LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Publicado: febrero 22, 2016 en INFORMACIÓN VARIADA
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La Convención Americana Sobre Derechos Humanos suscrita por la República de Venezuela el 22 de Noviembre de 1969, entró en vigor el 18 de Julio de 1978, y fue ratificada por el Congreso de la República de Venezuela, a través de la “Ley Aprobatoria de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica”, publicada en la Gaceta Oficial No. 31.256 del 14 de junio de 1977. Tal Convención se enmarca dentro del régimen jurídico derivado de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La Convención tiene como finalidad reconocer y proteger los derechos esenciales del hombre, los cuales no nacen del hecho de ser natural de un determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. De allí la necesidad de instrumentar una protección internacional de carácter coadyuvante o complementaria de la que ofrece el Derecho interno de los Estados miembros de la convención.

Asimismo, la Convención persigue consolidar en el continente Americano, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. También es objeto de la Convención reafirmar los principios que han sido considerados en otros instrumentos Internacionales, tales como la Carta de la Organización de los Estados Americanos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Convención.

2.1. Ambito Subjetivo.

El Tratado Internacional comentado solo es vinculante para los Estados partes de la convención, es decir, solo para los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que hallan firmado, ratificado o adherido el convenio. De esta manera, dentro del ámbito subjetivo de tal Convención, debemos ubicar a Venezuela, por cuanto dicho país, el 14 de julio de 1977, ratificó su contenido.

Ahora bien, la ratificación de la Convención genera, para los Estados Partes, diversos deberes. En efecto, según el Tratado analizado, los Estados partes tienen el deber de respetar los Derechos y Libertades reconocidos en la Convención, y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole. Asimismo, se comprometen a adoptar disposiciones de Derecho Interno, en el caso de que las garantías y libertades mencionadas en la Convención no estuvieren garantizadas legislativamente, o a través de otro instrumento. En tal supuesto, los Estados Partes estarán obligados a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

2.2. Ambito Objetivo

La Convención, de conformidad con lo expuesto precedentemente, tendrá por objeto (i) garantizar el goce de los Derechos inherentes a la persona humana, así como (ii) garantizar los recursos y procedimientos para la salvaguarda de esos Derechos, cuando estos se vean lesionados por parte de alguno de los Estados miembros.

Así, dentro del ámbito objetivo de la Convención podemos distinguir una parte adjetiva, conformada por los procedimientos para garantizar el goce de los Derechos reconocidos en la Convención, y una parte sustantiva, que se refiere a los Derechos y Garantías inherentes a la persona humana.

A. Parte Adjetiva.

En la Convención Americana Sobre Derechos Humanos se regulan dos procedimientos con el objeto de salvaguardar los Derechos inherentes a la persona humana, cuando estos han sido lesionados por cualquiera de los Estados Partes. Así, encontramos el procedimiento regulado en los artículos 48 a 51 ejusden, referido al tramite obligatorio ante la Comisión, y el que se establece en los artículos 66 al 69, que se refiere al procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así, podemos adelantar que la Convención crea dos órganos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión es el órgano competente para conocer, decidir y sustanciar las peticiones formuladas por cualquier persona o entidad no gubernamental, que contengan denuncias o quejas de violación a los derechos consagrados en la Convención. Tal procedimiento tiene como finalidad la resolución de la controversia por una vía amistosa, es decir, por medio de acuerdos conciliatorios, entre la persona agravada y el Estado que violó las disposiciones de la Convención. En esos caso, la Comisión actúa como el tercero encargado de dirigir el procedimiento, además de sugerir las posibles soluciones que sean pertinentes en cada caso concreto, tal y como lo establece el artículo 49 de la Convención. Para ello, la Comisión elaborará un informe en el que se expondrán los hechos y sus conclusiones, el cual será transmitido a los Estados interesados, para su consideración.

Si el procedimiento ante Comisión concluye sin ningún resultado favorable, podrán los Estados Partes o la Comisión (actuando como Ministerio Público), acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se ventile el problema en la sede de dicho Tribunal. No obstante, para ello, deben los Estados haber reconocido la competencia de la Corte, bien de manera general, bien especialmente. De lo contrario, el procedimiento concluirá con el informe de la Comisión, el cual, como veremos más adelante, tiene poca eficacia respecto los Estados.

B. Parte sustantiva.

Como ya hemos dicho, la Convención garantiza los Derechos inherentes a la persona humana, y obliga a los Estados miembros a respetar el goce de éstos. Así, los derechos que se prevén en la referida convención, pueden ser divididos en dos grupos: Los Derechos Civiles y Políticos, regulados en el Capitulo II de la Convención, y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales se encuentran regulados su Capitulo III.

a. Derechos Civiles y Políticos

El Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica, se encuentra contemplado en el artículo 3 de la Convención, según el cual toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Como derecho inherente, se prevé el Derecho a la vida, el cual – según lo establecido en el artículo 4 eiusdem- asegura a todo individuo el derecho a que se respete su vida. En cuanto a la pena de muerte, los países que la han abolido no la podrán restablecer, prohibiéndose igualmente, aplicar la pena de muerte por delitos políticos o afines a éstos. Relacionado con tal derecho, la convención regula el Derecho a la integridad Personal. De allí que el artículo 5 de la Convención establece que, toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad la reforma y la readaptación social de los condenados.

De igual forma, la Convención prohibe la esclavitud y servidumbre y garantiza el Derecho a la libertad personal. En este sentido, el artículo 6 dispone que nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. Asimismo, según el referido artículo nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.

El derecho a la libertad personal está consagrado en el artículo 7 de la Convención, el cual establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Este derecho a su vez -conforme al contenido de dicho artículo- implica otras garantías judiciales, según las cuales:

“… nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por la leyes dictadas conforme a ellas ;

 Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario;

toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados;

toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso;

toda persona privada de su libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que ésta decida, sin demora, sobre la legalidad del arresto o detención, y ordene si el arresto o detención fueran ilegales;

Nadie puede ser detenido por deudas”

Por su parte el artículo 8 consagra el principio de las Garantías Judiciales, al prever que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o Tribunal competente. En ese sentido, el referido artículo consagra varios principios fundamentales para el tratamiento procesal del inculpado, entre los cuales encontramos:

i. Principio de presunción de inocencia, en virtud del cual toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. (numeral 2)

ii. Principio de confesión libre o espontánea, es decir que la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza (numeral 3).

iii. Principio de cosa juzgada, según este principio el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismo hechos. (numeral 4).

iv. Principio de publicidad, según el cual el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de justicia.

Dentro de esta importante materia, el artículo 9 de la Convención consagra Principio de Legalidad y de Retroactividad, al establecer que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivos según el derecho aplicable.

Asimismo, para proteger la integridad patrimonial del ciudadano, la Convención consagra en su artículo 10, el Derecho a Indemnización, conforme al cual: toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.

Tales garantías se relacionan con el área penal y con la potestad sancionatoria de la Administración. Por ello, se prevé también la protección de la Honra y de la dignidad, la cual se encuentra regulada en el artículo 11 eiusdem, en virtud del cual nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

Otros de los derechos consagrados en la Convención, que se relacionan con la libertad del hombre, son los previstos en el artículo 12 y 13 relativos a la libertad de conciencia y de religión (libertad de conservar su religión o de creencias, así como la libertad de divulgar o profesar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado) y a la libertad de pensamiento y de Expresión, (libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección).

A su vez, regula la Convención en su artículo 14 el Derecho de Rectificación o Respuesta, al garantizar que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados, y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar, por el mismo órgano de difusión, su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
Dentro de la categoría analizada, la Convención consagra también el Derecho de Reunión; a la Familia; al Nombre; a la Nacionalidad y a la Propiedad Privada, (artículos 15, 17, 18 y 21, respectivamente).

Igualmente, el artículo 16 eiusdem regula el derecho de la Libertad de Asociación, al consagrar que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier de otra índole.

Dentro de la categoría analizada, la Convención regula también el Derecho de Reunión; a la Familia; al Nombre; a la Nacionalidad y a la Propiedad Privada. (artículos 15, 17, 18 y 21 eiusdem, respectivamente).

Asimismo, el artículo 22 eiusdem consagra el derecho de circulación y residencia, relativo a la libertad que tiene toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado, para circular por el mismo y, residir en él con sujeción a las disposiciones legales. Este derecho, implica a su vez, la libertad que tiene toda persona de salir libremente de cualquier país, inclusive del propio, así como de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos. De igual forma, según este derecho nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo y, en ningún caso, el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida este a riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. También está prohibida la expulsión colectiva de extranjero.

De otra parte, el Convenio consagra los Derechos Políticos, en su artículo 23 eiusdem, según el cual todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, con las limitaciones que establezca la ley:

i. Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.

ii. Derecho a elegir y ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal y secreto.

iii. Derecho a tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas en su país.

Finalmente, encontramos -dentro de esta clasificación de Derechos Civiles y Políticos- los artículos 24 y 25 eiusdem, en los cuales está consagrado el Derecho de Igualdad ante la Ley y la protección judicial, respectivamente.

Según este último derecho, toda persona podrá ejercer un recurso sencillo y rápido, u otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Para ello, los estado partes deben comprometerse a:

i. Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso.

ii. Desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

iii. Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

b. Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Tales derechos están regulados en el artículo 26 ejusdem, el cual establece que los Estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y culturales contenidas en la carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

c. Recepción en el derecho venezolano

Ahora bien, los Derechos inherentes a la persona humana enumerados precedentemente, son en Venezuela derechos de rango Constitucional y, por lo tanto, no pueden ser menoscabados por ninguna autoridad. Además, es preciso mencionar que cualquier violación de estos derechos daría lugar a la interposición de una acción de Amparo Constitucional, como medio valido para el restablecimiento de la situación jurídica infringida. En efecto, dispone el artículo 50 de la Constitución lo siguiente:

“La enumeración de los derechos y garantías contenidas en esta constitución no deben entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ella.
La falta de Ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.”

De allí, que la operatividad de tales derechos ­cuya protección constitucional ha sido admitida por los tribunales de amparo- se fundamenta, en primer lugar, en un ordenamiento jurídico internacional, mediante los procedimientos tramitados ante la Comisión y la Corte, y de otra parte, a través de un sólido mecanismo de protección interna, como lo es la Acción de Amparo Constitucional. Cabe destacar que, salvo ciertas excepciones, esos mecanismos internos deberán ser agotados previamente, para poder acudir ante la Comisión.

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