un delito sólo interesa un aspecto de la teoría de la antijuricidad: aquel que hace referencia a la antijuricidad de la actuación del hombre, la antinormatividad, la antijuricidad “subjetiva”. Pero también con relación a un estado o un suceso que no constituye una acción puede decirse –y el propio Derecho positivo lo hace– que es antijurídico y, en ocasiones, es a partir de esta antijuricidad “objetiva” como se obtiene, por vía interpretativa, la norma relativa a la acción que produce o se dirige a la producción de aquel estado. En este sentido, Beling distinguía entre, por un lado, las “normas directas”, que declaran inadmisible la acción que caracterizan, y, por otro lado, las “normas o proposiciones mediatas”, que se refieren a meros estados o sucesos inadmisibles sin definir más exactamente la propia acción, de modo que es inadmisible toda acción que se presenta en una relación causal con aquél. En cualquier caso, lo que Beling subraya es que no debe perderse de vista el carácter adjetivo del injusto y que no es la causalidad, sino un juicio jurídico de valor (ein juristisches Werturteil) lo que determina el carácter de un hecho como “injusto”. Leer el resto de esta entrada »