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Imagen  —  Publicado: abril 11, 2016 en INFORMACIÓN VARIADA

SPA DECLINA EN LA SALA CONSTITUCIONAL EL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA DE NULIDAD PLANTEADA CONTRA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS AL TSJ

http://www.franciscosantana.net/2016/04/spa-declina-en-la-sala-constitucional.html

JUZGAMIENTO EN VENEZUELA DE DELITOS COMETIDOS POR NACIONALES EN EL EXTRANJERO. PRINCIPIO DE EXTRADITAR O JUZGAR (SALA DE CASACIÓN PENAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/juzgamiento-en-venezuela-de-delitos.html

MIENTRAS TANTO, EN VENEZUELA: SE DECLARA A “EL CONUCO” COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL (INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/resolucion-que-declara-el-conuco-como.html

DECRETO N° 2.294, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARAN LOS DÍAS VIERNES COMO NO LABORABLES PARA EL SECTOR PÚBLICO, A PARTIR DEL 08 DE ABRIL DE 2016 (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/decreto-n-2294-mediante-el-cual-se.html

EL PERICULUM IN DAMNI SÓLO PUEDE EXIGIRSE PARA EL DECRETO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS Y NO CON LAS NOMINADAS EN DONDE BASTA CON ACREDITAR EL FUMUS BONIS IURIS Y EL PERICULUM IN MORA. AMPARO CON LUGAR (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/el-periculum-in-damni-solo-puede.html

JORNADAS SOBRE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO CARABOBO, VALENCIA, 26 Y 27 DE MAYO DE 2016

http://www.franciscosantana.net/2016/04/jornadas-sobre-derecho-procesal-penal.html

11 SENTENCIAS SOBRE DIVORCIO/SEPARACIÓN DE CUERPOS QUE DEBES CONOCER

http://www.franciscosantana.net/2016/04/11-sentencias-sobre-divorcioseparacion.html

SUSPENSIÓN CAUTELAR DE VARIOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE INTERIOR Y DEBATES DE LA ASAMBLEA NACIONAL (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/suspension-cautelar-de-varios-articulos_64.html

LOS JUECES DE JUICIO DEBEN “PROCURAR LA COMPARECENCIA DE LOS ÓRGANOS DE PRUEBA, BIEN SEA A TRAVÉS DE LA CITACIÓN POR CUALQUIER MEDIO O POR LA VÍA DEL MANDATO DE CONDUCCIÓN A LOS EFECTOS DE RENDIR SU DECLARACIÓN; ASIMISMO, ES DEBER DEL MINISTERIO PÚBLICO, ENTRE OTROS, COMO PROMOVENTE DEL MEDIO DE PRUEBA, APORTAR LOS DATOS PRECISOS PARA LA UBICACIÓN DE LOS EXPERTOS, EXPERTAS Y TESTIGOS; ES DECIR, QUE DICHA TAREA NO RECAE SOLAMENTE EN EL JUEZ O JUEZA DE INSTANCIA, PUES LA FINALIDAD DEL DEBATE ORAL Y PÚBLICO ES DETERMINAR, CON LOS ÓRGANOS DE PRUEBA QUE HUBIESEN SIDO EVACUADOS, LA CULPABILIDAD O LA INOCENCIA DEL PROCESADO” (SALA DE CASACIÓN PENAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/los-jueces-de-juicio-deben-procurar-la.html

FASES DEL JUICIO DE PARTICIÓN. VICIO DE REPOSICIÓN NO DECRETADA. (SALA DE CASACIÓN CIVIL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/fases-del-juicio-de-particion-vicio-de.html

CONFESIÓN FICTA: REQUISITOS CONCURRENTES (SALA DE CASACIÓN CIVIL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/confesion-ficta-requisitos-concurrentes.html

EL RECURSO DE CASACIÓN EJERCIDO DE FORMA ANTICIPADA DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO (SALA DE CASACIÓN PENAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/el-recurso-de-casacion-ejercido-de.html

CORTES DE APELACIONES DEBEN SER CUIDADOSAS EN ASEGURAR LA NOTIFICACIÓN EFECTIVA DE LAS PARTES (SALA DE CASACIÓN PENAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/cortes-de-apelaciones-deben-ser.html

RESULTA INADMISIBLE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO PRESENTADA POR EL PADRE DEL IMPUTADO (SALA DE CASACIÓN PENAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/resulta-inadmisible-la-solicitud-de.html

EXHORTO AL MINISTERIO PÚBLICO POR OMITIR PROMOVER PRUEBAS FUNDAMENTALES PARA “DEMOSTRAR LOS HECHOS AFIRMADOS EN LA ACUSACIÓN”. (SALA DE CASACIÓN PENAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/exhorto-al-ministerio-publico-por.html

NO TRASPASA LOS LÍMITES RACIONALES DE SU ACTIVIDAD EL JUEZ QUE NIEGUE LA INTERVENCIÓN DE UN ABOGADO QUE NO ACREDITE SU INSCRIPCIÓN PROFESIONAL CON EL CARNET ORIGINAL (SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/no-traspasa-los-limites-racionales-de.html

CONSIDERACIONES SOBRE LAS CARTAS ROGATORIAS. DIFERENCIAS ENTRE CITACIÓN Y NOTIFICACIÓN (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/consideraciones-sobre-las-cartas.html

“CUANDO EN SEGUNDA INSTANCIA SE ACUERDEN ALGUNAS DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NEGADAS POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA, EL JUEZ DE ALZADA ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE REGRESAR EL CUADERNO DE MEDIDAS AL JUZGADO DE COGNICIÓN, PARA QUE SE CONTINÚE SUSTANCIANDO LAS MEDIDAS Y PUEDA LA PARTE CONTRA QUIEN OBRE OPONERSE A ELLA Y SE DÉ CURSO A LA ARTICULACIÓN PROBATORIA (HAYA HABIDO O NO OPOSICIÓN) PARA QUE LOS INTERESADOS PROMUEVAN Y HAGAN EVACUAR LAS PRUEBAS QUE CONVENGAN A SUS DERECHOS”. (SALA DE CASACIÓN CIVIL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/cuando-en-segunda-instancia-se-acuerden.html

SÚPER SALA CONSTITUCIONAL: REVISA SENTENCIA Y DECLARA SIN LUGAR UN RECURSO DE CASACIÓN CIVIL (CASO MERCANTIL BANK CURAÇAO)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/super-sala-constitucional-revisa.html

LA FIRMA DE LA PARTE EN EL LIBRO DE PRÉSTAMOS DE CAUSAS PUEDE CONSIDERARSE COMO UN MEDIO DE NOTIFICACIÓN TÁCITA (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/la-firma-de-la-parte-en-el-libro-de.html

“AL JUEZ CONSTITUCIONAL ÚNICA Y EXCEPCIONALMENTE LE CORRESPONDE EL EJERCICIO DEL DENOMINADO CONTROL EXTERNO DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL”. (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/al-juez-constitucional-unica-y.html

AMPARO POR OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO: ¿CUÁLES DOCUMENTOS DEBE ACOMPAÑAR EL ACCIONANTE COMO PRUEBA DE LA OMISIÓN? (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/amparo-por-omision-de-pronunciamiento.html

AMPARO CON LUGAR POR REPOSICIÓN INÚTIL Y VIOLACIÓN DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/amparo-con-lugar-por-reposicion-inutil.html

 

Ante las dificultades que presenta un concepto filosófico para ser cuantificado psicológicamente (catástrofe epistemológica generada por la confusión de niveles de análisis), por un lado comenzó a abrirse paso la tendencia a la construcción normativa del contenido de la culpabilidad, o sea, a reducir a la misma al reproche jurídico de un objeto jurídico, lo que no es más que la consagración de la arbitrariedad judicial en nombre de una prevención general que tampoco nadie conoce, en tanto que, por otro lado, se volvió a postular el abandono del concepto mismo de culpabilidad.

A partir de la premisa de que las alternativas a la acción serían una hipótesis indemostrable y que la culpabilidad no parece ser el fundamento para la imposición de la pena sino el límite que la administración de justicia necesita para la imputación subjetiva, lo que en definitiva se plantea es la búsqueda de un «principio de proporcionalidad» {Verhdltnismassig-keitsgrundsat¿¡, que permanece como un problema sin resolver. De allí que la tarea sería la búsqueda y profundización de este principio, que reemplazaría a la culpabilidad.

Este principio de proporcionalidad, no obstante, queda sumamente nebuloso, porque, o bien se ancla en una proporcionalidad con el contenido del injusto, o bien vuelve a caer en una construcción artificial en función de limitados datos normativos escogidos a voluntad que, aunque no se llamen «culpabilidad», no pasarían de ser otra construcción jurídica de reemplazo. Siempre que nos mantengamos en la pretensión de legitimar la pena y el poder punitivo, tan poco razonable resulta fabricar una libertad «jurídico-penal» como tomar en cuenta más o menos los mismos elementos con que fabricamos ésta y bautizarla de otra manera.

A nuestro juicio, el mérito de quienes postulan el reemplazo de la culpabilidad por el principio de proporcionalidad estriba en que subrayan adecuadamente la función encubridora que cumple el concepto manipulado de la culpabilidad en el discurso legitimante del poder punitivo: destacan acertadamente que la culpabilidad, en ese discurso, al centrar la atención sobre el autor, sustrae al conflicto del marco dé la interacción social, implicando la consagración jurídica de la teoría del «chivo expiatorio».

Sin embargo, un reemplazo de la culpabilidad por una «proporcionalidad» con algunos caracteres subjetivos y objetivos del delito, no eliminaría la realidad del «chivo expiatorio» en el plano social, sino que sólo se limitaría a ignorarla en el jurídico, lo que, por cierto, no resuelve el problema del valor deslegitimante que la teoría del «chivo expiatorio» tiene sobre el discurso jurídico-penal.

Con ocasión de la reforma del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico (2007, 2010) se hace necesario actualizar la publicación de quien suscribe sobre el tema tiempo atrás.

En primer lugar, la Asamblea Nacional aprobó una ley de reforma del mencionado Decreto Ley por vía de la llamada popularmente Ley Habilitante; esto significa que el órgano legislador asumió su competencia plena de elaborar y aprobar textos normativos en esta materia.

Al respecto se dictó la  Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico (LORSE, 2010) que “… tiene por objeto la reorganización del sector eléctrico nacional, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio en todo el país, maximizar la eficiencia en el uso de las fuentes primarias de producción de energía y en la operación del sistema, así como redistribuir las cargas y funciones de las actuales operadoras del sector.”

Está concebida con un carácter centralizado en cabeza del Poder Nacional, por órgano del Ejecutivo, toda vez que los programas, proyectos, metas y objetivos son fijados por éste dentro de un marco de planificación de la agenda energética del país, dejando poco margen a los otros niveles del Poder Público, como sería el municipal en este caso.

Crea la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) como ente para todo lo relacionado con la encargada de “… la realización de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de potencia y energía eléctrica.”; de hecho, todas las empresas prestadoras del servicio eléctrico que eran filiales de la extinta Compañía Anónima Nacional de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) deberán pasar a manos de la CORPOELEC para la unificación (fusión) en un solo ente antes del 31 de diciembre del año 2012.

Llama la atención que el legislador señaló que las disposiciones de la LORSE que sus disposiciones se aplicarán con prevalencia a las de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) la cual señala en su artículo 56 que “…son competencias del Municipio las siguientes:

1.- El gobierno y administración de los intereses propios de la vida local.

2.- La gestión que la Constitución de la República y las leyes nacionales les confieran en todo lo relativo a la vida local, en especial, la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios,…   (Subrayado mío)

Más adelante, la misma norma de la LOPPM:

“Artículo 56.- …

f.- Los servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico…” (Subrayado mío)

Por otra parte, siguiendo el postulado constitucional en su artículo 203, acerca de lo que es una ley orgánica, el Municipio encaja en los supuestos fácticos porque está inmerso dentro de los llamados poderes públicos, ya que – sobre la organización política de Venezuela – se hace mención a los municipios (artículo 16), los cuales son concebidos por el Constituyente como “…la unidad política primaria de la organización nacional…” (Artículo 168)

Sería conveniente revisar la jurisprudencia del Máximo Tribunal en relación con los vocablos “régimen” y “dotación y prestación” en lo atinente a los servicios; podría analizarse si se asemejan las máximas derivadas de casos como en telecomunicaciones y tributación local, por ejemplo, donde aquél se refiere a la organización o marco regulatorio de determinada actividad.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela alude a “régimen” en artículos como el de las competencias del Poder Público Nacional; la interpretación que se le ha dado es que – por ejemplo – cuando algo se reserva al Poder Nacional, en cuanto al régimen o marco regulatorio, es que no pueden los estados y municipios dictar normas que invadan las competencias de aquél, como sería en el ejemplo aportado el de habilitar a un particular en materia de telecomunicaciones; sin embargo, el municipio puede y debe ejercer sus competencias en áreas como la urbanística, tributaria, tránsito terrestre urbano, entre otras.

Llevando esto al sector eléctrico basta recordar que el alumbrado público es una materia típicamente local, por citar un caso; al indicar una norma las expresiones “dotación” y “prestación” de un servicio público, de lo que no escapa la electricidad, no tiene que ver con la generación o transmisión del servicio eléctrico, sino que se trata de la ejecución de actividades para llevarlo a las comunidades para su consumo final, por ejemplo.

 En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

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1. CAUSALES ABIERTAS PARA DEMANDAR EL DIVORCIO (VINCULANTE) “Sentencia de la Sala Constitucional que realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil y establece, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento.”

http://www.franciscosantana.net/2015/06/sentencia-de-la-sala-constitucional-que.html

2. ART. 185-A DEL CÓDIGO CIVIL. PROCEDIMIENTO (VINCULANTE). ARTÍCULO 185-A DEL CÓDIGO CIVIL: INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL VINCULANTE DEL PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO POR RUPTURA PROLONGADA DE LA VIDA EN COMÚN (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2014/05/articulo-185-del-codigo-civil.html

3. SEPARACIÓN DE CUERPOS A TRAVÉS DE APODERADOS:PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE SEPARACIÓN DE CUERPOS TRAMITADA POR APODERADOS (SALA DE CASACIÓN CIVIL)

http://www.franciscosantana.net/2014/11/procedencia-de-la-solicitud-de.html

4. COMPETENCIA DE LA JUSTICIA DE PAZ COMUNAL:SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL QUE RECONOCE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE MUNICIPIO, EN AQUELLAS CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES DONDE NO EXISTAN JUECES Y JUEZAS DE PAZ COMUNAL, PARA CONOCER Y DECIDIR SOLICITUDES DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE LA JUSTICIA DE PAZ COMUNAL

http://www.franciscosantana.net/2016/01/sentencia-de-la-sala-constitucional-que.html

5. PERENCIÓN DE LA INSTANCIA: ACERCA DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE CUERPOS (SALA DE CASACIÓN CIVIL)

http://www.franciscosantana.net/2014/04/acerca-de-la-perencion-de-instancia-en.html

6. DOMICILIO DEL ACCIONANTE: “EL CAMBIO DE DOMICILIO SURTE EFECTOS PARA ATRIBUIRLE JURISDICCIÓN A UN TRIBUNAL EXTRANJERO CUANDO LA RESIDENCIA HABITUAL DEL CÓNYUGE ACCIONANTE FUE ESTABLECIDA EN DICHO PAÍS DESPUÉS DE CUMPLIDO UN AÑO DESDE QUE OCURRIÓ EL CAMBIO”. REVISIÓN CON LUGAR. SALA CONSTITUCIONAL

http://www.franciscosantana.net/2015/03/el-cambio-de-domicilio-surte-efectos.html

7. EXEQUATUR: Consideraciones acerca de la rebeldía y el cumplimiento de los requisitos para el exequatur de la sentencia de divorcio dictada en el extranjero (Sala de Casación Civil)

http://www.franciscosantana.net/2015/05/consideraciones-acerca-de-la-rebeldia-y.html

8. COMUNIDAD DE GANANCIALES: Actos fraudulentos realizados por un cónyuge en perjuicio de la comunidad de gananciales. “Para la declaración del fraude procesal en sede constitucional, es necesario que, de los medios de prueba que consten en el expediente, aparezca patente o manifiesto la instrumentación del proceso hacia objetivos que no le corresponden, lo cual presupone que la complejidad del asunto no haga preciso el amplio debate contradictorio –en especial el probatorio- propio del juicio ordinario” (Sala Constitucional)

9. ACCIÓN PENAL: Consideraciones acerca del delito de falsa atestación ante funcionario público y de la procedencia de la acción penal entre cónyuges separados legalmente (Sala Constitucional) ~ Jurídicas de Interés

http://www.franciscosantana.net/2014/12/consideraciones-acerca-del-delito-de.html

10. CAUSALES DE DIVORCIO: Sala de Casación Civil reitera que “la existencia de una denuncia penal y mucho menos cuando se trata de denuncias de mujeres víctimas de violencia, no puede constituir el único fundamento de la causal de divorcio” (Casación Con Lugar) ~ Jurídicas de Interés
http://www.franciscosantana.net/2015/07/sala-de-casacion-civil-reitera-que-la.html

11. CAUSALES DE DIVORCIO: “El abandono no implica necesariamente la separación del hogar conyugal de uno de los esposos”. Sala de Casación Social ~ Jurídicas de Interés

http://www.franciscosantana.net/2015/07/el-abandono-no-implica-necesariamente.html Leer el resto de esta entrada »

Me consultaban alumnos de la Cátedra Universitaria acerca de la finalidad de las Empresas Municipales y otros aspectos.

Como apareció en el artículo anterior, se busca la satisfacción de necesidades colectivas de una forma más expedita. Se suelen emplear para la gestión en materia de servicios públicos; resulta frecuente verlas en acción en materia de aseo urbano y domiciliario, manejo de la gestión de basura, distribución de gas, agua potable, entre otras.

Cuando se hace uso de una forma empresarial se deben seguir lineamientos contenidos por el Código de Comercio Venezolano (CComV, 1955), para su constitución y ejecución diaria, ya que el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP, 2014) advierte que se regirán por la legislación mercantil; esta aseveración no es del todo exacta, toda vez  que  deberán someterse a normas de tutela y control propias del Derecho Administrativo. Tanto es así que algunos cultores de esta especialidad han expresado que se trata de un régimen mixto.

Para poder hablar de una Empresa Municipal se debe poseer un equivalente mayor al cincuenta por ciento (50%) del paquete accionario, como lo determinan el Decreto con rango, valor y fuerza de  Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (2015) o la de Contraloría General y Sistema Nacional de Control Fiscal (2010).

A título de evaluación surgió una pregunta al grupo en relación con unos tipos de sociedades previstas por el CComV (1955); se trata de las llamadas sociedades en comandita y las de nombre colectivo. Los más atentos  indicaron de inmediato que están en desuso, a lo cual  se respondió – para profundizar en la actividad evaluativa – que tal hecho no significa que no pudieran tomarse para esto, parafraseando la norma del Código Civil Venezolano (1982) sobre la vigencia y validez de las normas jurídicas. Luego de un análisis se centró la discusión – continuando con la pregunta – si el Municipio debía o no constituir una empresa municipal bajo ésas por aquello de la solidaridad de sus socios con el patrimonio empresarial. La conclusión no se hizo esperar: no resultan viables porque implicaría que se violentarían normas de presupuesto, planificación, ejecución y control fiscal por la solidaridad absoluta.

Otra de las actividades desplegadas en esa sesión de clases fue sobre el régimen de bienes, laboral, presupuestario, ejecución y control de la Empresa Municipal por parte de los órganos locales.

Retomando otra vez los textos legales se determinó que las personas que se desempeñan en un ente se rigen por la legislación laboral, dado que la Ley del Estatuto de la Función Pública  (2002) solo regula relaciones funcionariales entre los que se desenvuelven con los órganos e institutos autónomos  (hoy denominados también como Institutos Públicos por el DLOAP) ; en cuanto a la rama presupuestaria el órgano debe aprobar los proyectos de presupuesto para el ejercicio económico financiero por aquello de la tutela, mientras que – en materia de control – se debe crear una dependencia de auditoría interna, sin perjuicio de las facultades que ejercen el Concejo Municipal o la Contraloría Municipal, sin dejar de lado la llamada Contraloría Social. Es clave que se destinan recursos públicos para la creación y desempeño de la Empresa Municipal, lo que hace un elemento ineludible del control y seguimiento.

En los instrumentos de creación se determinan el régimen de administración, forma de designación de los administradores, duración, supresión o liquidación, adjudicación de bienes o su adquisición,  entre otros.

Esto significa que muchas empresas se constituyen con un patrimonio que puede ser aportado por el órgano o el ente que los crea; otras veces nace por donaciones u otras formas contractuales.

Por razones de servicio, podría ocurrir que nace un ente de otro. La LOAP lo ha previsto en su articulado. Ejemplos en el nivel nacional se encuentran con las llamadas Empresas Básicas en la Región Guayana.

Ocasionalmente se podría buscar un holding para la prestación de algún servicio; en el área de agua potable, el nivel nacional posee a HIDROVEN C.A. y sus filiales: C.A. HIDROCAPITAL, C.A. HIDROCENTRO, entre otras.

Como detalle de interés es que no se busca que perciben lucro, aun cuando puedan realizar actos que lo generen; la premisa en este sentido es que lo obtenido sea reinvertido – como primera medida – en el objeto social.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

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Partiendo de la asignación arbitraria de cierta función positiva a la pena (siempre preventiva o difusamente retributiva), es corriente afirmar que el legislador distribuye su conminación según opciones político criminales, tutelando bienes jurídicos o reforzando algo (la ética social, el sistema). No obstante, esto se hace:

  1. sin verificar la función preventiva de la pena (sin constatar si en la realidad el poder punitivo produce los efectos que se pretende que el legislador buscó) y
  2. como el legislador histórico es inencontrable (otras veces sus argumentos son insostenibles por el paso del tiempo, por su oportunismo o por sus contradicciones), se apela a un legislador imaginario.

De este modo, con un método deductivo puro, a partir de una ley (un texto escrito) se imagina una voluntad, unos efectos y un sujeto que configuran una política penal (o crimina!) que es producto de deducciones e imaginación técnica y que opera en un mundo real que no se pregunta cómo funciona.

Desde este ámbito tan limitado y con elementos no verificados en la realidad social (o que confesamente provienen de un ámbito imaginario) y que omiten todo contexto de poder político, económico, social y marco cultural, es poco menos que imposible vincular la construcción jurídico-penal con la política. Más aún: importa desviar la atención de los verdaderos vínculos entre ambos términos.

La falsa proposición de que la conminación penal tutela (o refuerza o reafirma) algo y que esta función es más fuerte cuanto mayor es la reacción punitiva conminada, es una deducción fundada sobre la premisa no demostrada de que la pena cumple alguna función preventiva en la realidad social. Del debe cumplirla se pasa sin más a afirmar que la cumple y se da esto por no necesitado de ulterior verificación. Toda consecuencia política basada en tan endebles puntos de partida, carece rá de brújula en cuanto a sus reales efectos sociales. Leer el resto de esta entrada »

Es frecuente ver que el Estado – desde cualquiera de los niveles territoriales de Poder Público –  para la satisfacción de necesidades colectivas, recurra a la creación en entes, es decir, estructuras descentralizadas.

El Municipio en Venezuela no es la excepción.

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) no define a los entes, aunque les da la potestad a los ámbitos locales de elegir y ejecutar el modo de gestión que consideren más conveniente para el gobierno y administración de sus competencias, lo cual pueden llevar a cabo por sí mismos, por organismos que dependan jerárquicamente de ellos, o mediante formas de descentralización, entre las que se encuentran las empresas municipales.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP, 2014) aporta una definición y otros lineamientos que pueden resultar útiles para el tratamiento de este tema.

En primer lugar, le da la categoría de ente a toda organización administrativa descentralizada funcionalmente con personalidad jurídica propia; sujeta al control, evaluación y seguimiento de sus actuaciones por parte de sus órganos rectores, de adscripción y de la Comisión Central de Planificación.

De acuerdo con las normas de organización municipal las empresas municipales tienen  que ver con la función ejecutiva o administrativa, por lo que están bajo la estructura de la Alcaldía, ya que ésta es el órgano ejecutivo o de gobierno. Al respecto, es pertinente recordar la norma de la LOPPM (2010) que atribuye al alcalde ser el máximo jerarca dentro de estas funciones o competencias.

En segundo término, para la creación de una empresa municipal se requiere la aprobación de un decreto por el alcalde que se someterá al concejo municipal, a quien le compete autorizar o no, así como también deberá contarse con la opinión previa del Síndico Procurador Municipal y del Contralor Municipal, siguiendo las normas de la LOPPM, adicionalmente a las de la LOAP (2014).

El decreto en cuestión deberá indicar el objeto y sus competencias, determinación de la forma organizativa, ubicación en la estructura – lo que ya se explicó – así como también las previsiones y asignaciones  presupuestarias.

Hay que tomar en cuenta que no se podrán crear nuevos órganos o entes que supongan duplicación de las competencias de otros hay existentes sin suprimir  o restringir la competencia de estos.

A su vez, en dicho instrumento, se instruye para la creación y demás pasos, tales como redacción del acta constitutiva y estatutos sociales; Registro Mercantil; inscripción ante la Administración Tributaria Nacional (RIF, IVSS, entre otros), publicación en la Gaceta Municipal.

Es oportuno recordar el principio de Inmunidad Fiscal de las personas jurídicas de Derecho Público a este punto.

Ahora bien, el ordenamiento jurídico no solamente permite que el Municipio pueda hacerse de una empresa y llevarla a la esfera gubernamental;  así como se puede crear una empresa municipal, también sería viable adquirirla mediante la compra accionaria a sus dueños o a través de permuta, cesión o cualquiera otra vía contractual, por solo mencionar las consensuales.

Es menester señalar la reversión cuando se está frente a una concesión municipal y se retorna a lo gubernamental; la LOPPM (2010) establece que los bienes pasarán a manos del Municipio sin costo alguno.

Como un tercer elemento, no deben obviarse algunos principios contenidos en la LOAP (2014) ya que están referidos con la organización administrativa; cabe mencionar los siguientes:  Legalidad, Administración al servicio del ciudadano, Responsabilidad Fiscal, Control de Gestión, Eficacia, Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, Suficiencia, Racionalidad y Adecuación de los medios a los fines institucionales, Simplicidad, Transparencia y Cercanía Organizativa hacia las personas, Coordinación, Cooperación, entre otros.

Estos principios interactúan con los previstos por la LOPPM (2010), pudiendo enumerar: Corresponsabilidad social, Planificación, Descentralización, Transferencia a las Comunidades, Participación Ciudadana, entre otros.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

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