CRIMENES O DELITOS DE ODIO Y EL POR QUE DE SU NECESARIA INCLUSION EN LA TIPIFICACION DE NUESTRA LEGISLACION PROPUESTA A LA REFORMA DEL CODIGO PENAL Y CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL VENEZOLANO.

Publicado: julio 25, 2012 en DERECHO PENAL
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Desde el siglo pasado, la violencia motivada por la raza, religión, origen étnico, nacionalidad, género u orientación sexual de la persona sigue siendo “un serio problema”. Cabe citar las innumerables ataques en contra de grupos étnicos e inmigrantes que se han producido y se producen a diarios a nivel mundial, que han originado –inclusive- una retórica anti-inmigrante a través de la radio, televisión e Internet así como de grupos de odio opuestos a una reforma migratoria humanista. Generalmente, están dirigidos en contra del origen nacional de la víctima: Hispano-parlantes, africanos, negros, judíos, de ascendencia asiática o del Pacífico, árabes, musulmanes, y así una larga lista cuya preferencia dependerá –específicamente- de cada País.

De otro lado, vemos como se producen ataques en contra de personas que profesan una u otra religión, así como los relacionados con la orientación sexual de las víctimas e identidad de género, en los cuales –por cierto- se observa un aumento “alarmante de violencia”, y muy específicamente de “homicidios”, lo cual es un claro indicador de la vulneración de derechos humanos de las personas transexuales, transgéneros, intersexuales, gays, lesbianas, bisexuales y similares.

Estamos hablando de la conculcación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad ciudadana, así como el libre desarrollo de la personalidad y los derechos sexuales. La existencia de crímenes de odio relacionados con la orientación sexual e identidad de género expresa, además, la violación estructural del derecho a la No Discriminación de estas personas.

En esta situación inciden tanto factores coyunturales como un trasfondo cultural heterosexista, patriarcal y machista propio del ámbito regional latinoamericano. La vulnerabilidad de estas personas se ve acrecentada por el hecho de la falta de reconocimiento de una identidad legal acorde con su identidad físico-psico-social, de lo que deriva el cercenamiento de casi todos los más elementales derechos fundamentales: El derecho a la educación, a la salud, a la seguridad, al trabajo, a la libre circulación, a gozar de una vivienda digna, lo que conduce a que la gran mayoría no tenga otra opción de sobrevivencia que en el área del trabajo sexual, particularmente en la calle; hecho éste que, a su vez, acrecienta las vulnerabilidades en el área de la seguridad personal y de la salud.

Desde los años noventa, un enfoque integral de los derechos humanos incluye los derechos sexuales y reproductivos, en dos dimensiones clave para el desarrollo de la personalidad: la sexualidad y la reproducción. Ambas dimensiones del individuo deben ser contempladas de manera independiente pero se vinculan con su bienestar mental y social y su crecimiento integral. Importantes acuerdos internacionales consagraron, ratificaron y ampliaron este tipo de derechos.

Dentro de la legislación internacional de Derechos Humanos aplicada a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género, un hito importante lo constituye también los “Principios de Yogyakarta”:

PRINCIPIO 1. El derecho al disfrute universal de los derechos humanos.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los seres humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos.

PRINCIPIO 2. Los derechos a la igualdad y a la no discriminación

Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.
Todas las personas tienen derecho a ser iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley, ya sea que el disfrute de otro derecho humano también esté afectado o no. La ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación.

Adoptados en una reunión multidisciplinaria de expertos en la materia, de 25 países, realizada en la Universidad de Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, del 6 al 9 de noviembre de 2006, y relanzados oficialmente en Ginebra, en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la O.N.U el 26 de marzo de 2007.

Los crímenes de odio, que son crímenes contra los diferentes, tienen una bibliografía -ya grande- que se ha incrementado con los acontecimientos mencionados.

¿Qué son los “delitos de odio?Concepto acuñado en 1985, algunos definen los delitos de odio como crímenes motivados por el rechazo de un grupo social identificable. Generalmente se trata de grupos y las personas que los conforman, definidos por raza, religión, orientación sexual, discapacidades, etnicidad, nacionalidad, edad, género, grupo social o afiliación política. Ejemplo característico de los delitos de odio han sido el nazi-fascismo y el Ku Klux Klan, de cual se dice que deriva.Pero como suele suceder con las definiciones en el campo jurídico, ésta también depende de la voluntad dominante. Eve Gerber, por ejemplo, relata que en los Estados Unidos, donde existe The Hate Crimes Prevention Act of 1999, que los considera como delitos federales, la definición de crímenes de odio es variable en las diferentes leyes estatales que existen sobre el tema: Veintiún Estados norteamericanos incluyen la discapacidad mental o física en sus listas. Veintidós incluyen la orientación sexual. Tres Estados, y el Distrito de Columbia imponen penalidades más fuertes para los crímenes basados en la afiliación política.A cualquier definición que asuma las características generales de los crímenes de odio, podríamos agregar categorías de personas que son asesinadas o perseguidas por sus características personales, funcionales o sociales, como, por ejemplo, los ciudadanos en situación de calle (mendigos, personas con problemas mentales, menores, ciudadanos sin hogar); policías, periodistas; o a los ricos, o a la clase media, a los que usan corbata, o a quienes no comparten la misma ideología.El odio al diferente, o su desprecio, tienen múltiples variables. Hay quienes opinan que más que referirnos a ellos hoy como “crímenes de odio”, podríamos hablar de crímenes motivados por las diferencias, en virtud de que es una denominación con caracteres netamente emocionales y aparentemente al margen de concretas relaciones sociales.

Más recientemente, Venezuela fue firmante de la Declaración de la O.N.U sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, firmada por más de 66 países el 18 de diciembre de 2008, en la cual se insta a los Estados a tomar medidas efectivas para evitar la violencia y la discriminación en contra de las personas por razón de su orientación sexual y su identidad de género, así como para asegurarles el goce pleno de todos sus derechos, incluyendo el derecho a la identidad, a la salud, a la vivienda, al trabajo y al estudio.

Entre los derechos sexuales se contempla la posibilidad real y efectiva de desarrollar una sexualidad placentera, responsable, plena y sin riesgos, en condiciones de igualdad, consentimiento y respeto; el derecho a tomar decisiones autónomas y libres de coerción sobre la propia sexualidad y el propio cuerpo, incluyendo la orientación sexual y la identidad sexual; el derecho a disfrutar de un marco normativo y social equitativo que permita a todas las personas desarrollar su vida sexual en igualdad, sin ningún tipo de discriminación; el derecho a disfrutar de una salud sexual satisfactoria y a acceder a una amplia gama de servicios socio-sanitarios; el derecho a recibir una educación sexual basada en un enfoque positivo de la sexualidad; el derecho a pensar y manifestar libremente las ideas relacionadas con la sexualidad; el derecho a la protección frente a cualquier atentado, violencia o práctica perjudicial contra el propio cuerpo o la sexualidad; el derecho a estar libre de tortura o trato inhumano degradante.

La plena vigencia de los derechos sexuales implica la implementación de programas de promoción de la equidad de género, la lucha contra la violencia de género y el reconocimiento de la diversidad sexual. Todos estos elementos referidos generan desigualdad absoluta y constituyen indicios claves para dar lugar a los llamados Crímenes de Odio, los cuales tienen lugar cuando una persona ataca a otra y la elige como víctima en función de su pertenencia a un determinado grupo social, según su edad, raza, género, identidad de género, religión, etnia, nacionalidad, afiliación política, discapacidad u orientación sexual.

La manera en que los prejuicios son establecidos depende del contexto social y de los estereotipos que la misma sociedad ha ido creando. Tales prejuicios y en general la violencia que generan, tienen como causa “la necesidad de marcar diferencias entre colectividades hegemónicas y no-hegemónicas” por el miedo de los primeros de perder algunos privilegios. La unificación y la repetición de los prejuicios creados por la sociedad son una forma de legitimar los actos violentos realizados por algunos grupos específicos.

Los delitos de odio son vistos por muchos como una forma de de realizar las acciones que el Estado no tuvo la capacidad de asumir. Un ejemplo de esto podría ser el paramilitarismo que intenta establecer el orden donde el Estado no tiene presencia. De igual manera estos actos se han convertido en una forma de “violencia discriminatoria” no sólo, como ya se mencionó, contra grupos étnicos sino también muchas veces contra mujeres, siendo éstas vistas, según lo plantea Catharine A. Mackinnon en “Feminismo, Marxismo, método y Estado: Hacia una teoría del derecho feminista”, como dominadas por el género masculino. Éste es el encargado de medir la igualdad en la ley y por lo tanto será bajo el punto de vista de ellos que se mida la discriminación sexual. Siendo esta medida un tanto subjetiva, se podrían llegar a cometer crímenes de odio contra grupos de mujeres específicos, como lo son las prostitutas, sin que estos sean sancionados de manera indiscriminada sin tener en cuenta ningún prejuicio.La conducta violenta en los delitos de odio varían dependiendo del contexto y de los prejuicios que tenga una sociedad específica, pero que de igual manera está presente en todas las sociedades.Adicionalmente alrededor de los crímenes de odio inciden muchos factores donde es evidente el racismo, además de la afiliación política o disidencia. El enemigo es la víctima apropiada. El mejor ejemplo de esto lo evidencian algunos gobernantes en el mundo cuando su población es catalogada como no afecta a su ideología, como el “enemigo”. Y esto no es un arrebato ni es casual; por ello, esas personas que difieren son considerados como “no-personas”, “no-ciudadanos”, es decir, sin derecho alguno, y así todos los que disentimos somos el enemigo a destruir bien sea con los mecanismos del terror, del terrorismo judicial, de la intimidación o zozobra, o de esa impunidad a conveniencia. Más cuando se tiene poder político, hegemonía comunicacional, se está bien armado y con dinero, requiere además mantenerse en el poder mediante el control total y abusivo de las instituciones electorales, legislativas y judiciales. A todos nos compete, a todos nos alcanza, a todos nos perjudica y nos victimiza.Por tal motivo se evidencia en la realidad actual Venezolana una cacería de “enemigos”, los cuales son víctimas de venganzas particulares, y se le impide al individuo, al ciudadano, el derecho a protegerse o defenderse. Pero más allá de ver esto desde una postura política, es adecuado analizar y sustentar con pruebas que serán aportadas por organismos competentes como el C.I.C.P.C.. Y es de allí donde se deriva la necesidad social de que estos crímenes de odio sean tipificados en la legislación venezolana, a fin de dar un alto al porcentaje in creciente, de la tasa de Delitos cometidos los cuales son tratados como Crímenes Comunes, debiendo el Estado atender la situación existente antes mencionada, creando leyes contra la discriminación y, en concreto, estatutos o una tipificación contra los crímenes de odio con el fin de brindar protección especial a los grupos que se ven afectados por estas prácticas violentas.

¿Por qué los Crímenes de Odio deben ser Tipificados de forma imperativa en nuestra legislación, específicamente en el Código Penal?

Si hay algo que resaltar de la historia reciente de la humanidad, es el debate permanente y progresivo que se ha desarrollado sobre los derechos humanos, y en específico, los referidos a la libertad y a la igualdad de los individuos.

Cuando hacemos referencia a algún derecho de los denominados universalmente como “fundamentales”, debemos hacerlo de manera amplia, es decir latus sensus, bien porque el fundamento de los mismos radica o son inherentes a la dignidad de la persona, del ser humano en su más amplia acepción, (Teoría iusnaturalista) ora, porque ese fundamento simplemente se encuentre plasmado en las normas del derecho positivo que así los reconocen (Teoría iuspositivista). De allí que cuando nos referimos al derecho a la igualdad, hemos de enfocarlo como el derecho de igualdad ante la ley, de igualdad de oportunidades, de igualdad de trato; y aunque podría considerarse un tanto paradójico, debemos en el mismo sentido, favorecer al más débil, de manera de elevar su nivel de oportunidades y hacer más viable su aspiración a la igualdad.

De acuerdo con la Doctora Lolita Aniyar de Castro en su obra “Los crímenes de odio: Discurso político y delincuencia violenta en Venezuela. El respeto a las diferencias y el rol de la criminología crítica en Venezuela en los inicios del siglo XXI”.

“El reconocimiento de la diferencia solicita el reconocimiento de un tratamiento político igualitario, es decir, no discriminatorio.

Una lucha pues, por los derechos de los etiquetados como diferentes, especialmente su derecho a ser reconocido y respetado como tal, es una lucha contra la opresión, a favor de quienes, en un momento determinado, aparecen como los más débiles en una escala social.

Y una paradójica conclusión: El reconocimiento del derecho tanto a la igualdad como a la diferencia, es el reconocimiento del derecho a la libertad

Así los movimientos modernos han sido portadores de revoluciones básicamente culturales, reconocedoras de la diversidad, y por ello profundamente libertarios. De la crítica a la aldea global y de la unidimensionalidad humana, surge la necesidad de oponerse a cualquier unidimensionalidad que mutile la riqueza del espíritu humano. De la constatación de la enorme riqueza posible de los conocimientos e intercambios entre pueblos, etnias, e individuos, surge también el derecho humano a expresarse públicamente y a la información. Tal vez por eso, del mayo francés del 68, al mayo venezolano del 2007, (ambos liderados por estudiantes) la expresión “prohibido prohibir” ha sido común denominador.

De allí que no nos acostumbraremos fácilmente a que en vez de que “todo lo que no esté prohibido está permitido”, que es el reconocimiento básico de la libertad, pues todo lo que resta, que es mucho, es libertad, estemos presenciando la amenaza de que “todo lo que no esté prohibido sea obligatorio”.

Con estos antecedentes: ¿Qué tema emergente, hoy, debe enfocar la Criminología Crítica, hoy reformulada como Criminología de los Derechos Humanos? ¿Cómo verlo en la dimensión de la Venezuela contemporánea, su política, su delincuencia violenta y sus conflictos?

Nos parece que deberíamos partir del tema de los llamados “crímenes de odio””.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reconoce una sociedad en equidad y un Estado laico que trabaje por erradicar las enormes asimetrías de poder, riqueza y valoración del estatus, que vulneran por igual a las personas pobres, a las mujeres, a los pueblos indígenas, a los campesinos, a las/os afrovenezolanos/as y a las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales.En el mismo sentido, y tal como se expresa líneas antes, Venezuela fue firmante de la Declaración de la O.N.U sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, firmada por más de 66 países el 18 de diciembre de 2008, en la cual se insta a los Estados Partes a tomar medidas efectivas para evitar la violencia y la discriminación en contra de las personas por razón de su orientación sexual y su identidad de género, así como para asegurarles el goce pleno de todos sus derechos, incluyendo el derecho a la identidad, a la salud, a la vivienda, al trabajo y al estudio.Igualmente, Venezuela está inserta como Estado Parte, en los diferentes instrumentos -y sistemas- internacionales dirigidos a la protección de los derechos humanos, como La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los cuales se establecen lo que se denomina como “el papel del Estado en la protección de los Derechos Humanos”.Pero una cosa es la protección que el Estado debe a sus ciudadanos a través del respeto y de la adopción de las garantías y medidas necesarias -sin discriminación de ningún tipo- incorporándolas en su legislación de manera de hacerlas efectivas en el plano interno, y otra es el por qué y el cómo debe incluir de manera imperante la tipificación de estas conductas denominadas como Crímenes de Odio; ya que si bien el Estado está en la obligación de tutelar estos derechos fundamentales, el quid del asunto se circunscribe en determinar el motivo por el cual debe resguardar en su ordenamiento jurídico penal el o los bienes jurídicos a ser protegidos, los cuales se resumen en el derecho a la dignidad personal, ya que el derecho a la igualdad y a la no discriminación en análisis, están dirigidon a aquéllas conductas desarrolladas por particulares que se tienden a conculcar el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad ciudadana, para impedir el libre desarrollo de la personalidad, de la creencia o profesión de culto, de la ciudadanía, de los derechos sexuales y otros antes mencionados.

Ante esta realidad, cabe preguntarse: ¿Toda ofensa a la dignidad humana es una violación a los derechos humanos?. ¿Quién es el agente violador de los derechos humanos?. El jurista Venezolano Pedro Nikken en su obra “El Concepto de los Derechos Humanos”, serie estudios de Derechos Humanos, Tomo 1, San José de Costa Rica, 1994, Pág 15”, plantea una consideración que reviste especial importancia al momento de administrar justicia, y en este sentido expresa que: “La nota característica de las violaciones de los derechos humanos es que ellas se cometen desde el poder público o gracias a los medios que éste pone a disposición de quienes lo ejercen. No todo abuso contra la persona ni toda forma de violencia social son técnicamente atentados contra los derechos humanos. Pueden ser crímenes, incluso gravísimos, pero si es obra de particulares no será una violación de los derechos humanos”.

Nada más cierto en el entendido de que la intención que motiva la acción que realiza el agente, no es la de violar o conculcar el o los derechos humanos de la víctima, sino el rechazo definido por el “odio” a un grupo social identificable, definidos por raza, religión, orientación sexual, discapacidades, etnicidad, nacionalidad, edad, género, grupo social o afiliación política, y cuya consecuencia inmediata se traduce en la vulneración sus derechos humanos. Conductas que podemos definir como punibles, antijurídicas desde el punto de vista del derecho penal, en el entendido de que están previstas como tal en nuestra legislación, como el homicidio y las lesiones personales intencionales entre otras.

No es una Tipificacion solo para los Gay o Transgeneros es para todos los que podemos de alguna manera ser victimas de un Crimen de Odio.

¿Pero, es posible tipificar estos delitos de odio, cuando sus resultados (la muerte, lesiones personales intencionales y otros) ya están previstos y sancionados en nuestra legislación?.

En la opinión de algunos juristas, no tiene sentido tipificar los delitos de odio en la legislación, pues se trataría de castigar sólo la motivación y no una conducta ya prevista en la ley penal, aunque reconocen que por el impacto que tienen en lo más básico de los Derechos Humanos, hay interés en agravar de manera especial las penas por la jerarquía ofensiva del acto, en adición a lo que algunas legislaciones, aún las más antiguas, han denominado como “motivos fútiles o innobles”.

A pesar de que estas modalidades -como conductas agravadas- no constituyen agravantes genéricas sino que pasan a formar parte constitutiva del referido tipo de garantía, esto es, como elemento de una determinada figura delictiva, como delito autónomo que es, cuyas circunstancias específicas se encuentran señaladas en el artículo 406º del Código Penal, configurando lo que conocemos como Homicidio Calificado. Es decir, no son modalidades dirigidas a agravar la pena, sino que constituyen circunstancias que definen el carácter de calificado del delito -que por cierto es el único tipo penal que así lo prevé- dejando fuera del espectro, la especial consideración de que es inaplicable al momento de impartir justicia en otros tipos de delitos, como el de lesiones personales intencionales, lo cual analizaremos más adelante.

Para arribar a una proposición que permita la tipificación de los delitos de odio en nuestra legislación, es menester realizar el análisis de éstos, conjuntamente con los elementos fundamentales que conforman la “estructura básica y complementaria del tipo penal”.

Los delitos de odio se definen como crímenes motivados por el rechazo de un grupo social identificable. Generalmente se trata de grupos -y las personas que los conforman- definidos por la raza, religión, orientación sexual, discapacidades, etnicidad, nacionalidad, edad, género, grupo social o afiliación política, entre otros. Es decir, el agente ejecuta su acción en contra de una o varias personas que se identifican con alguno de estos grupos, mediante alguna de las circunstancias previstas en el delito de homicidio calificado. Cabe citar, “por medio de veneno o de incendio, sumersión u otros de los delitos previstos en el Título VII de este libro, con alevosía o por motivos fútiles e innobles o en el curso de la ejecución de los delitos previstos en los artículos 451, 452, 453, 455 y 460 de este Código”. Estas circunstancias son las conocidas como “medios o modos de comisión” dentro la estructura complementaria del tipo. Los delitos previstos en el Título VII de este libro, son aquellos Contra la Conservación de los Intereses Públicos y Privados, y los previstos en los artículos antes citados, “Contra la Propiedad”, robo, hurto. A título de ejemplo, el homicidio cometido en la ejecución de robo a mano armada.

De allí que en algunas de estas circunstancias estamos en presencia de delitos con “sujetos pasivos calificados”, personas específicas determinadas en la ley penal, cuestión que se corresponde con la circunstancia que define el carácter de calificado del delito, en este caso, del delito de homicidio intencional calificado, por constituir el elemento fundamental que lo define. A título de ejemplo, cuando se comete con alevosía o por motivos innobles, no así los fútiles que es el trivial, baladí, nimio, ligero, frívolo, pueril, insustancial, intrascendente, cuando se mata a una persona para quitarle unos céntimos; pero sí en el caso de los innobles, que es el esencial, primordial, sustancial, profundo, trascendente, “contrario a los elementales sentimientos de humanidad. Así se mata al sujeto pasivo por fanatismo o religioso o por lujuria”, tal como expresa el Doctor Hernando Grisanti Aveledo en su obra “Manual de Derecho Penal, parte especial”, o el homicidio cometido en la persona de su ascendiente (fratricidio) o (matricidio), o descendiente (infanticidio), o en la de su cónyuge (conyugicidio), entre otros.

Igualmente, dentro de la “estructura básica” del tipo penal, tenemos el elemento denominado como “el objeto jurídico”, que es el “interés” jurídico tutelado, aunque muchos se refieren como el “bien” jurídico tutelado; sin embargo, es necesario precisar que por “bien” entendemos todo aquello que teniendo una existencia material o inmaterial, resulta apto para la satisfacción de las necesidades humanas, por lo que de acuerdo a este concepto son “bienes” no sólo las cosas materiales como el dinero, los vehículos, los inmuebles, sino también los inmateriales o ideales como el honor, la reputación, la dignidad, la libertad, etc. Ahora bien, el interés, es el resultado de la valoración que el individuo hace de la idoneidad de un bien para satisfacer una necesidad, por lo que siendo una relación entre el sujeto y el bien, pertenece a éste, es decir al individuo que está ligado al bien a través del interés. Se trata de cosas distintas pero coincidentes. Finalmente, y para concluir con esta disertación, como bien dice Petrocelli, “Téngase en cuenta que aquello que es realmente tutelado por el derecho no es el bien, la cosa en sí por sí, sino el hombre en cuanto tiene necesidad de ella, es decir, la relación del hombre con la cosa, y por ende, el interés”.

Ahora bien, dependiendo del interés jurídico protegido que sea ofendido por el tipo, será “uniofensivo”, o “pluriofensivo”, cuando ofende varios intereses jurídicos protegidos, como sucede en algunas de las circunstancias previstas en el artículo 406° del Código Penal Venezolano (homicidio calificado), en el cual se ofende a El individuo, como sujeto pasivo de todos aquellos tipos penales que amparan intereses jurídicos de los cuales es titular la persona individualmente considerada, como el honor, la reputación, la dignidad, la libertad; y a La colectividad, que asume la categoría de sujeto pasivo en los tipos penales que buscan proteger intereses jurídicos que pertenecen al conglomerado social, como la salud pública, la conservación de los intereses públicos y privados y la estabilidad social desde el punto de vista de sus valores morales fundamentales, entre otros.

Ahora bien, ¿cómo podríamos incorporar los crímenes de odio dentro del tipo penal -en este caso- del delito de homicidio calificado?. Pues, bastaría con modificar el ordinal 1 del artículo 406 del Código Penal, agregando la circunstancia referida aquellos delitos en los que esos motivos innobles, “contrario a los elementales sentimientos de humanidad, cuya intencionalidad esté estrictamente relacionada con el rechazo definido por el “odio” a un grupo social identificable, definidos por raza, religión, orientación sexual, discapacidades, etnicidad, nacionalidad, edad, género, grupo social o afiliación política.
La redacción de la reforma parcial del artículo 406° del Código Penal Venezolano, podría ser la siguiente:

“En los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas:
1º Quince años a veinte años de prisión a quien cometa el homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u otros de los delitos previstos en el Título VII de este libro, con alevosía o por motivos fútiles e innobles o por motivos de odio a un grupo social identificable, definidos por raza, religión, orientación sexual, discapacidades, etnicidad, nacionalidad, edad, género, grupo social o afiliación política o en el curso de la ejecución de los delitos previstos en los artículos 451, 452, 453, 455 y 460 de este Código”.

Solo queda por resolver la especial consideración al momento de impartir justicia en otros tipos de delitos, como el de lesiones personales intencionales, a los cuales solo se les podría añadir la “circunstancia agravante genérica” prevista en el ordinal 14 del artículo 77 del mismo Código Penal, esta es, el “ejecutarlo con ofensa o desprecio del respeto que por su dignidad, edad o sexo mereciere el ofendido […]”; empero esto resuelve el problema planteado, en el entendido de que la definición de la conducta no es idónea, razón por la cual tendría que ser objeto de reforma parcial, de la siguiente manera:

“Artículo 77. Son circunstancias agravantes de todo hecho punible las siguientes:

[…]

14. Ejecutarlo con ofensa, desprecio u odio del respeto que por su dignidad personal, su edad o raza o religión o discapacidades o etnicidad o nacionalidad, o género o sexo u orientación sexual, grupo social o afiliación política mereciere el ofendido o en su morada cuando este no haya provocado el suceso”.

Con esta Investigación queremos Proponer sea considerada lainclusion de los Crímenes de Odio a nuestra legislación venezolana,no como un capitulo aparte, sino como parte de las tipifaciones ya establecidas, por cuanto constituye una necesidad Social que debe ser Jurídicamente contemplada ya que es un Fenómeno galopante en nuestra Sociedad que como dijimos antes afecta a todos bien sea por ser Negros, Blancos, Chinos, Judíos, Católicos, Cristianos Evangélicos, Mormones, Indigentes, Prostitutas, Gay, Transgeneros, Afectos a un Partido Político o NO , en fin cualquiera sea el caso todos en algún momento podríamos vernos involucrados y ser víctimas de un CRIMEN O DELITO DE ODIO .

Cabe destacar que esta es solo la primera parte de esta Investigación. A medida de que se vaya desarrollando la iremos publicando. Agradecemos sus críticas constructivas al fortalecimiento de este trabajo.

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