Acerca del control judicial de la acusación fiscal y la excepción relativa a que los hechos no revisten carácter penal (Sala de Casación Penal)

Publicado: noviembre 20, 2012 en SENTENCIAS SALA PENAL
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 Entendida la fe pública como la presunción legal entre un hecho o acto y lo exteriorizado  mediante el instrumento que le sirve de base, el cual debe encontrarse regulado por formalidades, solemnidades y garantías establecidas en ley.

 De ahí la importancia de la fe pública como garantía de realización del acto y el cumplimiento de las formas que la ley impone para su realización, siendo en definitiva la fe pública lo que da validez al acto. En este orden de ideas, el notario otorga la denominada fe pública notarial, que en el presente caso ha sido cuestionada por el ejercicio de la acción penal.

Destacando de igual forma, que el tribunal de control obvió motivar en su fallo sobre aspectos inherentes a los hechos, específicamente en torno a las concepciones del acto en el que concurrieron a firmar los acusadosENRIQUE EMIGDIO VERHELTS, FÉLIX JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ y RAFAEL AGUSTÍN QUINTANA RIVAS, asimismo sobre el propio documento (objeto de experticia técnica efectuada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), y con respecto a la manifestación de voluntad con soporte documental de traspaso de unas acciones de una empresa que está en entredicho, asintiendo que la firma en el documento no es del ciudadanoJHONNY NÚÑEZ TORRES, ya fallecido.

 Lo anterior  se verifica con lo expuesto por el Juzgado Cuadragésimo Séptimo (47) de Control en su decisión, al indicar:

 “evidencia esta Juzgadora que si bien es cierto de las actas del expediente se determina que la firma que aparece en el documento autenticado en fecha 08-10-2003 ha sido realizado presuntamente por una persona distinta a la que corresponde al ciudadano Jhonny Núñez Torres, no lográndose determinar su autoría con respecto a las muestras de carácter indubitado facilitadas para el cotejo, también es cierto que del resto de los elementos de convicción que cursan en actas y que explanó tanto el Ministerio Publico en su acusación así como la acusación particular propia, no se demuestra a criterio de quien aquí decide que los imputados, a pesar de las presuntas irregularidades administrativas que se demostró en el expediente que existían en la Notaría, en comento, tenían el conocimiento pleno de la presunta falsedad de dicha firma, es decir de la falsedad de dicho documento”. (Sic). (Negrillas  y subrayado de la presente decisión).

  Sin embargo, aún con las observaciones plasmadas anteriormente, la sentencia dictada por la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el catorce (14) de octubre de 2010, señaló que la recurrida está ajustada a derecho, “toda vez que en ella la A quo dio justificación del por qué en su criterio era procedente decretar, de conformidad con el numeral 2 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, el sobreseimiento de la causa seguida contra ENRIQUE EMIGDIO VERHELST PIÑA, FÉLIX JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ y RAFAEL AGUSTÍN QUINTANA RIVAS, por el delito de uso de documento falso. La juez determinó la atipicidad de los hechos vertidos en la acusación”.

 Conforme a lo transcrito y expuesto en las decisiones tanto del tribunal de control como de la alzada, esta Sala considera necesario ilustrar en torno a la causal de sobreseimiento contenida en el numeral 2 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal (objeto de la causa en examen), así: Esta causal permite que el juez o la jueza conozca de los elementos de la Teoría del Delito, y en tal sentido analizar la tipicidad, esto es apreciar si el hecho se subsume en el tipo penal específico de la acusación. Mientras que cuando se indica que la actuación objeto no se realizó o no puede atribuírsele al imputado, es porque el asunto que motivó al proceso es inexistente o el imputado no es el responsable del mismo según el numeral 1 del artículo 318 eiusdem.

 Al efecto, la representación jurisdiccional de control tiene el deber de actuar como juez o jueza de derecho y de justicia como lo consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por tanto  no es una potestad, es un deber ineludible dentro del proceso penal.

 Ante todo, debe valorar como juez o jueza de derecho en el marco de la audiencia preliminar, si los hechos de la acusación están sostenidos sobre los elementos de convicción vinculados a ésta, si esos hechos encuadran en una norma penal y si esta adecuación permite prever una causa probable.

 Por ello, el juez o jueza de control debe apreciar a través de un razonamiento lógico-jurídico, si la acusación está fundada sobre base cierta, y los elementos de convicción apuntan una causa probable formulada a través de la acción penal, tomando en consideración los elementos de convicción y de forma preponderante en los soportes probatorios (pertinentes, útiles y necesarios), propuestos y ofertados para ser evacuados en el debate, los cuales deben ser observados en conjunto más no de forma aislada como se verificó en la decisión dictada por el Juzgado Cuadragésimo Séptimo (47) de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, lo cual tampoco fue advertido por la Corte de Apelaciones.

 El funcionario judicial de control como juez o jueza de un Estado Social de Derecho y de justicia, debe ponderar cuál es el verdadero asunto de fondo que está conectado al bien jurídico tutelado por la norma penal, y que se encuentra en relación con el enjuiciamiento solicitado en la acusación. Debiendo estimar a la vez, cuál es el daño social causado a las instituciones, personas individuales o colectivas afectadas, visualizando todas y cada una de las aristas, circunstancias y consecuencias referentes al mismo, sin olvidar el desiderátum del proceso penal (la búsqueda de la verdad y la reparación del daño causado a la víctima), en estricto apego alos artículos 13, 23 y 118 del Código Orgánico Procesal Penal, y 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 Por consiguiente, el tribunal de control contrario a lo expuesto, asumió la valoración de la causa analizando sólo algunos de los elementos de convicción (lo cual hizo de manera sesgada pues consideró unos en lugar de otros), omitiendo hacer la ponderación equilibrada de todos los elementos de convicción existentes en aras de la justicia material en el presente caso.

 Con este proceder, la jueza de control violó: a) el principio de congruencia dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil (aplicación de la máxima romana juxta alegata et probata), que comprende la relación que debe existir entre lo alegado y probado en autos, y la valoración que realiza el juez o jueza como base de su convicción para dictar su decisión; b) el principio de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez o jueza sobre los hechos, también llamado principio de imparcialidad, consagrado en el artículo 26 de la Constitución, que asigna al juez o jueza la orden de ser objetivamente imparcial, sin establecer privilegios y prejuicios. Expresando con su fallo la jueza de control una posición inherente a la fase de juicio, que conlleva una extralimitación de funciones, pero además de forma manifiestamente inmotivada, violándose con ello la parte in fine del artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal.

Todo este actuar por demás inexcusable, fue avalado por la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su decisión del catorce (14) de octubre de 2010,  no cumpliendo con la labor revisora y supervisora propia de la segunda instancia, limitándose en esta oportunidad a confirmar el fallo de primera instancia viciado.

 En consecuencia, los defectos u omisiones advertidos en este fallo, afectaron los derechos a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en perjuicio de las partes accionantes y del proceso mismo, que obliga a la Sala de Casación Penal, con arreglo a los artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, a declarar con lugar esta primera denuncia por la indebida aplicación de la parte in fine del artículo 329 eiusdem,y anular el fallo emitido el doce (12) de julio de 2010 por el Juzgado Cuadragésimo Séptimo (47) en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, así como los demás actos subsiguientes, inclusive la decisión de fecha catorce (14) de octubre de 2010 emitida por la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, todo de conformidad con lo descrito en el artículo 467 del Código Orgánico Procesal Penal, reponiéndose la causa al estado de realizar una nueva audiencia preliminar ante un tribunal diferente a los que conocieron la presente.

 Declarando a su vez la Sala de Casación  Penal que debido a la índole y naturaleza del fallo proferido (que incide en el proceso de forma sustancial dada la nulidad y la reposición a la etapa intermedia), se abstiene de resolver las otras dos denuncias del recurso de casación incoado por la ciudadana YURAIMA REYES,Fiscal Vigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, como también el recurso de casación y la solicitud de medida cautelar efectuada por el ciudadano abogado RAMÓN ALFREDO AGUILAR MONTAÑO, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana CARMEN MARÍA TORRES DE NÚÑEZ, ya que los mismos parten de actuaciones declaradas sin efecto jurídico e igualmente por cuanto los nuevos pronunciamientos que deben verificarse en la causa pueden desvirtuar argumentos expuestos en los recursos, y para los cuales una decisión distinta afectaría su fundamento legal. Así se decide.

En otro orden de ideas, la Sala llama la atención a los jueces CÉSAR SÁNCHEZ PIMENTEL y MARÍA ANTONIETA CROCE integrantes de la Sala No. 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, quienes debieron plantear inhibición, y no conocer del segundo recurso de apelación ejercido contra la decisión del Juzgado Vigésimo Sexto (26°) de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que realizó una segunda audiencia preliminar ordenada por éllos mediante decisión del veintinueve (29) de octubre de 2009, en virtud de haber emitido los prenombrados jueces pronunciamiento sobre el fondo en fecha quince (15) de enero de 2009, que anuló la primera audiencia preliminar celebrada en la presente causa. Todo ello en virtud que las dudas sobre su imparcialidad se pueden considerar objetivamente justificadas.

DECISIÓN

 Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, dicta los pronunciamientos siguientes:

PRIMERO: Declara CON LUGAR la primera denuncia del recurso de casación propuesto por la ciudadana YURAIMA REYES,Fiscal Vigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

SEGUNDO: ANULA la decisión del doce (12) de julio de 2010 emitida por el Juzgado Cuadragésimo Séptimo (47°) de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y los demás actos subsiguientes, inclusive la decisión de fecha catorce (14) de octubre de 2010, proferida por la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

TERCERO: REPONE  la causa al estado de la celebración de una nueva audiencia preliminar ante un tribunal diferente a los que conocieron la presente causa.

Publíquese, regístrese, notifíquese y ofíciese lo conducente.

Dada,  firmada y  sellada en el  Salón  de  Audiencias del  Tribunal  Supremo de  Justicia,   en  Sala  de   Casación  Penal,  a  los   (2)  días del  mes  de  noviembre    del    año 2012.     Años:    202°   de    la    Independencia y 153° de la Federación.

Sentencia Aquí

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