ACCIONES QUE PUEDE TOMAR UN CONYUGE EN CONTRA DEL OTRO PARA EVITAR QUE DILAPIDE U OCULTE LOS BIENES CONYUGALES @anasantandero

Publicado: marzo 29, 2017 en DERECHO CIVIL
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Como siempre, vamos a partir de un ejemplo: Acude un cliente a nuestro Despacho Jurídico y nos dice:

Mi esposo(a) es quien se encarga de administrar, disponer y decir en qué se invierten nuestros bienes o las rentas/alquileres/frutos, que éstos producen y a mí no me dice nada, no me consulta, menos aún me rinde cuentas. Yo creo que va a poner los bienes a nombre de sus padres o de un amigo de él (ella). ¿Puedo impedirlo?”.

Ante estas circunstancias, la mayoría de los Abogados proponen casi sin dudar, un Divorcio para obtener las Medidas Cautelares Nominadas (Embargo, Prohibición de Enajenar y Gravar, Secuestro) u otras Cautelares Innominadas (Paralización de los Fondos de una Cuenta Bancarias, Administrador Ad Hoc de una empresa, entre muchas otras). Pero y si el cliente nos dice:

“…Dr (a), yo NO me quiero divorciar!, solo quiero darle una lección o proteger los intereses de nuestros hijos, o simplemente impedir que burle mis intereses patrimoniales en la comunidad conyugal…”.

Allí algunos colegas se sentirán de “manos atadas”, cuando lo cierto es que existe una vía, poco frecuente, pero existente a nivel legal, que nos permite, en pro y defensa de los intereses de nuestros clientes, hacer frente a esas  maniobras inescrupulosas y de mala fe de parte del cónyuge administrador. Estudiemos, a título de reflexión el tema así:

DE LOS HECHOS: El alegato principal consistirá en que hay bienes presuntamente habidos en el matrimonio existente entre “A” y “B”; así como que en el presunto comportamiento que el cónyuge “B”, ha realizado actos que comprometen potencialmente el patrimonio conyugal, los cuales generan en “A”, el temor fundado, que por medio de argucias, distraiga “B”, los bienes conyugales, que hacen que “A” se encuentre en esa situación de posible perjuicio y por eso pretende se declare Medidas Innominadas, por esa administración irregular o imprudente que mantiene “B”. Alegatos en base, a título ilustrativo, que el cónyuge ha venido desplegando una serie de conductas que afectan en forma artera la estabilidad patrimonial de la comunidad conyugal, persuadido quizás de la inevitable división de bienes, que deberá practicarse una vez declarado Con Lugar el divorcio que ya está instaurado, a cuyos efecto se permite ilustrar los desmanes que en la administración de los bienes que conforman la comunidad conyugal viene ejercitando el cónyuge, que requieren de la inmediata intervención del poder cautelar del juez civil, para detenerlos. Ante ese alegato, tocará al Jurisdicente determinar la procedencia de la medida innominada de aseguramiento del patrimonio conyugal, solicitado. En otras palabras, el cónyuge solicitante debe dar a conocer las circunstancias que constituyen el exceso que denuncia o el riesgo imprudente, además de señalar los efectos patrimoniales que los actos de su cónyuge puedan acarrear en perjuicio de la comunidad, aportando los elementos probatorios correspondientes.

Existe la posibilidad que las anormalidades de índole patrimonial que ocurran dentro del matrimonio, no configuren la procedencia de la acción de nulidad de daños y perjuicios, porque el cónyuge cuestionado no haya realizado actos de disposición sobre determinados bienes, en contra del principio de la bilateralidad, pero es posible que esté incurriendo en la realización de ciertos actos de administración que lesionen o puedan lesionar la estabilidad patrimonial del matrimonio, lo que configura la administración irregular, razón por la cual deberá el Juez de primera instancia efectuar un análisis sobre los hechos y las pruebas aportadas para determinar la procedencia de las medidas precautelativas y su necesidad, para evitar que el patrimonio común pueda sufrir menoscabo por la denunciada imprudencia del cónyuge administrador.

Otros alegatos, pueden ser que el cónyuge denunciado asumió roles y atribuciones dentro de la empresa común, tomando decisiones unilaterales e inconsultas, sin autorización, y desplazándole de su participación como Junta Directiva, administrando la empresa sin rendir cuentas y negándole los anticipos y ganancias que pudiera generar la empresa. Otro alegato, que, sin causa justificada excedió los límites de la administración, arriesgando con imprudencia las cuentas bancarias ya que se ha dedicado a manejar los ingresos a su antojo vendiendo y regalando sin medida en emisión de cheques, viajes, consumo de tarjetas de crédito, etc., mientras que el cónyuge afectado no percibe absolutamente nada aunado a que tuvo que, producto de una denuncia sin fundamento que, salir y abandonar el hogar y ahora carece de medios de subsistencia.

DEL DERECHO: El fundamento lo conseguimos en la Administración de la Comunidad Conyugal, Capítulo XI, Título IV, Libro primero del CC. En tal caso, el Juez podrá, a solicitud del otro cónyuge, dictar las providencias que estime conducentes a evitar aquel peligro, previo conocimiento de causa. Ahora bien, caben 2 preguntas de inmediato:

1) ¿Debo probar la fama de buen derecho y el peligro en la mora, como si estamos hablando de solicitar Medidas Cautelares Nominadas? Y

2) ¿Esta protección es autónoma o incidental? Valga decir, en un lenguaje más sencillo para nuestros Usuarios, ¿Esta solicitud debo hacerla a través de Demanda principal o la pido dentro de un proceso ya en curso?.

Hay una disyuntiva en tal sentido. Unos señalan que se requiere, en todo caso, del previo conocimiento de causa, el juez en jurisdicción civil, podrá a solicitud de uno de los cónyuges dictar las providencias que estime conducentes a fin de evitar el exceso de una administración regular o los riesgos por imprudencia en el manejo de los bienes comunes de la comunidad conyugal de gananciales.

En tal sentido, conforme a la regla general en materia de medidas cautelares, la norma adjetiva establece que debe existir la pendencia de un juicio, puesto que las providencias cautelares se dictan con ocasión de un juicio, como requisito previo de procedencia. Ciertamente, puede cualquiera de los cónyuges que considere que el cónyuge que administra el patrimonio de la comunidad, se excede de los límites de su administración o arriesgue con imprudencia los bienes comunes, solicitar, mediante el procedimiento especialísimo contemplado en el Código Civil, las medidas que considere conducentes para evitar tal peligro, habiéndose formado conocimiento de causa por parte del juez.

Las citadas medidas son una de las cautelas denominadas por la doctrina y la jurisprudencia como “Innominada”, la cual deja a total arbitrio del juez la determinación de los caracteres de la misma, adaptándola a las necesidades de protección de la parte solicitante, debiendo investigar los hechos y en consecuencia, una vez empapado de la realidad de los hechos modificar, cambiar, revocar o dictar nuevas cautelas destinadas a proteger los bienes de la comunidad de una administración que exceda de la regular o de la imprudencia en el manejo de estos. Esta potestad de solicitar medidas o providencias conducentes a evitar el exceso en la administración regular o la imprudencia al manejar los bienes comunes por parte del cónyuge administrador, se fundamenta en la existencia tanto del matrimonio válidamente celebrado, como de la existencia de la comunidad conyugal.

Habrá que tener en cuenta la existencia y administración de los bienes de la comunidad que provienen de la profesión o industria de alguno de los cónyuges, conforme a los artículos 156, 164 y 168 del CC. En estos casos, podrá el Juez autorizar a uno de los cónyuges para que realice por si solo, sobre bienes de la comunidad, alguno de los actos para cuya validez se requiere el consentimiento del otro, cuando éste se encuentre imposibilitado para manifestar su voluntad y los intereses del matrimonio y de la familia así lo impongan. Igualmente el Juez podrá acordar que el acto lo realice uno de los cónyuges cuando la negativa del otro fuere injustificada y los mismos intereses matrimoniales y familiares así lo exijan. En estos casos el Juez decidirá con conocimiento de causa y previa audiencia del otro cónyuge, si éste no estuviere imposibilitado, tomando en consideración la inversión que haya de darse a los fondos provenientes de dichos actos.

DE LO ANTERIOR SE EVIDENCIA QUE: Las Medidas Preventivas del artículo 588 del CPC, no son las únicas, ni exclusivas, que existen en el derecho venezolano, puesto que existen también otro tipo de medidas, contempladas en los procesos de separación de cuerpos y de divorcio; lo que lleva a concluir que dichas providencias son del tipo de las que facultan al juez para dictarlas apartándose de la fórmula de las medidas típicas establecidas en nuestro derecho para las del 588 de la Ley adjetiva Civil, pero siempre con fórmula de la pendencia de juicio, en los procesos ordinarios,determinándose que dichas providencias derivan del juicio de conocimiento sobre excesos en la administración de los bienes de la comunidad conyugal de gananciales.

En consecuencia de las consideraciones explanadas se concluye, debe existir el previo conocimiento de causa, es decir, el juicio de excesos o imprudencia en la administración de los bienes de la comunidad conyugal de gananciales, requisito sine qua non de procedencia de las medidas solicitadas, tal como en las demás medidas preventivas típicas o innominadas. Queremos destacar que lo antes señalado es solo uno, de los 2 polos opuestos, en relación al tema que tratamos. Pues hay otro criterio de la doctrina y jurisprudencia que, nos remite a una solución efectiva, sin necesidad de un juicio previo sólo, siendo necesario que se demuestre y se le cree la convicción al juez suficiente para evitar la administración irregular; y si dichas medidas no son suficientes, el cónyuge afectado podrá solicitar la separación de bienes.

Es así como tenemos la posición del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera (…Expediente 0086) “…para decretarla, la ley no pide requisito específico alguno como los del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, salvo que el sentenciador tome la decisión con conocimiento de causa (lo cual no es un instituto exclusivo de los procesos no contenciosos); es decir, que sin necesidad de plena prueba y con la sola presencia de la parte que pide, si ésta justifica la necesidad de la medida, el juez la ordena, pudiendo incluso para tomarla mandar a ampliar la justificación. Lo importante en estos casos es que al Juez se le faculta para investigar la verdad y que no dicte resolución alguna sino después de hallarse en perfecto conocimiento de causa.

Tal criterio ha sido sostenido y reiterado por nuestro máximo Tribunal, así se ratificó por  la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 08 de fecha 16 de enero de 2002, con ponencia del Magistrado Dr. Omar Mora Díaz, indicándose que “…Lo importante en estos casos es que al juez se le faculta para investigar la verdad y que no dicte resolución alguna sino después de hallarse en perfecto conocimiento de causa…”. La Sala de Casación Civil del TSJ, en sentencia No. 203, del 09 de julio de 2010, respecto al tema, asentó: “… es absolutamente legítimo solicitar al órgano judicial la protección del patrimonio conyugal a través de una medida cautelar.” Conforme a lo anterior, puede colegirse que…constituye una acción autónoma, es decir, no es parte incidental de otro juicio; y además, tiene como finalidad el decreto de una medida cautelar…Bajo este análisis, cuando uno de los cónyuges considere que el otro cónyuge (administrador de la comunidad) excede los límites de una administración regular o arriesgue con imprudencia los bienes comunes que está administrando, el primero podrá acudir al órgano jurisdiccional –con prescindencia de la existencia de un proceso principal– a los fines de solicitar al Juez el decreto de las medidas pertinentes, con el objeto de evitar posibles daños sobre los bienes comunes; todo previo conocimiento de causa, es decir, analizando los alegatos y pruebas presentadas por el cónyuge solicitante.

Además, al perseguir esta acción el decreto de una medida cautelar, el trámite se hará inaudita altera pars, siendo que, en el caso de decretarse alguna medida –tendente a limitar el poder de administración-, el cónyuge administrador de la comunidad, una vez notificado de la misma, podrá ejercer todos los recursos destinados a enervar los efectos ésta…la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (en decisión No. 1682, del 15/07/2005, con carácter vinculante para todos los tribunales de la República), el Código Civil contempla el ejercicio de una acción, acción ésta que –a consideración de esta juzgadora- tiene carácter autónomo, es decir, no depende de la pendencia de un juicio principal. Por su parte el Dr. Francisco López Herrera, en su obra Derecho de Familia, sostiene:  “…no existe un procedimiento específico, sin embargo la autoridad judicial debe actuar al respecto con bastante prudencia… de manera que consideramos que el modus operandi debe ser el siguiente:

i) una vez estudiada la petición respectiva y examinadas las pruebas acompañadas, el juez, si lo estima necesario, ordena ampliar éstas y a continuación acuerda o niega las medidas en referencia y si la decreta, procede a su ejecución;

ii) en tal caso, debe considerarse que esa decisión es de carácter provisional , puesto que ha sido dictada sin audiencia de la contraparte

iii) seguidamente, por la aplicación analógica de la previsión contenida en el artículo 602 C.P.C., se notifica de lo actuado al cónyuge contra quien obra la medida en cuestión, a fin de que dentro del tercer día siguiente exponga las razones que tuviere que alegar al respecto;

iv) haya o no habido oposición se abrirá una articulación de 8 días, para que ambos esposos promuevan y hagan evacuar cualesquiera pruebas que convenga a sus derechos;

v) dentro de los dos días siguientes al vencimiento de dicho lapso de pruebas, el juez debe ratificar o revocar las medidas preventivas que hubiere decretado; y

vi) de esta última decisión se oirá apelación en un solo efecto si las medidas en cuestión fueron ratificadas…

” Como podemos apreciar, se trata de una medida judicial autónoma, instaurada por el cónyuge que pretende el resguardo de los bienes de la comunidad conyugal, a efectos de que el juez conocedor tome las medidas necesarias y conducentes producto de la pésima gestión del esposo administrador de éstos, lo cual no amerita un procedimiento previo. Sin embargo, la aplicación de tal institución en el Código Civil, amerita la verificación de ciertos requisitos para su procedencia, a saber: • Que se active el aparato jurisdiccional con el ánimo de resguardar bienes que forman parte de la comunidad conyugal. •

Que las medidas requeridas por el cónyuge solicitante, se dirijan a resguardar los bienes de la comunidad conyugal administrados por el cónyuge solicitado. • Que haya excesos en la administración de los bienes comunes, de modo que puedan comprometerlos…es necesario la existencia de excesos en la administración o que se arriesgue con imprudencia los bienes comunes…MEDIDAS PARA PROTEGER LOS BIENES CONYUGALES: Estando bajo la noción de Medidas Innominadas, no hay más límites que la propia iniciativa del Juez de la causa, conjugada con su convicción que se está ante una irregular administración de bienes conyugales. En tal sentido podremos solicitar, entre otras: -La designación de un Administrador Judicial Ad Hoc, si se trata de una sociedad mercantil, que sin violentar ni reformar el estatuto constitutivo societario represente sus derecho e intereses en la vigilancia diaria de la compañía y pueda evaluar si la situación amerita o no la interposición de la acción de separación de bienes que refiere la norma. Sin que se confunda la figura del “Administrador” o “Veedor” con el término Administrador utilizado en el Código de Comercio, -Se dicte prohibición de vender e hipotecar bienes, -Se decrete el secuestro judicial sobre vehículos, -Congelamiento de los dineros habidos en las cuentas bancarias, -Se requiera información al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, si el ciudadano (a) “B”, tiene cuentas bancarias en ese país, y de la misma forma si desarrolla alguna actividad comercial y por tanto es contribuyente del Fisco Nacional;- Se ordene notificar al Registro Público del Municipio X del Estado X, para que se abstenga de autenticar o protocolizar cualquier documento de administración o enajenación bajo cualquier título o afectación de uso o usufructo, de los Bienes Inmuebles X, – Se ordene Inventario de equipos, maquinarias, enseres, moblaje y semovientes y demás bienes muebles que se encuentren en los Bienes Muebles o Inmuebles X, designando perito a los fines de verificación de dicho inventario, – Hacer inventario de todos los bienes que conforman el Patrimonio Conyugal del Matrimonio “A” y “B” , – Decretar una medida innominada que permita a un cónyuge ubicar los bienes de la comunidad conyugal cuyo paradero desconoce, por no ser él el administrador, luce una cautela justa en beneficio de los copropietarios. En consecuencia, una medida tendente a que se ubiquen los bienes de la comunidad conyugal en el estado en que se encuentren, es posible, y si se trata de acciones o cuotas de participación, la investigación podría realizarse en las compañías donde los cónyuges son los accionistas. Lo anterior en base a  que no obsta para que la compañía colaborara como tercero en tal ubicación, ya que la colaboración de los terceros con el proceso no es extraña en el CPC, desde el momento que ellos puedan informar (artículo 443) y pueden ser requeridos a exhibir (artículo 437); además, las personas naturales que sean terceros tienen el deber de testimoniar, por lo que el proceso exige a terceros actividades y ellos deben cumplirlas. También puede servir de base el texto constitucional en su artículo 28 que crea el derecho de acceso a la información o habeas data, así como acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información, “cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas”, derecho de acceso que se ejerce contra partes o terceros, ya que la norma no hace distingos (Sentencia n ° 94 del 15 de marzo de 2000, que “se puede involucrar a un tercero relacionadojurídicamente con las partes, como forma de cautela para detener la dilapidación o el fraude”), – Solicitar, Inspección Judicial en las sedes de la empresa “Y”, conforme a lo establecido en el artículo 472 del CPC, en concordancia con el artículo 41 del CC.

PETITORIO: Demandar formalmente al B, por Administración Irregular De Bienes Comunes, de conformidad con el CC para que convenga en el manejo irregular de los fondos que manejó en los ejercicios económicos de los años X al X en la empresa “Y”, perteneciente a la comunidad conyugal, lo cual asciende a un monto de XBs, o en su defecto sea condenado a ello por este tribunal. Solicito, de conformidad con lo establecido en el  CC, la separación de los bienes de la cónyuge “B”, en lo que respecta a las acciones de la sociedad mercantil “Y”, en la cual se es accionista. Al mismo tiempo solicitar, por vía de informe se le pida a los Registradores Mercantiles, copia certificada de los expedientes de la sociedad mercantil “Y”.

CONCLUSION: Entendemos que la acción en cuestión no está clara a nivel jurisprudencial, pero en el entendido que el derecho no es matemático y por el contrario, crece y enriquece, conforme nuestro actuar como litigantes, consideramos, oportuno demandar en base a que los hechos y circunstancias anotadas permiten afirmar categóricamente que el ciudadano “B”, ha incurrido con su conducta en irregularidades administrativas sin causa que lo justifique y como consecuencia inmediata de tal incumplimiento, en este caso concreto, nace para el cónyuge afectado,  el derecho de demandar por administración irregular de los bienes comunes, más aún en el caso que la disolución del vínculo no se haya realizado y curse por ante el Juzgado “Z”,  solicitando que: -El ciudadano “B” convenga en que ha manejado con el carácter de administrador los Bienes Inmuebles y Muebles…, durante los ejercicios fiscales X al X, e informe sobre la administración de los bienes comunes, exhibiendo los respectivos libros de contabilidad;  – Convenga en reponerle el cincuenta por ciento (50%) de los fondos que manejo en esos periodos. Lo anterior, entre otras consideraciones y a modo de ejemplo. Recordemos que el poder cautelar es a veces la garantía de un buen arreglo.

Dra. Ana Santander.

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