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Archivos diarios: noviembre 20, 2012

COMPETENCIA DE TRIBUNALES DE VIOLENCIA DE LA MUJER NO PUEDE CONOCER CAUSA DERIVADAS DE UN HOMICIDIO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN

(…)

En tal sentido, se evidencia que el mencionado ciudadano RUBELIO ANDRADE MORA GONZÁLEZ fue detenido (en flagrancia) por funcionarios policiales adscritos al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, en virtud de haber agredido con un destornillador a los ciudadanos WILLIAN MONTESINO y SANABRIA MONSALVE ERICK MARÍA (víctima-denunciante), lo que quedó evidenciado de las actas procesales, constatándose que:

 “la víctima…[manifestó que] en fecha 13-08-12, cuando se encontraba con su pareja a la altura de la avenida Baralt…el hoy detenido se presentó ante ambos y comenzó a ofender a la actual pareja de la víctima, así como también le amenazaba expresándole: ‘ya te pesque, te voy a matar’ y con un destornillador que tenía en la mano, atentó contra el…a la altura de la cintura específicamente del lado izquierdo, la víctima asustada le dijo que huyera y aquél así lo hizo, quedándose a solas con el imputado quien le manifestó: ‘aja lo dejaste ir, te voy a matar a ti’, indicando la víctima que el imputado se encontraba muy agresivo, que tomó el destornillador impactando contra su humanidad específicamente por el pecho, luego lo utilizó lastimándola en el brazo izquierdo y finalmente por el lado derecho del abdomen, interviniendo oportunamente el órgano policial…la víctima señaló, que compartió vida en común con el imputado por un lapso de nueve años y que se separaron hace dos meses y quince días…fue amenazada de muerte… el órgano policial que practicó la aprehensión dejó constancia en el acta policial…que al dársele la voz de alto se le indicó que soltara el objeto que portaba en su mano y una vez colectados por los referidos funcionarios señalaron que se trataba de un destornillador…igualmente refirieron los funcionarios policiales que personas que se encontraban por la zona…decían a viva voz que el imputado quería matar a la víctima…dejaron constancia que la víctima presentó herida a la altura del tórax siendo descritas por el galeno de guardia…‘lesión en el tórax por objeto punzo penetrante’…y que la pareja de la víctima igualmente resultó lesionado presentando ‘lesión leve con hematoma en el intercostal izquierdo’…el ciudadano WILLIAM MONTESINO manifestó…que el imputado…le sorprendió por la espalda propinándole una puñalada por el lado izquierdo a la altura del abdomen optando por alejarse del peligro, sin embargo se percata que el referido imputado hace lo mismo contra la víctima a la altura del pecho, para finalmente observar como resulta aprehendido”. (Sic).

 Por tales hechos, el referido ciudadano fue presentado ante el Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que se declaró “incompetente para el conocimiento del presente asunto y…[declinó] el conocimiento del mismo en un tribunal de control especializado en materia de violencia contra la mujer”.

Es por ello, que el Ministerio Público de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, procedió a presentar al ciudadanoRUBELIO ANDRADE MORA GONZÁLEZ, por ante el Juzgado Cuarto de Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que planteó el conflicto de no conocer, considerando que la instancia fiscal precalificó los hechos objeto de este proceso en el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, tipificado en el artículo 405 concatenado con el segundo aparte del artículo 80 ambos del Código Penal.

Ahora bien, los artículos 64, 65 parágrafo único y 118 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, disponen:

 Artículo 64:

  “Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal y Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto no se opongan a las aquí previstas. En los casos de homicidio intencional en todas sus calificaciones, tipificados en el Código Penal y el supuesto especial a que se refiere el parágrafo único del artículo 65 de la presente Ley, la competencia corresponde a los tribunales penales ordinarios conforme al procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, los tribunales aplicarán las circunstancias agravantes aquí previstas cuando sean procedentes  y,  en general, observarán los principios y propósitos de la presente Ley”. (Subrayado del presente pronunciamiento).

Artículo 65:

 “Serán circunstancias agravantes de los delitos previstos en esta Ley, las que se detallan a continuación, dando lugar de un incremento de la pena…Parágrafo Único: En los casos de homicidio intencional en todas sus calificaciones, tipificados en el Código Penal, cuando el autor sea el cónyuge, ex cónyuge, concubino, ex concubino, persona con quien la víctima mantuvo vida marital, unión estable de hecho o relación de afectividad, con o sin convivencia, la pena a imponer será de veintiocho a treinta años de presidio”. (Subrayado de esta decisión).

 Artículo 118:

 “Los Tribunales de Violencia contra la Mujer conocerán en el orden penal de los delitos previstos en esta Ley, así como del delito de lesiones en todas sus calificaciones tipificadas en el Código Penal en los supuestos establecidos en el artículo 42 de la presente ley y conforme al procedimiento especial aquí establecido”. (Subrayado de la Sala de Casación Penal).

 De las disposiciones legales anteriormente trascritas, se desprende que la citada ley especial, señala que la competencia de los tribunales especiales en materia de violencia de género se circunscribe a los delitos estipulados en ella, estableciendo de manera taxativa (artículo 64), que los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL en cualesquiera de sus calificaciones, incluso el supuesto especial previsto en el parágrafo único del artículo 65 aplicable al caso en estudio, corresponden al conocimiento de los tribunales penales ordinarios.

             De ahí que, esta última circunstancia respecto a la calificación jurídica de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, fue lo que motivó al Juzgado Cuarto de Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a plantear el conflicto de no conocer,  al expresar:

 “Lo anterior ilustra a esta juzgadora para concluir que si bien la víctima fue objeto de una agresión física, por razones de género, por cuanto el agresor no solamente se trataba de una persona de sexo masculino sino también se trata de la persona con quien compartió nueve años de vida en común y que existe una ruptura de dicha relación de forma reciente…se desprende con meridiana claridad…que se pudiera estar en presencia del delito de homicidio intencional frustrado…en este sentido se plantea el conflicto de no conocer conforme a lo previsto en el artículo 80 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión expresa del artículo 64 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

Siendo ello así, resulta claro que en el caso de autos por tratarse de unos hechos que fueron precalificados por el Ministerio Público como HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, la competencia para el conocimiento del presente asunto le corresponde al tribunal de control en materia penal ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Debiéndose acotar, que cuando el delito se presenta de forma inacabada, como lo es en el caso de autos (HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE FRUSTRACIÓN), la aplicación del antes citado artículo 64, no depende de la materialización del resultado jurídico pretendido, es decir, la muerte de la víctima, por cuanto éste no discrimina si el delito fue consumado o no.

En todo caso, prevalecerá la intencionalidad de la acción y las circunstancias que rodearon al  hecho, que deberán ser consideradas y analizadas en cada causa en concreto, lo que en definitiva conllevará a la precalificación del delito y por ende a la determinación de la competencia.

En mérito de todo lo antes expuesto, esta Sala concluye que la competencia para el conocimiento de la presente causa penal corresponde al Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide.

IV

DECISIÓN

 Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, dicta los pronunciamientos siguientes:

 1)     DECLARA COMPETENTE para el conocimiento de la presente causa al Juzgado Quintode Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

 2) ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión al Juzgado Cuarto de Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

 Publíquese, regístrese, ofíciese lo conducente y remítase el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo  de   Justicia,  en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los 13 días del mes noviembre del año 2012.  Años. 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

 La Magistrada Presidenta…

Sentencia Aquí

Acerca del control judicial de la acusación fiscal y la excepción relativa a que los hechos no revisten carácter penal (Sala de Casación Penal)

(…)

 Entendida la fe pública como la presunción legal entre un hecho o acto y lo exteriorizado  mediante el instrumento que le sirve de base, el cual debe encontrarse regulado por formalidades, solemnidades y garantías establecidas en ley.

 De ahí la importancia de la fe pública como garantía de realización del acto y el cumplimiento de las formas que la ley impone para su realización, siendo en definitiva la fe pública lo que da validez al acto. En este orden de ideas, el notario otorga la denominada fe pública notarial, que en el presente caso ha sido cuestionada por el ejercicio de la acción penal.

Destacando de igual forma, que el tribunal de control obvió motivar en su fallo sobre aspectos inherentes a los hechos, específicamente en torno a las concepciones del acto en el que concurrieron a firmar los acusadosENRIQUE EMIGDIO VERHELTS, FÉLIX JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ y RAFAEL AGUSTÍN QUINTANA RIVAS, asimismo sobre el propio documento (objeto de experticia técnica efectuada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), y con respecto a la manifestación de voluntad con soporte documental de traspaso de unas acciones de una empresa que está en entredicho, asintiendo que la firma en el documento no es del ciudadanoJHONNY NÚÑEZ TORRES, ya fallecido.

 Lo anterior  se verifica con lo expuesto por el Juzgado Cuadragésimo Séptimo (47) de Control en su decisión, al indicar:

 “evidencia esta Juzgadora que si bien es cierto de las actas del expediente se determina que la firma que aparece en el documento autenticado en fecha 08-10-2003 ha sido realizado presuntamente por una persona distinta a la que corresponde al ciudadano Jhonny Núñez Torres, no lográndose determinar su autoría con respecto a las muestras de carácter indubitado facilitadas para el cotejo, también es cierto que del resto de los elementos de convicción que cursan en actas y que explanó tanto el Ministerio Publico en su acusación así como la acusación particular propia, no se demuestra a criterio de quien aquí decide que los imputados, a pesar de las presuntas irregularidades administrativas que se demostró en el expediente que existían en la Notaría, en comento, tenían el conocimiento pleno de la presunta falsedad de dicha firma, es decir de la falsedad de dicho documento”. (Sic). (Negrillas  y subrayado de la presente decisión).

  Sin embargo, aún con las observaciones plasmadas anteriormente, la sentencia dictada por la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el catorce (14) de octubre de 2010, señaló que la recurrida está ajustada a derecho, “toda vez que en ella la A quo dio justificación del por qué en su criterio era procedente decretar, de conformidad con el numeral 2 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, el sobreseimiento de la causa seguida contra ENRIQUE EMIGDIO VERHELST PIÑA, FÉLIX JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ y RAFAEL AGUSTÍN QUINTANA RIVAS, por el delito de uso de documento falso. La juez determinó la atipicidad de los hechos vertidos en la acusación”.

 Conforme a lo transcrito y expuesto en las decisiones tanto del tribunal de control como de la alzada, esta Sala considera necesario ilustrar en torno a la causal de sobreseimiento contenida en el numeral 2 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal (objeto de la causa en examen), así: Esta causal permite que el juez o la jueza conozca de los elementos de la Teoría del Delito, y en tal sentido analizar la tipicidad, esto es apreciar si el hecho se subsume en el tipo penal específico de la acusación. Mientras que cuando se indica que la actuación objeto no se realizó o no puede atribuírsele al imputado, es porque el asunto que motivó al proceso es inexistente o el imputado no es el responsable del mismo según el numeral 1 del artículo 318 eiusdem.

 Al efecto, la representación jurisdiccional de control tiene el deber de actuar como juez o jueza de derecho y de justicia como lo consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por tanto  no es una potestad, es un deber ineludible dentro del proceso penal.

 Ante todo, debe valorar como juez o jueza de derecho en el marco de la audiencia preliminar, si los hechos de la acusación están sostenidos sobre los elementos de convicción vinculados a ésta, si esos hechos encuadran en una norma penal y si esta adecuación permite prever una causa probable.

 Por ello, el juez o jueza de control debe apreciar a través de un razonamiento lógico-jurídico, si la acusación está fundada sobre base cierta, y los elementos de convicción apuntan una causa probable formulada a través de la acción penal, tomando en consideración los elementos de convicción y de forma preponderante en los soportes probatorios (pertinentes, útiles y necesarios), propuestos y ofertados para ser evacuados en el debate, los cuales deben ser observados en conjunto más no de forma aislada como se verificó en la decisión dictada por el Juzgado Cuadragésimo Séptimo (47) de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, lo cual tampoco fue advertido por la Corte de Apelaciones.

 El funcionario judicial de control como juez o jueza de un Estado Social de Derecho y de justicia, debe ponderar cuál es el verdadero asunto de fondo que está conectado al bien jurídico tutelado por la norma penal, y que se encuentra en relación con el enjuiciamiento solicitado en la acusación. Debiendo estimar a la vez, cuál es el daño social causado a las instituciones, personas individuales o colectivas afectadas, visualizando todas y cada una de las aristas, circunstancias y consecuencias referentes al mismo, sin olvidar el desiderátum del proceso penal (la búsqueda de la verdad y la reparación del daño causado a la víctima), en estricto apego alos artículos 13, 23 y 118 del Código Orgánico Procesal Penal, y 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 Por consiguiente, el tribunal de control contrario a lo expuesto, asumió la valoración de la causa analizando sólo algunos de los elementos de convicción (lo cual hizo de manera sesgada pues consideró unos en lugar de otros), omitiendo hacer la ponderación equilibrada de todos los elementos de convicción existentes en aras de la justicia material en el presente caso.

 Con este proceder, la jueza de control violó: a) el principio de congruencia dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil (aplicación de la máxima romana juxta alegata et probata), que comprende la relación que debe existir entre lo alegado y probado en autos, y la valoración que realiza el juez o jueza como base de su convicción para dictar su decisión; b) el principio de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez o jueza sobre los hechos, también llamado principio de imparcialidad, consagrado en el artículo 26 de la Constitución, que asigna al juez o jueza la orden de ser objetivamente imparcial, sin establecer privilegios y prejuicios. Expresando con su fallo la jueza de control una posición inherente a la fase de juicio, que conlleva una extralimitación de funciones, pero además de forma manifiestamente inmotivada, violándose con ello la parte in fine del artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal.

Todo este actuar por demás inexcusable, fue avalado por la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su decisión del catorce (14) de octubre de 2010,  no cumpliendo con la labor revisora y supervisora propia de la segunda instancia, limitándose en esta oportunidad a confirmar el fallo de primera instancia viciado.

 En consecuencia, los defectos u omisiones advertidos en este fallo, afectaron los derechos a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en perjuicio de las partes accionantes y del proceso mismo, que obliga a la Sala de Casación Penal, con arreglo a los artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, a declarar con lugar esta primera denuncia por la indebida aplicación de la parte in fine del artículo 329 eiusdem,y anular el fallo emitido el doce (12) de julio de 2010 por el Juzgado Cuadragésimo Séptimo (47) en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, así como los demás actos subsiguientes, inclusive la decisión de fecha catorce (14) de octubre de 2010 emitida por la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, todo de conformidad con lo descrito en el artículo 467 del Código Orgánico Procesal Penal, reponiéndose la causa al estado de realizar una nueva audiencia preliminar ante un tribunal diferente a los que conocieron la presente.

 Declarando a su vez la Sala de Casación  Penal que debido a la índole y naturaleza del fallo proferido (que incide en el proceso de forma sustancial dada la nulidad y la reposición a la etapa intermedia), se abstiene de resolver las otras dos denuncias del recurso de casación incoado por la ciudadana YURAIMA REYES,Fiscal Vigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, como también el recurso de casación y la solicitud de medida cautelar efectuada por el ciudadano abogado RAMÓN ALFREDO AGUILAR MONTAÑO, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana CARMEN MARÍA TORRES DE NÚÑEZ, ya que los mismos parten de actuaciones declaradas sin efecto jurídico e igualmente por cuanto los nuevos pronunciamientos que deben verificarse en la causa pueden desvirtuar argumentos expuestos en los recursos, y para los cuales una decisión distinta afectaría su fundamento legal. Así se decide.

En otro orden de ideas, la Sala llama la atención a los jueces CÉSAR SÁNCHEZ PIMENTEL y MARÍA ANTONIETA CROCE integrantes de la Sala No. 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, quienes debieron plantear inhibición, y no conocer del segundo recurso de apelación ejercido contra la decisión del Juzgado Vigésimo Sexto (26°) de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que realizó una segunda audiencia preliminar ordenada por éllos mediante decisión del veintinueve (29) de octubre de 2009, en virtud de haber emitido los prenombrados jueces pronunciamiento sobre el fondo en fecha quince (15) de enero de 2009, que anuló la primera audiencia preliminar celebrada en la presente causa. Todo ello en virtud que las dudas sobre su imparcialidad se pueden considerar objetivamente justificadas.

DECISIÓN

 Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, dicta los pronunciamientos siguientes:

PRIMERO: Declara CON LUGAR la primera denuncia del recurso de casación propuesto por la ciudadana YURAIMA REYES,Fiscal Vigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

SEGUNDO: ANULA la decisión del doce (12) de julio de 2010 emitida por el Juzgado Cuadragésimo Séptimo (47°) de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y los demás actos subsiguientes, inclusive la decisión de fecha catorce (14) de octubre de 2010, proferida por la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

TERCERO: REPONE  la causa al estado de la celebración de una nueva audiencia preliminar ante un tribunal diferente a los que conocieron la presente causa.

Publíquese, regístrese, notifíquese y ofíciese lo conducente.

Dada,  firmada y  sellada en el  Salón  de  Audiencias del  Tribunal  Supremo de  Justicia,   en  Sala  de   Casación  Penal,  a  los   (2)  días del  mes  de  noviembre    del    año 2012.     Años:    202°   de    la    Independencia y 153° de la Federación.

Sentencia Aquí

LOS TRES STATUD DEL CAPUT

Para tener personalidad completa en Roma se requiere reunir tres elementos o status:

  1. Status Libertatis. Ser libre y no esclavo. Es un estado reconocido por el derecho que permite disponer libremente de la propia persona y de los actos propios. El “Status Libertatis” se adquiere por el nacimiento “jus samnguinis“, el hijo de un ingenuo o de un liberto, nace ingenuo, nace libre. También se adquiere por la manumisión cuando esta manumisión concede tal prerrogativa.
  2. Status Civitatis. Ser ciudadano romano y no latino o peregrino, muy importante, ya que quien lo posee tiene ventajas desde el punto de vista del derecho público y desde el punto de vista del derecho privado.
  3. Status Familiae. Derecho que corresponde y todo varón tiene dentro de su familia, carecen de el los esclavos y los “alieni juris” que están sometidos al poder de un Pater quien se denomina “sui juris“.

Los que reunían estos tres elementos tenían plena capacidad jurídica, sin embargo, de hecho podía no tener ejercicio pleno de sus derechos en razón de su edad, sexo, o alteración de sus facultades mentales.

CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS

  1. Hombres libres y esclavo.
  2. Los hombres libre se dividen en: ingenuos y libertos.
  3. Romanos y no ciudadanos.
  4. Los no ciudadanos se dividen en: Latinos y Peregrinos.
  5. Sui Juris y Alieni Juris.
  6. Bajo tutela y bajo Curatela.

DIFERENTES POTESTADES EN ROMA

  1. Patria Potestas: potestad que tiene el Pater Familiae sobre todos los miembros de su familia.
  2. Dominica Potestas: la potestad que tiene el amo sobre sus esclavos.
  3. Manus Mariti: Potestad que tiene el marido sobre su mujer casada “in manus“.
  4. Mancipium: poder de un hombre libre sobre otro hombre libre.

LA ESCLAVITUD

La esclavitud es una institución jurídica por medio de la cual el ser humano es despojado de toda personalidad, asimilado a cosa y como tal, perteneciente a otro ser humano.

En Roma a principio de la República, ya había 50 mil esclavos, este número aumentó después de la segunda guerra púnica y excedió en mucho al de los hombres libres.

CAUSAS DE LA ESCLAVITUD

Las causas de la esclavitud en la antigua Roma fueron las guerras y la piratería por la captura de prisioneros y su adjudicación a los vencedores.

Pueden clasificarse las causas en dos grandes grupos: El Derecho de Gentes y el Derecho Civil.

En el Derecho de Gentes las fuentes fueron la cautividad, ya que el vencido quedaba al arbitrio del vencedor, y el nacimiento, pues el hijo seguía la condición de la madre, y la madre esclava procreaba hijos esclavos.

Las causas del Derecho Civil eran más numerosas y de acuerdo con las épocas, así en derecho antiguo, la Ley de las XII Tablas establece como causas de la esclavitud posteriores al nacimiento:

  1. Incensu: quien no se inscriba en el censo, establecida por Servio Tulio.
  2. El Soldado Refractario: establecida por el mismo Servio Tulio al soldado que se sustrajese del servicio militar.
  3. El Fur Manifestum: el sorprendido en flagrante delito de robo quedaba esclavo del propietario del objeto robado.
  4. El Deudor Insolvente: el deudor condenado al pago, si no cumplía en el plazo señalado, pasaba a esclavo del acreedor.
  5. La Servi Poena: condenado a luchar en el circo, o siervo de su pena, era esclavo del circo.

En el Derecho Clásico se establecieron las siguientes causas:

  1. Senado Consulto Claudiano: la mujer ingenua que vivía en contubernio con un esclavo, a pesar de tres amonestaciones del dueño de éste, se hacía esclava.
  2. La Servi Poena: el condenado a las minas era también esclavo de su propia pena.
  3. El mayor de 20 años, que conocedor de la libertad se hacía vender, de acuerdo con el supuesto vendedor como esclavo, para engañar a un comprador de buena fe que entregaba el precio quedaba realmente esclavo cuando se descubría el fraude.
  4. El liberto o manumitido ingrato con su patrono volvía a ser esclavo, si la ingratitud había sido grave y se probaba suficientemente.

El Derecho Justinianeo, en el bajo imperio, suprimió el Senado Consulto Claudiano y la Servi Poena.

EXTINCIÓN DE LA ESCLAVITUD

La esclavitud termina de dos maneras, por el “Postliminium” y por la manumisión.

POSTLIMINIUM

El “Postliminium” es la ficción jurídica de suponer que una persona física, caída en poder del enemigo y luego escapa o es rescatada, al volver al Estado romano, automáticamente recobra la condición jurídica que tenía antes de caer en poder del enemigo y se considera que su situación jurídica nunca había variado.

MANUMISIÓN

Etimológicamente esta palabra proviene de las palabras “manus y mitere“, soltar de la mano o soltar del poder. Es la forma de salir el esclavo de la potestad, del “Dominus“, llevada a cabo por voluntad de éste.
En el Derecho Antiguo observamos tres tipos de manumisiones:

  1. Manumissio vindicta: reivindicación de la libertad conforme a las formalidades de la “In jure cessio“. El manumitente junto con el esclavo y acompañado de un tercero, ocurría ante el Magistrado, y el tercero poniendo una vageta sobre el hombro del esclavo decía; declaro que este hombre es libre; no habiendo oposición por parte del dueño, así lo declaraba el Magistrado.
  2. Manumissio censu: el amo inscribe al esclavo en el censo de los ciudadanos.
  3. Manumissio testamenti: acto de última voluntad del amo disponiendo la libertad de sus esclavos.

En el Derecho Clásico se conservan las anteriores y aparece la modalidad del fideicomiso de libertad en la manumisión testamentaria.

Al final de la República fueron instaurados los métodos no solemnes siguientes:

  1. Manumissio inter amicos: es la manifestación hecha por “vindicta“, ante el Magistrado que se sustituía por la declaración ante testigos.
  2. Manumissio por epistolam: que se efectuaba en una carta que el amo enviaba al esclavo.
  3. Manumissio per mensam: que se lleva a cabo mediante el sencillo acto de sentar al esclavo en la mesa del amo.

Como eran actos no solemnes, la libertad era más limitada ya que si en una época fue revocable por voluntad del dueño al no ser aceptada por el derecho civil, posteriormente se hizo irrevocable mediante la intervención pretoriana, quedando libres pero no ciudadanos romanos y llamados “Latini Juliani” por efecto de la “Lex Junia Norbana“.

En el Bajo Imperio, bajo Constantino, aparece la “Manumissio in Sacrosanctis Eclesia“, forma solemne por declaración del amo ante la autoridad eclesiástica y en presencia del pueblo cristiano.
RESTRICCIONES A LA FACULTAD DE MANUMITIR

La facultad ilimitada de manumitir dio lugar a situaciones de orden público, ya que el excesivo número de libertinos producía corrupción y desorden, para limitar el daño aparecen:

  1. La Lex Aelia Sentia: los liberados antes de 30 años eran simplemente latinos junianos, salvo los manumitidos por “vindicta” y sometidos a la aprobación de un consejo; la manumisión hecha por un amo menor de 20 años era nula, salvo que tuviera un motivo legítimo y se aprobara por un consejo precitado; era nula la manumisión hecha en fraude de los acreedores.
  2. La Lex Fufia Caninia: llamada también “furia” o “fusta”, puso un límite al exceso de manumisiones testamentarias hechas por generosidad sin tomar en cuenta los merecimientos y con grave perjuicio de los herederos.
  3. Justiniano eliminó la Lex Fufia Caninia y la disposición de la Lex Aelia Sencia.

CONDICIÓN JURÍDICA DEL LIBERTINO

Derecho Antiguo: el manumitido era libre y ciudadano romano, pero en el derecho público no renían el “Jus Bonorum” t en el derecho privado no tenian el “Jus Connubii“, pero sus hijos nacían ingenuos.

Por otra parte no se rompía totalmente el vínculo con el antiguo dueño ni con los descendientes de éste. Fue lo que se denominó patronato, siendo el antiguo “Dominus” considerado como “patrono“, Los derechos del patrono son:

  1. Obsequium: reverencia por la cual no podía demandar al patrón sin autorización del magistrado ni obtener contra él condena en más de lo que sus medios económicos le permitían pagar.
  2. Operae: servicios debidos por el liberto
  3. Bona: derechos sucesorios “ab – intestato” que el patron y su familia ostentan sobre la herencia del liberto y el derecho de tutela sobre libertos impúberes y libertas.

Derecho Clásico: existen los libertinos ciudadanos romanos, manumitidos por medio solemne y que no caen bajo los rigores de la Lex Aelia Sentia, tenian “mayor libertas“. Los latinos junianos, manumitidos sin solemnidad y antes de los 30 años, no tenían derechos políticos y en el derecho privado no tenían el connubio pero si el “jus commercii” sin la “actio testamenti activa“.

Los “dedicticios“, siendo esclavos sufrieron penas infamantes, tienen “pésima libertas” deben vivir a una distancia de 100 millas de los alrededores de Roma.

Bajo Imperio: solo existe una clase, todos los habitantes del Imperio son ciudadanos romanos.

SITUACIÓN AFIN A LA ESCLAVITUD

En tiempos de la conquista de las provincias distantes, aparece un derecho nuevo: los colonos, siervos adheridos no a un amo, sino a la tierra; provienen de hombres libres que se transforman en colonos que ara estar protegidos se ponen bajo la protección de un propietario y esclavos liberados. El colono puede casarse, ser propietario y acreedor pero sus bienes eran inalienables porque servían de garantía al pago de pensiones e impuestos.
LA INGENUIDAD

Ingenuo es la persona que nunca ha estado sometida a esclavitud. La calidad de ingenio se adquiere por el nacimiento y en el patrimonio el hijo sigue la condición jurídica del padre, fuera del matrimonio, la de la madre.
STATUS CIVITATIS

Es el segundo elemento del caput, corresponde al poder de ciudadano o al estado de ciudadano.

Ciudadano es el habitante de un Estado como sujeto de derechos políticos y que interviene ejercitándolos en el gobierno de su país.

El Derecho de ciudad era la cualidad que pertenecía en Roma al ciudadano romano.

LOS CIUDADANOS Y NO CIUDADANOS

Los ciudadanos no tienen clasificación, la diferenciación entre patricios y plebeyos desde el punto de vista jurídico decayó a partir de Servio Tulio y continuó sólo desde el punto de vista social. El ciudadano tiene todas las prerrogativas y derechos del “Jus civium romanorum“.

Los no ciudadanos carecen del derecho de ciudadanía, pero su situación en la escala jurídico – social no es uniforme distinguiéndose tres categorías ampliamente identificadas.

  1. Peregrinos. Habitantes de otros países no enemigos de Roma o aquellos que habiendo sido vencidos, se incorporan por provincias. Sus relaciones jurídicas se rigen por su propio derecho inicialmente y luego por el “Jus Gentium“. No poseen derechos civiles.
  2. Latinos. Núcleo poblacional intermedioentre peregrinos y ciudadanos, ya que sin llegar a la condición de éstos últimos, se les conceden algunas prerrogativas y tienen mayor oportunidad de adquieri el derecho de ciudad, ellos pueden ser:
  • Latini veteres: formados por los habitantes de las regiones del Lacio que se habían aliado con Roma, formando la confederación de ciudades latinas.
  • Latini coloniari: formados por los habitantes de Colonias Latinas.
  • Latini Juniani: integrada por los libertos que no eran realmente latinos sino ex – esclavos.

ADQUISICIÓN DE LA CIUDADANÍA

  1. Nacimiento: sistema del “Jus Sanguinis”, la nacionalidad de los padres confería la ciudadanía al hijo.
  2. Causas posteriores al nacimiento:
  • Por Manumisión: cuando ésta es solemne el esclavo se convierte en liberto ciudadano romano.
  • Por Concesión Graciosa: de los comicios, senadoconsultos o Rescripto Imperial, acordado a los peregrinos, puede ser ciudadanía completa o limitarse a ciertas ventajas solamente.
  • Beneficio de la Ley: derecho determinado por una ley, por ejemplo la Lex Acilia repetundarum concede la ciudadanía al peregrino que haga condenar un funcionario público por concusión.
  • Por el cumplimiento de ciertas condiciones: haber sido magistrado de ciudad latina, sirviendo durante cierto tiempo en la milicia, armando una nave para transporte de trigo, etc.
  • Edicto de Caracalla: por un interés fiscal se concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio, excluyendo a los dedicticios.

DERECHOS DEL CIUDADANO ROMANO

  1. Desde el punto de vista del Derecho Público:
  • El “jus sufragium”: derecho al voto.
  • El “jus bonorum”: derecho a nominarse para desempeñar los cargos públicos.
  • Derecho a servir en las legiones: conlleva a los ascensos internos dentro de la milicia que repercutía en la vida política individual de cada ciudadano.
  • El “jus nomen”: derecho a tener un nombre romano de acuerdo al derecho civil.
  • jus sacrorum et sacerdotarum”: derecho a cumplir ciertas funciones religiosas desde el sacerdocio hasta el episcopado.
  1. Desde el punto de vista del Derecho Privado:
  • El “jus connubii”: derecho a contraer “justae nuptiae” y fundar una familia romana.
  • El “jus commercii”: derecho a ser propietario quiritario, poder ser deudor y acreedor y usar las formas establecidas en el Derecho Civil para transmitir y adquirir la propiedad.
  • Derecho a obrar judicialmente por el procedimiento de la “Legis actio“, o acciones de la Ley.

STATUS FAMILIAE

La familia fue posiblemente la mas fundamental de mas Instituciones romanas. Era el conjunto de personas sometidas a la autoridad del “pater familiae“. La autoridad de éste era omnímoda y en los albores de la República se le consideraba como el único que poseía derechos ante la ley, sólo el podía contratar, comprar, vender, y poseer.

SUI JURIS Y ALIENI JURIS

Se entiende por persona “Sui Juris” al individuo que no estaba bajo la dependencia de otro; y por persona alieni juris, a la que estaba bajo alguna potestad: el individuo Sui Juris era dueño de su persona física y tenía personalidad jurídica completa, poseía patrimonio propio y aprovechaba todo lo obtenido de su trabajo y del trabajo de todos aquellos que estaban bajo su potestad.

FUENTES DEL DERECHO ROMANO

Entendemos por fuentes del Derecho los orígenes histórico – sociales del derecho.

El vocablo deriva del latín “fons, fontis” que se refiere al manantial de agua que brota de la tierra, en sentido figurado significa el origen de algo, el fundamento o principio.

Se llama también fuente del derecho a la voluntad creadora de normas jurídicas y el acto concreto de creación normativa, igualmente el modo específico de manifestarse las normas mismas.

FUENTES DEL CONOCIMIENTO

Son elementos que nos permiten reconstruir el proceso de formación del Derecho romano a través de sus épocas históricas, entre las muchas clasificaciones que existen las dividiremos en fuentes directas o jurídicas y fuentes indirectas o extrajurídicas. Las primeras son acciones humanas creadoras y aplicadoras de normas jurídicas. Las segundas no son derecho, son también creaciones humanas, pero que en alguna forma se refieren a él, ayudando a fijarlo históricamente en el espacio y en el tiempo.

FUENTES DE PRODUCCIÓN

Son aquellas que producen directamente las normas jurídicas y están compuestas por el derecho no escrito, consuetudinario, y el derecho escrito.

LA COSTUMBRE

Consiste en la repetición del uso, el estudio de esta fuente trae aparejado el problema del origen del derecho.

La costumbre debe tener tres condiciones esenciales:

  • En primer lugar se encuentra el elemento material de la costumbre que es el uso largo y constante, denominado consuetudo, que a su vez requiere: una formación espontánea, una práctica regular y constante y una duración más o menos larga.
  • Como segunda condición aparece el elemento psicológico, la convicción del carácter jurídicamente obligatorio del uso.
  • Y la tercera condición consiste en que la costumbre no sea contraria a los principios fundamentales de la organización política o económica.

La Roma milenaria tuene un derecho eminentemente consuetudinario.

LA LEY

Las leyes son decisiones votadas por el pueblo en los comicios según la fórmula propuesta por un Magistrado Senador. Se distinguen las leyes curiales votadas por el pueblo reunido en comicios por curias y las leyes centuriales votadas por el pueblo reunido en centurias. Toda ley debía ser aprobada por el Senado.

Mecanismos de la Ley: Promulgatio, que duraba tres semanas; los auspicios, “el Jus y el Fas” unidos; la reunión o discusión; la votación a viva voz y la clausura.

Elementos: La ley consta de:

  • Index
  • La Praescripto; donde aparece el nombre del Magistrado Senador; en lugar; la fecha y quien votó.
  • La Regatio; o contenido de la ley.
  • La Sanctio; que puede ser: “perfectae“, que invalida y sanciona, “minus cuasi perfectae“, no invalida pero sanciona e “imperfectae” ni invalida ni sanciona.

Ley de las XII Tablas: Es una codificación del Derecho consuetudinario vigente.

En el año 303 se suspenden las magistraturas y se nombran diez Magistrados elegidos por los comicios que reciben el nombre de Decenviro (decem: diez; viros: varones) que investidos de dictadura redactan diez tablas al cabo de un año de trabajo, que fueron aprobadas, al estimar incompleto el trabajo se añadieron al año siguiente dos tablas más.

En su carácter es una legislación arcaica y rigurosa, así por ejemplo, el ladrón sorprendido en flagrante delito era condenado a muerte si era esclavo, convertido en esclavo si era hombre libre.

Principales Leyes: Lay Canuelia; sobre el matrimonio entre patricios y plebeyos; la ley Hortensia, da fuerza de ley a los plebiscitos, que alcanza también a los patricios y ley Pubilia, da fuerza de ley a las decisiones votadas en los comicios centuriados.

PLEBISCITO
Era una resolución tomada por la plebe en Asambleas especiales presididas por un tribuno, y se llamaba Concilia Plebis. La Ley Hortensia los declaró obligatorios, generalmente se refieren a cuestiones de derecho privado.

Los principales plebiscitos son: la Lay Falcidia sobre legados, la Ley Cincia sobre donaciones, la Ley Aquilia sobre daños causados injustamente “damnum injuria datum” y la Ley Junia norbana sobre manumisión.

SENADOCONSULTO
Medida legislativa emanada del senado. Aparece con el principado, en vez de limitarse a aprobar leyes votadas en los comicios, o dirigir órdenes a los magistrados para adicionar o modificar el derecho vigente, constituye el derecho por vía de Senadoconsulto.

El Senadoconsulto se hacía generalmente a petición del Emperador.

Los principales Senadoconsultos son: la Oratio Severi; prohíbe al tutor enajenar “proedia rustica vel suburbana” del pupilo, el valeyano; prohíbe a la mujer obligarse por otro, el Macedoniano; prohíbe prestar dinero al “Filius Familiae“, el Orficano; sobre sucesión ab – intestato.

EDICTO DE LOS MAGISTRADOS

El derecho honorario o pretoriano es el que resulta del Edicto de los Magistrados y principalmente del Edicto del Pretor. Conforme a Papiniano tenía un triple objeto: aplicar, completar y corregir el derecho.

CONSTITUCIONES IMPERIALES

Eran medidas legislativas dictadas por el Emperador. Se distinguen cuatro variedades de Constituciones Imperiales: Los “edicta“, disposiciones generales análogas a los edictos de los Magistrados; los “mandata“, instituciones dadas a sus funcionarios para el ejercicio de su Magistratura; los “decreta” decisiones judiciales emitidas por el Emperador como magistrado supremo y los “rescripta“, respuesta del Emperador a un funcionario o particular sobre una cuestión de derecho que se le hubiere planteado.

RESPUESTAS DE LOS PRUDENTES

Son las opiniones de los jurisconsultos, consultas evacuadas que tenían fuerza obligatoria en la decisión de los jueces. Los jurisconsultos romanos llenan cuatro funciones consistentes en: “respondere” o dar consultas verbales “cavere” o redactar documentos para las partes contratantes, “agere” o asistir a las partes en un negocio judicial y “scribire” o escribir obras de derecho.

Los jurisaconsultos romanos pasaron por cuatro fases sucesivas:

  1. Antes de Augusto, eran abogados sin ningún carácter oficial.
  2. Con Augusto, se le acordó a algunos, un carácter oficial.
  3. Época de Adriano, los escritos de los jurisconsultos oficiales tuvieron autoridad igual que la ley.
  4. La célebre Ley de Citas, limitó a cinco el número de jurisconsultos cuyos escritos tuvieron, solo ellos, fuerza de ley. Sus decisiones aceptadas después de muertos dio origen al llamado “Tribunal de los Muertos”.

CODIFICACIONES

Antes de Justiniano, dado el gran número de Constituciones Imperiales, se codificaron las sancionadas desde Dioclesiano hasta Septimio Severo, la obra del jurisconsulto Gregorio se llamó “Código Gregoriano”. Como complemento de la anterior y también de carácter privado aparece bajo Constantino el “código Hermogeniano”, obra de Hermógenes. El Código Teodosiano, obra de Teodosio II, es el primer cuerpo de leyes oficial ya que fue aprobado por el Senado.

OBRA DE JUSTINIANO

  1. Código Antiguo: Obra de diez jurisconsultos nombrados por Justiniano para revisar los Códigos anteriores y sus constituciones, eliminando las caídas en desuso y agregando las posteriores.
  2. Digesto o Pandectas: Compilación y resumen de las obras de los jurisconsultos antiguos, el encargo fue hecho al “questor sacri palatti” Triboniano e integrada por 4 profesores, 11 abogados de Constantinopla y un funcionario denominado “comens sacrum largitarium“. Más de 2.000 libros fueron reducidos a 50, divididos en títulos y estos en fragmentos, numerados y con el nombre de los autores.
  3. La Institutas: Encomendada también a Triboniano, con el objeto de facilitar el estudio a los alumnos de Derecho de la Universidad de Constantinopla, consta de cuatro libros y contiene fragmentos del Digesto y de la obra de Gayo.
  4. Código Nuevo: Es la edición revisada del antiguo Código, nutrido por la agregación de las Constituciones posteriores a su publicación, son 12 libros y el trabajo correspondió a Triboniano acompañado de 4 jurisconsultos.
  5. Novelas: Recopilación de constituciones dictadas por Justiniano, con posterioridad a los trabajos precedentes, fueron hechos a la muerte de Justiniano y no fue oficial.

CORPUS JURIS CIVILIS

Formado por la obras de Justiniano, algunos antecesores, esencialmente Gayo, Paulo y Ulpiano y la obra de los sucesores Justino II y Tiberio II.

La expresión Corpus Juris Civilis fue usada por primera vez en 1583 por Dionisio Gotofredo, especialmente para distinguirlo del “Corpus Juris Canonici” según criterio de los glosadores. La agrupación de la obra tiene un carácter científico.

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