ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE LA TEORÍA PERSONALISTA DEL BIEN JURÍDICO

Publicado: mayo 8, 2013 en INFORMACIÓN VARIADA
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Ésta teoría básicamente tiene como postulado a la dominación de los intereses de la persona (bienes jurídicos personales y fundamentales) sobre los bienes jurídicos universales que han dominado la discusión político-criminal de los últimos años, poniendo una cuestionante de Reflexión al Derecho Penal.

En una época en la que la socialización es cada vez mayor, el Derecho Penal debe reflexionar sobre si los intereses de la persona deben o no ser favorecidos frente a los de la sociedad y el Estado. La meta de ésta teoría es funcionalizar los intereses generales desde el punto de vista de los de la persona, deduciendo los bienes sociales y estatales de los del individuo. Para ésta teoría, los intereses generales sólo se pueden reconocer legítimamente en la medida en que sirvan a los intereses personales.

Así, solo una teoría personalista del bien jurídico puede invocar con legitimidad una concepción liberal del Estado, desde el punto de vista de la persona. Para ésta teoría, los bienes jurídicos de la comunidad solo se pueden reconocer en la medida en que sean también intereses de la persona.Considero que es positiva la primacía de la protección de los valores particulares frente a los universales, pero no de manera absoluta, puesto que con el desarrollo de los tiempos , se ve la necesidad de  proteger los bienes universales.

La convivencia, los procesos de participación en un sistema social como realidad comprobable, impide que se sostenga una concepción puramente individual del bien jurídico y por cierto no explicarían satisfactoriamente aspectos sustantivos de los procesos de comunicación de la persona con su comunidad y con el sistema en su conjunto. Casos como los delitos contra la fe pública confirman este aserto.

En la falsificación de documentos en general, se protege los mínimos de veracidad en el tráfico jurídico, la correspondencia entre la realidad y los símbolos que la representan o desde la perspectiva de la Teoría personalista del bien jurídico, que considera que “las falsedades documentales no como delito contra la seguridad del tráfico jurídico, sino como delitos contra la totalidad de participantes en ese tráfico y, por tanto, de los interesados en los medios probatorios”.

En consecuencia, los procesos de participación resultan indicativos de realidades más allá de lo individual, los intereses colectivos o sociales representan el sistema y pueden convertirse en objeto de tutela penal, los denominados difusos por hallarse difundidos entre amplias capas de la población: salud pública, medio ambiente, libertad sindical, derecho de huelga.

En este contexto, uno de los aspectos de mayor importancia en la discusión actual sobre el bien jurídico reside en la problemática entre los denominados bienes jurídicos clásicos y los bienes jurídicos nuevos. En los bienes jurídicos clásicos como la vida, el patrimonio, la libertad etc. existe un mayor consenso, no generan mayor discusión. Sin embargo, como ya se ha dicho, existen bienes jurídicos que obedecen a criterios absolutamente distintos de los individuales y reflejan aspectos centrales del fin de ésta protección.

El tema de los bienes difusos, o bienes colectivos que por su contenido y alcance expresan la funcionalización del sistema, del orden económico, la salud pública, el medio ambiente, recogen nuevos intereses, y el proceso de asimilación viene presidido por una fuerte “tensión” en el Derecho penal. Resulta discutible si en rigor son bienes jurídicos o sólo funciones y utilizando el análisis de Hassemer deja planteado que estos intereses no son ya bienes jurídicos en el sentido tradicional, sino objetivos de organizaciones políticas, sociales o económicas, por lo que el Derecho Penal no tutela ya víctimas sino funciones.

El riesgo de la asunción de esquema de tutela de funciones radica en transformar el injusto penal en un ilícito de mera transgresión que, en realidad, no cambia, tampoco si el concepto de función se sustituye por el substancialmente equivalente de “bien social”. El valor de un bien jurídico así concebido para la Política Criminal, y Para la Función del Derecho Penal, no consiste en ser una especie de salvo conducto de todas las normas penales, sino en la posibilidad de ofrecer argumentos a la hora de aplicar el Derecho Penal, y así elaborar una política criminal clara, controlable y orientada a la persona. No se puede esperar más de este tipo de conceptos fundamentales.

Los conceptos fundamentales de no nos van a sevir (y que no se espere) para imponer una determinada decisión, o para aplicar el Derecho Penal en un determinado sentido, sino, sólo nos van a servir para reforzar los argumentos que se utilizan en las discusiones jurídicas y políticas. En este sentido, la concepción personalista del bien jurídico, lucha por una política del Derecho Penal, vinculada a principios, y que dicha justifique y mida sus decisiones en función de si protegen a los intereses humanos digno de Tutela Jurídica. 

 

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