TSJ-LOGO

 Sentencia: N°1333 de fecha 01 de Noviembre 2000.
Tema: Acción de amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Del derecho a un intérprete.
La Sala observa que, si bien la disposición prevista en el artículo 49, numeral 3 in fine, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, otorga, a quien no hable castellano, el derecho a un intérprete, consta en autos que las autoridades policiales y judiciales del Estado Venezolano realizaron gestiones ante organismos diplomáticos y consulares de la República Federal de Yugoslavia, tanto en el país como fuera de él, con el objeto de hacer efectiva, a favor del accionante, la tutela del citado derecho, sin que hasta ahora la autoridad diplomática correspondiente, otorgante del pasaporte del accionante, haya asumido la responsabilidad de proveerlo efectivamente de intérprete.
Sin embargo, consta en autos igualmente que la circunstancia de no haberse podido proveer al accionante de un intérprete público en el idioma albanés, a pesar de las gestiones cumplidas al efecto, ha dado lugar a la paralización de la causa penal a que se encuentra sometido -en el curso de la cual ha permanecido detenido- y, en consecuencia, a un grave retardo que ha significado, para el accionante, la violación de su derecho constitucional al debido proceso.
Sentencia: N°1343 de fecha 08 de Noviembre 2000.

Tema: Asamblea Nacional
Materia: Derecho Electoral
Asunto: Del Régimen de Transición del Poder Público.

De manera que, partiendo de las anteriores premisas, debe esta Sala concluir que el telos del Régimen de Transición del Poder Público es la vigencia del nuevo orden constitucional surgido a raíz del proceso de transformación política iniciado con el llamamiento a una Asamblea Nacional Constituyente; y dentro del mismo se previó que la representación venezolana a los Parlamentos Andino y Latinoamericano debía ajustarse a los sistemas de selección que se previeron en el nuevo orden constitucional. De allí que, cuando se dictó el Estatuto Electoral del Poder Público a objeto de celebrar los primeros comicios después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, se incluyó dentro del elenco de autoridades a ser electas a los representantes de Venezuela a los aludidos órganos internacionales. De esta forma, todos los funcionarios del Estado que ejercen la representación de los venezolanos, que deben ser escogidos por elección universal, directa y secreta, fueron elegidos nuevamente. Por lo tanto, considera esta Sala Constitucional que efectuada como ha sido la elección de los diputados a los Parlamentos Andino y Latinoamericano en los comicios celebrados el pasado 30 de julio de 2000, se cumplió con los postulados de las normas internacionales antes referidas. Y no existe duda de que la selección de la representación venezolana a los órganos supranacionales antes referidos se ajusta tanto al régimen constitucional vigente como a los propósitos de las normas internacionales aludidas precedentemente.
Sentencia: N°1397 de fecha 20 de Noviembre 2000.

Tema: Recurso de Nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la vigencia de las leyes.

Habiendo establecido esta Sala que el Decreto-Ley recurrido al momento de dictar esta decisión no se encuentra vigente en virtud de su derogatoria por un Decreto-Ley posterior, considera necesario precisar, si es posible ejercer una acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad contra una ley derogada, o contra una ley que si bien se encontraba vigente al momento de la interposición del recurso en sede jurisdiccional, durante la tramitación del mismo haya sido derogada, supuesto que -precisamente- constituye el caso de autos…”
“De esta manera ha sostenido la Sala Constitucional, que el criterio antes expuesto, tiene su fundamento en que las leyes derogadas por la entrada en vigencia de un nuevo texto legal, en principio, pierden su eficacia en el ordenamiento jurídico, por lo que, de ninguna manera, las mismas pueden contradecir preceptos constitucionales, esto es, que las leyes derogadas que han dejado de producir sus efectos no pueden ser anuladas, sino que deben ser excluidas de la posibilidad de ejercer contra ellas acción de inconstitucionalidad, por haber perdido su vigencia y cesado los efectos de su aplicación. Pero tampoco se puede afirmar de manera categórica, que los efectos jurídicos de las normas derogadas impugnadas de inconstitucionalidad seguirán siempre vigentes en el tiempo por la imposibilidad de que sobre las leyes que la produjeron no se pueda ejercer control constitucional…
Asunto: De los Impuestos.
En efecto, la doctrina más calificada en la materia, define a los “impuestos” -en términos generales- como aquella prestación exigida por el Estado (en las distintas expresiones del Poder Público) que se caracteriza por tener como hecho generador de la obligación tributaria un hecho de la vida común tomando como índice de capacidad contributiva, destinado a costear los servicios generales de la administración, sin que el Estado otorgue una contraprestación individualizada al obligado por el referido pago.
Asunto:  Del Impuesto al Valor Agregado.
Teniendo en cuenta la clasificación de los impuestos antes expuesta, esta Sala Constitucional procede de seguidas a encuadrar en la misma al Impuesto al Valor Agregado, y en tal sentido observa, que el referido tributo es un impuesto “indirecto”, “real”, “objetivo” e “intantáneo”, creado para gravar la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes y servicios, aplicable en todas las etapas del circuito económico y que operan bajo el sistema de crédito y débito fiscal.
En lo que se refiere al sistema de crédito y débito fiscal, estima esta Sala Constitucional que los mismos constituyen el fundamento para la determinación de la cuota tributaria del impuesto al valor agregado. En efecto, dicha cuota está conformada por la cantidad resultante de la compensación entre los créditos y débitos fiscales de un determinado agente económico dentro de un período fiscal…”
“En el mismo orden de ideas, esta Sala Constitucional observa que el impuesto al valor agregado, además de ser clasificado como impuesto indirecto, real, objetivo e instantáneo, posee la característica de ser un tributo de naturaleza plurifásica no acumulativa, esto es, que grava todas las ventas y prestaciones de servicio efectuadas en todas y cada una de las etapas del proceso de producción y distribución, sin que el monto del tributo pagado por los sujetos pasivos del impuesto incida sobre el costo del producto.”
Asunto: De la generalidad del Tributo.
En tal sentido, observa esta Sala Constitucional, que el principio de la generalidad del tributo, contenido en el artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, representa uno de los pilares principales del sistema tributario, según el cual todos deben coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de tributos.
En efecto, el principio de generalidad involucra la noción de que cuando una persona física o jurídica se encuentra en las condiciones que establecen el deber de contribuir según la ley, éste debe ser cumplido cualquiera sea el carácter del sujeto, su categoría social, nacionalida, edad o estructura…”.
Asunto: De la capacidad contributiva.
De esta manera, la capacidad contributiva constituye un principio constitucional que sirve a un doble propósito, de un lado como presupuesto legitimador de la distribución del gasto público; de otro, como límite material al ejercicio de la potestad tributaria.
Con base a lo expuesto anteriormente, la capacidad del contribuyente para soportar las cargas fiscales impuesta por el Estado en ejercicio de su poder de imposición, es una sola, única e indivisible que debe ser respetada por cada esfera de imposición, es decir, por el poder público nacional, estadal o municipal.
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