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EL TESTAMENTO ABIERTO Y CERRADO EN VENEZUELA. DECLARACIÓN DE ULTIMA VOLUNTAD POR @anasantandero

Partamos de un ejemplo para tratar el tema que hoy nos ocupa. Una madre en su lecho de muerte está altamente agradecida con uno de sus hijos, quien cuidó de ella en sus momentos más delicados de salud. Su otro hijo, no fue ajeno a ella, solo que no le prestó la dedicación en la misma medida que el anterior. Es así que, de la parte disponible de los bienes que va a dejarles en herencia, supongamos una casa de 2 plantas (ambas construidas a modo de viviendas independientes), concede un porcentaje mayor a ese hijo de quien está tan agradecida y lo mismo hace con los bienes muebles que existen dentro de la vivienda. Todo lo anterior lo hace momentos antes de su muerte y en documento privado. Se pregunta entonces: ¿Siendo ambos hijos por igual herederos legítimos, la pretensión de la madre es legal?. La respuesta es afirmativa, pero requerirá del cumplimiento de unas formalidades ulteriores al otorgamiento de ese testamento para que éste sea oponible a terceros y surta plenos efectos.

Analicemos el tema así:

CONCEPTOS BASICOS:

TESTADOR: Es quien otorga el testamento, quien dicta su última voluntad.

TESTAMENTO: Declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento; es un acto solemne sometido a ciertos requisitos de forma y en el que necesariamente consta la institución de un heredero.

TIPOS DE TESTAMENTOS: Ordinarios y Especiales.

Los Especiales son: Se trata de la situación poco usual/especial en la que se encuentra el testador al momento de hacer su testamento.

Ejemplo 1: El testador está  en expedición de guerra, o es prisionero del enemigo o en algún lugar donde las comunicaciones estén interrumpidas. Se otorgará por ante el Jefe de Batallón o quien haga sus veces y 2 testigos no menores de 18 años. Todos deben firmar el testamento y en caso que alguno esté inhabilitado para hacerlo, deberán firmar a ruego alguna persona por él. Si el testador está enfermo o impedido, puede recibir el testamento el Capellán o Médico a cargo. El testamento debe ser remitido a Cuartel General y al Ministerio de la Defensa, quien ordenará  su depósito ante el Registro Público del último domicilio del testador o del Distrito Capital.

Ejemplo 2: El testador está en un lugar donde existe una epidemia contagiosa. En este caso podrá otorgar su testamento delante de un funcionario público (Registrador  o Autoridad Judicial) y 2 testigos no menores de 18 años y no analfabetas. Todos deben firmar el testamento y en caso que el testador esté inhabilitado para hacerlo, deberá firmar a ruego alguna persona por él. El testamento caduca a los 3 meses de superada la epidemia o de haberse trasladado el testador u otro lugar sin epidemia. Si el testador fallece en ese período, el testamento deberá ser protocolizado en la oficina de registro público del lugar de la jurisdicción donde se otorgó.

Ejemplo 3: El testador está a bordo de un buque de guerra o mercante y se otorga ante el Capitán o quien haga sus veces y 2 testigos no menores de 18 años. Todos deben firmar el testamento con su duplicado, y en caso que alguno esté inhabilitado para hacerlo, deberán firmar a ruego alguna persona por él. Si el testador es el Capitán, lo sustituirá el primero a bordo. Un ejemplar del testamento deberá mencionarse en el diario de navegación y en el rol de la tripulación. Si el buque arriba a puerto extranjero, será entregado el testamento y la nota colocada en el diario de navegación al cónsul del país de origen del testador. Si el buque arriba a puerto nacional, serán entregados el testamento y su duplicado (o el que quede, si antes arribó a puerto extranjero), a la Primera Autoridad Civil o Marítima. En  la nota del diario se dejará constancia de su entrega. Quien reciba el testamento levantarán acta con lo sucedido y todo ese material será entregado al Ministerio de la Defensa, quien archivará 1 ejemplar y el otro lo remitirá a la Oficina de Registro Público de la última residencia del testador o en si defecto del Municipio Libertador. El testamento tendrá efectos si el testador murió dentro de los 2 meses siguientes al desembarque, por lo que no es necesario que el testador esté enfermo o exista riesgo de en el viaje.

Los Ordinarios se dividen a su vez enCerrados: El testador no dice su última voluntad públicamente frente a terceros, la deja en un pliego cerrado que presenta ante la persona que debe autorizar el acto y 3 testigos. El registrador dejará constancia de la entrega del testamento por el testador, de si lo firmó él o si hubo firma a ruego y de la presencia de los testigos. La anterior constancia se estampará en la cubierta del testamento. Existe una limitante y es que quienes no sepan o no puedan leer, no pueden otorgar este tipo de testamento. El sordomudo y el mudo que sepan escribir si podrán hacerlo, solo que en la cubierta se señalará que lo contenido en la cubierta es su testamento. El testador que sepa leer, pero no escribir, deberá declarar que las leyó y si no pudo firmar, indicar el motivo. De todo se levantará un acta por el Registrador de la presentación del testamento cerrado y del cumplimiento de las formalidades y se registrará el acto. 

Abiertos: El testador declara su voluntad públicamente delante de quien debe autorizar el acto (Registrador). Se puede otorgar:

1) Por Documento Público conforme al 852CC.

2) Se puede otorgar ante el Registrador y 2 testigos sin protocolizar, cumpliendo estas formalidades: –

Si el testamento se presenta en su forma escrita. El Registrador o el Testador leerán públicamente el testamento, terminada la lectura, el Registrador estampará un Acta en seguida de la última palabra del testamento, sin dejar espacios en blanco y dejará constancia de la consignación del testamento,  la declaración del testador que ese es su testamento y que se ha dado cumplimiento a las formalidades del acto y a continuación firmarán testador, testigos y registrador. La firma del registrador debe avalar cada hoja del testamento.  -Si el testamento no se en forma escrita. El Registrador plasmará por escrito la última voluntad del testador que le expresó verbalmente, ante 2 testigos mayores de edad que no sean analfabetas. Levantará acta en la que exponga que el testador estuvo en su presencia, que la presenció, que leyó ante los presentes el testamento  y estuvo presente en todo el acto que es único. El acta la firman, Registrador, testigos y testador. Si el testador es sordo, debe leer el acta. Si el testador es sordo y no sabe leer, se requieren 2 testigos más y se dejará constancia de tal hecho. Si el testador es sordomudo o mudo y presenta por escrito el testamento, debe dejar expresa constancia que aquél es su testamento. Al final de toda el acta el testador deberá firmar para dejar constancia que lo redactado es su testamento. Si el testador no sabe o no puede escribir debe haber firma a ruego por persona diferente a los testigos. El testamento será protocolizado, en el mismo acto o con posterioridad a solicitud de interesado.

3) Ante 5 testigos sin estar presente el Registrador: Todos deberán firmar el testamento y 2 de ellos deben reconocer judicialmente su firma y el contenido del testamento, dentro de los 6 meses siguientes al otorgamiento. Igualmente deberá reconocerlo el testador si estuviera vivo, salvo imposibilidad (853 y 855 CC). No requiere que el testador se encuentre en gravedad extrema al momento del otorgamiento. Debe ser leído frente a los testigos. Una vez verificado por el Juez el reconocimiento de los testigos, ordenará su registro por ante el registro Público competente.

DE LOS TESTIGOS QUE PRESENCIAN EL ACTO: No pueden servir de testigos los ciegos, sordos o mudos, los que no entienden el idioma castellano, ni los parientes dentro del 4° de consanguinidad o 2° de afinidad del registrador que autoriza el acto. En el caso de testamentos abiertos, tampoco pueden servir como testigos los herederos y legatarios instituidos en el testamento y los parientes dentro de los grados expresados.

DIFERENCIA ENTRE TESTAMENTO ESPECIAL Y ORDINARIO: -En el Ordinario debe cumplirse la formalidad prevista so pena de nulidad. En el Especial el legislador, vista las circunstancias excepcionales, sacrifica las formas. -El Ordinario tiene duración indefinida y son solo modificables o revocables por el propio testador. El Especial son limitados en el tiempo y si el testador continúa vivo, caducan conforme a ley.

APERTURA PUBLICACIÓN Y PROTOCOLIZACION DE TESTAMENTOS CERRADOS:   Todo aquel que tenga un testamento cerrado en su poder, debe manifestarlo ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil, tan pronto como conozca de la muerte del testador para que sea abierto o publicado. El Juez fijará día y hora para que el testamento le sea consignado y se realice su apertura y publicación, ante 2 testigos. El auto se publicará en prensa. El Juez levantará acta dejando constancia del estado en que se encuentre la cubierta del testamento y si hay indicios de haber sido alterada violada la misma. El acta la firmarán el Juez, los testigos, los asistentes al acto y secretario del Tribunal. Ordenará se expida copia certificad el testamento y el acta de consignación, apertura y publicación, que será remitida al Registro Público de la jurisdicción donde se hubiere otorgado el testamento para su registro.

TESTAMENTO OTORGADO EN EL EXTERIOR: Puede tratarse de un nacional o de un extranjero que quiera hacer valer el testamento en nuestro país. En todo caso deberán cumplir las formalidades de autenticidad, previstas en el país donde se otorgue el testamento. La única limitación es que no son válidos en Venezuela, el testamento otorgado por 2 o más personas en un mismo acto, ni el ológrafo (manuscrito), ni el verbal, aun y cuando sean válidos en aquel país. Se podrán otorgar ante el Cónsul de Venezuela en el país en cuestión, cumpliéndose la normativa venezolana.  En este último caso, la autoridad consular remitirá copia certificada del testamento abierto o del acta en caso del cerrado al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual a su vez remitirá copia al Registrador Público del último domicilio del testador o en su defecto al del Municipio Libertador del Distrito Capital.

CONCLUSION: Volviendo a nuestro ejemplo inicial en el cual estamos en presencia de un Testamento Abierto sin la presencia del Registrador, el juzgador deberá valorarlo conforme a lo previsto en los artículos 1.357 y 1.359 del CC y en atención a los artículos 917 del CPC y 853 855 del CC, por lo que de las normas antes transcritas, si se evidencia el reconocimiento de la firma y contenido del testamento abierto por 2 de los 5 testigos, dentro de los 6 meses siguientes al otorgamiento. Indica el Prof. Francisco López Herrera en obra Derecho de Sucesiones. p.217, que se trata de un documento que consta en un simple instrumento privado y que las únicas formalidades que ha consagrado el legislador para el otorgamiento de este tipo de actos de última voluntad son los siguientes:”…tiene que constar por escrito (art.852 y 856 C.C), ser firmado por el testador (art 856 C.C) tiene que ser firmado por los testigos (art 855 C.C) y finalmente, éstos tiene que haber sido enterados de la última voluntad del testador ( ya que de no ser así mal podría luego reconocer el contenido del testamento, como lo exige el art.855 C.C.), por lo demás, debe necesariamente deducirse del texto del art.853, la firma del testamento por el testador y por los testigos debe efectuarse en el mismo acto, toda vez que de lo contrario mal podría hablarse de testamento otorgado ante cinco testigos”. Por lo tanto el juzgador deberá dar por cumplido lo dispuesto en la normativa prevista en los artículos 917 y 919 del CPC, concatenados con el artículo 855 del CC, ya que fue reconocido por 2 de los 5 testigos presenciales y deberá  declarar  Reconocido El Testamento realizado por la madre en su lecho de muerte, en el cual instituyó como herederos a sus 2 hijos y en consecuencia deberá impartir su aprobación y ordenar expedir copia certificada de las disposiciones testamentarias e igualmente ordenar se desglose del testamento original y las actuaciones practicadas a los fines de que sean agregadas al cuaderno de comprobantes del Registro Público correspondiente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 920 del CPC.

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¿SE PUEDEN PROTEGER, GARANTIZAR Y A SU VEZ RACIONALIZAR LOS BENEFICIOS LABORALES PACTADOS EN LAS CONVENCIONES COLECTIVAS? POR @HenryMeoli

Llegó a mis manos una circular emitida por el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo de la República Bolivariana de Venezuela, dirigida a las autoridades adscritas a su despacho especialmente a las Inspectorías y Subinspectorías del Trabajo de todo el país, a través la cual  se ordena una serie de lineamientos para ser aplicados en las negociaciones colectivas de trabajo en el marco del llamado: Programa de Crecimiento y Prosperidad Económica implementado por el Gobierno Nacional, a los fines de proteger la fuente de trabajo, viabilizar las convenciones colectivas y en consecuencia, proteger el ingreso de los trabajadores venezolanos.

Sin tocar el aspecto político, hago un análisis de este acto administrativo de carácter interno que en principio, su objeto es producir efectos dentro de la administración pública, pero que es capaz de producir efectos jurídicos frente a los administrados, en este caso frente a los trabajadores tanto del sector público como del sector privado, por su contenido y alcance ya que el mismo, a mi consideración, es contrario a toda disposición legal, incluso de carácter constitucional, protectora de los derechos laborales en Venezuela y amparados por convenios internacionales en materia de libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, suscritos y ratificados por la República.

Indica dicho documento, que los lineamientos y aclaratorias que se dictan deberán ser puestos en práctica, con carácter imperativo, por las salas de derecho colectivo de todas las Inspectorías del Trabajo a nivel nacional y las Direcciones que tramiten la negociación de Convenciones Colectivas de Trabajo, observándose en esta conducta una clara intervención de la Administración Pública en los asuntos que son propios de la negociación colectiva entre patronos y trabajadores que voluntariamente celebran convenios y acuerdos, en el ejercicio de su derecho sin más requisitos que los que establezca la ley, tal como lo dispone el artículo 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en lo sucesivo CRBV (1999) y el artículo 431 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, en lo sucesivo LOTTT (2012).

Además, en el mismo texto de la circular, el Ministro informa a sus subalternos, la creación de la Comisión de Control y Seguimiento de las Convenciones Colectivas del Trabajo, la cual tiene como propósito “proteger y garantizar el cumplimiento y la racionalización de los beneficios laborales”. En este sentido me di a la tarea de investigar en primer lugar, la definición del término Racionalizar y encontré los siguientes conceptos de la Real Academia Española:

1) Reducir algo a normas o conceptos racionales.

2) Organizar la producción o el trabajo de manera que aumenten los rendimientos o se reduzcan los costos con el mínimo esfuerzo.

Ahora bien, tomando la primera definición siendo la más cercana a nuestro objeto de estudio, me surge la siguiente interrogante: ¿Cómo se pueden proteger, garantizar y a su vez racionalizar los beneficios laborales? Para tratar de descifrar lo que en principio parece incoherente, hago las siguientes consideraciones:

En primer lugar, en Venezuela los derechos y beneficios laborales son protegidos por los principios de progresividad e intangibilidad, por lo tanto no podrán ser alterados por ninguna disposición legal en virtud de su carácter de orden público y de aplicación imperativa, obligatoria e inmediata que le otorga la CRBV (1999) y la LOTTT (2012).

En materia laboral se entiende por intangibilidad y progresividad, que los derechos y beneficios laborales no se pueden alterar en perjuicio del trabajador, por el contrario deberán aumentar, avanzar, mejorar, cualitativamente y cuantitativamente con respecto a las condiciones contenidas en las convenciones colectivas vigentes, con fundamento en lo establecido en el artículo 89.1 constitucional y 18.2 de la ley sustantiva del trabajo.

Así mismo, los derechos y beneficios laborales son irrenunciables, siendo este otro de los principios que rigen en materia laboral, por tanto toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos son nulos, conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 89.2 de la CRBV (1999) y 18.4 de la LOTTT (2012).

Ante estas consideraciones, concluyo que es deber del Estado proteger y garantizar los derechos y beneficios laborales con base a los principios constitucionales y legales antes descritos, por tanto pretender reducir los mismos a normas o conceptos “racionales” distintos a los acordados entre los trabajadores y el patrono, violenta toda disposición legal que rige la materia cuya rama se encuentra dentro del Derecho Social, como disciplina protectora de los débiles económicos, en este caso, los trabajadores, en la búsqueda de una verdadera justicia social para lograr el bienestar y progreso de los mismos, de su grupo familiar, y por ende, de la misma sociedad.

Sobre este asunto, la circular bajo estudio justifica la “presunta” violación al principio de progresividad, digo “presunta” porque no soy Juez para determinarlo, solo manejo un criterio propio, en el hecho de que el nuevo salario mínimo garantiza tal principio en el ingreso de los trabajadores, obviando que no solo se trata del ingreso por concepto de salario, que por demás se ve igualmente desmejorado en aquellos casos donde su factor de cálculo es el salario mínimo nacional,  sino de todo un conjunto de derechos y beneficios contenidos en las convenciones colectivas que son intocables, progresivos e irrenunciables, los cuales se pretenden racionalizar en el marco del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que por lo visto se inclina únicamente hacia un lado de la balanza, sin tomar en cuenta las conquistas laborales de las Organizaciones Sindicales y las normas que las protege.

Es el caso, que según la circular suscrita por el Ministro del Trabajo de turno, todos los beneficios laborales contemplados en las convenciones colectivas en las que se hayan pactado valores que afecte a las empresas, deben pasar por un proceso de revisión a los fines de proteger el proceso social de trabajo y a su vez el ingreso de los trabajadores; pero ¿Cuál ingreso? ¿El que fije el Gobierno? Porque es totalmente contradictorio que por un lado se ordena revisar los beneficios de las convenciones colectivas con el fin de racionalizarlos, y por otro pretenda garantizarlos y lograr la justa distribución de las riquezas, principio que por demás no se garantiza en la práctica a razón del desequilibrio en el cual se encuentra actualmente la economía venezolana, y la falta de herramientas legales por parte de los trabajadores para alcanzar tal justa distribución de las riquezas, con base a los principios de equidad y justicia social constitucionalmente reconocidos.

Ahora bien, la comisión creada por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo con la finalidad de supervisar el cumplimiento de los lineamientos que se ordenan en la mencionada circular, así como evaluar, monitorear y acompañar el proceso de negociación de las convenciones colectivas del trabajo y seguir el comportamiento de aquellas que se encuentran suscritas, fundamenta su intervención en el artículo 148 de la LOTTT (2012), el cual establece:

Cuando por razones técnicas o económicas exista peligro de extinción de la fuente de trabajo, de reducción de personal o sean necesarias modificaciones en las condiciones de trabajo, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo podrá, por razones de interés público y social, intervenir de oficio o a petición de parte, a objeto de proteger el proceso social de trabajo, garantizando la actividad productiva de bienes o servicios, y el derecho al trabajo. A tal efecto instalará una instancia de protección de derechos con participación de los trabajadores, trabajadoras, sus organizaciones sindicales si las hubiere, el patrono o patrona. Los trabajadores y trabajadoras quedarán investidos de inamovilidad laboral durante este proceso. El reglamento de esta ley regulará la instancia de protección de derechos.

En caso de existir convención colectiva, y si resulta acordada la modificación de condiciones contenidas en esa convención, dichas modificaciones permanecerán en ejecución durante un plazo no mayor del que falte para que termine la vigencia de la convención colectiva correspondiente.

Como se puede ver en el artículo anteriormente descrito, en la  LOTTT (2012) se encuentra establecido un mecanismo de protección del proceso social de trabajo, en los casos que exista peligro de extinción de la fuente de empleo, como primer supuesto; reducción de personal, como segundo supuesto; o sean necesarias modificaciones en las condiciones de trabajo, como tercer y último supuesto, para que de oficio o a petición de parte intervenga la Inspectoría del Trabajo competente, a los fines de proteger la fuente de trabajo, la producción de la empresa y el derecho al trabajo que tienen las personas.

Así mismo, esta norma establece la consecuencia jurídica en los casos que se modifiquen condiciones de trabajo contenidas en las convenciones colectivas, para impedir de algún modo el cierre de la empresa o la disminución del número de trabajadores en la misma, por lo que desde el punto de vista legal es válida la posibilidad, siempre y cuando no se lleve a cabo vulnerando los derechos de los trabajadores contemplados en la Constitución y las Leyes.

Con la entrada en vigencia de la LOTTT (2012), se suprimió el artículo 525 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo de 1997, en lo sucesivo LOT (1997), el cual dispuso lo que la doctrina denominó la Teoría de la Imprevisión, como fundamento para la revisión de la convención colectiva de trabajo para adecuar su estructura de costo a la nueva realidad económica del país, que era imprevisible en el momento del depósito o del acuerdo sobre las condiciones de trabajo. Dicho artículo 525 establecía:

Cuando el patrono, en razón de circunstancias económicas que pongan en peligro la actividad o la existencia misma de la empresa, decida proponer a los trabajadores aceptar modificaciones en las condiciones de trabajo, presentará ante el Inspector un pliego de peticiones en el cual expondrá sus planteamientos y aspiraciones.

El inspector lo notificará de inmediato a los trabajadores o a la organización sindical que los represente, con lo cual dará comienzo a un procedimiento conciliatorio el cual no podrá exceder de quince (15) días hábiles.

Vencido este lapso sin acuerdo entre las partes o si alguna de ellas no asistió a dichas reuniones haciendo imposible la conciliación, se entenderá agotado el procedimiento conciliatorio.

En otros términos, lo que planteaba el artículo 525 de la LOT (1997) es una Reforma In Peius en las condiciones de trabajo, distinto a lo que plantea el artículo 148 de la LOTTT (2012) aunque guarden similitud en el sentido de que ambos mecanismos se establecieron en el supuesto cuando por circunstancias económicas exista el peligro de extinción de la fuente de trabajo, pero a mi juicio, el ordenamiento jurídico que lo soporta los hace distintos y de desigual aplicación.

Sin profundizar en las discrepancias que existen entre un mecanismo y otro, lo que haría muy extenso este artículo, cuyo tema desarrollaré en mi tesis de grado para optar al título de Especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social; lo cierto es que actualmente las Inspectorías del Trabajo del país, como herramienta para alcanzar los fines de la circular en cuestión, le dan un tratamiento al artículo 148 de la LOTTT (2012) como si se tratare de un procedimiento igual al establecido en el artículo 525 de la LOT (1997), incluso acudiendo a lo contemplado sobre esta materia en el Reglamento de la Ley del Trabajo que está parcialmente derogado con la entrada en vigencia de la nueva Ley Sustantiva, la cual está inspirada en principios rectores constitucionalmente reconocidos, como son los principios de progresividad, intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos y beneficios laborales, antes explicados.

Esto sin mencionar que el artículo 148 de la LOTTT (2012), dispone que la instancia de protección de derechos, o participación de la Inspectoría del Trabajo en conjunto con las empresas y los sindicatos para tratar asuntos relacionados con su contenido, se regulará en el reglamento de la misma Ley y esta no ha sido promulgada aún, por lo que estaría mal aplicar otras normas reglamentarias que en esencia transgreden los derechos contenidos en la Ley Orgánica.

Ahora bien, si bien es cierto que el artículo 148 de la LOTTT (2012) prevé la posibilidad de modificar condiciones de trabajo establecidas en las convenciones colectivas, estas deberán hacerse de conformidad con lo previsto en el artículo 434 de la misma Ley, el cual textualmente contempla:

La convención colectiva de trabajo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores y trabajadoras que las contenidas en los contratos de trabajo vigentes.

No obstante, podrán modificarse las condiciones de trabajo vigentes si las partes conviene en cambiar o sustituir algunas de las clausulas establecidas, por otras, aun de distinta naturaleza, que consagren beneficios que en su conjunto sean más favorables para los trabajadores y trabajadoras.

Es decir, de acuerdo con la norma antes descrita, los derechos y beneficios laborales pueden ser revisados y modificados, jamás racionalizados o suspendidos en un procedimiento de protección del proceso social de trabajo o en alguno que se le asemeje, si y solo si las partes lo convienen, cuyas modificaciones en su conjunto deberán consagrar beneficios más favorables para los trabajadores, esto con base a los principios rectores del Derecho del Trabajo.

En conclusión, es deber del Estado proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos y beneficios laborales, con base a los principios de intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad de los mismos, lo que los hace inalterables en perjuicio de los trabajadores, por su carácter de orden público una vez que ya han sido establecidos; por el contrario los derechos y beneficios laborales deben estar en permanente desarrollo o avance, sin poder los trabajadores renunciar a ellos por tratarse de garantías que otorga la misma legislación laboral.

Sin embargo, tales beneficios laborales podrán ser modificados en la negociación de una convención colectiva o en un procedimiento de protección del proceso social de trabajo, siempre y cuando las modificaciones sean convenidas por las partes y en todo su conjunto resulten más beneficiosas para los trabajadores, aun cuando los beneficios que se cambien o sustituyan sean de distinta naturaleza, pero jamás pueden ser suspendidos, mucho menos racionalizados, como pretende en esta oportunidad el Estado venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

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SI EL PROPIETARIO NO RECIBE LOS ALQUILERES ¿QUE DEBE HACER EL INQUILINO? POR @anasantandero

PARTAMOS DE UN EJEMPLO: A (propietario) quiere desalojar a B (inquilino) pues éste no acepta el aumento en el canon de arrendamiento que le propone A. Entonces A, no teniendo otro motivo legal para solicitar el desalojo y ante el consejo “irresponsable” de alguien, decide no recibirle el alquiler a B, para que incurra en mora o en cesación de pago (insolvencia). B que tiene alquilado en su favor un local comercial desea mantenerse solvente. ¿Qué debe hacer B?. B deberá poner a disposición de A el pago del canon ante el órgano competente. En este artículo no entraremos a  discutir la forma y el tiempo dentro del cual B debe hacer ese pago y/o consignación del canon (ya este punto se trató en artículos precedentes). Nos concentraremos en dónde, ante quién debe acudir B para efectuar ese pago/consignación. CONCEPTO: Por Consignación Arrendaticia se entiende aquel pago que voluntaria y unilateralmente efectúa el inquilino A para evitar caer en mora (retardo) en el pago de canon de arrendamiento o falta de pago del mismo cuando el arrendador se niega a recibirle el pago, a pesar de lo pactado a nivel contractual. Se entiende entonces que existe causa imputable e injustificada del arrendador en recibir tal pago.

ANTE QUIEN SE EFECTÚA LA CONSIGNACIÓN ARRENDATICIA:

En Sentencia del 24-02-2016 de la Sala Político Administrativa se estableció lo que de seguidas resumimos a nuestro modo acostumbrado: “…si bien la disposición transitoria 5ta de la LRAIUC, ordena la supresión de la Dirección General de Inquilinato  y a pesar  que la ley no hace alusión expresa al órgano que tendría competencia de recibir los cánones de arrendamiento de acuerdo a la letra del artículo 27 eiusdem, es evidente que el legislador social exigió la aplicación inmediata de la nueva normativa… A ello es menester adicionar que el artículo 5  ibídem, le fue asignado al ministerio con competencia en materia de comercio, con la debida asistencia de la SUNDDEla rectoría en la aplicación de la ley, con motivo de la cual son éstos los competentes para la creación de las instituciones que sean necesarias para su observancia… Entonces, debe concluirse que el pedimento de marras no posee contenido jurisdiccional, por disposición expresa del ordenamiento positivo….”Artículo 5°: “El Ministerio con competencia en materia de Comercio, con asistencia de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE)ejercerá la rectoría en aplicación de este Decreto Ley y en conjunto crearán las instancias necesarias para su aplicación…..” Artículo 27. “El pago del canon de arrendamiento se efectuará en una cuenta bancaria cuyo único titular sea el arrendador, la cual no podrá ser clausurada durante la relación arrendaticia…. Si el arrendatario no pudiese efectuar el pago por causas imputables al arrendador, a la entidad bancaria, o por fuerza mayor, podrá consignar los montos correspondientes en la cuenta que a tales efectos pondrá a disposición de los arrendatarios el organismo competente en materia de arrendamientos de inmuebles destinados al uso comercial….” Ahora bien, si no está creada aun la cuenta bancaria en comento por parte del Ministerio de Comercio será necesario tener por norte la Resolución  No. 2011-0051 del 26-10-2011, de la Sala Plena del TSJ, que en su artículo 21 estableció: “…La OCC estará encargada del control contable de los movimientos de dinero de los asuntos que llevan los tribunales…Igualmente, se podrá crear una Oficina de Control de Consignaciones de Arrendamientos Inmobiliarios (OCCAI), de acuerdo a la información estadística sobre el volumen de causas en una determinada Circunscripción Judicial…”.

Por lo tanto, en aras de no dejar desprotegido al inquilino serán las Oficinas de Control de Consignaciones de Arrendamiento Inmobiliarios (OCCAI) las que reciban los pagos a los que hemos hecho referencias. Y si la OCCAI no está creada en la localidad, corresponderá la consignación del canon de arrendamiento a la Oficina de Control de Consignaciones (OCC); y si no existiere el Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Tránsito -en el sitio donde se encuentra ubicado el inmueble-, recibirá las consignaciones de cánones de arrendamiento el Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas ubicado en la localidad que corresponda.

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EL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE JUEGOS Y APUESTAS LÍCITAS II POR @Edularalaw

De la entrega anterior quedaron pendientes algunos aspectos en relación con la tributación y otras normas de carácter nacional que se vinculan con el Impuesto sobre Juegos y Apuestas Lícitas.

En primer lugar, el Legislador Nacional ha ejercido la competencia constitucional de aprobar leyes en materia de loterías, casinos, salas de bingo, máquinas traganíqueles e hipódromos.

Efectivamente, durante el período de sesiones del año 2006 aprobó la Ley Nacional de Loterías que tiene por objeto establecer la facultad exclusiva del Estado para organizar, explotar, administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y vigilar la actividad de todos los tipos de juego de lotería y sus modalidades, así como el establecimiento de los principios y disposiciones que regirán tales actividades.

Esta Ley crea un servicio autónomo (hoy día se denominan servicios desconcentrados, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública, 2014), que lleva por nombre Comisión Nacional de Lotería (CONALOT), el cual tiene a su cargo el control, fiscalización, inspección, regulación y supervisión de las actividades a que se contrae aquélla.

Por su parte, sobre casinos, bingos y traganíqueles, el hoy extinto Congreso Nacional aprobó  la Ley para el control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (1997); su objeto es regular las actividades, el funcionamiento, el régimen de autorizaciones y sanciones concernientes con los casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles.

Se crea la Comisión Nacional de Casinos (CNC) como organismo para el cumplimiento de los postulados de la Ley.

A esta altura hay que hacer la salvedad que, por el hecho de ser una ley preconstitucional al Texto Fundamental de 1999, le resulta aplicable el principio contenido en la Disposición Derogatoria con respecto a la Constitución de la República de Venezuela (1961), cuya premisa es que el resto del ordenamiento mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga a aquélla.

Hasta la fecha no se conoce sentencia del Máximo Tribunal que declare a la ley en cuestión como violatoria de la Carta Magna vigente, ni tampoco ley aprobada por la Asamblea Nacional que la modifique o derogue.

De un análisis del mencionado texto legal se observa que la Comisión Nacional de Casinos está dentro de la estructura del Ministerio de Hacienda, el cual no existe hoy día, toda vez que la Ley Orgánica de la Administración Pública (2014) ha modificado los parámetros de organización administrativa, ya que la cartera ministerial se regía por la hoy derogada Ley Orgánica de la Administración Central.

También – como complemento de lo anterior – el Presidente de la República hoy día puede crear, modificar y suprimir ministerios tras facultarle aquélla, por lo que dictó el Decreto sobre la Organización General de la Administración Pública Nacional (2016), cuyo objeto es fijar el número, denominación, ámbito de competencia de los ministerios, determinar las unidades de apoyo de estos, al igual que lo referente con los Órganos Superiores de Dirección del nivel central.

En la actualidad el despacho ejecutivo se denomina Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, creado mediante Decreto N° 2651, publicado en Gaceta Oficial de la República N° 41.067 de fecha 4 de enero de 2017.

La Ley para el control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (1997) establece unas prohibiciones para el ingreso a los establecimientos por ella en el mismo sentido de la legislación sobre protección de niños y adolescentes o la de regulación sobre contenidos en medios de comunicación en cuanto a:

1.- Los niños y adolescentes, aunque se encuentren emancipados.

Se entiende por emancipado al sujeto bajo régimen de minoridad que contrae matrimonio civil con arreglo a las leyes venezolanas.

De acuerdo con el Código Civil Venezolano (1982) la mayoridad o capacidad plena se obtiene al cumplir dieciocho (18) años de edad, salvo previsiones especiales legales, como ocurre para optar a cargos de elección popular donde se necesita cumplir el requisito de una edad determinada; por ejemplo:  el cargo de alcalde  – según la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal – tiene como requisito tener la edad mínima de veinticinco (25) años, mientras que – en el caso de los concejales – esta última señala veintiún (21) años.

Asimismo, para contraer matrimonio se permite – tras el procedimiento correspondiente ante los Tribunales de Protección de Niños y Adolescentes – una vez cumplidos los dieciséis (16) años, de conformidad con sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 16 de octubre de 2014, que declara la nulidad parcial del artículo 46 del Código Civil Venezolano (1982).

2.- Las personas que se encuentren bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o en estado de ebriedad.

3.- Los miembros de cuerpos de policía y otros de seguridad, Fuerza Armada Nacional, al igual que las  autoridades del Poder Judicial, salvo que se trate del cumplimiento de sus funciones.

4.- Los   miembros   uniformados   de   las   Fuerzas   Amadas   de   países extranjeros.

5.- Los que porten armas de cualquier tipo.

6.- Los sometidos a interdicción o inhabilitación.

Se entiende por interdicción, siguiendo al profesor José Luis Aguilar Gorrondona en su obra “Derecho Civil I Personas”, Ediciones Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela; la pérdida de la capacidad en razón de defecto intelectual grave o mediante condena penal.

Continúa el Maestro Aguilar en su libro que la inhabilitación es la privación limitada de la capacidad en razón de defecto intelectual no tan grave como para declarar la interdicción.

El Código Penal Venezolano (2005) establece como pena accesoria a las condenatorias con presidio, es decir, las que deben ser cumplidas en penitenciarías, las de interdicción civil durante el tiempo de la pena. Se entiende como pena accesoria aquella que la ley trae como adherentes a la principal, necesaria o accidentalmente.

En cuanto a los hipódromos, por vía de Ley Habilitante el Presidente de la República dictó el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley que suprime y liquida el Instituto Nacional de Hipódromos y regula las actividades hípicas (1999), mediante Decreto N° 422 de fecha 25 de octubre de 1999.

Se crea la Superintendencia de Actividades Hípicas (SUNAHIP), la cual tiene a su cargo:

1.-  El ejercicio  la inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de los licenciatarios de la administración y operación de los Hipódromos, de los sistema mutualistas de hipódromos y del sistema nacional mutualista de juegos y apuestas hípicas.

2.- La aplicación de las disposiciones reglamentarias de la apuesta mutual para asegurar su registro, el conocimiento de la jugada y el cálculo y pago a los ganadores.

De esto último existe la discusión doctrinaria acerca del carácter deportivo o lúdico de la actividad.

Actualmente, la SUNAHIP no se encuentra dentro de la estructura del Ministerio de Finanzas, por haber sido modificado el Decreto de creación del Ministerio como se mencionó supra y, de conformidad con el  Decreto sobre la Organización General de la Administración Pública Nacional (2016), quedó asignada al Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte,

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios. (más…)

¿EN QUE AYUDA INSCRIBIR UN CONCUBINATO POR ANTE EL REGISTRO CIVIL? (VALOR PROBATORIO) por @anasantandero

En nuestro Despacho Jurídico es costumbre escuchar frases como esta: “él no quiere reconocer mis derechos pero yo tengo una carta de concubinato que dice que soy su concubina, así que la mitad es mía…”. Pues bien, cabe preguntarse: Hasta dónde protege la aludida Carta de Concubinato, (como la llaman algunos) o Acta de Unión Estable de Hecho?.

Analicemos el tema de la siguiente manera: CONTROVERSIA PLANTEADA: Se invoca por el interesado que llamaremos “A”, que el Acta de Unión Estable De Hecho es suficiente para incorporarse en un juicio por cumplimiento de contrato en el que no es parte demandada ni demandante y en el que alega la existencia de la unión concubinaria, o si, por el contrario, es requisito sine qua non que “A” acompañe copia certificada de una Sentencia dictada en un juicio por establecimiento de unión concubinaria en la que se declarare la existencia de dicha unión.

En otras palabras “A” pretende oponer a terceros los efectos jurídicos de la unión establece de hecho que adujo sostener con “B” y sin embargo, no acreditó su existencia mediante la correspondiente Sentencia previa que así lo haya declarado. OBITER DICTUM (DICHO SEA DE PASO): La Sala Constitucional señaló, en sentencia del 18/06/2015, que “la sentencia declaratoria de la unión estable de hecho no es la única forma de probar su existencia”. Lo anterior en base a la LORC, de fecha 15/09/ 2009, que en su artículo 118, señala: “la libre manifestación de voluntad efectuada entre un hombre y una mujer, declarada de manera conjunta, de mantener una unión estable de hecho, conforme a los requisitos establecidos en la ley, se registrará en el libro correspondiente, adquiriendo a partir de este momento plenos efectos jurídicos, sin menoscabo del reconocimiento de cualquier derecho anterior al registro.

Las actas de uniones estables de hecho, al igual que las demás actas del Registro Civil previstas en el título IV de la LORC, tienen los efectos que la ley le confiere al documento público o auténtico (Art. 77), y sus certificaciones expedidas por los Registradores Civiles tienen pleno valor probatorio (Art. 155). Conforme al artículo 11 de la mencionada ley, los Registradores Civiles confieren fe pública a todas las actuaciones, declaraciones y certificaciones, que con tal carácter autoricen, otorgándole eficacia y pleno valor probatorio. Así mismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 112, los datos contenidos en el Registro Civil prevalecen con relación a la información contenida en otros registros. Entonces, A tal efecto, las Actas del Registro Civil constituyen plena prueba del estado civil de las personas.

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION DE TALES ACTAS: Los únicos medios de impugnación contra estas Actas son:

1)  La Tacha de Falsedad por vía principal o incidental por los motivos establecidos en el artículo 1380 del CC,

2) La Solicitud de Nulidad en sede administrativa, la cual sólo puede ser declarada por la Oficina Nacional de Registro Civil, a solicitud de persona interesada, de oficio o por solicitud del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo, conforme y en base a las causales del artículo 150 de la LORC y

3) La Solicitud de Nulidad de las Actas del Registro Civil, que se refieran a menores, ante los tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por el artículo 156. Ambos medios de impugnación (jurisdiccional y administrativa), pueden coexistir, no son excluyentes, por lo que la pendencia de la tacha en sede judicial no obsta a que se inicie y decida la nulidad en sede administrativa ni viceversa.

CONCLUSION: En el caso bajo estudio de la Sala, declaró que al no haber acompañado “A”, ni la Sentencia de unión estable de hecho que adujo sostener, ni la certificación de un Acta de Unión Estable de Hecho prevista y regulada en la LORC, no tenía legitimación para actuar en el juicio en cuestión. De tal forma que, en respuesta a nuestra pregunta inicial, en tanto y en cuanto, no se impugne la validez del Acta/Carta de Unión Estable de Hecho y/o Concubinato, ella gozará del valor probatorio de plena prueba en cuanto a la existencia e inicio de la Unión Concubinaria, en la misma categoría del documento público auténtico.

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¿PUEDO DEMANDAR A UNA PERSONA CIVIL Y PENALMENTE A LA VEZ? por @anasantandero

En el día a día de nuestro Despacho Jurídico, los clientes acuden a plantear por ejemplo, que su contraparte cometió un delito en su contra (esfera penal) por el cual ellos desean exigir se les repare económicamente (esfera civil); o que su contraparte debe cancelar una manutención en favor de su hijo (esfera de protección de menores) al cual nunca reconoció legalmente (esfera civil/protección); o que producto de la falta de ejecución de un contrato de obra consistente en pintar un cuadro (esfera civil) sufrieron daños morales que desean se les reconozca (esfera civil); o que en un acta de una compañía se certificó la asistencia de la totalidad de los accionistas por lo cual se omitió el requisito de la previa convocatoria y se aprobó un crédito para la empresa (esfera mercantil) pero lo cierto es que se falsificó la firma de uno o más accionistas (esfera penal) y por tanto el acta es nula (esfera civil).

Son muchos y diversos los casos, pero todos terminan en la misma pregunta ¿podemos hacer ambas demandas en paralelo? Por simple sentido común en la mayoría de los casos será necesario agotar una primera acción a través de sentencia para luego en base a esa sentencia poder iniciar la segunda acción, pero lo cierto es que no siempre será así. Lo anterior es lo que conocemos bajo la denominación de Prejudicialidad. En este artículo nos limitaremos a la prejudicialidad penal sobre la civil, o en otros términos la prelación de la acción penal respecto a la civil. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR PREJUDICIALIDAD?:

Se trata del juzgamiento esperado, que compete darlo a otro juez, sobre un punto que interesa o involucra la premisa menor (cuestión de hecho) del silogismo jurídico del fallo que ha de darse en el proceso en el cual se suscita dicha prejudicialidad. En palabras más sencillas, la sentencia de un juez se transforma en el hecho probado y determinante que ayudará, servirá de base, al segundo juez para a su vez dictar su sentencia.  Cuando es necesario esperar esa primera sentencia para dictar la segunda, habrá prejudicialidad. Entonces tocará al juez de la causa determinar hasta qué punto es necesaria esa primera sentencia para él poder dictar la sentencia que le compete. De establecer la necesidad de la existencia de la primera sentencia, suspenderá su juicio hasta el estado de sentencia, la cual no dictará hasta que ocurra la primera de la cual depende. Será el Abogado interesado quien tendrá la carga de llevar a la convicción del Juez la necesidad o no de esperar esa primera sentencia. Todo lo anterior conforme a lo establecido en la norma adjetiva. E

LEMENTOS QUE DEBEN DEMOSTRARSE CUANDO SE OPONE LA PREJUDICIALIDAD EN UN JUICIO. (LA VINCULACIÓN ENTRE LAS CAUSAS JUDICIALES): La parte interesada en la declaratoria de la prejudicialidad la opondrá y demostrará la ocurrencia de los requisitos pacíficos y reiterados, establecidos en la jurisprudencia y doctrina patria, a saber: En Sentencia de la Sala Político-Administrativa del TSJ, del 16/05/ 2.000, (Vid. Sentencias de la Sala Político-Administrativa del 9 de octubre de 1997, 28 de mayo de 1998 y 10 de junio de 1999, entre otros numerosos fallos), se señalaron los siguientes requisitos de procedencia para operar la prejudicialidad, cito textualmente y en su parte pertinente: “

…a.- La existencia efectiva de una cuestión vinculada con la materia de la pretensión a ser debatida ante la jurisdicción civil.

b.- Que esa cuestión curse en un procedimiento distinto de aquel cual se ventilará dicha pretensión.

c.- Que la vinculación entre la cuestión planteada en el otro proceso y la pretensión reclamada en el presente proceso, influya de tal modo en la decisión de ésta, que sea necesario resolverla con carácter previo, a la sentencia del juez civil, sin posibilidad de desprenderse de aquella…es necesario que se trate de una controversia tramitada ante otro tribunal, cuya decisión con efectos de cosa juzgada debe influir en forma determinante en la decisión final a dictarse…” (Subrayado mio).

La parte interesada no solo deberá plantear la prejudicialidad, sino que deberá aportar al juez los elementos de convicción de la vinculación comentada, determinar el modo, la forma, en que los elementos de aquel juicio penal influiría en la decisión que deba recaer en la sentencia producto de la acción civil.

IMPORTANCIA DEL ELEMENTO DE LA VINCULACIÓN ENTRE LOS DOS ASUNTOS QUE SE TRAMITAN POR ANTE LOS TRIBUNALES DISTINTOS: Ha sido pacífica y reiterada la doctrina en este sentido. Tenemos al  Maestro Borjas: “En la legislación patria, aunque toda cuestión prejudicial es previa, no todas las cuestiones previas son prejudiciales. Lo que caracteriza a estas (a las cuestiones prejudiciales) es que no son como aquellas (las cuestiones previas), meros incidentes en una litis; sino que siendo por lo común la materia principal de un juicio y tener carácter y existencia propia hasta el punto de poder ser promovidas independientemente en un proceso separado, se encuentra tan íntimamente ligadas a la cuestión de fondo de otro juicio pendiente y son de tal modo inseparables de dicha cuestión, que exigen una decisión previa, porque de ella depende o a ella debe estar subordinada la decisión del proceso en curso…”  (Subrayado mio). El Dr Villasmil: “…la prejudicialidad puede ser definida como aquellas acciones, que pudiendo ser promovidas en procedimientos separados, se encuentran íntimamente ligadas, por lo que una de esas depende o debe estar subordinada a la decisión de la otra…” (Subrayado mio). Arístides Rengel Romberg,: “…

Por la naturaleza de estas cuestiones prejudiciales, que son antecedentes necesarios de la decisión de mérito, porque influyen en ella y la decisión depende de aquéllas…” (Subrayado mio). Humberto Bello Lozano Márquez: “Como se ve en esta definición, la procedencia de esta cuestión previa, está sustentada en dos hipótesis: La existencia de un proceso distinto al que origina la cuestión previa, y que, la decisión que surja en ese proceso tenga efectos en la decisión que se produce en éste” (Subrayado mio). Entonces tenemos que lo esencial para que proceda la cuestión Prejudicial, como lo ha decidido la casación patria, es que la cuestión sea de naturaleza tal que su resolución ha de anteceder necesariamente a la decisión del asunto en el cual se plantea, por constituir aquella un requisito previo para la procedencia de ésta.

DE LA ATENUACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA DE LO PENAL SOBRE LO CIVIL: En Sentencia de la Sala de Casación Civil del TSJ del 11/03/ 2014, se estableció: “…Según el criterio expuesto, para originar la responsabilidad civil derivada de un hecho punible, debe existir la declaración de un tribunal penal, cuya sentencia haya alcanzado la autoridad de cosa juzgada, independientemente de cuál sea la jurisdicción ante quien se pretenda intentar. Lo anterior tiene su sustento en el principio de la supremacía de lo penal sobre lo civil que rige tradicionalmente nuestra legislación y doctrina, según el cual no se pueden adelantar reclamaciones por los daños causados por hechos susceptibles de reclamación criminal sino que hay que esperar la decisión firme de la jurisdicción penal; lo anterior sobre todo, a los fines de evitar sentencias contradictorias, o que la jurisdicción civil prejuzgue sobre hechos sobre los cuales el Estado tenga particular interés y por lo tanto su conocimiento corresponda a la jurisdicción penal dado el carácter de orden público que tiene todo lo relacionado con ese derecho.

Sin embargo, señala Melich-Orsini que “es necesario tener presente que para que pueda hablarse de aplicación de la regla “lo criminal detiene lo civil”, se requiere que en el proceso penal pendiente se estuviera conociendo de alguna cuestión que constituya supuesto  necesario de la sentencia civil,…”. De manera que no siempre de manera categórica y contundente deberá requerirse la firmeza de la sentencia del juicio penal, sino que ello dependerá de las particularidades del caso concreto, puesto que tal exigencia será necesaria cuando en el proceso penal se esté conociendo de alguna cuestión que constituya supuesto necesario de la sentencia civil…si ante la jurisdicción penal se está debatiendo la responsabilidad criminal de un sujeto por homicidio por imprudencia, debe desecharse la excepción tendiente a enervar una acción civil contra el mismo sujeto, fundada ya en la pura responsabilidad civil que le corresponde como guardián de la cosa que causó el daño…La demanda de daños y perjuicios por razón de los causados por un acto ilícito, no puede ser desechada por la excepción de cosa juzgada que resulte de la decisión de una jurisdicción penal que, al estatuir exclusivamente sobre la cuestión de la culpabilidad, hubiera pronunciado la absolución o el sobreseimiento del encausado…el concepto de culpa civil es más amplio que la culpa en materia penal….la culpabilidad penal difiere de la civil….” (Subrayado mio).

Es decir, en base a esta sentencia, deberá el Juez de la causa, ponderar cada caso en concreto y analizar cuán vinculada, dependiente, subordinada está realmente la causa civil frente a la penal, antes de declarar a priori una prejudicialidad, no basta la existencia de dos juicios en paraleloes necesaria la vinculación y aun estando vinculados, conforme a esta sentencia, es necesaria la dependencia y subordinación de la causa civil respecto a la penal, al punto que sea necesaria la resolución en la esfera penal para poder decidir siquiera la causa civil. Nótese la atemperación del criterio de la supremacía penal sobre lo civil que impone esta sentencia, que incluso ya ni siquiera frente a la reclamación de daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito -otrora uno de los casos más típicos para que operara la prejudicialidad-, procede la misma, precisamente por la atenuación del criterio en comento. CONCLUSION: Tendrá el Juzgador de la causa, la labor de establecer si en la causa en concreto será necesario agotar una primera acción a través de sentencia para luego en base a esa sentencia poder iniciar la segunda acción, motivando debidamente el elemento de la vinculación/dependencia/subordinación de la segunda causa respecto a la segunda.

Dra. Ana Santander.

JURISPRUDENCIAS SALA CONSTITUCIONAL FEBRERO 2011

Sentencia: N°31 de fecha 14 de febrero de 2011.
Tema: Tutela judicial
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: La Sala declara que son improponibles en derecho las recusaciones en materia de revisión constitucional.

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