LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL PROCESO CIVIL VENEZOLANO

Publicado: enero 13, 2014 en PROCESAL CIVIL
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CONCEPTO

Las medidas preventivas son providencias emanadas, judicialmente a petición de partes o de oficio, por medio de las cuales se efectúa la prevención o aseguramientos procesales, con carácter provisorio sobre bienes o personas para garantizar las resultas de un juicio, deben denominarse medidas preventivas, en razón de su trayectoria histórica en el proceso venezolano, y por otra parte, es el nombre que está establecido por el Código de Procedimiento Civil. Las medidas preventivas consideradas dentro de las medidas cautelares, tienen efectos eminentemente ejecutivos, aseguran la ejecución forzosa del fallo, lo que ha conducido a denominarlas medidas preventivas típicas. Están previstas en el Código de Procedimiento Civil para asegurar la ejecución de la sentencia, garantizar el resultado práctico de las acciones del acreedor contra el deudor, mediante un sistema que permite colocar determinados bienes, fuera de toda transacción comercial, de manera que queden afectados forzosamente a la satisfacción de las obligaciones que se declaren o sean reconocidas en el proceso.

Las medidas preventivas están consagradas por ley civil para asegurar la eficacia de los procesos civiles, garantizando el resultado práctico de las acciones del acreedor contra el deudor. Para ello se impone la toma de medidas orientadas a impedir el menoscabo de ese derecho, protegiéndolo mediante un sistema que permita colocar de improvisto determinados bienes fuera de toda transacción comercial para que queden forzosamente afectos a la satisfacción de las obligaciones que haya de declararse o reconocerse al fin del proceso.

CARACTERES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.

Instrumentalidad, subsidiariedad o accesoriedad: La medida cautelar es un medio que está al servicio de la función jurisdiccional, cuya finalidad es garantizar provisoriamente su eficacia. El carácter típico de las providencias cautelares, radica en su instrumentalidad, en el sentido, de que no constituyen un fin en sí mismas, sino que están pre- establecidas con miras a una ulterior providencia definitiva, es decir, al resultado práctico que aseguran preventivamente.

Provisionalidad: Temporal, es lo que no durará siempre; lo que independientemente de que sobrevenga otro evento, tiene por sí mismo, duración limitada; provisorio, es en cambio, lo que está destinado durar hasta tanto sobrevenga un evento sucesivo, en vista y en espera del cual el estado de provisionalidad subsista durante el tiempo intermedio. Provisorio equivale a interino, ambas expresiones indican lo que está destinado a durar solamente el tiempo intermedio que procede al evento esperado. La cualidad de provisoria atribuida a las providencias cautelares, se refiere a que los efectos constituidos por ellas, no sólo tienen duración limitada al período de tiempo que deberá transcurrir entre la emanación de otra providencia jurisdiccional, que en la terminología común se indica como definitiva, en contraposición de la primera cautelar.

Mutabilidad. Variabilidad o revocabilidad: Este carácter se encuentra en íntima conexión con el carácter de provisoriedad. De acuerdo con este carácter, en el curso del proceso y aun antes de que se dicte la providencia principal, las medidas cautelares son susceptibles de sufrir transformaciones cuando varíen las circunstancias concretas en virtud de las cuales, se les hubiese decretado. Modificado el estado de cosas que le dio nacimiento, la medida puede ser modificada también.

Jurisdiccionalidad: Al igual que la cognición y la ejecución, las medidas cautelares tienden a la realización del fin jurisdiccional, sólo que, por ser instrumentales lo cumplen en forma mediata.

Urgencia: La urgencia viene a ser la garantía de eficacia de las medidas cautelares, proporcionada mediante la existencia de un medio efectivo y rápido que intervenga, como lo son las medidas cautelares, que deben acordarse armonizando las ideas de la justicia y la de la celeridad.

FINALIDAD DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.

Las medidas preventivas tienen por objeto, evitar que se llegue a burlar el derecho de la parte; bien porque al fin del juicio haya de encontrarse con que no existan bienes sobre que hacer efectivo su derecho por manejo de su contrario, bien porque se le pongan estorbos indebidos a su procedimiento judicial para fines incorrectos.

Al paso que el Estado asumió la tutela de los derechos, tuvo necesidad de regular su ejercicio y asegurar su efectividad. Las medidas cautelares o preventivas, están integradas por instituciones de muy diversa índole, cumplen su cometido a través de la finalidad específica a que estén dirigidas cada una de ellas. Al respecto podemos decir, que algunas procuran garantizar provisionalmente la futura ejecución de una obligación, otras tienden a satisfacer necesidades urgentes, otras, aseguran las pruebas, etc. Según el jurista Podetti, las medidas preventivas o cautelares tienden a asegurar los elementos formativos del proceso (prueba); los elementos materiales que en él se discuten o han de servir para satisfacer la obligación reconocida (bienes), y a preservar de daños, a los sujetos del interés sustancial, mediante su guarda y la satisfacción de susn necesidades urgentes (personas).

CLASES DE MEDIDAS PREVENTIVAS.

a. Nominadas o Generales: (Art.588 CPC):

1°. El embargo de bienes muebles: Medida cautelar adoptada por la autoridad judicial para asegurar el resultado de un proceso y que recae sobre determinados bienes cuya disponibilidad se impide. El embargo es la retención, secuestro o prohibición de dispones de ciertos bienes sujetos a responder eventualmente de una deuda u obligación.

2°-El secuestro de bienes determinados: El secuestro es el depósito de bienes muebles o inmuebles materia de un litigio que, en manos de terceros y para fines preventivos y de conservación, hacen los interesados o decreta el Tribunal.

3°. La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles: Esta medida no afecta ni perturba de manera inmediata al afectado, constituye una limitación al derecho de propiedad y por lo tanto su interpretación debe ser siempre restrictiva y no puede aplicase de manera analógica.

b. Innominadas o medidas cautelares atípicas: son las providencias cautelares que acordará el Juez, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar a otra, una lesión patrimonial grave, o de difícil reparación; como por ejemplo: autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos. Este tipo de medidas son las que puede dictar el Juez de acuerdo al caso concreto cuando lo que se persigue es el aseguramiento de las resultas de aquellas demandas que no buscan la satisfacción de obligaciones dinerarias o la restitución de algún bien.

El artículo 585 CPC establece el presupuesto para que la medida sea decretada por el Juez:

1. Exista un riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (FUMUS PERICULUM IN MORA).

2. Cuando se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama (FUMUS BONIS IURIS).

El fundamento del requisito legal de la presunción grave del derecho que se reclama radica en la necesidad de que se pueda presumir al menos que el contenido de la sentencia definitiva del juicio será de condena, como justificación de las consecuencias limitativas al derecho de propiedad que conlleva la medida. Resulta conveniente un juicio que previamente haga presumir la garantía de que la medida preventiva va a cumplir su función, instrumentalizada, de garantizar el resultado práctico de la ejecución forzosa, la cual, a su vez, depende de la estimación de la demanda.

La otra condición de procedibilidad, peligro en el retardo, exige, como hemos dicho, la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo.

LIMITACIONES

El Juez no podrá decretar el embargo ni la prohibición de enajenar y gravar, si la persona contra quien estuvieran dirigidas, prestare caución o garantía suficiente, de las establecidas en el artículo 590 CPC”.

Si la parte que solicite se decreten dichas medidas, objetare la garantía o caución, prestada, por ser ineficaces o insuficientes, se abrirá una articulación por 4 días y el Juez decidirá sobre la objeción, en los dos días siguientes al vencimiento de la articulación.

LIMITACIÓN SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA MEDIDA.

“Los bienes objeto de la medida, serán estrictamente los necesarios para garantizar las resultas del litigio”.

“Si se comprobare que excedieren en su valor, la cantidad a cubrir según el decreto, el Juez la limitará hasta lo suficiente”.

“GASTOS: El solicitante de la medida sufragará los gastos y honorarios por el depósito de los bienes, los del traslado y los que sean necesarios para reponer las cosas del estado en que se encontraban para en momento del embargo. En estos casos no se admite el derecho de retención a favor del depositario (592).

 PRESUPUESTO PARA EL DECRETO DE LA MEDIDA DE CAUCIÓN (Art. 590 CPC).

Previa caución o garantía.

“Podrá el Juez, decretar el embargo de bienes muebles o la prohibición de enajenar y gravar de bienes inmuebles, aun cuando no estén llenos los extremos de Ley, siempre y cuando quien lo solicite ofrezca y constituya caución o garantía suficiente, para responder de los posibles daños y perjuicios que el decreto de tales medidas pudiere ocasionar a la parte contra quien obren. Tal caución o garantía, de conformidad con la ley, son:

1° Fianza principal y solidaria de empresas de seguro, instituciones bancarias o establecimientos mercantiles de reconocida solvencia.

2° Hipoteca de primer grado sobre bienes cuyo justiprecio conste en los autos.

3° Prenda sobre bienes o valores.

4° Consignación de una suma de dinero hasta por la cantidad que señale el Juez.

En el caso de fianzas de establecimientos mercantiles, el Juez requerirá la consignación en autos del último balance certificado por contador público, de la declaración al impuesto sobre la renta; y del certificado de solvencia correspondiente.

BIENES SOBRE LOS CUALES SE PUEDEN EJECUTAR LAS MEDIDAS (Art. 587 CPC).

“Únicamente podrán ejecutarse sobre bienes que sean propiedad de aquel contra quien se haya librado la medida, salvo en los casos de secuestro”.

LA MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO.

Entendemos por embargo preventivo, el acto judicial a requerimiento de parte, en virtud del cual se sustrae en un depositario cualquier ben mueble del poseedor contra quien obra, con el objeto de suspender provisionalmente los atributos de su derecho de propiedad – ius abutendi, fruendi et utendi -, y tenerlos a las resultas del juicio. Esta definición nos permite diferenciar en embargo como medida preventiva, y diferenciarlo a su vez del secuestro y de la prohibición de enajenar y gravar en sus efectos específicos.

1. Lugar para la práctica de la medida (Art. 591 CPC)

a. En la morada del ejecutado, o

b. En los sitios o establecimientos donde se encuentren los bienes a embargarse.

2. Embargo de créditos (Arts. 591 al 595 CPC).

a. Forma de practicar el embargo sobre créditos (593): El embargo de créditos se efectuará mediante notificación que hará el Juez al deudor del crédito embargado, en la morada. Oficina o negocio de éste. Si no se encontrare al deudor, la notificación se hará a cualquiera de las personas indicadas en el artículo 220 “en los casos de citación por correo certificado con aviso de recibo deberá ser firmado por el representante legal o judicial de la persona jurídica, o por uno cualquiera de sus directores o gerentes, o por el receptor de correspondencia de la empresa” si se tratare de personas jurídicas. Si se tratare de personas naturales, la notificación se hará en la persona que está a su servicio, o sea pariente del deudor, que se encuentre en su morada, oficina o negocio, dejándose constancia en el acta del nombre, apellido y cédula de identidad de la persona notificada. Si se tratare de créditos o derechos litigiosos, bastará con dejar constancia del embargo en el expediente del juicio respectivo, mediante acta que suscribirán el Juez, el Secretario y los comparecientes.

b. Papel del deudor ante el Tribunal (594): Al momento del embargo del crédito, o dentro de los dos días siguientes, el deudor manifestará al Tribunal el monto exacto del crédito, la fecha en que debe hacerse el pago, la existencia de cesiones o de otros embargos, indicando también el nombre de los cesionarios y de los otros embargantes, y las fechas de notificación de las cesiones y embargos. Si el deudor no hace la manifestación a que se refiere este artículo, quedará responsable por los daños y perjuicios que su omisión cause al embargante.

c. Caso de cesiones de créditos ya embargados (596): Si hubiere cesiones de créditos anteriores al embargo, se practicará este sobre el remanente del crédito siempre que la cesión tenga fecha anterior al embargo.

3. Caso de bienes ya embargados (Arts. 595 y 534 CPC): Un mismo bien, puede ser objeto de varias medidas de embargo, graduando los derechos de los embargantes, por su orden de antigüedad. Si el bien se rematara se trasladarán los mismos al precio, en el mismo orden y cuantía en que se hayan practicado. Quedarán a salvo, las preferencias y privilegios de Ley.

4. Facultad del deudor ya embargado (Art. 597 CPC): Siempre que no implique perjuicios para el embargante, puede el afectado señalar los bienes sobre los cuales, preferentemente, se practicará la medida.

Bienes Muebles embargables.

Son susceptibles de embargo, todos los bienes que el Código Civil, considera como muebles, así lo sean por su naturaleza como son los objetos que se pueden transportar de un lugar a otro, o se mueven por sí mismos, o son movidos por una fuerza exterior; o lo sean por disposición de la Ley, como por ejemplo, los derechos, las obligaciones, las acciones que tienen por objeto efectos muebles. Las acciones o cuotas de participación en las sociedades de comercio o de industria, respecto de cada socio o por el tiempo que dure la sociedad; las rentas vitalicias o perpetuas, los materiales de construcción, aún no empleadas en éstas las construcciones flotantes en general y los demás muebles que no hayan sido convertidos en inmuebles por destinarlos su propietario.

A pesar de lo anteriormente dicho, existen muebles que no pueden ser objeto de embargos preventivos, por cuanto, sobre ellos no se podría trabar ejecución, por lo que, sería inútil y hasta vejatorio si se quiere, ponerlos bajo custodia o depósito, para que respondan de las resultas del juicio. Por ejemplo: el lecho y la ropa del deudor, de su cónyuge y de sus hijos, ni los muebles y enseres que estrictamente necesiten el obligado y su familia, ni los libros, útiles e instrumentos necesarios para el ejercicio de su profesión. Los derechos que sean esencialmente personales del obligado.

Según nuestra Ley Procesal, los sueldos, salarios y remuneraciones hasta el monto del salario mínimo nacional obligatorio fijado por el Ejecutivo Nacional, conforme a la Ley, son inembargables cualquiera que sea la causa.

La porción comprendida entre el salario mínimo y el doble del mismo es embargable solamente hasta la quinta parte.

La porción de los sueldos, salarios y remuneraciones que exceda del doble del salario mínimo nacional obligatorio es embargable únicamente hasta la tercera parte.

MEDIDA PREVENTIVA DEL SECUESTRO.

El secuestro judicial, o secuestro propiamente dicho, es una medida preventiva, que tiene por objeto asegurar la integridad de la cosa que se necesita poner en depósito, sin que sea menester que siempre haya un litigio pendiente sobre ella.

Causales taxativas (Art. 599 CPC)

Se declarará el secuestro:

  1. De la cosa mueble sobre la cual verse la demandada, cuando el demandado sea irresponsable o se tema con fundamento que éste la oculte, enajene o deteriore.
  2. De la cosa litigiosa, cuando sea dudosa su posesión.
  3. De los bienes de la comunidad conyugal, o en su defecto del cónyuge administrador, que sean suficientes para cubrir aquellos, cuando el cónyuge administrador malgaste los bienes de la comunidad.
  4. De bienes suficientes de la herencia, o en su defecto del demandado, cuando aquel a quién se haya privado de su legítimo, la reclame de quienes hubieren tomado o tengan los bienes hereditarios.
  5. De la cosa que el demandado haya comprado y esté gozando sin haber pagado su precio. En este caso el propietario y el vendedor podrán exigir que se acuerde el depósito en ellos mismos, quedando afectado el bien para responder al vendedor o al comprador, si hubiere lugar a ello; pudiendo el vendedor hacer protocolizar el decreto de secuestro en la Oficina de Registro correspondiente.
  6. De la cosa litigiosa, cuando dictada la sentencia definitiva contra el poseedor de ella, éste apelare sin dar fianza para responder de la misma cosa y sus frutos, aunque sean inmuebles.
  7. De la cosa arrendada:
  • Cuando el demandado lo fuere por falta de pago de pensiones de arrendamiento;
  • O por estar deteriorada la cosa:
  • O por haber dejado de hacer las mejoras a que lo obligaba el contrato. En este caso, podrá el arrendador propietario y el arrendatario respectivamente, podrán solicitar que se acuerde el depósito en ellos mismos, quedando afecto el bien, para responder respectivamente al arrendatario o al arrendador, si hubiere lugar a ello. La parte en cuyo favor se otorgó el secuestro podrá hacer protocolizar el decreto en la Oficina de Registro correspondiente.

El secuestro puede recaer, sobre bienes muebles, semovientes o inmuebles, según sea la naturaleza de la cosa litigiosa. Existe cierta discrepancia en relación a si pueden ser secuestrables las cosas incorporales, como por ejemplo, los derechos y obligaciones. Pero de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia, se considera que esto es perfectamente posible, en atención, a que tales bienes, pueden ser objeto de la cosa litigiosa, como podrían ser por ejemplo: un crédito, el usufructo, el uso, la habitación de un inmueble, una servidumbre, un derecho hereditario, etc.

MEDIDA PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR (Art. 600 CPC)

Causales

  1. Cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 585 del CPC.
  2. Contracautela: La medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar, podrá ser decretada, si no se encontraren los extremos leales, establecidos en el artículo 585, si la parte que la solicitare, diere caución o constituyere garantía, de las señaladas en el artículo 590.

Acción del Tribunal (Art. 600 CPC). El tribunal, deberá oficiar, sin pérdida de tiempo, a la oficina de registro del lugar donde esté situado el inmueble o inmuebles, para que no protocolice ningún documento en que de alguna se pretenda enajenar o gravar el inmueble, objeto de la medida.

Deberá insertarse en el oficio, los datos sobre la situación y linderos que constaren en la petición.

Se considera radicalmente nulas y sin efectos, la enajenación o el gravamen que se hubieren protocolizado después de decretada y comunicada al Registrador, la medida en cuestión. El Registrador será responsable de los daños y perjuicios que ocasione la protocolización.

No se decreta la medida preventiva (Excepción del Secuestro). No se decretará la medida preventiva en cuestión, si la parte contra quien abre la misma, diere caución o constituyere garantía de las señalados en el artículo 590.

Suspensión de la medida. Podrá suspenderse la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar, una vez decretada, si la parte con la que obre la misma, diere caución o constituyere garantía de las señaladas en el art 590.

 PROCEDIMIENTOS EN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

La parte que solicita una medida preventiva, debe acompañar a su solicitud los medios probatorios del “fumus boni iuris”, es decir, de la presunción fundada, de la existencia del derecho reclamado y la demostración de las circunstancias que sirvan de fundamento necesario a la medida. Si la solicitud se hace antes de la citación del demandado, el actor puede formularla en el mismo texto del libelo de la demanda, o también puede hacerla, mediante escrito aparte. Para algunos autores, hacerla en escrito separado, es lo más conveniente, por cuanto la incidencia, se tramita en cuaderno separado. Aunque la Ley no lo prohíbe, no es aconsejable hacer la solicitud mediante diligencia ante el secretario del Tribunal, por cuanto de esta manera se permitiría que la parte contraria, se imponga del contenido de la misma, y pueda obstaculizar o frustrar el objetivo de la medida que se decrete. El Tribunal debe proveer sobre la solicitud en el mismo día en que se presente, en atención a que, estas medidas, siempre tienen carácter de urgencia. En este caso la decisión del Juez, puede ser: negativa y declarar improcedente la solicitud. b) de ampliación, y en este caso ordenar que se amplíe la prueba que según el criterio del Tribunal es insuficiente, y c) favorable, en cuyo caso decretaría inmediatamente la medida solicitada. Conforme a nuestro Ordenamiento Jurídico Procesal, cualquiera que sea la decisión o decreto no tendrá apelación. Cuando el Tribunal considere que la prueba es insuficiente, deberá determinar mediante un auto, el punto de la insuficiencia y mandará que se amplíe dicha prueba, a fin de hacerla completa. Una vez decretada la medida solicitada, debe procederse inmediatamente a su ejecución, por cuanto dicho decreto no es apelable.

 

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comentarios
  1. Miguel Lira dice:

    Gracias por estas clases adelantadas. Saludos desde Valle de la Pascua.

  2. freddy vasquez dice:

    Que satisfacciòn tan placentera debe sentir todo aquel que contribuye con el desarrollo de sus conciudadanos…..

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