Archivos para febrero, 2017

La desvinculación entre el discurso jurídico-penal y la política pone en serio peligro a la dogmática jurídico penal como método, con consecuencias imprevisibles y siempre negativas:

a) Como el discurso teórico no toma en cuenta sus efectos sociales reales (y pueden construirse tantos discursos como sociedades, legisladores e intérpretes se alucinen), el método jurídico, en lugar de hacer previsibles las decisiones judiciales, proporciona un inagotable caudal de desconcertantes posibilidades y permite la racionalización de cualquier decisión, mediante el uso antojadizo de discursos diferentes, abriendo el camino a la arbitrariedad judicial.

b) La discusión jurídico-penal por momentos parece caer en autismo. Cuando se simplifica y se vacía de sentido político la discusión teórica, pareciera que los principales debates de la dogmática jurídico-penal del siglo XX se limitaron a discutir en los primeros años si las culpabilidades una relación psicológica o un juicio de reproche a mediados del siglo, si el dolo está en el tipo, en la culpabilidad o en ambos lugares; y a fines de éste si el criterio de imputación objetiva debe ser el aumento del riesgo o la defraudación de roles. El simplismo de este reduccionismo se halla muy cerca del ridículo que, como es sabido, es el medio más insidioso para desacreditar el saber jurídico, o sea, la inmensa tarea de elaboración dogmática llevada a cabo en los últimos cien años y quede ningún modo puede desperdiciar quien pretenda reducir racionalmente el ejercicio del poder punitivo.

c) La verificación de lo anterior debilita la vigencia del propio método, con el riesgo de que se apele a su desprecio y consiguiente caída en cualquier irracionalidad (puro discurso político sin mediación técnica; lo que llamaremos alienación técnica del discurso).

d) En cualquier momento es peligroso el naufragio del método jurídico-penal, pero mucho más cuando es notorio que la Kielerschule fue sólo un episodio anecdótico en el curso de un simplismo penal vólkisch permanente, que sólo espera las oportunidades que le ofrece el debilitamiento de la racionalidad contentora del Estado de derecho, harto frecuente en tiempos de globalización.

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TSJ-LOGO

Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Conservación del medio ambiente como un derecho humano.

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En nuestro Despacho Jurídico, los clientes suelen preguntar: Antes tenía otro Abogado y le di un poder, ¿Debo revocarlo?, ¿El puede seguir actuando en mi representación?. En otros casos, sienten un casi “vehemente temor” en otorgar Poderes a Abogados. Pues bien, con este artículo pretendemos despejar esas dudas.  

CONCEPTO: Todo Poder es un mandato que, de conformidad con el artículo 1.684 del CC, “son contratos por el cual una persona se obliga gratuitamente, o mediante salario, a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra, que la ha encargado de ello”, siendo que cuando se trata de Poderes/Mandatos Generales no comprenden más que los actos de administración (1.688 CC), debiendo siempre actuar como un buen padre de familia y dentro de los límites del mandato (1.692 y 1.698CC), de lo contrario el mandatario incurre en una serie de responsabilidades de las cuales debe responder (artículo 1.693CC).

Los Poderes/Mandatos Especiales se otorgan para un negocio o acto o para ciertos negocios o actos. Poderes/Mandatos otorgados en el extranjero: Tenemos 3 posibilidades según el 157CPC: 1. Poder otorgado en país extranjero que haya suscrito el Protocolo sobre uniformidad del Régimen Legal de Los Poderes y la Convención Interamericana sobre el Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el Extranjero deberá cumplir las formalidades establecidas en dichos instrumentos (Art. 157 CPC). 2.-Poder otorgado en el extranjero sin haber suscritos los instrumentos mencionados, deberá cumplir con las formalidades establecidas en las leyes del país de su otorgamiento.

En este sentido deberá recordarse que por imperativo del artículo 8 del CPC, según el cual, en los casos de aplicación del Derecho Internacional Privado, los jueces atenderán primero a cualesquiera Tratados Públicos de Venezuela con la nación respectiva, en cuanto al punto en cuestión y no solo a los ya mencionados. Por Ejemplo si los países involucrados en torno al Poder (quien lo sustancia para su otorgamiento y ante quien va a surtir efecto), han suscrito el Convenio para Suprimir la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, este será de aplicación preferente, por ser una ley especial de la República, en la materia a que se contraen, siendo el objeto de esta convención suprimir la exigencia de legalización diplomática o consular de documentos públicos extranjeros y por lo tanto, los documentos que porten el sello de la apostilla no requerirán la legalización de las misiones diplomáticas u oficinas consulares venezolanas para surtir efecto en Venezuela, aunque si deberá estar traducidos al español.

Efectuada la advertencia anterior, podremos interpretar lo que la norma a continuación señala “…En ambos casos, el poder deberá estar legalizado por un magistrado del lugar o por otro funcionario público competente, y por el funcionario consular de Venezuela, o en defecto de éste, por el de una nación amiga…”. Cuando el poder se ha otorgado en idioma extranjero, se debe traducir al castellano por Intérprete Público en Venezuela. 3. Poder otorgado por ante un agente del servicio exterior de la República en el país del otorgamiento. Se trata de los poderes que se tramitan ante el consulado venezolano en el extranjero. Los requisitos varían de Consulado a Consulado. Poder/Mandatos Apud Acta: Es el otorgado, como su nombre lo indica, en las actas procesales de un expediente y cuyo alcance dependerá de su propio contenido, pues se le presume especial. FORMALIDADES PARA SU OTORGAMIENTO: Dependerá del Poder en cuestión. Por ejemplo, el Poder otorgado para vender inmuebles, debe ser necesariamente registrado, por su parte el Poder Apud Acta deberá ser otorgado por ante el secretario del Juzgado, quien firmará el acta junto con el otorgante y certificará su identidad.

MODOS DE EXTINCIÓN: Conforme al artículo 1.704 CC, El mandato se extingue: 1º.- Por revocación. 2º.- Por la renuncia del mandatario. 3º.- Por la muerte, interdicción, quiebra o cesión de bienes del mandante o del mandatario. 4º.- Por la inhabilitación del mandante o del mandatario. DURACION DE LOS PODERES: No es el transcurso del tiempo una causal de extinción de los poderes, por lo tanto podrían durar muchos años si no ocurriera durante su vigencia alguna de las causales de extinción. No obstante, lo antes señalado, La Dirección General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) emitió el pasado 1 de Diciembre del 2016, una circular en la que informa a la red de notarías públicas del país la prohibición de tramitar la compra-venta de bienes inmuebles a través de esas instancias al igual que la determinación que a los Poderes otorgados para la  Venta de Inmuebles, se les impone un término de caducidad de un año, lo que nos parece un desafuero,  toda vez que el establecimiento de ese tipo de términos sólo lo permite la ley, en materia de caducidad, y los contratos, por la vía del acuerdo de los otorgantes.

PODER OTORGADO A UN ABOGADO:Es el que se le encomienda al Abogado para que asuma su representación en un proceso judicial. Se le faculta al mandatario para asuma la defensa técnica con algunas de las siguientes facultades: intentar y contestar demandas y reconvenciones, oponer y contestar excepciones, promover y evacuar las pruebas respectivas, comprometer en árbitros arbitradores o de derecho, seguir los juicios en todas las instancias, grados, trámites e incidencias, interponer toda clase de recursos, solicitar medidas cautelares, efectuar alegatos y peticiones en general. FACULTADES EXPRESAS Y TACITAS: Cuando se trate de situaciones en el proceso que impliquen la disposición del derecho en litigio (convenir, desistir, transigir), dichos actos no podrán ser realizadas por el apoderado, de igual forma este tampoco podrá ejecutar  actos que se hayan señalado en la ley como exclusivos de las partes, es decir, que el apoderado no podrá realizar transacción, desistimiento, allanamiento o conciliación, a menos que el poderdante lo haya autorizado para ello, en cuyo caso dicha autorización debe ser expresa. Igual ocurre con la posibilidad de absolver posiciones juradas si se propusieran en juicio, o la potestad de recibir si el poder no expresa dicha facultad, pues el poder conferido por el acreedor a una persona para demandar en juicio al deudor, no le faculta por sí sólo para recibir el pago de la deuda.

REVOCATORIA DEL PODER: Son 2 las formas de revocar un poder: la expresa y la tácita. La primera puede hacerse en forma privada con una carta, telegrama, etc. pero tendrá efecto solamente entre el mandante y su apoderado pero no frente a terceros. Para que surta efectos frente a terceros, la revocatoria debe ser hecha en forma autentica. Para el caso de los Poderes otorgados a Abogados en juicio, debe hacerse constar en el expediente consignando la revocatoria mediante diligencia tácita o implícita, aunque de igual forma, la revocación se produce con la presentación de otro apoderado para el mismo juicio, de tal manera que la actuación del anterior apoderado, cesará por la presentación del nuevo, salvo que “se haga constar lo contrario”. Si se le otorgó poder al Abogado, para asuntos extrajudiciales, para que tal revocatoria produzca efectos jurídicos válidos oponibles al apoderado, se deberá no solo revocar el poder en la misma oficina donde se otorgó, sino que también hará menester notificarlo al Abogado en cuestión. La notificación no requiere que sea a través de un Juez, Notario o Registrador; basta acuse de recibo suscrito de puño y letra por el apoderado. (más…)

Partiendo de la asignación arbitraria de cierta función positiva a la pena (siempre preventiva o difusamente retributiva), es corriente afirmar que el legislador distribuye su conminación según opciones político criminales, tutelando bienes jurídicos o reforzando algo (la ética social, el sistema). No obstante, esto se hace:

  1. sin verificar la función preventiva de la pena (sin constatar si en la realidad el poder punitivo produce los efectos que se pretende que el legislador buscó) y
  2. como el legislador histórico es inencontrable (otras veces sus argumentos son insostenibles por el paso del tiempo, por su oportunismo o por sus contradicciones), se apela a un legislador imaginario.

De este modo, con un método deductivo puro, a partir de una ley (un texto escrito) se imagina una voluntad, unos efectos y un sujeto que configuran una política penal (o criminal) que es producto de deducciones e imaginación técnica y que opera en un mundo real que no se pregunta cómo funciona.

Desde este ámbito tan limitado y con elementos no verificados en la realidad social (o que confesamente provienen de un ámbito imaginario) y que omiten todo con texto de poder político, económico, social y marco cultural, es poco menos que imposible vincular la construcción jurídico-penal con la política. Más aún: importa desviar la atención de los verdaderos vínculos entre ambos términos.

La falsa proposición de que la conminación penal tutela (o refuerza o reafirma) algo y que esta función es más fuerte cuanto mayor es la reacción punitiva conminada, es una deducción fundada sobre la premisa no demostrada de que la pena cumple alguna función preventiva en la realidad social. Del debe cumplirla se pasa sin más a afirmar que la cumple y se da esto por no necesitado de ulterior verificación. Toda consecuencia política basada en tan endebles puntos de partida, carecerá de brújula en cuanto a sus reales efectos sociales (más…)

TSJ-LOGO

Tema: Acción Autónoma de Amparo
Materia: Contencioso Administrativo
Asunto: Improcedencia del recurso por abstención o carencia cuando el acto administrativo que se pretende impugnar no es un acto constitutivo de derechos.

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En Sentencia del 09/12/2016, de la Sala Constitucional del TSJ, se fijó criterio ex nunc respecto a la forma de convocar válidamente las Asambleas sean éstas Ordinarias o extraordinarias, en el siguiente sentido: “…solicitaron la revisión de la sentencia…dictada…por la Sala de Casación Civil del TSJ, que declaró con lugar el recurso de casación interpuesto por G, C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior…la cual declaró con lugar la demanda de nulidad de asamblea interpuesta por los hoy solicitantesFUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN:… Alegaron que se constituyó la empresa G, C.A., en la que ambos son socios junto con M, siendo que la administración de la misma está a cargo de 6 administradores, de los cuales unos tienen firmas tipo “A” y otros tipo “B” (las que poseen los solicitantes de revisión)…Señalan que, de conformidad con la cláusula 21° de los estatutos constitutivos, un administrador tipo “A” con un administrador tipo “B”, poseen amplios poderes de administración, disposición y representación de la compañía, como convocar las asambleas generales ordinarias o extraordinarias…entre otras. Indicaron que…se realizó una “primera convocatoria ilegal de accionistas” efectuada únicamente por parte de M (quien tiene firma tipo “A”), para el…, fecha en la cual esa ciudadana suscribió de manera unilateral el acta de asamblea extraordinaria de accionistas, indicando que actuaba en su propio nombre y “supuestamente” en representación de S (quien tiene firma tipo “B”), según un poder general que se le había dado en 1982…indicó que tenía el quórum y tomó una serie de decisiones contrariamente a lo establecido en las cláusulas estatutarias de las convocatorias y a lo establecido en el artículo 285 del CCom…interpusieron demanda de nulidad de la anterior asamblea extraordinaria de accionistas…SENTENCIA DE SALA DE CASACION CIVIL:…el sentenciador, al haber desnaturalizado varias cláusulas de los estatutos sociales de G, C.A., haciéndolas producir un efecto distinto de los en ellas previstos…la revisión consiste en determinar si la convocatoria para celebrar la asamblea de accionistas…, suscrita por una sola de las Administradoras de la sociedad…debía considerase válida…en aplicación de lo previsto en…los estatutos; o si por el contrario, dicha convocatoria debía considerarse nula al no haber sido suscrita por dos administradores, uno tipo ‘A’ y otro con firma tipo “B”la recurrida decidió indagar lo que a su juicio sería la “verdadera voluntad de las partes…concluyendo que en G, C.A…es la simple mayoría de los socios la que designa a todos los administradores…mayoría que está encarnada en la persona de la ciudadana M quien es titular de 57.500 acciones, representativas del 57,5 % del capital social, y quien ostenta además el cargo de administrador…En este mismo orden de ideas, a los jueces de instancia le es dada la interpretación de los contratos y deben hacerlo de acuerdo a lo realmente expresado por los contratantes, sin desnaturalizar su contenido ni tergiversarlaque conduciría a que la cláusula establecida en el mismo, produzca los efectos de una estipulación no celebrada. El límite entre la soberana interpretación del contrato y la tergiversación o desnaturalización de la voluntad contractual está constituido por la compatibilidad de la conclusión del juez con el texto de la mención que se interpreta. Si el establecimiento de los hechos por el Juez es compatible con la expresión de la voluntad de las partes, estamos en la esfera de la interpretación; si, por el contrario, la conclusión del sentenciador no es compatible con el texto, estaríamos en presencia de una desnaturalización del contrato…Pues bien, es meridianamente palmario que la recurrida hizo una interpretación errónea del contenido de las referidas cláusulas tergiversando su contenido para concluir desnaturalizando el significado de estas, por lo que no interpretó el sentido y alcance de dichas cláusulas societarias, lo que conllevo a declarar la nulidad de la Asamblea Extraordinaria de la sociedad mercantil G, C.A …Así se establece…LA SALA CONSTITUCIONAL:…la Sala de Casación Civil erró en su sentencia…contraría lo establecido en el artículo 227 del CComciertamente…incurrió en una errónea interpretación de las cláusulas constitutivas y estatutarias de la empresa G, C.A…las interpretaciones realizadas por los tribunales de instancia fueron las acertadas, sobre todo al observar que las cláusulas…que la administración de la empresa debe ser de manera conjunta entre un administrador con firma tipo “A” con uno tipo “B”, de lo cual se desprende que esa es la verdadera voluntad de los accionistas…OBITER DICTUM:esta Sala no deja de observar la alta cantidad de casos…en relación a la cantidad de…solicitudes de revisión vinculadas a las nulidades de asambleas de accionistas, en las que un solo accionista realiza convocatorias de Asambleas de Accionistas Extraordinarias (incluso sin tener facultades para convocar a dichas asambleas valiéndose solamente de su condición de socio), para efectuar cambios en la composición accionaria de la empresa (donde un accionista minoritario aumenta capital para pasar a ser mayoritario), realizar aumentos de capital, designar administradores, establecer las facultades de ciertos administradores, o crear administradores únicos excluyendo a los demás, entre otras actividades y decisiones que se realizan y toman en esas asambleas. Incluso, se han efectuado dichas convocatorias a través de medios impresos de poca circulación o consulta, siendo que tales publicaciones de las convocatorias deben ser hechas por la prensa, en periódicos (artículo 277 del CCom), por lo que no puede hacerse en una revista de publicación mensual, debiendo ser interpretada esta norma como que exige que el periódico tenga circulación o que la publicación se haga “en uno de los periódicos de más circulación” como lo establece el artículo 253 del CCom, completándose así la mens legis, ya que el legislador no pudo haberse referido a un periódico de escasa circulación, ya que la finalidad es poner en conocimiento a los interesados, que no están al tanto de la convocatoria para que puedan hacer valer sus derechos, de allí que la convocatoria ha de hacerse en la prensa diaria, de tipo general, lo cual excluiría a algunos medios de gran difusión que no circulan los domingos o prensa especializada, por lo que han de publicarse en dos diarios de reconocida circulación nacional y de mayor consulta, que por su tiraje garanticen en mayor medida la posibilidad de lectura. Lo anterior debe ir a la par de lo establecido en el Código de Comercio, en relación a la Convocatoria Personal por correspondencia (carta certificada), convocatoria a la cual tiene derecho “todo accionista”, haciendo elección de domicilio y depositando en la caja de la compañía el número de acciones necesarias para tener un voto en la asamblea (artículo 279 del CCom), así como de los demás sistemas de convocatoria directos a los accionistas establecidos en el documento constitutivo que incorporan, en ocasiones que se realice a través de carta certificada, telegrama, telex, fax u otras formas de remisión de mensajes, pero estos modos de convocar no pueden funcionar sino en empresas de pocos socios, ya que su instauración en sociedades de grandes dimensiones, como las que recurren a la oferta pública sería una fuente de dificultades, ante lo cual, para una gran difusión, el anuncio puede ser por Internet en la página web de la sociedad, aunque la publicación por la prensa es de inexcusable cumplimiento…De allí, que de conformidad con los artículos 277 y 279 del CCom…el incumplimiento por parte de los administradores de realizar la notificación de los accionistas de conformidad con los estatutos sociales y el Código de Comercio, hace objetable la convocatoria realizada para la celebración de la asamblea de accionistas. Aquellas cláusulas estatutarias que impliquen una limitación o perjuicio de los derechos de los socios o accionistas de ser informados de la celebración de las asambleas, deben ser interpretadas en beneficio de los derechos de los accionistas, a los fines de que se les garantice una adecuada y oportuna información, de manera que los socios están obligados a cumplir las condiciones y reglas establecidas, tanto en los estatutos sociales de la empresa como en el Código de Comercio, para realizar la convocatoria de los restantes socios para la celebración de la asamblea de accionistas, para de esta manera garantizar a los socios que tengan la información necesaria para que asistan, preparen sus observaciones respecto a los asuntos que se tratarán, y ejerzan sus derechos de socios, ya que la convocatoria tiene por objeto proteger los intereses propios de los mismos…La convocatoria…debe enunciar el objeto de la reunión, por lo que toda deliberación sobre un objeto no expresado en ella es nulo (artículo 277 del CCom), por lo que el objeto debe indicarse de modo específico, no de manera genérica. Además del objeto u orden del día, la convocatoria debe expresar el día, la hora, la sede y el lugar en el que se reunirá la asamblea, ya que de otra manera, existiría imprecisión acerca de un elemento de información importante para los accionistas, ya que la finalidad del aviso es informar, por lo que la información debe ser suministrada en forma clara, directa y expresa, de lo contrario sería nula dicha convocatoria, ya que la forma y contenido de la convocatoria debe ser apta para cumplir tal finalidad de información completa, suficiente y oportuna al realizarse en un tiempo adecuado y a través de medios adecuados para que se dé la efectiva notificación de los socios. Por lo tanto, la Sala debe dejar establecido que la creación, en los estatutos sociales de las sociedades mercantiles, de requisitos distintos a los previstos en el CCom respecto a la convocatoria de los socios o accionistas para la celebración de las asambleas, debe realizarse con el propósito de fortalecer el régimen de convocatoria previsto en el mismo y no para limitar o perjudicar el derecho de los socios o accionistas de ser informados con las garantías suficientes que le permitan conocer con antelación el día, lugar, hora y objeto a tratar en la asamblea…Por lo que, aquellas cláusulas estatutarias que impliquen una limitación o perjuicio de los derechos de los socios o accionistas de ser informados de la celebración de las asambleas, deben ser interpretadas en beneficio de los derechos de los accionistas, a los fines de que se les garantice una adecuada y oportuna información, para evitar que a través de la creación de estas cláusulas se establezcan medios a través de los cuales se constituyan asambleas sin el conocimiento de los socios o accionistas que den la apariencia de haber cumplido formalmente con el requisito de la convocatoria, pero que en realidad lo que se persigue es evitar que se informe realmente de la celebración de una asamblea a determinados socios o accionistas. De allí que, DE AHORA EN ADELANTE SE HAN DE CONVOCAR A LOS ACCIONISTAS DE MANERA CONCURRENTE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 277 Y 279 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS Y DOCUMENTO CONSTITUTIVO, SALVO en aquellas sociedades mercantiles que coticen en la bolsa o realicen oferta pública de acciones o tenga más de quince accionistas, siendo que a las últimas se podrá notificar por correo electrónico certificado, con firma electrónica certificada y a través de la página de interntet de la sociedad mercantil. Igualmente, en materia de franquiciainternacional y de consorcios internacionales, entre otros, donde los nuevos franquiciados o consorciados no discuten las cláusulas del contrato, sino que se adhieren al contrato, y para éstos (franquiciados o consorciados) se trata de un nuevo contrato, pueden establecerse formas de notificación de convocatorias distintas a las previstas en el Código de Comerciovenezolano pues para la formación del contrato se aplica el derecho extranjero, aunque las mismas funcionen dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. El incumplimiento de todo lo anterior implicaría que cualquier actuación contraria a lo establecido anteriormente, faculta al juez a dictar cualquier medida cautelar nominada o innominada que permita garantizar los derechos de los posibles afectados, siempre y cuando estas no impliquen un abuso de derecho de los posibles afectados o de las facultades del juez, teniendo en cuenta que la Sala Constitucional ha señalado es que el juzgador no puede declarar una junta administradora ad hoc, ya que ello escapa de sus facultades cautelares. “Criterio vinculante sobre modo de convocatoria de las asambleas de accionistas”…DECISIÓN:… NO HA LUGAR la solicitud de revisión… (más…)

TSJ-LOGO

Tema: Recurso de nulidad
Materia: Contencioso Administrativo
Asunto: Procedimiento para la Publicación del Edicto de Emplazamiento en los Recursos de Nulidad.

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