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SC: LA VÍCTIMA PUEDE PRESENTAR UNA ACUSACIÓN PARTICULAR PROPIA CON INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO AÚN EN LOS CASOS EN LOS CUALES NO SE HAYA CELEBRADO UN ACTO DE IMPUTACIÓN FORMAL EN EL PROCESO.

SALA CONSTITUCIONAL SENTENCIA N°172 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.

(…)

La presente acción de amparo ejercida por el abogado Ángel Jurado Zavorce, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos MILAGROS COROMOTO GARCÍA DE VÁSQUEZ y JOSÉ LUIS VÁZQUEZ ACEDO, contra la omisión de pronunciamiento presuntamente incurrida por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Circuito Penal del Estado Carabobo, en resolver el recurso de apelación (causa penal signada con el alfanumérico GP01-P-2019-1007), contra la decisión dictada, el 10 de mayo de 2019, por el Tribunal Noveno en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, que según alega el accionante decretó el sobreseimiento de la referida causa penal; todo ello con ocasión al proceso penal que se les sigue a los ciudadanos Gladys Carolina Chacón de Muñoz y Simón Adolfo Andrade Pacifici, por la presunta comisión del delito de estafa en perjuicio de los prenombrados ciudadanos, quienes fungen como víctimas en el proceso penal primigenio, aquí accionantes.

Previo a cualquier análisis sobre el fondo, esta Sala debe pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta, y en este sentido, se evidencia de actas que la presente acción de amparo fue interpuesta el 14 de noviembre de 2019, contra la omisión de pronunciamiento presuntamente incurrida por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Carabobo, en resolver el recurso de apelación (causa penal signada con el alfanumérico GP01-P-2019-1007), contra la decisión dictada, el 10 de mayo de 2019, por el Tribunal Noveno en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, que decretó el sobreseimiento de la referida causa penal; todo ello con ocasión al proceso penal que se les sigue a los ciudadanos Gladys Carolina Chacón de Muñoz y Simón Adolfo Andrade Pacifici, por la presunta comisión del delito de estafa en perjuicio de los prenombrados ciudadanos, quienes fungen como víctimas en el proceso penal primigenio, aquí accionantes.

Al respecto tenemos que la Sala Accidental de la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 4 de febrero de 2020, dictó decisión mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó el sobreseimiento de la causa dictada por el Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal.

Ello así, siendo que el objeto del amparo de autos fue la pretendida omisión por parte de la señalada Corte de Apelaciones en pronunciarse sobre el recurso de apelación, y siendo que dicho órgano jurisdiccional a la presente fecha ya se pronunció sobre la apelación interpuesta; esta Sala considera que la circunstancia generadora de la presunta infracción constitucional cesó en el presente caso, hecho este que tipifica lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que a la letra dice lo siguiente:

“Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:

    1. Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla.

(…)”.

De acuerdo a la disposición transcrita supra, para que resulte admisible la acción de amparo es necesario que la lesión denunciada sea presente y actual a fin de restablecer la situación jurídica que se alega infringida, lo cual constituye el objeto fundamental de este tipo de tutela constitucional; por tanto, al no existir la omisión de pronunciamiento objeto de la tutela constitucional invocada, la Sala juzga que cesaron las causas que motivaron el amparo de autos; en consecuencia, la acción de amparo sub lite se declara inadmisible. Así se declara.

No obstante lo anterior, esta Sala Constitucional observa de las actas del expediente y de la sentencia de sobreseimiento dictada en la primera instancia penal como la confirmación de dicho acto conclusivo por parte de la Sala Accidental de la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, que existen graves inconsistencias de orden jurídico constitucional que ameritan que la Sala ejerza en este caso concreto, su potestad revisora con base en el artículo 336.10 constitucional, todo ello en aras de subsanar dichas inconsistencias y restablecer el orden constitucional infringido.

Efectivamente, cabe advertir que esta Sala Constitucional, en aras de mantener la incolumidad del texto constitucional, ha procedido a la revisión de oficio en casos que se encuentren incursos en algunas de las causales plasmadas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pese a la desestimación de la pretensión que hubiese sido interpuesta y originado su intervención (vid. sentencia N° 664/08). Ello en virtud de la condición de esta Sala de máxima garante del derecho positivo y custodia de los derechos fundamentales, lo cual implica que está obligada a permanecer alerta ante cualquier situación que pueda menoscabar una garantía constitucional.

A tal efecto se precisa lo siguiente:

El accionante efectivamente solicitó las diligencias pertinentes al Ministerio Público para llegar a la verdad del caso y como consta en acta procesal esta Representación Fiscal no dio contestación en cuanto a la pertinencia de estas investigaciones solicitadas, indicando que los hechos según su apreciación corresponden a la Jurisdicción Civil.

El accionante denunció que lo único ocurrido en el proceso fue la declaración de la ciudadana Gladys Carolina Chacón de Muñoz, posteriormente procedió a ratificar las diligencias de investigación solicitadas el 18 de septiembre de 2018, así como también la del 8 de enero de 2019, además de las anteriores diligencias.

El Ministerio Público consideró que los hechos objeto de la investigación no revisten carácter penal, siendo que se encuentran incursos en acciones civiles, cuya resolución corresponde a la jurisdicción conforme al Código de procedimiento civil, cuyos acervo probatorio no corresponde ser apreciado por vía penal, siendo que entre el cúmulo de actuaciones insertas en el presente asunto, acompañada por la representación fiscal, cursa las relacionadas con dichas acciones civiles, por lo que el Ministerio Público estimó innecesaria ordenar la práctica de las diligencias de investigación solicitadas.

Por otra parte el Tribunal se pronunció con respecto al caso, que el accionante no agotó los trámites, incidencias y recursos existente para reclamar la supuesta infracción cometida por el Fiscal del Ministerio Público, en ese sentido dice que no puede pretender quien ahora se opone a la solicitud fiscal, obtener un pronunciamiento de nulidad del proceso sobre la base de una diligencia no practicada y que tampoco impulsaron en el ámbito jurisdiccional oportunamente. Afirmando que los hechos denunciados escapan del conocimiento de la jurisdicción penal, ya que consideró innecesario las prácticas de diligencias de investigación, en vista de que las diligencias recabadas durante más de ocho meses del presente caso no revisten carácter penal por lo tanto decretó el Sobreseimiento de la Causa; decisión esta que fue confirmada por la instancia superior correspondiente al declarar sin lugar el recurso de apelación.

Del examen de las actuaciones que conforman el presente asunto, esta Sala ha detectado una grave inconsistencia de orden constitucional en el marco de la aplicación de la disposición contenida en el único aparte del artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal, que ocasionó una subversión del proceso penal; en razón de lo cual, esta Sala procede a revisar de oficio las siguientes decisiones judiciales; i) la número 1702-16, dictada el 10 de mayo de 2019, por el Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, mediante la cual declaró el sobreseimiento de la causa formulada por el Ministerio Público.

El Tribunal  Noveno en Funciones de Control del Circuito Judicial del Estado Carabobo decidió lo siguiente:

“Por los señalamientos de hecho y de derecho que antecede, este tribunal de primera Instancia en Funciones de Control Noveno del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, administrando justicia en la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley atendiendo en lo dispuesto en el artículo 300 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal relacionado con el artículo 301 y 302 eiusdem cumpliendo los requisitos exigidos por el artículo 306 ibidem, decreta el SOBRESEIMIENTO de la cusa a favor de los ciudadanos 1. SIMÓN ANDRADE PACIFICI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 13.754.293, estado civil casado, fecha de nacimiento 12-01-1977, de 42 años de edad de profesión u oficio abogado, domicilio procesal callejón Caribean cruce con A. Andrés Eloy Blanco, Centro Comercial y profesional Gravina II, piso 2 oficino 2-19 Valencia Estado Carabobo. 2. GLADYS CAROLINA CHACÓN DE MUÑOZ, venezolana mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 7.138.883, fecha de nacimiento 05-01-1970, de 49 años de edad estado civil casada profesión u oficio enfermera, residenciada en Urb. Tarapio Av. 105, casa No. 188-84 Naguanagua, Municipio Maguanagua estado (sic) Carabobo y 3. BRODERIK JESUS MUÑOZ HERNANDEZ, titular de la cédula de identidad Nro.7.091.009, fecha de nacimiento 19-09-1964, de 54 años de edad, estado civil casada (sic) profesión u oficio enfermera, residenciada (sic) en Urb. Tarapio Av. 105, casa No. 188-84 Naguanagua, Municipio Maguanagua estado (sic) Carabobo, por estimar este Tribunal con base en el contenido de las actuaciones que conforman el presenta Asunto que, los hechos investigados no son típicos, es decir no revisten carácter penal, procediendo en consecuencia, el Sobreseimiento de la presente Causa, por razones supra esgrimidas…” (Sic).

En razón de todo esto la Sala Accidental de la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Estado Carabobo, declaró sin lugar el recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano Ángel Jurado Zavarce en fecha 29-05-2019, y confirmó la decisión dictada en fecha 10-05-2019 por el Tribunal Noveno en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo.

En atención a lo expuesto, esta Sala observa que, en el proceso penal iniciado por la denuncia de los ciudadanos Milagros Coromoto García de Vázquez y José Vázquez Acedo no se cumplió con la adecuada búsqueda de la verdad, y , además, no fue garantizado a cabalidad el derecho al debido proceso, aunado a que se incumplió conforme al contenido del artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la obligación del Estado de proteger a las víctimas de delitos comunes y de procurar que los culpables reparen los daños causados, por lo tanto se considera que existe una infracción al orden público que permite la revisión de oficio de la decisión de sobreseimiento dictada, el 10 de mayo de 2019, por el Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control de la Jurisdicción Penal del Estado Carabobo, que declaró el sobreseimiento de la causa penal seguida a los ciudadanos Simón Andrade Pacifici, Gladys Carolina Chacón de Muñoz y Broderik Jesús Muñoz Hernández y confirmada por la Sala Accidental N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo.

En efecto, como se señaló supra, de acuerdo con el contenido del expediente penal remitido a esta Sala, en fecha 12 de marzo de 2020, los ciudadanos Milagros Coromoto García de Vázquez y José Vázquez Acedo, interpusieron ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub Delegación Valencia una denuncia por la presunta comisión del delito de estafa cometido por los ciudadanos Simón Andrade Pacifici, Gladys Carolina Chacón de Muñoz y Broderik Jesús Muñoz Hernández Mediante la cual señaló fundamentalmente lo siguiente:

“resulta que en fecha 01/09/2011, le fue otorgado un poder de administración al ciudadano SIMÓN ADOLFO ANDREDAE PACIFICI, titular de la cédula de identidad numero V 13.754.293 Impreabogado 101524, otorgado por los ciudadanos MILAGROS COROMOTO GARCÍA DE VÁZQUEZ Y JOSÉ VÁZQUEZ ACEDO, el cual fue legalizado en la notaria quinta del municipio Baruta, estado Miranda y registrado el 15/11/2011 en el registro segundo circuito del municipio valencia, estado Carabobo, con la finalidad de que el apoderado administrara el centro comercial Viga, ubicado en la avenida Lara, parroquia Miguel Peña, municipio Valencia, estado Carabobo, luego en el mes de diciembre de 2015 el apoderado quien por autorización del ciudadano JOSÉ VÁZQUEZ ACEDO, realiza la venta de cinco (05) locales de los once (11) antes mencionados y dicha ciudadana por no tener un poder de administración necesitaba la firma de mi persona, luego en el mes de diciembre de 2015 comencé a recibir reiterados llamados telefónicos por parte del ciudadano en mención solicitándome la firma del documento de cinco (05), luego en fecha 18/12/2015 nos encontramos en el estacionamiento del hotel Ciudad Tamanaco lugar donde el ciudadano SIMÓN ADOLFO ANDREDAE PACIFICI valiéndose del mal momento que estaba pasando por la mala condición de mi padre me indujo a que firmara el documento de la compra y venta de siete (07) locales comerciales, la cual le firmé y me manifestó que luego de registrar dicho documento me los enviaría vía email, luego en el mes de abril del presente año motivado a que no se reciben los pagos de los alquileres de locales en mención me percato que los documentos que me puso a firmar anteriormente por la venta de cinco (5) fueron por siete(07)”. (Sic).

En fecha 01 de mayo de 2018, el Ministerio Público dio inicio a la investigación y ordenó la práctica de varias diligencias a fin de esclarecer el hecho denunciado, toda vez que los hechos denunciados no revestían carácter penal, todo ello de conformidad con el artículo 300.2 del Código Orgánico Procesal Penal.

A tal efecto, se practicaron las siguientes diligencias el día 29 de junio de 2018 se realiza acta de entrevista a la ciudadana Vázquez García, María Eugenia de la Coromoto. Sin embargo, al Ministerio Público le fueron solicitadas otras diligencias de investigación a los fines de demostrar la comisión del delito de estafa, tales como: presentado en fecha 18 de septiembre de 2018, donde se consignaron todos los elementos mencionados en el referido escrito, constituidos por documentos públicos que a los efectos del proceso son elementos de convicción, solicitamos diligencias de investigación las cuales transcribo exactamente para que sean apreciadas por esta Sala.

Sobre las anteriores diligencias de investigación nunca obtuvieron respuestas del Ministerio Público pese a ser necesarias para la búsqueda de la verdad como fin de la fase de investigación del proceso penal; ni los órganos jurisdiccionales que conocieron el caso y que estaban obligados a controlar jurisdiccionalmente la actuación procesal del titular de la acción penal se pronunciaron sobre esta grave omisión del órgano fiscal.

Sin embargo, en la solicitud de sobreseimiento el Ministerio Público alegó que en el proceso penal que motivó el amparo de auto, los hechos objetos denunciados no revisten carácter penal; por lo tanto el Ministerio Público consideró que no había que practicar ninguna otra diligencia de investigación, y solicito al Tribunal Noveno de Primera Instancia  en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, que decretase el sobreseimiento de la causa penal.

A tal efecto, el mencionado Juzgado de Control decretó el sobreseimiento requerido por el órgano fiscal, con base al contenido en los artículos 300, numeral 2, precisando en su decisión que:

“Por los señalamientos de hecho y de derecho que antecede, este tribunal de primera Instancia en Funciones de Control Noveno del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, administrando justicia en la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley atendiendo en lo dispuesto en el art5ículo 300 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal relacionado con el artículo 301 y 302 eiusdem cumpliendo los requisitos exigidos por el artículo 306 ibidem, cerceta el SOBRESEIMIENTO de la cusa a favor de los ciudadanos 1. SIMÓN ANDRADE PACIFICI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 13.754.293, estado civil casado, fecha de nacimiento 12-01-1977, de 42 años de edad de profesión u oficio abogado, domicilio procesal callejón Caribean cruce con A. Andrés Eloy Blanco, Centro Comercial y profesional Gravina II, piso 2 oficino 2-19 Valencia Estado Carabobo. 2. GLADYS CAROLINA CHACÓN DE MUÑOZ, venezolana mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 7.138.883, fecha de nacimiento 05-01-1970, de 49 años de edad estado civil casada profesión u oficio enfermera, residenciada en Urb. Tarapio Av. 105, casa No. 188-84 Naguanagua, Municipio Maguanagua estado (sic) Carabobo y 3. BRODERIK JESUS MUÑOZ HERNANDEZ, titular de la cédula de identidad Nro.7.091.009, fecha de nacimiento 19-09-1964, de 54 años de edad, estado civil casada (sic) profesión u oficio enfermera, residenciada (sic) en Urb. Tarapio Av. 105, casa No. 188-84 Naguanagua, Municipio Maguanagua estado (sic) Carabobo, por estimar este Tribunal con base en el contenido de las actuaciones que conforman el presenta Asunto que, los hecos investigados no son típicos, es decir no revisten carácter penal, procediendo en consecuencia , el Sobreseimiento de la presente Causa, por razones supra esgrimidas…Ahora bien, esta Sala observa que el numeral 2  del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal establece, como procedencia de la declaratoria del sobreseimiento de la causa…”.

A tal efecto, la Sala observa que el Juez encargado del referido Juzgado de Control, debió, dentro de su autonomía para decidir, constatar si los actos de investigación plasmados en el expediente penal, permitían llegar a la conclusión de que, fueron agotadas todas las diligencias necesarias para concluir la investigación y que no existía ninguna otra posibilidad de incorporar otras, para poder aplicar el artículo 300.2 del referido Texto Penal Adjetivo. Así pues, era imprescindible verificar si, durante los meses que duró la investigación, se había realizado todas las actuaciones pertinentes,

Además, esta Sala precisa que el Juez encargado del referido Juzgado de Control debió analizar razonadamente la solicitud de sobreseimiento requerida por el Ministerio Público en los términos previstos en el artículo 300 (numeral 2) del Código Orgánico Procesal Penal máxime, cuando insistentemente las victimas instaban al órgano Fiscal a practicar múltiples actuaciones que fueron incumplidas por el Ministerio Público en la fase de investigación fiscal por lo que resultó ésta inconclusa y deficiente la cual no debió acarrear que el Juez del Juzgado de Control declarara con lugar la solicitud de sobreseimiento requerida por el órgano fiscal.

Visto lo anterior, concluye esta Sala, demuestra, a ciencia cierta, que la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo no cumplió con su deber contenido en el artículo 285.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es, ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión, toda vez que, al ostentar el monopolio de la acción penal, tenían la obligación de ejercerla (como lo establece el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal) y realizar una investigación exhaustiva con el objeto de corroborar si lo denunciado por los ciudadanos Milagros Coromoto García de Vázquez y José Vázquez Acedo podía subsumirse en el delito de estafa en todas sus modalidades o en algún otro injusto típico; siendo entonces que a esta Sala le llama la atención que el Ministerio Público sin motivación y sin consideración sobre su pertinencia solicitó el sobreseimiento de la causa.

Así entonces al no existir una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público, la Sala precisa que la misma fue concluida indebidamente con base a la afirmación legal de que no existía razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la misma; por tanto, a juicio de esta Sala, la sentencia emitida por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo fue inmotivada por cuanto no verificó, en forma jurídica, si lo alegado por el Ministerio Público en la solicitud de sobreseimiento de la causa se subsumía en el artículo 300.2 del Código Orgánico Procesal Penal. Ello así, el Juez de Control debió analizar si existía razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación fiscal, y dicha omisión de análisis le ocasionó a la víctima denunciante la vulneración del debido proceso, por cuanto no se le garantizó la obtención de una tutela judicial efectiva, concretada en un proceso debido, a través de una exhaustiva investigación; todo ello basado en la adecuada búsqueda de la verdad –uno de los objetivos principales del proceso penal.

Por lo tanto, se incumplió el contenido del artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que el Estado está en la obligación de proteger a las víctimas de delitos comunes y de procurar que los culpables reparen los daños causados, el cual ha sido reseñado por este máxima instancia constitucional en la sentencia N° 265, del 16 de abril de 2010 (caso: Rodolfo Barráez Sánchez), lo que permite a esta Sala Constitucional, en resguardo del orden público y ante la violación de los principios constitucionales referidos, que dejaron en indefensión a la parte accionante, revisar de oficio la decisión dictada, el 10 de mayo de 2019, por el Tribunal Noveno de Primera Instancia de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró el sobreseimiento de la causa penal seguida a los ciudadanos y la sentencia dictada en fecha 04 de Febrero de 2020, por la Sala Accidental N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo que declaró sin lugar la apelación y confirmó el sobreseimiento la cual se anula.

En consecuencia, se ordena la reposición de la causa penal al estado de que el Ministerio Público, mediante otra Fiscalía como titular de la acción penal, cumpla con su deber constitucional y legal, de investigar exhaustivamente los hechos denunciados por los ciudadanos Milagros Coromoto García de Vázquez y José Vázquez Acedo, practicando todos los actos de investigación correspondientes y concluya la fase de investigación fiscal en forma suficiente a los fines de que dicte oportunamente el acto conclusivo correspondiente.

Vista la actuación desplegada por el fiscal encargado de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público, la Sala ordena remitir copia certificada de la presente decisión al Fiscal General de la República, a los fines que evalúe la conducta desplegada por dicho funcionario en la fase de investigación del proceso penal iniciado en virtud de la denuncia interpuesta por los ciudadanos.

Por último, dada la reposición aquí acordada y para salvaguardar la tutela judicial efectiva de todas las partes involucradas en el proceso penal principal, así como para garantizar los efectos de este fallo, esta Sala Constitucional, declara suspensión del lapso de la prescripción de la acción penal, hasta tanto el Ministerio Público presente un acto conclusivo de la investigación; de no ser así, supondría vaciar de contenido la tutela acordada, pues cualquier demora, diferimiento o prórroga procesal sobrevenida a partir de este fallo haría nugatoria la potestad del Estado en concretar el juzgamiento correspondiente. Así se decide.

Asimismo y en aplicación al precedente vinculante contenido en la sentencia N° 0902/2018 del 14 de diciembre, recaída en el  caso: Jesús Gabriel Lombardi Boscán, esta Sala declara que los ciudadanos Milagros Coromoto García de Vázquez y José Vázquez Acedo en su condición de víctimas en el proceso penal que motivó el amparo de autos, podrán con independencia del Ministerio Público presentar acusación particular propia, en cuyo caso el Tribunal de Control competente deberá pronunciarse al respecto. Así también se decide.  

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/310777-0172-241120-2020-19-0666.HTML

EL TIPO IMPRUDENTE DE RESULTADO POR @MAIPIO1

Como forma de imputación extraordinaria, la imprudencia permite hacer responsable al agente sin dolo. Pero eso no impide que la conducta sea medida conforme al criterio que proporciona el tipo objetivo (Riesgo) y el subjetivo (Error). En estos casos falta la referencia del dolo al riesgo, pues no se da convergencia entre la representación por el agente y el riesgo desplegado. Pero existe el riesgo, pues sin él no se causan efectos; y, debe existir también una incumbencia (o deber de cuidado, en terminología jurídica habitual) que obliga a evitar esa divergencia entre riesgo y representación, en que basar la responsabilidad por el error.

En algunas situaciones, la necesidad de prevenir algunos riesgos por la elevada probabilidad de que desencadenen resultados lesivos ha llevado al legislador a tipificar delitos de peligro, sean de mera actividad (conocidos como delitos de peligro abstracto), sean de resultados ( delitos de peligro concreto); ahora bien podemos hallar una relación conjuntamente con la responsabilidad por la imprudencia en cuanto se encierra una conducta arriesgada, contraria a lo que prudencia (obrar con precaución) puede indicar; a modo de ejemplo, los delitos al conducir, en lo que el tipo consiste en la conducción temeraria, o bajo la influencia del alcohol; aparte, por supuesto, el tipo de homicidio imprudente y doloso.

El tipo objetivo de la imprudencia exige la creación de un riesgo típicamente relevante, es decir, que pueda valorarse como de los que el legislador desea prevenir mediante el respectivo tipo (homicidio imprudente, aborto imprudente…). En este punto cabe excluir el carácter típico; es decir, no seria objetivamente imputable de aquel riesgo que quede fuera del fin de protección de la norma. Existen riesgos que, aún siendo causas de un resultado lesivo, no son previstos por el legislador como típicos; se trata de cierto modo, de un riesgo permitido o aceptado socialmente.

Como corolario a lo anterior, hay multiplicidad de riesgos, que en la vida social cuya peligrosidad no es típica porque de cierta forma no han sido descritos como delitos, debido al favorecimiento de los diversos ámbitos de la vida social de manera suficiente relevante. Lo cual no impide, sino al contrario que se impongan diversas medidas de cuidado para prevenir riesgos deje de ser adecuado o tolerable. Son lo relevantes aquí las situaciones en las que la distribución de tareas o de trabajo en la sociedad o en diversos ámbitos, hace que confiemos en las reglas de la experiencia sobre el funcionamiento de tales sectores, de este modo no podría imputarse como error de tipo una conducta de quien despliega un riesgo partiendo de la confianza de que ya hay quien se encarga de que no se deriven resultados lesivos PRINCIPIO DE CONFIANZA.

Ahora bien, para imputar objetivamente, además de ese elemento de creación del riesgo, es preciso constatar, en los delitos de resultado, que ese resultado producido es realización del riesgo en cuestión y no de otros riesgos, ello será posible.

  • Cuando no haya una relación de causalidad entre riesgo y resultado; podría determinarse en virtud de la condicio sine qua non;
  • Tampoco será imputable el resultado producido cuando sea expresión de un riesgo totalmente ajeno al creado por el agente, es decir, cuando se ha impuesto un factor de riesgo totalmente diverso.
  • Cuando no fuera evitable la producción de un resultado; es decir cuando una conducta diligente hubiera podido evitar el resultado.

En este ultimo grupo de casos se puede apreciar lo que en la doctrina llama como criterio de exclusión de la imputación basado en la probabilidad, y arguyen lo siguiente “si es casi seguro que una conducta diligente tampoco hubiera evitado el resultado, no procederá considerar típica la producción del resultado lesivo.

Podemos apreciar un interés en los casos de actuaciones de la víctima; si la víctima obra dolosamente, añadiéndose a un error (imprudencia) del agente, no será imputable a éste ni siquiera por la creación del riesgo (aparte, habrá que precisar a efectos de responsabilidad por autoría mediata si el imprudente se halla instrumentalizado). Si la víctima como también el agente, obran imprudentemente, hablamos de concurrencia de culpas, que puede hacer que la responsabilidad se vea reducida por la autopuesta en peligro de la víctima, se entiende que la víctima es también imprudente por lo que ha de cargar con parte de la responsabilidad (poena naturalis), pero sin descargar totalmente al autor imprudente, que sí puede ver mitigada parcialmente su responsabilidad.

De este modo, el tipo subjetivo de la imprudencia exige que el sujeto incumbiera evitar el erro, es decir, que:

  • Que no emprenda actividades peligrosas sin haber adquirido las reglas de experiencia sobre el manejo del riesgo en cuestión;
  • Que, habiendo adquirido esas reglas de experiencia, las actualice al actuar;
  • Evite defectos de cálculo, lo cual plantea diversas situaciones de error y combinación de casos.

Por un lado, cabe error sobre el objeto o persona a lo que se dirige el riesgo error in objeto vel in persona. Si se trata de un objeto o persona protegidos por el Derecho de igual forma no hay problemas, ese error no interrumpe la imputación. Si se interrumpirá si el objeto que resulta afectado esta protegido de diferente manera; por ejemplo, cuando el agente obra con conocimiento de estar creando un riesgo contra una persona y lo crea contra un objeto (dispara contra alguien y resulta ser un valioso retrato de éste), o viceversa, contra un objeto y acaba afectando a una persona (dispara contra el retrato que resulta ser el retratado); o lo crea contra una persona protegida de forma diversa a la que él se había representado (dispara contra un sujeto especialmente protegido, sin conocer ese dato), en estos casos, se interrumpe la imputación respecto al riesgo no abarcado  por la representación (imprudencia), pero también será preciso tener en cuenta la creación dolosa de un riesgo aunque quedara sin resultado (Tentativa), en definitiva se trataría de concurso de delitos (ideal) entre un doloso intentado y otro imprudente consumado.

Pero estos casos son estructuralmente diversos aquellos en los que el agente yerra la trayectoria o el golpe (aberratio ictus: se representa un riesgo contra un objeto, pero el golpe se desvía y produce el resultado en otro objeto). También puede proceder la solución del concurso del delitos (ideal) entre un doloso intentado y otro imprudente consumado, con independencia de si los dos objetos gozaban de igual o diferente protección.

Dichos casos de error en el golpe difieren de los de error en el proceso sobre causación del resultado, porque el agente se representa un riesgo para el resultado, y efectivamente lo despliega, pero se realiza el resultado por otra vía (la víctima no muere por el golpe recibido por el agente doloso, sino al caer al suelo tras el golpe). En realidad, la cuestión, más que de imputación subjetiva (error), es de imputación objetiva habrá que valorar si el cambio de procedimiento causa del riesgo interrumpe o no la imputación objetiva del resultado de la conducta.

MAIKER G GONZÁLEZ

ABOGADO

SC: ACERCA DEL RESPETO AL DEBIDO PROCESO DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA QUE EJERZAN CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

SALA CONSTITUCIONAL SENTENCIA Nº606 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2012.

(…)

“…Del contenido del acto transcrito supra esta Sala Constitucional advierte que el solicitante ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción en la Contraloría del Estado Bolívar, lo que daba lugar a que podía ser removido del mismo, sin la necesidad de la apertura de ningún procedimiento administrativo previo, ya que este tipo de cargo -por su naturaleza- se encuentra a disposición de la Administración, pudiendo ser requerido en cualquier momento sin necesidad de aludir a ningún tipo de razonamiento o fundamentación, considerándose válidamente motivados con la mera indicación de las disposiciones legales y sublegales que calificaban dicho cargo como tal; ahora bien, en el caso de autos, igualmente se advierte que el acto in commento reviste una particularidad, pues reconoce que, a pesar de ejercer un cargo de libre designación, es un funcionario de carrera y esgrime como fundamentos de la remoción algunos hechos que hacen referencia a la existencia de una presunta irregularidad cometida por el funcionario (falta de probidad),  lo que daría lugar a la apertura de un procedimiento disciplinario previo a su remoción, en el cual se determinase si efectivamente se encuentra incurso o no en las faltas que aduce la Administración, ello en resguardo a sus derechos constitucionales a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso.

Esta Sala Constitucional ha indicado que el contenido del derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y, en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. En tal sentido, ha expresado que:

“…El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas. En cuanto al derecho a la defensa, ha establecido que el mismo debe entenderse como la oportunidad para el encausado o presunto agraviado de que se oigan y analicen oportunamente sus alegatos y pruebasEn consecuencia, existe violación del derecho a la defensa  cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias…”. (Vid sentencia N° 5 de 24 de enero de 2001, caso: Supermercado Fátima S.R.L.). Resaltado de esta Sala.

En ese mismo sentido, en otro pronunciamiento, esta Sala señaló:


“…El derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución a favor de todo habitante de la República, comprende el derecho a defenderse ante los órganos competentes, que serán los tribunales o los órganos administrativos, según el caso. Este derecho implica notificación adecuada de los hechos imputados, disponibilidad de medios que permitan ejercer la defensa adecuadamente, acceso a los órganos de administración de justicia, acceso a pruebas, previsión legal de lapsos adecuados para ejercer la defensa, preestablecimiento de medios que permitan recurrir contra los fallos condenatorios (de conformidad con las previsiones legales), derecho a ser presumido inocente mientras no se demuestre lo contrario, derecho de ser oído, derecho de ser juzgado por el juez natural, derecho a no ser condenado por un hecho no previsto en la ley como delito o falta, derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, derecho a no ser obligado a declararse culpable ni a declarar contra sí mismo, su cónyuge, ni sus parientes dentro del segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, entre otros…”.(Vid. sentencia N° 444 del 4 de abril de 2001, caso: Papelería Tecniarte C.A). Resaltado de esta Sala.

 

Ahora bien, analizando el contenido de la decisión emitida por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, esta Sala advierte que el referido órgano jurisdiccional erró cuando centró su análisis como tribunal de alzada en el aspecto vinculado al derecho de jubilación que la parte actora -hoy solicitante en revisión-, alegó vulnerado frente al acto administrativo que acordó su remoción del cargo Director de Control de Gestión de la Contraloría del Estado Bolívar, analizando superficialmente  el alegato sobre la inexistencia de un procedimiento disciplinario en el cual se hubiese determinado de forma previa -al acto que acordó su remoción- su responsabilidad sobre los hechos aludidos por la Contraloría General del Estado Bolívar, con lo cual la referida Corte equívocamente convalidó la actuación del referido órgano contralor, dando así por sentada la culpabilidad del funcionario sin haberse constado la misma a través de la sustanciación del procedimiento correspondiente. 

En este mismo orden de ideas, esta Sala aprecia que, la Contraloría del Estado Bolívar al pasar a situación de disponibilidad al ciudadano Arístides José Vásquez Marval, reconoció la condición de este como funcionario de carrera, pero ello también fue obviado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo cuando erróneamente afirmó que el referido ciudadano no había podido probar dicha situación, lo que demuestra que la referida Corte no reparó nunca en la totalidad del contenido del acto cuestionado en el que se trató y consideró al querellante -hoy solicitante- como funcionario de carrera, lo cual estaba plenamente demostrado en autos, vulnerando con tal actuación su derecho a la defensa y al debido proceso.     

            Por último, esta Sala Constitucional estima que la Contraloría del Estado Bolívar, incurrió en el vicio de desviación de poder, entendido este como el uso de las potestades que le han sido atribuidas legalmente a un órgano administrativo para fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico, amparándose la Administración para actuar así, precisamente, en un mal uso o en un abuso del margen de libertad o discrecionalidad que le permite la norma, sin que ello trascienda a la apariencia externa del acto, el cual aparentemente luce adecuado a derecho, correcto, pero que, en realidad, se encuentra viciado en su componente valorativo o volitivo. (Vid. Sentencia del 24 de mayo de 1995 dictada por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia). 

En el caso de autos, la  Contraloría del Estado Bolívar, en uso de su potestad discrecional de requerir los cargos de alto nivel o de confianza       -cuando así lo considere pertinente- sustentó el acto de remoción del funcionario -hoy solicitante de revisión- en supuestas anormalidades acaecidas en el cumplimiento de sus funciones, para de esta manera obtener la disponibilidad del referido cargo, ello sin tomar en consideración que tal actuación implicaba previamente la apertura de un procedimiento disciplinario en cual se le permitiese al funcionario investigado presentar sus descargos y pruebas como manifestación del derecho a la defensa; vicio este que pasó inadvertido en el análisis efectuado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo al momento de emitir su fallo, hoy recurrido en revisión.

Precisado lo anterior, esta Sala Constitucional concluye que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, al emitir su decisión el 1 de agosto de 2011, actuó al margen de la doctrina fijada por esta Sala en lo atinente al derecho al debido proceso y a la defensa, ya que no advirtió que los considerandos del acto administrativo contenido en la Resolución RDCE-007-2008 dictada el 11 de enero de 2008 por el Contralor Interventor del Estado Bolívar, a través de la cual el referido órgano  acordó la remoción del solicitante, constituían una situación excepcional en la remoción de este tipo de funcionarios (de carrera, pero en ejercicio de un cargo de libre nombramiento y remoción), que debía estar precedida de un procedimiento disciplinario, en el que se constatase la existencia de dicha falta, garantizando en todo momento la participación del funcionario investigado.

Por lo tanto siendo ello así, resulta forzoso para esta Sala declarar que ha lugar la solicitud de revisión y, en consecuencia, anular la sentencia objeto de la solicitud de revisión y reponer la causa al estado de que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo proceda a emitir un nuevo  pronunciamiento sobre el recurso de apelación  interpuesto por la  Contraloría General del Estado Bolívar contra la decisión emitida el 26 de enero de 2010 por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en el juicio de nulidad interpuesto por el ciudadano Arístides José Vásquez Marval contra el acto administrativo contenido en la Resolución RDCE-007-2008 dictada el 11 de enero de 2008 por el Contralor Interventor del Estado Bolívar, a través de la cual el referido ciudadano fue removido del cargo de Director de Control de Gestión de la Contraloría del Estado Bolívar; y así se decide…”

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/606-14512-2012-11-1488.HTML

SC: REAFIRMA LA VALIDEZ DE LA PROHIBICIÓN DE REBAJAR LA PENA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE INFERIOR ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO APARTE DEL ARTÍCULO 376 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

SALA CONSTITUCIONAL SENTENCIA Nº607 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2012.

(…)

“…En el caso que nos ocupa, adujeron los apoderados judiciales como argumento central de la revisión de autos, la violación de los derechos constitucionales de su defendida, relativos al debido proceso y tutela judicial efectiva, así como la jurisprudencia de esta Sala contenida en su decisión No. 1442 del 23 de mayo de 2006, por cuanto -a su decir- el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas incurrió en un error grotesco al rebajar la pena por debajo del límite mínimo que impone el Código Penal para el delito imputado por la representación fiscal al ciudadano Pablo José López Rojas, ello con ocasión de la admisión de los hechos por parte de dicho ciudadano en la oportunidad de la celebración del juicio oral y público, lo cual -según señalaron- contraría la citada jurisprudencia, pues la admisión de los hechos a que se refiere el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal debe tener lugar en la audiencia preliminar y no en la oportunidad del debate oral y público.

En el mismo sentido, denunciaron que la Juez del referido Juzgado Segundo de Juicio aplicó de manera incorrecta el “control difuso de la constitucionalidad de leyes y normas jurídicas… sin hacer un análisis sobre la posible contradicción que pudiera existir entre esa norma [artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal] de carácter legal y una de rango constitucional”.    

Ahora bien, reiterando una vez más que la facultad de revisión constitucional que posee esta Sala no debe ser entendida en modo alguno como una nueva instancia y, por tanto, dicha solicitud se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, o cuando exista una deliberada violación de preceptos fundamentales, esta Sala estima menester y cónsono con su labor de máxima garante de los postulados constitucionales, realizar las siguientes consideraciones:

De manera previa, observa esta Sala, revisadas como han sido las actas que conforman el expediente, que el proceso penal instaurado contra el ciudadano Pablo José López Rojas se desarrolló entre los años 2010 y 2011, pues tal como se evidencia de los antecedentes del presente fallo, el 10 de diciembre de 2010 fue presentada la acusación por parte de la representación fiscal contra el mencionado ciudadano, por la presunta comisión del delito de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles en grado de complicidad correspectiva; el 7 de febrero de 2011, tuvo lugar ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas la celebración de la audiencia preliminar, ocasión en la cual dicho Tribunal, entre otros pronunciamientos, admitió totalmente la acusación formulada por la representación del Ministerio Público, acordó el pase a juicio oral y público, por cuanto el imputado manifestó su voluntad de “NO admitir el hecho atribuido” y mantuvo la medida judicial preventiva privativa de libertad decretada en su contra.    

Posteriormente, el 16 de junio de 2011, tuvo lugar ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal el debate oral y público, oportunidad en la cual la Jueza Titular de dicho Tribunal, de manera previa, impuso nuevamente al imputado de la admisión de los hechos que regula el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando aquel su voluntad de admitir los hechos imputados por la representación fiscal. Finalmente, el referido órgano jurisdiccional condenó al mencionado ciudadano a cumplir la pena de cinco (5) años de prisión por la comisión del delito de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva. En la misma ocasión, se publicaron en extenso los pronunciamientos emitidos durante el debate oral y público.

De lo anterior, se observa que las actuaciones procesales seguidas en el juicio instaurado contra el ciudadano Pablo José López Rojas fueron efectuadas en vigencia de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal del 4 de febrero de 2009, publicada en la Gaceta Oficial No. 5.930 Extraordinario, por lo que son éstas las disposiciones aplicables en el presente caso en virtud del principio de extractividad previsto en su Disposición Final Primera, conforme al cual “se aplicará desde su entrada en vigencia, aún para los procesos que se hallaren en curso y para los hechos punibles cometidos con anterioridad, siempre que sea más favorable al imputado o imputada, o acusado o acusada”, tal como ocurre en el caso de autos, pues en efecto, respecto de la institución de la admisión de los hechos, el artículo 376 de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal de 2009, establece lo siguiente:

Artículo 376: “El procedimiento por admisión de los hechos procederá en la audiencia preliminar una vez admitida la acusación o ante el tribunal unipersonal de juicio una vez admitida la acusación y antes de la apertura del debate.

En caso de que el juzgamiento corresponda a un tribunal mixto, el acusado o acusada podrá solicitar el presente procedimiento una vez admitida la acusación y hasta antes de la constitución del tribunal.

El Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndose la palabra. El acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.

En estos casos, el Juez o Jueza deberá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuesta.

Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio Público o de los previstos en la ley que regula la materia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, el Juez o Jueza sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio.

En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, la sentencia dictada por el Juez o Jueza, no podrá imponer una pena inferior al límite mínimo de aquella que establece la ley para el delito correspondiente”.      

 En efecto, la admisión de los hechos consagrada en el Código Orgánico Procesal Penal constituye una manera especial de terminación anticipada del proceso, omitiendo la celebración del juicio oral y público por razones de celeridad y economía procesal, ofreciéndole al imputado la posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad por el hecho que le es imputado, obteniendo en su beneficio la rebaja respectiva de la pena.

Ahora bien, como toda institución procesal, la terminación del proceso por la admisión de los hechos debe cumplir con unos requisitos ineludibles, entre los cuales se encuentra la oportunidad procesal en que la misma puede efectuarse. Al respecto, si bien esta Sala en su decisión No. 1106 dictada el 23 de mayo de 2006, caso: “José Antonio Torres y Richard Alberto Torres”, estableció que la oportunidad procesal para que tuviera lugar dicho medio alternativo de prosecución del proceso era en el procedimiento ordinario, en la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación por parte del juez de control y, en el procedimiento abreviado -delitos flagrantes-, en la audiencia del juicio oral, una vez presentada la acusación por el Ministerio Público y antes de que el juez de juicio unipersonal haya dado inicio al debate, el Código Orgánico Procesal Penal promulgado en el año 2009, establece en su artículo 376, que “[e]l procedimiento por admisión de los hechos procederá en la audiencia preliminar una vez admitida la acusación o ante el tribunal unipersonal de juicio una vez admitida la acusación y antes de la apertura del debate” y, en caso de que el juzgamiento corresponda a un tribunal mixto, “el acusado o acusada podrá solicitar el presente procedimiento una vez admitida la acusación y hasta antes de la constitución del tribunal”.

De tal modo que, con independencia de que se esté en presencia de un procedimiento ordinario o abreviado, las oportunidades procesales en las que el imputado puede admitir los hechos de los cuales se le inculpa son: i) en la audiencia preliminar una vez admitida la acusación; ii) ante el tribunal unipersonal de juicio una vez admitida la acusación y antes de la apertura del debate; iii) una vez admitida la acusación y hasta antes de la constitución del tribunal, cuando el juzgamiento corresponda a un tribunal mixto. De igual forma, en  aquellos delitos cuyo enjuiciamiento es iniciado a instancia de la parte agraviada, igualmente puede el imputado acogerse al procedimiento de admisión de los hechos conforme a lo expuesto en el artículo 411 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa observa la Sala que el 7 de febrero de 2011 tuvo lugar ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas la celebración de la audiencia preliminar, ocasión en la cual dicho Tribunal, entre otros pronunciamientos, una vez admitida la acusación formulada por la representación del Ministerio Público, acordó el pase a juicio oral y público, por cuanto el imputado manifestó su voluntad de “NO admitir el hecho atribuido” y, en consecuencia, mantuvo la medida judicial preventiva privativa de libertad decretada en su contra.

Posteriormente, el 16 de junio de 2011, tuvo lugar ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal el debate oral y público, oportunidad en la cual la Jueza Titular de dicho Tribunal, de manera previa, impuso nuevamente al imputado de la admisión de los hechos que regula el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando el acusado en esta ocasión su voluntad de admitir los hechos imputados por la representación fiscal.

Finalmente, el referido Juzgado Segundo de Juicio mediante decisión dictada el 16 de junio de 2011 condenó al ciudadano Pablo José López Rojas a cumplir la pena de cinco (5) años de prisión por la comisión del delito de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva.

De lo anterior, esta Sala observa, tal como se señaló precedentemente, que en efecto el acusado tenía la posibilidad de admitir los hechos que se le imputan ante el Juzgado de Juicio, una vez admitida la acusación y antes de iniciarse el debate oral y público, cuya consecuencia, tal como lo preceptúa el Código Orgánico Procesal Penal es la rebaja de la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, por lo que en principio, aprecia esta Sala que el referido Juzgado Segundo de Juicio aplicó correctamente la referida disposición atinente a la admisión de los hechos por parte del acusado, así como la consecuencia en su beneficio; sin embargo, advierte esta Sala una posible violación de los derechos fundamentales denunciados en revisión en cuanto a la pena aplicable al ciudadano Pablo José López Rojas por la comisión del delito de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, en perjuicio del hijo de la hoy solicitante, con ocasión justamente de la admisión de los hechos por parte de dicho ciudadano.   

En efecto, dicho Juzgado Segundo de Juicio condenó al referido ciudadano a cumplir la pena de cinco (5) años de prisión por la comisión del mencionado delito, a cuyo resultado arribó afirmando que el artículo 406 del Código Orgánico Procesal Penal en su cardinal 1 “tipifica y pena el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, donde establece una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión, [siendo que] la pena normalmente aplicable de conformidad con el artículo 37 Ejusdem (sic) es la pena media, la cual sería de diecisiete (17) años y seis (6) meses de prisión”.

Posteriormente afirmó dicha decisión que, “verificado que el acusado no presenta en el presente expediente constancia alguna que certifique tener antecedente penal… es por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 74 ordinal 4º del Código Penal, proced[e] a rebajar la pena impuesta por considerar que tal circunstancia puede encuadrarse como una atenuante genérica, ya que [se] aprecia… que el acusado únicamente ha cometido el delito que en el día de hoy ha admitido de forma gallarda, lo cual debe ser reconocido”, por lo que le impuso al acusado la pena de 15 años de prisión.

De seguidas, continuó la decisión objeto de revisión señalando que “el delito in comento (sic) fue cometido en grado de complicidad correspectiva, es decir participaron varias personas, entre ellas el acusado sin embargo en la fase de investigación no se logró determinar quien (sic) o quienes causaran (sic) las lesiones mortales en los occiso (sic), razón por la cual conforme a lo establecido en el artículo 424 del Código Penal se procede a rebaja (sic) la pena en la mitad, resultando, siete (07) años y seis (06) meses” y, posteriormente, sobre este resultado, procedió dicho Juzgado de Juicio nuevamente a la rebaja de la pena, por cuanto el acusado admitió los hechos conforme a lo dispuesto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, condenándolo a cumplir la pena de cinco (5) años de prisión.

Ahora bien, el artículo 376 en su último aparte, establece lo siguiente:

… (omissis) En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, la sentencia dictada por el Juez o Jueza, no podrá imponer una pena inferior al límite mínimo de aquella que establece la ley para el delito correspondiente” (negritas propias).      

En efecto, tanto el Código Orgánico Procesal Penal de 2008 como el reformado publicado el 4 de septiembre de 2009, el cual es el aplicable al caso de autos tal como se señaló precedentemente, establece en el último aparte del artículo 376, que en aquellos casos en que haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio público o de los previstos en la ley que regula la materia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, el Juez o Jueza sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio, señalando el último aparte de dicha disposición legal que, en estos casos, el Juez no podrá imponer una pena inferior al límite mínimo de aquella que establece la ley para el delito correspondiente.

De lo anterior, se observa que el Juez Segundo de Juicio en el fallo objeto de revisión no dio cumplimiento a lo previsto en el último aparte del referido artículo 376 del Código Adjetivo Penal, pues resulta obvio que la pena de cinco (5) años de prisión a la cual fue condenado el ciudadano Pablo José López Rojas está muy por debajo del límite mínimo de la pena que impone el Código Penal para el delito de homicidio en su artículo 406, cardinal 1, el cual es de quince (15) años de prisión. Por lo tanto, si bien el acusado admitió  los hechos que se le imputan, de conformidad con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, ello en ningún modo faculta al Juez de la causa para establecer una pena en contravención a la referida disposición legal.

Tampoco observa esta Sala que el Juzgado de Juicio haya justificado la imposición de dicha pena de cinco (5) años de prisión por la comisión del delito de homicidio fundamentado en el ejercicio del control difuso que le permite el Texto Fundamental, lo cual en todo caso, también resultaría contrario a la doctrina que, de manera reiterada, ha establecido esta Sala Constitucional al respecto, en cuanto a que el segundo aparte del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, no resulta contrario a los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la igualdad ni a la progresividad de los derechos humanos (vid. decisión de esta Sala No. 899 del 12 de agosto de 2010, caso: “Cruz Alvarado”, entre otras).   

En efecto, respecto del citado artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala en su decisión No. 277 del 17 de febrero de 2006, estableció lo siguiente:

Ante tal supuesto [admisión de los hechos] el Juez deberá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuesta. Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio público o de los previstos en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (actual Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, el Juez sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio… (omissis)

… A mayor abundamiento, debe señalarse que la admisión de los hechos, cuyos orígenes se remontan al plea guilty -figura propia del Derecho anglosajón-, constituye una confesión judicial pura y simple del imputado, es decir, un reconocimiento de su culpabilidad en los hechos que se le atribuyen… cuya consecuencia es la imposición de una pena con prescindencia del juicio oral y público. Pero es el caso, que dicha institución trae aparejado como beneficio para el sujeto una rebaja en la pena correspondiente al delito que le ha sido atribuido, toda vez que para que esta renuncia del imputado al juicio tenga algún sentido, resulta necesario que el mismo obtenga algo a su favor … (omissis)

Esa forma de auto composición procesal se manifestó en la presente causa seguida a través del procedimiento ordinario, ya que, luego de admitida la acusación fiscal en la audiencia preliminar por parte del Juzgado Quincuagésimo Segundo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el imputado… le manifestó a dicho juzgado de control, su intención de acogerse al mismo y admitir los hechos, circunstancia que determinó que ese órgano jurisdiccional, mediante sentencia del 7 de junio de 2005, los condenara a cumplir la pena de “robo impropio en grado de frustración”, previsto y sancionado en el artículo 456 del Código Penal, en concordancia con los artículos 80 y 82 eiusdem.

… De igual forma, en el segundo aparte del artículo 376 de la ley adjetiva penal –y estrechamente vinculado a lo anterior-, se dispone que el Juez, al aplicar la rebaja –limitada- que corresponde a los delitos establecidos en el primer aparte de dicha norma, cuyas penas excedan de ocho años en su límite máximo, no podrá en ningún momento imponer una pena inferior al límite mínimo de aquella que establece la ley para el delito correspondiente. (negritas del presente fallo).

(Omissis)… En otro orden de ideas, el segundo aparte del artículo 376 señala que en los supuestos allí expresados el juez no podrá imponer una pena inferior al límite mínimo de aquella que establece la ley para el delito correspondiente, de lo cual se deduce que ante la inexistencia de límite mínimo y máximo en los tipos de imperfecta realización (ver artículo 82 del Código Penal), el legislador está haciendo alusión al límite mínimo de la pena del delito en su forma consumada, el cual deberá utilizarse como referencia en los casos de tentativa y delito frustrado, tal como ocurre en el supuesto sub-examine. En otras palabras, incluso en los casos de tipos de imperfecta realización, el juez no podrá imponer una pena inferior al límite mínimo de aquella que establece la ley para el delito en su forma consumada.

En atención a los criterios jurisprudenciales expuestos, esta Sala Constitucional, considera no ajustada a derecho la desaplicación del segundo aparte del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, efectuada por el Juzgado Quincuagésimo Segundo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en virtud que el delito por el cual fue condenado el ciudadano Eder Joel Escalona Sánchez fue “robo impropio en grado de frustración”, el cual es considerado como un delito que implica la utilización de violencia contra las personas, y cuyo límite máximo es superior es de doce (12) años de prisión, lo cual sobrepasa el límite de ocho (8) años fijado por el artículo antes mencionado.

Siendo así, se evidencia que dicho Juzgado desaplicó de forma errónea el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que la redacción de éste es clara y precisa al establecer que, cuando se trate de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de los delitos contra el patrimonio público y los establecidos en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (actual Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), cuyas penas excedan de ocho (8) años en su límite máximo, sólo se podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio, siendo que en el caso que hoy nos ocupa, se condenó al acusado por la comisión del delito de robo impropio, cuya pena, de conformidad con el artículo 455 del Código Penal, es de seis (6) a doce (12) años de prisión.

Debe aclararse, que aun y cuando el artículo 455 del Código Penal contempla el delito de robo propio, la pena correspondiente a éste también le es aplicable al delito de robo impropio, ello por mandato expreso del artículo 456 eiusdem, el cual regula esta última figura delictiva.

En este sentido, la Sala observa que en la sentencia objeto de la presente revisión, se desaplicó el segundo aparte del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, imponiéndole al acusado una pena de dos (2) años y ocho (8) meses de prisión, sin tomar en cuenta que el límite mínimo de la pena para el delito de robo impropio en de seis (6) años de prisión”.

De la misma manera, la Sala de Casación Penal ha reiterado la prohibición contenida en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal respecto de la imposibilidad de rebajar la pena en los casos en que haya habido violencia contra las personas –que constituye el caso de autos- o en materia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, por debajo del límite mínimo de la pena que la ley establece para el delito correspondiente. En efecto, mediante decisión No. 387 del 18 de agosto de 2010, caso: “Yosler Alexander Gutiérrez Vera”, entre otras decisiones, la Sala de Casación Penal, en interés de la ley y la justicia, procedió de oficio a la rectificación de la pena impuesta en los siguientes términos:

… (omissis) “Por el delito de abuso sexual a adolescente la pena que debería cumplir el ciudadano condenado [por la comisión del delito de abuso sexual a adolescente] es de quince (15) a veinte (20) años de prisión, cuyo término medio, de conformidad con el artículo 37 del Código Penal, es de diecisiete (17) años y seis (6) meses… [siendo que] el Juzgado de Control en su oportunidad consideró la aplicación de la atenuante de buena conducta predelictual consagrada en el artículo 74 del Código Penal, por lo cual se toma la pena a imponer en su límite inferior, vale decir, quince (15) años de prisión y, visto que los hechos, objeto del juicio, encuadran dentro del segundo aparte del artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, toda vez que el acusado ejerció autoridad sobre la víctima, la pena se aumenta de un cuarto a un tercio. Aplicando un tercio (5 años) como aumento de la pena, la misma queda en veinte (20) años de prisión.

Durante el curso de la audiencia preliminar, el condenado admitió los hechos según lo dispuesto en el primer aparte del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que la pena a aplicar se rebaja hasta un tercio de la misma, es decir, le corresponde una rebaja de seis (6) años y ocho (8) meses, quedando la pena en trece (13) años y cuatro (4) meses de prisión.

Ahora bien, de conformidad con la prohibición a que se contrae el segundo aparte del citado artículo 376, la penalidad a imponer al ciudadano Yosler Alexander Gutiérrez Vera no podrá ser inferior al límite mínimo de aquella que establece la ley para el delito correspondiente, por lo cual la pena que deberá imponerse al mencionado ciudadano es de quince (15) años de prisión (negritas del presente fallo).

De tal modo, esta Sala estima que en el caso bajo análisis se ha contrariado la doctrina que respecto de la aplicación del artículo 376 ha establecido de manera reiterada esta Sala, pues justamente la referida disposición legal en su último aparte apunta a razones de equidad y justicia, estableciendo una prohibición expresa, en los casos en que haya habido violencia contra las personas –que constituye el caso de autos- de imponer una pena menor del límite mínimo que prevé el Código Penal para el delito correspondiente, lo cual, se insiste, no se observó en el presente caso siendo que el Juzgado de Juicio impuso una pena muy por debajo de los quince (15) años que prevé, como límite mínimo, el artículo 406, cardinal 1 del Código Penal, que constituye el delito de autos, pues si bien se aplicó la rebaja prevista en el artículo 424 del Código Penal, por haberse cometido el homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, el mismo constituye un tipo de perpetración del delito de homicidio siendo la pena aplicable la prevista en el señalado artículo 406, cardinal 1 del Código Penal. En tal sentido, la Sala de Casación Penal en un caso similar, si bien no por admisión de los hechos, partiendo de la pena prevista en la citada disposición legal procedió a efectuar las rebajas correspondientes por estar en presencia de un fallo condenatorio por la comisión del delito de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, lo cual efectuó en los siguientes términos:

        “El ciudadano… fue condenado por el delito de Homicidio Calificado con Alevosía, para el cual se encuentra establecido en el artículo 406 (numeral 1) del Código Penal Vigente, una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años, siendo el término medio de la misma, de conformidad a lo previsto en el artículo 37 eiusdem, diecisiete (17) años y seis (6) meses de prisión.

Ahora bien, por tratarse de una sentencia condenatoria por el delito de Homicidio Calificado en grado de complicidad correspectiva, corresponde la aplicación del artículo 424 del Código Penal vigente, por lo que debe aplicarse la rebaja de la pena establecida en la norma supra señalada, es decir de una tercera parte a la mitad.

Por cuanto, el sentenciador de juicio aplicó la rebaja prevista en el artículo 424 del Código Penal, en una tercera parte de la pena, la Sala mantiene dicha rebaja de pena, la cual es de cinco (05) años y diez (10) meses de prisión, que descontada a la pena de diecisiete (17) años y seis (6) meses de prisión, queda la pena para el delito de homicidio calificado, en el grado de la complicidad correspectiva, en la presente causa, en once (11) años y ocho (8) meses de prisión”… (omissis) (negritas propias). (Decisión No. 295 del 21 de julio de 2010, caso: “Isidro Antonio Hamilton”).

Así las cosas, visto que, se insiste, en el caso bajo análisis el referido Juzgado Segundo de Juicio no tomó en cuenta la prohibición expresa del último aparte el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal de imponer una pena menor del límite mínimo que prevé el texto sustantivo para el delito correspondiente y tampoco justificó dicha contravención de la referida norma legal bajo la fundamentación de su desaplicación por control difuso, lo cual, se reitera, resultaría en todo caso igualmente contrario a lo establecido por la doctrina reiterada de esta Sala tal como se expresó precedentemente y, de conformidad con las motivaciones y jurisprudencia citadas, la misma estima que la revisión solicitada debe declararse que ha lugar; en consecuencia, se anula la decisión dictada el 16 de junio de 2011 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual dicho órgano jurisdiccional estableció la penalidad correspondiente y condenó al ciudadano Pablo José López Rojas a cumplir la pena de cinco (5) años de prisión, por la comisión del delito de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y se ordena a dicho Tribunal realizar nuevamente el cómputo de la pena a imponer en estricto apego a las consideraciones expuestas en el presente fallo. Así se decide.    

Finalmente, visto el anterior pronunciamiento en el cual se declara que ha lugar a la revisión solicitada por la ciudadana Pabla Antonia Guaiquirian de Ruiz, se estima que resulta inoficioso emitir declaración sobre la medida cautelar innominada solicitada, ello en virtud del carácter instrumental y accesorio de las cautelares respecto del juicio principal, más aún cuando en acatamiento del presente fallo se ordena al referido Juzgado Segundo de Juicio que efectúe nuevamente el cómputo de la pena impuesta al ciudadano Pablo José López Rojas conforme a los lineamientos expuestos en esta decisión, lo cual implica indefectiblemente la nulidad de todas las actuaciones subsiguientes realizadas con ocasión de  la ejecución de la decisión dictada por dicho Tribunal el 16 de junio de 2011 -objeto de la presente revisión-, entre ellas, la decisión dictada 25 de julio de 2011 por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual en ejecución del fallo objeto de la presente revisión, se realizaron los cálculos respectivos a los fines de las medidas alternativas de cumplimiento de pena a las que pudiera optar el ciudadano Pablo José López Rojas, siendo la más próxima la referida al destacamento de trabajo, a la cual, según dicho cálculo, pudo optar a partir del 11 de febrero de 2012, cálculos estos que obviamente resultarían modificados en virtud del nuevo cómputo de la pena a efectuarse por el mencionado Juzgado Segundo de Juicio conforme a la doctrina y pronunciamientos proferidos por esta Sala Constitucional en la presente decisión, declaración que la misma emite en aras de resguardar la efectividad de la presente decisión, fundamentada en los criterios de justicia y razonabilidad que rigen en todo Estado Social y de Derecho tendentes a asegurar la tutela judicial efectiva y eficaz de los justiciables…”

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/607-14512-2012-12-0319.HTML

SC: EL TRIBUNAL DE CONTROL SIEMPRE DEBE NOTIFICAR A LAS PARTES DE LA PUBLICACIÓN DE SUS AUTOS; SIN EMBARGO, EN EL SUPUESTO DE QUE EL AUTO SEA PUBLICADO FUERA DEL LAPSO DE LOS TRES (3) DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 161 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, EL TRIBUNAL DEBERÁ INDEFECTIBLEMENTE PRACTICAR LA NOTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA, DE ESTA FORMA, DAR CERTEZA DEL INICIO DEL LAPSO DE APELACIÓN Y ASEGURAR LOS DERECHOS A LA DEFENSA, AL DEBIDO PROCESO Y A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DEL JUSTICIABLE.

SALA CONSTITUCIONAL SENTENCIA Nº170 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.

(…)

La Sala Constitucional observa que los abogados Gloria Pinho, Mariangel Ramírez de Pinho y Michel Yorman Prado Cárdenas, defensores privados del ciudadano Luis Javier Sánchez Rangel, interpusieron acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada el 4 de diciembre de 2018, por la Sala N° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto el 12 de septiembre de 2017; ello con ocasión al proceso penal que se le sigue al ciudadano Luis Javier Sánchez Rangel, por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación, previstos y sancionados en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; extorsión, tipificado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, corrupción propia y enriquecimiento ilícito, tipificados en los artículos 62 y 73 de la misma Ley Orgánica; y sustracción de sellos, dispuesto en el artículo 230 del Código Penal.

En tal sentido, la Sala N° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, estableció en el referido fallo que “los pronunciamientos de fecha cinco (05) de agosto, dieciocho (18) de agosto y veintiuno (21) de agosto de 2017, apelados por sus respectivas defensas fueron dictados en la audiencia para oír al aprehendido de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, y el pronunciamiento de fecha trece (13) de septiembre de 2017, apelado por su defensa fue dictado en la Audiencia de Imputación, establecida en el artículo 356 del Código Orgánico Procesal Penal aplicable en el presente caso, cuando la Juez por la naturaleza del caso es necesaria la celebración de la audiencia y por tanto derivado del pronunciamiento, y con su lectura las partes queden debidamente notificadas”. (Sic).

De seguidas, indicó respecto al cómputo efectuado por el Tribunal Vigésimo (20°) de Primera Instancia en Funciones de Control Estadal de Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas que “(e)n fecha 29-11-2018 el quo realizó el respectivo cómputo practicado por secretaría inserto a los folios doscientos setenta y uno (271) y doscientos setenta y dos (272) del cuaderno de incidencias, donde dejó constancia de los días de despacho transcurridos desde la fecha en que el Tribunal celebró las audiencias respectivas, hasta que fueron presentados los recursos de apelación por parte de los Profesionales (sic) del Derecho (sic) Abgs.(sic) GLORIA (sic) PINHO (sic) Y (sic) MICHEL (sic) PRADO CÁRDENAS (sic), en su carácter de Defensores (sic) Privados (sic) del ciudadano LUIS (sic) JAVIER (sic) SÁNCHEZ (sic) RANGEL (sic), (…) y Abg JOSEFINA (sic) CÁMARA (sic) NOVOA (sic), en su carácter de Defensora (sic) Privada (sic) de los ciudadanos JOSÉ (sic) RAFAEL PARRA (sic) SALUZZO (sic), (…) y RAFAEL (sic) ARTURO (sic) PARRA (sic) SALUZZO (sic), (…) desde el día 18/08/2017 exclusive, fecha en la cual se realizó audiencia de presentación para oír al aprehendido de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando notificada la DEFENSORA (sic) PRIVADA (sic) la DRA (sic). GLORIA (sic)  MARÍA (sic) DE (sic) PINHO, en su carácter de defensora del ciudadano LUIS (sic) JAVIER (sic) SÁNCHEZ (sic) RANGEL (sic), de la decisión dictada por este juzgado en fechas 18 de agosto del año 2017, dejando transcurrir siete días (07) Días (sic) Hábiles (sic) contados de la siguiente manera: 4, 5, 6, 7, 8, 11,12 de septiembre de 2017, días en los cuales hubo despacho, presentando el recurso de apelación dicha defensora privada, el día 12-09-2017 ante este Juzgado. Así mismo se deja constancia que los días, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, del mes de agosto y 1 de septiembre no hubo despacho, Ahora bien, en fecha 18 de septiembre de 2017, se libró boleta de emplazamiento a los Fiscales 11° y 73° Nacional del Ministerio Público, dándose por notificados los Fiscales, el día 06 de octubre 2017, transcurriendo el lapso para la contestación de los recursos de la siguiente manera 09, 10 y 11 de octubre de 2017, siendo el día 11/10/2017, fecha en la cual los representantes del Ministerio Publico (sic), presentaron Contestación (sic) del Recurso (sic) de Apelación (sic) ejercidos por la defensa privada”.

Los defensores privados señalan que “el Juzgado Vigésimo (20°) en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, así como la Sala N° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, incurrieron en error procesal, lo cual a su juicio quedó demostrado en el cuaderno de incidencias inserto al folio 235 del expediente primigenio, de fecha 28 de mayo de 2018”, según alegan los accionantes “nueve (9) meses después de realizada la audiencia de presentación de aprehendido y ocho (8) meses después de haber interpuesto el recurso de apelación”.

Asimismo, alega la defensa del accionante, que el Juzgado Vigésimo ( 20°) en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, incurrió en violación del debido procesopuesto que el recurso de apelación fue interpuesto el 12 de septiembre de 2017, “fecha en la cual aún no se había agregado el auto motivado de la decisión tomada en la audiencia de presentación realizada el 18-8-2017, culminada el 19-8-2017, sin embargo ha pretendido, la juzgadora confundir y hacer incurrir en error, tanto a la partes como a la Corte de Apelaciones, con la fecha agregada a la decisión, hacer creer que el fallo fue emitido el mismo día en que se inició la audiencia”.

Continúa alegando la defensa que “Al folio 237, se aprecia como el Juzgado Vigésimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, emite un computo (sic) señalando como fecha de inicio, la misma audiencia de presentación, no siendo correcto, pues tal como lo señalamos en el escrito de apelación, para la data en la cual consignamos el escrito recursivo, aún no habían  agregado el (sic) expediente el texto de la decisión proferida en la audiencia de presentación la madrugada del 19-8-2017, con ello partió de un falso supuesto de hecho el Juzgado Vigésimo en Funciones de Control en fraude procesal”.

Al efecto, la defensa del accionante alegó en la demanda de amparo que,“ (e)l 18 de agosto de 2017, se realizó la audiencia de presentación del detenido, en la que el Juzgado Vigésimo (20°) en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, decretó medida preventiva privativa de libertad, dicha audiencia finalizó a las 3 de la mañana del día 19 de septiembre del mismo año, es decir; mal pudo publicar la juzgadora el auto motivado el mismo 18 de agosto, pues la audiencia no había culminado ese día, ello se desprende del acta, quedando con ello acreditado, el falso supuesto de hecho y la falta de veracidad por parte de la Juez CAROL (sic) PADILLA (sic), al incorporar dicha data en el fallo y así indicarlo en los múltiples cómputos agregados a los autos”. (Negrillas del escrito).

Ahora bien, la Sala observa del expediente solicitado a la Presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que consta al folio ciento cincuenta y seis (156) del anexo 10 del mencionado expediente, el texto íntegro de la sentencia de autos la cual fue publicada el ocho (8) de septiembre de 2017, por el Tribunal Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, hecho este que constituye el punto controvertido, pues se indica que la sentencia fue dictada en la audiencia del día 18 de agosto de 2019. No obstante, se observa que el dispositivo de dicha sentencia se dictó en la audiencia que inició el día 18 de agosto de 2019 y concluyó el día 19 del mismo mes y año, a las 02:10 am. En el acta se indica lo siguiente:

DECIMO: La presente decisión se fundamentará por auto separado. Así mismo, se procede a dejar constancia que el acto concluyó siendo las dos y diez (02:10 am) horas de la madrugada quedan las partes debidamente notificadas de lo aquí decidido con lectura y firma de la presente acta, de conformidad con lo establecido en el artículo159 del Código Orgánico Procesal Penal por ultimo líbrese el respectivo oficio anexo correspondiente boleta de cancelación al Cuerpo Policial de Aprehensión, es todo se terminó se leyó y conformen firman”. (Sic).

 Como antes se indicó, el punto de discrepancia lo constituyen los cómputos realizados por el Tribunal Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, teniendo la Sala Nueve de la Corte de Apelaciones del referido circuito que hacer la remisión al tribunal a quo para que subsanara dichos cómputos y fuera revisado nuevamente por la Corte, quedando en evidencia en varias oportunidades estas observaciones. En tal sentido, ha debido la Corte solicitar el expediente original para así evitar el retardo procesal, ocurrido en el juicio principal. Tal como se constata en el folio doscientos sesenta y dos (262) del anexo diez (10) del expediente.

Observa la Sala que ciertamente la publicación del texto íntegro de la sentencia apelada fue el día ocho (8) de septiembre de 2017 y el recurso de apelación fue interpuesto por los defensores del accionante el día martes 12 de septiembre de 2017; siendo entonces que el 8 de septiembre de 2017 fue día viernes, el lunes 11 de septiembre de 2017 era el primer día hábil para interponer el recurso de apelación, excluyendo de dicho lapso los días 9 y 10 de septiembre de 2017, por ser sábado y domingo; por tanto, la defensa al interponer el mencionado recurso el día martes 12 de septiembre de 2017, lo hizo el segundo día hábil; resultando tempestivo el recurso de apelación ejercido por la defensa.

Así, en sentencia de la Sala Constitucional N° 942 del 29 de julio de 2014, se indicó lo siguiente:

Si por razones de complejidad del caso ello no es posible y el auto fundado es dictado y publicado con posterioridad a la fecha de finalización de la audiencia, no debe exceder el lapso de tres (3) días siguientes a la misma, en aplicación de lo previsto en el artículo 161 del Código Orgánico Procesal Penal para los autos que deciden las actuaciones escritas, con el propósito de garantizar el carácter expedito del proceso penal. En este caso, el Tribunal de Control siempre debe notificar a las partes de dicha publicación y, en este sentido, puede hacerlo en la audiencia informando a las partes que el auto será publicado en ese lapso; sin embargo, en el supuesto de que el auto sea publicado fuera del lapso de los tres (3) días aludido deberá indefectiblemente practicar la notificación de las partes para, de esta forma, dar certeza del inicio del lapso de apelación y asegurar los derechos a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva del justiciable”. (Negrillas de esta decisión).

Siguiendo el criterio de esta Sala en esta materia recursiva, la decisión del Juez habrá de notificarse a las partes sobre todo cuando tal resolución afecte sus derechos, en la ilustración de los recursos procedentes, de forma que se garantice así la urgencia del principio constitucional de contradicción, esencial para que el proceso penal se realice con todas las garantías constitucionales.

En atención a lo expuesto, la Sala estima que la sentencia dictada el 4 de diciembre de 2018, por la Sala N° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas lesionó los derechos a la defensa, al debido proceso, a la doble instancia y a la tutela judicial efectiva del accionante, al declarar inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación, el cual en criterio de esta Sala Constitucional fue interpuesto tempestivamente.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional juzga que en el presente caso, se encuentran configurados los extremos de procedencia establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, en aras de la simplificación de trámites que integra el concepto de tutela judicial efectiva y conforme a los principios de celeridad y economía procesal, le asiste la razón al accionante; por consiguiente, la Sala declara procedente in limine litis la presente acción de amparo constitucional intentada por los abogados Gloria Pinho, Mariangel Ramírez de Pinho y Michel Yorman Prado Cárdenas, actuando en su carácter de defensores privados del ciudadano Luis Javier Sánchez Rangel, contra la sentencia dictada el 4 de diciembre de 2018, por la Sala N° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesta el 12 de septiembre de 2017, por la defensa privada del prenombrado ciudadano, contra la sentencia dictada el 18 de agosto de 2017, por el Tribunal Vigésimo (20°) de Primera Instancia en Funciones de Control Estadal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/310775-0170-241120-2020-19-0137.HTML

SCP: A LOS EFECTOS DEL AVOCAMIENTO, LAS SOLICITUDES PLANTEADAS DE MANERA AISLADA, GENÉRICA Y SUBJETIVA, QUE NO ESPECIFIQUEN DETALLADAMENTE LAS PRESUNTAS VIOLACIONES AL ORDENAMIENTO JURÍDICO, SINO SIMPLEMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE UNA DECISIÓN SEA DESFAVORABLE PARA UNA DE LAS PARTES, NO SON SUSCEPTIBLES DE SER REVISADAS A TRAVÉS DE ESTA FIGURA EXTRAAORDINARIA.

SALA DE CASACIÓN PENAL SENTENCIA Nº144 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020.

(…)

Determinada la competencia pasa esta Sala de Casación Penal a pronunciarse sobre la petición avocatoria formulada por el defensor privado Wilmer Rafael Gil Jaime y, al respecto, observa lo siguiente:

El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en cada una de sus Salas y en las materias de su respectiva competencia, la facultad de solicitar en cualquier estado de la causa, bien de oficio o a instancia de parte, el expediente de cuyo trámite esté conociendo cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad y, una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

Es por ello que, debido a su carácter especial y excepcional, la solicitud que al respecto se realice debe ser examinada exhaustivamente, por cuanto debe cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, so pena de la declaración de inadmisibilidad de la misma.

En tal sentido, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en los artículos 107, 108 y 109, regula la figura del avocamiento de la manera siguiente:

“Procedencia

Artículo 107. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

Procedimiento

Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún Tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida.

Sentencia

Artículo 109. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro tribunal competente en la materia, así como adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido…”.

En consonancia con las normas transcritas, el avocamiento será ejercido, bien de oficio a instancia de parte, en caso de graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, como en aquellos en los cuales sea evidente la violación del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De igual modo, para su procedencia se exige el cumplimiento, entre otros, de los requisitos siguientes:

1) Que el solicitante esté legitimado para pedir el avocamiento por tener interés en la causa, salvo en los casos en los que esta Sala de Casación Penal lo hiciere de oficio.

2) Que el proceso cuyo avocamiento se solicita curse ante un juzgado cualquiera sea su jerarquía y especialidad, con independencia de la etapa o fase procesal en que se encuentre.

3) Que la solicitud de avocamiento no sea contraria al orden jurídico, vale decir, opuesta a las normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

4) Que la solicitud sea interpuesta una vez ejercidos los recursos ordinarios ante la autoridad competente y sin éxito; esto es, que las irregularidades que se alegan deben haber sido oportunamente reclamadas sin el resultado esperado.

En tal sentido, cabe acotar que las circunstancias de admisibilidad anteriormente mencionadas deben ser concurrentes, en razón de lo cual la ausencia de alguna de estas conllevaría a la declaratoria de inadmisibilidad del avocamiento.

Ello, es la razón por la cual esta Sala de Casación Penal reiteradamente ha establecido que “(…) el juicio de admisibilidad se dirige a verificar si la pretensión es jurídicamente apta para que el juzgador pase a estudiar el fondo del asunto, ya que si la materia o el objeto contenido en los planteamientos del solicitante no se adaptan a las exigencias del ordenamiento jurídico, el juez no podrá enjuiciar el fondo de la causa (…)” [Vid. sentencias números 672, del 17 de diciembre de 2009; 287, del 25 de julio de 2016; 351, del 11 de octubre de 2016; y 451, del 14 de noviembre de 2016].

Siendo ello así, en el presente caso, se observa:

  1. Que la presente solicitud de avocamiento fue presentada por el abogadoWilmer Rafael Gil Jaime“actuando en [su] condición de Defensor Privado”, carácter que se evidencia de las copias de la documentación cursante en los autos, razón por la cual, el predicho ciudadano se encuentra legitimado para formular la petición avocatoria.
  2. Que, en el caso sub examine, se solicita el avocamiento de la causa cursante ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, signada con el alfanumérico FP12-P-2019-1C-705 (de la nomenclatura de dicho juzgado), en razón de lo cual, se encuentra cumplida la exigencia prevista en el citado artículo 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, referida a que el asunto curse ante un tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en la cual se encuentre.
  3. En cuanto al tercer requisito, relativo a que la solicitud no sea contraria al ordenamiento jurídico, tal como dispone el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en los procesos judiciales que cursen ante las distintas Salas de este Máximo Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala de Casación Penal, constata que la solicitud presentada, no es contraria a derecho, pues tiene por objeto el avocamiento de un proceso penal.
  4. Por último, respecto de la exigencia referida a que la solicitud de avocamiento debe ser ejercida previo agotamiento de los recursos ordinarios oportunamente interpuestos ante la autoridad competente, sin el resultado esperado, esta Sala de Casación Penal, ha establecido reiteradamente que las partes deben agotar los trámites e incidencias para reclamar las infracciones que consideren han sido cometidas por los órganos jurisdiccionales, y no pretender acudir a la vía del avocamiento para separar momentáneamente la causa de su juez natural, subvirtiendo así las formas del proceso, por cuanto la figura bajo análisis“(…) no constituye una nueva instancia judicial o administrativa, para emitir un nuevo pronunciamiento a las partes, en cuanto a la resolución de una causa que no le favorezca(…)” [Vid. sentencias números 313, del 17 de octubre de 2014; 472, del 21 de noviembre de 2016; 514 y 519, del 6 de diciembre de 2016].

Atendiendo lo precedentemente expuesto, esta Sala de Casación Penal del análisis del escrito contentivo de la petición avocatoria advierte que el abogado Wilmer Rafael Gil Jaime se limitó a efectuar un relato genérico, relacionado con el proceso penal  que se le sigue a los ciudadanos Astrid Antonieta Carratala Puigbó y Francisco Enrique Gálvez; no obstante, no arguyó alegato alguno que evidencie que en dicho proceso se hayan cometido graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones que afecten la justicia y perjudiquen la imagen del Poder Judicial en la medida que tales violaciones influyan en la correcta administración de justicia, y que ameriten que esta Sala de Casación Penal se avoque al conocimiento de la causa con la consecuente paralización de ésta; por el contrario, lo reseñado son las actuaciones cumplidas en el curso del referido proceso que, entre otras, han sido objeto de acciones ordinarias, tales como el recurso de apelación.

Siendo así, esta Sala de Casación Penal reitera lo establecido en la sentencia N° 278, del 8 de mayo de 2015, en la cual dispuso que:

(…) para la procedencia del avocamiento es necesario y obligante que el mismo esté fundado sobre la base de la gravedad y urgencia de infracciones normativas acaecidas dentro del procedimiento penal, que vulneren flagrantemente derechos constitucionales. Es por ello, que las solicitudes planteadas de manera aislada, genérica y subjetiva, que no especifiquen detalladamente las presuntas violaciones al ordenamiento jurídico, sino simplemente por la circunstancia que una decisión sea desfavorable para una de las partes, no son susceptibles de ser revisadas a través de esta figura extraordinaria (…)”. [Negrillas y subrayado de la Sala].

 En virtud de ello, en el presente caso, lo invocado por el solicitante como sustento de su pretensión no constituye “per se” escandalosas infracciones al ordenamiento jurídico que violen el debido proceso y que pongan en peligro la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática venezolana, en razón de lo cual esta Sala de Casación Penal estima procedente declarar inadmisible la petición avocatoria formulada por el defensor privado Wilmer Rafael Gil Jaime, en razón de que no cumple con los requisitos indispensables para su admisión establecidos en los artículos 107 y 108 ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/noviembre/310764-144-191120-2020-A19-260.HTML

SCP: NO PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA DECISIONES SUSCRITAS POR LAS CORTES DE APELACIONES POR SER UNA ACCIÓN “IMPROPONIBLE EN DERECHO”.

SALA DE CASACIÓN PENAL SENTENCIA Nº135 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020.

(…)

Previo a cualquier pronunciamiento, esta Sala de Casación Penal debe determinar su competencia para conocer del presente “recurso de apelación” y, al efecto, observa:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 266, numeral 8, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “(…) Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 8. Conocer del recurso de casación (…)”.

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece las competencias de cada una de las Salas que integran el Máximo Tribunal. De manera específica, respecto a la Sala de Casación Penal, el artículo 29, numeral 2, de la referida ley especial señala:

“(…) Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia

    1. Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley.
    2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal.
    3. Conocer las solicitudes de radicación de juicio.
    4. Las demás que establezcan la Constitución de la República y las leyes”(Negrillas y subrayado de esta Sala).

Conforme con la normativa precedentemente expuesta, en sintonía con las disposiciones contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 451, esta Sala de Casación Penal se encuentra facultada expresamente para conocer de los recursos de casación interpuestos por las partes contra aquellas decisiones proferidas por las Cortes de Apelaciones que resuelvan sobre una apelación sin ordenar la realización de un nuevo juicio; las que declaren la terminación del proceso o que hagan imposible la continuación del mismo.

Ahora bien, en el presente caso, el abogado Henry Reverón, actuando con el carácter de Defensor Privado de un adolescente (se omite la identidad según lo establecido en el artículo 65 parágrafo segundo de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) ejerció “recurso de apelación” contra la decisión dictada el 18 de septiembre de 2019, por la Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró “IMPROPONIBLE  el recurso de apelación interpuesto por el mencionado abogado, contra la decisión dictada en la apertura del juicio oral y privado el 12 de agosto de 2019, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio de la Sección Penal de Responsabilidad de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró “INADMISIBLE IN LIMINES LITES (sic) el pedimento emanado por la defensa privada (…)”. De cuyo recurso de apelación entre otras cosas se desprende lo siguiente:

Que “(…) con el debido respeto y acatamiento al compendio de rigor y a todo lo tipificado en el orden jurisdiccional vigente para tales efectos, acudo por ante su competente autoridad con la venia de estilo y en efecto ocurro para exponer y solicitar, por la ultrapetita y menos petita pido analizar de acuerdo a la Sentencia reiterada y pacifica el artículo 244 del CPC al respecto, además solicite el control difuso de la constitucionalidad Articulo 33 de la LOTSJ (sic) para la desaplicación del artículo 260 de LOPNA (sic)  para que en la Sala Constitucional se haga un examen abstracto sobre este caso en concreto siendo hoy el tercer día de que la Corte ha Despachado por cuanto tenía en cartel aviso de no despacho por actividades administrativas y ante las omisiones que anteceden a la presente acción Apelo por cuanto solicite que le hicieran las pruebas físicas a mi defendido para que se pueda establecer su participación por medio del decir de un forense (honomapatologo (sic)) ese sentido APELO” y solicito acumulación de autos DE LOS EXPEDIENTES (sic) lAa-2019-510 lAa-2019-509 con el Expediente 2019-1499 de esta Honorable Corte de Apelaciones De LOPNA (sic) Sección Responsabilidad Penal De Los Adolescentes Del Área Metropolitana De Caracas (sic), por cuanto es el mismo caso para la economía procesal apegado a los artículos 19, 70, 439 numerales 3 y 6 del COPP (sic)  en relación de los artículos 8 parágrafo segundo, 177 literal M, 608 literales A, B, C y D de LOPNA  (sic) por la inobservancia a los artículos 328 numeral 3 y 831 en relación de los artículos 131 numeral 4 y 440 tanto del Aquo como de la Digna Representación del Ministerio Publico en virtud de que la Operadora de Justicia no cumplieron con lo que les ordena el artículo 441 del Código de Procedimiento Civil por lo cual adquiere lo contenido en el Articulo (sic)  442 numeral 1 Ibídem en relación a la operadora de Justicia y respecto al Promevente (sic) adquiere lo tipificado en el artículo 133 Ejusdem, es útil pertinente y necesario invocar los artículos 316, 318 y 319 del Código Penal así mismo el artículo 19, 35, 36,174 y 176 del COPP (sic)  por lo cual debo invocar los artículos 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 44 numeral 1, 49 numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, art 51, 55, 143, 257, 259, 334 y 336 numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por cuanto la acción incoada fue intempestiva lo cual e (sic) venido denunciando hasta la saciedad desde que entre (sic)  en la presente causa por cuanto los familiares del presunto agraviado detuvieron a mi defendido desde las 3:am hasta las ll:00Am (sic) aproximadamente que es cuando llego el CICPC (sic) por lo cual se constituye la presente acción en una privativa ilegitima por ese motivo yo solicite invalidación y tacha por lo cual al no activarse en los recursos y procedimientos invocados sin tener la titularidad ni estar debidamente Juramentada para acometer desde las cuatro antes meridian (sic) 4:am (sic) aproximadamente encerraron a mi representado sin ningún tipo de orden Judicial y tampoco fue encontrado infraganti o en flagrancia tipificado en el Artículo (sic) 373 del COPP (sic) (…)”.

Que “(…) la representación Fiscal alego en audiencia preliminar en la cual se le dio el derecho de alegar y replicar después de que yo intervine pero a mí no se me dio el acceso al derecho de contrarréplica lo cual ha causado un alarmante estado de indefinición por este motivo me dirijo por ante este Poder Superior con arraigo en los artículos 25 numerales 11, 13 y 16, art 32 y 166 de la Ley Orgánica Del Tribunal Supremo De (sic) Justicia (LOTSJ) para que el presente caso sea decidido de acuerdo al contenido en el orden Jurisdiccional vigente para los efectos de que sea analizado sobre lo Juzgado y que se verifiquen para que es su veredicto se decrete una mejor decisión al invocar los siguientes artículos que a continuación describo a los fines de que sea oída la Apelación en ambos efectos, para poder hacer uso de las facultades que nos confiere el legislador en los artículos (sic) 328 numeral 3, 831 en relación de los artículos 440 y 131 numeral 4 del Código de Procedimiento Civil concatenado con los artículos 316 y los atinentes a la falsedad del capítulo III del Código penal Venezolano, para poder ir en contra de toda persona investida o no de autoridad concordante con los artículos 1537 y 1380 numerales 5 y 6 así mismo concordando con los artículos 321 del CPC , reforzando la pretensión de tacha en contra del instrumento denominado acta de solicitud de imputación Fiscal en los artículos 19, 24, 26, 27, 28, 49 numeral 01, 257 249 y 334 de la CRBV (sic) y por la desacertada acción activada por el promovente (sic) contra mi defendido con arraigo en el artículo 285 numeral 1, 2 y 3 ibídem, estoy solicitando que este honorable poder areópago haga uso de la facultad que le otorgan los artículos 18, 32, 145,146,147,165, 166 y 167 de la LOTSJ en relación ya que estuve ANUNCIANDO FORMALICE Y RATIFIQUE EL PROCEDIMIENTO DE TACHA E INVALIDACIÓN DE TODAS LAS ACTAS PROCESALES YA QUE A MI DEFENDIDO NO SE LE INFORMO SOBRE LA DECISIÓN HASTA LA AUDIENCIA PRELIMINAR QUE PRESUNTAMENTE ANTE ESTE HONORABLE JUZGADO SE DEBIÓ HABER REALIZADO Y NO LE LLEGO POR NUINGUNA VÍA DICHA NOTIFICACIÓN ES POR ELLO QUE ME PRESENTO para anunciar como en efecto lo hago ante este Honorable Juzgado a los fines de proponer QUE SE ANULEN LAS DECICIONES a los fines de que repuesta la cuasa (sic) sean oidas (sic) tanto la tacha como la invalidación por lo cual pido sean tomadas por el Pináculo del Poder Judicial por estar en el Óbice del Poder Judicial ya que es el Areópago, para que se avoque en acción cónsona a los efectos de estimular lo conducente para que verdaderamente se pueda establecer la real comisión en la acción emprendida al identificar las fuertes dudas que sobre el caso de marras se ciernen al examinar esta defensa técnica de forma minuciosa y exhaustiva lo que sobre el presente caso se ventila en lo referente generalizando de todas las actuaciones, es por este motivo que al pedir el favor del principio Rey (in-dubio Pro-reo) pido y solicito en el uso de sus buenos Oficios que se le conceda a mi defendido bajo la premisa contenida en la Tutela Judicial Efectiva (artículo 26 CRBV) el derecho de oportunidad que le concede el favor del principio Rey (in dubio Pro-Reo) en el literal H numerales y 2 del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica en relación con el articulo 14.5 ibídem concatenado con el articulo 11 numerales 4, 5 6 de la Ley Adjetiva De La Carta ínteramericana De Los Derechos Humanos DDHH, que en este caso es el derecho a recurrir del fallo por cuanto su defensa para el momento (próximo pasado) se le presento una serie de inconvenientes y no pudo seguir litigando en la presente causa, cabe destacar con mucho énfasis que tenemos en este caso en particular que a mi representado no se le informo sobre el requerimiento para que el asistiera a la audiencia que fue convocada presuntamente en reiteradas oportunidades de lo cual no se le realizo ningún llamado para su comparecencia por lo cual la presente acción emprendida es susceptible de nulidad en consecuencia cito sentencias de la Sala Constitucional (…)”. (Negrillas propias del escrito recursivo).

Seguidamente el recurrente citó las sentencias números 059 de fecha 28 de marzo del año 2016 de la Sala de Casación Penal, 1303 de fecha 20 de junio de 2005, 01-1281 del 14 de febrero del 2002, 113 del 3 de junio de 2005 y 1034 del 30 de noviembre de 2017, todas ellas de la Sala Constitucional, pasando luego a transcribir parte del contenido del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como doctrinas del principio de la doble instancia por el autor Eduardo José Couture.

Para continuar señalando el recurrente que:

“[c]omo se observa, la doble instancia no reviste un carácter absoluto, solo lo es en materia penal que se estatuye como una garantía constitucional del proceso penal. El nacimiento del recurso de apelación puede ser establecido por el legislador de acuerdo con la naturaleza del proceso o el monto de la cuantía por el cual se estima la demanda, ejemplo de inapelabilidad (sic) en razón a la naturaleza del proceso lo encontramos en los juicios de invalidación, éstos deben sustanciarse de conformidad a los trámites del procedimiento ordinario, de acuerdo a las previsiones del artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, que establece: ‘Al admitir el recurso, el Tribunal ordenará la citación de la otra parte en la forma prevista en el Capítulo IV, Título III, del Libro Primero de este Código, y en lo adelante el recurso se sustanciará y sentenciará por los trámites del procedimiento ordinario, pero no tendrá sino una instancia. La sentencia se comunicará para su cumplimiento al Juez que haya conocido en la primera instancia del juicio, si prosperare a invalidación’: Como se observa la norma consagra una excepción al principio de la doble instancia previsto en nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto establece que el recurso de invalidación sólo tendrá una instancia, y sólo cabe la impugnación de la decisión mediante el recurso de casación, si a ello hubiere lugar y siempre observando el artículo 86 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde se establece que para acceder a Casación se exige una cuantía que exceda de las Tres Mil Unidades Tributarias. Se infiere, entonces, que la doble instancia, no constituye una garantía constitucional, como si lo son la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

Es así que la doble instancia en materia penal, es obligatorio y asimismo es un derecho humano reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y como lo ha señalado la Sala Constitucional, en la sentencia № 95/15.03.2000, que consideró que la apelación es el medio a través del cual se patentiza ese derecho fundamental, toda interpretación que se haga en tal sentido debe hacerse de manera progresiva, esto es, procurando la solución que aparezca más garantista de ese derecho, tal como lo ordena el artículo 23 de la propia Constitución.

Por otra parte, el literal ‘H’ del numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de aplicación prevalente en el orden interno por indicarlo así el citado artículo 23 de la Constitución, establece, como garantía judicial, el derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior y considera que dicha norma no acepta limitación alguna y se aplica con preferencia en la parte final del numeral 1 del artículo 49 de la Constitución, según el cual ‘toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley’. (Observaremos estas excepciones lnfra).Asimismo el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra la garantía de revisión de la sentencia o el derecho a la doble instancia, en particular para el proceso penal.

De ambas normativas, la primera es efectivamente más favorable que la segunda, en cuanto no contempla expresamente excepciones legales. Ahora bien, tales garantías se circunscriben al proceso penal, pues así expresamente lo señala el encabezamiento del numeral 2 del artículo 8 del Pacto de San José y, así se desprende del propio texto constitucional cuando garantiza ese derecho, no irrestricto, a ‘toda persona declarada culpable”’.

(…)

En un capitulo que el solicitante identifico como “SOBRE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA” continuó señalando:

Que “[e]l basamento del presente Amparo lo sustento en la garantía que me otorga la constitución de la República Bolivariana de Venezuela así mismo en los pactos suscritos y ratificados en materia de Derechos Humanos ya que son convenios bilaterales y multilaterales que a continuación esgrime esta genuina pero no ingenua defensa CM, DDHH) Ley Adjetiva de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos en su artículo 11 numerales 4, 5 y 6, Tratados Pactos y Convenios Bilaterales y Multilaterales con incidencia en la materia de derechos Humanos • Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de Estado Americanos.02 de mayo 1948 • Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. 01 de diciembre de 1948 • Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, Gaceta Oficial 31.256 del 14 de junio 1977 • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1948.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL MAGISTRADO PONENTE ; JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO SENTENCIA Nro. 01-1281 FECHA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2002En consecuencia los vicios de inconstitucionalidad a los actos procesales los anulan y considera esta sala que la acusación como actuación que da lugar a la fase intermedia, debe reunir las condiciones no solo las señaladas en el artículo 236 del código orgánico procesal penal, sino haber cumplido previamente para su elaboración, con los pasos procesales ceñidos a la CONSTITUCIÓN. Por lo que la acción no procede si en la formación de la acusación no se han cumplido los derechos y garantías CONSTITUCIONALES. Así como no procede una acción para instrumentar un fraude. Igualmente no debe proceder una acción que se funda en la indefensión del imputado y los alegatos en ese sentido deben ser resueltos por el juez de control antes de admitir o negar la acusación.

Es de hacer notar que la siguiente sentencia es vinculante por haber sido planteada en los mismos términos por lo cual es de carácter vinculante por ello la cito a continuación para que se materialice efectivamente la acción lo contenido en el artículo 321 del CPC y 49 numeral 7 de la CRBV en relación de los artículos 19, 23, 25, 26, 27, 28, 44 numeral 1, 49 Numerales 1.2.3.5.7, 51,143, 257, 259, 334 y 336 .10.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL MAGISTRADO PONENTE; LUIS DAMIANI BUSTILLOS SENTENCIA Nro. 1034 FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017:

Extracción del sistema Juris de la decisión del día tal cual aparece (—) 30/11/2017 Elaboración de la ficha de sentencia/ Sentencia № 1034 de fecha 30 de noviembre de 2017, presentada por el Magistrado Dr. LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS, mediante la cual se declara CON LUGAR, interpuesta por el abogado HENRY JOAQUÍN REVERÓN ARVELO, representante del ciudadano NORVI JESÚS ESCALONA ROMERO. EXP. 2017-000048. 30/11/17.

(…)

Sobre este punto, CORDÓN MORENO, analizando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, ha señalado lo siguiente:

Para que pueda aceptarse el derecho a la presunción de inocencia es necesario que de lo actuado en la instancia se aprecie un vacío o una notable insuficiencia probatoria, debido a la ausencia de pruebas, a que las practicadas hayan sido obtenidas ilegítimamente o a que el razonamiento de inferencia sea ostensiblemente absurdo o arbitrario. Por el contrario, el mismo debe decaer cuando existan pruebas, bien directas o de cargo, bien simplemente indiciarías, con suficiente (labilidad inculpatoria.

En consecuencia, se exige que la condena venga fundada en pruebas licitamente obtenidas y practicadas con las debidas garantías procesales, que contengan elementos inculpatorios suficientes respecto a la participación del acusado en los hechos delictivos enjuiciados (STC 84/1990, de 4 de mayo)

Es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que medios de prueba de cargo válidos para desvirtuar la presunción de inocencia son los practicados en el juicio oral, «pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia, de suerte que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios aportados a tal fin por las partes» (STC 40/1997, de 27 de febrero)” (CORDÓN MORENO, F.. Las Garantías Constitucionales del Proceso Penal. Segunda edición. Editorial A.. Madrid. 2002. p. 175)

Por ello, dado que entre los distintos principios o instituciones que integran y dan sustancia a la noción de orden público constitucional, se encuentran fundamentalmente, por una parte, el derecho a la defensa, el cual implica dentro del ámbito procesal penal, entre otras cosas, que el proceso sea contradictorio a los fines de que las partes hagan valer sus derechos e intereses legítimos; y por otra parte, al principio de presunción de inocencia, que implica en el caso de la prueba testimonial la exigencia de la inmediación del juez respecto a la deposición del testigo; y dada la decisión del Juez Cuadragésimo Noveno de Control de incorporar a través del artículo 339.2 del Código Orgánico Procesal Penal -por su lectura-, las acias (sic) contentivas de la declaración de dos personas levantadas en el transcurso de la investigación, sin que se les convoque a comparecer al juicio oral a deponer como testigos, esta Sala, considera que tal proceder del mencionado Juez de Control constituye una violación del derecho a la defensa y del principio de presunción de inocencia, y en consecuencia, establece con carácter vinculante que los testimonios escritos, como consecuencia de la inmediación deben ser ratificados enjuicio.

Establecido lo anterior, esta S. atendiendo a razones de seguridad jurídica, fija los efectos de esta decisión ex nunc, es decir, que éstos comenzarán a computarse a partir de la publicación del presente fallo en la Gacela Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara.

Con base en los anteriores planteamientos, la Sala llama al Tribunal de Juicio que le corresponda conocer el presente proceso penal, a cumplir la presente decisión, apercibido de que el desconocimiento de la misma supondrá un desacato a la autoridad, en los términos previstos en los artículos 29 y 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”.

Como antepenúltimo capítulo el abogado Henry Reverón identificó el “PETITORIO” arguyendo lo siguiente:

Que “(…) solicito de usted, que para el momento de decidir la presente “Apelación” sea declarada “CON LUGAR” por qué el Ministerio Publico incumplió con los requisitos exigidos por nuestro legislador por no estimular o exhortar por no captar los procedimientos impetrados por no los acepta los cuales fueron activados dentro del lapso de pruebas lo cual no permitió que se le realizaran las pruebas a mi defendido después de la preliminar lo trasladaron pero nunca le hicieron ningún tipo de pruebas por lo cual la representación Fiscal incumplió con lo atinente para accionar lo previsto en el artículo 561 de la LOPNA y 308 numeral 2, 3, 4 y 5, del Código Orgánico Procesal Penal por lo que esa narrativa de los hechos es imprecisa, creando una indefensión alarmante y como consecuencia inexorable ante la infracción declare el cambio de calificación por el cambio de circunstancia, decretando el sobreseimiento y como consecuencia inexorable se dé pues al decaer la presente causa decrete este honorable Juzgado la libertad plena según lo tipificado en el contenido del artículo 230 y en lo eximente sobre el Código Penal Venezolano por el derecho sobre el imputado que hoy represento y en su defecto que a mi representado se le conceda una medida cautelar sustitutiva de libertad para que mi defendido sea puesto en libertad y sea Juzgado de acuerdo al hecho perpetrado por no haber participado en vista de que mi no habita en el lugar y el Joven presenta varias desfloraciones lo cual indica que en el lugar de los acontecimientos se encuentra un pedófilo serial que estaría quedando impune por el enjuiciamiento de mi defendido en consecuencia el jura someterse después de un juicio justo para que se determine como en efecto será según lo pueda disponer este honorable Juzgado al serle requerido para dar prosecución al debido proceso articulo 242 numerales 3 y 8 del COPP (sic)”.

Para finalizar con el capítulo de “PETITORIO GENERAL” señalando el solicitante que “en base a la sentencia #2177 (sic) de fecha 12/09/2002 cuyos Magistrados ponentes fueron muy enfáticos sobre el Habeas Data que está en los artículos 28 y 49 de la CRBV y 167 de la LOTSJ así mismo cito los artículos 04,12, 21 y 27, de la LOSDGC por lo que pedí y solicito en este acto el control judicial artículo 264 del COPP y el control difuso o en su defecto el concentrado en los artículos 33 y 32 de la LOTSJ en relación del articulo 49 numeral 7 de la CRBV, sobre el caso para que se le Ampare a mi representado en consecuencia pido Libertad plena en virtud de lo antes disertado por esta defensa técnica ya que se circunscribe en los términos planteados en el caso supra mencionado por lo cual pido y solicito anulación tanto del acta policial como de la acusación fiscal en virtud de que se solicitó en este acto que se pronuncie sobre las cuestiones previas ya que en la faceta indiciaría lo debe contener todo proceso en todas las instancias y mi representado ha quedado en estado de indefensión ya que se ha peticionado la tacha por ello pido el cambio de calificación por el cambio de circunstancia en vista de que mi representado y estaba en su comunidad de forma habitual como ya era costumbre lo cual desvirtúa la pretensión de la digna representación fiscal del Ministerio Publico al pedir la Calificación de Violación cuando en la realidad es una envestida ilógica ya que se torna indemostrable respecto a la participación de mi representado por cuanto el fue apresado ilegítimamente y todo fue anulado por lo cual la acusación Fiscal pierde su valor probatorio esa decisión es inapelable ya por el tan solo hecho de haber impetrado la Representación Fiscal de forma errada además distorsionada la precitada solicitud por lo pecaminosa que es el acta policial ante la solicitud de imputación, lo cual no se debe permitir porque esta práctica causa un alarmante estado de indefensión además al dejarnos tan corto tiempo para poder preparar la defensa y es por ello que solicito pronunciamiento ante todo lo peticionado ya que al no subsumirse a tales efectos se incurre en Omisiones que causan un grave daño por demás irreparable a mi representado por no haber pronunciamiento ante lo solicitado es por todo lo antes expuesto que pido y solicito de acuerdo a los criterios jurisprudenciales los cuales deben de ser aceptados plenitud por todas las salas de justicia en el país por todo lo antes expuesto Pido que se invalide la acusación Fiscal y de acuerdo al contenido en los artículos 33 en relación de los artículos 18, 145, 146, 147, 165, 166 y 167 de la LOTSJ (sic) sea enviado a la Sala Constitucional el fallo de la presente causa para que se le haga un examen abstracto a este caso en concreto para la desaplicación del artículo 257 de la CRBV (sic) le sale nulidad, por no tener una relación circunstanciada demostrable en modo tiempo y lugar respecto a mi representado, solicito en el uso de sus buenos oficios que desde este honorable Poder areópago en el uso de sus buenos oficios que se hagan todas las acciones pertinentes en lo inherente a hacer valer el derecho que asiste a mi representado a los fines legales consiguientes contra la mala praxis ya que estamos frente a la vindicta publica la cual está obligada a exonerar al inocente pero también a castigar al culpable para dar el ejemplo en consecuencia, Pido a este digno espacio de Justicia por estar en el Pináculo del Poder Judicial que haga Valer sus Decisiones para que esa demanda de invalides y tacha anunciadas formalizadas y ratificadas sean admitidas después de anular la decisión del Aquo por lo cual pido que sea sustanciada conforme derecho y en fin declarada con lugar con lodos los Pronunciamientos de Ley. Además le doy el impulso para surta todos los efectos de Ley invocados. Es Justicia que solicito y espero sea impartida en Caracas desde la fecha cierta de su presentación quedo de usted dejo constancia mediante la presente que anuncio la tacha contra el acta Policial y contra el informe de actos conclusivos del Ministerio Publico así mismo en contra de toda acta de índole procesal en virtud de la no participación de mi representado en los términos planteados sin más que agregar muy respetuosamente me suscribo del texto es todo quedo de usted”.

Esta Sala de Casación Penal estima preciso acotar que el artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal, consagra el principio de impugnabilidad, de acuerdo al cual “las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos”.

Es por ello que, en relación a la recurribilidad de las decisiones, el artículo 426 del Código Orgánico Procesal Penal establece que “los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de los puntos impugnados de la decisión”.

Bajo estos supuestos, si bien la ley penal adjetiva prevé el principio de impugnabilidad; bajo esta premisa el mismo debe ser ejercido de acuerdo con las condiciones predichas en la norma, esto es, por los medios y en los casos expresamente señalados, no pudiendo las partes pretender recurrir contra cualquier decisión, o en su defecto ejercer los recursos a su libre albedrío.

De allí, que esta Sala de Casación Penal en sentencia núm. 484, del 16 de diciembre de 2013, en relación al recurso de apelación dejó establecido que “El recurso de apelación es uno de los recursos ordinarios que establece nuestra ley adjetiva vigente, específicamente en los artículos 439 y 443, en sus dos tipos, apelación de autos y de sentencias definitivas, con el fin de que [el] tribunal superior revise la sentencia dictada por el inferior, es decir, es una forma de garantizar al justiciable la verificación profunda de la cuestión objeto del proceso, correspondiendo tal labor a la Corte de Apelaciones del Circuito en el cual curse la causa, tal como lo establecen los artículos 442 y 447 del Código Orgánico Procesal Penal. De modo pues, que los recursos de apelación, se ejercen contra las sentencias de Primera Instancia y el órgano judicial competente para conocerlos es el Tribunal de Alzada (…)” [negrillas y subrayado de la decisión].

Como se aprecia, aun cuando el recurso de apelación es un recurso ordinario previsto en el Código Orgánico Procesal Penal; no obstante, lo es para impugnar las decisiones proferidas por los juzgados de primera instancia, por lo que, el “recurso de apelación” ejercido por el abogado Henry Reverón, contra la decisión dictada el 18 de septiembre de 2019, por la Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no se encuentra dentro de los medios recursivos establecidos para impugnar las decisiones de la segunda instancia, por lo tanto resulta forzoso para esta Sala de Casación Penal declarar improponible en derecho dicho “recurso de apelación”. Así se declara.

En orden con lo anterior, no puede esta Sala de Casación Penal dejar de advertirle al abogado Henry Reverón, quien actúa con el carácter de Defensor Privado de un adolescente (se omite la identidad según lo establecido en el artículo 65 parágrafo segundo de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), para que en oportunidades futuras las solicitudes que formule las realice con estricto apego a la normativa legal, sin distorsionar los mecanismos procedimentales sometidos a técnicas y formalidades determinadas, y por demás necesarias para el trámite de cualquier asunto ante esta Sala.

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/noviembre/310755-135-191120-2020-C20-43.HTML

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