LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Publicado: febrero 15, 2016 en INFORMACIÓN VARIADA
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La Comisión tiene como principal función, promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, tal y como lo establece la resolución VIII de la Quinta Reunión de Consulta, celebrada en Chile, en agosto de 1959. Igualmente, sus Estatutos Internos disponen, entre sus atribuciones, “estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América”; “formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros, para el respeto de los derechos fundamentales”; y, en general, “servir de cuerpo consultivo de las OEA en materia de derechos humanos”.

La Convención introdujo algunas modificaciones en las funciones propias de la Comisión. Así, además de promover los derechos humanos, a tal órgano le corresponde ahora proteger tales derechos, mediante un procedimiento especia, de naturaleza conciliatoria..

Sobre su función conciliatoria, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo ocasión de pronunciarse sobre distintas denuncias formuladas contra la Comisión, por no haber promovido una solución amistosa de determinada controversia. Así, la Corte consideró que la correcta interpretación de la Convención, lleva al convencimiento de que esa actuación de la Comisión debe intentarse sólo cuando las circunstancias de una controversia determinen la necesidad o la conveniencia de utilizar este instrumento, supuestos sujetos a la apreciación de la Comisión. En esta ocasión la Comisión había considerado que el procedimiento conciliatorio era inadmisible, pues los hechos estaban perfectamente definidos.

El procedimiento conciliatorio ante la Comisión – necesario, debemos insistir, para la admisión de las acciones propuestas en la Corte – está estructurado en las siguientes fases, reguladas en los artículo 48 y siguientes de la Convención:

1.­ La Comisión, al recibir una petición o comunicación en que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra la Convención, se pronunciará sobre su admisibilidad.

2.­ Si se reconoce la admisibilidad de la petición, la Comisión solicitará informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, las cuales deberán ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias del caso. Luego de ser recibidas las informaciones, o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, la Comisión verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o la comunicación.

3- Asimismo, la Comisión podrá declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación, sobre la base de una información sobrevenida.

4- Además, la Comisión realizará, con el conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o comunicación. Podrá igualmente la Comisión efectuar investigaciones, para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados interesados estarán obligados a proporcionarle, todas las facilidades necesarias para lograr su cometido.

5-También podrá la Comisión pedir a los Estados Interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así lo solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados.

6- Una vez practicadas tales actuaciones deberá promocionar una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos reconocidos en la Convención.

7- En casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan solo con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad. (Cfr.: artículo 48 eusdem).

El carácter conciliatorio de tal procedimiento, se desprende del artículo 49 eusdem, cuyo tenor es el siguiente:

“Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a los derechos humanos establecidos en la Convención, la Comisión redactará un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención y comunicado después, para su publicación, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución lograda. Si cualquiera de las Partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia información posible.”

Por el contrario, de no lograr las partes intervinientes un arreglo o solución amistosa, y dentro del plazo establecido en el estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe previo en el que expondrá los hechos y sus conclusiones, el cual será transmitido a los Estados interesados. Asimismo, en tal informe podrá la Comisión formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas. Remitido el informe, transcurrirá un plazo de tres meses, en el cual los Estados involucrados deberán restablecer las situaciones afectadas por la violación de los derechos fundamentales.

Frente a tal situación, el Estado denunciado como agraviante puede optar por tres alternativas:

  1. Si no está de acuerdo con el contenido del Informe, podrá acudir a la Corte.
  2. Aceptar el contenido del informe, y restablecer la situación vulnerada.
  3. No acoger el informe de la Comisión.

En este último supuesto, la Comisión levantará un informe final sobre el fondo de la controversia, pudiendo ordenar su publicación, para sancionar así al Estado agraviante. No obstante, la Comisión no puede aplicar otro tipo de medidas coercitivas sobre el Estado, salvo la posibilidad de acudir a la Corte, siempre y cuando los Estados involucrados hubiesen aceptado la competencia de tal Tribunal. Por el contrario, si los Estados no hubieren reconocido la competencia de la Corte, el procedimiento finalizará con el informe final.

Nótese entonces que los particulares lesionados en un derecho humano, podrán acudir a la Comisión para lograr un restablecimiento de la situación lesionada mediante un acuerdo conciliatorio; pero de no llegarse a tal acuerdo, solo podrá acudir a la Corte, para dilucidar tal controversia, los Estados Partes y la Comisión, ésta ultima haciendo las veces del Ministerio Público. En ese caso, la controversia será resuelta mediante una decisión imperativa.

La Comisión regula igualmente las condiciones de admisibilidad de las pretensiones ventiladas ante la Comisión, previstas en el artículo 46 eusdem:

  1. Que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocido;
  2. Que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;
  3. Que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional;
  4. Que la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas del representante legal de la entidad que somete la petición.

Así, uno de los requisitos de admisibilidad es el de agotamiento de todas las vías internas en el Estado, es decir, todos los recursos que sean procedentes según el derecho interno de cada país, para la solución del problema. No obstante, esta regla encuentra sus excepciones en el artículo 46 numeral 2 literales a , b , c, los cuales establecen que no será necesario agotar la vía interna:

  1. Cuando no exista en la legislación interna del Estado de que se trate, el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alegan violados.
  2. En el caso en que no se le haya permitido al presunto lesionado el acceso a los recursos de la jurisdicción interna o haya sido impedido de agotarlos.
  3. En el caso en que haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

Sobre la condición de admisibilidad comentada, se ha considerado la cuestión de la renuncia por el Estado a la regla del agotamiento previo de los recursos internos. Así, en el asunto “Viviana Gallardo” se aceptó que el gobierno de Costa Rica sometiera directamente una controversia a la Corte Interamericana, renunciando en forma expresa al cumplimiento de la condición analizada. En esta oportunidad, la Corte constató y observó que, según los principios de Derecho Internacional generalmente reconocidos y la práctica internacional, la regla que existe al previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por pactos que se imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios. Se le ha considerado así como un medio de defensa (del Estado) y como tal, renunciable, aun de modo tácito. En este sentido, la decisión que comentamos cita la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos (caso De Wilde, Ooms y Versyp), señalando que, una vez producida esta renuncia, ella es irrevocable.”.

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