El Presidente Maduro mediante Decreto 2.367 del 7 de julio de 2016 designo al General en Jefe Wladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional (CEO), para la Jefatura del Órgano Superior del Comando para el Abastecimiento Soberano y a cargo de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano y Seguro, con lo que asume el control de la distribución y producción de alimentos y medicinas en todo el territorio nacional, lo que violenta nuevamente el orden constitucional y legal, pues esta materia corresponde exclusivamente a las autoridades civiles conforme a la Constitución, la Ley Orgánica de Seguridad Agroalimentaria, la Ley de Precios Justos y la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Para esta designación el señalado Decreto se fundamenta en una unión cívico militar, inexistente jurídicamente, y convierte a la seguridad alimentaria y la seguridad ciudadana y la corresponsabilidad del Estado y la sociedad civil respecto de la seguridad de la nación, en materia de defensa militar, contrariando expresamente los artículos 299, 301, 306, 326, 329 y 332 de la Carta Magna, para lo cual se basa en el inconstitucional Decreto N° 2. 323 de fecha 13 de mayo de 2016, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica, en Consejo de Ministros, que fue legalmente rechazado por la Asamblea Nacional, conforme las estipulaciones de la Ley Orgánica de Estados de Excepción.

Con este Decreto de designación de la autoridad y de la creación de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, se evidencia un absoluto predominio del estamento militar en la configuración de la Administración Pública, al que se le atribuyen posiciones de jerarquía superior por encima de los órganos administrativos, en contradicción con el principio republicano de la sujeción del poder militar al poder civil, que ha sido consagrado en Venezuela desde 1811. Además se observa la utilización de estructuras militares, como Comando, Jefatura de Órgano Superior, Comandos Regionales, Unidades de Apoyo y de Estrategia, así como del léxico militar para definir los órganos de supervisión y operación de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano y Seguro, lo que pone de manifiesto la creciente militarización de la Administración Pública en el organigrama del Estado.

Además de lo anterior, dada la condición de Jefe del Órgano Superior del Comando para el Abastecimiento Soberano del que se inviste al General Wladimir Padrino López, como Ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional (CEO), el gabinete ministerial y las autoridades regionales, le están subordinados. Este sometimiento directo de la Administración Pública a Jefes Militares viola el principio constitucional que consagra a Venezuela como un Estado Democrático, por cuanto la soberanía popular no eligió mediante el sufragio a los miembros de la FAN para que ejercieran las funciones de gobierno, sino que encargo éste de manera intransferible a los órganos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, por lo que la responsabilidad del Presidente de la República, de los Gobernadores y Alcaldes, ninguno de los cuales puede ser militar activo, no puede ser suplida ni usurpada por funcionarios militares por muy alto rango militar que posean. Por lo tanto, la competencia que la Constitución otorga expresamente al Poder Público Nacional, de establecer las políticas nacionales y dictar la legislación en materia de seguridad alimentaria, conforme al artículo 156 numeral 26 de la Constitución, queda ahora bajo el control del estamento militar.

Esta subordinación de la Administración Pública a la FAN, es mucho más grave si se tiene en cuenta que el Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de su Sala Constitucional, desconoció y suprimió el ejercicio directo de la función de control, y la función de control misma, que la Constitución atribuye expresamente en su artículo 222 a la Asamblea Nacional sobre la acciones y omisiones de la FAN, con lo cual la soberanía popular, por órgano de sus representantes en dicha Asamblea, no podrá tomar conocimiento ni recibir cuentas de la actividad que desarrollen los funcionarios militares.

La Carta Magna ha establecido que son las autoridades electas democráticamente las que determinen las condiciones de existencia y las posibilidades de actuación de las FAN. Es la Constitución la que fija el ámbito de actuación de la FAN, y en el artículo 328 se dispone el perfil, características y actuaciones de la FAN. La regla general es el mantenimiento de ellas en sus  sedes militares  y las posibilidades de actuación son: la guerra y la seguridad nacional.

Por ello, no cabe duda que, la militarización de la Administración Pública, constituye una usurpación de funciones civiles, y por otro lado, la ausencia de controles sobre las actuaciones del estamento militar y la sustitución de civiles por fuerzas militares, que actúan sin ningún tipo de controles en el aparato ejecutivo y administrativo del Estado, han propiciado actos de corrupción, concretamente en programas de alimentación, así como de narcotráfico y de violación de derechos humanos, por el abuso del poder militar en el ejercicio de funciones civiles.

Cabe señalar que la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana establece una división territorial que prácticamente militariza al país, mediante los niveles jerárquicos que se solapan a los de los Estados y Municipios, como las regiones estratégicas de defensa, las zonas operativas de defensa y los distritos de defensa. De esta forma, se desaloja al área civil de su entorno natural de gobierno, sustituyéndolo de manera ilegítima e inconstitucional por autoridades militares; lo que hace verdaderamente inocuo la elección de Gobernadores y Alcaldes.

Esta militarización se observa, una vez más, con la estructura establecida para la Gran Misión de Abastecimiento Soberano y Seguro, bajo Comando Militar, que puede adoptar medidas tan decisivas para el pleno ejercicio de los derechos económicos y sociales como, directrices y regulaciones sobre compras, comercialización y distribución; financiamiento al sector productivo primario y al sector industrial; mecanismos especiales de financiamiento; normas especiales de control y cumplimiento de deberes formales por parte de productores agrícolas, sujetos de la agroindustria y de las industrias vinculadas al sector salud, y a la producción de bienes para el higiene personal y aseo del hogar; simplificación y agilización de trámites administrativos para la procura y nacionalización de productos estratégicos para los sectores antes mencionados. Medidas estas que en gran parte suponen restricciones a garantías constitucionales.

Por todo lo anterior, sostenemos que se ha producido una alteración de la estructura constitucional del Estado y la clara usurpación de funciones que vienen ejerciendo las autoridades militares, basados en un Decreto de Emergencia Económica, manifiestamente inconstitucional y que desatiende las recomendaciones que formulara la Asamblea Nacional y que ilegalmente ha sido nuevamente prorrogado, lo que demuestra que la crisis económica y social persiste y que en nada ha servido ese Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica para su solución. Leer el resto de esta entrada »

La relación entre la dogmática jurídico-penal y la política está opacada porque es demasiado estrecha, dado que un discurso jurídico-penal bien estructurado no es otra cosa que un programa político elaborado con precisión pocas veces insta. El poder judicial es un poder (hace parte) del gobierno. Cada decisión judicial (y no sólo de materia constitucional) es un acto de gobierno de características particulares, pero que no por ello desdibujan su naturaleza.

Un discurso jurídico-penal es una elaboración intelectual que se le ofrece al poder judicial como proyecto de jurisprudencia coherente y no contradictoria, adecuado a las leyes vigentes (a las constitucionales e internacionales en primer lugar). Es en sí mismo una propuesta o programa político.

Se opaca la naturaleza política de los discursos jurídico-penales ante todo, porque estamos demasiado inmersos en la elaboración de las consecuencias de las opciones políticas básicas en que se asientan (los árboles nos dificultan la visión del bosque), pero también porque no suelen ofrecerse directamente a los jueces, pues-ante todo- son un producto académico destinado al entrenamiento de los juristas, por lo cual, a veces sólo mediatamente y al cabo de una generación penetran la jurisprudencia, lo que casi nunca logran de modo completo, pues en la jurisprudencia sobreviven discursos anteriores.

Puede decirse que llegó a ser dominante en la jurisprudencia alemana el discurso del neokantismo, pero el finalismo no alcanzó esa vigencia y hoy domina un pragmatismo clasificador, sin que tengan mayor incidencia las construcciones sistémicas. En Latinoamérica existe una permeabilidad más ágil, debido a la frecuencia del doble rol judicial y académico. Por último, los discursos jurídico-penales son textos escritos que configuran una literatura especializada, que como toda literatura, se dirige a un público al que trata de complacer, pero que en este caso se compone fundamentalmente de académicos, entre los cuales domina la preferencia por los aspectos técnicos. En la literatura general constituye un vicio escribir para los críticos, pero en la jurídico-penal está impuesto por la naturaleza de las cosas. Leer el resto de esta entrada »

En Venezuela la competencia en el área urbanística ha venido girando en torno al Poder Nacional y al Municipal. Esto significa que son actividades compartidas por ambos niveles de Poder Público o lo que se denomina como competencias concurrentes.

Efectivamente, de un examen al Texto Fundamental, se evidencia que corresponde al Poder Nacional el establecimiento, coordinación y unificación de normas y procedimientos técnicos de obras de ingeniería, de arquitectura y de urbanismo, y la legislación sobre ordenación urbanística.

En el campo legislativo, se aprobó la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOU, 1987); establece dos tipos de autoridades desde la perspectiva territorial. La primera se refiere al ámbito nacional, donde comparten roles el Ejecutivo Nacional, hoy por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, dada la sustitución hecha hace algunos años del Ministerio para el Desarrollo Urbano.

También es declarado como el órgano de las políticas y ejecutorias de la legislación sobre vivienda dictada por el Poder nacional.

La Asamblea Nacional,  tiene a su cargo la legislación nacional sobre urbanismo, como se acotó sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El Poder Judicial, por órgano de los tribunales civiles y contenciosos administrativos, para el control de la legalidad y constitucionalidad de los actos dictados por las distintas autoridades en el ejercicio de la materia urbanística, sin perjuicio de responsabilidades de otra naturaleza.

Por su parte, al Poder Municipal – como segundo tipo de autoridades a las que se menciona en la LOU – el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asignen la Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierna a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la promoción de la participación y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad, siendo uno de los más relevantes, la Ordenación Urbanística.

El Municipio, a través de ordenanzas, ha venido legislando sobre la materia a su cargo; en algunos casos aprueban normas que regulan aspectos como el desarrollo urbano local (PDUL), la zonificación, procedimientos urbanísticos (generalmente denominadas Ordenanza de Urbanismo, Arquitectura y Construcciones o sobre Construcciones Ilegales), tributarios urbanísticos (Ordenanza de Impuesto sobre Inmuebles Urbanos, Ordenanza sobre Contribuciones Especiales por Mejoras o por Incremento de Intensidad de Uso Urbanístico), entre otras.

Para el ámbito local esta es una competencia de vital importancia, puesto que de allí se generan gran cantidad de asuntos de interés local, como el catastro, control urbanístico, arrendamientos inmobiliarios, transporte y tránsito terrestre, tributación, servicios públicos; ya que interactúan estrechamente para el desempeño del quehacer diario en la vida municipal.

El urbanismo en el municipio también mantiene vinculación con otras competencias nacionales o estadales que permiten la vida en sociedad.

A la Alcaldía le corresponde conocer sobre todos los asuntos de índole administrativa derivados del urbanismo, tales como consultas preliminares, recursos jerárquicos, variables urbanas fundamentales, entre otros.

Para ello las ordenanzas suelen establecer dependencias que gestionan esas competencias; este es el caso de las llamadas Direcciones de Ingeniería Municipal, Oficinas Locales de Planeamiento Urbano, entre otras.

En otra oportunidad se tocarán otros tópicos relacionados con el Tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.

Leer el resto de esta entrada »

En la Gaceta Oficial de fecha 22 de julio de 2016 aparece publicada la Resolución N° 9855 emanada del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, en la que se establece el denominado “préstamo forzoso u obligatorio de trabajadores”, el cual puede ser acordado por el Gobierno Nacional dentro del marco del prorrogado e inconstitucional Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. En otras palabras, el Gobierno Nacional puede decidir “insertar temporalmente” trabajadores de una empresa en otra que esté en proceso de reactivación productiva del proceso agroalimentario; es decir, todas las empresas tienen ahora la obligación de prestar sus trabajadores cuando le sean requeridos por el Gobierno.

Esta Resolución trae implicaciones muy serias y graves para el sector productivo, más allá de su carácter inconstitucional e ilegal, al violentar principios y normas de rango constitucional, derechos humanos y Tratados Internacionales en materia laboral, entre otros instrumentos jurídicos, que califican evidentemente al país como desconocedor de estos Derechos Humanos, como mas adelante explicaremos.

De esta insólita Resolución Ministerial se puede extraer que si una empresa se encuentra en proceso de reactivación económica para la seguridad agroalimentaria bajo la conducción del Gobierno y requiere de cualquier número de trabajadores para lograr este fin, el ente gubernamental puede pedir o requerir de cualquier otra empresa del sector agroalimentario el préstamo temporal de esos trabajadores para ser reinsertados temporalmente en la empresa objeto de las medidas especiales para fortalecer su producción, aplicándose por lo tanto solamente a las empresas de naturaleza agroindustriales. Estos trabajadores reinsertados o “dados en préstamo” gozarán de inamovilidad laboral, cuya duración se establece por sesenta días, prorrogables por igual lapso, si las circunstancias lo ameritan a juicio del Gobierno, conservando el mismo salario obtenido en la empresa de origen, lo que es verdaderamente criticable pues las condiciones  y beneficios laborales de trabajar en una empresa van mucho más allá del salario neto, pues incluye los propios términos contractuales, muchas veces ampliados por Convenciones Colectivas, y aspectos subjetivos importantes como el ambiente de trabajo, relaciones interpersonales laborales y cultura de trabajo,  lo que ese “préstamo forzoso de trabajadores” atenta contra las más grandes e históricas reivindicaciones logradas por la clase trabajadora.

A nuestro juicio, esta Resolución es inconstitucional por sí misma, ya que no sólo violenta derechos como la libertad de empresa, pues priva a la empresa de manera forzosa de sus trabajadores incidiendo lógicamente en su capacidad productiva, sino que también desconoce derechos de los trabajadores, que llegan a vulnerar su propia dignidad humana, pues los mismos son tomados como simples objetos que pueden ser cambiados a potestad del gobierno; esto es, viola la libertad del trabajo. Lo más grave a nuestro juicio es que esa abominable Resolución establece un caso de esclavitud y servidumbre expresamente prohibidos por la Carta Fundamental y en instrumentos de carácter internacional que son ley de la República, concretamente en el artículo 54 de la Constitución, pues no se consagra en dicha Resolución que el trabajador pueda dar su consentimiento para llevar a cabo tal préstamo empresarial, lo que lógicamente le imprime su carácter de forzoso y su connotación evidente de servidumbre o de esclavitud.

En consecuencia, esta Resolución establece un sistema de movilización obligatoria de trabajadores de una empresa a otra, donde la voluntad del trabajador ha sido anulada, violándose así el libre albedrío de la persona humana, ya que nadie puede ser obligado a trabajar en un sitio que no desea. Además consagra una visión de los trabajadores como inventario, es decir, al proponer que los trabajadores de una empresa pueden ser movilizados a otra sin considerar que se puedan afectar sus propios procesos productivos, lo que implica obviamente el desconocer cómo funciona una empresa, por cuanto cada trabajador está contratado porque hace un aporte específico al proceso productivo. Lo más grave es que consagra el “trabajo forzoso”, prohibido expresamente en la Convención 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al considerar que el trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo  bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Entonces forzar el desplazamiento de trabajadores de una empresa a otra, sin que medie la voluntad del trabajador, es colocarnos nuevamente en la época superada del esclavismo.

Por otra parte, podemos indicar que nuestra economía está sometida a una fuerte dosis de planificación centralizada, en especial el sector agroalimentario: controles de precio, controles de cambio, monopolio de las importaciones por parte del gobierno, autorizaciones previas para la movilización de productos, entre otras medidas, que inciden y que están perjudicando notablemente la producción nacional de alimentos, por lo que esta medida de movilización o inserción forzada de trabajadores se suma peligrosamente a estas medidas, cuando lo que necesitamos urgentemente es desmontar este sistema de políticas económicas que ha generado una asfixia a la producción en Venezuela. Leer el resto de esta entrada »

La desvinculación entre el discurso jurídico-penal y la política pone en serio peligro a la dogmática jurídico-penal como método, con consecuencias imprevisibles y siempre negativas:

  1. Como el discurso teórico no toma en cuenta sus efectos sociales reales (y pueden construirse tantos discursos como sociedades, legisladores e intérpretes se alucinen), el método jurídico, en lugar de hacer previsibles las decisiones judiciales, proporciona un inagotable caudal de desconcertantes posibilidades y permite la racionalización de cualquier decisión, mediante el uso antojadizo de discursos diferentes, abriendo el camino a la arbitrariedad judicial.
  2. La discusión jurídico-penal por momentos parece caer en autismo. Cuando se simplifica y se vacía de sentido político la discusión teórica, pareciera que los principales debates de la dogmática jurídico-penal del siglo XX se limitaron a discutir en los primeros años si la culpabilidad es una relación psicológica o un juicio de reproche; a mediados del siglo, si el dolo está en el tipo, en la culpabilidad o en ambos lugares; y a fines de éste si el criterio de imputación objetiva debe ser el aumento del riesgo o la defraudación de roles. El simplismo de este reduccionismo se halla muy cerca del ridículo que, como es sabido, es el medio más insidioso para desacreditar el saber jurídico, o sea, la inmensa tarea de elaboración dogmática llevada a cabo en los últimos cien años y que de ningún modo puede desperdiciar quien pretenda reducir racionalmente el ejercicio del poder punitivo.
  3. La verificación de lo anterior debilita la vigencia del propio método, con el riesgo de que se apele a su desprecio y consiguiente caída en cualquier irracionalidad (puro discurso político sin mediación técnica; lo que llamaremos alienación técnica del discurso).
  4. En cualquier momento es peligroso el naufragio del método jurídico-penal, pero mucho más cuando es notorio que la Kielerschule fue sólo un episodio anecdótico en el curso de un simplismo penal volkisch permanente, que sólo espera las oportunidades que le ofrece el debilitamiento de la racionalidadcontentora del Estado de derecho, harto frecuente en tiempos de globalización.

Leer el resto de esta entrada »

La Comisión Central es un órgano nacional concebido como la cúspide el Sistema de Planificación en Venezuela, aun cuando en la escala jerárquica se encuentra el Presidente de la República; posee carácter permanente, siendo creada para el seguimiento del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Plan de la Patria).

Durante la habilitación legislativa otorgada al Presidente de la República se aprobó reformar la Ley de Planificación Pública y Popular vigente desde el año 2010, la cual – a su vez – sustituyó al Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Planificación (2001).

Ello se hizo a través del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (DLOPPP, 2014); en este instrumento legal se establece el Sistema Nacional de Planificación, del cual forman parte los municipios, por lo que nace una vinculación con la Comisión Central de Planificación

Preside este organismo el Vicepresidente Ejecutivo de la República, acompañado por los Vicepresidentes Sectoriales, el Ministro con competencia en materia de Planificación y demás personas que designe el Presidente de la República.

Contará con una Secretaría Ejecutiva designada por el Presidente de la República mediante decreto.

Tiene asignado, entre otras:

  1. Elaborar los lineamientos estratégicos, políticas y planes a ser presentados al Presidente de la República, como hacer seguimiento de los aprobados.
  2. Controlar que los órganos y entes actúen conforme lo indicado por la Comisión.
  3. Elaborar el mapa central de la estructura económica nacional tanto en lo público como en el sector privado.
  4. Crear las comisiones para el cumplimiento de sus fines y designar sus integrantes.
  5. Planificar, conducir, evaluar y supervisar las actividades de formación en materia de planificación
  6. Rendir informes al Presidente de la República sobre sus actuaciones.
  7. Las demás que les asigne el Presidente de la República mediante decreto.

El Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación tiene por objeto establecer el marco normativo para lo referente en el área de planificación, organización, control y supervisión de la Administración Pública; los ámbitos de actuación, desde una perspectiva funcional, son lo político, social, económico, político territorial, seguridad y defensa, científico y tecnológico, cultural, educativo y las que le establezca el Presidente de la República.

La Comisión, por cuanto tiene como premisa la planificación centralizada, le impone a los órganos y entes públicos la obligatoriedad de regirse – en materia de planificación – por sus lineamientos, no pudiendo servir como obstáculo la personalidad jurídica, patrimonio propio ni autonomía, por mandato de su instrumento de creación.

Por otra parte, tanto las personas naturales como jurídicas del sector privado deben suministrar la información que le sea requerida so pena de sanción, la cual será impuesta por el Contralor General de la República a instancia de la Comisión.

De igual manera, le confiere amplias facultades de auditoría e inspección pudiendo apoyarse por los organismos especializados competentes y sin perjuicio de lo previsto en materia de contraloría y control fiscal.

Acerca de la planificación a nivel municipal, el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (DLOPPP, 2014), establece que sus procesos de planificación deberán articularse con el ministerio con competencia en materia de planificación, a efectos de garantizar la coherencia de los planes espaciales y sectoriales, viabilidad, sincronización temporal de metas y estrategias con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, lo que se conoce actualmente como Plan de la Patria, así como los derivados de éste en las distintas escalas territoriales.

Ahora bien, cabe preguntarse, – ¿cómo es el proceso de planificación en lo atinente al ámbito local?

La respuesta la brinda el DLOPP

En primer término se asigna a los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP), en concordancia con la reforma hecha a la ley que los regula del año 2015, diseñar el Plan Municipal de Desarrollo garantizando la participación ciudadana en todas sus etapas: formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control.

El Plan Municipal de Desarrollo, de acuerdo con la LOPPP en concordancia con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010), es el instrumento de gobierno que le permite al nivel local establecer los proyectos, objetivos, medidas, metas, acciones y recursos, con miras a la realización de sus competencias, especialmente las de naturaleza concurrente con los otros niveles territoriales y descentralizados. Deberá contemplar la ordenación y promoción de su desarrollo económico y social que incentive el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad municipal.

La ejecución se efectúa mediante los órganos y entes municipales siguiendo los denominados Medios de Gestión previstos por la LOPPM, pudiendo hacerlo de manera directa, creación de mancomunidades, fundaciones municipales, empresas exclusivas o mixtas, concesiones, entre otros; procurando – en lo posible – la participación comunitaria organizada como principio cardinal, siguiendo los principios fundamentales en los primeros capítulos de este instrumento legal.

Existen en el ámbito local otros planes propios de él, como el denominado Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), el cual se corresponde con los lineamientos urbanísticos, que contendrá la clasificación de los suelos, espacios libres y de equipamiento, entre otros aspectos.

Se sugiere al lector dar un vistazo a otros artículos de mi autoría denominados “De la Organización y Gestión Municipal”, “De la competencias municipales”, “De los Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas en su ley del año 2010 “, “Los Consejos Comunales según su Ley Orgánica del año 2009”, “Medios de Gestión Municipal”, “De los Medios de Participación Ciudadana”, “Municipio y Planificación, “Municipio y reforma habilitante del año 2014 Ley Orgánica de Administración Pública”, “Municipio y reforma habilitante del año 2014 Ley Orgánica de Gestión Comunitaria”, “Municipio y Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socio Productivo”, “Ley de Misiones, Grandes Misiones y Micro Misiones”, “El Consejo Federal de Gobierno”, “El Fondo de Compensación Interterritorial”, “El Distrito Capital”, “El Distrito del Alto Apure” “El Área Metropolitana de Caracas”, “Municipio y Ordenación Territorial”, “La Autonomía Municipal”, “Cogestión y Autogestión”, “La Función de Planificación en el Municipio”, “La Función de Control en el Municipio”, “La Función Legislativa en el Municipio”, “El Alcalde”, “El Concejo Municipal” “Los Concejales”, “Municipio y Participación Ciudadana”, “Medios de Participación Ciudadana”, “Municipio y reforma habilitante 2014 Ley Orgánica de la Administración Pública”,  entre otros, los cuales se encuentran publicados en http://www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

El país se construye desde sus municipios.

Diariamente vemos en medios de comunicación nacional e internacional constantes señalamientos que colocan a Venezuela como el país con el peor crecimiento del mundo y con la peor rata de inflación, el segundo país del mundo con el mayor porcentaje de crímenes y de mortalidad infantil en hospitales públicos y cuya moneda ha perdido desde 2012, el 90% de su valor, además ubicándose al país, como el noveno país más corrupto del mundo; es decir, un verdadero colapso económico y social en el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo.

Por vía de ejemplo, citamos el Editorial del Diario español La Razón, del 22 de mayo de 2016, que en su página 3 se dedica a explicar la catastrófica situación política, social y económica que atraviesa Venezuela y en este sentido expresa textualmente lo siguiente: “largo e insidioso proceso que ha llevado a la principal potencia petrolera americana a una caricatura fiel de las dictaduras bananeras. Porque, y es importante recalcarlo, Venezuela no ha llegado a donde está de la noche a la mañana. Décadas de demagogia y de populismo, de políticas clientelares regadas con las divisas del petróleo, de retórica izquierdista y estatización de la economía, de militarismo y  exclusión del discrepante, de aferrarse al voluntarismo frente a la realidad, han dejado un país en el que toda desgracia encuentra asiento. Venezuela es hoy un lugar en el  que la gente sin mayores recursos pasa literalmente hambre, en el que la violencia y los homicidios alcanzan tazas de un país en guerra civil, cada vez más corrompido por el narcotráfico, con las instituciones del Estado cooptadas por el partido en el poder, las estructuras productivas hundidas y gobernados por un trasunto orweliano que ve conspiraciones, complots magnicidas y amenazas extranjeras donde solo hay hartazgo de tanta mentira, reclamos de libertad y exigencias de una política económica y monetaria basada en la ciencia del mercado y no en la ideología redentorista. Los venezolanos padecen las consecuencias de la colusión de la ineficacia de sus gobernantes, la corrupción de la nomenclatura del régimen y el colapso de las instituciones”.

Sobre ese colapso de las instituciones es que vamos a referirnos en esta oportunidad, cuando celebramos el Día de los hombres y mujeres del Derecho, la Jurisprudencia y la Legislación, esto es, el Día del Abogado, que hoy celebramos nacionalmente en honor a un prócer de esta tierra trujillana, el Doctor José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla, o más republicanamente, Cristóbal Mendoza, como bien lo apunta el historiador Guillermo Morón, nacido en la ciudad de Trujillo el 23 de junio de 1772,  fue el Primer Presidente Constitucional de Venezuela, además quien propusiera al Cabildo Abierto celebrado en Caracas el 14 de octubre de 1813 que se le otorgue a Simón Bolívar el título de Libertador, y Bolívar al referirse a  nuestro Cristóbal Mendoza lo llamo “modelo de virtud y bondad útil”, por su vida austera, honrada, de una probidad sin mancha y en repuesta a una carta el Libertador le expresa:” Un sabio nunca muere, pues no hace otra cosa que mejorar de carrera”.

Volviendo al tema que nos atañe en esta hermosa mañana, tenemos que señalar que a la catastrófica situación política, económica y social  que atraviesa Venezuela, que ciertamente no se ha producido de la noche a la mañana, sino que es un desastre hecho por el hombre, se agrega la terrible situación de las instituciones del país, que comenzaron a ser destruidas y demolidas desde el momento mismo en que se aprobó la Constitución de 1999, habiendo resultado la misma no ser más que un proyecto incumplido de Estado Constitucional, o bien como lo señala el jurista Allan Brewer-Carias en Conferencia pronunciada ante la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en Madrid el 23 de mayo de 2016, que da título a la misma: “ una promesa incumplida, es decir, una gran mentira, cuyo librito tanto han blandido los gobernantes, pero no para aplicarla, sino cada vez que la han violado”

Este mismo autor en su obra “Reflexiones sobre la Revolución Americana (1776), la Revolución Francesa (1789) y la Revolución Hispanoamericana (1810-1830) y sus aportaciones al constitucionalismo moderno” nos expresa que una Constitución, conforme a los principios del constitucionalismo moderno, para ser tal, debe ser un pacto de una sociedad formulada por el pueblo como promesa para ser cumplida por los gobernantes. Por ello, es que  consideramos que las Constituciones consagran en sí mismas su carácter de “norma suprema”, tal como lo hace nuestra Carta Magna en su artículo 7°, significando con ello que lo que se está consagrando es en realidad el principal derecho del ciudadano en una sociedad democrática, que es el derecho a la Constitución y a su supremacía; en otras palabras, el derecho a que la promesa que contiene, en términos de Brewer-Carias, y en el nuestro de proyecto, no pierda vigencia ni sea violada, a que no sea modificada o reformada sino solamente a través de los procedimientos establecidos en la propia Constitución, y además el derecho a poder controlar la constitucionalidad de todos los actos del Estado que sean contrarios a la Constitución.

En Venezuela en 1999, como resultado de un proceso constituyente que se llevo a cabo por una Asamblea Nacional Constituyente, para muchos mal conformada y peor estructurada, y para quienes es la causa remota de todo este colapso posterior, pues la misma estuvo conformada por 161 miembros, de los cuales apenas cuatro constituyentitas representaban la exigua minoría opositora y el resto totalmente dominada por los seguidores políticos del Presidente Hugo Chávez Frías,  se sanciono una Constitución con la finalidad y el compromiso de conformar un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, tal como se estableció en el artículo 2, con una forma federal y descentralizada, cimentado en tres aspectos: primero, un sistema de control del poder mediante su separación horizontal y  su distribución vertical, segundo, un sistema de gobierno democrático, con democracia representativa y participativa, que asegure y garantice la legitimidad democrática de la elección de los titulares de los órganos del Poder Público, y tercero, un sistema económico de economía mixta ajustado a principios de justicia social, basado en el principio de la libertad como opuesto al de economía dirigida, con la garantía de participación de la iniciativa privada  y del propio Estado como promotor del desarrollo económico y por ende regulador de la actividad económica.

La Constitución se aprobó mediante referendo en diciembre de 1999, pero inmediatamente comenzó a ser violada, incluso antes de su debida publicación,  pues se decretó por la propia Asamblea Nacional Constituyente, que ya había concluido sus funciones, un supuesto “Régimen Transitorio” no aprobado por el pueblo y el cual en muchos aspectos duró varios lustros, violando de entrada lo que se había prometido, para que no se pudiera cumplir, lo cual fue calificado, por Brewer-Carias, entre otros constitucionalistas, como un Golpe de Estado.

Este es el inicio de un régimen constitucional que en definitiva fue establecido para no resultar cumplido, pues a nuestro juicio, pasados que han sido tres lustros desde que se sancionó, nada de lo que consagró en su texto se ha cumplido, al punto de podérsela considerar como la Constitución mas violada y vulnerada, incluso antes de su publicación, dentro del constitucionalismo moderno o contemporáneo.

En este sentido, sin lugar a dudas consideramos que esta Constitución de 1999, es un “proyecto incumplido de Estado Constitucional” primordialmente por cuatro aspectos resaltantes y esenciales: primero, en lo que se refiere al establecimiento de un régimen político democrático y representativo, que no se ha logrado; segundo, el establecimiento de un Estado democrático de Derecho y de Justicia, lo que no sucedió; tercero, la no consolidación de un Estado federal y descentralizado, que todo lo contrario fue una forma de estado que se abandono absolutamente; y cuarto, el establecimiento de un Estado Social, que se convirtió en un deformado Estado populista, que ha empobrecido y ha hecho dependiente de una gigante e ineficiente burocracia a las personas de menos recursos, que hoy constituyen la grandísima mayoría de los habitantes del país y que sufren las mismas carencias o carestías.

Seguidamente trataremos de justificar solamente las dos primeras de estas afirmaciones, sobre la base de la realidad constitucional vivida desde la puesta en vigencia de la Constitución de 1999 y el actuar de los diferentes órganos del Poder Público, ello para no hacer muy extensa esta disertación y sin el ánimo de restar la importancia que tienen las restantes dos aseveraciones que acabamos de realizar.

En cuanto al incumplimiento constitucional del establecimiento de un régimen político, democrático, alternativo y participativo, es necesario señalar que el sistema de división del Poder Público que se estableció en la Constitución, no solo fue de los tradicionales tres Poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino que se agregaron a esos, el Poder Electoral, con su respetiva autoridad electoral, y el Poder Moral, con los órganos de control; cuyos titulares deben ser elegidos en forma directa o indirecta siguiendo los principios de la democracia representativa.

A este respecto, si bien en lo referente a la elección directa de los órganos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo a través de sufragio universal, directo y secreto, la misma se ha realizado en el país en los últimos años, aún con algunas vicisitudes y altibajos; pero en lo relativo a la elección indirecta de los titulares del Poder Judicial, Ciudadano y Electoral, que debía realizarse por la Asamblea Nacional como cuerpo elector de segundo grado, esa elección se ha efectuado violando la Constitución, sin la debida mayoría calificada exigida para el voto de los diputados y sin resguardarse la participación ciudadana en la postulación de los nominados.

Esta violación se produce desde un inicio con la inclusión del denominado “régimen transitorio” antes mencionado, a nuestro concepto para-constitucional de 1999, por el cual se comenzó a designar a esos altos funcionarios sin apego a la Constitución, cuyas normas sobre la materia siguieron violándose sistemáticamente mediante leyes dictadas en 2000,  en 2001 y 2004, respecto del Poder Ciudadano y Electoral, y a partir del año 2004 respecto al Tribunal Supremo de Justicia. Esta deformación legislativa, que el propio Tribunal Supremo de Justicia se negó a controlar, incluso condujo a la inconstitucional designación desde 2004, de los titulares del Consejo Nacional Electoral, no por la Asamblea Nacional como lo consagra la Constitución, sino por el propio Tribunal Supremo de Justicia, ya controlado por el Poder Ejecutivo. Posteriormente las inconstitucionales designaciones se repitieron en 2014 y más recientemente en diciembre de 2015, con la designación de los Magistrados del Tribunal Supremo por parte de la anterior Asamblea Nacional sin contar con la mayoría calificada de diputados, que constituye la garantía de su representatividad, y sin la debida participación de los diversos sectores de la sociedad nacional como lo exige la Constitución.

Además de esta violación a la representatividad democrática, se violó también la constitucional imposición de asegurar la participación ciudadana, lo cual se ha ratificado, con la violación al contenido del artículo 221 de la Constitución que impone a los órganos del Estado someter a la consulta popular los proyectos de ley. En efecto la Asamblea Nacional no hizo hasta el 2015 ninguna consulta popular sobre los proyectos de ley dictados en los últimos lustros, pero esta posibilidad de participación ciudadana se desvaneció totalmente por cuanto en ese período la Asamblea Nacional dejó simplemente de legislar y delegó al Poder Ejecutivo la legislación básica del país, a tal punto que se puede afirmar que más del noventa por ciento de las leyes vigentes han sido dictadas  por el Poder Ejecutivo a través de decretos leyes, que por supuesto nunca fue consultado el pueblo. La propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, controlada absolutamente por el Ejecutivo, en el año 2014 en fraude a la Constitución  por el incumplimiento a la obligación de participación ciudadana, estableció que esa participación ciudadana existía cuando la Asamblea Nacional legislara pero no cuando el Ejecutivo lo hiciera. Basta recordar, para reafirmar la descarada violación a la Constitución en esta materia, que entre el 28 y el 29 de diciembre del 2015, es decir, en solo dos días, la Asamblea Nacional que terminaba su período y el Presidente de la República, con la clara intención de privar a la nueva Asamblea Nacional que tomaba posesión el 5 de enero de 2016, dictaron más de 60 leyes, que solo luego de su publicación se pudo conocer su contenido y propósito.

Como observamos los postulados de la democracia participativa  establecidas en la Constitución, como son la participación ciudadana para el proceso de nominación de altos funcionarios de los Poderes Públicos, y la consulta popular de las leyes, han sido incumplidas y olvidadas y con ello la Constitución violada.

A estas flagrantes violaciones debemos agregar la absoluta resistencia del régimen de aceptar que el pueblo active los mecanismos de democracia directa previstos en la Constitución, con especial referencia, la figura del referendo revocatorio del mandato presidencial, que si bien es poco común en el constitucionalismo comparado, fue establecido en la Constitución como respuesta a la extensión del período del Presidente de la República a seis años, pudiendo convocarse por iniciativa popular una vez cumplido la mitad de ese período. Pero también esto ha resultado una falacia. El referendo revocatorio que ya se llevo a cabo en 2004, con su convocatoria para revocar el mandato del Presidente Chávez, que el Poder Electoral entrabó hasta la saciedad mediante el cuestionamiento de las más de tres millones y medio de firmas que en dos oportunidades lo solicitaron, de forma que cuando se pudo realizar finalmente, a pesar de que el mandato del Presidente fue revocado constitucionalmente pues votaron más electores para revocarlo que los que votaron para elegirlo, el Consejo Nacional Electoral, ya evidentemente controlado por el Poder Ejecutivo, en combinación con la Sala Constitucional, convirtieron al referendo revocatorio en un inexistente referendo “ratificatorio”, pasando luego, el gobierno a llevar a cabo el proceso de discriminación política más masivo de la historia, al publicar la lista de los peticionantes, que fueron más de tres millones, conocida como la lista Tascón, quienes quedaron excluidos fuera de toda posibilidad de entrar en contacto con la Administración Pública, hasta inclusive para poder sacar el documento de identidad y tener acceso a algunos programas sociales, y que hasta hoy día se mantienen sus perversos y nocivos efectos.

Esta situación la vemos repetida en estos momentos, pues a escasas semanas de haberse efectuado la petición popular para comenzar el proceso de convocatoria del referendo revocatorio del Presidente Nicolás Maduro, respaldada por más de dos millones de firmas, ya el Consejo Nacional Electoral ha iniciado el proceso de entrabamiento, siguiendo sumisamente las órdenes del Poder Ejecutivo que se resiste a aceptar que carece de respaldo popular.

Al lado de estas violaciones a los principios constitucionales de representatividad y participación, es obligatorio añadir otro incumplimiento del proyecto de Estado Constitucional, como lo es el absoluto abandono al rígido principio de carácter bicentenario de la alternabilidad republicana, para impedir la reelección sucesiva e ilimitada  de los gobernantes. Recordemos que el fallecido Presidente Chávez propuso su reforma constitucional en el 2007, para entre otras cuestiones, establecer la posibilidad de reelección indefinida, la cual sin embargo, fue rechazada popularmente mediante referendo, pero en total fraude a la voluntad popular, dos años después, Chávez logró la aprobación de una Enmienda Constitucional, y desde ese entonces Venezuela se encuentra inmersa en esa misma corriente continuista en que andan Ecuador y Bolivia, precisa y contradictoriamente al pensamiento del Libertador Simón Bolívar, cuya doctrina, conforme al artículo 1° de la Constitución, fundamentan el patrimonio moral de la República Bolivariana de Venezuela y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, quien ya en 1819 sostenía que “las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar de permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo”, tal como se contiene en la conocida y varias veces reeditada obra  titulada “Simón Bolívar, Escritos Fundamentales”, por Editoriales Monte Ávila.

Cabe agregar que lo más grave en este cambio de principio que  consagró la Constitución de 1999 en su artículo 6°, fue que de nuevo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, procedió a realizar una ilegitima y deliberada “mutuación” de la Constitución, lo cual ocurre, según el constitucionalista mexicano Salvador Nava Gomar, en su obra “Interpretación, mutuación y reforma de la Constitución, Tres extractos”, cuando se modifica el contenido de una norma constitucional de tal forma que aún cuando la misma conserva su contenido, recibe una significación diferente, pues en sentencia del 3 de febrero de 2009 la Sala Constitucional confunde deliberada y maliciosamente los términos “gobierno alternativo” con “gobierno electivo”.

Por consiguiente, siguiendo al autor Brewer-Carias, en su obra “La mentira como política de Estado, Crónica de una crisis política permanente. Venezuela 1999-2015”,  podemos afirmar que “lo prometido en la Constitución no fue más que otra mentira, habiendo sido a base de mentiras que el régimen se apoderó de todas las instituciones del Estado, y destruyó el principio de la separación de poderes”.

Respecto al segundo aspecto a abordar, esto es, el incumplimiento constitucional de establecer un Estado Democrático de Derecho y de Justicia en virtud de la destrucción de la Separación de Poderes, debemos señalar que efectivamente esta ha sido otra promesa incumplida absolutamente de la Constitución de 1999, pues la misma define en su artículo 2° al Estado como Democrático y Social de Derecho y de Justicia, cimentado en un sistema de separación de poderes y de control recíproco entre los mismos, pero en su lugar se ha instaurado un Estado Totalitario, con una excesiva concentración y centralización del poder, en el cual ninguno de sus elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia se ha presentado y asegurado.

Para que exista un verdadero Estado Democrático y Constitucional, el mismo debe estar asentado sobre la base del principio de la separación de poderes y de independencia de los poderes públicos, que garantice y asegure que el ejercicio del poder se encuentre sometido a control, concretamente a cargo de una Justicia autónoma. Independiente e imparcial, pues solamente de esta manera podemos hablar de un “Estado de Justicia” como el que se consagro en el Texto Constitucional, y de un sistema de equilibrio entre los poderes y las prerrogativas de la Administración del Estado y los derechos de los ciudadanos, que se haya en base del derecho administrativo mismo, tal como lo explican Gustavo Tarre Briceño, en su obra titulada “Solo el poder detiene al poder, La teoría de la separación de los poderes y su aplicación en Venezuela”, publicado en 2014 y Jesús María Alvarado Andrade en su artículo “División del Poder y Principio de Subsidiaridad. El Ideal Político del Estado de Derecho como base para la Libertad y Prosperidad material”, publicado en 2013.

La no existencia de la separación de poderes y sin un sistema de control del poder, entre otros aspectos, no pueden llevarse a cabo elecciones libres, justas y confiables; tampoco puede haber pluralismo político, ni menos acceso al poder conforme a la Constitución; ni puede haber efectiva participación en los asuntos públicos, menos aún transparencia administrativa en el ejercicio del poder, ni tampoco rendición de cuentas por parte de los gobernantes, en fin, no puede existir acceso a la justicia, y una real y efectiva garantía de respeto a los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión y todos los derechos sociales.

A pesar de su expresa consagración en la Constitución, nada de esto se ha podido lograr en Venezuela, producto de la concentración en las manos del Poder Ejecutivo el control sobre los otros Poderes Públicos, particularmente sobre el Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, a tal punto que a pesar de que en diciembre del 2015 el pueblo eligió una Asamblea Nacional mayoritariamente controlada en forma incluso calificada por la oposición al gobierno autoritario, la misma ha sido progresivamente privada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, actuando como Juez Constitucional, en los últimos cinco o seis meses de sus competencias.

En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia ha despojado a la Asamblea Nacional de sus potestades de legislación, llegando hasta imponer una inconstitucional autorización previa por parte del Ejecutivo para poner en vigencia las leyes; y de sus potestades de control político y administrativo, imponiendo hasta el visto bueno del Vicepresidente Ejecutivo para poder interpelar a un Ministro, con preguntas solo formuladas por escrito, incluso desapareciendo las potestades de la Asamblea para aprobar votos de censura a los Ministros o para improbar los estados de excepción que se decreten. Por lo tanto afirmamos que el Poder Legislativo representado por la Asamblea Nacional ha sido totalmente neutralizado, a tal punto, de que todas, absolutamente todas las leyes que ha sancionado desde enero del 2016 han sido declaradas inconstitucionales.

Por consiguiente, de los cinco poderes públicos que deberían estar bien separados, si bien el único con autonomía frente al Poder Ejecutivo desde hace cinco meses es la Asamblea Nacional, producto del resultado electoral del pasado 6 de diciembre de 2015, se encuentra a nuestro juicio materialmente paralizado, como resultado del golpe de Estado que el Poder Ejecutivo le ha dado en colusión con el Poder Judicial; pero en cambio, los otros poderes Públicos, cuyos titulares fueron designados por la antigua Asamblea sin cumplir las pautas de la Constitución, quedaron todos como dependientes del Poder Ejecutivo habiendo abandonado todos su poderes de control.

Durante estos 17 años de gobierno, podemos citar como ejemplos claros de las anteriores afirmaciones, la Contraloría General de la República dejo de ejercer el control fiscal sobre la Administración Pública, lo que ha traído como consecuencia que Venezuela se encuentre ubicada en los primeros lugares del índice de corrupción a nivel mundial. La Defensoría del Pueblo desde cuando la primera persona designada para ocupar el cargo en 2000 fue inmediatamente removida del mismo por haber intentado un recurso  judicial contra la Ley que violaba el derecho colectivo a la participación política para la nominación de los altos titulares de los Poderes Públicos, dicho órgano abandonó absolutamente toda acción de defensa de los derechos humanos, coinvirtiéndose por el contrario en el órgano oficial para avalar la violación de los mismos por parte de las autoridades del Estado. Otro ejemplo lo encontramos en el Ministerio Público que ejerce la Fiscalía General de la República, que en lugar de haber desempeñado el rol necesario de parte de buena fe en el proceso penal, ha asumido el rol de ser el principal instrumento para asegurar la impunidad en el país, y la persecución política. De igual manera, el Consejo Nacional Electoral, que tiene a su cargo el Poder Electoral, ha terminado en ser una suerte de agente electoral del gobierno, integrado por militantes del partido oficial en violación tajante a la Constitución, ha dejado de ser el árbitro independiente en las elecciones. En todo caso, desde el 2004 quedó totalmente secuestrado por el Poder Ejecutivo, al ser sus titulares designados por el Tribunal Supremo de Justicia ni siquiera por la Asamblea Nacional como correspondía por mandato de la Constitución.

De todo este incumplimiento constitucional, consideramos que lo más grave en Venezuela ha sido el efecto que sobre las instituciones, ha tenido el control político que se ejerce sobre el Poder Judicial; por cuanto si un Poder Judicial se encuentra controlado por el Ejecutivo o el Legislativo, por más separados que incluso éstos puedan estar, no existe el principio de la separación de los poderes, y en consecuencia, no se puede hablar de Estado de Derecho o Estado Constitucional.

En efecto desde 1999 por obra de la misma Asamblea Nacional Constituyente se comenzó a establecer una composición del Tribunal Supremo de Justicia que permitiera asegurar su control por parte del Ejecutivo, y en virtud de que al Tribunal Supremo de Justicia se le atribuyó el gobierno y la administración de la Justicia, que en la Constitución de 1061 correspondía al Consejo de la Judicatura que se eliminó, por su intermedio se ha politizado toda la Judicatura, por lo que tanto la independencia como la autonomía del Poder Judicial prescritas en la Constitución han sido violadas. Durante quince años no se han respetado las condiciones para la elección de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ni la mayoría calificada de votos en la Asamblea Nacional requerida para ello, ni la participación ciudadana exigida en la nominación de los candidatos a Magistrados. Tampoco se han celebrado cabalmente los concursos públicos de oposición para la elección de los jueces como lo consagra la Constitución para el ingreso a la carrera judicial, que materialmente no existe. Además como desde 1999 la Asamblea Nacional Constituyente intervino el Poder Judicial, lo cual fue ratificado con el régimen transitorio emitido después de la aprobación popular de la Constitución, que aún a este tiempo no concluye, los jueces han sido destituidos a mansalva y en forma masiva, sin la garantía del debido proceso, con la consecuencia de la Judicatura se llenó de jueces con carácter provisionales y temporales, sin ninguna garantía de estabilidad, quedando la destitución de los mismos al arbitrio de una Comisión ad hoc del Tribunal Supremo de Justicia, todo ello con el aval del mismo.

Todo esto nos permite sin lugar a dudas afirmar que todos estos postulados de la Constitución destinados a garantizar la independencia y autonomía judicial insertas en la Constitución de 1999 han sido incumplidos, dando como resultado la trágica dependencia del Poder Judicial que quedó sometido en su conjunto a los designios y control político por parte del Poder Ejecutivo, funcionando al servicio del gobierno y de su política autoritaria.

A este respecto cabe citar lo expresado por la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra en su Informe de 2014, que expresa: “Un sistema de justicia que carece de independencia, como lo es el venezolano, es comprobadamente ineficiente para cumplir con sus funciones propias. En este sentido en Venezuela, (…) el poder judicial, precisamente por estar sujeto a presiones externas, no cumple su función de proteger a las personas frente a los abusos del poder sino que por el contrario, en no pocos casos es utilizado como mecanismo de persecución contras opositores y disidentes o simples críticos del proceso político, incluidos dirigentes de partidos políticos, defensores de derechos humanos, dirigentes campesinos y sindicales, y estudiantes”

Por consecuencia la separación de poderes y sobre todo la autonomía e independencia del Poder Judicial prescritas en la Constitución de 1999 han sido verdadera letra muerta y por tanto un proyecto incumplido, por cuanto el Poder Judicial abandonó su función fundamental de servir de instrumento de control y de balance respecto de las actividades de los otros órganos del Estado para garantizar y asegurar su sometimiento a la Constitución y a la Ley, conforme al principio de legalidad; habiendo desaparecido absoluta y materialmente el derecho ciudadano a la tutela judicial efectiva y a controlar el poder, trayendo como consecuencia, lo que el constitucionalista Allan Brewer-Carias, denomina la desjudicialización del Estado, siendo inconcebible que el Poder Judicial en Venezuela hoy pueda llegar a decidir y enjuiciar la conducta de la Administración y frente a ella, garantizar los derechos ciudadanos.

 Por razones de tiempo, como lo indicamos anteriormente, no podemos referirnos al incumplimiento del mandato constitucional para el establecimiento  de un verdadero estado federal y descentralizado frente a la consolidación de un estado totalitario centralizado disfrazado en la participación, así como también al incumplimiento constitucional de establecer un estado social con un sistema económico de economía mixta como bien lo consagra la Constitución de 1999, pero estamos seguro que en cualquier otro espacio académico podremos disertar y discutir sobre estos importantes aspectos, que demuestran el Proyecto Incumplido del Estado Constitucional dibujado en dicho Texto Constitucional.

Finalmente no queda más que expresar que luego de 17 años de haberse convocado la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 y de aprobarse la Constitución, la misma ha sido un verdadero proyecto incumplido de Estado Constitucional, un verdadero fracaso en la búsqueda y consolidación de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.

Gracias a las autoridades de esta Universidad y de esta Facultad de las leyes,  de la política y lo social, por haber dado la oportunidad de compartir con ustedes estas  reflexiones, en este día en que celebramos con orgullo nuestro Día Nacional de Abogado.

                                                      Muchas gracias… Leer el resto de esta entrada »