Sentencia: N°952 de fecha 19 de agosto de 2010.
Tema: Proceso
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: La Sala establece la aplicabilidad de ciertas normas contenidas en el articulado de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, calificadas como reglas comunes, tanto en las causas sustanciadas como en las no sustanciadas.

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Poco se habla en el ámbito jurídico cotidiano respecto a la Radicación de un juicio, incluso este concepto nos viene a colación rara vez cuando en los medios de prensa se hace mención a algún suceso de conmoción, y se denota el desconocimiento genérico del tema incluso por parte de los mismos periodistas y medios de comunicación, ahora bien ¿Sabemos de se trata la Radiación?. Primero que nada debemos recordar que es la Radicación, por lo que citamos: Se refiere a la acción de ubicación del sitio o lugar territorial donde corresponde por ley o por excepción celebrarse el juicio o acto procesal del mismo.

Como principio general del proceso penal, la competencia territorial para el conocimiento de un hecho punible está determinada por el lugar donde se haya consumado el delito, según lo establecido en el artículo 58 del Código Orgánico Procesal Penal, cuya cita textual se hace a continuación… “Competencia Territorial” Artículo 58. La competencia territorial de los tribunales se determina por el lugar donde el delito o falta se haya consumado.

En caso de delito imperfecto será competente el del lugar en el que se haya ejecutado el último acto dirigido a la comisión del delito.

En las causas por delito continuado o permanente el conocimiento corresponderá al tribunal del lugar en el cual haya cesado la continuidad o permanencia o se haya cometido el último acto conocido del delito.

En las causas por delito o delito imperfecto cometidos en parte dentro del territorio nacional, será competente el tribunal del lugar donde se haya realizado total o parcialmente la acción u omisión o se haya verificado el resultado”.

La radicación constituye una excepción al principio de competencia territorial, pues excluye del conocimiento de una causa al tribunal que, en principio, tendría la facultad jurisdiccional para tramitarla, y ello con el propósito de atribuirla a otro órgano judicial de igual jerarquía en un Circuito Judicial Penal distinto, dada la necesidad de salvaguardar la correcta administración de justicia, apartándola de perturbaciones e influencias ajenas a la verdad procesal que incidan en el ánimo de los jueces o juezas a quienes les corresponde su juzgamiento.
La institución de la radicación permite garantizar la tutela judicial efectiva y la protección del derecho a obtener una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y con sujeción a los principios de idoneidad, transparencia e independencia del órgano que juzga, por cuanto previene cualquier hecho que pueda perturbar la función del órgano jurisdiccional que conoce del proceso, como los probables acontecimientos que coloquen en peligro el normal desarrollo del proceso judicial.

En este sentido, la primera causal que haría posible el ejercicio de la radicación del juicio penal es que la persona esté siendo enjuiciada por un delito grave, pero no solo un delito rodeado de circunstancias agravantes especificas; al respecto, debe prestarse atención es al origen de la violencia causada, es decir, que entre los elementos se encuentren hechos o circunstancias de mayor gravedad.

Por tal motivo, se considera de vital importancia para la interposición de la radicación debe existir una debida identificación de la instancia, describiéndose por su parte los elementos fácticos de modo, tiempo y lugar, que no es otra cosa que los hechos objeto de la polémica, aunado al señalamiento -desglosado- de las incidencias ocurridas en el curso de la causa, e indicar el estado en que pudiera encontrarse para ese momento el proceso.

Al respecto, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado, lo siguiente:

“… La circunstancia de que (…) un juicio cause conmoción, alarma o escándalo público (…) puede (…) esta determinado por otros elementos: la naturaleza del delito, la gravedad del daño causado, la características de su comisión, por los sujetos activos y pasivos del delito…”. (Sentencia Nº 35 del 24 de febrero del 2006).
Siendo, este criterio ratificado:
“… la gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo ‘(…) teniendo en cuenta factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos, la edad de uno y del otro, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte, los medios utilizados por el delincuente y la forma de cometer el hecho, más las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de responsabilidad (…)’.

(…) Por consiguiente, las adversas repercusiones del delito son lo que, en definitiva, incide ‘(…) en la buena marcha de la administración de justicia y en el seno de la comunidad a la cual alcanza su influencia (…)’ y lo que explica y justifica la radicación de un juicio (GF Nro. 55, p. 75)…”. (Sentencia Nº 663 del 9 de diciembre del 2008).

Es de nuestro criterio que en el entorno profesional a veces nos conseguimos abogados que emiten la opinión relajada que la figura de radicación es esgrimible con el simple argumento de que se trate de un caso de conmoción, o ser un derecho de simple petición, lo que es erróneo, pues este tema es complejo y no puede llevarse a cabo una radicación por mero trámite sin fundamentación judicial que la respalde. El juez superior debe justificar plenamente la relación intercriminis y el impacto de está en la sociedad, por la gravedad del daño y los vínculos entre ambos sujetos (activo y pasivo) dentro del hecho que haya causado la conmoción.

Pueden operar otras circunstancias como el nivel de influencia entre el imputado y los integrantes del órgano jurisdiccional de administración de justicia, tal como se puede desprender del reciente caso de presunta corrupción en el Circuito Judicial Penal del estado Aragua, donde la gran mayoría de los jueces terminaron inhibiéndose por tratarse de una colega imputada por los presuntos delitos atribuidos o precalificados y así salvaguardar la correcta aplicación de la justicia.

También nos hemos conseguido clientes que piensan que la radicación es un derecho del imputado y que este puede pedir la misma en cualquier estado del proceso cuando sienta que no le está garantizada la correcta aplicación de la justicia, por lo que el buen abogado debe saber explicar a su cliente y patrocinados, así como a los familiares del mismo que la Radicación no es un derecho, sino, una institución penal producto de diversas fórmulas que van de la mano con un complejo cúmulo de circunstancias y definiciones que se deben desprender de la naturaleza del caso y que de no poseerlas sería infranqueable intentar la activación de dicha figura, generándose una pérdida de tiempo que pudo haberse usado en el ejercicio de diligencias propias a la búsqueda de la verdad que exculpa al imputado.

Análisis e investigación:

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Comencemos este artículo con un ejemplo práctico para hacerlo más didáctico: “H” es la única hija y heredera legítima de “P”, quien en vida fuera el dueño de la empresa “C”, que a su vez contrató los servicios de un trabajador “T”. “T” reclama el pago de sus Prestaciones Sociales a “C” y demanda formalmente a “H”, como su heredera, para que pague tales beneficios laborales. Pero “H” se defiende y opone la Cuestión Previa 346 CPC ordinal 4, alegando que ella no puede ser demandada porque repudió, rechazó, renunció en un documento público a la herencia de su padre. ¿Esta Defensa de será declarada procedente?. Antes de dar una respuesta en sentido afirmativo o no, veamos el contexto general

TIEMPO DENTRO DEL CUAL PODEMOS RENUNCIAR O ACEPTAR A LA HERENCIA: Nuestro ordenamiento jurídico permite al heredero la posibilidad de escoger entre 2 posibles escenarios ante la apertura de la herencia, a saber: La Aceptación o La Renuncia al patrimonio que le traslada el de cujus o causante (“P”). Pero existe un lapso legal, dentro del cual el heredero (“H”), debe aceptar o renunciar a su herencia, pues no se puede mantener, de forma indefinida y suspensiva, el destino del patrimonio del causante. El lapso está previsto en la norma sustantiva en estos términos: “el lapso para la aceptación de la herencia, no prescribe sino con el transcurso de 10 años” tomando en cuenta para el inicio de éste período el momento a partir del cual se abre la sucesión, con la ocurrencia del fallecimiento del causante.  Aunque la norma se refiere a la Aceptación, también aplica a la renuncia y/o repudiación de la herencia, si no se está en posesión de los bienes de la herencia. Y se está en la posesión del bien, por ejemplo cuando el heredero vive en el inmueble que dejó su causante. Tenemos entonces que ese es el margen de tiempo que posee todo heredero para asumir, en forma pura y simple o en beneficio de inventario, la herencia.

EXCEPCIONES: No se aplica el lapso de 10 años cuando: a.- El de cujus fija en su testamento un plazo menor al previsto en la Ley para la aceptación de la herencia para aquellos herederos no forzosos. b.- Un Juez puede determinar un lapso no mayor a 6 meses a petición de un acreedor del causante o quien tenga derecho de sucesión para que el heredero declare si acepta o no la herencia. Este lapso puede ser prorrogado, si el heredero no se encuentra en posesión real de los bienes. c.- El tiempo de realización del inventario judicial es de 3 meses con la posibilidad de una prórroga otorgada por el Juez. Finalizado ése período debe determinar el heredero si acepta bajo inventario o repudia la herencia. Si no se pronuncia la acepta en forma pura y simple.

FORMA DE REPUDIAR LA HERENCIA: La Repudiación de la herencia debe ser expresa y constar en documento público. El que repudia la herencia se considera como si nunca hubiese sido llamado a ella.

FORMA DE ACEPTAR LA HERENCIA: Se puede aceptar en forma pura y simple o bajo beneficio de inventario. La pura y simple implica que el heredero acepta la herencia, sin sujetarse a las formalidades legales para el beneficio de inventario, (con su aceptación responde, incluso con su patrimonio, por las deudas de la herencia ya que ocurre la confusión de patrimonios). La aceptación puede ser expresa, cuando se hace a través de un documento público o privado, puede ser tácita, cuando el heredero realiza un acto que supone, frente a terceros, la voluntad de aceptar la herencia. La aceptación bajo beneficio de inventario es obligatoria para menores y entredichos, además de entes públicos o personas jurídicas.

ACTOS QUE SUPONEN LA ACEPTACION TACITA DE LA HERENCIA: Tales actos deben implicar una gestión en calidad, con el carácter de heredero, actos que valorará el Juez de la causa determinando si ellos tienen la intención de asumir la herencia como propia o tan sólo se trata de actos de conservación y cuido de intereses ajenos. A simple título ilustrativo tenemos:

1) La donación, cesión o enajenación, hecha por el heredero a un extraño, a sus demás coherederos o alguno de ellos, de sus derechos hereditarios, envuelve su aceptación de la herencia (artículo 1.004 del C.C.), es un acto de disposición que presupone la aceptación de la herencia.

2) La transacción hecha por el sucesor en orden a sus derechos sobre la herencia está comprendida entre los actos de cesión de que habla el artículo 1.004 del C.C., y presupone aceptación de la herencia, cuando se dan las circunstancias contempladas en el artículo 1.002 del C.C.

3) La renuncia hecha por uno de los coherederos a favor de uno o de algunos de los demás aunque sea gratuitamente, y la hecha a favor de todos sus coherederos indistintamente, cuando haya estipulado precio por su renuncia, implica la aceptación de la herencia (artículo 1.005 del C.C.).

4) El conferir poder uno de los herederos a un abogado para que le represente y sostenga sus derechos en todo lo relacionado con la herencia del causante, implica aceptación tácita de la herencia, en ese sentido, el ejercicio de la acción de petición de herencia, de la acción de reducción o la prosecución del juicio intentado por el actor por parte de un llamado a la herencia involucra la aceptación tácita de la misma.

5) La Declaración Sucesoral ante el Seniat.

ACTOS QUE NO IMPLICAN ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA:

La Renuncia hecha gratuitamente por un coheredero a favor de todos los coherederos legítimos o testamentarios a quienes se deferiría la parte del renunciante, en caso de faltar éste (artículo 1.006 del C.C.).

Los actos meramente conservatorios, de guarda y de administración temporal no envuelve aceptación, si la persona no ha tomado en ellos el título o cualidad de heredero (artículo 1.003 del C.C.). El legislador no se refiere al documento escrito en que se asume el título o cualidad de heredero, porque entonces se trataría de una aceptación expresa y no tácita, por consiguiente, se refirió a la intención. El delimitar en forma precisa, donde comienza y donde termina la frontera de la aceptación tácita dependerá del todo del Juez de la causa y de cuánto le hayamos convencido con el caudal probatorio en función o no a la ocurrencia de la aceptación tácita. Por ejemplo: el recoger los frutos maduros es un acto de conservación o administración, si no se perecerían, pero si el sucesor convirtió en provecho propio los frutos y dispuso de ellos como cosa propia, hubo intención de aceptar.

CONCLUSION: Volviendo a nuestro ejemplo inicial, “T”, debe probar la aceptación tácita por parte de “H”. Al mismo tiempo “T” (como acreedor), tenía la facultad de solicitar a un Juez que determinara un lapso no mayor a 6 meses para que los presuntos herederos declararen si aceptaban o no la herencia (Art. 1019 CC.). Entonces, si “T” no logró probar lo anterior, “H” no puede ser considerada demandada en el juicio y procede la cuestión previa declarándose sin lugar la demanda, máxime cuando “H” renunció a la herencia por documento público. Lo antes expuesto no es más que una de las connotaciones que puede tener el aceptar o no una herencia, por lo que no podemos dejar de mencionar que no puede partirse una herencia que no ha sido aceptada dentro del lapso de ley. Leer el resto de esta entrada »

El Ordenamiento Jurídico Penal, Constituye un conjunto de normas jurídicas de carácter sustantivas y adjetivas, por las cuales el Estado, en ejercicio del poder sancionador o coercitivo, que le es dado por ejercicio de lo dispuesto en la Constitución de la República y la ley, busca garantizar la paz y la armonía social al establecer:

a)Los delitos y Las penas;

b)Las faltas y Las sanciones;

c)Las medidas de seguridad; 

d)Los procedimientos; y

e)El régimen penitenciario

El objeto o finalidad del Derecho Penal en sí mismo, busca el estudio profundo y sistemático de las normas de conducta social, las razones que motivan su infracción, las diversas modalidades en su comisión y las penas, sanciones o medidas aplicables en cada caso.

 El Ordenamiento Jurídico Penal, se agrupa en tres grandes áreas:

Contiene las normas de carácter sustantivo que determinan los delitos y las penas, las faltas y sanciones, así como las medidas de seguridad, lo que constituye el Derecho Penal Sustantivo;

De igual forma, configura los procedimientos necesarios que estructuran o rigen la investigación del hecho criminal y su juzgamiento hasta alcanzar la definitiva condena o imposición de la sanción o la medida de seguridad, y es cuando nos referimos al derecho procesal penal  o derecho penal adjetivo;

De igual forma, es rama del ordenamiento jurídico penal, el conjunto de normas y reglas que abarcan el cumplimiento de la pena, las medidas alternativas, los beneficios penitenciarios y el cumplimiento de las medidas de seguridad, lo cual se conoce como Derecho Penitenciario.

El Ordenamiento Jurídico Penal se nutre a sí mismo de todas las disciplinas del conocimiento, estando asociado íntimamente con la criminología y la criminalística con la finalidad de buscar respuestas a la necesidad de establecer la conducta humana que se subsume en el tipo penal y así reconstruir los acontecimiento pasados para encontrar en el hecho criminal los responsables e imponerle, en aplicación del derecho, la justa pena, sanción o medida de seguridad.

CONCEPTO DE ORDENAMIENTO JURÍDICO PENAL

El Ordenamiento Jurídico Penal en sentido objetivo, es el conjunto de normas jurídicas, mediante las cuales el Estado prohíbe determinados comportamientos, dictando delitos y penas, así como las faltas sus sanciones y las medidas de seguridad.

Para Von Liszt, el derecho penal es el “conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian al crimen como hecho y a la pena como legítima consecuencia”. En sentido subjetivo, busca dictar las normas y exigir su aplicación mediante la coacción a la imposición de una pena.

Para Bramont-Arias Torres, “El Derecho Penal es un medio de control social que se caracteriza por imponer sanciones -penas o medidas de seguridad- cuando, se han cometido acciones graves que atenten contra los bienes jurídicos de mayor valor de la sociedad”. Es así como, una vez que se ha verificado la responsabilidad mediante las premisas establecidas en el proceso, el derecho penal establece la pena, sanción o medida que deberá ser impuesta.

Para Fontán Balestra El Derecho Penal es la “Rama del ordenamiento jurídico que contiene las normas impuestas bajo amenaza de sanción”. De esta manera, la pena, sanción o medida de seguridad, es la consecuencia directa impuesta por el Estado, determinada en el juicio oral y público, cuando se verifican los supuestos de responsabilidad penal demarcados en el ilícito penal.

Luís Jiménez de Asúa, señala que el derecho penal es el “Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto de delito como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora.” 

CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL

El Derecho Penal, es de carácter normativo, público, contingente, valorativo, finalista, garantizador, cultural, punitivo, coercitivo, fragmentario, subsidiario, de mínima intervención por parte del Estado, personalísimo e igualitario, que tiene la norma y el bien jurídico como polos de sus ejes programáticos establecidos en la Constitución de la República y cuya naturaleza es eminentemente sancionatoria. 

Normativo: El Derecho Penal comprende un conjunto sistemático de normas de carácter punitivo, lo que no está normado no está comprendido dentro del rango del Derecho Penal, es así como la prohibición de la conducta y su consecuencia o penalidad está contenida en la norma jurídica de carácter penal. El carácter normativo del Derecho Penal pretende conocer el entorno en que se producen las normas, las razones por las cuales se verifican su existencia, así como distinguir los casos en que los supuestos de su existencia o excepción no se verifican en el orden social. En consecuencia, el carácter normativo del Derecho Penal revisa los conceptos de derecho, sistemas jurídicos penal, norma, aplicación y eficacia, entre otros, en virtud de su estrecha relación con los conflictos normativos que se presentan en la aplicación y existencia del derecho penal.

El carácter normativo del Derecho Penal pretende determinar el significado de los conceptos que integran de sistema jurídico penal. De tal forma que los elementos más relevantes de cada uno de estos conceptos aporten las características para la identificación y comprensión del concepto del sistema normativo que integra el campo jurídico penal. 

Público: el carácter protector del ordenamiento jurídico penal, atañen a toda la colectividad, es por ello que tutela los intereses de carácter general en resguardo del interés colectivo y difusos.

De igual forma, el Derecho Penal es de carácter público, porque a tenor de lo expresamente dispuesto en la Constitución de la República, respecto a lo que es considerado reserva legal, sólo el Estado tiene la capacidad para crear normas que definan delitos y que impongan sanciones en atención al principio de legalidad penal, “nullum crimen, nulla poena sine lege”. 

Contingente: porque el Derecho Penal pretende regular las relaciones humanas en un determinado marco social, espacial y temporal, a efectos de su efectiva aplicación práctica, esto quiere decir, que el Derecho Penal debe observar la realidad y ajustarse a ella, la sociedad va cambiando en el tiempo, de igual forma cambia la necesidad de regular conductas que pudieran considerarse indeseables en un determinado contexto de espacio-tiempo.

Valorativo: El Derecho Penal, determina las clases y naturaleza de la acción humana que es considerado el hecho criminal, para así establecer la sanción, por todo ello entiende que el centro valorativo de su acción lo encuentra en la conducta humana, que es calificada bajo la perspectiva dogmática que fija la norma penal, estableciendo parámetros valorativos con la finalidad de determinar las formas y grado de participación, responsabilidad y sanción.

Finalista o de Última Ratio: La acción del Derecho Penal se debe circunscribir a la menor inferencia posible o mínima intervención. El Derecho Penal se considera un instrumento social al cual debe recurrirse cuando previamente, se han agotado todas las instancias de control, tanto formal como material. En sí mismo, el fin del Derecho Penal no es sancionatorio, busca esencialmente prevenir la ilicitud y garantizar la paz, la armonía y el respeto dentro del orden social que determina el Estado de Derecho.

Se confunde con el derecho de castigar del Estado o “Ius Puniendi”, de ahí que la sanción impuesta por el Derecho Penal no solo puede ser corporal o expiatoria, pueda también ser de orden retributiva o de rectificación. Persigue como fin, la convivencia social, protege el derecho e intereses de los individuos crea el ambiente para que exista dentro del Estado la conciencia colectiva que determina la seguridad jurídica.

El Derecho Penal, constituye el máximo y último recurso que una sociedad puede aplicar a los miembros que se apartan de la conducta que espera la norma, se distancia en el ámbito y extensión de la aplicación del derecho disciplinario que las sociedades aplican a los miembros que la integran, por ejemplo: un cuerpo de policía, de bomberos, la milicia entre otros. 

Garantizador: el Derecho Penal pretende asegurar los bienes jurídicos que establece el orden universal, constitucional y legal, busca el adecuado equilibrio social que constituye el desenvolvimiento social determinando el ámbito de libertad individual y colectiva, dentro del respeto a la ley en el entendimiento de los conceptos de justicia. 

Cultural: el Derecho Penal es un producto de cada sociedad, que de acuerdo al principio de autonomía, cuentan con la prerrogativa de estructurar sus propias normas dentro de la aspiración de orden social. Con la idea de garantizar el respeto, la equidad y la justicia, el Derecho Penal concibe normas de conductas que en algunos casos criminaliza la acción moral de la sociedad, es por ello que cada sociedad en particular, en base a parámetros culturales, determina las conductas que en ese entorno son consideradas criminales. Lo cultural se inserta en la ciencia del saber humano, en su historia y en las formas y usos sociales en particular que determina el Derecho Penal. 

Punitivo: determina cuales conductas se consideran criminales y en consecuencia establece sanciones. El hecho penal, encierra la conducta que concibe la norma penal como injusta y en consecuencia como punible en un espacio y tiempo determinado.

Coercitivo: el Derecho Penal impone una obligación de observar determinado comportamiento o de abstenerse, bajo la presión o coacción a la imposición de una pena o sanción.

Fragmentario: el Derecho Penal no puede llegar a brindar protección a la totalidad de bienes jurídicos ni a protegerlos de todo tipo de agresión lesiva. La fragmentariedad busca encontrar el margen mínimo de la injerencia penal en el comportamiento humano que es considerado lesivo por cuanto atenta contra la sociedad: las faltas contra la moral, los ilícitos administrativos, disciplinarios, civiles, laborales, entre otros. Esto significa que el Derecho Penal no ha de sancionar todas las conductas lesivas de los bienes que protege, es decir, sólo sanciona las modalidades de ataque más peligrosas para ellos. Así, no todos los ataques a la propiedad constituyen delito, sino sólo ciertas modalidades especialmente peligrosas, el otro espectro de daño será materia del marco tutelar del Derecho Civil. Es por ello que, la intervención punitiva estatal no se realiza frente a toda situación, únicamente a hechos que la ley penal ha determinado específicamente dentro del carácter fragmentario, por lo que la pena constituye un instrumento subsidiario, que determina la consecuencia o castigo necesario.

Este principio pretende establecer, sólo aquellos bienes jurídicos, importantes, necesarios e indispensables para la viabilidad de la protección penal que garantice las interrelaciones y la cohesión del sistema social y político del Estado.

Mediante este principio, se pretende fijar que el Derecho Penal no es un mecanismo de control omnicomprensivo, ya que a través de él sólo se protegen aquellos bienes jurídicos valiosos, criminalmente definidos, cuya lesión o puesta en peligro, vía comportamientos dolosos y excepcionalmente culposos, configura un alto grado de reproche social, que es lo que propiamente da el sustento a la injerencia penal, determinando una racional limitación al jus punendi del Estado. 

Subsidiario: Este principio establece que sólo en defecto y ante la inexistencia de solución al conflicto social, en otras vías como: la civil, administrativa, laboral, de familia, entre otros, se legitima la configuración, invocación o aplicación del tipo penal.

La subsidiaridad se deriva del principio fragmentario del Derecho Penal, señala que la norma penal posee naturaleza subsidiaria. Este principio, parte de reconocer la existencia y prioridad de otras vías distintas a la penal para la solución de conflictos de relevancia jurídica, bajo el presupuesto de que la vía penal sólo debe emplearse como el último recurso al comprobar que concurren los elementos de necesidad que están configurados en la norma penal, singularizada en razón al principio de mínima regulación.

Mínima Intervención o Última Ratio: Este principio expresa que sólo cuando sea absolutamente necesaria el establecimiento de una norma de carácter penal debe producirse la intervención estatal. Lo que no le haga daño a nadie, no puede ser castigado por la ley. En todo delito debe haber un bien jurídico lesionado, exige que las consecuencias y repercusiones del hecho sean socialmente relevantes, para que sea necesario el establecimiento de la regulación penal que justifica la protección social. El Derecho Penal debe cumplir el fin de reducción de la violencia social, ha de asumir también, en su configuración moderna, el fin de reducir la propia violencia punitiva del Estado. Esta reducción tiene lugar por dos maneras: sobre la base del principio utilitarista de la intervención mínima y sobre la base de los principios constitucionales que establecen las garantías individuales y colectivas. 

Personalísimo: La responsabilidad penal es personal; la pena y las medidas de seguridad sólo pueden imponerse a quien haya incurrido personalmente en la comisión de un delito, lo cual crea responsabilidad personal al sujeto activo, el único sujeto activo de delito es la apersona humana que lo cometió.

En materia penal, conceptos como la representación o transmisibilidad no existen, ante la comisión de un hecho criminal sólo responde quien haya cometido el delito, así mismo la pena impuesta al delincuente no trasciende a ninguna otra persona. Al morir, la pena se extingue junto con la responsabilidad penal. 

Igualitario: el Derecho Penal debe ser aplicable igualitariamente a todos los individuos que integran la sociedad, sin distinción de raza, sexo, creencias políticas o convicción religiosa entre otros. 

Sentencia: N°721 de fecha 08 de julio de 2010.
Tema: Pruebas
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: La Sala reexamina el criterio conforme al cual se desechaban las copias las decisiones impugnadas en amparo que se extraían del Sistema Informático del Poder Judicial.

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En virtud de las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT, 2012) las estipulaciones de una convención colectiva laboral quedan subsumidas en los contratos individuales de los trabajadores que presten servicios para la empresa que suscritora del convenio colectivo. Así lo dispone el artículo 432 de dicha Ley.

Una de las virtudes de la convención colectiva del trabajo es precisamente esta, irradiar todo el complejo obligacional a los contratos individuales de trabajo de todos los que laboral en la empresa contratante. De modo tal que en cada contrato contrato o relación de trabajo habrá de incorporarse como cláusulas obligatorias cada uno de los acuerdos de la convención colectiva.

Este principio es conocido como el efecto automático del convenio colectivo de trabajo, cuyas estipulaciones habrán de aplicarse a cualquiera y cada uno de los que trabajan para la empresa cuya convención suscribió, aunque dichos trabajadores no pertenezcan al sindicato suscritor del acuerdo, y aún sobre aquellos que no participaron en la celebración del mismo.

En este sentido, todas las normas del contrato colectivo cuya materia no esté regulada por el contrato individual pasan a formar parte integrante de éste y, a su vez, todas las normas equivalentes de ambos, quedan sustituidas en el contrato individual por la correspondiente del contrato colectivo, siempre que sean más favorables. Cabe destacar que la sustitución de las cláusulas del contrato individual por la norma del contrato colectivo, no acarrea la nulidad ni de la cláusula que se reemplaza ni la del propio contrato individual, que eventualmente pudiera contener algún precepto contrario a aquel contrato colectivo.

De esta forma, el efecto automático produce la sobrevivencia de la norma del contrato colectivo, insertada en los contratos individuales, aún después de vencido tal convenio colectivo, por el hecho de haberse insertado en una relación individual que perdura más del término fijado a la convención colectiva. Esta duración indefinida de la norma colectiva insertada en el contrato individual de trabajo, subsiste mientras dure la relación individual, a menos que una ley posterior u otro contrato colectivo la sustituya o modifique.

Según este enfoque, el principio del efecto automático pudiera entenderse que actúa como una limitación a la libertad de contratación, puesto que sujeta y somete al trabajador a alimentar su relación jurídico-laboral con la norma colectiva, esté de acuerdo o no con ella, como consecuencia de la aplicación imperativa de la Ley, se produce un efecto actual que es el de la irrenunciabilidad de la norma colectiva. Y es que en el ámbito de la convención colectiva sus estipulaciones adquieren el carácter obligatorio y en parte integrante de los contratos de trabajo celebrados o que se celebren durante su vigencia.

De modo que las estipulaciones de la convención colectiva de trabajo se aplican no sólo a los trabajadores que no pertenezcan al sindicato que la celebró, sino también a los que ingresen con posterioridad a ella, conforme a lo previsto en el segundo aparte del artículo 432 de la LOTTT (2012) conocido este otro principio como el efecto expansivo de la convención colectiva.

En conclusión, un trabajador no sindicalizado tiene el derecho de gozar los beneficios de la convención colectiva celebrada por el sindicato y el patrono, aunque su relación de trabajo se rija por un contrato individual de trabajo. Leer el resto de esta entrada »

En nuestro Despacho Jurídico es costumbre escuchar frases como esta: “él no quiere reconocer mis derechos pero yo tengo una carta de concubinato que dice que soy su concubina, así que la mitad es mía…”. Pues bien, cabe preguntarse: Hasta dónde protege la aludida Carta de Concubinato, (como la llaman algunos) o Acta de Unión Estable de Hecho?.

Analicemos el tema de la siguiente manera: CONTROVERSIA PLANTEADA: Se invoca por el interesado que llamaremos “A”, que el Acta de Unión Estable De Hecho es suficiente para incorporarse en un juicio por cumplimiento de contrato en el que no es parte demandada ni demandante y en el que alega la existencia de la unión concubinaria, o si, por el contrario, es requisito sine qua non que “A” acompañe copia certificada de una Sentencia dictada en un juicio por establecimiento de unión concubinaria en la que se declarare la existencia de dicha unión.

En otras palabras “A” pretende oponer a terceros los efectos jurídicos de la unión establece de hecho que adujo sostener con “B” y sin embargo, no acreditó su existencia mediante la correspondiente Sentencia previa que así lo haya declarado. OBITER DICTUM (DICHO SEA DE PASO): La Sala Constitucional señaló, en sentencia del 18/06/2015, que “la sentencia declaratoria de la unión estable de hecho no es la única forma de probar su existencia”. Lo anterior en base a la LORC, de fecha 15/09/ 2009, que en su artículo 118, señala: “la libre manifestación de voluntad efectuada entre un hombre y una mujer, declarada de manera conjunta, de mantener una unión estable de hecho, conforme a los requisitos establecidos en la ley, se registrará en el libro correspondiente, adquiriendo a partir de este momento plenos efectos jurídicos, sin menoscabo del reconocimiento de cualquier derecho anterior al registro.

Las actas de uniones estables de hecho, al igual que las demás actas del Registro Civil previstas en el título IV de la LORC, tienen los efectos que la ley le confiere al documento público o auténtico (Art. 77), y sus certificaciones expedidas por los Registradores Civiles tienen pleno valor probatorio (Art. 155). Conforme al artículo 11 de la mencionada ley, los Registradores Civiles confieren fe pública a todas las actuaciones, declaraciones y certificaciones, que con tal carácter autoricen, otorgándole eficacia y pleno valor probatorio. Así mismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 112, los datos contenidos en el Registro Civil prevalecen con relación a la información contenida en otros registros.

Entonces, A tal efecto, las Actas del Registro Civil constituyen plena prueba del estado civil de las personas. DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION DE TALES ACTAS: Los únicos medios de impugnación contra estas Actas son:

1)  La Tacha de Falsedad por vía principal o incidental por los motivos establecidos en el artículo 1380 del CC,

2) La Solicitud de Nulidad en sede administrativa, la cual sólo puede ser declarada por la Oficina Nacional de Registro Civil, a solicitud de persona interesada, de oficio o por solicitud del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo, conforme y en base a las causales del artículo 150 de la LORC y

3) La Solicitud de Nulidad de las Actas del Registro Civil, que se refieran a menores, ante los tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por el artículo 156. Ambos medios de impugnación (jurisdiccional y administrativa), pueden coexistir, no son excluyentes, por lo que la pendencia de la tacha en sede judicial no obsta a que se inicie y decida la nulidad en sede administrativa ni viceversa.

CONCLUSION: En el caso bajo estudio de la Sala, declaró que al no haber acompañado “A”, ni la Sentencia de unión estable de hecho que adujo sostener, ni la certificación de un Acta de Unión Estable de Hecho prevista y regulada en la LORC, no tenía legitimación para actuar en el juicio en cuestión. De tal forma que, en respuesta a nuestra pregunta inicial, en tanto y en cuanto, no se impugne la validez del Acta/Carta de Unión Estable de Hecho y/o Concubinato, ella gozará del valor probatorio de plena prueba en cuanto a la existencia e inicio de la Unión Concubinaria, en la misma categoría del documento público auténtico. Leer el resto de esta entrada »