Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Presidente del Tribunal Supremo de Justicia tiene legitimación activa o pasiva en los procesos judiciales relacionados con el Tribunal Supremo de Justicia.

¿El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, puede obrar por el Alto Tribunal, siempre y cuando ello no tenga alguna correspondencia o sea contrario con otras facultades que ostenten los demás Magistrados, en cada una de las Salas que componen este órgano colegiado.

Así pues, en el ejercicio de esa facultad, el Presidente del Alto Tribunal ostenta la representación orgánica y necesaria del Alto Tribunal y puede obrar su legitimación activa o pasiva en los procesos judiciales que involucren al Tribunal Supremo de Justicia. De modo que, si se intenta una demanda contra el Tribunal Supremo de Justicia, la persona que debe recibir la boleta de citación, es su Presidente, lo que demuestra, a todas luces, que la representación que tiene del Alto Tribunal también se extiende igualmente a los supuestos en los cuales dicho órgano colegiado debe incoar una demanda o requerir al Ministerio Público sobre el inicio de una investigación, es decir, cuando el Tribunal Supremo de Justicia sea el sujeto activo.

Además, se precisa que el inicio de una demanda o la interposición del requerimiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia, puede provenir del consenso de los Magistrados en la Sala Plena, pero ello no es requisito ni configura una limitante para que el Presidente del Alto Tribunal, pueda ejercer la representación orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para intentar la acción judicial que considere pertinente, ya que legalmente se encuentra suficientemente facultado para hacerlo¿.

Tema: Control difuso de la constitucionalidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Sujetos beneficiarios del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Artículo 13 del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

¿¿en el caso sometido a consideración de la Sala, el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas al pronunciarse sobre la cuestión previa opuesta por la demandada sobre la falta de cualidad del demandante dentro de una acción de permanencia estimó la desaplicación del artículo 13 del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario por considerar que el mismo contraria lo dispuesto en los artículos 19, 20, 21 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en consecuencia ¿a pesar de ser de nacionalidad portuguesa, goza de todos los beneficios que como cualquier ciudadano venezolano les otorgan la Constitución y demás leyes de la República y por lo tanto es sujeto beneficiario del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y así se declara¿.

En tal sentido, la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.771 Extraordinario, del 18 de mayo de 2005, mantuvo en términos idénticos la letra del artículo in commento.

Ahora bien, según se deriva del artículo 275 del referido Decreto Ley, la interpretación y ejecución de los contenidos de las normas del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, están sometidas al principio constitucional del interés público que comprende la seguridad y soberanía nacional, implícito en el artículo 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

¿Artículo 326. La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar¿.

En consecuencia, esta Sala considera no ajustada a derecho la desaplicación del artículo 13 del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario por considerarlo contrario a ¿las previsiones constitucionales descritas en los artículos 2, 26, 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela¿, efectuada por el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de que existe un interés supremo del colectivo consagrado en los artículos 322 y 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que involucra la seguridad y soberanía de la República.

Dicho Juzgado desaplicó erróneamente la norma, que es clara y precisa al establecer que los sujetos beneficiarios del régimen establecido en el referido Decreto Ley, son todos ¿los venezolanos y venezolanas¿. En este sentido, la Sala aprecia que la sentencia que se revisa, otorgó al demandante una cualidad que el Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario le concede sólo a los venezolanos y venezolanas. En tal sentido, mediante el aludido Decreto podían crearse limitaciones al derecho de propiedad e igualdad de los extranjeros frente a los venezolanos, respecto a la adquisición de tierras con fines agrarios, lo cual comprende un aspecto importante del desarrollo sustentable y productivo de la República Bolivariana de Venezuela vinculado con la seguridad de la Nación conforme al artículo 326 del Texto Fundamental¿.

Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: El extravío del expediente vulnera el derecho a la defensa.

¿¿ la violación del derecho a la defensa se patentiza cuando los interesados no conocen el procedimiento que pueda afectarlos, se les impide su participación en él o el ejercicio de sus derechos, se les prohíbe realizar actividades probatoria o no se les notifican de los actos que los afecten. (vid. SC. S.n 312 de 20-02-02, Caso T. Álvarez. Exp. 00-1267).

La pérdida de un expediente obviamente se traduce en un menoscabo del derecho a la defensa de las partes, pues de alguna manera les impide conocer a ciencia cierta el contenido y estado en que se encuentra el juicio para efectuar su defensa y, en el peor de los casos la preclusión de los lapsos para ejercer sus recursos contra aquellas decisiones que le son adversas. Sin embargo, como quiera que esa es una situación fáctica, diversos han sido los mecanismos utilizados por las partes para prever las consecuencias adversas que el extravío pueda ocasionarles. Ejemplo de ello es, la constancia que mediante diligencia efectúa la parte, asegurándose que la misma quede reflejada en el libro diario del tribunal, la solicitud de levantamiento de un acta por parte del tribunal para dejar constancia de ello, ó una inspección judicial, entre otras. Es decir, tratar de constituir una prueba en la que intervengan no sólo la parte interesada en ella sino también el Tribunal al cual se le imputa el hecho generador de la situación, para así garantizar el control de la prueba.

Pareciera injusto que además de todas las cargas que tienen los litigantes en el transcurso del juicio, se le impongan estas actividades adicionales. Sin embargo, lo que se busca es que no queden dudas respecto a las diligencias efectuadas por las partes, para evitar que ante la preclusión de los lapsos sin haber efectuado actividad de cualquier especie, éstas opten por afirmar que fue por causas no imputables, sin que de ello haya constancia alguna.

En el presente caso, observa esta Sala que aún cuando el apoderado judicial de Corp Banca C.A. ofreció como medios probatorios tanto en su escrito de solicitud de amparo como en la audiencia constitucional, las testimoniales de las ciudadanas Carmen Rumbos de Díaz y María Virginia Guenni, el tribunal de la primera instancia constitucional, negó su evacuación por considerar que tenía suficientes elementos para proveer. Y, al momento de dictar el dispositivo del fallo, obvió por completo las denuncias referidas al extravío del expediente, que fue lo que en definitiva originó la indefensión alegada. Ello per se equivale a una violación del derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente, que comprende no sólo el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia, sino a obtener de éstos un pronunciamiento respecto a las pretensiones de los justiciables bien sea a favor o en contra.

De acuerdo a lo anterior, resulta evidente para esta Sala que el juez a quo constitucional, no garantizó el derecho a la defensa de la parte recurrente en amparo, al ignorar el análisis de los hechos antes descritos e impedir la evacuación de las pruebas en la audiencia oral y pública atendiendo al procedimiento de amparo establecido en sentencia dictada por esta Sala con carácter vinculante N° 7 del 1° de febrero de 2000 (Caso: José Amado Mejía Betancourt y José Sánchez Villavicencio)¿¿.

Tema: Avocamiento
Materia: Derecho Administrativo
Asunto: Legitimación para interponer la solicitud de Avocamiento.

¿De conformidad con el artículo 5.48 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, es de la competencia de este Máximo Tribunal ¿solicitar de oficio o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal, y avocarse al conocimiento del asunto cuando lo estime conveniente¿. De allí que, aparte de la actuación ex officium del Tribunal, el avocamiento sólo podrá plantearlo alguna de las partes intervinientes en el proceso que se pretenda pase al conocimiento de la Sala. En el presente caso, quien presentó dicha pretensión es un tercero y carece, por tanto, de legitimación para la interposición de la solicitud de avocamiento¿.

Tema: Recurso de Revisión
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Rendición de Cuentas. Artículo 673 del Código de Procedimiento Civil. Sociedades Mercantiles

¿¿ El proceso ejecutivo de rendición de cuentas ha sido entendido como la tutela jurídica que la ley confiere a toda persona a la que le hayan administrado bienes o gestionado negocios en general o negocios determinados en particular, para que el encargado del negocio cumpla con su obligación de hacer mediante la presentación de un estado contable, en forma cronológica, del deber y del haber de los bienes manejados por el obligado, a menos que la ley o el contrato lo eximan expresamente de hacerlo (Cfr. en este sentido. DUBUC, Enrique: Colección Libros Homenajes n° 6 del Tribunal Supremo de Justicia sobre Estudios de Derecho Procesal Civil, Anotaciones sobre el Proceso Ejecutivo de Rendición de Cuentas, página 293 y siguientes).

Al respecto, cabe el señalamiento de que esa posibilidad de exigencia de rendición de cuentas sobre la gestión de negocios existe en nuestra legislación, sólo en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil¿

¿omissis¿

Este especial procedimiento se instauró para la regulación de la exigencia a personas responsables de rendir cuenta de los actos que impliquen percepción de intereses, rentas, frutos, etc., como producto de la administración, enajenación, gravamen o cualesquiera otros actos que fueran cumplidos sobre los bienes o derechos objeto de la gestión que, o bien le ha sido encomendada mediante contrato expreso, o cuya administración, gestión o disposición ejerce en virtud de una disposición legal, en caso de que el gestor, administrador o mandatario se negare a la rendición de las cuentas de sus actos de manera voluntaria, o que las rinda de manera insatisfactoria.
Cabe destacar que, en materia de sociedades mercantiles, el artículo 310 del Código de Comercio establece que los administradores están obligados a la rendición de cuentas de su gestión ante la asamblea de accionistas de la sociedad y no ante un socio o accionista en particular.

Ahora bien, la cualidad para el requerimiento de dichas cuentas o para la exigencia de la responsabilidad de las gestiones que hayan sido cumplidas en perjuicio de la sociedad, corresponde a la asamblea de conformidad con lo que preceptúa el artículo 310 del Código de Comercio. En consecuencia, el ejercicio de la referida pretensión por un socio sería inadmisible, por cuanto carecería de cualidad para la interposición de la demanda.

Los accionistas pueden ejercer sus derechos de resguardo de sus intereses de una manera indirecta, mediante la denuncia ante los comisarios de las irregularidades que tengan conocimiento que han sido cometidas por los administradores y aquellos, si encontraran fundadas las denuncias y siempre que se den los demás requisitos que son exigidos por la ley, acordarán la convocatoria de la asamblea y activarán los distintos mecanismos que les proporciona el ordenamiento jurídico para tales casos.

En razón de lo que antecede, debe concluir esta Sala que, contrariamente a lo que se señaló en la decisión objeto de la presente revisión constitucional, por cuanto la tutela jurisdiccional de la institución de la rendición de cuentas no se encuentra normada en el Código de Comercio, normativa especial para la regulación de las relaciones mercantiles, debe aplicarse, como se ha venido aplicando, lo que dispone al respecto el Código de Procedimiento Civil de conformidad con el artículo 1.119 del Código de Comercio, previo cumplimiento de las formalidades que dispone el referido código para el ejercicio de tal pretensión¿.

Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Competencia exclusiva de la Jurisdicción laboral para el conocimiento de los reclamos judiciales de los contratados.

¿¿ esta Sala concluye que la legitimada activa en esta causa mantuvo, durante su relación con el INAGER, una condición de contratada, lo cual, a la luz de las regulaciones que al respecto contienen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley del Estatuto de la Función Pública, conduce a la conclusión de que el régimen legal aplicable es el que preceptúa la Ley Orgánica del Trabajo y son los juzgados laborales los competentes para el conocimiento de los eventuales reclamos judiciales que deriven de su condición de contratada.

En ese orden de ideas, se observa que el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ordena lo siguiente:

¿Artículo 146: Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley.

El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión y retiro será de acuerdo con su desempeño.¿ (Resaltado de esta decisión).

Por su parte, la Ley del Estatuto de la Función Pública dispone:

¿Artículo 38. El régimen aplicable al personal contratado será aquél previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral.

Artículo 39. En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública.¿

Sobre las precedentes disposiciones, esta Sala, en un caso donde el demandante era un profesor contratado de la Universidad Central de Venezuela, concluyó:

¿En el presente caso al tratarse de un profesor al servicio de un ente integrante de la administración pública descentralizada como lo es la Universidad Central de Venezuela, bajo la modalidad de un contrato de trabajo, se evidencia que no se trata de un miembro del personal docente o de investigación, en los términos definidos en ordinario la Ley de Universidades, sino de un personal contratado regulado por la Ley Orgánica del Trabajo.

En atención a los razonamientos anteriormente expuestos y a las normas transcritas, es evidente que es la jurisdicción laboral y no la contencioso-administrativa la competente para el conocimiento de la demanda de amparo; en consecuencia se ordena la remisión de la causa a un Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide¿. (s.S.C. n° 1365/03).

Con fundamento en las consideraciones precedentes, esta Sala concluye que la decisión objeto de amparo que remitió la causa al Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, con base en el carácter de contratada de la demandante, se encuentra ajustada a derecho, razón por la cual, se declara la improcedencia in limine litis del amparo de autos¿.

Tema: Recurso de nulidad
Materia: Contencioso Administrativo
Asunto: Competencia originaria de los Municipio. Patente de Industria y Comercio. Régimen Sancionatorio.

¿¿ el derecho sancionador constituye una parte especial del derecho administrativo; no obstante, el órgano competente para establecer el régimen sancionatorio en una determinada actividad estatal, ¿será aquél que ostente la competencia para legislar sobre dicha materia¿.

¿omissis¿

¿ no sólo se contemplan en ambas Constituciones la autonomía de los municipios respecto de la recaudación, creación e inversión de sus ingresos, dentro de los cuales se incluyen los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar, en términos análogos; sino que se encuentran dentro de los ingresos municipales el producto de las multas, estableciéndose en la nueva Carta de 1999 una redacción más amplia al aludir al producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y las demás que le sean atribuida¿ (Subrayado de este fallo).

¿ se concluye que los artículos de la Constitución de 1961 denunciados por las recurrentes como infringidos se reiteran en la Carta Magna de 1999 y que el contenido de los mismos indica tanto la competencia que en materia tributaria le otorga la Norma Fundamental a los municipios, como su potestad sancionatoria, las cuales, tal como se señaló, fueron expuestas de manera más clara y taxativa en la Carta Magna de 1999, justamente, en todo lo referente al impuesto a la actividad económica, pues además de reiterarse los ingresos de los municipios en materia de industria y comercio, se extendió dicha percepción a las actividades económicas de índole similar, plasmando, de manera más amplia, las potestades tributarias originarias de dichos entes territoriales, así como, en consecuencia, su competencia para establecer un régimen sancionatorio a fin de asegurar los ingresos que, constitucionalmente, les fueron otorgados¿

Con fundamento en las citadas disposiciones constitucionales y conforme con los argumentos expuestos, relativos a la legalidad y potestades de los municipios, se colige con indiscutible claridad, que la competencia tributaria de los municipios en materia de industria y comercio -que es el tema que nos ocupa- resulta originaria, habida cuenta que la misma es otorgada a dichos entes territoriales directamente por la Constitución, la cual les ha conferido potestades legislativas en materia de tributos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar.

Así las cosas, establecida como ha sido la competencia originaria del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo para legislar en materia de Patente de Industria y Comercio, cuya consecuencia no es otra que su competencia para establecer un régimen sancionatorio tendente a asegurar y hacer efectiva la recaudación de sus ingresos otorgados directamente por la Constitución -Patente de Industria y Comercio- esta Sala precisa que en el presente caso no resulta procedente la denuncia efectuada por las recurrentes relativa a que ¿no se desprende ni de la Constitución ni de la ley competencia alguna de los entes locales en materia sancionatoria¿; en consecuencia, no puede afirmarse -como lo pretenden las recurrentes- que el Municipio San Joaquín del Estado Carabobo haya invadido las competencias del Poder Nacional¿¿.

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