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Imagen  —  Publicado: abril 11, 2016 en INFORMACIÓN VARIADA

CONSIDERACIONES SOBRE LA TEORÍA DE LAS CARGAS PROBATORIAS DINÁMICAS. ADEMÁS SE SUGIERE QUE DEBE SER APLICADA EN LO ADELANTE DE FORMA EXCEPCIONAL, DESAPLICANDO POR INCONSTITUCIONAL LA NORMA QUE REGULA LA CLÁSICA DISTRIBUCIÓN DE LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL (SALA DE CASACIÓN CIVIL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/consideraciones-sobre-la-teoria-de-las.html

PODER EJECUTIVO VS. ASAMBLEA NACIONAL: 17 SENTENCIAS QUE DEMUESTRAN HACIA DÓNDE SE INCLINA LA BALANZA JUDICIAL.

http://www.franciscosantana.net/2016/05/poder-ejecutivo-vs-asamblea-nacional-17.html

MINISTERIO PÚBLICO CREA LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL: CONOCE SUS COMPETENCIAS Y FUNCIONES.

http://www.franciscosantana.net/2016/05/ministerio-publico-crea-la-direccion-de.html

DECLARADA INCONSTITUCIONAL LA LEY DE REFORMA DEL TSJ (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/declarada-inconstitucional-la-ley-de_5.html

DECLARADO INADMISIBLE UN RECURSO DE NULIDAD PROPUESTO CONTRA LA DESIGNACIÓN DE UN MAGISTRADO AL T.S.J, POR PROPONERSE “SOBRE LA BASE DE CONJETURAS AISLADAS SIN FUNDAMENTO OBJETIVO Y APRECIACIONES PERSONALES, QUE NO PUEDEN SER VALORADAS POR ESTA SALA, POR CUANTO SE BASAN EN LA MERA REPRODUCCIÓN DE EXPRESIONES COMUNICACIONALES” Y CONTENER MENCIONES “OFENSIVAS E IRRESPETUOSAS” (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/declarado-inadmisible-un-recurso-de.html

AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA TRAMITAR PASAPORTE; DERECHO A LA NACIONALIDAD; DOBLE NACIONALIDAD Y MÚLTIPLES NACIONALIDADES. SENTENCIA VINCULANTE QUE ANTE EL SUPUESTO DE QUE UNA PERSONA OSTENTE MÚLTIPLES NACIONALIDADES Y UNA DE ELLAS SEA LA VENEZOLANA, SERÁ ÉSTA LA QUE TENGA PREVALENCIA EN TODO LO CONCERNIENTE AL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

http://www.franciscosantana.net/2016/05/autorizacion-judicial-para-tramitar.html

SALA CONSTITUCIONAL PROHÍBE EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES EN LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CUYA PENA EXCEDA LOS 10 AÑOS, CONSIDERANDO QUE LA PRESUNCIÓN DE FUGA EN ESOS CASOS NO ADMITE PRUEBA EN CONTRARIO.

http://www.franciscosantana.net/2016/05/sala-constitucional-prohibe-el.html

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA SENTENCIA, LOS RECURSOS Y EL PLAZO QUE HA DE SER GARANTIZADO POR LOS JUECES PARA LAS “FACULTADES Y CARGAS” DE LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/consideraciones-acerca-de-la-sentencia.html

ADMISIÓN DE DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA NORMA QUE SOLO REGULA EL MATRIMONIO HETEROSEXUAL (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/admision-de-demanda-de.html

REFERENDUM REVOCATORIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/05/referendum-revocatorio-interpretacion.html

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En definitiva, la cuestión que hoy nos plantea la culpabilidad no tiene solución: Si no sabemos para qué se pena, no podemos saber cómo penar y la expresión «culpabilidad» no ha hecho más que dar un nombre a una disputa teórica. Esta disputa oculta una disputa de dogmas, que son las diferentes teorías de la pena. Los dogmas de la pena no tienen contenido real, pues son meras construcciones jurídicas que legitiman una práctica burocrático-judicial Ningún dato de realidad social confirma que la pena cumpla alguna función preventiva general o especial. Por el contrario, los datos sociales indican que el poder punitivo tiene efecto reproductor. Como la pena se construye conceptualmente fuera de todo dato de realidad, una tendencia pretende construir una culpabilidad a la medida de los requerimientos de sus dogmas elegidos sin ningún contacto con los datos antropológicos. Eso, en definitiva, es una renuncia a la culpabilidad, por el camino de su reemplazo por la ficción.

Una culpabilidad a la medida de la prevención general, positiva o negativa, o de la prevención especial, es una «no culpabilidad». La juridización total del contenido de la culpabilidad es la negación de la esencia de la misma y también la negación de la esencia del concepto del derecho, entendido como un orden normativo dirigido a personas, o sea, a entes responsables por capaces de determinarse conforme a sentido.

Creemos que esto no es más que otra prueba de que el discurso jurídico-penal legitimante no es compatible con las ideas angulares del jushumanismo. La aislada propuesta de abandonar la culpabilidad para reemplazarla por un «principio de proporcionalidad» tiene la virtud de ser más sincera en este planteo, pero deja la situación tal  como la había hallado.

La clave explicativa de esto radica en que la práctica punitiva no es racional y en que el ejercicio de poder penal es un puro ejercicio de poder que no es susceptible de legitimación. La pretensión de legitimar una práctica de poder irracional no puede menos que ignorar los datos de realidad que no son susceptibles de comprenderse en términos racionales. En el injusto, el discurso jurídico-penal puede mantenerse sobre carriles menos irracionales y generar mayores acuerdos, porque la teoría del injusto cumple la función de individualizar y circunscribir conflictos, pero cuando se trata de particularizar el conflicto en profundidad respecto de un autor concreto y decidirlo, como el modelo penal no permite resolverlo (dado que le falta una de las partes del conflicto, que nunca logró reemplazar satisfactoriamente el soberano), su racionalidad se quiebra. La ficción básica de solución que proviene de la «confiscación» del conflicto (expulsión de la víctima) impide la entrada de los datos de la realidad, hasta el punto de llevarle a renunciar a un dato elemental del derecho, esto es, a apartar al hombre como persona.

La crisis de la culpabilidad es el resultado del fracaso del discurso jurídico-penal en su empresa por legitimar un ejercicio de poder sustancialmente irracional y que se asienta sobre una ficción de solución de conflictos.

Su insuficiencia explicativa no es más que una muestra  de la imposibilidad de su empresa: no puede ignorar por mucho tiempo más la realidad, porque ha llegado al extremo de negar al propio derecho.

Es imposible salvar el concepto del derecho mediante la afirmación de que las cosas no son como los penalistas dicen que son, pero los efectos penales son como no son.

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TSJ-LOGO

Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Contenido del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas

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La tendencia a convertir a la culpabilidad en un concepto jurídico relleno también jurídicamente en base a otro principio de igual naturaleza, se pone de manifiesto también por otra vía diferente. Ya vimos como se expresa a partir del dogma de la prevención general Pues bien: otro sendero análogo se recorre por la ruta del dogma de la prevención especial Según esta corriente, la libre voluntad no sería una realidad, sino un «principio jurídico regulativo». La Constitución y el derecho en general, al considerar al hombre como libre y responsable, no tomarían partido en la cuestión filosófica, sino que consagrarían un principio regulativo.

Las intervenciones punitivas, desde este ángulo, no se justificarían de otro modo que «político-criminalmente», o sea, en función de una simple necesidad preventiva, donde la medida de la culpabilidad sólo serviría como límite. De allí que no haya necesidad de que la pena siempre alcance el límite de la culpabilidad.

Se han formado varias críticas a esta posición. En principio, su más claro expositor —Roxin— parte de la indemostrabilidad de la libre determinación en función de un criterio de verdad científico-empírico. Siendo ello así, la libertad sería una suerte de ficción o de presunción. Un límite ficticio, creado por el derecho en la forma de «principio regulativo», no tendría más límite que el impuesto por él mismo y, en la medida que no abarque una realidad o se refiera a ella, quedaría «autosostenido». Nadie puede medir una ficción, simplemente porque la ficción es una «no realidad».

Todo esto debe ser entendido, sin perjuicio de considerar también que la libertad y la responsabilidad del hombre, en el plano jurídico constitucional y político, no parece responder a una ficción.

Es algo bastante grave considerar que la dignidad del hombre, consagrada en las constituciones y en los documentos universales y regionales de Derechos Humanos se asienta en una ficción y no en la vivencia de responsabilidad real y efectiva.

La diferencia entre un totalitarismo y una democracia quedaría reducida a una elección, en que el primero rechazaría y la segunda aceptaría un mero principio jurídico regulativo.

La propia jurisprudencia alemana parece afirmar la realidad del contenido de la culpabilidad, al considerar que la pena perpetua no era adecuada a ella en alguna hipótesis de asesinato y con razón se ha preguntado si el legislador puede ser tan omnipotente como para decidir apoyarse en un sentimiento —que en definitiva sería un error— para considerar justa la imposición de una pena.

Parece bastante contradictoria la tentativa de asentar la pena sobre la prevención especial (que es tan dogmática como la general), basándose en el determinismo, para luego limitarla en función de una ficción indeterminista. Leer el resto de esta entrada »

SPA DECLINA EN LA SALA CONSTITUCIONAL EL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA DE NULIDAD PLANTEADA CONTRA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS AL TSJ

http://www.franciscosantana.net/2016/04/spa-declina-en-la-sala-constitucional.html

JUZGAMIENTO EN VENEZUELA DE DELITOS COMETIDOS POR NACIONALES EN EL EXTRANJERO. PRINCIPIO DE EXTRADITAR O JUZGAR (SALA DE CASACIÓN PENAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/juzgamiento-en-venezuela-de-delitos.html

MIENTRAS TANTO, EN VENEZUELA: SE DECLARA A “EL CONUCO” COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL (INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/resolucion-que-declara-el-conuco-como.html

DECRETO N° 2.294, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARAN LOS DÍAS VIERNES COMO NO LABORABLES PARA EL SECTOR PÚBLICO, A PARTIR DEL 08 DE ABRIL DE 2016 (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/decreto-n-2294-mediante-el-cual-se.html

EL PERICULUM IN DAMNI SÓLO PUEDE EXIGIRSE PARA EL DECRETO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS Y NO CON LAS NOMINADAS EN DONDE BASTA CON ACREDITAR EL FUMUS BONIS IURIS Y EL PERICULUM IN MORA. AMPARO CON LUGAR (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/el-periculum-in-damni-solo-puede.html

JORNADAS SOBRE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO CARABOBO, VALENCIA, 26 Y 27 DE MAYO DE 2016

http://www.franciscosantana.net/2016/04/jornadas-sobre-derecho-procesal-penal.html

11 SENTENCIAS SOBRE DIVORCIO/SEPARACIÓN DE CUERPOS QUE DEBES CONOCER

http://www.franciscosantana.net/2016/04/11-sentencias-sobre-divorcioseparacion.html

SUSPENSIÓN CAUTELAR DE VARIOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE INTERIOR Y DEBATES DE LA ASAMBLEA NACIONAL (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/suspension-cautelar-de-varios-articulos_64.html

LOS JUECES DE JUICIO DEBEN “PROCURAR LA COMPARECENCIA DE LOS ÓRGANOS DE PRUEBA, BIEN SEA A TRAVÉS DE LA CITACIÓN POR CUALQUIER MEDIO O POR LA VÍA DEL MANDATO DE CONDUCCIÓN A LOS EFECTOS DE RENDIR SU DECLARACIÓN; ASIMISMO, ES DEBER DEL MINISTERIO PÚBLICO, ENTRE OTROS, COMO PROMOVENTE DEL MEDIO DE PRUEBA, APORTAR LOS DATOS PRECISOS PARA LA UBICACIÓN DE LOS EXPERTOS, EXPERTAS Y TESTIGOS; ES DECIR, QUE DICHA TAREA NO RECAE SOLAMENTE EN EL JUEZ O JUEZA DE INSTANCIA, PUES LA FINALIDAD DEL DEBATE ORAL Y PÚBLICO ES DETERMINAR, CON LOS ÓRGANOS DE PRUEBA QUE HUBIESEN SIDO EVACUADOS, LA CULPABILIDAD O LA INOCENCIA DEL PROCESADO” (SALA DE CASACIÓN PENAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/los-jueces-de-juicio-deben-procurar-la.html

FASES DEL JUICIO DE PARTICIÓN. VICIO DE REPOSICIÓN NO DECRETADA. (SALA DE CASACIÓN CIVIL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/fases-del-juicio-de-particion-vicio-de.html

CONFESIÓN FICTA: REQUISITOS CONCURRENTES (SALA DE CASACIÓN CIVIL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/confesion-ficta-requisitos-concurrentes.html

EL RECURSO DE CASACIÓN EJERCIDO DE FORMA ANTICIPADA DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO (SALA DE CASACIÓN PENAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/el-recurso-de-casacion-ejercido-de.html

CORTES DE APELACIONES DEBEN SER CUIDADOSAS EN ASEGURAR LA NOTIFICACIÓN EFECTIVA DE LAS PARTES (SALA DE CASACIÓN PENAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/cortes-de-apelaciones-deben-ser.html

RESULTA INADMISIBLE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO PRESENTADA POR EL PADRE DEL IMPUTADO (SALA DE CASACIÓN PENAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/resulta-inadmisible-la-solicitud-de.html

EXHORTO AL MINISTERIO PÚBLICO POR OMITIR PROMOVER PRUEBAS FUNDAMENTALES PARA “DEMOSTRAR LOS HECHOS AFIRMADOS EN LA ACUSACIÓN”. (SALA DE CASACIÓN PENAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/exhorto-al-ministerio-publico-por.html

NO TRASPASA LOS LÍMITES RACIONALES DE SU ACTIVIDAD EL JUEZ QUE NIEGUE LA INTERVENCIÓN DE UN ABOGADO QUE NO ACREDITE SU INSCRIPCIÓN PROFESIONAL CON EL CARNET ORIGINAL (SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/no-traspasa-los-limites-racionales-de.html

CONSIDERACIONES SOBRE LAS CARTAS ROGATORIAS. DIFERENCIAS ENTRE CITACIÓN Y NOTIFICACIÓN (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/consideraciones-sobre-las-cartas.html

“CUANDO EN SEGUNDA INSTANCIA SE ACUERDEN ALGUNAS DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NEGADAS POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA, EL JUEZ DE ALZADA ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE REGRESAR EL CUADERNO DE MEDIDAS AL JUZGADO DE COGNICIÓN, PARA QUE SE CONTINÚE SUSTANCIANDO LAS MEDIDAS Y PUEDA LA PARTE CONTRA QUIEN OBRE OPONERSE A ELLA Y SE DÉ CURSO A LA ARTICULACIÓN PROBATORIA (HAYA HABIDO O NO OPOSICIÓN) PARA QUE LOS INTERESADOS PROMUEVAN Y HAGAN EVACUAR LAS PRUEBAS QUE CONVENGAN A SUS DERECHOS”. (SALA DE CASACIÓN CIVIL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/cuando-en-segunda-instancia-se-acuerden.html

SÚPER SALA CONSTITUCIONAL: REVISA SENTENCIA Y DECLARA SIN LUGAR UN RECURSO DE CASACIÓN CIVIL (CASO MERCANTIL BANK CURAÇAO)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/super-sala-constitucional-revisa.html

LA FIRMA DE LA PARTE EN EL LIBRO DE PRÉSTAMOS DE CAUSAS PUEDE CONSIDERARSE COMO UN MEDIO DE NOTIFICACIÓN TÁCITA (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/la-firma-de-la-parte-en-el-libro-de.html

“AL JUEZ CONSTITUCIONAL ÚNICA Y EXCEPCIONALMENTE LE CORRESPONDE EL EJERCICIO DEL DENOMINADO CONTROL EXTERNO DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL”. (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/al-juez-constitucional-unica-y.html

AMPARO POR OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO: ¿CUÁLES DOCUMENTOS DEBE ACOMPAÑAR EL ACCIONANTE COMO PRUEBA DE LA OMISIÓN? (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/amparo-por-omision-de-pronunciamiento.html

AMPARO CON LUGAR POR REPOSICIÓN INÚTIL Y VIOLACIÓN DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (SALA CONSTITUCIONAL)

http://www.franciscosantana.net/2016/04/amparo-con-lugar-por-reposicion-inutil.html

 

Ante las dificultades que presenta un concepto filosófico para ser cuantificado psicológicamente (catástrofe epistemológica generada por la confusión de niveles de análisis), por un lado comenzó a abrirse paso la tendencia a la construcción normativa del contenido de la culpabilidad, o sea, a reducir a la misma al reproche jurídico de un objeto jurídico, lo que no es más que la consagración de la arbitrariedad judicial en nombre de una prevención general que tampoco nadie conoce, en tanto que, por otro lado, se volvió a postular el abandono del concepto mismo de culpabilidad.

A partir de la premisa de que las alternativas a la acción serían una hipótesis indemostrable y que la culpabilidad no parece ser el fundamento para la imposición de la pena sino el límite que la administración de justicia necesita para la imputación subjetiva, lo que en definitiva se plantea es la búsqueda de un «principio de proporcionalidad» {Verhdltnismassig-keitsgrundsat¿¡, que permanece como un problema sin resolver. De allí que la tarea sería la búsqueda y profundización de este principio, que reemplazaría a la culpabilidad.

Este principio de proporcionalidad, no obstante, queda sumamente nebuloso, porque, o bien se ancla en una proporcionalidad con el contenido del injusto, o bien vuelve a caer en una construcción artificial en función de limitados datos normativos escogidos a voluntad que, aunque no se llamen «culpabilidad», no pasarían de ser otra construcción jurídica de reemplazo. Siempre que nos mantengamos en la pretensión de legitimar la pena y el poder punitivo, tan poco razonable resulta fabricar una libertad «jurídico-penal» como tomar en cuenta más o menos los mismos elementos con que fabricamos ésta y bautizarla de otra manera.

A nuestro juicio, el mérito de quienes postulan el reemplazo de la culpabilidad por el principio de proporcionalidad estriba en que subrayan adecuadamente la función encubridora que cumple el concepto manipulado de la culpabilidad en el discurso legitimante del poder punitivo: destacan acertadamente que la culpabilidad, en ese discurso, al centrar la atención sobre el autor, sustrae al conflicto del marco dé la interacción social, implicando la consagración jurídica de la teoría del «chivo expiatorio».

Sin embargo, un reemplazo de la culpabilidad por una «proporcionalidad» con algunos caracteres subjetivos y objetivos del delito, no eliminaría la realidad del «chivo expiatorio» en el plano social, sino que sólo se limitaría a ignorarla en el jurídico, lo que, por cierto, no resuelve el problema del valor deslegitimante que la teoría del «chivo expiatorio» tiene sobre el discurso jurídico-penal.

Con ocasión de la reforma del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico (2007, 2010) se hace necesario actualizar la publicación de quien suscribe sobre el tema tiempo atrás.

En primer lugar, la Asamblea Nacional aprobó una ley de reforma del mencionado Decreto Ley por vía de la llamada popularmente Ley Habilitante; esto significa que el órgano legislador asumió su competencia plena de elaborar y aprobar textos normativos en esta materia.

Al respecto se dictó la  Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico (LORSE, 2010) que “… tiene por objeto la reorganización del sector eléctrico nacional, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio en todo el país, maximizar la eficiencia en el uso de las fuentes primarias de producción de energía y en la operación del sistema, así como redistribuir las cargas y funciones de las actuales operadoras del sector.”

Está concebida con un carácter centralizado en cabeza del Poder Nacional, por órgano del Ejecutivo, toda vez que los programas, proyectos, metas y objetivos son fijados por éste dentro de un marco de planificación de la agenda energética del país, dejando poco margen a los otros niveles del Poder Público, como sería el municipal en este caso.

Crea la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) como ente para todo lo relacionado con la encargada de “… la realización de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de potencia y energía eléctrica.”; de hecho, todas las empresas prestadoras del servicio eléctrico que eran filiales de la extinta Compañía Anónima Nacional de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) deberán pasar a manos de la CORPOELEC para la unificación (fusión) en un solo ente antes del 31 de diciembre del año 2012.

Llama la atención que el legislador señaló que las disposiciones de la LORSE que sus disposiciones se aplicarán con prevalencia a las de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) la cual señala en su artículo 56 que “…son competencias del Municipio las siguientes:

1.- El gobierno y administración de los intereses propios de la vida local.

2.- La gestión que la Constitución de la República y las leyes nacionales les confieran en todo lo relativo a la vida local, en especial, la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios,…   (Subrayado mío)

Más adelante, la misma norma de la LOPPM:

“Artículo 56.- …

f.- Los servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico…” (Subrayado mío)

Por otra parte, siguiendo el postulado constitucional en su artículo 203, acerca de lo que es una ley orgánica, el Municipio encaja en los supuestos fácticos porque está inmerso dentro de los llamados poderes públicos, ya que – sobre la organización política de Venezuela – se hace mención a los municipios (artículo 16), los cuales son concebidos por el Constituyente como “…la unidad política primaria de la organización nacional…” (Artículo 168)

Sería conveniente revisar la jurisprudencia del Máximo Tribunal en relación con los vocablos “régimen” y “dotación y prestación” en lo atinente a los servicios; podría analizarse si se asemejan las máximas derivadas de casos como en telecomunicaciones y tributación local, por ejemplo, donde aquél se refiere a la organización o marco regulatorio de determinada actividad.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela alude a “régimen” en artículos como el de las competencias del Poder Público Nacional; la interpretación que se le ha dado es que – por ejemplo – cuando algo se reserva al Poder Nacional, en cuanto al régimen o marco regulatorio, es que no pueden los estados y municipios dictar normas que invadan las competencias de aquél, como sería en el ejemplo aportado el de habilitar a un particular en materia de telecomunicaciones; sin embargo, el municipio puede y debe ejercer sus competencias en áreas como la urbanística, tributaria, tránsito terrestre urbano, entre otras.

Llevando esto al sector eléctrico basta recordar que el alumbrado público es una materia típicamente local, por citar un caso; al indicar una norma las expresiones “dotación” y “prestación” de un servicio público, de lo que no escapa la electricidad, no tiene que ver con la generación o transmisión del servicio eléctrico, sino que se trata de la ejecución de actividades para llevarlo a las comunidades para su consumo final, por ejemplo.

 En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios. Leer el resto de esta entrada »