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Tradicionalmente los municipios han tenido a su cargo el alumbrado público en los espacios urbanos; una de las razones por las cuales lo ha gestionado obedece a la proximidad de atención hacia los ciudadanos.

Se puede definir como lo referente con la iluminación de espacios públicos, especialmente las vías, con el objetivo de proporcionar la visibilidad adecuada para garantizar el normal desenvolvimiento de actividades.

El alumbrado público está íntimamente ligado a temas como la circulación y tránsito de vías urbanas, la seguridad ciudadana, la cultura, el espectáculo, el turismo local y urbano, los bienes públicos, la economía, la ordenación urbanística.

Como aspecto anecdótico se asocia al combate de figuras místicas nocturnas; los cronistas municipales pueden dar cuenta de historias en las que caminantes aseveran toparse con todo tipo de formas, desde personas o animales con aspectos peculiares. Solo que ahora ello va en función de la delincuencia.

Permite a los ciudadanos circular por calles y avenidas con orden y sensación de seguridad.

De esto también se desprenden tareas de control de tráfico a partir del alumbrado, como ocurre con los semáforos, lo que permite que el cuerpo de policía no tenga que desplegar tantos efectivos para eso y dedicarlo a labores de prevención que se requieran o, de ser el caso, a la atención directa cuando se produzcan delitos. Aquí puede destacarse el uso de tecnologías de vigilancia como cámaras que transmiten en tiempo real la situación de una ubicación específica.

Desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2009) se concibe a los cuerpos de policía como órganos o entes orientados hacia actividades preventivas y control del delito, siendo uno de los servicios a prestar la vigilancia y transporte terrestre a través de las Direcciones de Vigilancia del Transporte Terrestre (DVTT).

En materia de circulación por vías públicas se suele diferenciar cuando se hace uso de autopistas de las calles y avenidas, por cuanto aquéllas competen al nivel nacional. La Ley de Transporte Terrestre (2008) incluye a las carreteras que atraviesan un estado y salgan de sus límites, así como a los puentes y autopistas dentro del esquema de vías nacionales.

Por su parte, en materia de ordenación urbanística, la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (1987), la cual tiene por objeto la ordenación del desarrollo urbanístico en todo el territorio nacional con el fin de procurar el crecimiento armónico de los centros urbanos, lo cual forma parte de la ordenación del territorio; se vincula estrechamente con la planificación urbana, que es competencia de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP), previstos por la Ley de los Consejos Locales de Planificación (2015).

Como servicio público también queda comprendido con otros pares, debiendo mencionarse el agua potable, gas doméstico, transporte urbano, entre otros, lo que amerita herramientas gerenciales.

También es común de tocar aspectos ambientales, dado que podría ocurrir la llamada contaminación por exceso de iluminación, al igual que la poda de árboles próximos a postes de alumbrado.

Un municipio, por concepto de alumbrado público, puede pagar importantes sumas de dinero, bien sea en costos al asumirlo por sí o de manera indirecta (concesiones, empresas mixtas o exclusivas, por ejemplo); esto equivale a la necesidad de contar con tecnologías que permitan el ahorro energético como en equipos.

Esto conlleva a plantearse si se cobra o no un tributo por el servicio; existen ámbitos locales donde se ha aprobado una ordenanza que lo regula en forma específica o separado del resto. Una opción ha sido mediante una tarifa plana asociado o no al impuesto de inmuebles urbanos o en vehículos.

Como marca territorial es de considerar puesto que ese puede ser elemento diferenciador, al igual de contribuir en el fomento de actividades recreacionales o históricas, por ejemplo.

Sin embargo, en Venezuela, el alumbrado público no está a cargo de los municipios – en la actualidad – por obra de una disposición legal, donde se ordena la aplicación con preminencia sobre la Ley Orgánica del Poder Público Municipal – desde su primera versión del año 2005 siendo la vigente del año 2010 – que consagra como competencia local el servicio de electricidad, el cual reproduce la norma constitucional.

En efecto, el año 2010 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para la Reorganización del Sector Eléctrico (LORSE) que “…tiene por objeto la reorganización del sector eléctrico nacional, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio en todo el país, maximizar la eficiencia en el uso de las fuentes primarias de producción de energía y en la operación del sistema, así como redistribuir las cargas y funciones de las actuales operadoras del sector.”

Esto tiene antecedentes legislativos con textos normativos como la Ley Ley Orgánica del Servicio Eléctrico (2001) o el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica para la Reorganización del Sector Eléctrico (2007), entre otros.

Aquélla crea un ente ejecutor denominado Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) para todo lo relacionado con la realización de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de potencia y energía eléctrica; de hecho, todas las empresas prestadoras del servicio eléctrico que eran filiales de la extinta Compañía Anónima Nacional de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) debieron pasar a manos de la CORPOELEC para la unificación (fusión) antes del 31 de diciembre del año 2012.

Su órgano correspondiente es el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, creado en el año 2009, estando a su cargo lo relativo al sistema y energía eléctrica, al igual que la atómica y las alternativas.

Como elemento que profundiza la descentralización el alumbrado público es excelente dado que su atención por los municipios garantiza mayor rapidez, ya que los ámbitos locales han sido concebidos para la satisfacción de necesidades a través de servicios públicos, unido a mecanismos de participación ciudadana.

Se sugiere al lector dar un vistazo a los artículos de mi autoría denominados “De las competencias municipales”, “De la Hacienda Municipal”, “Municipio y Presupuesto”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Bienes Públicos”, “Municipio y Servicios Públicos”,  “Potestad Regulatoria vs Potestad Tributaria”, “Las Empresas Municipales”, “Las Mancomunidades”, “Medios de Gestión”, “Municipio y Urbanismo”, “Municipio y Ambiente”, “La Ordenanza de Gestión Ambiental”, “El Cronista Municipal”, “Municipio y Servicio de Electricidad”, “Municipio y Ley Orgánica de Reorganización del Servicio Eléctrico”, “La Movilidad Urbana”, “Municipio y Marca Territorial”, “Municipio, Conservación y Mantenimiento de Bienes Públicos”, “Municipio, desincorporación y enajenación de bienes púbicos”, “Municipio y arrendamiento de bienes públicos”, “Municipio y Tributación”, “Potestad Tributaria vs Potestad Reguladora”, “Municipio, Transporte y Tránsito Terrestre”, “La Ordenanza de Convivencia Ciudadana”, “Municipio y Servicio de Policía, “Municipio y Seguridad Ciudadana”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley de Contrataciones Públicas”, “El Consejo Federal de Gobierno”, “El Fondo de Compensación Interterritorial”, “Autogestión y Cogestión”, entre otros; que se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información sobre lo aquí tratado.

En otra oportunidad se tocarán  tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios. Leer el resto de esta entrada »

Welzel, a partir de la observación de la acción, en sus componentes esenciales, señalaría que de ella hace parte la voluntad como su espina dorsal y es ese lugar natural, con consecuencias transcendentales para la teoría del delito.

Con base en Aristóteles y en Hartmann, cuya paternidad reconoce en la teoría de la acción finalista, Welzel parte de la observación de la acción y considera que ella parte la voluntad como algo esencial. Lo primero que hizo fue entonces criticar la concepción de la acción (de los esquemas clásicos y neoclásico) en el sentido causalista: según este concepto, para la existencia de la acción bastaría con que hubiese habido voluntariedad; que el sujeto hubiese querido algo, y como consecuencia de lo anterior, lo algo querido debía estudiarse solo en el campo de la culpabilidad. Welzel nos explica en la relación de la acción de la siguiente forma:

“Acción humana es ejercicio de la actividad final. La acción es, por eso, acontecer “Final”, no solamente “Causal”. La finalidad o el carácter final de la acción se basa en que el hombre, gracias a su saber causal, puede prever, dentro de ciertos límites, las consecuencias posibles de su actividad, ponerse, por tanto, fines diversos y dirigir su actividad, conforme a su plan, a la consecución de estos fines. En virtud de su saber causal previo puede dirigir los distintos actos de su actividad de la tal modo que oriente el acontecer causal exterior a un fin y así lo sobredetermine finalmente. Actividad final es un obrar orientado conscientemente desde el fin, sino que es la resultante causal de los componentes causales existentes en cada caso. Por eso, la finalidad es- dicho en forma gráfica- vidente, la causalidad, ciega”.

Pues bien: el contenido de la voluntad es esencial a la acción. Supongamos el caso de una enfermera que aplica la inyección con el fin de salvar a una persona, sin advertir que alguien ha cambiado la dosis benéfica por una dosis ponzoñosa y el paciente muere. En los esquemas clásicos y neoclásicos se afirma que allí hubo acción porque se modificó el mundo exterior y no se dio una vis absoluta o una situación de inconsciencia absoluta. Pero, se preguntaría Welzel, si el contenido de la voluntad de la enfermera fue el “salvar la vida”, ¿Cómo puede decirse que “hubo una acción de matar”?

En resumen: La acción supone la voluntad y ésta implica la finalidad: o como lo ha dicho uno de los más fieles seguidores de Welzel en Latinoamérica, Zaffaroni: “voluntad final” es “una expresión tautológica”. Lo que hasta aquí se ha dicho tendría una enorme importancia en toda su estructura del delito: en cuanto a la concepción del dolo, en cuanto a su ubicación en dicha estructura, en relación con la regulación del error, etc…

 

Tema: Recurso de nulidad
Materia: Contencioso Administrativo
Asunto: Telecomunicaciones. Reserva Legal. Principio de la No Confiscatoriedad. Potestad Tributaria Municipal.

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LuisaOrtegaD_1

El recurso interpuesto por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), permite la adhesión de todos los venezolanos que lo deseen mediante la consignación y firma de un documento ante dicho organismo.

El recurso contencioso electoral de nulidad conjuntamente con amparo cautelar, y, subsidiariamente, la medida cautelar innominada de suspensión de efectos de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convocada por el presidente Nicolás Maduro, busca declarar la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionadas con la convocatoria a la ANC, por considerar que el Decreto Presidencial no cumple con los extremos legales, especialmente “porque el pueblo venezolano es quien tiene la potestad de realizar dicha convocatoria”.

Para introducirlo, debe dirigirse al piso 4 del Tribunal Supremo de Justicia con su cédula laminada.

Puedes descargarlo en formato Word.

ADHESION PARTICULAR

ADHESION GENERAL

Si Deseas leer el recurso interpuesto por la Ciudadana Fiscal, puedes descargarlo aquí.

RECURSO CONTENCIOSO DE NULIDAD

Tema: Recurso de Revisión
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Prerrogativa procesal que ostenta la República. Consulta. Sentido y alcance del artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

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Reverbera por doquier  las normas del derecho que insuflan protección a nuestros derechos individuales, como lo son nuestro  derecho al trabajo,  a la libre circulación y, la última llama, la más alta, el derecho a la vida; derechos que se ven amenazados por  la presencia de “huecos” –que no lagunas jurídicas- en las vías de circulación nacional.  La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)  establece en su artículo 4 la protección del derecho a la vida, de la forma siguiente: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente…”.

Otro aspecto íntimamente relacionado con el derecho a la vida es el derecho a la integridad personal. En tal sentido el Pacto de San José establece en el artículo 5 lo siguiente: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral…”  La protección de la familia es otro  tema  interesante consagrado en el Pacto de San José, específicamente en el artículo 17: “1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado…” Por último, tenemos el derecho a la libre circulación contemplado en el artículo 22, el cual entre otras cosas reza: Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo…”  Venezuela es Estado signatario de dicha Convención. Ahora bien, ¿cuál es el busilis del asunto? Que, como ya lo indiqué al inicio, esa gama de derechos se ve amenazada a diario por la grave existencia de innumerables huecos! si, huecos…! cráteres, troneras que nos encontramos en todo lo ancho y largo de nuestras carreteras, autopistas urbanas y extraurbanas, sin que ninguna autoridad del estado, ente privado u organización no gubernamental (ONG), muestren la más mínima preocupación por la existencia brutal y exagerada de aquellos. Será que no se pueden si quiera imaginar que: si caemos completa o parcialmente en un agujero de esos, o al tratar de esquivar tal monstruosidad, puede producirnos  -a nosotros o alguno de nuestros parientes acompañantes en el vehículo- la muerte (protección a la vida), una lesión leve, grave, menos grave o gravísima (derecho a nuestra integridad física), afectándose en consecuencia nuestro derecho a acudir a los sitios de trabajo (derecho al trabajo) y  aquejando a nuestro grupo familiar (protección a la familia). Es sin lugar a dudas una situación dantesca, aniquiladora, que nos limita definitivamente el libre tránsito (derecho a la libre circulación).  Innumerables son los accidentes de tránsito ya ocurridos por ese motivo.

La desidia, el desinterés y la indolencia ante el tema es fruto del interregno, del vacío existente entre los organismos públicos entre sí y del paréntesis que separa a éstos de la empresa privada y de las mismas ONG.  Todos carecen simplemente de moral, que es siempre, por esencia, sentimiento de sumisión a algo, conciencia de servicio y obligación (José Ortega y Gasset: La Rebelión de Las Masas).

En conclusión, la permanencia de huecos, cráteres, desniveles y hundimientos en las vías de circulación vehicular, atentan contra nuestros derechos humanos. No les hagamos tan fácil la faena a los responsables. Los artículos 19, 23, 26, 29, 30 y 31 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son algunas de las normas que nos pueden ayudar a dar al traste con esa dura realidad.

Abogado.                                                                                                José Ricardo Aponte.

 


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