SCP MEDIDAS CAUTELARES Y SU FINALIDAD

Publicado: octubre 10, 2012 en SENTENCIAS SALA PENAL
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PUNTO PREVIO

 

            Consta en el Capítulo II intitulado “De la Solicitud de Medida Cautelar”, que la defensa privada del ciudadano acusado WILLIAM EDUARDO GUILLÉN SILVA, solicitó a esta Sala la imposición de una medida cautelar menos gravosa que la privación judicial de libertad que obra sobre su defendido, sobre el alegato de “que su detención a superado con creces el lapso estipulado en el artículo 244”.

            Al respecto, cabe destacar que las medidas de coerción personal establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal tienen una pretensión cautelar orientada a garantizar la presencia y sujeción de los presuntos autores o partícipes en un hecho punible, al juicio penal. De esta forma su dictamen por parte de los tribunales penales ordinarios debe apoyarse en los supuestos justificativos y legitimadores, además debe responder al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, atendiendo siempre a criterios de racionalidad y ponderación. Partiendo en forma general del propio imputado: su sustracción del ius puniendi del Estado, la obstrucción de la investigación penal y la reiteración delictiva

En el caso sometido a la consideración de esta Sala, se constata de las actuaciones, que el treinta (30) de septiembre de 2009 el acusado WILLIAM EDUARDO GUILLÉN SILVA fue condenado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, a cumplir pena de prisión por un tiempo de veintidós (22) años y seis (6) meses. Sanción impuesta a un acusado que ha sido declarado culpable y penalmente responsable por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE ROBO AGRAVADO, tipificado en el artículo 406 (numeral 1) del Código Penal, en perjuicio del ciudadano GUSTAVO NAVARRO VILLAMIZAR (occiso); ROBO AGRAVADO, tipificado en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos CARLOS GUSTAVO NAVARRO MALDONADO y CÉSAR AUGUSTO NAVARRO MALDONADO; PRIVACION ILEGÍTIMA DE LIBERTAD,tipificado en el artículo 174 eiusdem, en perjuicio del ciudadano ÁNGEL MAURICIO FUENMAYOR y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, tipificado en el artículo 277 ibídem.

Como se observa, el paso del tiempo tiene una incidencia peculiar en el sustento de la medida de prisión impuesta al acusado, pues la sentencia firme condenatoria adoptada tras el debido proceso, representa el título legítimo de privación del derecho a la libertad consagrado en el artículo 44 constitucional, máxime cuando en el presente caso se encuentra pendiente por esta Sala la resolución del recurso de casación, por ello la presente solicitud se declara improcedente. Así se decide:

 

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

El artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, contempla los requisitos de modo, forma y tiempo inherentes al recurso de casación, señalando que se realizará mediante un escrito fundado, ante la Corte de Apelaciones y dentro de un plazo de quince días después de publicada la sentencia, a excepción que el acusado se encuentre privado de libertad, caso en el cual comenzará a correr a partir de la notificación personal, previo traslado.

En la presente causa, en cuanto al primer supuesto de admisibilidad referido a la legitimación activa para recurrir, el recurso de casación fue interpuesto por el ciudadano abogado JEAN CARLOS TORRES LINDARTE,defensor privado delciudadano WILLIAM  EDUARDO GUILLÉN SILVA, defensa legitimada conforme a lo dispuesto en el artículo 433 del Código Orgánico Procesal Penal.

Igualmente en lo que respecta al requisito de temporalidad, el recurso fue interpuesto en fecha diez (10) de noviembre de 2011, es decir, en tiempo hábil en virtud del cómputo efectuado por la ciudadana abogada YEGNIN TORRES ROSARIO, secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, cursante en el folio trescientos treinta y ocho (338) de la segunda pieza de este expediente, de acuerdo con el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal.

En cuanto al último de los requisitos, la decisión impugnada fue dictada el veintiuno (21) de septiembre de 2011 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por el prenombrado abogado JEAN CARLOS TORRES LINDARTE,defensor privado delciudadano WILLIAM  EDUARDO GUILLÉN SILVA, tratándose de aquéllas recurribles en casación de conformidad con lo establecido en el artículo 459 de la ley adjetiva penal.

Por consiguiente, revisadas como han sido las causales de admisibilidad del recurso, es pertinente acotar el contenido de cada una de las denuncias planteadas:

La primera denuncia atribuye el vicio de falta de motivación a la decisión de la Corte de Apelaciones, invocando los artículos 173, 364 (numeral 4), y 441 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, advirtiendo que la alzada no resolvió el motivo de la apelación (contradicción de las declaraciones de los funcionarios policiales actuantes, en cuanto a las personas detenidas y la evidencia colectadas en el lugar de los hechos), con razonamiento propio y debidamente motivado, omitiendo algunos aspectos denunciados por la defensa privada. Esta denuncia se admite de conformidad con lo establecido en el artículo 466 eiusdem.

 

En la segunda denuncia, la defensa señaló la falta de motivación del fallo recurrido, alegando la violación de los artículos 173, 364 (numeral 4), y 441 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que según su entender la segunda instancia se limitó a ratificar lo acordado por el tribunal de juicio, sin expresar los fundamentos de hecho y de derecho del porque consideraba que la sentencia condenatoria no adolecía de “ilogicidad manifiesta”. Esta denuncia se admite de conformidad con lo establecido en el artículo 466 eiusdem.

En la tercera denuncia, se alegó la violación de la ley por falta de aplicación del artículo 135 del Código Orgánico Procesal Penal, que se refiere a la prolongación de la declaración del imputado, en este caso en la audiencia del juicio oral y público, tal como se desprende de la fundamentación de la presente denuncia.

En ese sentido, se advierte, que la citada disposición legal denunciada aquí como infringida, no puede ser violentada por la corte de apelaciones, al no corresponderle su aplicación, ya que por su naturaleza procesal la aplicación es propia del tribunal de juicio, que es el competente para hacerlo, en virtud que es la fase donde se desarrolla el debate oral y público. Siendo esto así, es claro que lo que pretende refutar es la labor  del juzgado de juicio, lo que no es posible mediante el recurso de casación de conformidad con lo establecido en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal.

 En mérito de lo antes descrito, se considera que lo procedente es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la tercera denuncia del presente recurso de casación, sobre la base del artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

Por su parte, en la cuarta denuncia se observa que el recurrente argumentó el vicio de falta de motivación de la sentencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, invocando la violación de los artículos 173, 364 (numeral 4), y 441 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por considerar que la alzada no resuelve de manera adecuada y clara el punto sometido a su consideración (relativo a las contradicciones entre las declaraciones de los expertos JAVIER ROSALES, GUSTAVO ARAQUE y ALEJANDRO PEREIRA, respecto de las heridas que presentaba el cadáver). Esta denuncia se admite de conformidad con lo establecido en el artículo 466 eiusdem.

En relación con la quinta denuncia se desprende que el impugnante insiste en alegar inmotivación del fallo de la segunda instancia, y como vulnerados los artículos 173, 364 (numeral 4), y 441 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que según su percepción el fallo recurrido se limitó a transcribir parte de la decisión de juicio “sin dar un razonamiento propio claro y preciso”.

Al respecto debe señalarse que de la fundamentación de dicha denuncia se observa que el recurrente enfoca sus argumentos en contra del fallo de juicio, por considerar que: “El Tribunal de Juicio N° 03…da por demostrada la comisión del delito de privación ilegítima de la libertad del ciudadano ÁNGEL MAURICIO FUENMAYOR, y al mismo tiempo también considera demostrada la responsabilidad penal del ciudadano WILLIAM EDUARDO GUILLÉN SILVA, con la declaración de la víctima y con otros medios de prueba como lo son la expertica de inspección del vehículo…así como la testimonial de los funcionarios…sin embargo de tales testimoniales no se puede determinar a ciencia cierta que WILLIAM EDUARDO GUILLÉN SILVA, sea el autor del delito arriba acreditado…no existen elementos de pruebas suficientes”. Es decir,  el defensor objeta el análisis de los medios de pruebas efectuado por la primera instancia para determinar la responsabilidad penal del acusado en el delito de privación ilegítima de libertad.

Refiriéndose únicamente a la sentencia de la Corte de Apelaciones (aquí recurrida), por considerar que: “la alzada se limitó a transcribir parte de [la] decisión dictada por la Juez de Primera Instancia…sin dar un razonamiento propio claro y preciso…con fundamentos de hecho y de derecho… y al no hacerlo así, infringió los principios más elementales del debido proceso y de la tutela judicial efectiva”, demostrando con ello que sus alegatos contra el fallo recurrido (en relación a este punto) son genéricos y ambiguos, materializando consideraciones netamente subjetivas sobre la motivación de los juzgadores de la segunda instancia.

En ese sentido, la jurisprudencia ha sido reiterada en expresar que los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación procurar que se analicen argumentos referidos al análisis y valoración de pruebas, relativos a demostrar o no la responsabilidad penal del imputado en los hechos objeto del proceso, ya que estos son propios del debate que se realiza en la fase del juicio oral y público. Por tanto, la defensa en el caso de autos no puede pretender por medio de esta vía extraordinaria que se resuelvan cuestiones de fondo propias del tribunal de juicio (la responsabilidad penal o no del acusado en el delito de privación ilegítima de libertad).

Asumiendo el criterio a través del cual se dispone la imposibilidad que tienen los impugnantes por medio del recurso de casación de atacar conjuntamente las sentencias dictadas por la primera instancia y la alzada (tal como sucede en la presente denuncia), ya que la procedencia de este recurso extraordinario, es sólo contra fallos dictados por las Cortes de Apelaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal.

En consecuencia, concluyéndose que lo ajustado a derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la quinta denuncia del presente recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

En la sexta denuncia se observa que el  defensor señaló la violación de la ley por la “errónea aplicación” del artículo 458 del Código Penal, que se refiere al tipo penal del robo agravado, expresando que: “la Corte de Apelaciones reconoce que el delito de robo agravado constituye un mismo hecho, pero de forma totalmente incoherente señala que por haber sujetos pasivos diferentes debe también aplicarse el delito de robo agravado pero este en relación a los ciudadanos CARLOS GUSTAVO NAVARRO y CÉSAR AUGUSTO NAVARRO”. Esta denuncia se admite de conformidad con lo establecido en el artículo 466 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por último, en la séptima denuncia del recurso de casación se desprende que el recurrente atribuye la falta de motivación al fallo de la alzada, alegando la violación de los artículos 173, 364 (numeral 4), y 441 del Código Orgánico Procesal Penal, por no dar respuesta a unos de los puntos sometidos a su revisión en el recurso de apelación, específicamente la falta de aplicación del artículo 424 en relación con el 406 (numeral 1) ambos del Código Penal, que se refieren a la complicidad correspectiva en el delito de homicidio calificado. Esta denuncia se admite de conformidad con lo establecido en el artículo 466 del citado Código Orgánico.

En mérito de todo lo antes señalado, se ADMITE la primera, segunda, cuarta, sexta y séptima denuncia del presente recurso de conformidad con el artículo 466 del Código Orgánico Procesal Penal, y sobre la base del artículo 465 eiusdem DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la tercera y quinta denuncia del recurso de casación incoado por el ciudadano abogado JEAN CARLOS TORRES LINDARTE, contra la decisión dictada el veintiuno (21) de septiembre de 2011, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida. En consecuencia, se convoca a una audiencia pública que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de quince (15) días ni mayor de treinta (30). Así se decide.

Sentencia Aquí

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