LA PENA COMO INTEGRACIÓN SOCIAL

Publicado: noviembre 25, 2015 en INFORMACION DOCTRINAL
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La función de la pena se puedan perseguir legítimamente los objetivos positivos de la prevención: en el plano general, ellos están constituidos por el refuerzo de la conciencia social en torno de los principios/valores fundamentales sobre los que se basa el ordenamiento jurídico; en el plano individual, por la recuperación social, bien entendida por el condenado que la desee y por la no desocialización.

En lo que concierne a los aspectos negativos de la prevención, habrá que limitarse a tener en cuenta los efectos naturalmente conexos a la amenaza y la aplicación de sanciones, sin favorecer su investigación acentuada.

Consideramos que los objetivos delineados hasta acá pueden ser subsumidos unitariamente bajo el concepto de género de la integración social: este resulta, por lo tanto, comprensivo de las especies de la prevención, general y especial, positiva.

A los fines de la verificación de la adecuación al sistema penal de derivación constitucional de la concepción penal de la integración social, nos parece oportuno proceder a un breve análisis de la incidencia de los aspectos positivos y negativos de la prevención en las tres fases de realización del derecho penal: amenaza legal, aplicación y ejecución de la sanción.

a) En el acto de la creación de la figura jurídica, suelen ponerse de relieve momentos de intimidación (prevención general-aspecto negativo) seguramente relacionados con la misma posición de la norma penal. Pero ello no justifica, ni siquiera en esa fase, la búsqueda particular de un efecto Y valgan dos órdenes de consideraciones. La primera se refiere a la eficiencia de un sistema que se funde sobre la intimidación: lo que retiene al delincuente no es tanto el temor de una sanción dura como la alta probabilidad de ser descubierto; el resultado general-preventivo no debe vincularse con el rigor de la sanción sino con su efectividad.

Tanto más porque -y aquí llegamos al segundo orden de consideraciones- elecciones de política criminal fundadas en la mera intimidación resultan ilegítimas, dado que están en contraste con el principio constitucional de proporción, sobre la base del cual se deben evitar reacciones estatales excesivas.

Además, también en el acto de creación de la figura jurídica se deben tener presentes, en nuestra opinión, exigencias social-preventivas de recuperación social (prevención especial-aspecto positivo); en el sentido de que ilícito y sanción deben ser puestos en un razonable equilibrio: esta es, en efecto, la condición mínima para que el delincuente pueda percibir luego la norma -caracterizada por la reconocibilidad- como regla de conducta prohibida.

Por otra parte, el equilibrio entre ilícito y sanción es de extremo relieve en una perspectiva de prevención general integradora (prevención general-aspecto positivo), precisamente en relación con el refuerzo de la conciencia social, que ella persigue. El efecto de agregación de consensos sólo es requerido en presencia de una cabal tipificación respecto de la determinación del precepto y de la significación del bien tutelado.

b) En el momento de la aplicación de la pena, la inaceptabilidad de la intimidación -más allá del efecto conexo a la simple aplicación de la pena (prevención especial-aspecto negativo)- se vuelve aun más evidente: si, para evitar que los consocios violen la ley, se imponen penas particularmente severas, los que se violan son los mismos principios constitucionales puestos en tutela de la dignidad humana y de la personalidad de la responsabilidad penal. El delincuente se convertiría, en efecto, en un mero instrumento para la intimidación ajena y la entidad de la sanción dependería en gran medida de consideraciones atinentes al “peligro de hecho ilícito ajeno”.

A la inversa, la perspectiva de la prevención integradora está legítimamente presente también en esta fase. La confianza en el ordenamiento pretende que la sanción con que se amenaza sea luego impuesta. El problema concierne a la medida de la sanción: en esta fase, una vez asegurada la proporción con el hecho, deben predominar las consideraciones de prevención especial en el sentido de la recuperación social. En efecto, el principio constitucional de la reeducación del condenado hace caer a priori la posibilidad de cuidar instancias de prevención especial negativa. En cambio, cuando se trata de autores socialmente integrados, aun cuando legítimas exigencias de prevención general positiva justifican por sí solas la aplicación de la sanción, el respeto al principio de la reeducación impone tener en consideración el momento de la no desocialización.

c) En la fase de la ejecución, la intimidación no puede hallar espacio alguno, de lo contrario, más allá del principio de la reeducación, se violaría el de la prohibición de tratamientos contrarios al sentido de humanidad, para no hablar, en el plano de la eficacia, de resultados desastrosos en términos de recidiva. En cambio, la prevención general positiva podría ser tomada en consideración, porque el eventual reconocimiento de las normas por parte del delincuente y el efectivo respeto de reglas de razonabilidad por parte del Estado, tendrían una repercusión positiva en la

Es claro que en esta fase son sin duda las exigencias de prevención especial las que predominan, tanto en la óptica de la resocialización como en la de la no desocialización. Naturalmente, los principios de autonomía y tutela de la dignidad individual imponen impedir intervenciones indebidas o excesivas en la esfera personal; por lo tanto, la acción de recuperación debe desarrollarse, necesariamente, por medio de una elección libre del condenado. Y ello también, en el plano de la efectividad, a los fines del éxito del tratamiento.

El Derecho Penal Entre Ser y Valor. Sergio Moccia. Paginas 111-114. Editorial. Montevideo Editores. Obra Traducida por Antonio Bonanno. 2003.

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