TSJ-LOGO

Tema: Recurso de Nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Los Rectores o Rectoras Electorales, en su condición de miembros del Consejo Nacional Electoral, gozan de la prerrogativa del antejuicio de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 266 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 5 numeral 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

¿¿el establecimiento de esta prerrogativa en particular responde al aseguramiento de la continuidad en la prestación de la función pública que desempeñan una categoría de altos funcionarios, esto es, no protege al individuo que lo ejerce sino al cargo en sí, situación ésta que justifica el tratamiento procesal excepcional dado a estas altas autoridades respecto de otros funcionarios públicos, así como de los demás ciudadanos de la República, que no detentan la condición de ¿altas autoridades¿ y que justifica la distinción hecha por el Constituyente.

¿omissis¿

De allí que, puede afirmarse preliminarmente, que la extensión de esta prerrogativa en el caso de los Rectores o Rectoras del Consejo Nacional Electoral debe atenerse a la ubicación de sus funciones en el texto constitucional, puesto que, es esa jerarquía constitucional del funcionario y no el establecimiento legal de sus funciones lo que permite su inclusión en el elenco de autoridades previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 266 constitucional. En razón de ello, existe una imposibilidad material para el legislador de innovar en este aspecto a través de la inclusión de funcionarios distintos a las altas autoridades de los órganos del Poder Público. Así, por ejemplo, mal podría extenderse esta prerrogativa procesal, se insiste, a través de una eventual reforma legislativa, a otros funcionarios que no están vinculados a la dirección de un órgano del Poder Público.

¿omissis¿

En razón de las particularidades que reviste la función pública electoral, la extensión de esta prerrogativa por una norma legal no resulta, en criterio de esta Sala, contraria a la intención del Constituyente, por el contrario, complementa el ámbito de protección de una categoría de autoridades -como se insiste- en razón de la jerarquía constitucional y las específicas competencias que el órgano electoral ejerce, las cuales no pueden ser suspendidas a través del ejercicio de acciones penales infundadas que afecten la continuidad de la función pública atribuida a los Rectores o Rectoras Electorales.

Por el contrario, negar a esta categoría de funcionarios públicos la prerrogativa procesal establecida en los numerales 2 y 3 del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, significaría el menoscabo de las funciones que le han sido encomendadas por el Constituyente de 1999 al Poder Electoral, además de la ausencia de garantías que aseguren la independencia y autonomía del ejercicio de los cargos electorales descritos, no acorde con el trato que constitucionalmente le ha sido conferido a las altas autoridades de los demás órganos del Poder Público (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Ciudadano).

¿omissis¿

Ello así, la Sala concluye que la norma recogida en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, que extiende la prerrogativa del antejuicio de mérito a los Rectores o Rectoras del Consejo Nacional Electoral, no es contraria a la enumeración contenida en los numerales 2 y 3 del artículo 266 del Texto Constitucional, razón por la cual debe declararse sin lugar el recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido por el ciudadano Exssel Alí Betancourt Orozco, contra la norma contenida en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.573 del 19 de noviembre de 2002. Así se decide¿¿.

Tema: Recurso de Nulidad
Materia: Derecho Tributario
Asunto: Nulidad de la Ordenanza sobre la Contribución al Consumo de Cerveza en el Municipio Miranda del Estado Falcón.

¿¿La Ordenanza impugnada creó un tributo al que calificó como contribución. Es sabido que son tres las categorías en que los tributos han sido clasificados tradicionalmente: impuestos, tasas y contribuciones especiales. En Venezuela, por expresa disposición constitucional, todos están sometidos al principio de legalidad, por lo que sólo pueden crearse por ley. No se aceptan, pues, las tesis flexibilizadoras que se proponen extraer de ese principio ciertos casos, como el de las tasas.

¿omissis¿

La verdadera naturaleza de la contribución al consumo de cerveza es la de un impuesto. Así, aunque es sabido que nuestra legislación carece de una definición de impuesto como figura tributaria, es pacíficamente concebido como aquel tributo que se exige por causas que son independientes de cualquier actividad desarrollada por el Estado. De este modo, existen tributos que obedecen a una actividad estatal (tasas y contribuciones especiales), junto a otros en los que el hecho generador es una actuación o situación del obligado que se considera apta para exigirle contribuir para el financiamiento del Estado.

Esta Sala, en concreto, se ha basado en anterior oportunidad (para el caso de las tasas: sentencia Nº 2166 del 14 de septiembre de 2004, caso: ¿Jairo José Aranguren contra Decreto con Fuerza de Ley de Registro Público y Notariado¿) en el modelo de Código Orgánico Tributario para la América Latina. En él se define al impuesto como el ¿tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente¿ (artículo 15).

De ese modo, lo que establece la Ordenanza impugnada es, sin dudas, un impuesto, concretamente uno de los llamados impuestos específicos al consumo de bienes.

¿omissis¿

Idénticas consideraciones se aplican al caso de autos. Resta, en todo caso, determinar si el impuesto al consumo de cerveza del Municipio Miranda del Estado Falcón es constitucional, sobre lo cual se observa:

La Constitución es clara al atribuir el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas al Poder Nacional, tal como han alegado tanto la parte actora como la representación del Ministerio Público. De este modo, el artículo 156 del Texto Fundamental dispone:
¿Es de la competencia del Poder Público Nacional:

(¿)

12. La creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas, de los gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios, los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes y demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas del tabaco, y de los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados y Municipios por esta Constitución o por la ley.

(¿)¿ (Resaltado de la Sala).

¿omissis¿

Las consideraciones del fallo parcialmente transcrito son del todo trasladables al caso de autos, por lo que se hace obligatorio para la Sala anular el texto íntegro de la Ordenanza sobre la Contribución al Consumo de Cerveza en el Municipio Miranda del Estado Falcón, sin necesidad de entrar en consideraciones sobre sus diferentes disposiciones. De este modo, siendo que no es posible constitucionalmente crear un impuesto local por consumo de cerveza, son igualmente contrarias a la Carta Magna todas las normas sobre tal tributo contenidas en esa Ordenanza.¿¿.

Tema: Recurso de nulidad
Materia: Contencioso Administrativo
Asunto: Artículo 211 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (actual artículo 207)

¿¿.Oponen los apoderados judiciales de las actoras que el principio de separación de poderes resulta vulnerado con el proceder oficioso que la norma atacada le atribuye a los Jueces contencioso-administrativos agrarios, sin advertir que tal afirmación se funda en una comprensión limitada de la función judicial, que en el moderno Estado constitucional de Derecho no sólo ha de velar por el sometimiento del Estado y de los particulares al orden jurídico vigente, a fin de lograr el orden y la seguridad, sino por que sean respetados y garantizados los derechos y garantías fundamentales, como forma de mantener la convivencia organizada y pacífica de cuantos viven en la sociedad.

En tal sentido, mal podrían limitarse las potestades del Juez contencioso-agrario para sustituirse en las funciones del correspondiente órgano o ente administrativo, cuando las circunstancias de hecho demanden su proceder en el sentido de propiciar un proceso judicial que inaudita parte provea lo conducente para la salvaguarda de la continuidad de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales, restableciendo de este modo la situación jurídica particular o colectiva lesionada, para seguidamente sustanciar el correspondiente contradictorio, ante quienes tuvieran interés en oponerse a la medida acordada.

¿omissis¿

siendo que la competencia contenida en el artículo 211 del Decreto con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, solamente puede ser ejercida por el juez agrario con fundamento en la salvaguarda de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental, lo cual presenta su justificación constitucional en los artículos 305 y 306 del Texto Fundamental y que del mismo modo, dicho artículo resulta aplicable únicamente con dos objetivos específicos a saber, evitar la interrupción de la producción agraria y garantizar la preservación de los recursos naturales renovables y finalmente, que la medida preventiva sólo podrá tomarse cuando estos fines se encuentren amenazados de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción, debe concluir esta Sala que, la actuación analizada, se encuentra ciertamente delimitada por un entorno normativo.

En consecuencia de lo anterior, la norma circunscribe el poder preventivo a la adopción de medidas en cuatro supuestos específicos, para obtener dos resultados perfectamente delimitados, con lo cual debe desestimarse el argumento según el cual el artículo recurrido es una norma en blanco, que propugna la actuación arbitraria, pues no sólo se encuentran delimitadas las circunstancias que llevarían al juez agrario a actuar en un determinado sentido, sino que además están preestablecidos los dos objetivos que debe perseguir dicho órgano jurisdiccional con su proveimiento, el cual a todo evento, debe observar el deber de motivación a la que hizo referencia supra

¿omissis¿

Así, cuando el juez agrario desarrolle oficiosamente la competencia atribuida en la norma impugnada, procederá a la apertura inmediata del correspondiente contradictorio, donde le garantizará a aquel contra quien obre la medida y a los eventuales interesados, el derecho a la defensa y al debido proceso, a través de la notificación de la decisión, el acceso al expediente y la posibilidad de alegar y probar a favor de la eventual oposición.

Dicha tramitación análoga a la seguida en casos de medidas cautelares, no reviste en modo alguno, violación del derecho a la defensa o al debido proceso de la parte contra quien obra la medida, pues ésta podrá hacer la correspondiente oposición una vez ejecutada la misma, en el correspondiente contradictorio¿¿.

Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Legitimación para actuar en los procesos penales.

¿¿Ahora bien, de la noción de impugnabilidad subjetiva se deriva la legitimación para el ejercicio del recurso correspondiente, la cual, de conformidad con el sistema de recursos establecido en la ley adjetiva penal, se encuentra circunscrita únicamente a las partes; dicho de otro modo, la facultad de recurrir de las decisiones judiciales le es conferida únicamente a las partes del proceso penal, desprendiéndose ello de la interpretación sistemática de los artículos 433, 436, 437.a) del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales constituyen disposiciones generales aplicables a todo el régimen de los recursos establecido en dicho código. La única excepción a esta regla se encuentra contemplada en el artículo 325 de la mencionada ley adjetiva penal, toda vez que dicha norma establece que la víctima, aun y cuando no tenga la cualidad de parte en el proceso penal ¿por no haberse querellado-, puede interponer recurso de apelación y de casación contra el auto que declare el sobreseimiento.

¿omissis¿

De lo anterior se desprende que el catálogo de sujetos procesales que podrán recurrir de una decisión judicial en el proceso penal, se encuentra integrado por el Ministerio Público (artículo 108.13), el imputado (artículos 433 único aparte, y 436 único aparte), y la víctima (artículo 120.8).

Debe aclararse que el derecho al recurso encuentra su coto en el concepto de gravamen o agravio, en el sentido de que las partes únicamente podrán recurrir de las decisiones que les desfavorezcan, principio éste que se encuentra contenido en el encabezamiento del artículo 436 del Código Orgánico Procesal Penal¿¿.

Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: La decisión que niega la solicitud de libertad fundamentada en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal es susceptible de apelación, conforme a lo establecido en el numeral 5 del artículo 447 eiusdem.

…el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, establece un lapso de treinta (30) días más la prórroga -la cual debe ser solicitada- para que el representante del Ministerio Público formule su respectiva acusación. Conforme al citado artículo, vencido este lapso y su prórroga, sin que el fiscal del Ministerio Público haya presentado su acusación, el detenido quedará en libertad, mediante decisión del Juez de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva .

De lo anterior se observa que, vencido el lapso previsto en el citado artículo 250, y su prórroga, de ser el caso, sin que el representante del Ministerio Público formule su acusación, deviene el decaimiento de la medida preventiva privativa de libertad, la cual si no es decretada por el juez de la causa, el imputado o su defensor, pueden solicitar la libertad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

Al respecto, ha sido criterio de esta Sala, que la decisión que niega la solicitud de libertad del imputado, fundamentada en el vencimiento del lapso del cual dispone el representante del Ministerio Público para formular su acusación -treinta (30) días más la prórroga, si fuera el caso- sin que éste haya presentado su respectiva acusación, es susceptible de apelación, de conformidad con el artículo 447 ordinal 5° del Código Orgánico Procesal Penal, ello en virtud del gravamen irreparable que causa dicha negativa a la parte afectada…

Tema: Control difuso de la constitucionalidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Desaplicación del artículo 259 del Código Orgánico Tributario

¿¿para el caso en concreto no estuvo ajustada a derecho la desaplicación hecha por la Sala Político-Administrativa, toda vez que la misma constituyó un cambio de criterio aplicado en forma retroactiva; sin embargo, no escapa de este análisis el hecho de que la norma contenida en el mencionado artículo 259 del Código Orgánico Tributario, no es inconstitucional y, por tanto, no debe ser desaplicada por los tribunales de la República, pero si requiere su contenido ser aplicado en un todo acorde con los postulados constitucionales, referidos al acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, juez natural, doble instancia y debido proceso, ello por cuanto existe un vacío en dicho artículo respecto a los actos de efectos generales; vacío que se subsana con normas como la contenida en el artículo 330 del mismo Código

¿omissis¿

estima que la especialidad de la materia impera al momento de determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de cualquier recurso o acción, pues esta competencia es inderogable.

Igualmente, debe tenerse en cuenta que la actividad fiscal aun cuando es una actividad propia del Derecho Tributario como rama autónoma es una actividad administrativa, pues quienes la ejercen son órganos del Poder Público, en ejercicio de una atribución otorgada constitucional y legalmente. De allí que aun cuando en el Texto Fundamental se establece el Régimen Fiscal y el Sistema Tributario pero no así una jurisdicción contencioso tributaria, la misma debe entenderse referida en el artículo 259, cuando señala la competencia de ¿los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa¿, sin que ello por ningún motivo desnaturalice el carácter autónomo que hoy en día tiene el Derecho Tributario respecto al Derecho Administrativo.

Por tal motivo, esta Sala como máxima garante e intérprete de la Constitución y en uso de las atribuciones que le confiere dicho Texto y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece -en forma vinculante y a partir de la publicación del presente fallo- que conforme a lo dispuesto en el artículo 49.4 de la Constitución, en los artículos 259 y 330 del Código Orgánico Tributario, los tribunales superiores contencioso tributarios competentes para conocer de los recursos contenciosos tributarios contra actos de efectos particulares emanados de las autoridades tributarias estadales y municipales, lo son también para conocer de actos de efectos generales emanados de dichas autoridades estadales y municipales, pues los emanados del SENIAT, sean particulares o generales, como órgano tributario nacional compete su conocimiento a la Sala Político-Administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 330 del Código Orgánico Tributario¿¿.

Tema: Recurso de nulidad
Materia: Contencioso Administrativo
Asunto: Último aparte del artículo 90 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Prerrogativas

¿¿El Estado goza de ciertas prerrogativas que hace que nos encontremos frente a una desigualdad legítima, por tratar en algún momento de proteger un determinado bien del Estado o un valor jurídico.

Es preciso recordar que la materia de privilegios y prerrogativas se encuentra sometida a la reserva constitucional, lo cual equivale a decir que éstas son viables cuando en un determinado momento deba protegerse algún bien o valor jurídico a través de esta Institución.

Es por ello, que si la Sala debe considerar de manera aislada -tal como lo planteó el recurrente- la solicitud de nulidad por inconstitucionalidad del aparte final del artículo 90 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República con base al argumento de la violación del derecho a la igualdad, de conformidad al criterio anteriormente transcrito se denota claramente que el Estado, efectivamente, goza de una desigualdad legítima frente a los particulares, privilegio éste permitido por nuestra Carta Magna, razón por la cual la Sala desestima la solicitud de nulidad interpuesta con fundamento en este alegato. Así se decide.

¿omissis¿

prever el aparte final del artículo 90 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República cuya nulidad por inconstitucionalidad se solicita, que para suspenderse las medidas decretadas cuando hubiere caución o garantía suficiente para responder a la República de los daños y perjuicios que se le causaren, tal caución debe ser aprobada por la representación de la República, dicha disposición resulta inconstitucional y violatoria del debido proceso, al prever un requisito adicional de aprobación para la caución que no se encuentra establecido en la Ley Adjetiva que regula la materia, y enervando además la facultad del juez que tiene la potestad atribuida por el artículo 253 constitucional para conocer de las causas y asuntos de su competencia conforme a los procedimientos que determine la Ley, ya que se supone que son éstos los que poseen el conocimiento particular sobre las materias que juzgan, siendo esta característica -la de la idoneidad del juez- la que exige el artículo 255 de la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo por ende la función judicial indelegable.

Por otra parte, el artículo 247 constitucional establece que la competencia de la Procuraduría General de la República es la de asesorar, defender y representar judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República, y ser consultada para la aprobación de los contratos de interés público nacional.

Observa la Sala que es la misma Constitución quien delimita las facultades de la Procuraduría General de la República, y de su texto se desprende, que dentro de sus facultades no se encuentra la toma de decisiones a nivel judicial, que como ya se apuntó sólo las dictan los órganos jurisdiccionales sin que pueda delegarse tal función.
Es por ello, que al ser la Procuraduría General de la República parte de un proceso judicial, no podría obrar con imparcialidad y transparencia si debe aprobar las cauciones sustitutivas de las medidas cautelares decretadas, función ésta que como ya se explicó, es potestad del juez natural que debe decidir sobre ella, además de existir una clara usurpación de funciones que son propias de la esfera judicial, lejos de constituir un privilegio procesal a favor del Estado, es ¿sin lugar a dudas- el condicionamiento del derecho en manos de una de las partes del proceso, lo cual se traduce en un error que no tiene asidero jurídico, que viola además del artículo 49, los artículos 138 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela¿¿.

Tema: Recurso de nulidad
Materia: Contencioso Administrativo
Asunto: Artículos 51 y 66 de la Ley de Medicamentos.

¿¿el artículo 51 de la Ley de Medicamentos debe ser interpretado de forma restrictiva, es decir, que los laboratorios farmacéuticos deben elaborar bajo dosis individualizadas los medicamentos que por su composición y finalidad así lo permita -de acuerdo a la consideración previa del organismo administrativo competente- (Ministerio de Salud y Desarrollo Social), situación con la cual se le estaría brindando protección al derecho a la salud de los ciudadanos, sin que ello implique una excesiva carga económica para los laboratorios, ya que de hecho, en la actualidad existe una gran cantidad de esos medicamentos que son elaborados de forma individual.

¿omissis¿

Por razones de soberanía de Estado y de protección de la salud y vida de las personas, no podría el Estado permitir que un medicamento nuevo sea distribuido sin antes haberse determinado que es seguro y eficaz para la población destinataria de los mismos, lo que sólo puede garantizarse a través de los estudios clínicos o ensayos que lo garanticen, pues, se insiste, el acceso a los medicamentos constituye una manifestación inequívoca del derecho a la salud, motivo por el cual se declara improcedente la demanda de nulidad del artículo 66 de la Ley de Medicamento, y así se decide.

¿omissis¿

¿ esta Sala considera necesario acudir al método de interpretación señalado ut supra, específicamente en lo que atañe al derecho a la salud, para de esta manera precisar, si la obligación impuesta en la norma impugnada de realizar estudios clínicos en el país resulta aplicable a todos los medicamentos nuevos que ingresen en éste o si, por el contrario, quedarían exceptuados de tal obligación los medicamentos nuevos que ingresen en Venezuela y que hayan sido objeto en su país de origen de un estudio clínico previo y, por tanto, su eficacia y seguridad en seres humanos haya sido demostrada antes de su ingreso al país.

A juicio de la Sala es una obligación realizar la interpretación de la norma contenida en el artículo 66 de la Ley de Medicamentos, pues de su redacción se desprende un error de técnica legislativa, al citarse dos veces el artículo 71 eiusdem, dentro de las excepciones a la regla de necesidad de efectuar análisis clínicos previos a todo medicamento nuevo, que pudiera conducir a producir un perjuicio en la salud de la población al impedir ser beneficiaria de esos novedosos medicamentos, es decir, que la inaccesibilidad a un medicamento nuevo cuya eficacia y seguridad ya fue comprobada en el exterior, sí ocasionaría efectos perjudiciales en la salud de la población, al impedírsele gozar de las virtudes de los avances científicos en la prevención y cura de enfermedades.

¿omissis¿

Considera, en consecuencia, esta Sala que la obligación impuesta por la norma impugnada de realizar estudios clínicos en el país, si bien resulta aplicable a todos los medicamentos nuevos que provengan del exterior, cuando estos medicamentos nuevos hayan sido objeto de estudios clínicos o ensayos en los países de origen o en otros países, es decir, cuando se esté en presencia de duplicidad de estudios clínicos o ensayos, deberá el organismo administrativo competente en materia de salud (Ministerio de Salud y Desarrollo Social), en ejercicio de las competencias que legalmente tiene atribuidas y como un ejercicio de soberanía estadal en política de salud, ponderar, de la manera más efectiva y con prontitud, si avala esos estudios o ensayos clínicos o si se requiere hacer unos nuevos, teniendo en cuenta que la salud y la vida de la población son los valores máximos que debe tutelar, y que estos derechos no pueden esperar de cargas burocráticas, de formalidades innecesarias o de exigencias de imposible cumplimiento. En consecuencia, a partir de la publicación del presente fallo, el artículo 66 de la Ley de Medicamentos deberá ser interpretado de acuerdo a las consideraciones precedentemente expuestas¿¿.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s