EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN

Publicado: octubre 13, 2014 en ADMINISTRATIVO
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En Francia a mediados del siglo XIX se consideraba que el Estado sólo era responsable cuando actuaba como persona privada.

En Alemania se consagra la responsabilidad del Estado como una institución que se basa en un sistema mixto de responsabilidad por culpa (la responsabilidad del Estado se establecía como una responsabilidad indirecta, consecuencia de los actos ilícitos de los funcionarios)  y de responsabilidad por sacrificio (se clasifico en indemnizaciones de derecho publico, indemnizaciones por intervenciones antijurídicas sin culpa y en aquellas situaciones de riesgo)

En España regia el viejo principio de irresponsabilidad del Estado hasta el siglo XIX, sin embargo en 1978 se le dio carácter constitucional a la responsabilidad patrimonial de la administración, dicha norma viene a cubrir las reparaciones por daños  no expropiatorios, como consecuencias de la actuación normal o anormal de la prestación de los servicios públicos muy similar a la establecida en nuestra Constitución.

En Venezuela la Constitución de 1901 reconoció indirectamente la responsabilidad de la República y de los Estados por daños provenientes de la actividad pública.

Nuestra Carta Magna establece la obligación directa del Estado de responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre y cuando la lesión sea imputable al funcionamiento normal o anormal de la Administración Publica.

La base fundamental del principio de la responsabilidad de la administración se encuentra consagrada en el artículo 140, que se refiere tanto a la responsabilidad contractual como extracontractual (se basa en el principio de igualdad o equilibrio ante las cargas públicas) siempre y cuando la lesión sea imputable al funcionamiento normal o anormal de la Administración Pública; es una responsabilidad objetiva, aquella que resulta de una relación de causalidad entre el daño y la actividad de la administración como autor del daño.

El conocimiento y competencia de la responsabilidad de la administración le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa.

El daño y su prueba

Daño: es todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor, o molestia, que sufre un individuo en su persona, bienes, honor, libertad, crédito, afecto, ciencias. El daño supone, entonces la destrucción o disminución, por insignificante que sea, de los beneficios y ventajas patrimoniales o extramatrimoniales de que goza el afectado.

La jurisprudencia y la doctrina exigen la concurrencia de las siguientes condiciones:

  •  Que el perjuicio sea especial, es decir que haya afectado a un solo individuo o a un pequeño número de individuo.
  • Que sea de gravedad suficiente
  • Que el perjuicio sea cierto y apreciable en dinero
  • Que la actividad prohibida o reprimida o la situación afectada no haya sido contraria a la salud, a la moral, o al orden público.

Es indispensable, para que sea reconocido el derecho a la indemnización, la singularidad del daño, es decir que se haya sacrificado un derecho un derecho concreto o el contenido mismo de un derecho y no se trate de una mera limitación que la ley imponga a un derecho abstractamente considerado.

La jurisprudencia venezolana delineó los elementos que debían concurrir para la procedencia de la responsabilidad patrimonial:

  •  Que se haya producido un daño a los particulares en la esfera de sus bienes y derechos.
  • Que el daño inferido sea imputable a la Administración, con motivo de su funcionamiento.
  • La existencia obligatoria de una relación de causalidad entre el hecho imputado y el daño producido.

Si se demandare la indemnización por daños y perjuicios se deben especificar y dar sus causas para que el demandado conozca exactamente a que está referida la pretensión, lo cual no implica que el demandante tenga la carga de pormenorizar cada daño y cada perjuicio.

La responsabilidad del servicio y la responsabilidad del funcionario público

Según el concepto doctrinal incurre en responsabilidad administrativa el agente público que, en ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, afecta la disciplina o el buen funcionamiento del servicio.

Se requiere examinar la voluntad del ánimo (cualidad subjetiva) del agente público al momento de ejecutar el hecho (su acción); si en está predomina la intención dañosa, el propósito delictivo, estaríamos en presencia de una falta del funcionario.

El ex Magistrado Carlos Escarra ha sostenido en sentencia del 15 de junio de 2000:

Cuando los funcionarios en el ejercicio de la actividad o función publica a la que están llamado a cumplir errores o faltas que producen lesiones en el administrado, aun cuando su actuación se encuentre vinculada con el servicio, se afirma que existe corresponsabilidad, tanto de la Administración agraviante como de los funcionarios que se encuentren a su servicio.

Este tipo de responsabilidad es de carácter subjetivo, y posee elementos esenciales para los supuestos de daños, estos son:

 la acción u omisión que deriva de todo acto o conducta humana voluntaria que es imputable a una persona.

  • La antijuricidad o lesiones de intereses jurídicamente protegidos (estén establecidos mediante ley o una relación contractual.
  • El dolo o culpa: El dolo exige intencionalidad o mala fe, mientras que la culpa es una falta de diligencia o una acción voluntaria contraria a la ley o a la relación contractual

La responsabilidad de la administración pública por riesgo (lo saque del resumen de administrativo de año pasado)

La teoría del riesgo creado ha sido utilizada también por la doctrina y la jurisprudencia para justificar la responsabilidad del Estado frente a la ausencia de falta. Para algunos –López Mesa-, ello es «un destacado fenómeno del derecho contemporáneo, el retorno a formas primitivas de imputación de responsabilidad, prescindentes de la exigencia de culpabilidad en el sujeto para atribuirle las consecuencias de un hecho del que es autor material».

Así, se interpreta que cuando la Administración lleva a cabo una actividad de la cual se beneficia o aprovecha y crea el riesgo de causar daños, debe responder por el daño causado cuando dicho riesgo se verifique o concrete, con independencia de toda culpa objetiva o subjetiva. Se expresa así, que el daño causado por la actividad riesgosa comporta una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas al imponer a los afectados una carga que no están obligados a soportar.

En este supuesto, el establecimiento de la responsabilidad se reduce a la prueba de la relación causal con independencia de la falta del autor material del daño que no es relevante ni necesaria a los fines de la determinación de la responsabilidad, respondiendo la Administración incluso por caso fortuito. De allí que, aun en caso de que no puede determinarse quien es el autor de la falta, es decir, que ésta sea anónima o impersonal el particular tiene asegurada la reparación siempre que se verifique la relación de causalidad, y la administración sólo podrá exonerarse mediante la prueba de una causa extraña (fuerza mayor, hecho de un tercero y culpa de la víctima).

Por ello se asegura que «la culpa deja de ser la protagonista exclusiva en el escenario de la responsabilidad por daños, pasando a compartir cartel con un factor de atribución nuevo, que al extender su esfera de aplicación va a producir una suerte de socialización de la obligación de responder, por imperio de la afinación del factor de atribución. La resignación cristiana ante lo que antiguamente se denominaban “accidentes” dejó paso a la búsqueda a ultranza de un obligado a reparar el perjuicio. La justicia y la equidad obligaron a asegurar una reparación a las víctimas de accidentes “anónimos” o sin culpa aparente de nadie, cuando echó de verse que significaba una irrealidad la imputación de dichos daños al error humano, apreciado en sentido clásico».

La doctrina de venezuela ha establecido a través de sus jurisprudencias.

Sentencia Nº 00943 de Sala Político Administrativa, Expediente Nº 14658 de fecha 15/05/2001

Sistema de responsabilidad del Estado en la actualidad. Teoría de la falta o falla de servicio. Teoría del riesgo.

“en la actualidad, atendiendo a principios de derecho público, el acento no está en los criterios de culpa, sino en orden de garantizar la reparación de quien sufre el daño antijurídico, basado en los criterios de falta o falla de servicio e, incluso del riesgo o daño especial (los cuales, a su vez, se fundamentan en los principios de equidad, solidaridad social, igualdad ante las cargas públicas, o al hecho de la insolvencia del agente público para responder al daño), que expresan en alto grado, un sistema de responsabilidad objetiva, es decir, que en menor o mayor medida atienden al daño causado (no obstante que técnicamente para algunos autores tienen sustanciales diferencias con lo que es responsabilidad objetiva, en tanto que para éstos strictu sensu la responsabilidad objetiva supone que siempre se será responsable, excluyéndose así supuestos eximentes de la misma: culpa exclusiva de la victima, hecho de un tercero, la fuerza mayor) y donde la responsabilidad del estado entendida como indirecta pasa entonces a ser directa.. Ahondando brevemente sobre las teorías precedentemente expuestas, cabe destacar en cuanto a la primera de ellas, la que funda la responsabilidad en la falta o falla del servicio, que la falta (la acción o hecho antijurídico) es entendida en un sentido que trasciende a lo subjetivo (criterios de culpa) proyectándose en el hecho objetivo, es decir, el daño antijurídico causado. Allí la responsabilidad del Estado es con ocasión de un defectuoso funcionamiento del servicio o por la impropia conducción del mismo. En tal contexto su ratio fundamental es no dejar sin salvaguarda los daños antijurídicos, donde no pueda identificarse al agente (funcionario público) causante del daño (daños anónimos).”

“En similar contexto se sucede la segunda de ellas, la teoría del riesgo, la cual se suma, con carácter excepcional, a la de falta o falla de servicio, es decir, la complementa, a fin de proteger a la victima (reparar el daño sobre ella causado) en aquellos casos donde la teoría de la falta o falla de servicio es insuficiente, por no haber quedado de manifiesto el funcionamiento anormal del servicio, aun cuando se ocasionó un daño, y donde además, incluso, en casos de daños ocasionados por causa lícita deben ser reparados y la colectividad debe soportar dicha carga de reparo, en virtud del principio de igualdad ante las cargas públicas. Así, esta teoría en grado sumo expresa un sistema de responsabilidad objetiva. Ahora bien, como claramente se observa, la motivación que dio lugar a esas teorías fue, en el marco del alto intervensionismo estatal, no dejar sin posibilidad de reparación a la victima en los casos de los denominados daños anónimos, es decir, donde no está identificado el funcionario público causante del daño, o identificable éste por la insuficiencia de su patrimonio, o incluso en casos de falta impersonal (donde no puede atribuirse a un individuo en específico, sino al servicio considerado en abstracto). Casos todos en los cuales es insuficiente los criterios basados en la culpa. En suma, su fin no es otro que asegurar la reparación del daño”

Es importante resaltar que la jurisprudencia a establecido los limites entre la teoria del riesgo y la teoría por falta y falla del servicio.

Sentencia Nº 00943 de Sala Político Administrativa, Expediente Nº 14658 de fecha 15/05/2001

“la responsabilidad administrativa soportada en criterios en alto grado objetivista, como el riesgo excepcional, debe ser interpretada bajo criterios restringidos, a fin de evitar generalizaciones impropias e inconducentes que excluyan los supuestos necesarios eximentes de la responsabilidad, tales como, hecho exclusivo de un tercero, culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor o caso fortuito. Se impone entonces siempre un análisis guardando la debida ponderación o prudencia en la aplicación de la teoría del riesgo, con omisión de la falla o falta del servicio, porque si se extiende o exagera en demasía su aplicación, sin límites, ello podría conllevar a que la administración tenga que hacerse prácticamente responsable de todas las situaciones de daño, lo cual (…) puede establecer una injustificada y excesiva onerosidad sobre la hacienda pública”. (Negritas Personales).

La responsabilidad del Estado Legislador

 En el derecho venezolano, la actividad legislativa de manera directa no genera una responsabilidad patrimonial del Estado, lo que compromete patrimonialmente al Estado es la ejecución de la norma, la cual ejecuta el Estado por medio de algunos de los Órganos del Poder Público, cuando despliega la actividad administrativa causando un daño a un particular.

Artículo 25 CRBV: Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.

Existen dos medios de protección de la constitucionalidad en Venezuela que tienen como finalidad la desaplicación de una ley de carácter inconstitucional a través del Control difuso de la Constitucionalidad (Art 334 CRBV Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.

En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.

Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella) y la declaración de nulidad de la ley mediante el Control Concentrado de la Constitucionalidad de las Leyes (Art 336 numeral 7 CRBV Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del legislador o la legisladora nacional, estadal o municipal, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección.)

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comentarios
  1. GOCHA ROSALES dice:

    Enviado desde Samsung tablet

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