Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Presidente del Tribunal Supremo de Justicia tiene legitimación activa o pasiva en los procesos judiciales relacionados con el Tribunal Supremo de Justicia.

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El jurista alemán Von Weber en su obra “Para la estructuración del sistema del derecho Penal”. Este autor, juzgo insatisfactoriamente la concepción normativa de la culpabilidad planteada por FRANK, FREUDENTHAL Y GOLDSCHMIDT; esta insatisfacción se debía al maridaje de factores psicológicos y normativos, sin diferenciación, que aparecían en la concepción psicológica-normativa.

Para Weber no se le puede considerar finalista en estricto sentido de la palabra (Según Zaffaroni); esto es según Welzel, porque parte de la base de que el concepto de acción debe deducirse del análisis concreto del derecho vigente, lo cual difiere del concepto finalista que sostiene un concepto ontológico de acción: el concepto de acción del derecho penal es idéntico al concepto de acción de la esfera ontológica y a este concepto se debe sujetar el legislador. En otras palabras, no hay diferencia entre el concepto ontológico y el concepto jurídico de acción. Sin embargo, sus ideas constituyeron un hito en el proceso de desarrollo dogmático que condujo a la teoría finalista.

En este contexto Weber rechaza la separación clásica de lo objetivo en el tipo y lo subjetivo en la culpabilidad sostiene, por el contrario, una concepción compleja del tipo. Es más, rechaza la ubicación del dolo en el ámbito de la culpabilidad y lo ubica en el tipo.

Sostiene que es preciso comprender los conceptos de deber y poder. Aquél se refiere a la antijuricidad, éste a la culpabilidad queda materialmente definida en el principio de poder.

De manera que en el ámbito de la antijuricidad se afirma que los bienes jurídicos deben ser respetados y tal afirmación se hace sobre valoraciones del legislador, quien no condiciona tal juicio de dañosidad a especiales condiciones de un sujeto (Imputabilidad) o de sus particulares creencias al momento del hecho (quien obra creyendo que lo hace ajustado a derecho sin estarlo en realidad, no obra justamente sino ajustadamente).

Creo que para hablar de culpabilidad en un caso dado previamente se tiene que constatar la antijuricidad. Ahora bien: Sobre la base de la existencia de ésta, se le hace al sujeto un reproche porque habiéndose podido ajustar a la norma, no lo hizo. Osea que la culpabilidad se da cuando el realizador del daño está en situación de no haberlo hecho.

Es de aclararse en relación con la conducta del sujeto se pueden hacer dos juicios:

  • En el ámbito de la antijuricidad se le dice al sujeto “Tú debiste haber obrado y no obraste”; ó, “Tú no debiste obrar y obraste”.
  • En el de la culpabilidad se le dice al sujeto “Tu pudiste haber obrado y no obraste” (Omisión); ó, “Tu pudiste no obrar y obraste” (Acción)

Podemos observar, que se trata de un esfuerzo por excluir de la culpabilidad los elementos psicológicos e irla perfilando como mera reprochabilidad.

Se puede deducir que los conceptos de deber y poder los utiliza Weber también en el análisis de la culpa, lo cual señala para la teoría finalista derroteros transcendentales, en la concepción de que el delito culposo se pone el acento sobre todo en el desvalor de la acción (el sujeto no se ha ajustado al deber de observación del cuidado necesario en el trafico social) y no en el resultado, como lo hacía la doctrina tradicional; también en el delito culposo se preguntaría, en el ámbito de la antijuricidad, si el sujeto se ajustó o no al cuidado exigido; en la culpabilidad se preguntaría si pudo o no observar el cuidado. Leer el resto de esta entrada »

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JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA

Expediente No. 14-8547.
Recusante: Abogados ZORAIDA ZERPA URBINA y EDWIN HERRERA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 30.142 y 222.176, respectivamente.
Jueza Recusada: Dra. ARIKAR BALZA SALOM, Jueza Provisoria del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy.
Motivo: Recusación.


Capítulo I
ÚNICO.

Corresponde a esta Alzada conocer la presente incidencia de recusación proveniente del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, intentada por los Abogados ZORAIDA ZERPA URBINA y EDWIN HERRERA, actuando en representación de la ciudadana MARIELA VASARELLI DE DELGADO.

Recibidas las presentes actuaciones esta Alzada le dio entrada mediante auto de fecha 03 de noviembre de 2014, y de conformidad con el artículo 96 del Código de Procedimiento Civil, se ordenó aperturar un lapso probatorio de ocho (08) días, a los fines de que tanto el Recusante como la Juez recusada presenten las pruebas pertinentes dejando constancia que una vez vencido dicho lapso se dictará la decisión que corresponda al día siguiente de despacho.

Mediante diligencias y escrito presentado en fecha 13 de noviembre de 2014, por la representación judicial de la parte recusante, solicita la prolongación del lapso probatorio fijado, en virtud de la imposibilidad de requerir las copias que considera pertinentes para sustentar la presente recusación, razón por la que esta Alzada emite auto en esta misma fecha, ampliando el lapso probatorio por cinco (05) días a los fines de que tanto el Recusante como la Juez recusada presenten las pruebas pertinentes dejando constancia que una vez vencido dicho lapso se dictará la decisión que corresponda al día siguiente de despacho, por lo que llegada la oportunidad para decidir, este Alzada procede a hacerlo bajo las siguientes consideraciones:

Consta en autos, escrito presentado el 14 de octubre de 2014, contentivo de la exposición recusatoria interpuesta por los Abogados ZORAIDA ZERPA URBINA y EDWIN HERRERA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 30.142 y 222.176, respectivamente, en representación de la ciudadana MARIELA VASARELLI DE DELGADO, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-3.632.378, en el juicio que por Partición de la Comunidad Ordinaria, incoara en su contra la ciudadana PINA FRANCA VASARELLI IEZZI, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-3.632.379, en el cual se planteó lo siguiente:

…omissis…

“En nombre de nuestra representada y con fundamento en el numeral décimo segundo (12º) del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, procedemos de manera expresa a RECUSAR a la ciudadana Juez Provisoria ARIKAR BALZA SALOM, quien tiene amistad íntima y manifiesta con la abogada FATIMA RODRÍGUEZ LEÓN, apoderada judicial de la parte actora en el presente juicio que por PARTICIÓN incoara la ciudadana PINA FRANCA VASARELLI IEZZI contra nuestra representada. Es el caso ciudadana Juez, que tal y como consta de la impresión digital extraída de la red social ‘FACEBOOK’ (…), usted es amiga de la abogada FÁTIMA RODRÍGUEZ LEÓN.”. (Fin de la cita)

Por su parte, la Dra. ARIKAR BALZA SALOM, en su condición de Jueza Provisoria del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy, en su informe de recusación adujo:

…omissis…

“1) En primer lugar debo señalar que no tengo interés legitimo ni en esta, ni en ninguna de las causas que cursan ante este Tribunal (…).
2) Que no me inhibo ni me inhibiré en el presente proceso donde se me recusa porque no tengo causal alguna para hacerlo; no tengo conocimiento de haber sido denunciada por ante la Inspectoría General de Tribunales, y aún cuando no he sido informado en ese sentido, tal denuncia de por si no me obliga a inhibirme, ni es causal de recusación y no tengo motivo real en mi conciencia que me imponga inhibirme, que actúo conforme a derecho y de acuerdo con la ley y en ese tribunal gana quien tenga la razón sin importar las partes.
3) Rechazo categóricamente lo alegado por la recusante y en tal sentido señalo que FACEBOOK, es un sitio web de redes sociales (…), en la actualidad ha sido abierto a cualquier persona que tenga correo electrónico, cuyos usuarios pueden participar en una o más redes sociales en relación con su situación académica, lugar de trabajo o región geográfica, por lo que los contactos no necesariamente tienen que conocerse ni tratarse, mucho menos ser AMIGOS INTIMOS, y como prueba de ello manifiesto que poseo 1160 contactos agregados, dentro de los cuales se encuentran familiares, compañeros de estudios, colegas, alumnos o personas conocidas con poco o ningún trato, y personas desconocidas que solicitan ser agregadas. Así mismo manifiesto que en mi función pública no hago amistades en relación con mi trabajo, los jueces son autónomos y la justicia tiene un doble grado de jurisdicción y recursos extraordinarios. (…) dentro de la prenombrada red social existe un perfil de ‘amigos íntimos’ para las personas a quienes se les quiera otorgar tal cualidad, no siendo el caso de la aludida abogada Fátima Rodríguez, dentro de mis contactos. (…) en tal sentido niego que tenga amistad intima con la referida abogada, tal y como, el mismo artículo 82, numeral 12 lo señala. (…)

Por todo lo antes expuesto solicito al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, declare sin lugar la presente recusación.” (Fin de la cita).

En virtud de los alegatos de las partes, transcritos ut supra, se somete al conocimiento de esta Alzada la incidencia de recusación planteada por los Abogados ZORAIDA ZERPA URBINA y EDWIN HERRERA, actuando en representación de la ciudadana MARIELA VASARELLI DE DELGADO, parte demandada en el juicio que por Partición de la Comunidad Ordinaria incoara en su contra la ciudadana PINA FRANCA VASARELLI IEZZI, contra la Dra. ARIKAR BALZA SALOM, en su condición de Jueza Provisoria del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

Al respecto, establece el artículo 82, ordinal 12º del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:

“Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes:

(…) 12.- Por tener el recusado sociedad de intereses, o amistad íntima, con alguno de los litigantes; (…)”

Ahora bien, tal como se ha sostenido por la doctrina, la institución de la recusación obedece a un acto procesal a través del cual, con fundamento en las causales dispuestas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, las partes en defensa de sus derechos pueden separar a funcionarios judiciales del conocimiento de una causa determinada. En el caso de marras, la incidencia de recusación que se resuelve, fue propuesta por la los Abogados ZORAIDA ZERPA URBINA y EDWIN HERRERA, argumentando que la Juez recusada tiene una relación amistosa íntima y manifiesta con la Abogada FÁTIMA RODRÍGUEZ, quien es la representante judicial de la ciudadana PINA FRANCA VASARELLI IEZZI, amistad que se desprende de la red social “Facebook”, ya que forma parte de los “amigos” de la mencionada Juez en esta página de Internet. Por su parte la funcionaria recusada al momento de rendir el informe a que alude el artículo 92 eiusdem, manifestó que el hecho de que la Abogada FÁTIMA RODRÍGUEZ, forme parte de sus “amigos” en la mencionada red social, no se traduce necesariamente en que exista un amistad entre ellas, ya que es una página de Internet utilizada por muchas personas, y aun cuando ambas estén conectadas por esta red social, no quiere decir que en su función pública haga amistades en relación con su trabajo, ya que los jueces son autónomos y la justicia tiene un doble grado de jurisdicción y recursos extraordinarios.

En este orden de ideas, observa quien aquí decide, que la parte recusante trajo a los autos como medio probatorio, impresión de la página de Internet “Facebook” (folios 10 y 25 del expediente), la cual se valora de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, el cual reza que “Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del artículo 6 de este Decreto-Ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba, se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil. La información contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas.”, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, razón por la que se tiene como fidedigna, evidenciándose de ella que la Juez recusada comenta una foto en la que aparece la Abogada FÁTIMA RODRÍGUEZ, junto a otra persona, quien representa a la parte demandante, ciudadana PINA FRANCA VASARELLI IEZZI, en el juicio que por Partición de la Comunidad Ordinaria se lleva ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, signado con el No. 2990-14, expresando:“Hermosas Dios las bendiga.”, comentario del cual puede deducir esta Juzgadora, una relación de familiaridad, tal como lo señala la sala de Casación Civil, que define la amistad íntima, dentro del marco de las máximas de experiencias, “como grande familiaridad o frecuencia de trato entre dos personas o un grupo de ellas”., y en efecto este documento constituye prueba de que existe una relación de amistad entre la Juez recusada y la representación judicial de la parte demandante en el juicio ya identificado. Y ASÍ SE DECIDE.

En consecuencia, de lo precedentemente expuesto, esta Juzgadora concluye en declarar con lugar la recusación propuesta por los Abogados ZORAIDA ZERPA URBINA y EDWIN HERRERA, contra la Dra. ARIKAR BALZA SALOM, en su condición de Jueza Provisoria del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy, tal y como se expondrá de manera clara, positiva y precisa en la dispositiva del presente fallo. Y ASÍ SE DECIDE.

Capítulo II
DECISIÓN

Por todos los razonamientos antes expuestos éste Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara:

Primero: CON LUGAR la recusación planteada en fecha 14 de octubre de 2014, por los Abogados ZORAIDA ZERPA URBINA y EDWIN HERRERA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 30.142 y 222.176, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MARIELA VASARELLI DE DELGADO, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-3.632.378, en contra de la Dra. ARIKAR BALZA SALOM, Jueza Provisoria del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy.

Segundo: Remítanse las actuaciones al Juzgado de origen.

Tercero: Regístrese, publíquese, incluso en la página web de este despacho, y déjese copia de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del año dos mil catorce (2014). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR TEMPORAL,

DRA. JENNY MERCEDES GONZÁLEZ FRANQUIS
EL SECRETARIO,

ANTONIO MAZUERA
En la misma fecha, siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.), se publicó, registró y diarizó la anterior decisión.

EL SECRETARIO,

ANTONIO MAZUERA

JMGF/AM/avv.
Exp. No. 14-8547.

http://miranda.tsj.gob.ve/DECISIONES/2014/NOVIEMBRE/99-24-14-8547-.HTML

Dentro del concepto de autonomía que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) asigna a los municipios están la gestión de las materias de su competencia, así como también la creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

En cuanto al primer punto, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) señala que los municipios tienen la potestad para elegir el modo de gestión que consideren más conveniente para el gobierno y gestión de sus competencias, pudiendo llevarlo a cabo por sí mismos, a través de organismos que – de manera descentralizada –  de manera exclusiva o mixta, o por contratación con particulares como ocurre con las concesiones, por ejemplo.

De igual forma, el mencionado texto legal también ha previsto como una competencia municipal el servicio de aseo urbano y domiciliario.

Acerca del segundo elemento, poseen potestad tributaria; esto significa que – a título originario o derivado – pueden por ordenanzas crear, modificar o suprimir los tributos que les corresponden.  Estos forman parte de la Hacienda Municipal, la cual está constituida por los bienes, ingresos y obligaciones que forman su activo y pasivo, así como los demás bienes y rentas cuya administración corresponda a la Entidad.

Los ingresos se clasifican en ordinarios y extraordinarios.

Constituyen ingresos ordinarios los procedentes de la administración de su patrimonio: Las tasas por el uso de sus bienes o servicios. Los que se generen de la actividad tributaria, tales como: impuesto sobre actividades económicas, industria, comercio o servicios o de índole similar; impuesto sobre vehículos; impuesto sobre inmuebles urbanos; impuesto sobre espectáculos públicos; publicidad y propaganda; apuestas y juegos lícitos; impuesto territorial rural o sobre predios rurales; contribuciones por plusvalía; los ramos nacionales (como el caso de registros públicos) o estadales según la legislación que los regule; entre otros. Situado Constitucional. Los derivados por sanciones o multas, como en materia inquilinaria en la provincia. Dividendos o suscripciones de capital. Los provenientes de Fondo de Compensación Interterritorial.

Mientras que, forman parte de los ingresos extraordinarios, los siguientes: el precio de venta de sus bienes, incluidos los ejidos. Los bienes que le fueren donados o legados. Los aportes especiales por el nivel nacional o estadal. Empréstitos y demás operaciones de crédito público.

Por su parte, la Ley de Gestión Integral de la Basura (LGIB, 2010), la cual tiene por objeto establecer las disposiciones regulatorias con el fin de reducir la generación, garantizar el aprovechamiento y disposición final de la basura. Al señalar competencias específicas a los tres niveles territoriales de poder público, debe incluirse como competencia concurrente, por lo que cada uno tiene una cuota de responsabilidad definida.

El ámbito nacional tiene a su cargo la formulación de políticas sobre la gestión integral de los residuos y desechos sólidos, fijar criterios para el establecimiento de tributos, aprobar tecnologías para el tratamiento o aprovechamiento. No debe olvidarse que la materia ambiental y de salud es de corte nacional, ya que tiene estrecha relación con este tema, de allí que es pertinente revisar la Ley Orgánica del Ambiente  (2006), la Ley Orgánica de Salud (1998) y la Ley de los Consejos Locales de Planificación (2015).

A los estados y al Distrito Capital, la prestación de los servicios de transferencia y disposición final de los desechos sólidos, bien sea en forma directa o a través de terceros, como asociaciones cooperativas, empresas privadas, por ejemplo; también participar en el aprovechamiento de residuos mediante la creación de empresas de propiedad colectiva,  con las comunidades organizadas.

Al municipio, la gestión del servicio de aseo urbano y domiciliario. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) lo señala dentro del elenco de competencias propias y obligatoria, incluidos los servicios de limpieza, recolección y tratamiento de desechos; para la realización pueden hacerlo con cualesquiera medios de gestión como dice esta Ley.

Uno de los elementos más resaltantes es la educación ambiental aplicada a este campo, por lo que velará en pro de fomentarla en cada ámbito de su actuación, ya que esto provocará los cambios en la población, no solamente en cumplir con los horarios de recolección o en mantener espacios públicos menos contaminado, sino que es la herramienta indispensable en el reciclaje, lo que mejorará la calidad de vida, sin contar ahorros de recursos económicos, materiales y humanos que pueden ser destinados a otras competencias del nivel local.

En el ejercicio del control urbano y la ordenación urbanística, deberá proponer lugares para la ubicación de instalaciones en el manejo integral de residuos y desechos sólidos.

Para llevar a cabo la gestión los municipios deben contar con un relleno sanitario, por lo que la LGIB dispone unas regulaciones para adecuar las instalaciones a cielo abierto y transformarlas en rellenos sanitarios. Estos pueden ser mediante cualquiera de los medios de gestión, como las mancomunidades, que ofrecen mayor amplitud, puesto que la asociación con varias entidades locales hace más llevadero el aspecto económico y podría ubicarlo dentro o fuera de la jurisdicción de un municipio o los integrantes de la mancomunidad, de acuerdo con el contrato respectivo.

Dado que esto implica grandes sumas de dinero para los ámbitos locales, el ordenamiento jurídico ha entendido que se establezca el llamado régimen económico, conformado por las tasas, subsidios, tarifas, donaciones y otros;  de allí que la ciudadanía debe pagar oportunamente el servicio.

En otra oportunidad de tratarán otros aspectos relacionados con este tema.  Leer el resto de esta entrada »

La relación entre la dogmática jurídico-penal y la política está opacada porque es demasiado estrecha, dado que un discurso jurídico-penal bien estructurado no es otra cosa que un programa político elaborado con precisión pocas veces insta. El poder judicial es un poder (hace parte) del gobierno. Cada decisión judicial (y no sólo de materia constitucional) es un acto de gobierno de características particulares, pero que no por ello desdibujan su naturaleza. Un discurso jurídico-penal es una elaboración intelectual que se le ofrece al poder judicial como proyecto de jurisprudencia coherente y no contradictoria, adecuado a las leyes vigentes (a las constitucionales e internacionales en primer lugar).

Es en sí mismo una propuesta o programa político. Se opaca la naturaleza política de los discursos jurídico-penales:

  1. ante todo, porque estamos demasiado inmersos en la elaboración de las consecuencias de las opciones políticas básicas en que se asientan (los árboles nos dificultan la visión del bosque), pero también;
  2. Porque no suelen ofrecerse directamente a los jueces, pues -ante todo- son un producto académico destinado al entrenamiento de los juristas, por lo cual, a veces sólo mediatamente y al cabo de una generación penetran la jurisprudencia, lo que casi nunca logran de modo completo, pues en la jurisprudencia sobreviven discursos anteriores. Puede decirse que llegó a ser dominante en la jurisprudencia alemana el discurso del neokantismo, pero el finalismo no alcanzó esa vigencia y hoy domina un pragmatismo clasificador, sin que tengan mayor incidencia las construcciones sistémicas. En Latinoamérica existe una permeabilidad más ágil, debido a la frecuencia del doble rol judicial y académico. Por último, los discursos jurídico-penales
  3. Son textos escritos que configuran una literatura especializada, que como toda literatura, se dirige a un público al que trata de complacer, pero que en este caso se compone fundamentalmente de académicos, entre los cuales domina la preferencia por los aspectos técnicos. En la literatura general constituye un vicio escribir para los críticos, pero en la jurídico-penal está impuesto por la naturaleza de las cosas.

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TSJ-LOGO

Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Ministerio Público: único titular de la acción penal. Aprehensión.

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La desvinculación entre el discurso jurídico-penal y la política pone en serio peligro a la dogmática jurídico penal como método, con consecuencias imprevisibles y siempre negativas:

a) Como el discurso teórico no toma en cuenta sus efectos sociales reales (y pueden construirse tantos discursos como sociedades, legisladores e intérpretes se alucinen), el método jurídico, en lugar de hacer previsibles las decisiones judiciales, proporciona un inagotable caudal de desconcertantes posibilidades y permite la racionalización de cualquier decisión, mediante el uso antojadizo de discursos diferentes, abriendo el camino a la arbitrariedad judicial.

b) La discusión jurídico-penal por momentos parece caer en autismo. Cuando se simplifica y se vacía de sentido político la discusión teórica, pareciera que los principales debates de la dogmática jurídico-penal del siglo XX se limitaron a discutir en los primeros años si las culpabilidades una relación psicológica o un juicio de reproche a mediados del siglo, si el dolo está en el tipo, en la culpabilidad o en ambos lugares; y a fines de éste si el criterio de imputación objetiva debe ser el aumento del riesgo o la defraudación de roles. El simplismo de este reduccionismo se halla muy cerca del ridículo que, como es sabido, es el medio más insidioso para desacreditar el saber jurídico, o sea, la inmensa tarea de elaboración dogmática llevada a cabo en los últimos cien años y quede ningún modo puede desperdiciar quien pretenda reducir racionalmente el ejercicio del poder punitivo.

c) La verificación de lo anterior debilita la vigencia del propio método, con el riesgo de que se apele a su desprecio y consiguiente caída en cualquier irracionalidad (puro discurso político sin mediación técnica; lo que llamaremos alienación técnica del discurso).

d) En cualquier momento es peligroso el naufragio del método jurídico-penal, pero mucho más cuando es notorio que la Kielerschule fue sólo un episodio anecdótico en el curso de un simplismo penal vólkisch permanente, que sólo espera las oportunidades que le ofrece el debilitamiento de la racionalidad contentora del Estado de derecho, harto frecuente en tiempos de globalización.

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