LA  DUDOSA VIGENCIA DE LA FIGURA DEL MANDATO O PODER.

Desde hace ya cierto tiempo los organismos del estado y empresas privadas se han volcado a la tarea de minimizar la validez, relevancia y eficacia de los mandatos judiciales y extrajudiciales que son debidamente otorgados por personas naturales y jurídicas, no obstante permanecer vigentes en toda la normativa -adjetiva y sustantiva- legal venezolana. Sorprenden, por ejemplo, las siguientes situaciones: 1)-Juez Laboral: Argumentando que no puede entregar un cheque sin la presencia del trabajador en la Audiencia, a pesar de la facultad expresa para recibir cheques.  2)-Entidad Bancaria: Afirmando que no  puede pagar un cheque porque no está presente la persona que otorgó el poder, siendo que el poder otorga facultad para cobrar cheques. 3)S.S.O.: Exigiendo trámite adicional ante la Caja Regional para que expida una Autorización como “apoderado”, para cobrar determinada pensión, no obstante que el mandato faculta al mandatario para retirar o cobrar la misma. 4)-Juez Penal: Solicitando  el traslado del detenido para que  designe defensor, independientemente que el artículo 139 del COPPP establezca que dicho nombramiento puede hacerse por cualquier vía (poder). 5)-Registro: Impidiendo el registro de un Acta porque el poder que se presente es General, de Administración y Disposición. Y ante tales situaciones cabe preguntar: ¿Cuál ha sido nuestra actitud al respecto? Exigir nuestro derecho con base a nuestros conocimientos y con fundamento en la ley, o simplemente dar media vuelta y hacer lo que de manera arbitraria, ilegal e irresponsable se nos pretende imponer. No se mientan. Se de muchos colegas que les encanta el camino fácil (¡ya vengo entonces…oyó amiguito…¿le traigo algo cuándo vueeelva, si?!)Pues bien, es hora de que defendamos la figura jurídica del mandato, cuyos únicos elementos de existencia y validez son: Consentimiento, Capacidad y Objeto. La ley determina las características del mandato, las responsabilidades del mandante y del mandatario, los efectos de éste frente a terceros, así como determina una protección especial para el mandatario y la forma de extinción del mandato. El Notario da fe de que se ha otorgado el mandato en su presencia. Luego, una vez autenticado el mismo, no puede seguir siendo constantemente escudriñado de fondo por toda persona que se crea con potestad para ello, a excepción de los jueces que tienen la facultad para someterlo a análisis jurídico, pero también tienen la inexorable obligación de respetar y cumplir su contenido, una vez verificada su autenticidad y rigidez legal. Leer el resto de esta entrada »

SUPREMACÍA DE LA JURISDICCIÓN PENAL ORDINARIA ANTE LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR CUANDO SE ESTÉ EN PRESENCIA DE 1) INVESTIGACIÓN DE DELITOS EN DONDE APAREZCAN INVOLUCRADOS CIVILES. 2) CUANDO EL MISMO HECHO SE ENCUENTRE TIPIFICADO COMO DELITO EN LA LEGISLACIÓN PENAL ORDINARIA Y EN LA LEGISLACIÓN PENAL MILITAR. SE REITERA DOCTRINA. (SALA DE CASACIÓN PENAL) Leer el resto de esta entrada »

1.- Planteamiento.

La hipótesis aquí considerada está referida a la situación que se suscita cuando el juez que conoce en apelación o en consulta la sentencia de primer grado, o cuando, en virtud del recurso de casación o el recurso de control de la legalidad, los integrantes de la Sala de Casación Social debe decidir el fondo controvertido, se enfrentan al dilema de darle aplicación preferente al principio procesal conocido como la non reformatio in peius por sobre el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales.

¿Existe en estos casos un conflicto entre la norma procesal y la norma sustantiva? ¿A cuál debe dársele preminencia? ¿Cuál es la interpretación que han venido haciendo la Sala Constitucional y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en estos casos?

Con este propósito se formula aquí una interpretación bajo una perspectiva donde predomina la aplicación de la suprema norma, es decir, a través de un enfoque armonizado entre la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la concepción de éste último, como instrumento fundamental para la realización de la justicia y los principios rectores del derecho del trabajo en el ordenamiento jurídico venezolano, ofreciendo una visión más apegada a los postulados propuestos y más acorde con la normativa protectora que caracteriza esta especial rama del derecho a quienes día a día les corresponde resolver los conflictos intersubjetivos judiciales planteados en el fuero laboral.

En tal sentido debe señalarse que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en decisión N° 4674 del 14 de diciembre de 2005, impuso como directriz vinculante, ajustar el proceso de interpretación de las normas legales al magno texto, agregando que, de este modo, la interpretación conforme a la Constitución es un principio o máxima hermenéutica, es un imperativo jurídico constitucional para todos los aplicadores del Derecho que entraña la seguridad de que no prevalecerá la exigencia de formalismos para alcanzar la realización de la justicia; que ella se logrará sin que el ordenamiento jurídico, de una manera incongruente y contradictoria impida su consecución.

Para ello es imprescindible, sin duda,  hacer alusión a las previsiones de nuestro egregio texto jurídico y a la normativa legal fundamental que orientan el marco procesal laboral, sin olvidar resaltar o subrayar la naturaleza jurídica de las mismas.

2.- Marco Jurídico.

En lo que a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se refiere, cabe mencionar que entre los principales principios en ella consagrados que tutelan los derechos de los trabajadores descollan el de  irrenunciabilidad, de intangibilidad y de progresividad de los beneficios laborales, la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias y la interpretación y aplicación de la norma más favorable.

En lo que a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo respecta, ésta impone en sus disposiciones generales, como su principal cometido el de garantizar la protección de los trabajadores en los términos previstos en la encíclica política fundamental y en las demás leyes, así como el funcionamiento, para trabajadores y empleadores, de una jurisdicción laboral autónoma, imparcial y especializada.

Consagra también este compendio legal que, en el desempeño de sus funciones, el juez debe tener por norte de sus actos la verdad, teniendo la insoslayable obligación de inquirirla o procurarla, por todos los medios a su alcance y a no perder de vista la irrenunciabilidad de derechos y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores, así como garantizar o darle pleno cumplimiento al carácter tutelar de las mismas, motivo por el cual, deben intervenir en forma activa en el proceso, dándole el impulso y la dirección adecuada, en conformidad con la naturaleza especial de los derechos protegidos.

3.- Disposiciones de Orden Público.

Un aspecto de trascendental importancia que debe destacarse es el carácter de orden público de que están revestidas las normas de carácter procesal, esencia que comparten las disposiciones sustantivas de naturaleza laboral. En tal sentido, es preciso hacer algunas indicaciones de procedencia jurisprudencial que han determinado el alcance concedido por el Legislador a tales preceptos.

En lo que respecta al carácter de orden público que revisten las normas procesales debe reseñarse que éste ha sido hartamente reconocido en reiterados y pacíficos pronunciamientos.[1] En lo que a la naturaleza de orden público de las leyes sustantivas laborales concierne, la Sala Constitucional en decisión N° 1848, de fecha 1 de febrero de 2011, después de hacer referencia al artículo 89.2 de nuestra Carta Magna dejó establecido que «…las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo son de orden público (ex artículo 10) y establecen un conjunto de derechos de los trabajadores que son irrenunciables y que constituyen un cimiento jurídico inexpugnable, pues, por debajo de esos derechos, no es válido ningún acuerdo entre trabajadores y patronos que implique la inderogabilidad de tales preceptos» dejando aclarado que «el carácter tuitivo de la ley atiende a la débil naturaleza económica del trabajador» y expresando que «de no ser así, el patrono podría controlarlo fácilmente, mediante la imposición de su voluntad en la constitución de las condiciones de la relación laboral».

A este mismo respecto, cabe señalar que la preceptiva hoy vigente, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, va mucho más allá y consagra en su artículo 2 que sus normas y las que se deriven de ella, son de orden público y de aplicación imperativa, obligatoria e inmediata.

Con relación al principio de la non reformatio in peius debe señalarse que la Sala Constitucional en precedente signado con el Nº 2133 de fecha 6 de agosto de 2003, reconoció su naturaleza de orden público, por entender que se encuentra concatenado con el derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso, destacando igualmente que en efecto, con la reforma de la sentencia en beneficio de quien no apeló y en perjuicio del único que lo hizo, se concede una ventaja indebida a una de las partes y se rompe con el equilibrio procesal, lo cual apareja indefensión ya que ésta no sólo se produce cuando el juez priva o limita a alguna de las partes de los medios o recursos que le concede la ley, sino, también, cuando el juez altera el equilibrio procesal mediante la concesión de ventajas a un litigante, en perjuicio de su contrario.[2]

Conforme con el razonamiento marcadamente civilista hecho por la Sala de Casación Social en decisión N° 886 de fecha 17 de julio de 2014, el artículo 288 del Código de Procedimiento Civil consagra lo que la doctrina ha denominado la prohibición de non reformatio in peius o proscripción de reformar en perjuicio del único recurrente, según la cual no le está permitido al juez de alzada modificar la sentencia impugnada en perjuicio del apelante cuando la otra parte no ha apelado o no se ha adherido a la apelación y que tal como ha sido sostenido en reiteradas oportunidades, la configuración de este vicio se soporta en la vulneración del principio contenido en el aforismo tantum apellatum quantum devolutum  que no es otro, que el deber que tienen los sentenciadores de alzada de ceñirse estrictamente al fuero de conocimiento atribuido en razón del recurso de apelación ejercido, de modo que las facultades o potestades cognoscitivas del juzgador quedan absolutamente circunscritas al gravamen denunciado, en otras palabras, es el impedimento que tiene el juez superior de empeorar la situación de quien ha apelado cuando no medie recurso alguno de su contraparte.

Por su lado, la Sala Constitucional en pronunciamiento N° 884 del 18 de mayo de 2005, definió este principio citando para ello la opinión de Jesús González Pérez, al indicar que éste consiste en la «prohibición de que el órgano ad quem exceda los límites en que está formulado el recurso acordando una agravación de la sentencia».[3]

En lo que al presente análisis concierne y en atención a la conexión conceptual, debe señalarse que esa misma Sala en sentencia N° 877 de fecha 5 de mayo de 2006 reiteró que el orden público está integrado por todas aquellas normas de interés público, que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y en las cuales el interés general de la sociedad y del Estado supedita el interés particular, para la protección de ciertas instituciones que tienen elevada importancia para el mantenimiento de la seguridad jurídica. Ello, sin dejar de advertir que, a estos propósitos es imprescindible tener en cuenta que si este concepto tiende a hacer triunfar el interés general frente al particular del individuo, para asegurar la vigencia y finalidad de determinadas instituciones de rango eminente, nada que pueda hacer o dejar de hacer un particular y aun una autoridad, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe aquel interés.

Enfatizó además este pronunciamiento judicial, la importancia de destacar que los principios que informan el Derecho del Trabajo, entre los que se encuentra el principio de irrenunciabilidad de las normas que beneficien al trabajador, son directrices dirigidas al juez para asegurar la consecución de su objeto propio y evitar así que se trastoque la intención del Legislador en perjuicio de los trabajadores, razón por la cual concluye enfáticamente que, carecen de validez las estipulaciones mediante las cuales el trabajador admite prestar servicio en condiciones menos favorables a las establecidas en la normativa vigente, por mandato constitucional o las actuaciones particulares o judiciales que conduzcan a hacer nugatorios tales postulados.

4.- ¿Conflicto Normativo?

Contextualizada esta hipótesis, surge así entonces, la interrogante ¿debe el juez laboral que conoce en alzada o la Sala de Casación Social que resuelve un recurso de casación o de control de la legalidad, dar preferencia al empleo del principio procesal de la non reformatio in peius y dejar de aplicar u omitir cánones rectores de la legislación laboral contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? En otras palabras ¿puede el jurisdicente revisor, en los casos en que así sea procedente, dejar de condenar conceptos mínimos, y por ende, irrenunciables, so pretexto de no incurrir en la reforma en perjuicio del único recurrente?

Preliminarmente deben analizarse algunos pronunciamientos jurisprudenciales que coadyuven a vislumbrar el sendero que conduzca a una adecuada solución a este controvertido.

Para ello, resulta pertinente reproducir parcialmente la doctrina contenida en la decisión de la Sala Constitucional N° 651 de fecha 30 de mayo de 2013, la cual dejó establecido que si entre el derecho procesal y el derecho material existe una relación de medio a fin, en cuya virtud la jurisdicción y, por ende, el proceso judicial desempeña esa función de servicio consistente en ser el instrumento del que se vale el Estado, por la mano del juez, para que el derecho sustantivo se realice, está claro que es el proceso el que siempre debe adecuarse en su estructura, desenvolvimiento y eficacia a los diversos tipos de relaciones (y por tanto de normas) sustanciales a actuar y nunca el derecho material o de fondo el que pueda sacrificarse por interpretaciones excesivas o voluntariosas del rito procesal.

Vale reproducir aquí parte de la motivación del voto salvado en el pronunciamiento hecho por la Sala de Casación Social N° 1239 de fecha 6 de diciembre de 2013, cuando insiste, entre otras cosas, en que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia y que, en un Estado Social de Derecho y de Justicia, la interpretación que debe darse a las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea el vehículo apropiado para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el texto constitucional instaura.

 De igual forma, este precedente dejó establecido que, se erige como un compromiso inmanente de los impartidores de justicia, sobre todo en el ámbito jurisdiccional laboral que tiene como función primordial la protección del trabajo como hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores, creadores de la riqueza producida y sujetos protagónicos del Estado concebido y programado en los términos antes expuestos, que al resolver las controversias que se susciten dentro de este escenario realicen una interpretación progresiva y armónica de las disposiciones legales guiada por los postulados constitucionales, con preponderancia del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, en sincronía con la garantía de que la decisión esté ajustada a derecho y que pueda ejecutarse.

5.- ¿Absolutismo del Principio de la Non Reformatio in Peius?

A propósito de esta interrogante, es pertinente citar el pronunciamiento hecho por la Sala Constitucional contenido en la sentencia Nº 528 del 13 de marzo de 2003, donde se dejó sentado que la prohibición de reformar en perjuicio, es catalogada como un principio de derecho procesal, dirigido a crear un ambiente de seguridad jurídica en cabeza de la parte apelante, quien al saber que la contraparte no se ha adherido a la apelación, puede contar con que, el peor supuesto al cual se sometería en la alzada, sería que le confirmaran el fallo apelado, en todas y cada una de sus partes, no obteniendo ningún perjuicio adicional por el hecho de haber intentado el recurso, salvo, la condenatoria en costas de la respectiva instancia, destacando que cuando se trata de normas de orden público, la conducta de los litigantes no vincula al juez y que por consiguiente, el principio no sería de aplicación absoluta.[4]

A manera de precedente referencial, debe resaltarse la doctrina proferida por la Sala Constitucional en la sentencia N° 1266 del 2 de octubre de 2013, que reiterando pronunciamientos anteriores, reconoce el carácter de orden público del principio de la non reformatio in peius, dejando bien claro que, el alcance del referido principio no es uniforme en los diversos regímenes estatutarios que regula el derecho procesal.[5]

Con relación a ello, debe indicarse también que es producto de esta exégesis, el reconocimiento o declaratoria de que el juez contencioso administrativo, no puede verse atado -en los términos del proceso civil- a la estricta observancia de lo que se argumenta en el escrito de fundamentación de la apelación, pues siendo como es la jurisdicción contencioso administrativa garante de la legalidad de la actividad administrativa -razón que abona los poderes inquisitivos de los que goza-, también la segunda instancia ostenta facultades de conocimiento completo del asunto, no sólo por la circunstancia de que la apelación haya sido oída en ambos efectos, sino porque tiene poder de revisión de la conformidad a derecho de la Administración, con lo cual no resulta aplicable el principio de la non reformatio in peius.

Concatenado con lo anterior y a los fines de proporcionar un espectro de mayor amplitud, es importante dejar expuesta también la conclusión hecha por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia según la cual, el principio de la non reformatio in peius no tiene carácter absoluto, vale decir, es inaplicable cuando se encuentre involucrado el orden público, es decir, aquellas situaciones en las cuales nada  que pueda hacer o dejar de hacer un particular, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe el interés general, estando legalmente facultado el ad quem para corregir tal vicio aún cuando no se haya ejercido el recurso ordinario de apelación.[6]

6.- Consideraciones Finales.

En criterio de quien suscribe, debe adoptarse una posición atemperada conforme a las circunstancias y concluir que, asumir que el principio de la non reformatio in peius tiene aplicación prevalente sobre el principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores en la decisión a proferir por el juez de segunda instancia o en los casos en los que le corresponda a la Sala de Casación Social pronunciarse sobre el fondo de lo debatido, en los supuestos de los artículos 175 y 179 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es contrariar abiertamente el mandato de darle cumplimiento preferente a las disposiciones constitucionales sobre las normas legales, conocido como principio de la jerarquía o supremacía constitucional instituido en la pirámide kelseniana y es incurrir también  en abierta violación a lo ordenado en el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que conmina al decisor a no perder de vista la irrenunciabilidad de derechos y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores, así como el carácter tutelar de las mismas conforme con la naturaleza especial de los derechos protegidos.

Con apoyo en lo anteriormente expuesto, la defensa y aplicación de tales imposiciones son fundamentos válidamente suficientes para concluir que, le está permitido al juez laboral de alzada o a la Sala de Casación Social, en los supuestos antes indicados, hacer pronunciamiento en su condena en favor del trabajador respecto de derechos que no constituyeron parte del recurso, cuando éstos hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados u ordenar el pago de sumas mayores que las demandadas, cuando aparezcan que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador de conformidad con la ley y con lo alegado y probado en el proceso, permisión ésta que le está dada también en los casos cuando el único recurrente sea el patrono y en la sentencia no se haya satisfecho el minimun irrenunciable reconocido al laborante legal o convencionalmente, aunado al argumento de que jamás debe imperar la norma de derecho procesal sobre aquella de derecho sustancial, vale decir, en estos casos, nunca debe el juzgador laboral darle aplicación preferente a la previsión adjetiva en desmedro del principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores.

Como corolario de lo anterior debe afirmarse que las garantías mínimas fundamentales contenidas en las normas proteccionistas del derecho del trabajo previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y las que deriven de esta última, no pueden ser objeto de renuncia voluntaria ni forzosa, por cuanto están sustraídas del principio de la autonomía de la voluntad, frente a los patronos o empleadores y frente a los impartidores de justicia, garantizándose así la protección o tutela especial que es connatural con esta especialísima rama del derecho.

Ante la situación sub examine debe entenderse que darle aplicación al principio procesal sobre el principio sustancial al que se ha hecho referencia comporta un censurable error y una reprochable conducta del aplicador de justicia laboral,  en su función rectora del proceso, que le impone, no solo la obligación de conducirlo activamente dándole el impulso y la dirección adecuada, sino hacer aplicación de las normas procesales para darle vigencia efectiva a los derechos de los trabajadores, despojándose de interpretaciones al margen de tales presupuestos, razón por la cual, el juez debe incluir en su resolución no solo las cuestiones desfavorables de la decisión recurrida a que se dirige la impugnación sino que debe garantizar que en ella estén comprendidos todos aquellos aspectos en contra del trabajador que involucran beneficios mínimos irrenunciables, los cuales deben entenderse siempre incluidos en el recurso, ya que si éste no puede hacer renuncia de los mismos de manera volitiva, una actuación judicial no puede conducir al resultado proscrito, puesto que con semejante solución se hacen ineficaces las previsiones protectorias, no puede admitirse bajo ninguna circunstancia tal manera de fallar.

Finamente, a manera de indicio referencial coincidente con la interpretación aquí esbozada, es pertinente indicar que, la Sala de Casación Social en el fallo N° 1702 de fecha 24 de noviembre de 2014, empleó un razonamiento semejante que denota tímidamente la interpretación aquí expuesta, al establecer que, al poseer la indexación el carácter de orden público e interés social, la misma puede ser ordenada por el juez incluso sin haber sido solicitada, y por ende, concluyó que en ese supuesto, no se quebrantó el principio procesal en comento. Leer el resto de esta entrada »

Nos pareció de vital importancia esta Resolución pues son numerosos los casos que plantean como inquietud que “los hijos no me dejaron declarar el fallecimiento de mi pareja” o “en el Registro me dijeron que yo no podía figurar como concubina de mi pareja fallecida por no tener la sentencia que así me reconozca”, pues bien, estos problemas se acabaron, pues, conforme a Resolución N° 161219-274, (Gaceta Oficial Nº 41.094 del 13 de Febrero de 2017), se dejó sin efecto, la exigencia de presentación en copia fotostática tanto de la Declaración de Unión Estable de Hecho, como del Acta de Matrimonio, como del Acta de Nacimiento, cuando se quiere dejar establecido que el de cujus (fallecido) era casado o mantenía unión estable de hecho, o había dejado descendientes, pues el bien a tutelar es el derecho a inscribir/declarar, la defunción.

No obstante, el valor probatorio que se desprenderá del Acta de Defunción, es solo a los efectos de la declaración del fallecimiento, pues tanto los vínculos por afinidad (concubinato o matrimonio), como la filiación ascendentes (padres) o descendientes (hijos), tendrán su medios de pruebas legales, a saber y a títulos ejemplificativo, las respectivas Actas emanadas del Registro Civil. Citamos a continuación y textualmente la resolución en comento, (Tomado del blog FSN):

“Resolución N° 161219-274, mediante la cual se resuelve, entre otros, dejar sin efecto la exigencia de la copia fotostática de los siguientes documentos: Acta de matrimonio o de unión estable de hecho, cuando se declare que el (la) fallecido (a) era casado (a) o mantenía una unión de hecho. Acta de nacimiento de los hijos cuando se declare que el (la) fallecido (a) tenía hijos. República Bolivariana De Venezuela. Poder Electoral. Consejo Nacional Electoral. RESOLUCIÓN No. 161219-274. Caracas, 19 de diciembre de 2016. El Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 293 numeral 7 de la CRBV, en concordancia con el artículo 33 numeral 16 de la Ley Orgánica del Poder Electoral y los artículos 22, 23 y 30, de la LORC dicta la siguiente:

CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar a través de las Oficinas o Unidades de Registro Civil a nivel nacional la inscripción inmediata y oportuna de los hechos y actos jurídicos correspondientes al estado civil de las personas;

CONSIDERANDO: Que el Registro Civil es un servicio público de carácter esencial, que se sustenta en los principios de eficacia administrativa, accesibilidad, celeridad, gratuidad y que debe aplicarse la simplificación de los trámites administrativos en toda su actividad y en las diligencias y actuaciones que solicitan los particulares en todas sus Oficinas y Unidades de Registro Civil, a fin de mejorar su eficacia, eficiencia, pertinencia, utilidad, celeridad y funcionalidad;

CONSIDERANDO: Que la LORC, su Reglamento N° 1 y el Instructivo relativo a los Criterios Únicos de Rectificación de Actas y Cambio de Nombres en Sede Administrativa, estipulan el hecho vital de la defunción como el suceso de carácter biológico que determina el fallecimiento de una persona, susceptible de ser registrado civilmente; siendo el Acta de Defunción el documento demostrativo por excelencia de este hecho vital .

CONSIDERANDO: Que el artículo 130 de la LORC, establece entre los elementos esenciales del acta de defunción:la identificación del cónyuge o persona con la que el fallecido o fallecida mantuvo unión estable de hecho, sobreviviente o premuerto; así como la identificación de los ascendientes y de todos sus descendientes con la especificación de los fallecidos y de los que vivieren, y si son niños, niñas o adolescentes, sin que deba exigirse el documento que acredita dichos vínculos, para poder cumplir con el asentamiento registral correspondiente;

CONSIDERANDO: Que el artículo 128 de la LORC establece que el “Certificado de defunción o Forma EV-14” es el instrumento indispensable sine qua non para la declaración de la defunción por parte de las personas obligadas a declarar el hecho;

CONSIDERANDO: Que es imperante modificar el Manual de Procedimientos de las Oficinas y Unidades de Registro Civil, aprobado por el Consejo Nacional Electoral el 15 de marzo de 2013, específicamente en el Asunto 10 al 10.4 “De la Defunción”, donde se señala: “10.4. Requisitos para la inscripción de la defunción: Copia fotostática del acta de matrimonio o de unión estable de hecho, cuando se declare que el (la) fallecido (a) era casado o mantenía unión estable de hecho; Copia fotostática del acta de nacimiento de los hijos, cuando se declare que el (la) fallecido (a) tenía hijos.”; requisitos no exigidos por la LORC y su Reglamento N° 1.

RESUELVE:

PRIMERO: Dejar sin efecto la exigencia de la copia fotostática de los siguientes documentos: .- Acta de matrimonio o de unión estable de hecho, cuando se declare que el (la) fallecido (a) era casado (a) o mantenía una unión estable de hecho. .- Acta de nacimiento de los hijos, cuando se declare que el (la) fallecido (a) tenía hijos. Requisitos exigidos para declarar la defunción, y contenidos en el punto 10.4 del Manual de Procedimientos de las Oficinas y Unidades de Registro Civil, de fecha 15 de marzo de 2013.

SEGUNDO: Se ordena a los Registradores y Registradoras Civiles, y a los funcionarios y funcionarias que prestan servicio en las Oficinas y Unidades de Registro Civil a nivel nacional y en las Oficinas Regionales Electorales, que deben acatar las instrucciones señaladas en el resuelve Primero, por lo que deberán abstenerse de solicitar tales requisitos, a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución.

TERCERO: Se exhorta a los demás órganos, entes e instituciones de la Administración Pública o Privada, a valorar las Actas de Defunción única y exclusivamente como documento demostrativo del fallecimiento de una persona, en el entendido de que existen actas de registro civil demostrativas de la filiación por consanguinidad o afinidad con la persona fallecida. Asimismo, tampoco deberá exigirse a los familiares la rectificación del acta de defunción que tenga por objeto modificar, incluir o excluir datos de los ascendientes y/o descendientes de la persona cuya defunción quedó inscrita, así como del cónyuge y de la unida o unido en unión estable de hecho. Resolución aprobada por el Consejo Nacional Electoral, en sesión celebrada en fecha 19 de diciembre de 2016.”

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Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Trámite especial dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios para las cuestiones previas de falta de jurisdicción del juez o de incompetencia, debe aplicarse igualmente para aquellos casos en los cuales se alega la litispendencia.

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Dispone la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) que el Alcalde deberá rendir cuentas de su gestión.

En efecto, ante el Concejo Municipal deberá presentarla en el segundo mes siguiente a la finalización de cada ejercicio económico financiero de su mandato, el Informe de Gestión y ante la Contraloría Municipal, la Cuenta que deberá incluir informe detallado de las obligaciones impagadas o morosas de los contribuyentes.

El ejercicio económico financiero – de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (2015) – inicia el primero de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre de ese mismo año.

Establece la LOPMM que, pasados treinta días consecutivos de la oportunidad fijada para la presentación de la rendición de cuentas sobre su gestión o de las prórrogas concedidas por el Concejo Municipal o por la Contraloría Municipal, según sea el caso, sin que el Alcalde haya cumplido tal obligación en la forma prevista, se abre la posibilidad de declaratoria de falta grave por omisión de cumplimiento de los deberes que le impone el cargo, pudiendo requerirse la intervención del Ministerio Público.

Permite la Ley en cuestión que, ante este escenario, también cualquier ciudadano pueda acudir ante el Ministerio Público o la Contraloría General de la República e interponer la correspondiente denuncia.

Como quiera que el Concejo Municipal tenga asignada la competencia de ejercer función de control sobre el Ejecutivo Local, podría darse el caso que lo presentado por el Alcalde no satisfaga a los legisladores, lo que podría dar pie a un conflicto de autoridades.  Obviamente, esto presupondría afectar la gestión regular de las competencias de órganos y entes locales, no beneficiándose de ello las comunidades a quienes deben servir.

En la actualidad no es dable a los concejales instar a un proceso destitutorio del alcalde por cuanto atenta contra el carácter comicial de origen para poder acceder al cargo. De hecho, el Máximo Tribunal tiene como antecedentes la desaplicación de normas de la hoy derogada Ley Orgánica del Régimen Municipal, sustituyéndose por las de participación – no solamente las previstas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), sino también por la LOPPM, la Ley Orgánica del Poder Electoral (2002) y la Ley de Procesos Electorales (2009).

Estando comprendido el alcalde dentro de los cargos de elección popular y, por ende, implica – según la CRBV – que es de mandato revocable, solamente procedería la vía electoral a través de consulta refrendaria. Distinto es el caso de producirse muerte, renuncia, interdicción o detención judicial, por ejemplo.

Cabe formular un planteamiento cuando se está ante el escenario que la Contraloría Municipal o la General de la República conozca de una denuncia sobre este tema, ¿Podría promover la destitución del Alcalde habida cuenta que no goza del privilegio de inmunidad?

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGR, 2010), le establece al Contralor General de la República la posibilidad para inhabilitar el desempeño de funciones públicas, lo que recuerda la opinión pública por sonados casos con centimetraje en medios de comunicación y de polémicas decisiones judiciales que no vienen al caso.

La jurisprudencia se ha pronunciado en torno a destituciones hechas por el Órgano Contralor en legisladores, quienes si la poseen. En lo que este autor ha leído se ha concluido – en estos funcionarios – que no es posible porque habría que gestionar por otras vías, siendo la consulta refrendaria una de ellas.

Ahora bien, luego de sustanciado y decidido el trámite por la Contraloría General, como bien lo establece la LOCGR, determinada la responsabilidad administrativa por haber lesión patrimonial, puede remitirse al Ministerio Público para que éste desarrolle sus competencias desde la perspectiva delictual.

Las responsabilidades a que hace mención la CRBV son independientes una de otras y se tramitan por los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico.

Se sugiere al lector dar un vistazo a otros artículos de este autor denominados “Municipio y Poder Popular”, “La Justicia de Paz Comunal”, “Organización y Gestión Municipal”, “De las Competencias Municipales”, “Medios de Gestión”,” De los medios de participación”, “Municipio y Presupuesto”, “Municipio y Planificación”, “Los CLPP en la Ley Orgánica del año 2010”, “Los Consejos Comunales según su Ley Orgánica del año 2009”, “El Consejo Federal de Gobierno”, “La Contraloría Social”, “La Contraloría Municipal”, ”Municipio y Servicios Públicos”, “Municipio y Gestión Integral de la Basura”, “Las Empresas Municipales”, “Los Bienes Municipales”, “Las Ordenanzas y su ubicación en el ordenamiento jurídico”, “Municipio y Ley Orgánica de Gestión Comunitaria”, entre otros, que pueden ser encontrados en www.eduardolarasalazarabogadoblogspot.com para obtener mayor información sobre lo aquí tratado.

En otra oportunidad se tocarán otros aspectos relacionados con el tema. Leer el resto de esta entrada »

Tema: Constitucionalidad de leyes
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Consulta de la Constitucionalidad del Carácter Orgánico de la Ley. Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Reserva de ley orgánica. Derechos constitucionales. Principio favor libertatis.

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