TSJ-LOGO

 

Sentencia: N° 1188 de fecha 05 de Julio de 2001
Asunto: Cómo debe ser computado el lapso tres (3) días para apelar dispuesto en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil. Se reitera la redacción que debe tener el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil sobre los Lapsos Procésales.

Es indispensable pronunciarse acerca de cómo debe ser computado el lapso tres (3) días para apelar dispuesto en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil. Para ello es menester referirse a la oportunidad para la realización de los actos y el cómputo de los lapsos procesales.

A tal efecto, debe considerarse la nulidad parcial de la que fue objeto el artículo 197 eiusdem, que sirvió de base a las decisiones dictadas, y que es el dispositivo regulador de tal materia y, en este sentido, considerar si el cómputo de los tres (3) días establecidos en la norma podría realizarse de tal manera, el resultado que arroje puede estimarse legítimo y consiguientemente las actuaciones que así lo declaren.

Cuando por disposición legal se contempla un lapso determinado para la realización de un acto procesal de los antes reseñados, es porque es ése y no otro, plazo razonable para la realizar dicho acto , por lo cual no puede ser disminuido, ya que ese es el lapso que el legislador consideró prudente para la realización del acto dispuesto, toda vez que se parte del principio de la razonabilidad del mismo, y en consecuencia , no debe disminuirse en detrimento del debido proceso, ni relajarse de tal forma que atente contra la celeridad.

Sentencia: N° 1204 de fecha 05 de Julio de 2001.
Asunto: Potestad del Juez Penal para dirimir conflictos en la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia.

La ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia contempla la posibilidad de que el juez penal dirima conflictos de una manera imparcial, autónoma e independiente, mediante un proceso contradictorio, produciendo decisiones bien sea a través de la gestión conciliatoria o a través de la investigación procesal que dará lugar, según sea el caso a la formulación de cargos con su posterior decisión, ambas con cualidad de cosa juzgada, y por ende ejecutables.

Sentencia: N° 1207 de fecha 05 de Julio de 2001.
Asunto: El orden público en el procedimiento de amparo constitucional

Es pues que el concepto de orden público a los efectos de la excepción al cumplimiento de ciertas normas relacionadas con los procesos de amparo constitucional, se refiere a la amplitud en que el hecho supuestamente violatorio del derecho o norma constitucional afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes. Por ello en casos donde un presunto agraviado alega que un hecho, actuación, omisión o amenaza ocasionó una supuesta violación constitucional a su persona, sólo se consideraría de orden público, a manera de la excepción de las normas procedimentales de los juicios de amparo, cuando el Tribunal compruebe que, en forma evidente, y a consecuencia del hecho denunciado por los accionantes, se podría estar infringiendo, igualmente, derechos o garantías que afecten a una parte de la colectividad diferente a los accionantes o al interés general, o que aceptado el precedente resultaría una incitación al caos social, si es que otros jueces lo siguen.

Sentencia: N° 1233 de fecha 12 de Julio de 2001.
Asunto: Inaplicabilidad del Hábeas Corpus contra la Privación de la libertad que emana de una Decisión Judicial.

El hábeas corpus opera contra la privación ilegítima de la libertad de una persona, y mal puede ser ilegítima la privación de la libertad emanada de una decisión dictada por un juez competente. En este caso un auto de detención.

Contra decisión judicial atentatoria de la libertad personal, por infracción de derechos constitucionales, la vía para atacarla es el Amparo Constitucional fundado en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y no el Hábeas Corpus.

Sentencia: N° 1234 de fecha 12 de Julio de 2001.
Asunto: Casos excepcionales en que se pretende incoar el amparo en razón de la infracción de derechos ajenos.

La legitimación del accionante en amparo nace del hecho de que su situación jurídica, se haya visto amenazada o menoscabada por una infracción de naturaleza constitucional, la cual puede ser directamente contra sus derechos o garantías constitucionales, o indirectamente, cuando afecta los derechos constitucionales de otro, pero cuya infracción incide directamente sobre una situación jurídica. En estos últimos casos, surge una especie de acción de amparo refleja, donde el accionante, sin notificárselo al titular del derecho infringido, se sustituye en el derecho ajeno, y que procede en aquellos casos donde el tercero no puede renunciar a sus derechos si no ejercerlos, lo que no hace, a veces por desconocer la trasgresión. Se trata de los derechos constitucionales violados que no son los propios del accionante sino ajenos, pero por ser la legitimación para incoar el amparo personalísima, es necesario que exista una conexidad entre el accionante y el tercero, hasta el punto que la violación de los derechos de éste, puedan asimilarse a la trasgresión de derechos propios.

En la mayoría de los casos (excepcionales) en que se pretende incoar el amparo en razón de la infracción de derechos ajenos, la aquiescencia de la infracción por parte del titular de los derechos constitucionales infringidos, elimina al accionante la posibilidad del amparo, ya que no puede señalarse con propiedad que han sido infringidos derechos o garantías constitucionales de quien consiente las transgresiones (…) pero hay otros casos (particulares y casuísticos) en que existe un interés directo de las personas en los derechos de terceros, ya que los titulares de esos derechos son entidades inherentes a todos los venezolanos o a grupos de la población, y el desmejoramiento de los derechos de esas entidades afecta la situación jurídica personal de los miembros de la población.

Asunto: Los derechos constitucionales de entes públicos pueden ser defendidos por los particulares.

Se trata de situaciones particulares, donde personas que gozan de bienes públicos, o a quienes le son inherentes los entes públicos, quedan amenazados o menoscabados en su situación jurídica particular, si los derechos constitucionales del tercero (entidades o el Estado) se ven infringidos. Pero a su vez, se trata de derechos en los cuales el tercero no puede consentir su violación, ni expresa ni tácitamente, ya que su ejercicio obligatorio atiende a mandatos legales, los cuales se incumplen por desidia, desconocimiento de la situación o cualquier otra causa.

Asunto: Deber de todo ciudadano de proteger a la Hacienda Pública Nacional

Diversas leyes crean en todas y cada una de las personas un deber de proteger a la Hacienda Pública Nacional. Ello se debe a que el Fisco Nacional es un ente inherente a todos los venezolanos, en el cual tienen interés. Se convierten así los venezolanos en coadyuvantes con el Fisco y en defensores de sus derechos, y si la infracción de los derechos constitucionales a favor del Fisco Nacional, se convierten a su vez en lesionantes de las situaciones personales, los particulares pueden invocar los derechos infringidos del Fisco, para fundar un amparo.

Existe una estrecha relación entre los particulares y el Fisco Nacional, siendo ellos coadyuvantes con el Fisco para defender sus derechos, y dentro de tan amplio espectro, en las materias fiscales, los derechos constitucionales del Fisco también pueden ser defendidos por los particulares, máxime si tal defensa es además para evitar que la situación jurídica del particular quede lesionada. Se trata de un ente (el fisco Nacional) que atañe a todos los venezolanos por mandato legal, y existe en ellos un deber de defenderlo, que podría considerarse general…

Sentencia: N° 1240 de fecha 16 de Julio de 2001
Asunto: Facultad del juez penal se aplicar sanciones a los abogados litigantes. Artículo 100 del Código Orgánico Procesal penal.

el tribunal tiene la facultad de aplicar sanciones a los litigantes en caso de que considere que han actuado de mala fe o de forma temeraria al incumplir con su obligación de actuar con la debida lealtad y probidad, para lo cual, deberá oír previamente los alegatos del afectado, formulados en su defensa.

(…) Ahora bien, establecido lo anterior, es necesario precisar, que el precitado artículo es claro en cuanto expresa que ´[A]ntes de imponer cualquier sanción procesal se oirá al afectado..´, por lo que considera esta Sala que la omisión o el incumplimiento de este mandato, dejaría al afectado en estado de indefensión, violando así su derecho a la defensa.

Sentencia: N° 1264 de fecha 18 de Julio de 2001
Asunto: Demanda de desalojo por falta de pago. No basta con la simple presentación de comprobantes de consignación de los cánones de arrendamiento demandados.

la simple presentación de comprobantes de consignación de los cánones de arrendamiento demandados, o de algunos de ellos, ante el tribunal de la causa por el demandado antes de la contestación de la demanda, no equivale, per se, al pago a que se refiere el literal ?a? del artículo 1 del Decreto Legislativo tantas veces referido, sino cuando, analizadas tales consignaciones, ellas efectivamente reúnen las características, de oportunidad de su realización entre otras, requeridas por la ley especial para otorgarles efectos liberatorios, y que de conformidad con el citado literal ?a?, es el pago de lo demandado mas las costas procesales calculadas en un máximo del cincuenta por ciento (50%) de un canon mensual, efectuado antes de la contestación de la demanda, el que tiene como efecto ineludible la cesación del procedimiento a favor del arrendatario.

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