LAS INTERVENCIONES CORPORALES POR @MAIPIO1

Publicado: julio 4, 2016 en DERECHO PENAL
Etiquetas:, , , ,

El estudio de las intervenciones corporales como medio de prueba en el proceso penal tiene diversas posturas; la búsqueda de la verdad y la protección del individuo como central antinomia en el proceso penal, la protección frente a la coacción por parte del Estado y la protección de la esfera privada como problemas que se interfieren entre sí.

            Todo Derecho Procesal Penal legalmente instituido se enfrenta a la necesidad de armonizar, por un lado, el interés en la búsqueda de la verdad y, por otro, el interés del procesado en la salvaguardia de sus derechos individuales.

            En lo que se refiere al concepto de intervención corporal podemos decir:

“Que son aquellas investigaciones que se realizan sobre el cuerpo de las personas, sin necesidad de obtener sin consentimiento, con el fin de descubrir circunstancias o elementos criminalístico de interés que conlleven al convencimiento de la existencia de un hecho  y a la búsqueda de la verdad que pueda producirse en un proceso”

            Se puede decir que la protección del Estado al ámbito privado es el eje primordial de los derechos fundamentales, y bajo la concepción del Estado Social de Derecho, debe ponderar entre los derechos individuales de las personas y ese ejercicio para la búsqueda de realización de la justicia con fin del proceso penal.

            La adopción de las medidas de investigación corporal supone necesariamente la restricción de varios derechos fundamentales (libertad, integridad, intimidad, dignidad, entre otros). Estas restricciones serán legítimas siempre que dichas medidas se practiquen cumpliendo determinados requisitos y procedimientos.

            El Tribunal Constitucional Español en sentencia 207/1996 distingue:

Autoriza una intervención corporal, pero determina como requisitos necesarios para aceptar como conforme a la Constitución cualquier intervención corporal, que evita definir, los siguientes:

Legalidad.

Jurisdiccionalidad.

Motivación de la resolución judicial, que ha de ponderar la necesidad de la medida, como elemental requisito.

Proporcionalidad, desglosada en tres exigencias, como son:

  • El juicio de idoneidad, «si tal medida es susceptible de alcanzar el objetivo propuesto.»
  • El juicio de necesidad, «en el sentido de que no exista otra medida más moderada.»
  • El juicio de proporcionalidad en sentido estricto, no basta con lo anterior también es exigible que el sacrificio del derecho guarde relación con la gravedad del hecho.

            En tal directriz Claus Roxin refirió que “Todo Derecho Procesal Penal legalmente instituido se enfrenta a la necesidad de armonizar, por un lado, el interés en la búsqueda de la verdad y, por otro, el interés del procesado en la salvaguardia de sus derechos individuales”. Cuando Muñoz Conde no explica que “La eterna tensión entre la tarea de investigar y, en su caso, castigar el delito, y la de respetar los derechos fundamentales del acusado, se acentúa cuando no hay, como en el caso de la tortura, una prohibición absoluta, sino una relativa que depende del cumplimiento de determinados requisitos fijados legalmente”.

            Sobre la base de lo enunciado, nace la controversia consistente en dilucidar si el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales tienen carácter absoluto y deben primar sobre el interés del Estado y la sociedad en el persecución y castigo del delito, o si, por el contrario, debe prevalecer este último interés sobre aquéllos.

            Posición bien difícil, porque no investigar un delito genera impunidad, pero el respeto a la dignidad humana es de carácter supraconstitucional, pareciera que mediante una prueba de certeza a través de simples actos de investigación, se pudiera llevar como un órgano de prueba y olvidar que pueden existir elementos con mayor convicción para imputar a un sujeto o simplemente exculparlo; cuando en nuestra legislación no se realiza señalamiento alguno sobre el examen corporal o mental (Externo o Interno). El Dr. Leonardo Pereira establece que en ningún caso un imputado puede ser “Usado” o “Empleado” como un objeto de prueba, ni subordinado a ningún tipo de estudio y exploración.

            Lo importante, es a modo de ver, que para que este examen no sea violatorio de cualquier derecho fundamental es que pueda existir un Consentimiento por parte de la persona a realizarse dichainspección,que en virtud de tal petición debe tener una exposición clara y precisa acerca del por qué se considera que la prueba sea idónea y que pueda esclarecer un hecho objeto de investigación.

            A tenor de lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución de la República, consagra el derecho al respeto a la integridad física, psíquica y moral de las personas, o sea, que nadie puede ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes (numeral 1), como tampoco ser sometido, sin su consentimiento, a experimentos científicos, exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encuentre en peligro su vida o por otras circunstancias que la ley determine (numeral 3). Por su parte, el Código Orgánico Procesal Penal, establece el derecho a la justificada y razonable práctica de exámenes corporales y mentales a los imputados y a terceras personas, (realizados por expertos en la lex arti), previa advertencia de tal derecho y cuidando del respeto al pudor de los examinados, quienes además, pueden hacerse acompañar de una persona de su confianza (artículo 195 del Código Orgánico Procesal Penal). Estos exámenes, por no representar riesgo alguno contra la vida o salud de las personas objeto de tal reconocimiento y, por cuanto los mismos pueden ser de innegable importancia para el esclarecer la existencia o no de hechos que se investiga, podrán ser ordenados por el Ministerio Público en la fase de investigación del proceso, a fin de recabar los elementos que le permitan fundar su acusación.

            La inspección corporal puede ser lícita incondicionalmente, como cualquier otra prueba, siempre que sea lícito el medio empleado. Recordemos que está prohibido el uso de medios que pueden producir alteraciones psíquicas o físicas aunque no sean notablemente peligrosas…” la realización de exámenes mediante intervenciones corporales contra la voluntad, no es susceptible de carácter absoluto, siempre y cuando exista el consentimiento por parte de la persona objeto de estudio, se ve cierta eficacia en cuanto al medio de prueba, si de la se practica con ciertas garantías científicas-legales y que no represente un peligro a la integridad física, puede convertirse en la excepción

            A mi modo de ver y a manera de conclusión, las garantías, por ende, serían los máximos “standards” de realización de estos principios (y la consiguiente limitación del ejercicio de poder arbitrario de las restantes agencias) . Una  posible imposición coactiva de la práctica de la diligencia ha de ser valorada en cada caso con respeto al principio de la interdicción de los tratos inhumanos ó degradantes. El procesado no tiene que colaborar con las autoridades encargadas de la investigación mediante un comportamiento activo; sin embargo además de la investigación descrita sobre su ámbito privado, sí debe soportar injerencias corporales, que pueden contribuir definitivamente al reconocimiento de su culpabilidad.

Por tanto, en la medida en la medida que al procesado se le realiza inspecciones contra su voluntad, claramente se antepone el interés de esclarecer la ocurrencia o no de hechos, al interés del procesado a mantener en secreto su “información corporal” y a excluirla como medio de prueba.

            En síntesis el imputado, a quién se le pretende realizar la inspección corporal, si es de forma coercitiva, estas diligencias de investigación debe ser  debe ser considerada irrita, ilícita e inicua, procesal y jurídicamente inexistente, constitucionalmente inadmisible y sin valor probatorio alguno. Pero si en este proceso en donde el imputado autoriza tal práctica,  preste su consentimiento, y haber sido, efectivamente, objeto de prueba en cuyo acto procesal, su salud no sea afectada de peligro alguno, y  que sea tratado con respeto su condición de ser humano, dicho acto investigación- debe ser considerada válida y lícita, sin que con ello se pretenda equiparar al imputado o acusado como si ciertamente fuera autor de los hechos que le son atribuidos por el Ministerio Público, pues ser imputado es una cosa y ser autor del hecho delictivo en otra cosa; por lo demás, como lo dice acertadamente Binder “no se puede hacer de todo imputado un culpable”.

Maiker Grabiel Gonzàlez

@Maipio1

Correo: Maiggonzalez@gmail.com

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s