TSJ-LOGO

Sentencia: Nº 902 de fecha 31 de Mayo de 2001
Asunto: Se Viola el principio de irrectroactividad y de Legalidad, al aplicar retroactivamente una norma a una situación fáctica anterior a su entrada en vigencia.

En atención a estos elementos que sirven de base para la comprensión de la cuestión planteada, puede determinarse que las normativas analizadas efectivamente no comparten los mismos supuestos de hecho, ya que el artículo 81 de la ley derogada acuerda solo el inicio de una investigación, previa a la imposición de cargos en contra del funcionario, lo cual no corresponde con el supuesto normativo del artículo 113 de la ley vigente, el cual ya especifica los hechos generadores de responsabilidad administrativa, sin aludir a una averiguación previa a los efectos de determinar si la conducta del funcionario amerita o no su responsabilidad administrativa.
En Venezuela la aplicación de las disposiciones legislativas de forma retroactiva está prohibida por imperativo constitucional. Sólo se admite su aplicación con tales efectos hacia el pasado en aquellos casos mencionados en la misma norma; este principio de irretroactividad encuentra su justificación en la seguridad jurídica que debe ofrecer el ordenamiento jurídico a los ciudadanos en el reconocimiento de sus derechos y relaciones ante la mutabilidad de aquél.

Sentencia: Nº 914 de fecha 31 de Mayo de 2001.
Asunto: Obligación del Juez Constitucional conociendo en 1era Instancia de remitir copia certificada de lo conducente al Superior para el conocimiento de la consulta de la ley.

En tal sentido, esta Sala observa que en virtud de la consulta planteada, debe constatar de manera fidedigna, haciendo un examen del contenido de las actuaciones procesales remitidas, si la sentencia dictada por el referido órgano jurisdiccional penal actuando como Tribunal Constitucional, fue ajustada a derecho, para lo cual, tal como lo establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el Tribunal que conoce en Primera Instancia de la Acción de Amparo, debe remitir inmediatamente al Tribunal Superior respectivo, copia certificada de lo conducente, lo cual aprecia la Sala, no fue cumplido por el sentenciador a-quo al remitir copias fotostáticas no certificadas”.

Sentencia: Nº 918 de fecha 31 de Mayo de 2001.
Asunto: Principio de la doble instancia

en nuestro sistema judicial se establece el principio de la doble instancia de la jurisdicción, de manera que, salvo contadas excepciones, toda decisión o sentencia dictada por un Tribunal en primera instancia tiene recurso de apelación ante el Superior respectivo.

Sentencia: Nº 921 de fecha 31 de Mayo de 2001.
Asunto: Imposibilidad de interpretar una norma a un caso concreto por la vía de amparo.

1.- Nociones Generales. Alcance del examen que debe hacer el juez de amparo. Limita la labor del juez de amparo al análisis de normas de rango constitucional y no legal.
La Sala Constitucional sólo puede pasar a interpretar normas legales cuando colidan entre sí o cuando se cuestione su inconstitucionalidad, es decir, cuando esté en entredicho la validez o aplicación de una norma in abstracto, lo cual implica, que jamás se puede pretender que por medio de la acción de amparo se determine la interpretación de una norma a un caso concreto, ni siquiera alegando la inexistencia del recurso de Casación, ya que el legislador ha excluido algunos supuestos de la posibilidad de ser casados partiendo del poco grado de complejidad de los mismos y de la presunción de que las actuaciones jurisdiccionales, cuando cumplen con la doble conformidad de los fallos, emanan de unos jueces conocedores de las leyes, donde la interpretación que éstos hagan de aquellas será la más correcta”.

Sentencia: Nº 923 de fecha 31 de Mayo de 2001.
Asunto: Si al momento de la interposición del recurso de hecho, no se acompañan las copias certificadas pertinentes, el recurrente puede consignarlas posteriormente, dentro del lapso de cinco (5) días desde la oportunidad de tal consignación para que el tribunal decida.

1.- a) Normas constitucionales. Parte dogmática. Derecho a la defensa. Violación del derecho a la defensa, al haber aplicado erróneamente el artículo 307 del CPC.

b) Derecho Procesal Civil. Recurso de Hecho. Art. 307 CPC.

“En el presente caso, se observa que el juez superior decidió en el lapso de cinco (5) días que prevé la primera parte del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, considerando que el recurso de hecho fue introducido sin copias, al no ser éstas certificadas, sin embargo, considera esta Sala que al evidenciarse en autos de que las copias certificadas fueron introducidas en tiempo útil, es decir, antes de la decisión, tal y como ha sido aceptado por las partes en la audiencia constitucional, la oportunidad para decidir se prorrogaba en un término de cinco días a partir de la consignación de las copias certificadas, según lo establece el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil. El derecho a la defensa contenido en el artículo 49 de la vigente Constitución de la República, el cual como ha sido indicado por esta Sala, de forma reiterada se transgrede cuando se priva o coarta a alguna de las partes la facultad procesal para efectuar un acto de petición que a ella privativamente le corresponde por su posición en el proceso, o cuando esa facultad resulte afectada de forma tal que se vea reducida; pues ciertamente al accionante en amparo se le coartó un acto de petición realizado conforme a derecho, al negarle el acceso a la segunda instancia del asunto debatido, derecho que se le consagra en el numeral 1 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

2.-. Estado Social de Derecho y de Justicia. En materia Laboral..

Se debe advertir que en un Estado Social de Derecho y de Justicia, el transcurso de un largo período como el ocurrido en el caso de autos para la decisión de un asunto de interés laboral, obliga a esta Sala aplicar las formalidades legales ajustadas a las expectativas del Estado de Derecho, como en efecto se hace, siguiendo los principios que informan el Estado de Justicia, y como tal, se destaca la obligación de todos los órganos que ejercen el Poder Público de dar una respuesta oportuna y eficaz a las peticiones que sean de su competencia, sobre todo en materia laboral en donde existe el interés social tal como fue reconocido por el Constituyente, cuando indicó que “el trabajo es un hecho social” que debe ser tutelado por el Estado (artículo 89 de la Constitución) alcanzándose dicha tutela, siguiendo lo dispuesto en el artículo 257 eiusdem, a través del proceso.

Sentencia: Nº 926 de fecha 31 de Mayo de 2001.
Asunto: 1.- Normas constitucionales. Parte dogmática. Derecho al debido proceso. Contenido.

La garantía del debido proceso persigue que los derechos que poseen las partes dentro del proceso permanezcan incólumes sin que los mismos se vean limitados o restringidos de manera tal, que impida el ejercicio pleno y efectivo de otros derechos relevantes dentro del proceso, que menoscaben las garantías que el mismo debe ofrecer. Es decir, que lo determinante de la realización de esta garantía, es que no exista una limitación insoportable en una de las partes, que restrinja el libre y seguro ejercicio de los derechos del justiciable dentro del proceso por una actuación antijurídica dentro de sus componentes. Desde este punto de vista, no constituirá violación a este derecho constitucional cualquier infracción o violación legal, pues para que ésta efectivamente se produzca es menester que ciertamente se produzca un gravamen en la esfera jurídica de la persona contra quien obre la infracción procesal cometida. Esto es, que efectivamente dentro del proceso puede producirse una violación que aun cuando sea tal no implique per se una violación al debido proceso”.

Sentencia: Nº 927 de fecha 31 de Mayo de 2001.
Asunto: Nociones Generales. Alcance del examen que debe hacer el juez de amparo. Limita la labor del juez de amparo ante la libre interpretación y apreciación del juez de instancia del asunto debatido, salvo que viole flagrantemente la Constitución.

En efecto, mediante la acción de amparo el quejoso está atacando la valoración del juez ad quem; específicamente, la realizada sobre los medios probatorios presentados por el accionante, circunstancias sobre las cuales, en reiteradas oportunidades, la Sala ha establecido, que dicha valoración forma parte de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, quienes, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía del juez en el estudio y resolución de la causa, salvo que tal criterio viole notoriamente derechos o principios constitucionales, supuesto que en el presente caso no se verifica”.

Sentencia: Nº 930 de fecha 31 de Mayo de 2001.
Asunto: Modalidades de la Acción de Amparo. Amparo Judicial. Relación con los demás medios judiciales y con el principio de cosa juzgada: no es una tercera instancia.

Los fallos anteriormente citados, conllevan a afirmar que la acción de amparo contra sentencia, no es un medio para replantear ante un órgano jurisdiccional, un asunto ya decidido por otro mediante sentencia firme, por cuanto el juez de amparo no actúa como una nueva instancia sino como juzgador de la constitucionalidad de la actuación jurisdiccional. Así pues, si la pretensión del accionante se dirige a cuestionar el criterio del sentenciador sobre los hechos controvertidos o las normas legales aplicables y sobre la apreciación de las pruebas -lo que conllevaría a alterar los efectos de la cosa juzgada, establecida por medio de trámites procesales y contra la cual no cabe recurso alguno-, considera esta Sala que la acción de tutela constitucional propuesta tiene que ser desestimada, al no haber incurrido el fallo accionado en violación directa de derecho o garantía constitucional alguna”.

Sentencia: Nº 932 de fecha 31 de Mayo de 2001.
Asunto:Normas constitucionales. Parte dogmática. Derecho a la defensa. No es conculcado cuando el juez penal aplica el artículo 117.8°. del COPP.

“En efecto, no se evidencia que la Corte de Apelaciones denunciada haya ocasionado una violación directa e inmediata de los derechos constitucionales invocados, pues efectivamente el numeral 8º del artículo 117, condiciona la posibilidad que tiene la victima de recurrir contra el sobreseimiento de la causa acordado por el Juez de Control, siempre que el Fiscal haya recurrido, lo cual tiene su justificación en el hecho de que la Fiscalía del Ministerio Público tiene asignada por ley la titularidad de la acción penal en los delitos de acción pública. Así pues, en el presente caso, el Fiscal, al haber solicitado el sobreseimiento de la causa, la victima quedó imposibilitada de recurrir de la decisión que lo acordó, dado que no puede la victima, seguir sóla en el proceso sin la compañía del Ministerio Público, pues, ello comportaría que se les estuviera dando también a los particulares, la titularidad de la acción penal en los delitos de acción pública, lo cual no está contemplado en nuestra legislación”.

Sentencia: Nº 940 de fecha 31 de Mayo de 2001.
Asunto: Compete a la Sala Electoral resolver las acciones de amparo que involucren organismos públicos en función electoral u otros agentes que participen de algún modo en el hecho electoral, distintos a los señalados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo.

Modalidades de la acción de amparo constitucional. Amparo electoral. Competencia. De la apelación o consulta. Decisiones de primera instancia en amparo dictadas antes de la creación de la Sala Electoral. Competente: Sala Electoral.

Sentencia: Nº 946 de fecha 31 de Mayo de 2001.
Asunto: Amparo electoral. Los conflictos de competencia en materia electoral los resuelve la Sala Electoral.

“No obstante las atribuciones anteriormente explicitadas, esta Sala ha resuelto que las acciones de amparo constitucional deducidas respecto a actos, actuaciones u omisiones generadas por organismos públicos en función electoral u otros agentes que participen de algún modo en el hecho electoral, distintas a las dirigidas contra las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral, serán resueltas por la Sala Electoral de este Máximo Tribunal, hasta tanto sea dictada la Ley que estructure la jurisdicción contencioso electoral. De allí que dicha Sala resulta a su vez cualificada para resolver los conflictos de competencia a que se refiere el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuando la denuncia se relacione con el hecho electoral”.

Sentencia: Nº 967 de fecha 04 de Junio de 2001.
Asunto: Competencia para el conocimiento de la impugnación de un acto de rango sublegal

De esta forma, la Sala Constitucional, en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, conoce de los recursos de nulidad interpuestos contra los actos dictados en ejecución directa de la Constitución o que tengan forma de ley. De allí que, en el caso de autos, al tratarse de la impugnación de un acto de efectos generales contenido en un Decreto dictado por el Ejecutivo Nacional, esto es, un acto de rango sublegal, esta Sala Constitucional carece de competencia para controlar su conformidad a Derecho, ya que la misma corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sentencia: Nº 969  de fecha 04 de Junio de 2001.
Asunto: Derecho de acceso a los órganos de administración de justicia.

En atención a tal circunstancia, es que el constituyente estableció la norma dispuesta en el artículo 26 constitucional, cuyo contenido es del siguiente tenor: Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. De manera que, el derecho constitucional contemplado en el artículo antes transcrito, refiere dos bienes jurídicos relacionados entre sí, pero que merecen un tratamiento diferenciado, ya que en dicha norma se hace referencia a unas garantías procesales por una parte y por la otra, a una garantía previa al proceso, que comporta una interacción entre el justiciable debidamente asistido por abogado y el órgano jurisdiccional, interacción que sólo se logra a través de un eficaz acceso a los tribunales, dado que, el primer paso para acceder al órgano jurisdiccional y por ende al proceso, empieza por el acceso físico a lo que constituye la sede de dicho órgano, y cuando se limita o de alguna manera se restringe dicho acceso, sin duda alguna se está transgrediendo el precepto constitucional antes referido.

Asunto: Deber de los abogados de respetar los órganos que conforman el Poder Judicial.

Sobre este particular es de señalar que constituye un deber de todo abogado mantener frente a los órganos que conforman el Poder Judicial una actitud respetuosa, debiendo abstenerse de realizar cualquier acto o utilizar expresiones contrarias a la majestad de la justicia, conforme lo exige el artículo 47 del Código de Ética Profesional del Abogado, en concordancia con lo previsto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil.

… la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y,.con ello, la extinción de la instancia.

Sentencia: Nº 1081 de fecha 14 de Junio de 2001.
Asunto: Modificación de la calificación jurídica del hecho de la acusación fiscal por parte del juez de control.

Al respecto, precisa la Sala que…el tribunal, si en el curso de la audiencia, observa un error en la calificación jurídica no apreciado por las partes, podrá prevenir al imputado sobre el cambio en la calificación de los hechos de la acusación y, una vez hecha tal observación, podrá incluso modificar, en forma in bonus o in pejus, en la propia sentencia condenatoria la calificación jurídica o la pena originalmente dada en la acusación, obviamente, siempre se están refiriendo a la fase del juicio oral y, por ende, a una de las atribuciones que le han sido conferidas expresamente al Juez de Juicio.

Por consiguiente, considera esta Sala que, admitir que el Juez de Control puede modificar la calificación jurídica del hecho de la acusación fiscal, sería aceptar no solamente que el Juez de Control puede invadir las funciones que tiene legalmente asignadas el Juez de Juicio durante el debate, en contravención de las previsiones que tuvo el Legislador con respecto a la llamada fase intermedia en la que actúa el Juez de Control, en el sentido de que a la misma no le fuesen trasladados aquellos asuntos propios del juicio oral; sino que además, puede subrogarse en las atribuciones que el ordenamiento jurídico vigente confiere al Ministerio Público en el proceso penal y que se concretan en las funciones de investigación y acusación.

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