Sentencia: N° 260 de fecha 20 de marzo de 2009.
Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: En el procedimiento establecido para los delitos de acción privada, se entenderá desistida la querella cuando el querellante sin causa justificada no comparezca a la audiencia de conciliación o a la audiencia del juicio, por lo que, no sólo basta la inasistencia del acusador, sino que dicha inasistencia debe ser injustificada para que surta el efecto de poner fin a la acción.

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Capítulo IV

De los Contratos

Artículo 24. El contrato de arrendamiento contendrá, al menos, las especificaciones físicas del inmueble arrendado y de la edificación que lo contiene; la duración será mínima de un (01) año, excepto cuando la actividad a desarrollar esté enmarcada en temporadas específicas, entonces el lapso podrá ser menor, no pudiendo ajustar el canon de arrendamiento si se diera continuidad o prórroga, a menos que supere un año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 del presente Decreto Ley; el valor del inmueble, el canon de arrendamiento y la modalidad de cálculo adoptada; las obligaciones del arrendador y del arrendatario. Además, deberá señalar expresamente su apego a las consideraciones establecidas en este Decreto Ley.

Concatenaciones. Arts. 1.133, 1.141, 1.159, 1.160, 1.167,n1.579, 1.580, 1.581, 1.600, 1.614,1.615 CC; 12, 15, 243, 859-880 CPC; 11, 12, 33, 34 LAI; 1, 3, 5, 21, 32, 38, 45, 50, 51, 58, 77, 94, 96 LRCAV; 6 (4), 7, 24, 26, 32, 33, 40, 41 (8, 12) LAC.

Doctrina. El texto de la ley nos permite hacer estas aseveraciones sobre su contenido: a) De modo anómalo la ley no señala su contenido obligatorio, sino lo mínimo que ha de contener el contrato arrendaticio comercial. Usualmente el legislador señala el contenido obligatorio e indica de manera residual la libertad para estipular otras obligaciones. En está ley se lee “…contendrá al menos…”, lo cual en materia inquilinaria, regida expresamente por el principio de la irrenunciabilidad de los derechos del arrendatario (art. 7) parece extraño; b) Ha de señalar la identificación física del inmueble arrendado y del que le contenga, si éste fuera el caso. Eso impone el señalamiento de linderos, medidas, tipo de construcción y sus materiales; c) El valor (económico) del inmueble arrendado, y caso de acogimiento del primer y tercer supuesto del artículo 32 (sistemas de determinación y establecimiento del canon) el del inmueble que le contiene; d) indicación de otras obligaciones que pacten los contratantes (verbigracia, contratación de un seguro que proteja al inmueble en caso de daños a la estructura u ocupantes; reglas de uso en caso de ser un centro comercial, sobre horarios y seguridad, -ver regla general y excepción prevista en el numeral 8 del artículo 41-, etc.); e) Expreso acogimiento de la reglamentación obligatorio previsto en la ley.

El profesor Emilio J. Urbina Mendoza en su obra La Teoría de la Interpretación de los Contratos y la Jurisprudencia Venezolana, cuando en su recapitulación del Capítulo I, analiza el rol de los contratos en los tiempos que corren, hace las siguientes consideraciones[1]:

“…la irrupción de un Estado más intervencionista, derogará temporalmente cualquier libertad omnímoda para contratar. El contrato sufrirá un eclipse jurídico en la medida que el estado social de Derecho desplaza los últimos reductos del liberalismo decimonónico, degradación que se complicó con los procesos de decodificación progresiva. De fuente pasará a ser tratado como un acto sometido a la voluntad del legislador. Dicha interdicción ampliará los poderes de interpretación de los jueces, extendiéndose más allá de la voluntad declarada o real de los contratantes.” (Cursivas del texto citado, subrayados nuestros).

En este mismo sentido en ensayo del autor itálico Vincenzo Roppo denominado “El Contrato del Dos Mil[2], traducido al español por la profesora venezolana de la Universidad Externado de Colombia Milagros Koteich, se hacen estas reflexiones: “La irrupción de la leyes especiales como fuente cada vez más importante del derecho de los contratos significa descodificación; significa surgimiento al margen de un código (civil) en retirada, de microsistemas extra código; significa nuevo protagonismo de los tipos contractuales, en detrimento del “contrato en general”, y creciente dificultad para reconstruir en este cuadro de fragmentación cada vez más mercado, una significativa de la unidad de la figura contractual,

Significa en fin -por lo menos para quien ve en estos procesos algún riesgo de efectos descontrolados e indeseables- el trabajo en aras de la recodificación, de la recomposición de los fragmentos, de la recuperación de la figura y del régimen contractual a un nivel superior de generalidad ” (Paréntesis y subrayados nuestros).

Y asimismo el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo, Rafael Roversi Thomas, quien[3] en su ensayo “Teoría Sistémica del Contrato” nos hace estas conclusiones:

“El asunto de las redes contractuales apenas aflora en el mundo del Derecho Civil, pero lo hace de una manera avasallante. Si bien cuestiona conceptos clásicos, aporta soluciones a los problemas planteados por esa nueva realidad. Consideramos importante hacer estos planteamientos: 1. Es indispensable una regulación normativa que no trate el asunto de manera aislada o circunstancial, sino de manera específica. Las Facultades de Derecho y los Colegios de Abogados deben influir en esa dirección. 2. Quienes formamos parte del denominado “sistema de justicia” debemos digerir y aceptar esta nueva realidad jurídica. Sólo su estudio y ejercicio cotidiano permitirá ir formando los principios de su eventual doctrina general. 3. Debemos tener la amplitud mental necesaria para cuestionar, de manera razonable, los paradigmas del derecho y comprender que este se mueve en un mundo que cambia aceleradamente. La teoría Sistémica del Contrato, cuestionadora, abre un mundo de oportunidades jurídicas”. (Negrillas nuestras).

Derecho comparado. El Código Civil del Reino de España data del 24 de julio de 1889, y en su contenido podemos ver una versión del arriendo connatural a las ideas liberales que dominaban al mundo occidental y que dan fisonomía a la institución, sujeta hoy día a los embates de los conceptos de una sociedad democrática, de un estado social y democrático de derecho, como prevé la Constitución del Estado Español[4]. Entre otras reglas que rigen el arriendo destacamos las siguientes:

“Artículo 1.542. El arrendamiento puede ser de cosas, o de obras o servicios”.

“Artículo 1.543. En el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto”.

“Artículo 1.544 En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto”. “Artículo 1.545. Los bienes fungibles que se consumen con el uso no pueden ser materia de este contrato”.

“Artículo 1.546. Se llama arrendador al que se obliga a ceder el uso de la cosa, ejecutar la obra o prestar el servicio; y arrendatario al que adquiere el uso de la cosa o el derecho a la obra o servicio que se obliga a pagar”.

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La Actio libera in causa o la acción libre en la causa; es una figura dentro del elemento de la culpabilidad, que se estudia dentro del tema de imputabilidad.
Figura que nace históricamente con SANTO TOMÁS DE AQUINO y con PUFENDORF posteriormente y siendo utilizados en la posguerra. La actio libera in causa es uno de los temas críticos de hoy en el derecho penal, ya que lo que interesa es saber si el sujeto posee o no la capacidad suficiente para ser considerado culpable, todo dependiendo eso sí, de la comisión del delito.
El código alemán no tolera mucho esta figura y dice que el que dolosamente o culposamente se pone en situación de inimputabilidad en dicha situación comete un delito. El código español no expresa directamente esta figura, pero si habla de esta inimputabilidad para ser usada para delinquir. Aquí el problema suscita como cuestión problemática de hoy en el derecho criminal; lo cual se pregunta si una persona puede responder o no.
Miremos el siguiente ejemplo:
El sujeto que se embriaga para estar en un estado de inimputabilidad y en ese estado aprovechar y darle una paliza a un sujeto cualquiera.
Muchos doctrinantes afirman en castigar este hecho como lesiones dolosas o lesiones imprudentes; una doctrina afirma que habría que ver si el mismo hecho lo hubiera cometido el hombre sin el estado de embriaguez (sobrio), para ver que hubiere pasado, por lo que dicen que no saben si en verdad pasaría lo mismo por cuestiones ajenas al sujeto, a lo que el suceso también se hubiere cometido.
Algunos autores hablan de esta acción como un estado similar al de la autoría mediata y también se habla de una tentativa que comienza con la colocación de la propia persona en estado de inimputabilidad (embriaguez);lo que se dice es que el sujeto sería el mismo instrumento, igual en lo que pasa con la autoría mediata y a partir de esta inimputabilidad se le saldría de las manos. La tentativa aquí utilizada en esta acción sería la de la tentativa acabada, porque el sujeto ya ha encontrado su propio resultado que sería el de estar ebrio, pues es claro decir que solo poniéndose dolosamente en estado de inimputabilidad (embriaguez), se dispone el sujeto al hecho y entra en el estado de tentativa.
Así mismo cuando se habla de tentativa de esta acción o figura; también se puede hablar al mismo tiempo de concurso, puede suceder cuando el sujeto comete en estado de embriaguez un hecho distinto a aquel al que habría dirigido; su dolo en estado de sobriedad, en tal caso para terminar se dice que la tentativa de esta acción se halla en concurso ideal, si el sujeto comete en embriaguez además del hecho proyectado del estado sobrio. (vale decir que cuando hablamos de concurso ideal nos referimos a una acción y pluralidad de delitos).

Sentencia: N° 55 de fecha 05 de febrero de 2009.
Tema: Recurso de Revisión
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Interpretación del artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, relativo al inicio del cómputo de quince días para la consignación del canon de arrendamiento ante un Tribunal de Municipio cuando el arrendador se niega a recibirlo.

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Si bien en los últimos años la expropiación en Venezuela ha sido una figura que ha sido noticia constante, producto no solo de la cantidad de expropiaciones que se han llevado a cabo últimamente, sino sobre todo por la variedad de bienes que han sido privados del derecho de propiedad a sus titulares; no es menos cierto que dicha figura no es novedosa en el ordenamiento jurídico venezolano, sino por el contrario ha estado presente, con algunas variaciones, en casi todas las Constituciones que ha tenido el país en su historia republicana.

En este sentido, es necesario señalar que la inclusión de la figura de la expropiación en nuestras diversas Constituciones, ha sido cónsono con los diversos ordenamientos jurídicos extranjeros que han previsto en sus Constituciones y demás leyes, la protección integral al derecho de propiedad; así como también ha previsto a la figura de la expropiación, como una excepción al referido derecho, siempre y cuando concurran los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, los cuales son de obligatorio cumplimiento.

Expuesto lo anterior, estableceremos como ha sido el tratamiento que se le ha dado a la figura de la expropiación en nuestras diversas constituciones y a tal efecto, observamos lo siguiente:

a) La Expropiación en la Constitución de 1936

 Afirma la doctrina que fue en la Constitución de 1936, en la cual se le dio por primera vez rango constitucional a la expropiación como una de las limitaciones a las que podría estar sujeta la propiedad en aras del interés general. Así en su artículo 32 señaló lo siguiente:

Artículo 32.-La Nación garantiza a los venezolanos:

La inviolabilidad de la vida, sin que por ninguna ley ni por mandato de ninguna autoridad pueda establecerse ni aplicarse la pena de muerte;

La propiedad, que es inviolable, estando sujeta únicamente a las contribuciones legales. Sólo por causa de utilidad pública o social, mediante juicio contradictorio e indemnización previa, podrá ser declarada la expropiación de ella, de conformidad con la ley. Los propietarios estarán obligados a observar las disposiciones sobre Higiene Pública, conservación de bosques y aguas y otras, semejantes que establezcan las leyes en beneficio de la comunidad.

La ley, puede, por razón de interés nacional, establecer restricciones y prohibiciones especiales para la adquisición y transferencia de determinadas clases de propiedad, sea por su naturaleza o por su condición, o por su situación en el territorio. La Nación favorecerá la conservación y difusión de la mediana y de la pequeña propiedad rural, y podrá, mediante los trámites legales y previa indemnización, expropiar tierras no explotadas de dominio privado, para dividirlas o para enajenarlas en las condiciones que fije la ley”.

Del referido artículo, observamos como la Constitución de 1936 establecía que la propiedad solo estaba sujeta a las contribuciones legales y que solo por causa de utilidad pública o social podía ser decretada la expropiación, siempre y cuando mediare un juicio contradictorio y la indemnización previa.

 b) La Expropiación en la Constitución de 1947

Señala Brewer Carías (1979), que es durante la vigencia de la Constitución de 1947, que se estableció expresamente que la propiedad tiene un función social y que en razón de ella, esta sometida a contribuciones, restricciones y las obligaciones establecidas en la  Ley.

Así, en su artículo 67, estableció lo siguiente:

Artículo 67. “En conformidad con la ley, sólo por causa de utilidad pública o de interés social, mediante sentencia firme y pago del precio, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Cuando se trate de expropiación de tierras destinadas a la realización de la Reforma Agraria, y de la expropiación de inmuebles con fines de ensanche y acondicionamiento de las poblaciones, el pago podrá ser diferido por tiempo determinado, previo otorgamiento de garantía suficiente, en conformidad con lo establecido en la ley”.

De esta forma, la Constitución de 1947 estableció claramente que la propiedad no era un derecho absoluto y que se encontraba claramente limitado por la utilidad pública y el interés social. De igual forma, estableció que la expropiación podría recaer sobre cualquier clase de bienes.

c) La expropiación en la Constitución de 1961

Señala Rafael Badell Madrid (2012), que la Constitución de 1961 “consagró un derecho de propiedad afectado a una función social que tiene que cumplir. La propiedad deja de ser absoluta dado que ningún derecho reconocido jurídicamente en el texto constitucional puede revestir tal carácter. No puede, por lo tanto, concebirse al derecho de propiedad como perpetuo, sino más bien como un derecho potencialmente precario, ya que por causa de utilidad pública o razones sociales, puede el Estado extinguirlo sin perjuicio de la correspondiente indemnización pecuniaria”. (p.30)

Así pues, la referida Constitución estableció en su artículo 101 lo siguiente:

Artículo. 101. Sólo por causa de utilidad pública o de interés social, mediante sentencia firme y pago de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. En la expropiación de inmuebles, con fines de reforma agraria o de ensanche y mejoramiento de poblaciones, y en los casos que por graves razones de interés nacional determine la ley, podrá establecerse el diferimiento del pago por tiempo determinado o su cancelación parcial mediante la emisión de bonos de aceptación obligatoria, con garantía suficiente.

De lo anterior, se desprende que efectivamente la Constitución de 1961 continuó con la evolución de sus antecesoras, reconociendo las limitaciones del derecho de propiedad producto de la utilidad pública y del interés social; e incorporando el pago de la justa indemnización.

 d) La expropiación en la Constitución de 1999

En primer lugar, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 115 la Constitución Nacional de 1999, la cual establece lo siguiente:

Artículo 115: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes…”.

Del referido artículo, se desprende la intención que tuvo el constituyentista de salvaguardar y proteger el derecho de propiedad en un sentido amplio, es decir resguardando el uso, el goce, el disfrute y la disposición de los bienes por parte de los particulares, sin mas limitaciones que las establecidas en Ley  con fines de utilidad pública o interés general.

En este sentido, Ortiz-Alvarez (2012), señaló que la garantía al derecho de propiedad “puede ser afectada legítimamente por razones de concretas interés general, sea por medio de las llamadas limitaciones legales a la propiedad (contribuciones, restricciones y otras obligaciones) e incluso por medio de una transmisión coactiva de la propiedad, la cual se materializa a través de la figura de la expropiación”.

En el mismo sentido, se hace necesario traer a colación lo dispuesto en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública y Social, la cual estableció en su artículo 2 lo siguiente:

Artículo 2: “La expropiación es una institución de Derecho Público, mediante la cual el Estado actúa en beneficio de una causa de utilidad publica o de interés social, con la finalidad de obtener la transferencia forzosa del derecho de propiedad o algún otro derecho de los particulares, a su patrimonio, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización”.

Del artículo anteriormente transcrito, se observa con meridiana claridad que la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública y Social, siguiendo los lineamientos constitucionales, definió a la figura de la expropiación como una institución de Derecho Público y estableció las normas generales de la misma.

Expuesto lo anterior, observamos que la figura de la expropiación en Venezuela ha estado presente en nuestras diversas Cartas Magnas y que ha evolucionado constantemente, hasta llegar al concepto que manejamos hoy en día, y el cual es válidamente reconocido no solo por los Tribunales de la República, sino también por la doctrina mas calificada nacional e internacionalmente.

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Antes de abordar sobre lo que es el estado de necesidad exculpante, debemos saber primero: ¿qué es el estado de necesidad? Como una condición de esta; y no es otra cosa que aquella situación o actuación que hace una persona para evitar un daño o una lesión superior o igual, ¿porqué superior o igual? Pues porque en el estado de necesidad se va a sacrificar un bien jurídico para proteger a otro bien jurídico de igual valor o superior que aquel, como es el caso de cortar la soga en la que están escalando algunos montañistas para así salvarse dos personas, y matarlas, ya que no pueden estar las cuatro personas en la misma soga. Y esto crea un estado de necesidad disculpante.
 
También está el caso en que dos personas se encuentren en una misma tabla o bote arrojado (caso de la tabla en ultramar) en en el mar por lo que solo se puede salvar una sola persona, a lo que decide la otra persona arrojarla para que esta muera; este es otro ejemplo de estado de necesidad exculpante (ver, también el caso de la cavernas de FULLER,), dentro de las tres formas que existen del estado de necesidad la que más se acomoda es la exculpante, las otras serían la que admite daño a los otros bienes jurídicos para salvaguardar una de mayor jerarquía (por lo que en todos estos casos se crea un criterio de ponderación de bienes jurídicos, al estilo de la proporcionalidad, que sería la exculpante), la otra teoría sería diferente a esta y a la exculpante, y que por lo cierto está muy discutida en el ámbito dogmático jurídico-penal; sucede cuando existe prevalencia de un bien jurídico que se lesiona y que es superior al que se protege.
 
En el estado de necesidad exculpante existe el principio de no exigibilidad de un comportamiento distinto (no exigibilidad de la conducta), por lo que se dice que se excluye la culpabilidad y no la antijuridicidad, pese al desvalor de resultado que existe por el daño de bienes de valores importantes.
 
Según el profesor ROXIN, la ponderación de la vida frente a otra vida no cabe generalmente, sería inadmisible la ponderación; no está bien sacrificar unos inocentes para salvar muchas otras, pero en en algunos casos esta discutida la ponderabilidad de la vida humana, que consiste que varias personas estando todas en peligro se le da muerte a una para sacrificar a las demás; para así prevenir que perezcan todas, como en el caso de los montañeros (caso de los montañistas), cuando uno cae en el vacío, pone en peligro a los otros, ya que no se es capaz de sostener (la soga), y para no caer juntos con los otros se corta la soga que lo sostiene matando de una vez a los montañeros que están abajo.
 
Algunos juristas como EBERHARD SCHMIDT admite la justificación cuando la víctima ya está marcada como en caso de los alpinistas y montañeros, o sea que está marcada por el destino como condenada a morir, pero no cuando el autor (sujeto agente), como el caso del médico que selecciona al paciente X para salvar al paciente Y, porque tiene más probabilidades de vida; aquí no estamos frente a esta situación exculpante; aquí la situación no es de escogencia, sino realmente de vida o muerte en instantes de segundos, por lo que aquí el autor no selecciona lo que debe hacer, lo hace o lo hace o moriría él y los demás, es un cálculo ponderador el que debe realizar el autor rápidamente.
 
El principio de matar a una persona aunque este perdida totalmente sigue siendo arbitrario, matar a un moribundo para salvarles la vida a otras personas con el objetivo de traspasarles los órganos, y dárselos al que lo necesita seria arbitrariedad; quitándole la vida a esta persona porque es una persona que es escoria para la sociedad, será irrelevante y funesto e iría en contra de los principios penales y constitucionales liberales por supuesto, el derecho penal no debe alentar estas tendencia de quebrantar los principios para imponer el derecho del más fuerte.

Sentencia: N° 03 de fecha 30 de enero de 2009.
Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Si el demandado no objeta ni impugna el modo como la parte actora subsanó las cuestiones previas, no nace para el juez el deber o la obligación de emitir un pronunciamiento relativo a si éstas fueron subsanadas correcta o incorrectamente.

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