EL PROCEDIMIENTO EN LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Publicado: noviembre 2, 2015 en ADMINISTRATIVO
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Interposición: Dentro de los requisitos para la interposición del recurso se exige, en principio, la existencia de un acto administrativo impugnado o la negativa tácita de la Administración (silencio administrativo). Igualmente se requiere que el particular haya sido notificado del acto, ya que de lo contrario el mismo no surtiría eficacia alguna y, finalmente, que el recurso sea interpuesto dentro del lapso legalmente establecido. Es de hacer notar que, no necesariamente el acto que pone fin a un procedimiento es aquel objeto de impugnación. También son impugnables aquellos actos que prejuzguen el procedimiento como definitivo, imposibiliten su continuación o causen indefensión (artículo 85 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos).

Los requisitos para la elaboración del recurso están previstos en el artículo 49 de la LOPA, en el cual debe identificarse el organismo al cual está dirigido el recurso, la identificación del interesado, los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud, la referencia a los anexos que acompañan el recurso y cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias, además de la firma de los interesados, entre otros.

En este sentido es preciso señalar que, la interposición del recurso per se, no suspende automáticamente los efectos del acto cuestionado. Sólo en caso excepcional y con base a las causases establecidas en la ley, la Administración podrá otorgar la suspensión de los efectos del acto y en caso de considerarlo necesario, solicitar la constitución de una garantía eficiente (artículo 87, primer aparte).

En cuanto a la substanciación, debe señalarse, que la misma se circunscribe fundamentalmente al examen de los requisitos de admisibilidad del recurso (artículo 86), a la solicitud de los antecedentes administrativos del caso y de cualquier otra información necesaria a los fines de la correspondiente decisión (artículos 54 y 55) además de permitir en cualquier estado al particular que alegue, pruebe e informe todo aquello que considere conveniente para la satisfacción de sus intereses.

En cuanto a la terminación, el procedimiento recusorio normalmente debe culminar con una decisión expresa, bien estimatoria o desestimatoria. En el primer caso, el órgano podrá anular, modificar, convalidar o reponer el procedimiento al estado en que se produjo el vicio que afecta el acto. En el segundo caso, una decisión desestimatoria tendrá como finalidad confirmar el acto recurrido.

Pero existe además otra forma de terminación del procedimiento de revisión de los actos, a petición del particular, muy generalizada en el ámbito de nuestra administración, como es el silencio administrativo, el cual es una ficción jurídica recogida en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que valora en sentido negativo la pretensión de¡ administrado, una vez transcurrido o agotado el lapso para tomar la decisión respectiva. En otras palabras, la regia general en cuanto al silencio administrativo es la de considerar negada la petición del solicitante y permitirle el ejercicio de los recursos administrativos o judiciales que correspondan al caso.

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