LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XXI Y LA MISIÓN DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES

Publicado: agosto 20, 2012 en NOTICIAS DE INTERES
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La presente disertación fue elaborada a fin de presentarla en el Simposio realizado durante los días que van del 25 al 28 de abril de 2012, en la Ciudad de Ankara, Turquía, para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la Corte Constitucional de Turquía.
El tema que se pretende tratar está referido a uno de los puntos aún controvertidos del constitucionalismo contemporáneo; cual es la naturaleza socio-histórica de los Derechos Humanos, así como el avance y las carencias en el reconocimiento y efectiva vigencia de estos derechos en el Siglo XXI, haciendo énfasis en los derechos
humanos sociales.
A pesar de la creciente constitucionalización de los Derechos Humanos, cuestiones tan importantes como su fundamentación éticopolítica, naturaleza histórica, valor normativo y modo de protección, continúan siendo objeto de densos debates, tanto en el ámbito dogmático, como en la teoría y filosofía jurídicas. En todos ellos, se pone de manifiesto que estos derechos ofrecen ciertas peculiaridades respecto a su naturaleza jurídica, estructura y valor normativo.
Por largo tiempo, los juristas centraron su reflexión acerca de los Derechos Humanos en problemas como sus orígenes y naturaleza.
Posteriormente, luego de la Segunda Guerra Mundial, la preocupación se ha enfocado en la efectiva vigencia de estos derechos, privilegiando su protección a través de acciones y recursos, reconocidos tanto constitucionalmente como en tratados internacionales; y también, mediante la creación de una jurisdicción especial constitucional propia del modelo de Estado Social de Derecho y de Justicia.

Desde la perspectiva dogmática, el estado actual de la ciencia jurídica reconoce una serie de técnicas para la adecuada salvaguarda de los Derechos Humanos, las cuales han sido positivizadas por la mayoría de los ordenamientos constitucionales.
En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se incorporaron instituciones destinadas a garantizar el efectivo respeto y concreción de los Derechos Humanos individuales y sociales, los cuales colocan a nuestro Texto Fundamental en la vanguardia de garantismo latinoamericano, entre las cuales se destacan:

a) Elprincipio de eficacia directa de la Constitución (Art. 7);

b) El principio de progresividad de los Derechos Humanos (Art. 19);

c) La inclusión de la preeminencia de los derechos humanos dentro de los valores superiores del ordenamiento jurídico (Art. 2);

d) la extensión de la acción de amparo constitucional a todos los derechos y garantías constitucionales, aun de los llamados implícitos, aquellos inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución o
en los instrumento internacionales sobre derechos humanos (Art. 27);

e) la imprescriptibilidad de las acciones para sancionar las violaciones de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad (Art. 29);

y f) la responsabilidad objetiva del Estado para indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (Art. 30).
Por otra parte, los órganos responsables del control de constitucionalidad, que en Venezuela corresponde a todos los órganos jurisdiccionales mediante el llamado control difuso, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien ejerce el control concentrado (Art. 334 CRBV), han aplicado estos principios a través de varias técnicas: desaplicación por control difuso, nulidad de normas legales, declaración de inconstitucionalidad por omisión, revisión de sentencias definitivamente firmes, recurso por colisión de normas, interpretación de normas constitucionales y demandas en tutela de derechos colectivos y difusos; y la acción de hábeas data.
Existe consenso entre los juristas en reconocer que la efectiva vigencia de los Derechos Humanos es garantía de la democracia. No obstante, la noción de democracia constitucional no puede ser entendida sólo en su aspecto liberal-burgués (garantía de los derechos civiles y políticos), sino como una democracia social que se desarrolla en el marco de un Estado Social de Derecho y de Justicia, que es legitimada políticamente por la verdadera eficacia de sus preceptos
con contenido social.

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