Sentencia: N° 1133 de fecha 10 de agosto de 2009.
Tema: Apelación
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: La Sala ratifica la jurisprudencia que prohíbe a los jueces de la República ejercer el recurso de apelación en el proceso de amparo constitucional.

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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999 consagra en su artículo 27, la acción de amparo constitucional, como derecho fundamental en el que se impone a los Tribunales de la República, la obligación de resolver de manera expedita, gratuita, oral y breve las peticiones que presenten los justiciables ante los órganos jurisdiccionales, con ocasión a la violación de cualquier derecho o garantía constitucional (e inclusive de aquellos no previstos en la carta magna) del que puedan estar siendo objeto.

La ley Orgánica  de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (1988) establece en su artículo 1 que:

Toda persona natural habitante de la República, o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución, para el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos derechos fundamentales de la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, con el propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. La garantía de la libertad personal que regula el habeas corpus constitucional, se regirá por esta Ley”.

Ahora bien, resulta necesario conocer el alcance del amparo constitucional, como acción autónoma; el mismo procede contra normas, actos administrativos de efectos generales y de efectos particulares, contra sentencias, resoluciones emanadas de los órganos jurisdiccionales, contra actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones y omisiones de las autoridades o particulares, todas estas proceden cuando se viole un derecho o garantía constitucional o cualquier derecho susceptible de protección o, inclusive, cuando exista un peligro cierto de violación, siempre y cuando no exista un medio procesal bien sea ordinario o breve sumario y eficaz acorde con la protección constitucional.

Sin embargo, dentro de los procesos judiciales, existe otra modalidad de amparo, la cual se denomina “amparo cautelar” y que si bien, proviene de la misma naturaleza jurídica que el amparo constitucional, tiene matices que le diferencian de este.

El amparo cautelar es una institución jurídica, que guarda similitud con las llamadas providencias cautelares o medidas cautelares, a través de esta acción se persigue el resguardo y el restablecimiento provisional, de alguna garantía o derecho, que considere el particular se le está violentando. Una de las características más interesantes de esta institución, es que a diferencia del amparo constitucional, la misma no puede ejercerse de forma autónoma, sino que debe solicitarse conjuntamente con la interposición del debido recurso contencioso administrativo de nulidad contra alguna actuación lesiva de algún órgano que conforme la administración pública nacional, por lo que prima facie entre los requisitos de admisibilidad de la solicitud de amparo cautelar se encuentran:

  • Que exista un proceso, lo que se conoce como Litis pendente
  • Que el juez en atención al principio de proporcionalidad consagrado en la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa (LOJCA 2010) pondere los llamados “intereses generales e intereses juegos”; lo que no es más, que realizar una operación lógico-jurídica en la que se determine el alcance de las providencias cautelares a dictar, y si con este proceder se estaría afectando o no el interés general.

Al ser el amparo cautelar, una institución que guarda relación con la naturaleza jurídica y el alcance de las medidas cautelares, el juez que conozca de este para su debida admisión (inadmisión), procedencia (improcedencia); deberá evaluar prima facie, el cumplimiento de dos requisitos, al respecto:

  • La existencia de un fumus boni iuris constitucional
  • y la existencia de un periculum in damni constitucional.

En cuanto a la existencia de un fumus boni iuris constitucional, se aprecia que el amparo constitucional cautelar tiene como característica diferencial, que la posición jurídica del querellante se concrete en un derecho o una garantía constitucional.  Es decir, de todo amparo constitucional cautelar surge la necesidad de la apariencia de certeza o de credibilidad de un derecho constitucional invocado por parte del sujeto que solicita en amparo.

En cuanto a la existencia de un periculum in damni constitucional, se observa que la noción de periculum in mora resulta insuficiente pues la misma se contrae a la eficacia de la sentencia que se dicte, es decir, de su ejecutabilidad, en cambio la noción de periculum in damni implica un fundado temor de daño inminente, patente, causal y manifiesto en la esfera jurídica del justiciable”

Tribunal Superior Contencioso Administrativo Estado Lara- KE01-X-2007-000057– TSJ Regiones – Decisión

Para que el amparo cautelar sea tramitado, deben llenarse los extremos de admisibilidad ut supra descritos, mientras que en materia de amparo constitucional, la ley orgánica de derechos y garantías constitucionales en su artículo 6,  el cual está referido a los requisitos de admisibilidad, no dispone como requisito para admitir la acción, la demostración de la existencia de un fumus boni iuris constitucional y del periculum in damni constitucional, toda vez que según las disposiciones de la carta magna venezolana en su artículo 27 parte in fine, señala que la acción de amparo constitucional no estará sujeta a formalidad, es decir bastara con que el presunto agraviado al interponer su acción, lleve al proceso algún elemento probatorio en el que fundamente su acción, sin necesidad de argumentar extensamente el petitorio que realiza y el derecho que reclama le asiste, todo en consonancia con la expedites, brevedad, y celeridad que el juez debe darle por mandato constitucional a esta acción.  En cuanto a la procedencia del amparo cautelar; este procederá  contra todo acto emanado de la administración pública, y sus efectos no deben entenderse como vinculantes para la decisión que debe tomar el juez de la causa; al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 115, de febrero 2017,  (Caso Antonio José Varela) Estableció que; el hecho de que se declare procedente la solicitud de amparo cautelar, no implica necesariamente que la decisión que recaiga sobre el recurso de nulidad, deba favorecer al recurrente ya que el amparo cautelar persigue una protección temporal.

En atención a lo planteado en el presente artículo, se hace necesario concluir en las diferencias más resaltantes, entre estos dos importantes instrumentos jurídicos en materia de defensa de derechos y garantías constitucionales, a saber el amparo constitucional y el amparo cautelar:

  • El amparo constitucional es una acción autónoma; mientras que el amparo cautelar debe necesariamente interponerse de forma accesoria, subsidiaria y conjunta con el recurso contencioso administrativo de nulidad.
  • El amparo constitucional procede en contra de contra normas, actos administrativos de efectos generales y de efectos particulares, contra sentencias, resoluciones emanadas de los órganos jurisdiccionales, contra actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones y omisiones de las autoridades o particulares, todas estas proceden cuando se viole un derecho o garantía constitucional o cualquier derecho susceptible de protección o, inclusive, cuando exista un peligro cierto de violación, siempre y cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional; mientras que el amparo cautelar procede solo en contra de las actuaciones emanadas de la administración pública y materializadas estas en actos administrativos.
  • El amparo constitucional, por mandato de la sala constitucional, debe ser interpuesto por los interesados o sus apoderados, mientras que el requisito pro actione en materia de amparo cautelar es intuito persona.
  • Los efectos del amparo constitucional, se materializan con la situación jurídica infringida por actuaciones o abstenciones de la administración, o de personas, mientras que los efectos del amparo cautelar, son limitados, ya que versan en reparar de forma provisional una situación jurídica hasta tanto no se dicte sentencia definitiva.

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Nuestro sistema punitivo se basa en un Derecho penal de hecho, lo que significa que el primer requisito para afirmar la existencia de un delito es que concurra un comportamiento humano (nulla iniuria sine actione).

SÓLO LO QUE SE EXTERIORIZA PUEDE CONLLEVAR UNA LESIÓN O PUESTA EN PELIGRO DE UN BIEN JURÍDICO:

 DERECHO PENAL DE HECHO

La exigencia de este primer requisito deriva tanto del principio de legalidad (nullum crimen sine lege) como de la función de prevención general que cumplen las normas penales, pues sólo el comportamiento humano (no el pensamiento o las ideas) puede intentar ser evitado mediante la amenaza o motivación que conllevan. Por lo demás, sólo lo que se exterioriza puede conllevar una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. En definitiva: cada ciudadano puede pensar lo que quiera, siempre que no lo lleve a la práctica; se es responsable de lo que se hace, no de lo que se piensa o de lo que se es.

CONTRAPOSICIÓN A NUESTRO SISTEMA PUNITIVO:

ORDENAMIENTOS BASADOS EN UN DERECHO PENAL DE AUTOR

A todo lo anterior se contraponen aquellos ordenamientos basados en un Derecho penal de autor, en los que la imposición de la pena no responde a ninguna función preventiva sino a meras represalias frente a colectivos humanos determinados (así ocurría, por ejemplo, en la Alemania nazi del III Reich o en nuestro país durante la Dictadura franquista, etapa en la que las leyes sobre peligrosidad penalizaban, por ejemplo, la mera disidencia política o la homosexualidad).

EVOLUCIÓN DOGMÁTICA DEL CONCEPTO DE ACCIÓN

El concepto de acción ha experimentado una evolución en buena parte paralela a la experimentada por la propia teoría del delito.

LA CONCEPCIÓN CAUSAL DE LA ACCIÓN SURGIÓ A FINALES DEL SIGLO XIX Y FUE LA POSICIÓN PREDOMINANTE EN LA DOCTRINA HASTA BIEN ENTRADO EL SIGLO XX

Este concepto causal-naturalista constituyó el pilar fundamental sobre el que se elaboraron autores como Von Liszt el esquema clásico del delito. En dicho esquema la acción era concebida como un movimiento corporal provocado por un impulso de la voluntad que causa una modificación del mundo exterior. El elemento fundamental de tal definición era la “causalidad”, dado que el “impulso de la voluntad” sólo interesaba como causa del movimiento corporal, siendo indiferente cuál fuera el contenido de dicha voluntad y si se dirigía o no a realizar el hecho. Para el concepto causal de acción es irrelevante, por ejemplo, si el movimiento corporal va dirigido a matar a una persona, o a espantar una abeja; lo único trascendente es sí, ha o no causado una modificación del mundo exterior.

Este concepto encontraba importantes escollos a la hora de explicar la omisión, en la medida en que un “no hacer” no es de ningún modo un movimiento corporal, y por lo tanto no puede provocar (causar) ninguna modificación del mundo exterior.

CON EL NEOKANTISMO SE HACE YA EVIDENTE QUE EN DERECHO PENAL NO ES SUFICIENTE “OBSERVAR Y DESCRIBIR LOS HECHOS” COMO SI SE TRATARA DE FENÓMENOS NATURALES, SINO QUE ES NECESARIO ADEMÁS “COMPRENDER Y VALORAR EL SENTIDO DE LOS HECHOS”, ESPECIALMENTE SI SE TRATA DE HECHOS HUMANOS

Es en este momento cuando se abandona el término “acción” y empieza a hablarse del primer elemento de la teoría del delito como “conducta humana” (Mezger), lo que permite incluir en el concepto también las omisiones. No obstante, esta concepción neoclásica seguía siendo causal, en la medida en que sigue poniendo el acento en la causación de un resultado: la conducta que lo provoca ha de estar guiada por la voluntad, pero el contenido de dicha voluntad es a estos efectos irrelevante, y sólo es analizada a propósito de la culpabilidad.

OTRO CAMBIO METODOLÓGICO (LA APLICACIÓN DEL MÉTODO FENOMENOLÓGICO Y ONTOLÓGICO AL DERECHO PENAL) PROVOCÓ EL SURGIMIENTO DEL FINALISMO, DE LA MANO DE LA CONCEPCIÓN FINAL DE ACCIÓN

Welzel puso de manifiesto que lo que caracteriza a la conducta humana frente a las fuerzas de la naturaleza o las acciones de otros animales no es lo que causa, sino la finalidad que la guía (esto es, al dirigirse a una meta previamente seleccionada). A diferencia de otros procesos naturales, que también son causales pero “actúan” de modo ciego, la acción humana es “vidente”, pues persigue un objetivo.

La finalidad por tanto es tan esencial en el concepto de acción como el de la causalidad, y por ello sería absurdo relegar el análisis del contenido de esa finalidad (o voluntad) a la culpabilidad, pues así se vaciaría de contenido a la propia acción. La consecuencia fundamental de este enfoque es, como se sabe, el adelante del análisis del dolo y la imprudencia a un momento anterior al de la culpabilidad: si el delito es una acción típica y antijurídica, la antijuricidad debe recaer no sólo sobre el resultado sino también sobre la propia (finalidad) de la acción, de modo que ya en esta sede debe diferenciarse entre acciones dolosas e imprudentes. De este modo Welzel cambió completamente los pilares básicos del causalismo, caracterizado por la diferenciación entre antijuricidad y culpabilidad como referidas, respectivamente, a las partes objetiva y subjetiva del hecho. Por ello puede afirmarse que el debate entre el concepto causalista y finalista de acción es en gran medida un debate sobre cuál es el papel del desvalor de acción y el desvalor de resultado en el concepto de delito.

Con todo, lo cierto es que el concepto final de acción en su formulación más estricta presentaba ciertos problemas a la hora de explicar de forma satisfactoria una de las formas de conducta humana relevantes para el Derecho penal más comunes: los comportamientos imprudentes, dado que en éstos la finalidad aparece completamente desconectada del resultado causado (la finalidad del sujeto que actúa con culpa de ningún modo va dirigida a la producción del hecho típico).

UN PASO MÁS EN LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DEL ELEMENTO ACCIÓN VINO DE LA MANO DE JESCHECK, EL CUAL TRATA DE SUPERAR LOS PROBLEMAS QUE SUSCITA TANTO EL CAUSALISMO COMO EL FINALISMO CON SU CONCEPCIÓN SOCIAL DE LA ACCIÓN, QUE MÁS BIEN CONSTITUYE UN COMPLEMENTE DE LA TEORÍA FINALISTA

De acuerdo con la teoría social, es acción “todo comportamiento humano socialmente relevante”, y poseen dicha relevancia tanto las conductas verdaderamente finales (dolosas) como aquellas otras que se aparten de la finalidad socialmente esperada: en la imprudencia, porque el hecho causado podría haberse evitado mediante la conducción final del proceso; en la omisión, porque un comportamiento activo podría igualmente haber evitado el resultado. En definitiva, en la acción dolosa se desvalora por lo que se ha hecho, mientras que en la acción imprudente y en la omisión se desvalora por lo que se debería haber hecho.

EN ESPAÑA: “CONCEPCIÓN COMUNICATIVA DE LA ACCIÓN”

Entre otras variantes de las teorías anteriores, en España recientemente ha cobrado relevancia la acuñada por Vives Antón: la denominada “concepción comunicativa de la acción”, que pone el acento en el significado social del comportamiento, poniendo el acento en la relevancia comunicativa de la acción humana en sociedad.

SUJETOS Y OBJETO DE LA ACCIÓN EN DERECHO PENAL.

Todo delito requiere el comportamiento de un ser humano, por lo que el sujeto de la acción (u omisión) penalmente relevante, esto es, el sujeto activo del delito, sólo podrá serlo una persona o un grupo de personas individualizables; la víctima, esto es, el sujeto pasivo del delito (titular del bien jurídico afectado), podrá a su vez ser el objeto de la acción (objeto material del delito) en aquellos casos en que éste recaiga directamente sobre ella (por ejemplo, en el homicidio o en las lesiones).

¿QUÉ SUPONE ESTO EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO-PENAL?

Con ello queda desterrada de nuestro ordenamiento jurídico-penal tanto la responsabilidad de animales o cosas como las formas más arcaicas de responsabilidad colectiva (por ejemplo, responsabilidad de toda la familia por el hecho de uno de sus miembros).

AUSENCIA DE ACCIÓN EN DERECHO PENAL

No todas las acciones de un individuo son “conductas humanas” a efectos penales, pues para ello es necesario que sea “final” (en el sentido de estar dirigida por la voluntad del individuo), además de tener una trascendencia externa. Estos supuestos de ausencia de acción ha de valorarse con carácter previo al análisis de la tipo.

Caso fortuito

El caso fortuito constituye un acontecimiento humano dañoso, pero involuntario e imprevisible, o imposible de evitar.

Ejemplo de caso fortuito

Camionero que conduce su vehículo de forma completamente cuidadosa, a la velocidad permitida y cumpliendo todas las reglas del tráfico, pero no puede prever ni evitar atropellar a un peatón que de forma sorpresiva e inesperada se le cruza en mitad de la carretera.

Fuerza irresistible

La fuerza irresistible se da en los supuestos en los que quien actúa lo hace materialmente violentado por una fuerza a la que le es físicamente imposible resistirse, porque se ejerce sobre él una vis absoluta (distintos serían los casos de vis compulsiva, que pueden dar lugar a miedo insuperable y excluir o atenuar la culpabilidad).

Sólo en los supuestos de vis física absoluta se excluye la acción por ausencia de voluntad. El origen de la fuerza irresistible puede ser natural o humano (en este último caso podrá haber autoría mediata de quien aplicó la fuerza).

Ejemplo de fuerza irresistible

A empuja por detrás a B a una piscina, y B cae sobre un bañista al que lesiona.

Movimientos reflejos

Los movimientos reflejos tienen lugar sin que la voluntad humana participe de ningún modo, porque la “orden” de realizar el movimiento muscular se transmite directamente por la vía subcortical, esto es, sin que intervenga en ningún momento la consciencia y por lo tanto sin que puedan controlarse por la voluntad.

Ejemplo de supuesto de movimientos reflejos

Persona que, al quemarse con una plancha, aleja mecánicamente el brazo de la fuente de calor y a consecuencia de ello le causa una lesión en la cara a otra persona que estaba a su lado.

Los movimientos reflejos deben diferenciarse de otros supuestos, en los que la voluntad controla la acción del sujeto, siquiera fugazmente:

Actos en cortocircuito

Actos en cortocircuito, tales como por ejemplo las maniobras que pueden realizarse en la conducción en determinadas circunstancias (por ejemplo, un volantazo para impedir una colisión), ya que dichos actos son controlables por la voluntad.

Reacciones impulsivas o explosivas

Reacciones impulsivas o explosivas, en las que la voluntad participa de la acción, aunque puede estar mediatizada por un estado de acaloramiento o sobreexcitación o bien por un impulso pasional. Así por ejemplo, las reacciones explosivas de cólera, que pueden deberse a una predisposición individual, o bien a alteraciones psicopatológicas o neurológicas, y en las que un estímulo mínimo puede provocar una cólera incontenible con agresiones violentas sin consideración de las consecuencias.

Este efecto se puede producir por acumulación de situaciones estresantes y el estímulo desencadenante “es la chispa que enciende la pólvora” (Kretschmer), como es el caso de ciertas situaciones en prisión y algunos crímenes pasionales. En estos supuestos hay acción, aunque puede resultar aplicable la eximente o atenuante de trastorno mental transitorio (que afecta a la culpabilidad).

Estados de inconsciencia

En los supuestos de estados de inconsciencia hay ausencia de dominio voluntario sobre el propio cuerpo, pues el sujeto se haya inconsciente. Pueden darse los siguientes casos: sueño, narcolepsia, sonambulismo, desvanecimientos, embriaguez letárgica o narcosis extrema, ataque epiléctico con pérdida de conciencia, hipnosis (siempre que el hipnotizado esté completamente bajo el control del hipnotizador, que sería en este caso autor mediato). Tipicidad, pues su concurrencia en definitiva llevará a negar la propia existencia de una “conducta humana” con relevancia penal.

Sentencia: N° 869 de fecha 03 de julio de 2009.
Tema: Proceso
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: La Sala aclara el carácter no contencioso del procedimiento de consignaciones arrendaticias.

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En el marco de las relaciones jurídicas contractuales que se materializan entre particulares como sujetos del derecho privado, suelen generarse una serie de incumplimientos entre las partes, que consecuencialmente pueden derivar en un daño a la reputación y honor de la sociedad mercantil; a este daño se le he atribuido el carácter de “empresarial”

Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número RC.000315 de fecha 12 de junio de 2013,  con ponencia de la Magistrada Dra. Yraima Zapata Lara, estableció que el daño extrapatrimonial en las personas jurídicas que origina el daño moral, ocurre cuando se ha visto afectada su reputación, nombre, imagen, marca y/o fama de sus productos o servicios.

Por su parte el tratadista Eduardo Zannoni, lo ha definido como  “el menoscabo o lesión de intereses no patrimoniales provocado por el evento dañoso, es decir, por el hecho o acto antijurídico”.

En legislaciones foráneas tales como la argentina, se ha planteado la interrogante de si existe la posibilidad de que se declare la procedencia o no del daño moral empresarial, y de ser así, cuáles serían los parámetros aplicables al caso, y que criterios deben tomarse al momento de cuantificar el daño causado a la sociedad mercantil. En ese sentido la Dra. Blanca Casado Andrés señala:

Últimamente, el Tribunal Supremo tiende a indemnizar dentro del ropaje de los daños morales, las posibles pérdidas patrimoniales que se hayan podido producir en las empresas o sociedades mercantiles. De esta manera se establece la inclinación del Alto Tribunal de reconducir por la vía de la indemnización al daño moral, el resarcimiento de los perjuicios patrimoniales que se hubieran podido ocasionar, cuando éstos resultan difíciles de probar, en particular, cuando se trata de empresas.

Muchos autores han realizado fuertes críticas a esta tendencia jurisprudencial habida cuenta que de esta manera se están confundiendo como daños morales lo que realmente son daños patrimoniales, lo que imposibilita el control externo de los criterios jurisprudenciales a la hora de establecer el quantum indemnizatorio de los daños9.

Si bien es cierto, hay que reseñar que el Tribunal Supremo tampoco tiene un criterio unívoco en el tratamiento de la cuestión. En efecto, a modo de ejemplo citamos algunas sentencias de la Sala 2ª (Sala de lo Penal) que consideran que una persona jurídica no puede sufrir daños morales, entre otras, STS de 22 de mayo de 200010, STS de 11 de septiembre de

Por otro lado, la manera de fundamentar la concesión o no de la indemnización por daño moral varía mucho de unas sentencias a otras así, la STS (Sala 2ª) de 24 de febrero de 200512, argumenta en contra del daño moral apoyándose en que la normativa reguladora de la responsabilidad civil en el Código Penal excluye la reparación del daño moral de una persona jurídica, no en el sentido que expresan los artículos 110 y 113 CP que señalan que la responsabilidad civil comprende, entre otros conceptos, la indemnización de los perjuicios materiales y morales, sino teniendo en cuenta la doctrina sentada por la célebre STC 139/1995, de 26 de septiembre que reconoce la titularidad del derecho al honor a una sociedad mercantil solo en su faceta objetiva (reputación) no en cuanto su faceta subjetiva (sentimiento o estima)

En Venezuela, no se reconoce por vía legislativa el daño moral empresarial, toda vez que el código civil (1982), establece que:

Artículo 1.196.– La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito. El Juez puede, especialmente, acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación, o a los de su familia, a su libertad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada. El Juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes, afines, o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima”

Es evidente que el legislador venezolano, no previó la figura del daño moral empresarial, ya que primigeniamente ha sido una institución dirigida a resarcir los daños de naturaleza “personal, espiritual” que un particular ha sufrido por el hecho ilícito cometido por otro. Sin embargo, el derecho avanza conforme a las sociedades y a sus necesidades históricas, y por ende, las nuevas tendencias jurisprudenciales en algunas legislaciones, han comenzado a reconocer, que las sociedades mercantiles, en el ejercicio de sus giros comerciales, pueden verse afectadas moralmente, por actuaciones fraudulentas e ilícitas perpetuadas por una persona natural o jurídica.

Nuestro máximo tribunal en decisión N° 315 de fecha 12 de junio de 2013, caso: Servicio de Aguas Negras Estancadas, C.A. (SERVIDANE), y otro, contra Industria Venezolana de Saneamiento, C.A. (INVESA) y otro; no solo reconoce la existencia del daño moral empresarial, sino que además, define el alcance del mismo, y establece la forma en la que debe calcularse la indemnización por la afectación que ha sufrido la sociedad mercantil, y al respecto dictó lo siguiente:

“…la Sala considera necesario señalar que en el eventual daño moral sufrido por personas jurídicas, el juez no puede motivar la cuantificación de la indemnización con la doctrina establecida para el cálculo de la indemnización del daño moral en personas naturales, pues en el ente moral el perjuicio afecta su reputación y nombre como sociedad civil o mercantil, no puede, por ende, tener un carácter espiritual o sicológico como ocurre en el ser humano”

En la Citada Sentencia la Sala de Casación Civil afirmó que: “los supuestos establecidos para cuantificar el daño tiene que estar relacionados con los perjuicios causados por el hecho ilícito”. En la misma se determinan supuestos de hecho que deben llenarse para la procedencia y cuantificación del daño, la Sala de Casación Civil afirmó que:

Los supuestos establecidos para cuantificar el daño tiene que estar relacionados con los perjuicios causados por el hecho ilícito. En tal sentido, al juez establecer los parámetros para la cuantificación del monto deberá considerar: 1) La fama del producto, marca, imagen, signo o servicio que tuvo el ente moral o su producto o servicio antes del hecho ilícito y la que tiene después de la ocurrencia del hecho ilícito; 2) La trascendencia que tuvo en el consumidor y/o clientes y en el mercado del lugar donde ocurrió o se difundió el hecho ilícito y sus consecuencias actuales; y 3) Cualquier otro señalamiento que considere para establecer la escala de valores que tomó en cuenta para determinar la indemnización del daño, de manera que exista una relación lógica entre daño extrapatrimonial y la indemnización establecida por el juez.”

Igualmente, la Sala consideró necesario señalar que, “en el eventual daño moral sufrido por personas jurídicas, el juez no puede motivar la cuantificación de la indemnización con la doctrina establecida para el cálculo de la indemnización del daño moral en personas naturales, pues en el ente moral el perjuicio afecta su reputación y nombre como sociedad civil o mercantil, no puede, por ende, tener un carácter espiritual o sicológico como ocurre en el ser humano.”

A pesar de que ha habido un reconocimiento expreso de esta figura, existen diversas corrientes doctrinarias respecto a esta novedosa tendencia del Tribunal Supremo en la que se indemniza por concepto de daños morales, aquellas pérdidas de carácter económico que hayan podido sufrir las sociedades mercantiles, teniendo lugar así un resarcimiento de los perjuicios patrimoniales causados en la mercantil; hay quienes consideran que eso no hace otra cosa que confundir el daño moral con lo que en realidad son daños patrimoniales.  Además de la dificultad que se le presenta al operador de justicia al momento de cuantificar el daño moral ocasionado a la empresa. Leer el resto de esta entrada »

A lo largo de la historia los penalistas han elaborado diferentes sistemas de la teoría del delito que ordenan de forma diferente sus distintos elementos. En la actualidad, aunque existen muchas variaciones predominan dos sistemas básicas: el sistema finalista y el sistema causalista.

Ambos sistemas parten de una descripción similar del delito, como conducta típica, antijurídica y culpable, descripción secuencial en la que la ausencia de uno de los elementos impide ya plantearse la presencia de los posteriores (por ejemplo si una conducta no es típica, ya no podrá afirmarse la existencia de un delito sin necesidad de constatar si es antijurídica y culpable). Las diferencias entre el causalismo y el finalismo radican en el contenido concreto que otorgan a cada categoría.

– SISTEMA CAUSALISTA DE LA TEORÍA DEL DELITO

El sistema causalista surge a finales del siglo XIX, tratando de adaptar la teoría del delito al método empleado por las ciencias experimentales, aunque ha ido sufriendo notables modificaciones a lo largo de su evolución. En esencia, concibe la acción humana como un fenómeno causal que produce un resultado. Si esa acción (por ejemplo, matar) y ese resultado (por ejemplo, la muerte) están descritos en un tipo penal (por ejemplo, homicidio) y no concurre ninguna causa de justificación prevista en la ley (por ejemplo, legítima defensa ), podrá afirmarse que dicha conducta es típica y antijurídica (el resultado -muerte- supone una afectación del bien jurídico protegido en el homicidio -vida humana independiente- prohibida por el ordenamiento).

La valoración del comportamiento del sujeto no se realiza hasta llegar al elemento culpabilidad, en el que se analiza si quería y sabía lo que hacía (dolo-imprudencia), si se encontraba en una situación psíquica normal (imputabilidad), si era consciente de que su comportamiento es ilícito (conocimiento de la antijuricidad del hecho) y si el ordenamiento le podía exigir que se comportara de un modo ilícito (exigibilidad).

– SISTEMA FINALISTA DE LA TEORÍA DEL DELITO

El sistema finalista surge a mediados del siglo XX como consecuencia de la teoría de la “acción final” elaborada por Welzel: la conducta humana no es un mero fenómeno causante de un resultado, pues los humanos actuamos siempre con una determinada finalidad, y esa finalidad debe ser objeto de valoración ya cuando se analiza la acción del sujeto, esto es, en la tipicidad (por ejemplo, a la hora de determinar si el sujeto realizó una conducta típica de homicidio, debe averiguarse si actuó con dolo -tipo de homicidio doloso o al menos con imprudencia; si su comportamiento no fue ni doloso ni imprudente, deberá afirmarse que no fue típico, y por tanto ya no será necesario plantearse si es antijurídico y culpable). Por otro lado, la diferente finalidad que guía al sujeto que actúa dolosamente (sabe lo que hace y decide hacerlo) frente al que actúa imprudentemente (no quiere producir el resultado e incluso puede no saber lo que hace) merece una diferente valoración de su hecho; de ahí que los componentes de la antijuricidad sean también distintos en el tipo doloso y el tipo imprudente (en ambos hay un mismo desvalor de resultado -la muerte-, pero el dolo conlleva un mayor desvalor de acción que la imprudencia).

En este esquema, el elemento culpabilidad se centra en determinar si el comportamiento típico y antijurídico es atribuible y reprochable al sujeto, porque en el momento de actuar era plenamente capaz de entender la ilicitud de dicho comportamiento (imputabilidad -no lo sería si por ejemplo si el sujeto es un niño incapaz de entender que “matar está prohibido”), actuó conociendo dicha ilicitud (conocimiento de la antijuricidad del hecho -no lo tendría si el sujeto creía que actuaba en legítima defensa) y el ordenamiento le podía exigir que actuara de otro modo (exigibilidad -no la habría por ejemplo si el sujeto actuó con miedo insuperable).

El Código Civil en el Artículo 1592 establece que la prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación, por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley.

De esta manera se distingue en esta institución en dos clases a saber, entonces que en el Derecho Civil existe la prescripción adquisitiva es la forma de adquirir un derecho; y la prescripción extintiva, es el medio de libertarse de una obligación.

Por su parte la caducidad es una sanción jurídica procesal prevista en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. La caducidad de la acción está establecida en nuestro Código de Procedimiento Civil como una de las cuestiones previas en el ordinal 10 del artículo 346 como:

“Dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, podrá el demandado en vez de contestarla promover las siguientes cuestiones previas:

(…)

10°. La caducidad de la acción establecida en la ley.

En virtud de la cual, el transcurso del tiempo fijado por la Ley, para la validez de un derecho, acarrea la inexistencia misma del derecho que se pretende hacer valer con posterioridad.

Ambas instituciones suelen confundirse al momento de ejercer una acción procesal, por el alcance de las mismas y supuestos de procedencia y aplicabilidad, su naturaleza ab initio es la misma, ya que ambas fungen como indicativos para computar los lapsos procesales en el momento en que deben ejercer una acción o un derecho.

Entre las diferencias más resaltantes tenemos que:

CADUCIDAD PRESCRIPCIÓN
Es una institución sancionatoria a la inactividad o a la actividad extemporánea Es una institución mediante la cual se puede adquirir un derecho o libertarse de una obligación.
Es un lapso fatal que no puede ser interrumpido Puede ser interrumpida por cualquier actuación de la parte a quien afecte
Los lapsos de caducidad se cumplen en días feriados o no hábiles. Los lapsos de prescripción se materializan únicamente en los días hábiles o de despacho.
Los lapsos de caducidad no son objeto de convención antes de su cumplimiento. Se puede renunciar a los lapsos de prescripción por convenio entre las partes.
El juez puede decretar de oficio la caducidad. La prescripción solo puede ser alegada por las partes.
La caducidad no puede ser suspendida. El lapso de prescripción puede suspenderse y volverse a reanudar.
Con la consumación de la caducidad se pierde el derecho de ejercer la acción. Mientras que al consumarse la prescripción, no se pierde el derecho a ejercer nuevamente la acción.

El Código Civil vigente, distingue con toda precisión lo que es un término de prescripción y lo que es un término de caducidad, así como también consagra únicamente la caducidad para ciertos actos jurídicos, como son las disposiciones testamentarias; no empleando en su articulado la palabra caduca, refiriéndose al ejercicio de acciones, sino que cuando emplea la misma es con relación a la cesación de los efectos jurídicos de un acto determinado. -Indudablemente, que el legislador venezolano, cuando consagra un término de prescripción para el ejercicio de una acción, emplea categóricamente el vocablo “prescribe”, como puede verse en los artículos 136, 952, 888, 1011, 1018, 1019, 1020, 1028, 1068 1469, 1461, 1464, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1986 del Código Civil.- Igualmente, el Legislador establece un término que es de prescripción en el artículo 1346 del Código Civil, que es el relativo a las acciones de nulidad. Y si en los diferentes presupuestos que tiene este último artículo, que prevé un término de prescripción, no emplea en su contenido el término “prescribe”, es sin equivocación alguna un término de prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad o rescisión que dura cinco años, porque su ejercicio está sujeto a las reglas generales relativas a la interrupción o suspensión del curso de las prescripciones, por haberlo dispuesto claro y terminante el legislador en el contenido del artículo, ya que en la primera parte de éste se consagra: “La acción para pedir la nulidad de una convención dura cinco años, salvo disposición especial de la ley.

Este tiempo no empieza a correr en caso de violencia, sino desde el día en que ésta ha cesado; en caso de error o de dolo desde el día en que han sido descubiertos; respecto de los actos de los entredichos o inhabilitados, desde el día en que haya sido alzada la interdicción o inhabilitación; y respecto de los actos de los menores, desde el día de su mayoridad.

-El legislador venezolano, cuando consagra un término de caducidad para el ejercicio de la acción, emplea indistintamente los siguientes vocablos: “No se admitirá la demanda”. “Puede dentro”. “No es admisible la demanda”. ‘No podrá impugnarse”. “No pueden promoverse”. “No se puede intentar”. “Tendrán dos meses para impugnar”. “Dicha acción no pueden intentarla”. “Podrá impugnar dentro”. “Durante”. “Pasados”. ‘Esta acción se extingue’. “Dentro del perentorio plazo”. “Pasado”. “Deben intentarse dentro”. “Se entable”. “Dentro”. “Debe intentarse”. “En el término de tres meses”. “Con tal que haya ejercido su acción en el término”. “Que se ejerza la acción”. “Esta acción dura”. “Dentro”. “No puede intentarse ni continuarse”. “Vencido este plazo”. “Si dentro”. “Si en los”. “Dentro del término”. “Sino al fin”. “Si en esta”, como puede verse en los artículos 43, 782, 783, 785, 117, 118, 120, 124, 203,204, 123, 218, 260, 565, 799, 803, 1045, 1052, 1065, 1281, 1500, 1532, 1637, 1663, 1871, en sus numerales 4» y 6f, 1279,1281, 1865, único aparte del 1464, 1019, 1020, 1030, 1031 y 1019 del Código Civil. Por todo lo expuesto, puede colegirse que cada vez que el Código Civil venezolano señala un término para ejercitar una acción, declara terminantemente a la vez si se trata de una prescripción o bien de una caducidad, de ello han tenido especial cuidado, nuestros legisladores, pues siendo diversas las consecuencias de una y otra, se discutiría frecuentemente ante el Juez, si la ley quiso establecer una caducidad o una prescripción. Leer el resto de esta entrada »