Archivos para marzo, 2017

Tema: Recurso de Revisión
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Comunidad Conyugal. Litisconsorcio Necesario.

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Como siempre, vamos a partir de un ejemplo: Acude un cliente a nuestro Despacho Jurídico y nos dice:

Mi esposo(a) es quien se encarga de administrar, disponer y decir en qué se invierten nuestros bienes o las rentas/alquileres/frutos, que éstos producen y a mí no me dice nada, no me consulta, menos aún me rinde cuentas. Yo creo que va a poner los bienes a nombre de sus padres o de un amigo de él (ella). ¿Puedo impedirlo?”.

Ante estas circunstancias, la mayoría de los Abogados proponen casi sin dudar, un Divorcio para obtener las Medidas Cautelares Nominadas (Embargo, Prohibición de Enajenar y Gravar, Secuestro) u otras Cautelares Innominadas (Paralización de los Fondos de una Cuenta Bancarias, Administrador Ad Hoc de una empresa, entre muchas otras). Pero y si el cliente nos dice:

“…Dr (a), yo NO me quiero divorciar!, solo quiero darle una lección o proteger los intereses de nuestros hijos, o simplemente impedir que burle mis intereses patrimoniales en la comunidad conyugal…”.

Allí algunos colegas se sentirán de “manos atadas”, cuando lo cierto es que existe una vía, poco frecuente, pero existente a nivel legal, que nos permite, en pro y defensa de los intereses de nuestros clientes, hacer frente a esas  maniobras inescrupulosas y de mala fe de parte del cónyuge administrador. Estudiemos, a título de reflexión el tema así:

DE LOS HECHOS: El alegato principal consistirá en que hay bienes presuntamente habidos en el matrimonio existente entre “A” y “B”; así como que en el presunto comportamiento que el cónyuge “B”, ha realizado actos que comprometen potencialmente el patrimonio conyugal, los cuales generan en “A”, el temor fundado, que por medio de argucias, distraiga “B”, los bienes conyugales, que hacen que “A” se encuentre en esa situación de posible perjuicio y por eso pretende se declare Medidas Innominadas, por esa administración irregular o imprudente que mantiene “B”. Alegatos en base, a título ilustrativo, que el cónyuge ha venido desplegando una serie de conductas que afectan en forma artera la estabilidad patrimonial de la comunidad conyugal, persuadido quizás de la inevitable división de bienes, que deberá practicarse una vez declarado Con Lugar el divorcio que ya está instaurado, a cuyos efecto se permite ilustrar los desmanes que en la administración de los bienes que conforman la comunidad conyugal viene ejercitando el cónyuge, que requieren de la inmediata intervención del poder cautelar del juez civil, para detenerlos. Ante ese alegato, tocará al Jurisdicente determinar la procedencia de la medida innominada de aseguramiento del patrimonio conyugal, solicitado. En otras palabras, el cónyuge solicitante debe dar a conocer las circunstancias que constituyen el exceso que denuncia o el riesgo imprudente, además de señalar los efectos patrimoniales que los actos de su cónyuge puedan acarrear en perjuicio de la comunidad, aportando los elementos probatorios correspondientes.

Existe la posibilidad que las anormalidades de índole patrimonial que ocurran dentro del matrimonio, no configuren la procedencia de la acción de nulidad de daños y perjuicios, porque el cónyuge cuestionado no haya realizado actos de disposición sobre determinados bienes, en contra del principio de la bilateralidad, pero es posible que esté incurriendo en la realización de ciertos actos de administración que lesionen o puedan lesionar la estabilidad patrimonial del matrimonio, lo que configura la administración irregular, razón por la cual deberá el Juez de primera instancia efectuar un análisis sobre los hechos y las pruebas aportadas para determinar la procedencia de las medidas precautelativas y su necesidad, para evitar que el patrimonio común pueda sufrir menoscabo por la denunciada imprudencia del cónyuge administrador.

Otros alegatos, pueden ser que el cónyuge denunciado asumió roles y atribuciones dentro de la empresa común, tomando decisiones unilaterales e inconsultas, sin autorización, y desplazándole de su participación como Junta Directiva, administrando la empresa sin rendir cuentas y negándole los anticipos y ganancias que pudiera generar la empresa. Otro alegato, que, sin causa justificada excedió los límites de la administración, arriesgando con imprudencia las cuentas bancarias ya que se ha dedicado a manejar los ingresos a su antojo vendiendo y regalando sin medida en emisión de cheques, viajes, consumo de tarjetas de crédito, etc., mientras que el cónyuge afectado no percibe absolutamente nada aunado a que tuvo que, producto de una denuncia sin fundamento que, salir y abandonar el hogar y ahora carece de medios de subsistencia.

DEL DERECHO: El fundamento lo conseguimos en la Administración de la Comunidad Conyugal, Capítulo XI, Título IV, Libro primero del CC. En tal caso, el Juez podrá, a solicitud del otro cónyuge, dictar las providencias que estime conducentes a evitar aquel peligro, previo conocimiento de causa. Ahora bien, caben 2 preguntas de inmediato:

1) ¿Debo probar la fama de buen derecho y el peligro en la mora, como si estamos hablando de solicitar Medidas Cautelares Nominadas? Y

2) ¿Esta protección es autónoma o incidental? Valga decir, en un lenguaje más sencillo para nuestros Usuarios, ¿Esta solicitud debo hacerla a través de Demanda principal o la pido dentro de un proceso ya en curso?.

Hay una disyuntiva en tal sentido. Unos señalan que se requiere, en todo caso, del previo conocimiento de causa, el juez en jurisdicción civil, podrá a solicitud de uno de los cónyuges dictar las providencias que estime conducentes a fin de evitar el exceso de una administración regular o los riesgos por imprudencia en el manejo de los bienes comunes de la comunidad conyugal de gananciales.

En tal sentido, conforme a la regla general en materia de medidas cautelares, la norma adjetiva establece que debe existir la pendencia de un juicio, puesto que las providencias cautelares se dictan con ocasión de un juicio, como requisito previo de procedencia. Ciertamente, puede cualquiera de los cónyuges que considere que el cónyuge que administra el patrimonio de la comunidad, se excede de los límites de su administración o arriesgue con imprudencia los bienes comunes, solicitar, mediante el procedimiento especialísimo contemplado en el Código Civil, las medidas que considere conducentes para evitar tal peligro, habiéndose formado conocimiento de causa por parte del juez.

Las citadas medidas son una de las cautelas denominadas por la doctrina y la jurisprudencia como “Innominada”, la cual deja a total arbitrio del juez la determinación de los caracteres de la misma, adaptándola a las necesidades de protección de la parte solicitante, debiendo investigar los hechos y en consecuencia, una vez empapado de la realidad de los hechos modificar, cambiar, revocar o dictar nuevas cautelas destinadas a proteger los bienes de la comunidad de una administración que exceda de la regular o de la imprudencia en el manejo de estos. Esta potestad de solicitar medidas o providencias conducentes a evitar el exceso en la administración regular o la imprudencia al manejar los bienes comunes por parte del cónyuge administrador, se fundamenta en la existencia tanto del matrimonio válidamente celebrado, como de la existencia de la comunidad conyugal.

Habrá que tener en cuenta la existencia y administración de los bienes de la comunidad que provienen de la profesión o industria de alguno de los cónyuges, conforme a los artículos 156, 164 y 168 del CC. En estos casos, podrá el Juez autorizar a uno de los cónyuges para que realice por si solo, sobre bienes de la comunidad, alguno de los actos para cuya validez se requiere el consentimiento del otro, cuando éste se encuentre imposibilitado para manifestar su voluntad y los intereses del matrimonio y de la familia así lo impongan. Igualmente el Juez podrá acordar que el acto lo realice uno de los cónyuges cuando la negativa del otro fuere injustificada y los mismos intereses matrimoniales y familiares así lo exijan. En estos casos el Juez decidirá con conocimiento de causa y previa audiencia del otro cónyuge, si éste no estuviere imposibilitado, tomando en consideración la inversión que haya de darse a los fondos provenientes de dichos actos.

DE LO ANTERIOR SE EVIDENCIA QUE: Las Medidas Preventivas del artículo 588 del CPC, no son las únicas, ni exclusivas, que existen en el derecho venezolano, puesto que existen también otro tipo de medidas, contempladas en los procesos de separación de cuerpos y de divorcio; lo que lleva a concluir que dichas providencias son del tipo de las que facultan al juez para dictarlas apartándose de la fórmula de las medidas típicas establecidas en nuestro derecho para las del 588 de la Ley adjetiva Civil, pero siempre con fórmula de la pendencia de juicio, en los procesos ordinarios,determinándose que dichas providencias derivan del juicio de conocimiento sobre excesos en la administración de los bienes de la comunidad conyugal de gananciales.

En consecuencia de las consideraciones explanadas se concluye, debe existir el previo conocimiento de causa, es decir, el juicio de excesos o imprudencia en la administración de los bienes de la comunidad conyugal de gananciales, requisito sine qua non de procedencia de las medidas solicitadas, tal como en las demás medidas preventivas típicas o innominadas. Queremos destacar que lo antes señalado es solo uno, de los 2 polos opuestos, en relación al tema que tratamos. Pues hay otro criterio de la doctrina y jurisprudencia que, nos remite a una solución efectiva, sin necesidad de un juicio previo sólo, siendo necesario que se demuestre y se le cree la convicción al juez suficiente para evitar la administración irregular; y si dichas medidas no son suficientes, el cónyuge afectado podrá solicitar la separación de bienes.

Es así como tenemos la posición del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera (…Expediente 0086) “…para decretarla, la ley no pide requisito específico alguno como los del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, salvo que el sentenciador tome la decisión con conocimiento de causa (lo cual no es un instituto exclusivo de los procesos no contenciosos); es decir, que sin necesidad de plena prueba y con la sola presencia de la parte que pide, si ésta justifica la necesidad de la medida, el juez la ordena, pudiendo incluso para tomarla mandar a ampliar la justificación. Lo importante en estos casos es que al Juez se le faculta para investigar la verdad y que no dicte resolución alguna sino después de hallarse en perfecto conocimiento de causa.

Tal criterio ha sido sostenido y reiterado por nuestro máximo Tribunal, así se ratificó por  la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 08 de fecha 16 de enero de 2002, con ponencia del Magistrado Dr. Omar Mora Díaz, indicándose que “…Lo importante en estos casos es que al juez se le faculta para investigar la verdad y que no dicte resolución alguna sino después de hallarse en perfecto conocimiento de causa…”. La Sala de Casación Civil del TSJ, en sentencia No. 203, del 09 de julio de 2010, respecto al tema, asentó: “… es absolutamente legítimo solicitar al órgano judicial la protección del patrimonio conyugal a través de una medida cautelar.” Conforme a lo anterior, puede colegirse que…constituye una acción autónoma, es decir, no es parte incidental de otro juicio; y además, tiene como finalidad el decreto de una medida cautelar…Bajo este análisis, cuando uno de los cónyuges considere que el otro cónyuge (administrador de la comunidad) excede los límites de una administración regular o arriesgue con imprudencia los bienes comunes que está administrando, el primero podrá acudir al órgano jurisdiccional –con prescindencia de la existencia de un proceso principal– a los fines de solicitar al Juez el decreto de las medidas pertinentes, con el objeto de evitar posibles daños sobre los bienes comunes; todo previo conocimiento de causa, es decir, analizando los alegatos y pruebas presentadas por el cónyuge solicitante.

Además, al perseguir esta acción el decreto de una medida cautelar, el trámite se hará inaudita altera pars, siendo que, en el caso de decretarse alguna medida –tendente a limitar el poder de administración-, el cónyuge administrador de la comunidad, una vez notificado de la misma, podrá ejercer todos los recursos destinados a enervar los efectos ésta…la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (en decisión No. 1682, del 15/07/2005, con carácter vinculante para todos los tribunales de la República), el Código Civil contempla el ejercicio de una acción, acción ésta que –a consideración de esta juzgadora- tiene carácter autónomo, es decir, no depende de la pendencia de un juicio principal. Por su parte el Dr. Francisco López Herrera, en su obra Derecho de Familia, sostiene:  “…no existe un procedimiento específico, sin embargo la autoridad judicial debe actuar al respecto con bastante prudencia… de manera que consideramos que el modus operandi debe ser el siguiente:

i) una vez estudiada la petición respectiva y examinadas las pruebas acompañadas, el juez, si lo estima necesario, ordena ampliar éstas y a continuación acuerda o niega las medidas en referencia y si la decreta, procede a su ejecución;

ii) en tal caso, debe considerarse que esa decisión es de carácter provisional , puesto que ha sido dictada sin audiencia de la contraparte

iii) seguidamente, por la aplicación analógica de la previsión contenida en el artículo 602 C.P.C., se notifica de lo actuado al cónyuge contra quien obra la medida en cuestión, a fin de que dentro del tercer día siguiente exponga las razones que tuviere que alegar al respecto;

iv) haya o no habido oposición se abrirá una articulación de 8 días, para que ambos esposos promuevan y hagan evacuar cualesquiera pruebas que convenga a sus derechos;

v) dentro de los dos días siguientes al vencimiento de dicho lapso de pruebas, el juez debe ratificar o revocar las medidas preventivas que hubiere decretado; y

vi) de esta última decisión se oirá apelación en un solo efecto si las medidas en cuestión fueron ratificadas…

” Como podemos apreciar, se trata de una medida judicial autónoma, instaurada por el cónyuge que pretende el resguardo de los bienes de la comunidad conyugal, a efectos de que el juez conocedor tome las medidas necesarias y conducentes producto de la pésima gestión del esposo administrador de éstos, lo cual no amerita un procedimiento previo. Sin embargo, la aplicación de tal institución en el Código Civil, amerita la verificación de ciertos requisitos para su procedencia, a saber: • Que se active el aparato jurisdiccional con el ánimo de resguardar bienes que forman parte de la comunidad conyugal. •

Que las medidas requeridas por el cónyuge solicitante, se dirijan a resguardar los bienes de la comunidad conyugal administrados por el cónyuge solicitado. • Que haya excesos en la administración de los bienes comunes, de modo que puedan comprometerlos…es necesario la existencia de excesos en la administración o que se arriesgue con imprudencia los bienes comunes…MEDIDAS PARA PROTEGER LOS BIENES CONYUGALES: Estando bajo la noción de Medidas Innominadas, no hay más límites que la propia iniciativa del Juez de la causa, conjugada con su convicción que se está ante una irregular administración de bienes conyugales. En tal sentido podremos solicitar, entre otras: -La designación de un Administrador Judicial Ad Hoc, si se trata de una sociedad mercantil, que sin violentar ni reformar el estatuto constitutivo societario represente sus derecho e intereses en la vigilancia diaria de la compañía y pueda evaluar si la situación amerita o no la interposición de la acción de separación de bienes que refiere la norma. Sin que se confunda la figura del “Administrador” o “Veedor” con el término Administrador utilizado en el Código de Comercio, -Se dicte prohibición de vender e hipotecar bienes, -Se decrete el secuestro judicial sobre vehículos, -Congelamiento de los dineros habidos en las cuentas bancarias, -Se requiera información al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, si el ciudadano (a) “B”, tiene cuentas bancarias en ese país, y de la misma forma si desarrolla alguna actividad comercial y por tanto es contribuyente del Fisco Nacional;- Se ordene notificar al Registro Público del Municipio X del Estado X, para que se abstenga de autenticar o protocolizar cualquier documento de administración o enajenación bajo cualquier título o afectación de uso o usufructo, de los Bienes Inmuebles X, – Se ordene Inventario de equipos, maquinarias, enseres, moblaje y semovientes y demás bienes muebles que se encuentren en los Bienes Muebles o Inmuebles X, designando perito a los fines de verificación de dicho inventario, – Hacer inventario de todos los bienes que conforman el Patrimonio Conyugal del Matrimonio “A” y “B” , – Decretar una medida innominada que permita a un cónyuge ubicar los bienes de la comunidad conyugal cuyo paradero desconoce, por no ser él el administrador, luce una cautela justa en beneficio de los copropietarios. En consecuencia, una medida tendente a que se ubiquen los bienes de la comunidad conyugal en el estado en que se encuentren, es posible, y si se trata de acciones o cuotas de participación, la investigación podría realizarse en las compañías donde los cónyuges son los accionistas. Lo anterior en base a  que no obsta para que la compañía colaborara como tercero en tal ubicación, ya que la colaboración de los terceros con el proceso no es extraña en el CPC, desde el momento que ellos puedan informar (artículo 443) y pueden ser requeridos a exhibir (artículo 437); además, las personas naturales que sean terceros tienen el deber de testimoniar, por lo que el proceso exige a terceros actividades y ellos deben cumplirlas. También puede servir de base el texto constitucional en su artículo 28 que crea el derecho de acceso a la información o habeas data, así como acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información, “cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas”, derecho de acceso que se ejerce contra partes o terceros, ya que la norma no hace distingos (Sentencia n ° 94 del 15 de marzo de 2000, que “se puede involucrar a un tercero relacionadojurídicamente con las partes, como forma de cautela para detener la dilapidación o el fraude”), – Solicitar, Inspección Judicial en las sedes de la empresa “Y”, conforme a lo establecido en el artículo 472 del CPC, en concordancia con el artículo 41 del CC.

PETITORIO: Demandar formalmente al B, por Administración Irregular De Bienes Comunes, de conformidad con el CC para que convenga en el manejo irregular de los fondos que manejó en los ejercicios económicos de los años X al X en la empresa “Y”, perteneciente a la comunidad conyugal, lo cual asciende a un monto de XBs, o en su defecto sea condenado a ello por este tribunal. Solicito, de conformidad con lo establecido en el  CC, la separación de los bienes de la cónyuge “B”, en lo que respecta a las acciones de la sociedad mercantil “Y”, en la cual se es accionista. Al mismo tiempo solicitar, por vía de informe se le pida a los Registradores Mercantiles, copia certificada de los expedientes de la sociedad mercantil “Y”.

CONCLUSION: Entendemos que la acción en cuestión no está clara a nivel jurisprudencial, pero en el entendido que el derecho no es matemático y por el contrario, crece y enriquece, conforme nuestro actuar como litigantes, consideramos, oportuno demandar en base a que los hechos y circunstancias anotadas permiten afirmar categóricamente que el ciudadano “B”, ha incurrido con su conducta en irregularidades administrativas sin causa que lo justifique y como consecuencia inmediata de tal incumplimiento, en este caso concreto, nace para el cónyuge afectado,  el derecho de demandar por administración irregular de los bienes comunes, más aún en el caso que la disolución del vínculo no se haya realizado y curse por ante el Juzgado “Z”,  solicitando que: -El ciudadano “B” convenga en que ha manejado con el carácter de administrador los Bienes Inmuebles y Muebles…, durante los ejercicios fiscales X al X, e informe sobre la administración de los bienes comunes, exhibiendo los respectivos libros de contabilidad;  – Convenga en reponerle el cincuenta por ciento (50%) de los fondos que manejo en esos periodos. Lo anterior, entre otras consideraciones y a modo de ejemplo. Recordemos que el poder cautelar es a veces la garantía de un buen arreglo.

Dra. Ana Santander.

Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Presidente del Tribunal Supremo de Justicia tiene legitimación activa o pasiva en los procesos judiciales relacionados con el Tribunal Supremo de Justicia.

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El jurista alemán Von Weber en su obra “Para la estructuración del sistema del derecho Penal”. Este autor, juzgo insatisfactoriamente la concepción normativa de la culpabilidad planteada por FRANK, FREUDENTHAL Y GOLDSCHMIDT; esta insatisfacción se debía al maridaje de factores psicológicos y normativos, sin diferenciación, que aparecían en la concepción psicológica-normativa.

Para Weber no se le puede considerar finalista en estricto sentido de la palabra (Según Zaffaroni); esto es según Welzel, porque parte de la base de que el concepto de acción debe deducirse del análisis concreto del derecho vigente, lo cual difiere del concepto finalista que sostiene un concepto ontológico de acción: el concepto de acción del derecho penal es idéntico al concepto de acción de la esfera ontológica y a este concepto se debe sujetar el legislador. En otras palabras, no hay diferencia entre el concepto ontológico y el concepto jurídico de acción. Sin embargo, sus ideas constituyeron un hito en el proceso de desarrollo dogmático que condujo a la teoría finalista.

En este contexto Weber rechaza la separación clásica de lo objetivo en el tipo y lo subjetivo en la culpabilidad sostiene, por el contrario, una concepción compleja del tipo. Es más, rechaza la ubicación del dolo en el ámbito de la culpabilidad y lo ubica en el tipo.

Sostiene que es preciso comprender los conceptos de deber y poder. Aquél se refiere a la antijuricidad, éste a la culpabilidad queda materialmente definida en el principio de poder.

De manera que en el ámbito de la antijuricidad se afirma que los bienes jurídicos deben ser respetados y tal afirmación se hace sobre valoraciones del legislador, quien no condiciona tal juicio de dañosidad a especiales condiciones de un sujeto (Imputabilidad) o de sus particulares creencias al momento del hecho (quien obra creyendo que lo hace ajustado a derecho sin estarlo en realidad, no obra justamente sino ajustadamente).

Creo que para hablar de culpabilidad en un caso dado previamente se tiene que constatar la antijuricidad. Ahora bien: Sobre la base de la existencia de ésta, se le hace al sujeto un reproche porque habiéndose podido ajustar a la norma, no lo hizo. Osea que la culpabilidad se da cuando el realizador del daño está en situación de no haberlo hecho.

Es de aclararse en relación con la conducta del sujeto se pueden hacer dos juicios:

  • En el ámbito de la antijuricidad se le dice al sujeto “Tú debiste haber obrado y no obraste”; ó, “Tú no debiste obrar y obraste”.
  • En el de la culpabilidad se le dice al sujeto “Tu pudiste haber obrado y no obraste” (Omisión); ó, “Tu pudiste no obrar y obraste” (Acción)

Podemos observar, que se trata de un esfuerzo por excluir de la culpabilidad los elementos psicológicos e irla perfilando como mera reprochabilidad.

Se puede deducir que los conceptos de deber y poder los utiliza Weber también en el análisis de la culpa, lo cual señala para la teoría finalista derroteros transcendentales, en la concepción de que el delito culposo se pone el acento sobre todo en el desvalor de la acción (el sujeto no se ha ajustado al deber de observación del cuidado necesario en el trafico social) y no en el resultado, como lo hacía la doctrina tradicional; también en el delito culposo se preguntaría, en el ámbito de la antijuricidad, si el sujeto se ajustó o no al cuidado exigido; en la culpabilidad se preguntaría si pudo o no observar el cuidado. (más…)

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JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA

Expediente No. 14-8547.
Recusante: Abogados ZORAIDA ZERPA URBINA y EDWIN HERRERA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 30.142 y 222.176, respectivamente.
Jueza Recusada: Dra. ARIKAR BALZA SALOM, Jueza Provisoria del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy.
Motivo: Recusación.


Capítulo I
ÚNICO.

Corresponde a esta Alzada conocer la presente incidencia de recusación proveniente del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, intentada por los Abogados ZORAIDA ZERPA URBINA y EDWIN HERRERA, actuando en representación de la ciudadana MARIELA VASARELLI DE DELGADO.

Recibidas las presentes actuaciones esta Alzada le dio entrada mediante auto de fecha 03 de noviembre de 2014, y de conformidad con el artículo 96 del Código de Procedimiento Civil, se ordenó aperturar un lapso probatorio de ocho (08) días, a los fines de que tanto el Recusante como la Juez recusada presenten las pruebas pertinentes dejando constancia que una vez vencido dicho lapso se dictará la decisión que corresponda al día siguiente de despacho.

Mediante diligencias y escrito presentado en fecha 13 de noviembre de 2014, por la representación judicial de la parte recusante, solicita la prolongación del lapso probatorio fijado, en virtud de la imposibilidad de requerir las copias que considera pertinentes para sustentar la presente recusación, razón por la que esta Alzada emite auto en esta misma fecha, ampliando el lapso probatorio por cinco (05) días a los fines de que tanto el Recusante como la Juez recusada presenten las pruebas pertinentes dejando constancia que una vez vencido dicho lapso se dictará la decisión que corresponda al día siguiente de despacho, por lo que llegada la oportunidad para decidir, este Alzada procede a hacerlo bajo las siguientes consideraciones:

Consta en autos, escrito presentado el 14 de octubre de 2014, contentivo de la exposición recusatoria interpuesta por los Abogados ZORAIDA ZERPA URBINA y EDWIN HERRERA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 30.142 y 222.176, respectivamente, en representación de la ciudadana MARIELA VASARELLI DE DELGADO, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-3.632.378, en el juicio que por Partición de la Comunidad Ordinaria, incoara en su contra la ciudadana PINA FRANCA VASARELLI IEZZI, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-3.632.379, en el cual se planteó lo siguiente:

…omissis…

“En nombre de nuestra representada y con fundamento en el numeral décimo segundo (12º) del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, procedemos de manera expresa a RECUSAR a la ciudadana Juez Provisoria ARIKAR BALZA SALOM, quien tiene amistad íntima y manifiesta con la abogada FATIMA RODRÍGUEZ LEÓN, apoderada judicial de la parte actora en el presente juicio que por PARTICIÓN incoara la ciudadana PINA FRANCA VASARELLI IEZZI contra nuestra representada. Es el caso ciudadana Juez, que tal y como consta de la impresión digital extraída de la red social ‘FACEBOOK’ (…), usted es amiga de la abogada FÁTIMA RODRÍGUEZ LEÓN.”. (Fin de la cita)

Por su parte, la Dra. ARIKAR BALZA SALOM, en su condición de Jueza Provisoria del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy, en su informe de recusación adujo:

…omissis…

“1) En primer lugar debo señalar que no tengo interés legitimo ni en esta, ni en ninguna de las causas que cursan ante este Tribunal (…).
2) Que no me inhibo ni me inhibiré en el presente proceso donde se me recusa porque no tengo causal alguna para hacerlo; no tengo conocimiento de haber sido denunciada por ante la Inspectoría General de Tribunales, y aún cuando no he sido informado en ese sentido, tal denuncia de por si no me obliga a inhibirme, ni es causal de recusación y no tengo motivo real en mi conciencia que me imponga inhibirme, que actúo conforme a derecho y de acuerdo con la ley y en ese tribunal gana quien tenga la razón sin importar las partes.
3) Rechazo categóricamente lo alegado por la recusante y en tal sentido señalo que FACEBOOK, es un sitio web de redes sociales (…), en la actualidad ha sido abierto a cualquier persona que tenga correo electrónico, cuyos usuarios pueden participar en una o más redes sociales en relación con su situación académica, lugar de trabajo o región geográfica, por lo que los contactos no necesariamente tienen que conocerse ni tratarse, mucho menos ser AMIGOS INTIMOS, y como prueba de ello manifiesto que poseo 1160 contactos agregados, dentro de los cuales se encuentran familiares, compañeros de estudios, colegas, alumnos o personas conocidas con poco o ningún trato, y personas desconocidas que solicitan ser agregadas. Así mismo manifiesto que en mi función pública no hago amistades en relación con mi trabajo, los jueces son autónomos y la justicia tiene un doble grado de jurisdicción y recursos extraordinarios. (…) dentro de la prenombrada red social existe un perfil de ‘amigos íntimos’ para las personas a quienes se les quiera otorgar tal cualidad, no siendo el caso de la aludida abogada Fátima Rodríguez, dentro de mis contactos. (…) en tal sentido niego que tenga amistad intima con la referida abogada, tal y como, el mismo artículo 82, numeral 12 lo señala. (…)

Por todo lo antes expuesto solicito al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, declare sin lugar la presente recusación.” (Fin de la cita).

En virtud de los alegatos de las partes, transcritos ut supra, se somete al conocimiento de esta Alzada la incidencia de recusación planteada por los Abogados ZORAIDA ZERPA URBINA y EDWIN HERRERA, actuando en representación de la ciudadana MARIELA VASARELLI DE DELGADO, parte demandada en el juicio que por Partición de la Comunidad Ordinaria incoara en su contra la ciudadana PINA FRANCA VASARELLI IEZZI, contra la Dra. ARIKAR BALZA SALOM, en su condición de Jueza Provisoria del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

Al respecto, establece el artículo 82, ordinal 12º del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:

“Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes:

(…) 12.- Por tener el recusado sociedad de intereses, o amistad íntima, con alguno de los litigantes; (…)”

Ahora bien, tal como se ha sostenido por la doctrina, la institución de la recusación obedece a un acto procesal a través del cual, con fundamento en las causales dispuestas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, las partes en defensa de sus derechos pueden separar a funcionarios judiciales del conocimiento de una causa determinada. En el caso de marras, la incidencia de recusación que se resuelve, fue propuesta por la los Abogados ZORAIDA ZERPA URBINA y EDWIN HERRERA, argumentando que la Juez recusada tiene una relación amistosa íntima y manifiesta con la Abogada FÁTIMA RODRÍGUEZ, quien es la representante judicial de la ciudadana PINA FRANCA VASARELLI IEZZI, amistad que se desprende de la red social “Facebook”, ya que forma parte de los “amigos” de la mencionada Juez en esta página de Internet. Por su parte la funcionaria recusada al momento de rendir el informe a que alude el artículo 92 eiusdem, manifestó que el hecho de que la Abogada FÁTIMA RODRÍGUEZ, forme parte de sus “amigos” en la mencionada red social, no se traduce necesariamente en que exista un amistad entre ellas, ya que es una página de Internet utilizada por muchas personas, y aun cuando ambas estén conectadas por esta red social, no quiere decir que en su función pública haga amistades en relación con su trabajo, ya que los jueces son autónomos y la justicia tiene un doble grado de jurisdicción y recursos extraordinarios.

En este orden de ideas, observa quien aquí decide, que la parte recusante trajo a los autos como medio probatorio, impresión de la página de Internet “Facebook” (folios 10 y 25 del expediente), la cual se valora de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, el cual reza que “Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del artículo 6 de este Decreto-Ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba, se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil. La información contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas.”, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, razón por la que se tiene como fidedigna, evidenciándose de ella que la Juez recusada comenta una foto en la que aparece la Abogada FÁTIMA RODRÍGUEZ, junto a otra persona, quien representa a la parte demandante, ciudadana PINA FRANCA VASARELLI IEZZI, en el juicio que por Partición de la Comunidad Ordinaria se lleva ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, signado con el No. 2990-14, expresando:“Hermosas Dios las bendiga.”, comentario del cual puede deducir esta Juzgadora, una relación de familiaridad, tal como lo señala la sala de Casación Civil, que define la amistad íntima, dentro del marco de las máximas de experiencias, “como grande familiaridad o frecuencia de trato entre dos personas o un grupo de ellas”., y en efecto este documento constituye prueba de que existe una relación de amistad entre la Juez recusada y la representación judicial de la parte demandante en el juicio ya identificado. Y ASÍ SE DECIDE.

En consecuencia, de lo precedentemente expuesto, esta Juzgadora concluye en declarar con lugar la recusación propuesta por los Abogados ZORAIDA ZERPA URBINA y EDWIN HERRERA, contra la Dra. ARIKAR BALZA SALOM, en su condición de Jueza Provisoria del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy, tal y como se expondrá de manera clara, positiva y precisa en la dispositiva del presente fallo. Y ASÍ SE DECIDE.

Capítulo II
DECISIÓN

Por todos los razonamientos antes expuestos éste Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara:

Primero: CON LUGAR la recusación planteada en fecha 14 de octubre de 2014, por los Abogados ZORAIDA ZERPA URBINA y EDWIN HERRERA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 30.142 y 222.176, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MARIELA VASARELLI DE DELGADO, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-3.632.378, en contra de la Dra. ARIKAR BALZA SALOM, Jueza Provisoria del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy.

Segundo: Remítanse las actuaciones al Juzgado de origen.

Tercero: Regístrese, publíquese, incluso en la página web de este despacho, y déjese copia de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del año dos mil catorce (2014). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR TEMPORAL,

DRA. JENNY MERCEDES GONZÁLEZ FRANQUIS
EL SECRETARIO,

ANTONIO MAZUERA
En la misma fecha, siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.), se publicó, registró y diarizó la anterior decisión.

EL SECRETARIO,

ANTONIO MAZUERA

JMGF/AM/avv.
Exp. No. 14-8547.

http://miranda.tsj.gob.ve/DECISIONES/2014/NOVIEMBRE/99-24-14-8547-.HTML

Dentro del concepto de autonomía que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) asigna a los municipios están la gestión de las materias de su competencia, así como también la creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

En cuanto al primer punto, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) señala que los municipios tienen la potestad para elegir el modo de gestión que consideren más conveniente para el gobierno y gestión de sus competencias, pudiendo llevarlo a cabo por sí mismos, a través de organismos que – de manera descentralizada –  de manera exclusiva o mixta, o por contratación con particulares como ocurre con las concesiones, por ejemplo.

De igual forma, el mencionado texto legal también ha previsto como una competencia municipal el servicio de aseo urbano y domiciliario.

Acerca del segundo elemento, poseen potestad tributaria; esto significa que – a título originario o derivado – pueden por ordenanzas crear, modificar o suprimir los tributos que les corresponden.  Estos forman parte de la Hacienda Municipal, la cual está constituida por los bienes, ingresos y obligaciones que forman su activo y pasivo, así como los demás bienes y rentas cuya administración corresponda a la Entidad.

Los ingresos se clasifican en ordinarios y extraordinarios.

Constituyen ingresos ordinarios los procedentes de la administración de su patrimonio: Las tasas por el uso de sus bienes o servicios. Los que se generen de la actividad tributaria, tales como: impuesto sobre actividades económicas, industria, comercio o servicios o de índole similar; impuesto sobre vehículos; impuesto sobre inmuebles urbanos; impuesto sobre espectáculos públicos; publicidad y propaganda; apuestas y juegos lícitos; impuesto territorial rural o sobre predios rurales; contribuciones por plusvalía; los ramos nacionales (como el caso de registros públicos) o estadales según la legislación que los regule; entre otros. Situado Constitucional. Los derivados por sanciones o multas, como en materia inquilinaria en la provincia. Dividendos o suscripciones de capital. Los provenientes de Fondo de Compensación Interterritorial.

Mientras que, forman parte de los ingresos extraordinarios, los siguientes: el precio de venta de sus bienes, incluidos los ejidos. Los bienes que le fueren donados o legados. Los aportes especiales por el nivel nacional o estadal. Empréstitos y demás operaciones de crédito público.

Por su parte, la Ley de Gestión Integral de la Basura (LGIB, 2010), la cual tiene por objeto establecer las disposiciones regulatorias con el fin de reducir la generación, garantizar el aprovechamiento y disposición final de la basura. Al señalar competencias específicas a los tres niveles territoriales de poder público, debe incluirse como competencia concurrente, por lo que cada uno tiene una cuota de responsabilidad definida.

El ámbito nacional tiene a su cargo la formulación de políticas sobre la gestión integral de los residuos y desechos sólidos, fijar criterios para el establecimiento de tributos, aprobar tecnologías para el tratamiento o aprovechamiento. No debe olvidarse que la materia ambiental y de salud es de corte nacional, ya que tiene estrecha relación con este tema, de allí que es pertinente revisar la Ley Orgánica del Ambiente  (2006), la Ley Orgánica de Salud (1998) y la Ley de los Consejos Locales de Planificación (2015).

A los estados y al Distrito Capital, la prestación de los servicios de transferencia y disposición final de los desechos sólidos, bien sea en forma directa o a través de terceros, como asociaciones cooperativas, empresas privadas, por ejemplo; también participar en el aprovechamiento de residuos mediante la creación de empresas de propiedad colectiva,  con las comunidades organizadas.

Al municipio, la gestión del servicio de aseo urbano y domiciliario. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) lo señala dentro del elenco de competencias propias y obligatoria, incluidos los servicios de limpieza, recolección y tratamiento de desechos; para la realización pueden hacerlo con cualesquiera medios de gestión como dice esta Ley.

Uno de los elementos más resaltantes es la educación ambiental aplicada a este campo, por lo que velará en pro de fomentarla en cada ámbito de su actuación, ya que esto provocará los cambios en la población, no solamente en cumplir con los horarios de recolección o en mantener espacios públicos menos contaminado, sino que es la herramienta indispensable en el reciclaje, lo que mejorará la calidad de vida, sin contar ahorros de recursos económicos, materiales y humanos que pueden ser destinados a otras competencias del nivel local.

En el ejercicio del control urbano y la ordenación urbanística, deberá proponer lugares para la ubicación de instalaciones en el manejo integral de residuos y desechos sólidos.

Para llevar a cabo la gestión los municipios deben contar con un relleno sanitario, por lo que la LGIB dispone unas regulaciones para adecuar las instalaciones a cielo abierto y transformarlas en rellenos sanitarios. Estos pueden ser mediante cualquiera de los medios de gestión, como las mancomunidades, que ofrecen mayor amplitud, puesto que la asociación con varias entidades locales hace más llevadero el aspecto económico y podría ubicarlo dentro o fuera de la jurisdicción de un municipio o los integrantes de la mancomunidad, de acuerdo con el contrato respectivo.

Dado que esto implica grandes sumas de dinero para los ámbitos locales, el ordenamiento jurídico ha entendido que se establezca el llamado régimen económico, conformado por las tasas, subsidios, tarifas, donaciones y otros;  de allí que la ciudadanía debe pagar oportunamente el servicio.

En otra oportunidad de tratarán otros aspectos relacionados con este tema.  (más…)