DerechoVenezolano.Com

Inicio » Artículos publicados por derechovenezolano

Archivo del Autor: derechovenezolano

SC: SENTENCIA QUE, CON CARÁCTER VINCULANTE, INTERPRETA CONFORME A LA CONSTITUCIÓN EL ARTÍCULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, A LOS EFECTOS DE ESTABLECER QUE EN EL SUPUESTO EN QUE SE DESPIDE A UN TRABAJADOR POR CAUSA INJUSTIFICADA Y SE OMITA EL PREAVISO, EL LAPSO AL QUE TIENE DERECHO POR EFECTO DE LA ANTIGÜEDAD, SE DEJARÁ TRANSCURRIR CON ANTERIORIDAD A QUE COMIENCE A COMPUTARSE EL LAPSO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 61 EIÚSDEM A LOS EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

SALA CONSTITUCIONAL SENTENCIA Nº650 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2012.

(…)

“…En el presente caso se pretende la revisión de una sentencia emanada de la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia dictada el 21 de mayo de 2009, con ocasión del juicio que, por cobro de prestaciones sociales, sigue el ciudadano Irwin Oscar Fernández Arrieche contra la empresa Productos EFE, S.A.

Debe puntualizar esta Sala Constitucional, que las consideraciones que se efectúen para la resolución de la presente revisión, se refieren a las disposiciones legales contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo aplicable al caso ratione temporae,

La Sala de Casación Social conoció del asunto, en virtud del recurso de casación interpuesto por la representación judicial del hoy solicitante contra el fallo dictado, el 9 de enero del año 2008, por el Juzgado Superior Primero de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, y lo declaró sin lugar, toda vez que, en atención al criterio reiterado de la Sala de Casación Social, no debe computarse el lapso correspondiente al preaviso, previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, como una prolongación de la relación de trabajo entre las partes, a los efectos de computar el lapso de prescripción.

Tal ha sido la postura de la Sala de Casación Social en oportunidades anteriores (Vid. sent. N° 330 del 15/7/03, N° 420 del 13/5/04, N° 1377 del 8/10/04, N° 1777 del 6/12/05, N° 1152 del 14/7/09, entre otras), afirmando, de manera reiterada, que el lapso del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, no debe adicionarse a fin de computar el término de prescripción de la acción. A tal conclusión se llegó, con base en las consideraciones siguientes:

“…Conforme al amplio extracto de la recurrida trasladado al fallo que se dicta, la relación de trabajo que dio génesis a la acción que nos ocupa finalizó el día 22 de noviembre de 1996, posteriormente, en fecha 5 de marzo de 1997 se dio por terminado un procedimiento que por calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos intentara el demandante contra la empresa demandada, donde se persistió en el despido del trabajador; y es en fecha 18 de marzo de 1998 que se interpone la pretensión bajo estudio, por lo tanto, la Alzada declara la prescripción de la misma, por mandato del artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, motivado a que el actor sobrepasó el tiempo que le concede la Ley para interponer su acción.

Así las cosas, comparte esta Sala el criterio que sostiene el ad quem con respecto a la declaratoria de prescripción del caso de autos, motivado a que el lapso de un (1) año que establece el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, a los efectos de presentar la acción para reclamar asuntos relativos al vínculo laboral extinto, se comienza a contar desde el momento en que éste concluye; y en la cuestión sub iudice el mismo empezó a computarse a partir de la finalización de un procedimiento de estabilidad laboral que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, pero donde la empresa reclamada persistió en dicho despido, por lo tanto, desde la fecha en que concluyó el precitado proceso de estabilidad, se inicia el cómputo del período establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se decide.

Lo advertido en las líneas que anteceden, específicamente en el caso que se efectúe un despido y el afectado acuda a la autoridad competente a solicitar el reenganche y pago de salarios caídos, encuentra fundamento en el hecho de que tanto el patrono como el trabajador tienen incertidumbre con relación a la continuidad o disolución del vínculo laboral hasta tanto sea decidido por el Juez de Estabilidad Laboral, por lo tanto, es necesario un veredicto judicial que determine si hay o no reenganche del trabajador, es decir, si debe o no continuar la relación laboral, y partiendo del momento en que esa decisión es definitivamente firme, en el caso de que se persista en el despido -si se ha declarado con lugar la solicitud de reenganche-, empieza a computarse el período de un (1) año que preceptúa el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, a los efectos de consumarse la prescripción de acciones derivadas de la relación de trabajo. Así se establece.

En torno a que la recurrida debía considerar que la prescripción de la presente acción comenzaba a contarse tres (3) meses después de concluido el proceso de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, según lo establecido en el Parágrafo Único del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el literal ‘e’ de dicho artículo, y en virtud de que no se concedió el preaviso al demandante, esta Sala debe advertir que dicha norma establece una adición en el cómputo de la antigüedad del trabajador, cuando se ha omitido el preaviso, más no establece que dicho periodo también deba aumentarse a los efectos del cálculo que debe realizarse para determinar cuándo prescriben las acciones provenientes de la relación de trabajo, en razón de que ello está expresamente contenido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo y sólo establece un (1) año para el ejercicio de tales acciones. Así se declara…”. (Vid. sent. N° 330 del 15/7/03).

Como quiera que la denuncia que soporta la presente solicitud de revisión viene dada por la supuesta violación de la garantía constitucional del accionante proveniente del criterio que hasta la presente fecha ha sostenido la Sala de Casación Social respecto a que no debe computarse el lapso del preaviso, previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, como una prolongación de la relación de trabajo entre las partes, a los efectos de computar el lapso de prescripción, a fin de verificar los vicios denunciados por el accionante, la Sala observa:

El artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo dispone lo siguiente:

“Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios”.

La expresión que comienza a correr “desde la terminación de la prestación de los servicios”, que utilizó el legislador para empezar a contar el lapso de prescripción, da lugar a diversas dudas, pues son variados los escenarios que se pueden suscitar no sólo dependiendo del modo en que finalice la relación laboral sino de las acciones que eventualmente surjan con ocasión a ello.  Así tenemos, que el inicio del lapso de prescripción puede variar dependiendo si la relación laboral culminó por renuncia del trabajador o por despido del patrono. Y, a su vez, sufre una variante obedeciendo a si la parte se ampara o no en un juicio de estabilidad laboral.

Conforme el artículo 101 de la Ley Orgánica del Trabajo, cualquiera de las partes puede dar por terminada la relación de trabajo, sin previo aviso, cuando exista causa justificada para ello. Y, cuando la relación de trabajo finalice por despido injustificado del trabajador ó retiro voluntario, los artículos 104 y 107 ejúsdem, regulan lo concerniente al preaviso, en el sentido de que si éste se omite, la parte queda liberada de su obligación pagando a la otra una cantidad igual al salario del período correspondiente, con la consecuencia expresa que, si se omite el preaviso por parte del patrono, éste debe ser computado en la antigüedad para todos los efectos legales (artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo). De este modo, tenemos que la relación de trabajo puede concluir por: i) causa justificada, caso en el cual, no hay preaviso; ii) por despido injustificado  ó iii) por retiro voluntario del trabajador, estos dos últimos con la obligación recíproca del preaviso.

Los artículos en comento disponen lo siguiente:

Artículo 101.

Cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación de trabajo, sin previo aviso, cuando exista causa justificada para ello. Esta causa no podrá invocarse si hubieren transcurrido treinta (30) días continuos desde aquel en que el patrono o el trabajador haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que constituya causa justificada para terminar la relación por voluntad unilateral.

Artículo 104:

Cuando la relación de trabajo por tiempo indeterminado finalice por despido injustificado o basado en motivos económicos o tecnológicos, el trabajador tendrá derecho a un preaviso conforme a las reglas siguientes:

    1. a) Después de un (1) mes de trabajo ininterrumpido, con una semana de anticipación;
    2. b) Después de seis (6) meses de trabajo ininterrumpido, con una quincena de anticipación.
    3. c) Después de un (1) año de trabajo ininterrumpido, con un (1) mes de anticipación.
    4. d) Después de cinco (5) años de trabajo ininterrumpido, con dos (2) meses de anticipación; y
    5. e) Después de diez (10) años de trabajo ininterrumpido, con tres (3) meses de anticipación.

Artículo 107:

Cuando la relación de trabajo indeterminado termine por retiro voluntario del trabajador, sin que haya causa legal que lo justifique, deberá dar al patrono un preaviso conforme a las reglas siguientes.

    1. a) Después de un (1) mes de trabajo ininterrumpido, con una semana de anticipación;
    2. b) Después de seis (6) meses de trabajo ininterrumpido, con una quincena de anticipación.
    3. c) Después de un (1) año de trabajo ininterrumpido, con un (1) mes de anticipación.

PARAGRAFO ÚNICO: en caso de preaviso omitido, el trabajador deberá pagar al patrono como indemnización una cantidad equivalente al salario que le habría correspondido en el lapso del preaviso.”.

En aquellos casos en los cuales no hay discusión sobre la causa justificada que da origen al despido o cuando la ruptura de la relación es por renuncia del trabajador, no existe complicación respecto al momento en el cual comienza a computarse el lapso de prescripción para ejercer las acciones derivadas de la terminación de la relación de trabajo, ya que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, al no existir preaviso, el lapso de un (1) año comienza a transcurrir “desde la terminación de la prestación de los servicios”, es decir, al momento en que se materializa la ruptura del vínculo laboral.

Sin embargo, cuando la relación termina por una supuesta causa justificada, el patrono debe participarlo ante un Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución de su jurisdicción o la Inspectoría del Trabajo, según sea el caso, y si el trabajador está en desacuerdo con el despido, puede ocurrir igualmente dentro de ese mismo lapso a solicitar la calificación de despido (vid. art. 187 LOPT).

Ahora bien, como quiera que el fin último de la solicitud de calificación de despido solicitada por el trabajador es evitar la ruptura del vínculo laboral y que se produzca su reenganche y pago de salarios caídos, hasta tanto no exista sentencia definitiva al respecto, no se tiene certeza de la prolongación o no de la relación de trabajo. De este modo, si el trabajador resulta victorioso en la solicitud de calificación de despido y el patrono no se opone a su reenganche, no hay ruptura de la relación laboral. Pero si el patrono insiste en ello, le toca pagar las indemnizaciones correspondientes tomando en consideración que se trató de un despido injustificado.

La Sala debe puntualizar, que este último escenario en el cual le es dable al patrono negarse a cumplir con el reenganche del trabajador, se refiere lógicamente a aquellos casos en los cuales el trabajador está amparado por una estabilidad relativa; de manera que, aun cuando haya resultado victorioso en la solicitud de calificación de despido, puede el patrono, a tenor de lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, persistir en el despido, pagando las indemnizaciones que ahí se indican.                

Aquí nos encontramos con una circunstancia que hizo necesario que la Sala de Casación Social efectuara un análisis respecto al momento a partir del cual -en ese supuesto- debía computarse la prescripción de las acciones derivadas de la relación de trabajo, ya que, si bien el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo dispone que este comienza a correr “desde la terminación de la prestación de los servicios”, tal culminación, a juicio de esa Sala de Casación, debía considerarse a partir del momento en que el patrono se niega a dar cumplimiento al reenganche y persiste en el despido, ya que, antes de tal evento, las partes tienen incertidumbre con relación a la continuidad o disolución del vínculo laboral (Vid. SCS sent. N° 330 del 15/7/03).

Distinto es el caso en que el patrono se niega a cumplir con la orden de reenganche y pago de los salarios caídos del trabajador cuando éste, está amparado con inamovilidad absoluta, pues, en ese supuesto, no es potestativo del patrono acatar la orden de reenganche sino que la providencia tiene carácter imperativo. De ahí que, tanto la Sala de Casación Social como esta Sala Constitucional, a través de sus fallos hayan establecido cuales son los mecanismos para que los trabajadores hagan efectivo el reconocimiento de sus derechos laborales; todo ello con el objeto de dar cumplimiento al mandato constitucional del artículo 93 de la Carta Magna, según el cual “La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado”.

Ahora bien, resulta innegable que son numerosas las oportunidades en que, no obstante el trabajador obtuvo una orden de reenganche y pago de salarios caídos, los patronos son reacios en su cumplimiento. Sin embargo, como quiera que el trabajador antes de solicitar la tutela jurisdiccional debe agotar la vía administrativa, muchas veces el transcurso del tiempo logra vencer su voluntad de hacer cumplir la providencia administrativa en lo que al reenganche se refiere y por ello, desiste de la ejecución.

Como quiera que esa circunstancia constituye una conducta ilícita del patrono al no acatar la providencia administrativa de reenganche y resultaría contrario a derecho que quien se coloca al margen de la ley pueda beneficiarse alegando la prescripción de la acción, esta Sala Constitucional, en atención al principio in dubio pro operario, en sentencia N° 376/12 (caso: Edgar Manual Amaro), consideró necesario interpretar el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, concluyendo que el lapso de prescripción ahí previsto (en los casos en que el patrono no acata la orden de reenganche y pago de salarios caídos contenido en una providencia administrativa emanada de una Inspectoría del Trabajo), comienza a computarse desde el momento en el cual el trabajador renunció al reenganche, y ello ocurrió al ser interpuesta la demanda por cobro de prestaciones sociales. A tal conclusión llegó esta Sala, al razonar lo siguiente:

“…Quiere dejar asentado esta Sala que de la conducta rebelde del patrono cuando no acató la providencia administrativa de reenganche del trabajador accionante, no puede derivarse un acto lícito, como pudiera ser la declaratoria con lugar de la prescripción laboral alegada sin cumplimiento de las condiciones para tal fin procesal en contra del trabajador. Pues tal posición conduciría al Juzgador a una interpretación absurda no permitida por la metodología interpretativa de la ley, actos o contratos. No es posible que quien se coloque al margen de la legalidad pueda a su vez beneficiarse con el alegato de la prescripción y su procedencia. Estarían el derecho y la legislación premiando una conducta ilícita con un acto lícito. Esto es inaceptable en toda la teoría del derecho, y muy especialmente, en el Derecho y la legislación del trabajo de raigambre proteccionista de los derechos de los trabajadores. No puede el patrono lucrarse de su propia conducta ilícita cuando desacató la providencia administrativa de reenganche a favor del trabajador accionante, alegando la procedencia de la prescripción en contra de éste, porque el derecho, como se dijo, ampara el acto lícito, no el ilícito, sino para regular las consecuencias que tal conducta apareja (Ex eo non debet quis fructum consequi quod nisus extitit impugnare: ‘Nadie debe conseguir un lucro de aquello mismo que se esforzó por combatir’. Bonifacio. Reglas VII).

                        Omissis…

Consiguientemente, en el caso sub lite y de sus autos se desprende en cuanto a la aplicación del mencionado principio, que existe una verdadera duda que asalta al juzgador por las variadas interpretaciones en distintas sentencias de la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo, según se indicó supra, y de otra parte, que su aplicación no incide ni contraría la voluntad del legislador, como condiciones para su aplicación. En consecuencia, queda uniformada la doctrina en esta materia relativa al inicio de la prescripción cuando se desconoce el reenganche al trabajador y el pago de salarios caídos, acordado por la Inspectoría del Trabajo, y opta por intentar la demanda para el cobro de sus prestaciones sociales, a partir de cuya interposición comienza el cómputo de la prescripción laboral, según este fallo.

Es por ello que, en atención al principio in dubio pro operario, consagrado en el numeral 3 del artículo 89 de nuestra Carta Magna, debe aplicarse la interpretación más favorable al trabajador; razón por la cual, en el presente caso, debe entenderse que el lapso de prescripción previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo comienza a computarse desde el momento en el cual el trabajador renunció al reenganche, y ello ocurrió al ser interpuesta la demanda por cobro de prestaciones sociales. Así se establece…”.              

De este modo, el lapso de prescripción de la acción proveniente de la relación de trabajo, en aquellos casos en que el patrono no acata la orden de reenganche y pago de salarios caídos contenida en una providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo, se computa desde el momento en el cual es clara la intención del trabajador en renunciar a su reenganche, bien sea expresa o tácitamente. 

No se trata de eliminar la figura de la prescripción de la acción; se trata de resguardar a cabalidad los derechos del trabajador, quien no obstante obtuvo un pronunciamiento a su favor en sede administrativa para el reenganche y pago de los salarios caídos, vio frustrada su pretensión por una conducta contumaz del patrono. Por ello, en ese supuesto, debe entenderse que “la terminación de la prestación de los servicios” a que se refiere el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo ocurre cuando sea el trabajador (y no el patrono) quien efectúe un acto que, sin lugar a dudas, se interprete como renuncia a su reenganche, como lo sería la interposición de una acción para el cobro de sus prestaciones sociales.

Ahora bien, aunado al criterio que con carácter vinculante estableció esta Sala Constitucional para determinar el momento en que comienza a computarse el lapso de prescripción de las acciones laborales, considera igualmente necesario examinar, el criterio que desarrolló la Sala de Casación Social, en cuanto a que a los efectos del cómputo de la prescripción, no debe adicionarse el lapso del preaviso que otorga el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, pues tal postura, no es acorde con el fin proteccionista que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le otorga al trabajador y al trabajo como hecho social, así como tampoco atiende a los principios que se encuentran expresamente receptados en diversas disposiciones constitucionales y legales, los cuales son de importancia capital, pues como bien lo afirma Plá Rodríguez son “líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos” (PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los Principios del Derecho del Trabajo, 3ra. edic. Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1998, p.14).  

En sentencia N° 790 del 11/4/02, esta Sala Constitucional, expuso el alcance del “trabajo como hecho social” a la luz de su mención en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresando lo siguiente:

“…Observa esta Sala, que la Constitución de 1999 pretende reforzar las conquistas que -de forma progresiva- se han alcanzado en nuestro país, en el régimen jurídico del trabajo, tanto público como privado, dada la universalidad de los derechos fundamentales y su condición expansiva, que no excluye, sino por el contrario, integra, a grupos o comunidades en el disfrute de éstos, y que viene a sumarse al poco más de medio centenar de Convenios Internacionales del Trabajo, que se han suscrito; en especial, los relativos a la libertad del trabajo (Convenios números 29, de 1930 y 105, de 1957, sobre el trabajo forzoso u obligatorio), a la igualdad (Convenios número 100, sobre igualdad de remuneración, 1951 y número 111, sobre la discriminación-empleo y ocupación-, 1958) y a la libertad sindical (Convenios número 87, sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación, 1948, y número 98, sobre el derecho de sindicación y protección colectiva, 1949), así como los demás Convenios que cubren una amplia gama de materias, que van desde el empleo, política social, administración del trabajo, relaciones profesionales, condiciones de trabajo, hasta la seguridad social. (Vid. Enrique Marín Quijada y Francisco Iturraspe, Ob.cit, p.49).

Apunta esta Sala, que la intención manifiesta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), es la de consagrar una serie de principios y derechos (Artículos 87 al 97), que procuran resguardar un ámbito de seguridad para los trabajadores, indistintamente del régimen al cual estén sometidos, por cuanto no establece distinción alguna; incluso, en el caso del derecho a la negociación colectiva o del derecho a la huelga (Artículos 96 y 97), se niega expresamente la posibilidad de tratamientos diferenciales, al precisar, reforzando lo obvio, que todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del privado gozan de los mismos derechos.

De allí que, el derecho al trabajo haya sido considerado en nuestra Constitución como un hecho socialal ser el conductor a través del cual el Estado puede perfeccionarse y brindar una mayor satisfacción al conglomerado social, y la tutela protectiva al trabajador de cualquier clase, se convierte en uno de los pilares que sostiene el derecho social constitucional” (negrillas de este fallo).

Es así como, nuestra Carta Magna, con el fin de atender la protección de los derechos del trabajador, consagró constitucionalmente en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) el principio protectorio, el cual, a su vez, se manifiesta a través de sus reglas operativas (Art. 89.3) a saber: in dubio pro operario (para los casos de dudas en la interpretación de una determinada norma); el principio de la norma más favorable (para las dudas en la aplicación de varias normas vigentes); y la regla de la condición más beneficiosa (la aplicación de una nueva norma laboral no puede servir para disminuir las condiciones más favorables en las que se halla el trabajador).

De manera textual, el artículo en comento dispone:                  

Artículo 89:

El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del estado se establecen los siguientes principios:

    1. (…) Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad…”.

Así, resulta evidente que una de las características más resaltantes de las normas que regulan la Legislación Laboral es la protección del trabajador, por lo cual, el Principio Protector constituye no sólo el principio rector, sino el fundamento mismo del Derecho del Trabajo.

Partiendo de ello, son innumerables los fallos en los cuales, la Sala de Casación Social ha interpretado y aplicado en beneficio del trabajador las normas que regulan las relaciones de trabajo, entre ellas podemos citar, la sentencia Nº 2316 del 15 de noviembre de 2007, y sentencia Nº 244 del 6 de marzo de 2008, ratificadas en el fallo N° 347 del 19 de marzo de 2009, que al respecto, sostuvieron lo siguiente:

“(…) observamos en el caso que nos ocupa, un punto muy controversial en el derecho del trabajo, el cual no es otro que el problema que encierra la aplicación del principio denominado ‘de la norma más favorable” la cual forma parte del ‘principio protector’, al igual que las reglas de ‘indubio pro operario’ y ‘de la condición más beneficiosa’ con las que se complementan.

En este sentido, el supuesto típico de vigencia de la regla más favorable es el del conflicto, en el que dos normas vigentes y mutuamente incompatibles resultan aplicables a una sola situación y es necesario definir cuál de ellas la regirá, la regla actúa precisamente para dirimir en pro de la más beneficiosa al laborante, entendiéndose entonces que ambas no podrán aplicarse simultáneamente de acuerdo a lo que más o menos beneficie el trabajador.

Consecuente con lo anterior, observamos que en nuestro ordenamiento laboral dichas reglas existen como técnica de articulación normativa para determinar cuál es la norma aplicable en caso de colisión y conflicto entre normas.

Es así, que los artículos 59 de la Ley Orgánica del Trabajo y 6° de su Reglamento, señalan expresamente lo siguiente:

(…)

Artículo 6°: En caso de conflicto entre normas constitucionales, legales, reglamentarias y demás derivadas del Estado, regirán, junto con el principio de favor, los de jerarquía (regla de la norma mínima), especialidad y temporalidad. Cuando las normas en conflicto ostenten idéntica jerarquía, privará aquella que más favorezca al trabajador (regla de la norma más favorable), salvo que alguna revista carácter de orden público estricto, caso en el cual prevalecerá ésta (norma imperativa absoluta).

Si el conflicto se planteare entre normas contenidas en convenciones colectivas, contratos de trabajo, reglamentos internos, usos y costumbres y cualquiera otra de naturaleza análoga; así como entre estas y aquellas revestidas de orden público estricto, será aplicada la más favorable al trabajador (regla de la norma más favorable). (Acotaciones. Subrayados y negrillas de la Sala)

Pues bien, delimitado en nuestro ordenamiento las reglas aplicables como técnica de articulación normativa para determinar la más beneficiosa, nos resta analizar o determinar las condiciones o presupuestos que deben ocurrir para que el principio a favor sea aplicado (ya sea a través de la regla de la norma mínima o de la regla de la norma más favorable).

Es así, que el catedrático Pla Rodríguez, precisa algunas pautas que condicionan la aplicación del principio de favor, y que han sido una fuerte tendencia en la doctrina laboral, a saber:

    1. a) La comparación debe efectuarse teniendo en cuenta el tenor de las dos normas. No puede, en cambio, comprender las consecuencias económicas lejanas que la regla puede engendrar.
    2. b) La comparación de las dos normas debe tomar en consideración la situación de la colectividad obrera interesada y no la de un obrero tomado aisladamente.
    3. c) La cuestión de saber si una norma es o no favorable a los trabajadores no depende de la apreciación subjetiva de los interesados. Ella debe ser resuelta objetivamente, en función de los motivos que han inspirado las normas.
    4. d) La confrontación de dos normas deber ser hecha de una manera concreta, buscando si la regla inferior es, en el caso, más o menos favorable a los trabajadores.
    5. e) Como la posibilidad de mejorar la condición de los trabajadores constituye una excepción al principio de intangibilidad de la regla imperativa, jerárquicamente superior, no puede admitirse la eficacia de una disposición inferior mientras que pueda dudarse de que sea efectivamente más favorable a los trabajadores…”.

Otro ejemplo a citar mediante el cual la Sala de Casación Social ha puesto de manifiesto  la preeminencia de aplicación del principio protector, es el fallo N° 2080 dictado el 12 de diciembre de 2008 (caso: Norely Josefina Manrique Castillo vs. Venezolana de Televisión), en el cual se estableció lo siguiente:

“…Para resolver la misma ha de tenerse en cuenta, el principio protectorio constitucionalmente consagrado, en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone:

El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:

(Omissis)

3.- Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.

Ahora bien, la norma constitucional recoge lo que doctrinariamente se denomina el principio protectorio, el cual se expresa en tres formas: a) la regla in dubio pro operario, el cual se desprende cuando hace referencia a que ante la interpretación de una norma, el juez o intérprete aplicará de los posibles sentidos que pueda tener la misma, aquello que sea más favorable al trabajador; b) la regla más favorable, conforme a la cual cuando a un caso en particular le sea aplicable más de una norma, se debe aplicar aquella que sea más favorable al trabajador, que como lo señala Américo Plá Rodríguez en su obra ‘Los Principios del Derecho del Trabajo’ citando Alonso García en el alcance de esta regla ‘No se aplicará la norma que corresponda conforme a un orden jerárquico predeterminado, sino que en cada caso se aplicara la norma más favorable al trabajador’, debiendo denotarse que al estar constitucionalmente consagrado este principio, queda garantizado el principio de la jerarquía normativa; y c) la regla de la condición más beneficiosa, conforme a la cual según el citado autor ‘la aplicación de una nueva norma laboral nunca debe servir para disminuir las condiciones más favorables en que pudiera hallarse un trabajador’.

Del citado artículo constitucional también se desprende, que la unidad de medida de comparación de las normas, está inspirada en la doctrina italiana denominada del conglobamento o igualmente llamada doctrinariamente de inescindibilidad, que es aquella que sostiene que las normas deben ser comparadas en su conjunto y aplicar de forma íntegra la que sea más favorable al trabajador, es decir, la norma más beneficiosa en su conjunto, que igualmente se encuentra recogido en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En la causa sub examine, aparece como relevante para dilucidar la antinomia reflejada, la regla del principio protectorio de la norma más favorable, pues, al existir un mismo supuesto de hecho, como es, el incumplimiento del empleador a la obligación de pagar al término de la relación de trabajo, el salario y las prestaciones sociales debidas, en este caso en particular el nivel mínimo consagrado en la norma constitucional como es los intereses de mora en los límites expuestos, es superado cuantitativamente por lo dispuesto en la cláusula 141 de la referida Convención Colectiva.

Todo lo cual conduce a esta Sala a declarar sólo aplicable en el presente caso, la cláusula 141 de la Convención Colectiva que rige la relación de trabajo entre la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA VENEZOLANA DE TELEVISIÓN y los trabajadores de la misma en cualquiera de sus canales…”.

De este modo, sin lugar a dudas, el proceso de constitucionalización de los derechos laborales, impone a los juzgadores analizar y resolver  los conflictos que se susciten teniendo como norte el principio protector.  Sin embargo, la Sala debe puntualizar, que tal afirmación no debe ser entendida como que todos los juicios deben ser resueltos favoreciendo al trabajador, sino que en aquellos casos en los que exista duda en la interpretación de una norma o en la aplicación de uno más normas a un caso concreto, deben activarse en el proceso de juzgamiento las reglas del principio protector mencionadas con anterioridad.

En el caso que aquí nos ocupa, el aspecto a dilucidar es, si a los efectos de computar el lapso de prescripción de las acciones derivadas de la relación de trabajo cuando la ruptura se produzca por causa injustificada y se omita el preaviso, se computa o no, el lapso que otorga el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, ya que, por una parte, nos encontramos con el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo que, como antes quedó citado, dispone:

Artículo 61:

Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios.”

Y, por la otra, nos encontramos con que el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo dispone:

Artículo 104:

Cuando la relación de trabajo por tiempo indeterminado finalice por despido injustificado o basado en motivos económicos o tecnológicos, el trabajador tendrá derecho a un preaviso conforme a las reglas siguientes:

    1. a)Después de un (1) mes de trabajo ininterrumpido, con una semana de anticipación;
    2. b)Después de seis (6) meses de trabajo ininterrumpido, con una quincena de anticipación.
    3. c)Después de un (1) año de trabajo ininterrumpido, con un (1) mes de anticipación.
    4. d)Después de cinco (5) años de trabajo ininterrumpido, con dos (2) meses de anticipación; y
    5. e)Después de diez (10) años de trabajo ininterrumpido, con tres (3) meses de anticipación.

PARAGRAFO ÚNICO: En caso de omitirse el preaviso, el lapso correspondiente se computará en la antigüedad del trabajador para todos los efectos legales…”. (resaltado de la Sala)

A juicio de la Sala de Casación Social, el período que otorga el artículo 104, no debe ser adicionado al lapso de (1) un año  que establece el artículo 61, ambos de la Ley Orgánica del Trabajo, ya que –en su criterio- dicha norma “no establece que dicho período también deba aumentarse a los efectos del cálculo que debe realizarse para determinar cuándo prescriben las acciones provenientes de la relación de trabajo esta última norma no lo indica de manera expresa”.

Ahora bien, el mandato constitucional del artículo 89.3 de nuestra Carta Magna, que le dio rango constitucional al ‘principio protector’ del trabajador, del cual a su vez forma parte el principio “in dubio pro operario”, se traduce en el deber que tiene el operador de justicia para que en caso de plantearse dudas razonables en la interpretación de una norma, debe adoptar aquella que más favorezca al trabajador.

En el caso en concreto, observa esta Sala que la disposición respecto a la prescripción de las acciones derivadas de la relación de trabajo, dispone que el lapso para accionar en sede jurisdiccional es de un año. Sin embargo, el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece que, “en caso de omitirse el preaviso, el lapso correspondiente se computará en la antigüedad del trabajador para todos los efectos legales“. La función de la norma citada, como bien lo afirma José Ignacio Beltrán, “es evitar la ruptura brusca del contrato de trabajo, a fin de que el trabajador tenga la posibilidad de procurarse oportunamente una nueva ocupación”, (“El Preaviso en el Contrato de Trabajo” Universidad del Zulia, Facultad de Derecho, Maracaibo, 1970. P. 78)”.

En efecto, como quiera que la función del preaviso consiste en determinar la fecha posterior en que se extinguirá el vínculo, o sea, que ese efecto extintivo del preaviso no se producirá sino al expirar su período, la interpretación de los artículos 61 y 104, en comento, concatenadamente, debe ser que, en aquellos casos en los cuales la terminación de la relación de trabajo se produzca por despido injustificado y el patrono omita el preaviso, el lapso que establece el artículo 104 (el cual varía dependiendo de su antigüedad), debe dejarse transcurrir antes de computar el lapso de prescripción que establece el artículo 61 del mismo texto normativo.

Si bien, como lo sostuvo la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, la norma en comento “no establece que dicho periodo también deba aumentarse a los efectos del cálculo que debe realizarse para determinar cuándo prescriben las acciones provenientes de la relación de trabajo”, es precisamente esa circunstancia la que obliga a los operadores de justicia al momento de efectuar su interpretación, hacerlo de la manera que más beneficie al trabajador, lo cual, en este caso implica, que antes de comenzar a computarse el lapso del artículo 61, hay que dejar transcurrir los lapsos del artículo 104, ambos de la Ley Orgánica del Trabajo; ello tomando en consideración que la función de la indemnización sustitutiva se limita a suplir el preaviso, sin embargo, el trabajador mantiene todos sus derechos como si hubiera trabajado durante el período de preaviso.

De este modo, por ejemplo, si por causa del preaviso omitido se produjo la terminación de la relación laboral en el mes de enero, y al trabajador, por efecto de su antigüedad, le correspondían dos (2) meses de preaviso, el lapso de prescripción de la acción a que se refiere el artículo 61, se computa una vez transcurrido los dos (2) meses al que tenía derecho el trabajador a permanecer en su lugar de trabajo, pues a partir de ahí es que se computaría el año para la prescripción de la acción, en caso de haberle sido otorgado el lapso correspondiente al preaviso. De modo que, la interpretación más favorable para el trabajador, como sujeto “hiposuficiente” de la relación, es aquella que, a pesar de haber sido despedido sin causa justa y sin haberle sido otorgado el preaviso de acuerdo a la ley, se le salvaguarda en el tiempo la reclamación de sus derechos, por el tiempo que en su favor le otorga el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Una interpretación contraria a la que aquí se efectúa, iría en contra del  Principio Protector, fundamento mismo del Derecho del Trabajo, ya que si el artículo 104 del Texto Sustantivo, de manera expresa dispone que “en caso de omitirse el preaviso, el lapso correspondiente se computará en la antigüedad del trabajador para todos los efectos legales”, no le es dable al juzgador interpretarlo en perjuicio de los derechos del trabajador.

Al amparo de lo indicado, en el caso de autos considera esta Sala Constitucional, que el pronunciamiento efectuado por la Sala de Casación Social  en el fallo dictado el 14 de julio de 2009, encuadra en uno de los supuestos del numeral 11 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pues violó el principio protector del trabajador (in dubio pro operario), contenido en el artículo 89.3 de la Constitución, al interpretar en perjuicio del trabajador la norma contenida en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo. En consecuencia y en aras de garantizar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala anula la sentencia dictada por Sala de Casación Social. Así se declara.

            Tomando en consideración que la prescripción de la acción incoada por el ciudadano Irwin Oscar Fernández Arrieche, fue declarada además de la Sala de Casación Social, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara (el 18 de octubre de 2007) y confirmada por el Juzgado Superior Primero de la Coordinación del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial (el 9 de enero de 2008), sin que ninguno efectuara pronunciamiento sobre el mérito de la causa, esta Sala Constitucional, atendiendo al mandato del artículo 26 de la Carta Magna que propugna la justicia sin dilaciones indebidas, ANULA igualmente dichos fallos y REPONE la  causa al estado en que un tribunal de primera instancia de juicio de la misma Circunscripción Judicial, dicte sentencia al fondo conforme al criterio establecido en el presente fallo.

Finalmente, vista la naturaleza de la interpretación que se ha efectuado en el presente fallo, se fija el carácter vinculante de éste con base en el artículo 335 del Texto Constitucional, y se ordena su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial de este Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

V

DECISION

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara HA LUGAR, la solicitud de revisión propuesta por el ciudadano IRWIN OSCAR FERNANDEZ ARRIECHE de la sentencia dictada, el 14 de julio de 2009, por la Sala de Casación Social, la cual se ANULA. En consecuencia, se REPONE la causa al estado en que un tribunal de primera instancia de juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, dicte sentencia al fondo conforme al criterio establecido en el presente fallo.

Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial de este Tribunal Supremo de Justicia, con la siguiente indicación “Sentencia que, con carácter vinculante, interpreta conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, a los efectos de establecer que en el supuesto en que se despide a un trabajador por causa injustificada y se omita el preaviso, el lapso al que tiene derecho por efecto de la antigüedad, se dejará transcurrir con anterioridad a que comience a computarse el lapso que dispone el artículo 61 ejúsdem a los efectos de la prescripción de la acción” …”

SC: ACERCA DEL TRABAJADOR DE DIRECCIÓN.

SALA CONSTITUCIONAL SENTENCIA N°587 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2012.

(…)

“…Por otra parte, respecto a la segunda y tercera denuncia, la peticionaria de revisión señaló que el fallo sub exámine se apartó del principio constitucional que la obliga a aplicar la norma más favorable al trabajador, ya que al calificarla de trabajadora de dirección, “…por el solo (sic) hecho de las declaraciones de la Empresa…”, la decisión impugnada se apartó de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo de Justicia, referida a la calificación de trabajador de dirección.

En tal sentido, es preciso señalar que el artículo 42 de la Ley Orgánica del Trabajo, define al empleado de dirección, como aquél que interviene en la toma de decisiones u orientaciones de la empresa, así como el que tiene el carácter de representante del patrono frente a otros trabajadores o terceros y puede sustituirlo, en todo o en parte, en sus funciones.

Por su parte, el artículo 47 eiusdem dispone que la calificación de un trabajador como dirección, confianza, inspección o vigilancia, dependerá de la naturaleza real de los servicios prestados, independientemente de la denominación que haya sido convenida por las partes o de la que unilateralmente hubiese establecido el patrono.

En este sentido, la Sala de Casación Social, en la sentencia núm.  542 de 18 de diciembre de 2000, (caso: José Rafael Fernández Alfonzo, contra I.B.M. de Venezuela, S.A.), interpretó el alcance del artículo 42 mencionado, que define lo que se entiende por empleado de dirección, de la siguiente manera:

La definición de empleado de dirección contenida en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Trabajo es de naturaleza genérica y los criterios en ella mencionados son meramente orientadores para determinar cuáles trabajadores están incluidos en dicha categoría, dependiendo siempre, la calificación de un empleado como de dirección de la naturaleza real de los servicios prestados, antes que de la denominación que acuerden las partes para el cargo ocupado o que unilateralmente imponga el empleador. Ello en aplicación de los principios de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador y de primacía del contrato realidad, contenidos en los artículos 3° y 47 de la Ley Orgánica del Trabajo, respectivamente.

Así, pues, los empleados de dirección conforman una categoría que no disfruta de algunos beneficios que si son percibidos por la mayor parte de los trabajadores, y visto que uno de los principios que informa la Ley Orgánica del Trabajo vigente es el de proporcionar estabilidad al mayor número de trabajadores, debe considerarse que la condición de empleado de dirección es de carácter excepcional y por tanto restringida; en este sentido, la noción de empleado de dirección es aplicable únicamente a los altos ejecutivos o gerentes de las empresas, que participan en lo que se conoce como “las grandes decisiones”, es decir, en la planificación de la estrategia de producción, en la selección, contratación, remuneración o movimiento de personal, en la representación de la empresa y en la realización de actos de disposición de su patrimonio.

(Omissis)

Es evidente que por la intervención decisiva en el resultado económico de la empresa o en el cumplimiento de sus fines de producción, los empleados de dirección se encuentran de tal manera ligados a la figura del empleador, que llegan a confundirse con él o a sustituirlo en la expresión de voluntad.

Para que un trabajador pueda ser calificado como empleado de dirección, debe quedar claro que éste participa en la toma de decisiones y no sólo ejecuta y realiza los actos administrativos necesarios para cumplir con las órdenes, objetivos y políticas que han sido determinadas previamente por el patrono y los verdaderos empleados de dirección.

Cuando el empleado de dirección representa al patrono frente a terceros o frente a los demás trabajadores, debe entenderse que tal acto de representación es resultado de las apreciaciones y decisiones que él ha tomado o en cuya toma participó, y no que actúa como un mero mandatario; pues, si bien la condición de empleado de dirección implica un mandato del patrono, aun tácito, no necesariamente todo mandato implica que detrás del mismo subyace la condición de empleado de dirección” (Resaltado de la Sala).

De la jurisprudencia transcrita supra, se colige que, para la calificación de un trabajador como empleado de dirección deben adminicularse las funciones, actividades y atribuciones que legalmente definen al mismo, con las que efectivamente el trabajador desarrolla, independientemente de la denominación del cargo o puesto de trabajo, toda vez, que será en definitiva la naturaleza real del servicio prestado, lo que determine la condición de dichos trabajadores y no la calificación que convencional o unilateralmente se le confiera; ello, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas o apariencias, contenido en el artículo 89 constitucional.

De lo expuesto, se colige que para calificar a un trabajador como empleado de dirección es necesario alegar y demostrar oportunamente que cumple una serie de actividades, en nombre y representación del patrono, que derivan en que se confunda con éste, sustituyéndolo en todo o en parte ante terceros y subalternos, no bastando para concluir en tal calificación que la denominación del cargo sea gerencial.

Ahora bien, de la revisión de las actas que conforman el expediente y en particular del escrito de contestación de la demanda, que cursa en copia certificada al folio 13 y siguientes, se advierte que, tal como lo señaló la peticionaria de revisión, en el fallo impugnado se suplieron defensas y argumentos no esgrimidos por la parte demandada, toda vez, que Mercados de Alimentos (MERCAL), no alegó en el juicio de calificación de despido que la hoy solicitante, ciudadana María San Juan Baptista Betancourt, era una trabajadora de dirección, por el contrario adujo que era una trabajadora de confianza y que no tenía estabilidad dado el cargo ejercido; en este sentido, mal podía el fallo impugnado decidir la causa con base en tal argumento, si el mismo no formó parte del contradictorio.

Sobre este aspecto, la Sala observa que, ciertamente, al no formar parte del thema decidemdum la calificación del trabajador como empleado de dirección, no se le permitió a la hoy solicitante desvirtuar tal alegación con argumentos o pruebas que permitieran demostrar lo contrario, vulnerando con ello su derecho a la defensa.

En un caso análogo al de autos, la Sala en sentencia núm. 409/2010, (Caso: “HOEGL ANULFO PÉREZ”) advirtió que,

 …la calificación de un trabajador como empleado de dirección constituye una defensa que debe ser opuesta por la parte demandada y al no hacerlo en la oportunidad correspondiente, no puede ser suplida de oficio por el juez de la causa, so pena de vulnerar el derecho a la defensa, el debido proceso y el principio de igualdad de las partes…

En sintonía con lo anterior, estima la Sala que el fallo impugnado rompió con la armonía que debe contener la decisión proferida en la sentencia, al conocer algo distinto a lo alegado y probado en autos, circunstancia lesiva  al derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadana María San Juan Baptista Betancourt, lo cual, en criterio de esta Sala, conlleva al vicio que en doctrina se conoce como incongruencia; supuesto que ha sido desarrollado como un vicio de orden constitucional, por esta Sala Constitucional en decisión núm. 429/2009 (Caso: Mireya Cortel y otro”).

Adicional a lo anterior, estima esta Sala que el fallo impugnado se apartó de la jurisprudencia de esta Sala Constitucional al declarar a la hoy solicitante de revisión excluida del régimen de estabilidad laboral por el solo hecho de ser Jefe del Módulo Mercal “Oropeza Castillo II”, sin trascender a la labor desempeñada por la trabajadora y al análisis de las condiciones establecidas en su propia doctrina sobre la materia, trasgrediendo con tal actuación el principio de primacía de la realidad sobre las formas o apariencias establecido en el artículo 89 Constitucional.

En virtud de los razonamientos expuestos, esta Sala declara ha lugar la solicitud de revisión constitucional y, en consecuencia, anula el fallo dictado el 2 de febrero de 2011, por el Juzgado Tercero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas y repone la causa al estado de que un nuevo Juzgado Superior Laboral distinto al Juzgado Tercero Superior del Trabajo, decida la apelación ejercida por la parte demandada, Mercados de Alimentos C.A., (MERCAL) contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 8 de julio de 2010, considerando los razonamientos sostenidos en la presente decisión. Así se decide…”

SC: VALIDEZ DE LA NOTIFICACIÓN TÁCITA EN EL PROCESO PENAL

SALA CONSTITUCIONAL SENTENCIA N°600 DE FECHA 14 DE MAYO 2012.

(…)

“…Lo anterior a juicio de esta Sala significa que la parte actora tuvo pleno conocimiento del contenido de la decisión que adversa con el amparo, produciéndose una notificación tácita, antes de la interposición de la solicitud de amparo, del pronunciamiento que decretó la medida de prohibición de enajenar y gravar, por lo que, lo considerado por el Tribunal a quo constitucional, referido a que existió una falta de notificación (que permitió la declaratoria de parcialmente con lugar la demanda de amparo), fue subsanado dentro del proceso penal a través de la esa figura denominada notificación tácita.

En tal sentido, esta Sala se pronunció respecto a la tácita notificación en materia penal, mediante pronunciamiento N° 854 de 11 de agosto de 2010, caso: Marilla Silveira Vargas García, -en reiteración de las sentencias N°s. 624 del 3 de mayo de 2001, caso: Jhon Alexander Jiménez Medina y 1.536 del 20 de julio de 2007, caso: José Luis Rincón R. y 940 de 14 de julio de 2009, caso: Francisco José Escalona Montes-, en el cual se estableció lo siguiente:

“(…) el legislador ha revestido a las notificaciones de ciertas formalidades que no tienen otra finalidad que la de asegurar y resulte documentado que la información en ellas contenidas haya llegado, efectivamente, a cabal conocimiento de sus destinatarios. En tal sentido, si, por vías supletorias, estuviere suficientemente acreditado en autos que las partes están en pleno conocimiento de la decisión tomada o del acto procesal realizado, se ha cumplido el objetivo perseguido con la notificación y ésta devendría prescindible; (…) insistir en notificar a una de las partes acerca del pronunciamiento judicial, respecto de lo cual ya dicha parte aparece estar en pleno conocimiento, que era, al fin y al cabo, la razón de ser de la notificación reclamada, supondría someter el proceso a formalidades no esenciales, contrarias al espíritu y la letra del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Por otro lado, la Sala destaca que, a pesar de que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, remitió el expediente penal al Ministerio Público en forma inmediata, ello no era impedimento para que la parte accionante impugnara, dentro del proceso penal, la decisión que declaró la prohibición de enajenar y gravar de un bien inmueble, toda vez que lo podía hacer en la sede del referido Juzgado, con base a la doctrina asentada por esta Sala en sentencia N° 2367, del 27 de agosto de 2003 (caso: América Camila Kilsi de Caicedo y otro)…”

“EVOLUCIÓN DEL IDEAL DEL ESTADO SOCIAL Y LOS DERECHOS PRESTACIONALES EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL VENEZOLANA” (ENSAYO CRÍTICO SENT. 85 SC/TSJ) POR @cirrottolar

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se desarrolla en seguimiento de las instrucciones emanadas por el facilitador del seminario de Derecho Procesal Constitucional, correspondiente al pensum de estudio programado por la Universidad Santa María para optar a la láurea que otorga el Doctorado en Derecho Constitucional.

El apuntamiento hecho responde a la presentación de un análisis o ensayo crítico, cuyo objetivo es la sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, individualizada con el N° 85 y fechada 24 de enero de 2002[1]. De su contenido se han indicado seis aspectos contenidos a lo largo de su extensa parte motiva, de los cuales elegiremos los alumnos dos y en este caso serán los tópicos del Estado social y de los llamados Derechos Prestacionales.

Tales aspectos los someteré a una revisión crítica sobre su evolución histórica en el derecho constitucional venezolano debido a que la sentencia en cuestión nada refiere, y la labor aquí partirá desde los inicios de nuestra era como República independiente a partir del año 1811, sin dejar de lado eventos globales previos que sustentaron la génesis necesaria para un cambio irreversible de los esquemas políticos y sociales a nivel mundial.

En cambio, el juzgador hace un destacado ejercicio de la evolución histórica foránea del estado social sin reflexionar un ápice sobre la importancia que tuvieron las ideas que nuestros padres fundadores imprimieron a los documentos fundamentales de la República y a los que se produjeron a lo largo del nuestro proceso emancipador.

Nada se dice sobre lo dicho, lo debatido, lo aprobado y lo puesto en práctica desde el nacimiento de la Venezuela soberana e independiente, pasando por los diferentes períodos históricos y hasta nuestros días, salvo en cuanto tiene que ver con las Constituciones de 1961 y 1999.

Son ignorados los trabajos de próceres e intelectuales como Miranda, Roscio, Yánez, Ustáriz, Bello, Vargas y del mismísimo Libertador en sus diferentes estudios documentados, obras literarias y disertaciones públicas, de donde se encuentran claras evidencias de querer fundamentar una Nación con claro sentido y orientación social.

En las páginas de nuestras veintiséis constituciones hay evidencias claras de una evolución dogmática y axiológica de un estado cuya visión estaba sustentado en el beneficio de su pueblo. Claro está que una titulación tan enfática como la que nos otorga el contenido del artículo 2 de la Constitución de 1999 no la conseguiremos en sus precedentes, pero de la mano de la misma conceptualización que la Sala Constitucional le otorga a los términos aquí estudiados y haciendo un necesario análisis se logrará dar con vestigios nada despreciables.

Motiva también el presente análisis una circunstancia que es bastante clara: Con un texto constitucional como el que tenemos vigente[2], el cual está impregnado desde su mismo nombre y en el de la República de un romanticismo pleno y exacerbado por los ideales del Libertador Simón Bolívar, el sentenciador luce desconsiderado ante tal simbolismo político e histórico cuando en nada exalta el pensamiento filosófico de nuestro Padre de Patria y de todos aquellos que antes, durante y después de nuestra sufrida independencia imprimieron un claro sentido y contenido social a sus acciones.

Para concluir, afirmo con vehemencia y así quedará demostrado que en los ideales que soportaron la creación de Venezuela (y de Colombia La Grande) como nación independiente y también aquellos que le dieron continuidad al proyecto nacional hasta nuestro días, existieron evidencias palpables de abrazar y proteger a su pueblo, entonces también encontraremos signos distintivos que ayuden a identificar la existencia de derechos prestacionales debidos a ese mismo pueblo y la posibilidad de reclamarlos cuando el prestador falle en dicha misión.

Este ejercicio crítico pende que el lector tenga en claro que se parte de una idea históricamente lógica: Nuestra independencia se produce por la sumatoria de muchos elementos concurrentes, de entre ellos debe destacarse la crisis interna que en aquél entonces padecía la corona española y que se propagó hacia todas sus colonias, también la clara influencia de los movimientos liberales surgidos en las colonias británicas en América y en Francia lo cual trajo consigo adherida una “nueva onda expansiva” garantista, hasta ese entonces inexistente, de los derechos del hombre (como ser natural) y del ciudadano (como elemento socio político). He aquí el punto de partida de este estudio evolutivo.

Este análisis se soporta en transcripciones autorizadas de los diferentes textos fundamentales que han visto la luz a lo largo de nuestra historia, de otros documentos de eminente y reconocido valor historiográfico y de suficiente literatura especializada, obras de insignes juristas e historiadores patrios.

DESARROLLO

  1. CONCEPTOS ACTUALES.

El estudio de la evolución historiográfica que se plantea parte del marco conceptual que el mismo juzgador constitucional venezolano le otorga a Estado Social y a los Derechos prestacionales. Así tenemos lo que sigue:

Del concepto de estado social de derecho otorgado por la Sala Constitucional extraemos los elementos e ideas centrales que permiten su individualización y que ofrecen un planteamiento concentrado sobre tal definición, tenemos que el fin último del estado social es procurar la mejor coexistencia entre los diferentes estratos socioeconómicos existentes, evitando actos de supremacía de una clase entendida como superior, sobre otras de inferiores posibilidades económicas, entorpeciendo así cualquier manera posible de lograr sobreponerse ante tal situación de minusvalía, redimiéndolas a un perenne yugo colectivo y sin posibilidades ciertas de revertir ese estatus quo.

La Sala entiende que esta búsqueda constante de mayor equilibro de clases no sólo es tarea del Estado, sino que los particulares y muy especialmente aquellos que se encuentran focalizados dentro del segmento social dominante, deben coadyuvar a concretar este ideal fundamental. También se hace énfasis en proyectar la idea que no sólo se trata de un mero desequilibrio de orden económico en torno a la supremacía del elemento riqueza, sino que debe ampliarse hacia todos los ámbitos posibles que participan en la vida de la persona que le pudieran permitir alcanzar los mayores estándares de calidad de vida (salud, educación, vivienda, esparcimiento, armonía con el medio ambiente, entre otros).

De la fórmula interpretativa de los textos constitucionales consistente en la evolución de los valores contenidos en la Carta Magna, amplificados en cuanto a su alcance por medio de los principios que el mismo texto consagra y las normas que están llamadas a ser promulgadas para desarrollar legislativamente a éstos últimos, conseguiremos que la tesis del Estado Social encuentra cabida en el contenido en todo el cuerpo legislativo vigente.

Así se aprecia que partiendo del artículo 2 de Constitución de 1999, sus artículos 3, 20, 21.1 y 2, 70, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 90, 102, 112, 113, 115, 127, 128, 132 y 307, y los relativos a los derechos sociales establecidos en el Capítulo V del Título III, se encuentran estrechamente vinculados al orden social, y sirven de referencia para establecer el concepto del Estado social de Derecho y sus alcances.

En cuanto a los derechos prestacionales, tenemos que son los derechos sociales recién mencionados que implican el desarrollo constitucional por vía de principios del valor analizado. Tales derechos otorgan a los ciudadanos la cualidad suficiente para exigir su cumplimiento a quien debe prestárselos. Su enunciación no es taxativa, incluso la Sala los categoriza como difusos en sus límites o indeterminadas.

Según cita la propia sentencia, hay derechos sociales que generan prestaciones determinadas generadas de relaciones existentes entre vínculos concretos (artículos 89, 90 ó 91 constitucionales). También existen otros cuya prestación resulta indeterminada hacia personas o colectivos en particular (99 constitucional). Por otra parte, los hay otros de indeterminación mayor tanto de quienes son sus acreedores como de quienes están obligados a cumplirlos (artículo 82 constitucional).

El primer comprometido en el cumplimiento de los derechos prestacionales es el mismo Estado en las áreas de interés social de la población, bien sea por acciones emprendidas directamente por parte de su andamiaje orgánico, o bien cumpliendo acciones de vigilancia, supervisión y control sobre los particulares que las ejercen (verbigracia por vía de concesiones, autorizaciones o habilitaciones).

Se destaca, finalmente, que en caso de incumplimiento de estos deberes de prestación los afectados cuentan con una acción judicial específica, diferente de las clásicas actuaciones que persiguen la nulidad de actos administrativos de efectos generales o particulares. Se trata de las demandas por intereses colectivos o difusos.

  1. LAS FUENTES DE INSPIRACIÓN DE NUESTROS PADRES FUNDADORES.

Todos nuestros historiadores (patrios o foráneos) son contestes en afirmar que tanto la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa ocurridas a finales del Siglo XVIII, fueron el caldo de cultivo ideal para gestar nuestro proceso emancipador.

La Declaración de Derechos de Virginia ocurrida el 12 de junio de 1776 puede, según BREWER-CARÍAS[3], ser considerada como la primera de las declaraciones de derechos individuales en el constitucionalismo moderno.

Su contenido refiere al reconocimiento de derechos naturales y a la razón bajo la inspiración de la filosofía de los pensadores de entonces (Locke, Montesquieu y Rousseau). Dicho evento desencadenó una seguidilla o corrida de declaraciones políticas similares a lo largo de los diferentes Colonias Norteamericanas que se asumían independientes de la corona británica. En ese mismo año 1776 se consolidaría, como consecuencia, la independencia de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica.

En cuanto interesa a este trabajo, destaco que de dicho texto (comprendido por un Preámbulo y nueve Secciones) existen claros indicios sobre la conformación de un Estado cuyos fines exaltaran la protección del hombre como individuo y de ahí un sentido claramente social. En la Sección 1 se declara al hombre como un ser libre e independiente, poseedor de derechos innatos y que ningún estado podrá privar. Tales derechos son: la vida, la libertad, la propiedad y su disposición y la búsqueda de la felicidad y la seguridad.

También se encuentra en su Sección 3 que el gobierno se instaura para el provecho, protección y seguridad comunes para el pueblo, nación o comunidad, independientemente de la forma que adopte, siendo el mejor aquél que sea capaz de producir el mayor grado de felicidad y seguridad, y aquél que no sea capaz de lograrlo deberá ser reformado de acuerdo a lo que más convenga al bienestar público.

Ahí puede observarse con meridiana claridad cómo el ideal de un estado social tiene presencia, y con ello la observancia, respeto y reclamo de los derechos prestacionales concebidos para ese entonces.

Poco tiempo después de la Revolución Norteamericana se produce la Revolución Francesa y con ella la emblemática “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” del 26 de agosto de 1789, con mayor resonancia universal que sus predecesores norteamericanos, pero con evidentes influencias de aquellos, y de la lectura de sus 17 artículos encontraremos claras menciones que se ajustan al concepto actual de estados social y de los derechos prestacionales.

En su artículo 1 se hace referencia a la libertad e igualdad del hombre desde el momento de su nacimiento, sin mayores distinciones sociales que las vigentes para aquellos tiempos. El artículo 2 consagra que el fin de asociación de personas reunidas en la fórmula del estado moderno no es otro que el proteger los derechos inherentes e imprescindibles a la naturaleza del hombre. En cuanto a la libertad y su concepto, el artículo 4 refiere a que el hombre no tiene otros límites que el de sus iguales y que además estén establecidos en la ley. También hay claras expresiones referidas a la igualdad en su artículo 6, cuando indica que todos los ciudadanos son iguales entre sí, gozarán de las mismas oportunidades para ostentar dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad, virtudes y talentos.

Consagra también la justa proporción en las contribuciones que los ciudadanos deben hacer al estado, atendiendo a sus posibilidades individuales tal como lo significa su artículo 13. Finalmente, su artículo 17 consagra el derecho a la propiedad y lo caracteriza de ilimitado, salvo en casos de necesidad pública y de la consecuente aplicación de expropiaciones debidamente compensadas.

He aquí entonces el inicio de todo un cambio global irreversible que, con mayor o menor esfuerzo, abrazó prácticamente a toda la humanidad. Más de dos siglos después, ante la resistencia de culturas ancestrales ultraconservadoras como las del oriente lejano y las del África meridional, las influencias de estos trascendentales eventos siguen surtiendo efectos.

  1. LA GÉNESIS DE NUESTRA INDEPENDENCIA.

Después de la primera Constitución de los Estados Unidos de 1787, seguida de la Constitución de Francia de 1789, toca un honroso tercer lugar cronológico en la historia universal del constitucionalismo moderno a la Constitución Federal para los Estados Unidos de Venezuela de 1811.

Ahora bien, a los efectos del análisis que ocupa hacer aquí es menester destacar que antes de la aprobación de nuestra Constitución del 21 diciembre de 1811, se produjeron otros eventos de significancia en nuestro recorrido histórico jurídico que siguen marcando pauta en la evolución del concepto actual del estado social.

Así tenemos en la Proclama de Francisco de Miranda en el año 1801 menciones claras de influencia jacobina en las palabras de este venezolano universal, que refieren a la necesaria prevalencia de un estado que le garantice a los venezolanos sus derechos sociales “…estos son: la seguridad personal, la libertad, la propiedad, tan esenciales para el hombre que vive en sociedad…”[4], además de referencias hacia la necesidad de establecer canales o medios claros para que el ciudadano pueda alzar sus quejas ante cualquier abuso que vulnere el campo de sus propios derechos.

Luego, transcurridos los sucesos del 19 de abril de 1810 nos ubicamos en los días previos a la Declaración de la Independencia en aquél 5 de julio de 1811, específicamente el día 1 de ese mismo mes, y de la pluma de Juan Germán Roscio, el Supremo Congreso de Venezuela publica la Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811[5].

De su texto destella el contenido del capítulo titulado “LOS DERECHOS DEL HOMBRE”, en los cuales debe destacarse como evidentes elementos del actual concepto del estado social y de derechos prestacionales al contenido de su artículo 1 (el fin de la sociedad es la felicidad común y el gobierno debe asegurarla), el artículo 2 (la felicidad es el goce de la libertad, de la seguridad, de la propiedad y de la igualdad de derechos ante la ley), el artículo 5 (la ley tiene como objeto reglar la vida en común), el artículo 12 (todo acto ejercido contra un ciudadano sin las formalidad legales es arbitrario y tiránico), el artículo 14 (la ley protege la libertad pública e individual), artículo 18 (la seguridad es la protección debida a cada uno de los miembros de la sociedad para la conservación de su persona, de sus derechos y propiedades), artículo 19 (derecho de propiedad), artículo 20 (derecho a la libertad de trabajo, industria, oficio o comercio), artículo 21 (expropiaciones por utilidad pública y su compensación; contribuciones fiscales de acuerdo a las posibilidades individuales), artículo 22 (libertad de reclamar el respeto de los derechos individuales ante la autoridad), artículo 24 (inviolabilidad del domicilio y limitaciones a las requisas).

Es de destacar en este mismo texto, pero en su capítulo titulado “DEBERES DEL CUERPO SOCIAL”, el contenido de su artículo 1 (deber de la sociedad es garantizar a cada uno de sus miembros el goce y conservación de sus derechos individuales), artículo 2 (es una garantía de la sociedad el establecimiento de los límites del poder y el establecimiento de responsabilidades de los funcionarios públicos), artículo 4 (derecho a la educación para favorecer el progreso de la nación y al alcance de todos).

Más luego, el día 21 de diciembre de 1811 se aprueba la Constitución Federal para los Estados de Venezuela, la cual es obra del mismo Juan Germán Roscio, Francisco Xavier de Ustáriz y de Francisco Javier Yánez, quienes además de diputados del Congreso Constituyente que le dio vida a esta primera constitución de la Venezuela independiente, fueron eternos defensores de su modelo[6].

Del contenido de nuestra primigenia Carta Fundamental se destaca el contenido de “PRELIMINAR” (equivalente a nuestro actual preámbulo), el cual enumera con total claridad cuáles fueron los primordiales intereses de la naciente federación, y en lo que respecta a las señales de su sentido social es merecidamente destacable esta transcripción parcial de su texto: “…para estos fines u otros convenientes a la seguridad, tranquilidad y felicidad común…”.

También de su Capítulo VIII, se advierte el contenido de su artículo 151 que amerita una necesaria transcripción integral: “…151. El objeto de la sociedad es la felicidad común, y los gobiernos han sido instituidos para asegurar al hombre en ella, protegiendo la mejora y perfección de sus facultades físicas y morales, aumentando la esfera de sus goces y procurándole el más justo y honesto ejercicio de sus derechos.”

He aquí la justa representación del actual ideario del estado social, pero adaptado a los avances y desarrollos jurídicos y filosóficos vigentes dos siglos atrás.

Además de ese artículo es dable destacar el contenido de los artículos 152 (derecho a la propiedad, libertad y seguridad), 154 (igualdad ante la ley), 155 (disponibilidad de la propiedad obtenida como fruto del trabajo o la industria), 156 (entiende a la seguridad como la garantía y protección que cada miembro posee sobre su persona, derechos y propiedades), 167 (libertad de trabajo, cultura, empresa, industria o comercio, muestras patentes de la existencia de derecho prestacionales debidos por la naciente e independiente nación.

También enmarca en su artículo 191 que la constitución de los gobiernos federativos tiene como finalidad la felicidad común, la protección y seguridad de la ciudadanía en general y no para alimentar intereses particulares. Ahí mismo se lee un mandato inexpugnable para ellos y que con claras influencias de las gestas norteamericanas y francesas que le precedieron: “…El mejor de todos los gobiernos será el que fuere más propio para producir la mayor suma de bien y de felicidad…para procurar el bien público…”.

En lo particular de los derechos prestacionales, se infiere de la atribución otorgada al Poder Legislativo que el servicio de correos y vías de comunicación terrestres estaba considerado de interés nacional y en beneficio del pueblo.

No menos importantes son las referencias que sobre los aspectos estudiados encontramos en su CAPÍTULO IX, titulado DISPOSITIVOS GENERALES (hoy asimilables a las Disposiciones Transitorias y Finales), específicamente de su artículo 200, en el cual se evidencia el definitivo espíritu social de nuestra Primera República. Veamos en qué se justifica esta afirmación: su artículo 200 refiere a la incorporación aborigen al sistema educativo del cual estaban excluidos; el artículo 202 ratifica la abolición del comercio de esclavos el cual se había decretado el 14 de agosto de 1810; el artículo 203 revoca la clasificación o estratificación social creada para los denominados pardos y lo incorpora a la vida ciudadana; el artículo 204 elimina la existencia de títulos nobiliarios; el artículo 226 pauta una regla uniforme para el tratamiento del individuo otorgándole el de ciudadano como única denominación de los hombres libres de la naciente Nación.

En cuanto al ejercicio crítico que ocupa este trabajo, es claro que el espíritu del estado social estaba claramente presente y por ende el de los derechos prestacionales.

  1. A LA SOMBRA DE LAS ARMAS.

Con la caída de la Primera República y todo cuanto históricamente ocurrió después y en medio del fragor de la guerra de independencia, además de la sangre corrida, los cadáveres sepultados, los heridos socorridos, los sables blandidos, la pólvora quemada, mezclado todo con acuerdos y discrepancias altisonantes entre los republicanos, hubo mucho quehacer jurídico en búsqueda del restablecimiento de orden constitucional.

El 08 de mayo de 1817 ocurrió el muy despotricado “Congreso de Cariaco”, de la mano del Santiago Mariño a la cabeza, de Francisco Xavier Maiz, de Diego Bautista Urbaneja y, entre otros, del canónigo Cortés de Madariaga, con el cual se buscó restablecer el hilo constitucional roto en 1812 y, con un mapa oriental militarmente ventajoso para el bando patriota se establece un gobierno transitorio bajo el amparo de la Constitución de 1811, lo que equivale al reconocimiento íntegro del texto analizado en el aparte anterior.

El Libertador Simón Bolívar en nada simpatizó con la iniciativa de Cariaco, y encontrándose en pleno control y supremacía del movimiento republicano, asentó su centro de operaciones en la Guayana de entonces, y a partir del mismo año 1817 comenzó las maniobras político, militar y jurídica que culminan con la aprobación de la Constitución Política de Venezuela de 1819, sancionada en Angostura el 11 de agosto de ese año.

Antes es meritorio exaltar el célebre discurso de apertura pronunciado por Simón Bolívar ante el Congreso Constituyente de Angostura el 15 de febrero de ese año, y en el cual encontraremos claras menciones a los elementos que nos llevan a concluir sobre la presencia del ideal del estado social y de los derechos prestacionales, aunque sus intenciones fueron claras de acabar con el sistema político y de gobierno fijado por la Constitución de 1811.

La Constitución de 1819, nuevamente con el apoyo del jurista Roscio, parte también con un Preámbulo en el cual se destaca la frase: “…y deseando promover nuestra felicidad particular y contribuir activamente a la del género humano…”.

Seguidamente encontramos que su Título I establece la Sección Primera dedicada a los Derechos y Deberes del ciudadano, con lo cual su estructura brinda preponderancia y privilegio a dichos aspectos sobre cualquier otro. Sus artículos 1 (enunciación del derecho a la libertad, seguridad, la propiedad, la igualdad y la definición de seguridad general), 2 (definición de libertad), 7 (definición de seguridad), 12 (definición de propiedad), 13 (libertad de industria), 14 (libertad de oficio) y artículo 16 (definición de igualdad ante la Ley). Luego en su sección Segunda encontramos los Deberes de los ciudadanos, entre los cuales destaco su artículo 1 (priva el interés general sobre el particular) y 6 (reproche al ciudadano que no colabora con el logro de la felicidad general estableciendo que para ello cada individuo debe ocuparse de aumentar su trabajo, talentos e industria para contribuir con la prosperidad general).

El proyecto bolivariano de 1819 no quedó del todo completo. No fue aprobado la inclusión del Poder Moral, en el cual entraba el juego todo un aparte dedicado a la educación de la sociedad, concebido como todo un andamiaje diseñado para la prestación de tal servicio público.

La Constitución de 1819 es una constitución para la guerra, no para el romanticismo político. Por fuera quedaron menciones claras y específicas de naturaleza social que sí consiguieron cobijo en su antecesora. Todo parece quedar implícito en los principios antes enunciados y en el desarrollo legislativo que posteriormente se generara para asegurar la felicidad del pueblo.

Luego, con la Constitución de 1821[7] por medio de la cual se consolida el ideal bolivariano de unión regional conocido como “Colombia La Grande”, destaca en papel protagónico el espíritu integracionista del constituyente antes que el de tutelar los derechos del colombiano. Pasa a segundo plano, casi nulo el espíritu social que nació en 1811 cuando sólo su artículo 3 dedica menciones a los derechos a la libertad, la seguridad, la prosperidad y la igualdad de los ciudadanos, el cual es reflejo idéntico de parte de su Preámbulo.

Atribuye al Congreso la facultad de legislar en materia de educación pública, progreso de las ciencias, artes y establecimientos útiles. (art. 55.18)

En sus Disposiciones Generales (finales) encontramos relegado el derecho a la propiedad (177), libertad de empresa, oficio, arte o industria (178) y extinción de títulos nobiliarios (181). Así vemos como la tendencia constitucional de entonces sigue marcando el estilo y espíritu constituyente, exaltando la necesidad por lograr -antes que nada- la estabilidad integral de la república y relegando en importancia estructural al estado social.

Transcurrirán apenas 5 años cuando el proyecto integracionista de Bolívar hace aguas. Entre 1826 y 1830 se producirá el desmoronamiento del sueño bolivariano grancolombiano. 

  1. EL CAUDILLISMO Y LA APARICIÓN DEL ESTADO RESPONSABLE.

Con José Antonio Páez a la cabeza, el Congreso Constituyente de Valencia, el 22 de septiembre de 1830 aprueba la Constitución del Estado de Venezuela. En su Preámbulo destacan menciones alegóricas al tema que atendemos. Frases como “…establecer la justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, proveer la defensa común, promover la felicidad general…”, serán válidos para entender cuál es el sentido social que emprendía aquel estatuto.

Aparece por primera vez la calificación de “Estado Responsable” atribuida al Gobierno Venezolano (art. 6), expresión que entendemos subsume e involucra todo cuanto es deber de prestación para la nación hacia sus ciudadanos. Deberes u obligaciones que nuevamente pasan al penúltimo escalafón de interés del constituyente de 1830, estableciendo en sus artículos 188 (mención de los derechos a la libertad, seguridad, propiedad e igualdad definidos más luego en los artículos 189, 208, 209, 213 y 217).

Con no pocas modificaciones fue redactada la Constitución de 1857, de donde se destaca nuevamente la expresa prohibición de la esclavitud (art. 100) y la reubicación de la carta dedicada a los derechos individuales. Un año después se sanciona la Constitución de 1858, la cual rescata matices filosóficos y dogmáticos propios del estado social desde su mismo Preámbulo, además de que otorga un papel más protagónico a los Derechos Individuales ubicándolos a partir de su artículo 13 siendo los célebres derechos destacados en los textos previos, quedando por destacar el establecimiento por primera vez del voto directo[8].

Se produce la Guerra Federal y su finalización se pacta por medio del Tratado de Coche de 1863. Se procede entonces a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente el 24 de diciembre de ese mismo año. Pero antes de ello el entonces presidente de la República Juan Crisóstomo Falcón emite un Decreto con fecha 16 de agosto de 1863 “sobre los derechos individuales y las garantías de los venezolanos”.

La única explicación posible a que este evento ocurriera antes de la mismísima instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, la vamos a encontrar en las consecuencias devastadoras que produjo la Guerra Federal. No solo en cantidad de muertes, pueblos desolados, casas y edificios desbastados, sino a nivel de la pérdida del sentido social en la vida de la ciudadanía. Nuevamente la guerra hace de las suyas. El Decreto de Juan Crisóstomo Falcón lo que hace es reafirmar todo cuanto se estaba en vigencia de la Constitución de 1858 con los puntos antes exaltados en ella, sin mayores cambios ni innovaciones.

La labor constituyente del Congreso instalado en 1863 produjo la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela 1864, de la cual se destaca con total claridad la garantía del derecho a la vida y abolición de penas capitales (art. 14.1) y el renacer del derecho a la libertad de enseñanza y gratuidad de la misma (art. 14.12). Además, se desprende un gran avance a los efectos de la interpretación constitucional[9], ya que surge por primera vez la consagración del principio de no taxatividad, positivación y progresividad de las garantías individuales (art. 14.15). Esta misma carta política le atribuye a la Legislatura (dícese del aparato legislativo nacional), la creación de las oficinas de correo nacionales (art. 43.15).

Según ARRÁIZ LUCCA[10], con la eliminación de la pena de muerte para todos los delitos Venezuela previsto en este texto constitucional, nuestro país se pone a la vanguardia mundial a ese respecto al ser la primera que le otorga rango constitucional. Cómo no hablar de -al menos- un mínimo vestigio del estado social.

Con la llegada de Antonio Guzmán Blanco al poder en 1873, se produce un nuevo cambio constitucional. Se aprueba el 23 de mayo de 1874 la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. No hay cambios sustanciales que destacar en cuando a los derechos sociales ciudadanos, aunque existe un claro retroceso en materia política cuando se elimina el voto secreto.

El mismo Guzmán Blanco patrocinaría la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1881, con la cual solo pretendería cambios en la estructura del gobierno sin alteraciones que destacar en el presente trabajo. Destacable es su artículo 13, el cual establece por vez primera en nuestro recorrido histórico jurídico la fijación de claros principios de organización del Estado Federal. Dicho texto reza así: “…Art. 13. Los Estados de la Federación Venezolana se obligan…1°. A organizarse conforme a los principios de gobierno popular, electivo, federal, representativo, alternativo y responsable…23. A establecer la educación primaria y de las artes y oficios…”.

Diez años después se produce la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1891, patrocinada por el presidente Raimundo Andueza Palacios. Este texto de efímera vigencia propugnaba acabar con las intenciones continuistas del “Ilustre Americano”. En ella los derechos individuales no experimentan ninguna mejora o desmejora.

Esta Constitución fue derogada como consecuencia de la Revolución Legalista de Joaquín Crespo y mediante la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1893, publicada en Gaceta Oficial con fecha 05 de julio. En cuanto a los derechos de los ciudadanos (titulado DERECHOS DE LOS VENEZOLANOS), destaca la redacción del artículo 14.12 donde se evidencia la clara existencia del Derecho Prestacional a la Educación y su claro endoso al Poder Público cuando indica: “…El Poder Público queda obligado a establecer la educación primaria gratuita y de las artes y oficios…”.[11]  Además, encontramos que ratifica el principio de no taxatividad, positivación y progresividad de los derechos individuales (art. 15). También merece destacarse el contenido de su artículo 17, en el cual en materia de derecho individuales fija claramente -por primera vez- el principio de supremacía constitucional dejando entendido que ningún texto de inferior rango podrá contradecirla ni menoscabar aquellos derechos consagrados en su articulado. 

  1. ENTRE AUTORITARISMO, DICTADURAS Y PARPADEOS DEMOCRÁTICOS.

De revolución en revolución toca el turno a Cipriano Castro y su Revolución Restauradora, la cual haciendo honor a su nombre mediante decreto restauró la vigencia de la Constitución de 1893, cuya vigencia Ignacio “El Mocho” Andrade había interrumpido. Acto seguido ordena la conformación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de redactar y aprobar la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1901.

Su texto ofrece pocas modificaciones que deban destacarse en este trabajo, salvo un sensible retroceso en cuanto al derecho prestacional a la educación se refiere, ya que su artículo 17.12 se limita a garantizar la libertad de enseñanza, más eliminó cualquier tipo de mención clara sobre la responsabilidad pública de impartirla y garantizarla de forma gratuita. Ahora bien, quedará mucho de qué interpretar de una fórmula genérica establecida en el artículo 115 donde se deja a la competencia de los Estados Federales aquellas competencias que no estén expresamente atribuidas al gobierno federal. Minuciosa revisión de todas las constituciones entonces promulgadas para profundizar este estudio puede ser tarea futura.

En cuanto a derechos prestacionales se refiere, el artículo 54.6 otorga al Congreso la atribución de legislar sobre materia bancaria e institutos de crédito, y con la modernidad tecnológica e industrial de entonces aparecen con rango constitucional servicios que pasarían en el futuro a ser catalogados como “públicos”. El ejecutivo federal tiene atribuida la reglamentación del servicio de correos, telégrafos y teléfonos federales. Por lógica si el ejecutivo tiene facultades de reglamentar, es porque tales servicios pasaron a ser demandados por la población en cantidad y calidad tal que despertó el interés del constituyente. (art. 89.13)

Las ambiciones personalísimas de “El Cabito” lo llevan a impulsar una nueva Constitución de los Estados Unidos de Venezuela apenas en el año 1904. ARRAÍZ LUCCA[12] refiere que esta “nueva” constitución solo se hizo con la idea de modificar el período presidencial constitucional, y siendo conteste con esa afirmación, no hay otros cambios de significancia que destacar, salvo la desaparición de la atribución legislativa del Congreso en materia de bancos e institutos de crédito.

La silente transición ocurrida entre el “compadrazgo” de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez abrió la puerta a la gestión gubernamental más extensa de nuestra historia republicana. “El Benemérito” hizo sentir su poder por un período de 27 años y solo la muerte puso fin a su mandato, disfrazándolo de discontinuo mediante la aprobación de siete nuevas Constituciones: estas fueron las de 1909 (de la cual se destaca la inclusión, por primera vez, de la atribución del Congreso en legislar sobre materia sanitaria; art. 57.12), 1914 (aquí se incluye la facultad del Congreso de aprobar específicamente contratos para construir vías de comunicación; art. 58.10.b), 1922, 1925 (es destacable la atribución de la prestación de los servicios de policía, abastos, cementerios, ornamentación municipal, arquitectura civil, alumbrado público, acueductos, tranvías urbanos y servicio sanitario a las municipalidades [art. 18.1], se amplía la facultad del Congreso de aprobar contratos de construcción de vías férreas, cables aéreos de tracción, instalaciones telegráficas o inalámbricas y demás materias de interés nacional [art. 78.6]), 1928, 1929 y 1931.

Con la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935 se produce un período de transición política bajo la presidencia de Eleazar López Contreras. Se promulgó entonces la Constitución de lo Estados Unidos de Venezuela de 1936. Con ella el Estado mantiene las clásicas características que vienen endilgándosele desde décadas atrás. Se estatuye la educación primaria obligatoria y la que preste el Estado será gratuita. Es competencia del gobierno Federal los correos, telégrafos, teléfonos y comunicaciones inalámbricas, así como las vías férreas nacionales y los cables de tracción. Las municipalidades conservan las atribuciones antes comentadas en esta materia de derechos prestacionales.

Durante la presidencia de Isaías Medina Angarita, el día 05 de mayo de 1945 se produce la reforma del anterior texto constitucional y se promulga la Constitución de los Estado Unidos de Venezuela de 1945. En orden al eje central del presente trabajo referido al estado social y los derechos prestacionales no hay mayores modificaciones, aunque en otros ámbitos de carácter político significó un gran cambio en muchos aspectos.

Con la salida de Medina Angarita de la presidencia por vía del golpe de estado del 18 de octubre de 1945, se instala la Junta Revolucionaria de Gobierno cuyos integrantes proceden a emitir el Decreto N° 217, de fecha 15 de marzo de 1946 por medio del cual se promueven derechos y garantías individuales, con lo cual queda claro el momento de inestabilidad e inseguridad jurídica y ciudadana se vivía.

La Asamblea Nacional Constituyente instalada en 1946 redactó la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1947[13]. Se retoma con ella el dictado de un Preámbulo de donde se destaca que: “…La Nación Venezolana proclama como razón primordial de su existencia la libertad espiritual, política y económica del hombre, asentada en la dignidad humana, la justicia social y la equitativa participación de todo el pueblo es el disfrute de la riqueza nacional. De esa razón fundamental deriva la Nación sus funciones de defensa, de derecho, de cultura, para el logro de sus fines esenciales contenidos principalmente en la armonía, el bienestar y la seguridad social e individual de los venezolanos…”.

De su articulado destaco el contenido de sus Capítulos III (LA FAMILIA), IV (LA SALUD Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL), V (LA EDUCACIÓN), VI (EL TRABAJO), VII (LA ECONOMÍA NACIONAL) a lo largo de los cuales, por primera vez se establece con claridad y en repetidas oportunidades que el Estado “…en virtud de su función social…”, desarrolla derechos prestacionales íntimamente ligados con cada uno de sus respectivos títulos.

Esta nueva estructura de la redacción constitucional, tal como lo advierte BREWER CARÍAS[14] en beneficio de la tesis que aquí se presenta: “…Este texto, en la historia constitucional del país…desarrolla ampliamente los derechos sociales…”. Por lo tanto, es mucho más que una arquitectura jurídica diferente en su forma, sino que hay verdaderas innovaciones en el terreno de la tesis del estado social y de los consecuentes derechos prestacionales.

Con la salida anticipada de la presidencia por parte de Rómulo Gallegos como consecuencia del golpe de estado militar impetrado en su contra, así como luego de que Marcos Pérez Jiménez asumiera el control absoluto del poder y con ello la primera magistratura nacional, el día 15 de abril de 1953 se promulga la Constitución de los Estado Unidos de Venezuela de ese año. En su contenido se reducen ostensiblemente las referencias directas al término “derechos sociales” pero sin desconocerlos y desde su inicio se lee con claridad cómo la Carta Fundamental sirve de punto de apoyo para su proyecto político conocido como el “Nuevo Ideal Nacional”.

Estamos en presencia de un claro desmontaje de la visión amplísima que la constitución de 1947 dio al tema del estado social y de los derechos prestacionales. El constituyente de 1953 prefiere referirse a que el Estado está detrás de la búsqueda del “…mejoramiento de su medio físico y de las condiciones de sus habitantes, en un ambiente de armonía entre cuantos convivimos en su territorio…”, antes de hablar con contundencia de aspectos sociales.

Es posible que las tendencias evidenciadas tanto en la experiencia de 1947 como en la de 1953 estuvieran condicionadas a hechos contemporáneamente significantes: El fin de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la Organización de Naciones Unidas y el surgimiento de la Guerra Fría.

Derrocado Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, transcurrida la transición marcada por el mandato de la Junta Militar de Gobierno de la República de Venezuela instaurada ese mismo día, se convocará una Asamblea Nacional Constituyente encargada de redactar la vigésima quinta Constitución de nuestro país.

  1. EL PASADO MÁS RECIENTE Y EL HOY. 

Sancionada y promulgada la Constitución de República de Venezuela de 1961 el día 23 de enero de ese mismo año, volverá a imprimirse en su leit motiv aspectos de directa, clara y expresa vinculación con el estado social. Su Preámbulo sin coqueteos es enfático y directo cuando expresa que dicha carta fundamental se establece con el propósito de “…proteger y enaltecer el trabajo, amparar la dignidad humana, promover el bienestar general y lograr la seguridad social; lograr la participación equitativa de todos en el disfrute de la riqueza, según los principios de la justicia social, y fomentar el desarrollo de la economía al servicio del hombre…mantener la igualdad social y jurídica, sin discriminaciones derivadas de raza, sexo, credo o condición social…cooperar con las demás naciones…sobre la base del recíproco respeto de…la garantía universal de los derechos individuales y sociales de la persona humana[15]…sustentar el orden democrático…asegurar derechos y la dignidad de los ciudadanos…”.

Encontramos nuevamente una estructura del texto constitucional similar a la de 1947, donde se consagran capítulos especialmente dedicados a LOS DERECHOS INDIVIDUALES (el III), DERECHOS SOCIALES (el IV) y DERECHOS ECONÓMICOS (el V), en los cuales se consagran derechos de prestación a favor del ciudadano.

Con respecto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 cerramos el ciclo evolutivo de la noción del estado social. El contenido de su Exposición de Motivos, su Preámbulo y el mismísimo contenido del artículo 2 dan suficientes muestras de ello. Asimismo, este texto fundamental criticado por algunos de ser excesivamente reglamentario, es prolijo en la consagración de derechos prestacionales. Así se cierra el ciclo de la evolución ensayada con el presente trabajo.

CONCLUSIONES

Luego de analizada la Sentencia 85 del 24 de febrero de 2002 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se logró establecer un marco conceptual claro y suficiente sobre el estado social y los derechos prestacionales nos ofrece. Con ello se logró hilvanar el estudio crítico comparativo que se planteó ab initio.

Se logró precisar que, a diferencia de lo que el sentenciador someramente toca, nuestra historia constitucional republicana está plagada de rasgos evolutivos de la noción del estado social y de los derechos prestacionales.

Si trazamos gráfico lineal bidimensional, donde el factor horizontal es equis (x) y se corresponde con una línea de tiempo que parte desde el año 1810 y culmina en 1999, y el factor vertical ye (y) es una medición de intensidad imaginaria de previsión del estado social en nuestras constituciones, que podemos ponderar en términos porcentuales desde cero (0%) y hasta ciento por ciento (100%), lograremos un dibujo con evidentes y pronunciados picos y valles.

Los factores que incidieron en que ocurriera dicha fluctuación sobre el tema en referencia sin duda pasa por revisar los intereses individuales de los gobernantes de turno, a sus ideales, a sus políticas, sus ambiciones, sus creencias teológicas y hasta sus ideologías.

Pero de algo podemos estar seguros luego de la lectura de este breve bosquejo: El estado social y los derechos prestacionales siempre estuvieron presentes en la mayor o menor genialidad de los constituyentes de turno. En vano de puede silenciar esta situación.

Es impreciso atribuir a la Constitución de 1999 la innovación al respecto, cuando en el momento de mayor hervor histórico de los reclamos sociales a nivel mundial (finales del Siglo XVIII y mediados del Siglo XX), los venezolanos gozamos -una vez más- de un texto constitucional que se adaptaba a tales demandas globales. Es el caso de la Constitución de 1811 y la Constitución de 1947. En ambos casos es poco el esfuerzo hermenéutico por desenredar cualquier anudado contenido en los otros 25 textos constitucionales, buscando cualquier sentido similar al que nos interesa: la existencia de verdaderas pruebas de la evolución del estado social y los derechos prestacionales.

Queda claro que el sentenciador del 24 de enero de 2002 dio mayor relevancia a los aportes de otros hechos foráneos, silenciando nuestro acervo histórico constitucional tan plural y suficiente.  (más…)

SC: LA ADHESIÓN A LAS DECISIONES JUDICIALES NO ESTÁ PREVISTA COMO FIGURA JURÍDICA EN EL SISTEMA JUDICIAL VENEZOLANO; Y NO CONSTITUYE UN PROCEDIMIENTO PREVIO JUDICIAL PORQUE LAS SENTENCIAS SE ACATAN Y NO LE ES DADO A LAS PARTES ADHERIRSE A ELLAS.

SALA COSNTITUCIONAL SENTENCIA N°244 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2021

Declarada como fue la competencia de esta Sala y siendo la oportunidad procesal para resolver el caso de autos; de las actas procesales que conforman el expediente se constata lo siguiente:

1.- De la llamada “solicitud de amparo constitucional” presentada el 21 de septiembre de 2020, por la abogada Xiomara del Valle Díaz Fuentes, en su condición de defensora privada del ciudadano JORGE DEL CARMEN ROMERO RONDÓN.

La abogada Xiomara del Valle Díaz Fuentes, en su condición de defensora privada del ciudadano JORGE DEL CARMEN ROMERO RONDÓN, aún cuando denominó su escrito –vía correo electrónico- como un “amparo constitucional”, la Sala constata que realmente lo peticionado fue una adhesión a la decisión N° 0138/2020, mediante la cual esta Sala Constitucional revisó de oficio la medida privación de libertad acordada el 29 de septiembre de 2019 y, en su lugar, la sustituyó por una medida cautelar menos gravosa, a favor del ciudadano TOMÁS ANTONIO ARMAS GONZÁLEZ; petición esta que fue ratificada posteriormente y consignada personalmente.

Tal solicitud contiene fundamentalmente lo siguiente:

“Yo, XIOMARA DIAZ FUENTES, venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, domiciliada en Lechería, Jurisdicción del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, titular de la Cédula de Identidad No. 8.373.190, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (inpreabogado) de Venezuela bajo el N° 81.567; en el Colegio de Abogado del Estado Anzoátegui bajo el N°. 2.842, habilitada para actuar ante este Tribunal Supremo de Justicia, ex Artículo 324 del Código de procedimiento Civil  y 18 de La ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, bajo el Numero de Credencial SCC 309, Procediendo en este acto en mi calidad de ABOGADO PRIVADO del Ciudadano JORGE ROMERO RONDÓN titular de cédula de identidad N° V.-4.595.242., tal y como se evidencia del acta de nombramiento de defensor privado que se acompaña en copia simple identificada con la letra “A”, acudimos ante Usted a los fines de realizar las siguientes consideraciones:

Amparados en los dispositivos legales contenidos en el Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, nuestra Carta Magna y leyes de la República, solicito con carácter de urgencia ADHESIÓN A LA DECISIÓN 0138, EXPEDIENTE No. 19-0768, SOBRE el AVOCAMIENTO DE OFICIO DE ESTA MAGNA SALA; DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, en el asunto identificado con el número BP01-P-2019-002668 DE TRIBUNAL DE ORIGEN 01 DE CONTROL ESTADO ANZOÁTEGUI, referente al otorgamiento de medidas al coimputado TOMAS ARMAS GONZALEZ, adhesión que hago a los fines de que se pronuncie con respecto al Ciudadano JORGE DEL CARMEN ROMERO RONDÓN, plenamente identificado en actas. ES JUSTICIA QUE ESPERO A LA FECHA CIERTA DE SU PRESENTACIÓN JURANDO LA URGENCIA DEL CASO”.

Observa la Sala en el presente escrito que la ciudadana hace mención a una supuesta adhesión “ADHESIÓN A LA DECISIÓN 0138, EXPEDIENTE No. 19-0768, SOBRE el AVOCAMIENTO DE OFICIO DE ESTA MAGNA SALA; DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020”.

Ello así, la adhesión a las decisiones judiciales no está prevista como figura jurídica en el Sistema Judicial Venezolano; y no constituye un procedimiento previo judicial porque las sentencias se acatan y no le es dado a las partes adherirse a ellas.

El artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone lo siguiente: “La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias”; siendo evidente por lo tanto que las decisiones emanadas de todos los órganos de administración de justicia surten un efecto legal de cara a su efecto ejecutorio, sin que sea plausible que ningún ciudadano ostente la posibilidad de adherirse a ellas;  en razón de la cual tal pedimento es improponible en derecho. Así se declara.

1.1 Del efecto extensivo de la decisión N° 0138/2020, solicitado por la defensa privada del ciudadano JORGE DEL CARMEN ROMERO RONDÓN.

La solicitud contiene lo siguiente:

“Ahora bien como se puede apreciar nuestro representado JORGE DEL CARMEN ROMERO RONDÓN se encuentra en las mismas condiciones procesales que los ciudadanos TOMÁS ANTONIO ARMAS GONZÁLEZ y TOMÁS JOSÉ ELOY ARMAS MATA y le son aplicables idénticos motivos al estar siendo juzgados por idénticos delitos; circunstancia que han sido confirmada en la parte motiva de la Sentencia N° 0138 dictada en fecha 11/ 09/2020 por esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo  de Justicia, en aras de preservar el debido equilibrio e igualdad procesal, así como interpretar de manera uniforme las disposiciones que autorizan la restricción de la libertad y en garantía con el derecho constitucional a la libertad personal desarrollando a través de su jurisprudencia (vid. Sentencia N° 727 del 05 de junio de 2012).

 Por los mismos efectos, NUESTRO REPRESENTADO JORGE DEL CARMEN ROMERO RONDÓN es merecedor de una Medida Cautelar Sustitutiva de la Libertad por vía de Revisión de la Medida Judicial, y se puede corroborar que es un destacado arquitecto profesional que tiene arraigo en el país determinada por el domicilio y declaración de sus negocios aportado al momento del acto de individualización cuya dirección: Calle la Marina Cruce con Nueva Esparta Residencias ISAJOR, Piso 1, Apartamento N° 06,Lecherias Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, y tal como enfatiza la Decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las resultas del proceso pueden ser satisfechas con una medida de coerción personal menos gravosa tomando en consideración la presunción de inocencia y el estado de libertad que asiste q los imputados de autos, puesto que quedó desvirtuado la presunción de peligro de fuga y de obstaculización del proceso penal seguido en su contra ante la inexistencia en autos de algunas circunstancia que permita inferir que nuestro representado se evadirá del proceso penal seguido en su contra, máxime cuando la fase de investigación concluyó y fue presentada formal acusación por el Ministerio Público en contra de los imputados TOMÁS ANTONIO ARMAS GONZÁLEZ, BERLICE DE LOS ÁNGELES CASAÑAS GIL KAREN CAROLINA VARELA RÍOS Y TOMÁS JOSÉ ELOY ARMAS MATA y JORGE ROMERO RONDÓN.

En consecuencia, en ejercicio de la facultad y garantía de protección que nos brinda el Artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, disposición legal que permite resolver la cuestión de los hechos anteriormente expuesta; y, así mismo, para que pueda realizarse el Debido Proceso conforme al cual no se vea nuestro representado en la obligación de solicitar al Estado la reparación de la situación jurídica lesionada por retardo judicial u omisión injustificados tal como lo prevé el numeral 8 del artículo 49 Ejusdem; o bien no se vea nuestro representado en la obligación de denunciar la negación de justicia por la flagrante quebrantamiento del artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal y violación del artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por la omisión de un pronunciamiento judicial sobre el asunto peticionado; y para que el proceso pueda constituir el instrumento fundamental para la realización de la justicia como lo prevé el Artículo 257 de nuestra Carta Magna; para que se haga efectiva la garantía de una justicia sin dilaciones indebidas establecidas en el artículo 26 Ejusdem; y para que pueda también dársele contenido a la justicia como valor supremo del ordenamiento de la República como lo preconiza el Artículo 2 de nuestra Constitución, muy respetuosamente solicitamos de esta Magna Sala, se sirva acordar la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA en iguales condiciones que a los otros coimputados, de nuestro representado el ciudadano Arquitecto JORGE DEL CARMEN ROMERO RONDÓN, que podrá ser efectiva con las seguridades que amerita el caso y en concordancia con el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, ARTÍCULOS 83 Y 43 EJUSDEM, derecho a la salud y a la vida ARTÍCULO 429 CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL EFECTO EXTENSIVO, artículo 8 y siguientes ejusdem Derecho a ser juzgado en libertad.

En consecuencia teniendo como norte el principio de procesamiento en libertad acogido en el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal, y en base en la Sentencia N° 0138, dictada en fecha 11-09-2020, Expediente N° 19-0768, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Dra. CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, que guarda relación con la presente causa penal, en aras de salvaguardar el principio de Celeridad Procesal, a tenor de lo señalado del 250 Ejusdem, solicitamos la REVISIÓN DE LA MEDIDA JUDICIAL PREVENTIVA PRIVATIVA DE LIBERTAD acordada el 29 de septiembre de 2019 y en su lugar, sírvase decretar la medida sustitutiva de nuestro representado el Arquitecto JORGE DEL CARMEN ROMERO RONDÓN. EN IGUALES CONDICIONES aplicando lo consagrado en esta Sentencia 0138 de esta Magna Sala el 11 de septiembre de 2020 y el artículo 21 de nuestra Carta Constitucional…”. (Sic).

En cuanto al efecto extensivo, el artículo 429 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente:

“Cuando en un proceso haya varios imputados o imputadas, o se trate de delitos conexos, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos se extenderá a los demás en lo que les sea favorable, siempre que se encuentren en la misma situación y les sean aplicables idénticos motivos, sin que en ningún caso los perjudique”.

Como puede observarse, el efecto extensivo previsto en el artículo 429 del Código Orgánico Procesal Penal es una garantía judicial establecida por el legislador a favor del imputado que se encuentra en una situación jurídica donde existen varios partícipes a los cuales se les imputan los mismos hechos, siempre en idénticas condiciones, motivos y circunstancias.

En relación con el efecto extensivo, previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala mediante decisión N° 746 del 13 de junio de 2013, recaída en el caso: Mitchell Eduardo rodríguez Pérez y Jefferson Alfredo Baptista Sánchez, estableció:

“(…) En efecto, el artículo 438 (hoy artículo 429) del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para ese momento, establecía lo siguiente:

Artículo 438. Cuando en un proceso haya varios imputados o imputadas, o se trate de delitos conexos, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos se extenderá a los demás en lo que les sea favorable, siempre que se encuentren en la misma situación y les sean aplicables idénticos motivos, sin que en ningún caso les perjudique.

De acuerdo con lo que disponía la citada disposición normativa y, de igual modo, en la actualidad, por cuanto el señalado artículo 429 del texto adjetivo penal contiene idéntica previsión legal, los pronunciamientos favorables dictados a favor de la parte apelante respecto de la resolución del recurso de apelación, deben ser aplicados a los demás coimputados, aún cuando éstos no hayan recurrido, pero, siempre que existan idénticas circunstancias o que se encuentren en la misma situación.

 En tal sentido, cabe reiterar lo establecido por esta Sala en la sentencia n.° 1767, de fecha 10 de octubre de 2006, caso: Roger Torres Arellano, en la cual dispuso lo siguiente:

 (…) si bien la noción del proceso en “pro del reo”permite una especie de reformatio in melius, esto es, la garantía de la extensión favorable, desechando toda posibilidad de desmejora o reforma in peius, ello es posible siempre que, aun sin ser recurrente, el sujeto se encuentre en igual situación que aquél y le sean aplicables los mismos motivos. La exigencia de extensión favorable se liga siempre a que los motivos alegados por el recurrente coincidan con quien recurrió, así como el que se encuentren en la misma situación.

 El núcleo del beneficioso efecto extensivo no está en la garantía de la non reformatio, pues esta es exigible sin tal efecto. La comunicabilidad o extensibilidad de los efectos favorables de una decisión opera cuando ésta se dicta con ocasión de la apelación, siendo su fundamento el evitar que se produzcan fallos contradictorios. Así debe ser, de conformidad con la tutela judicial efectiva que se garantiza mediante el artículo 26 constitucional y con el derecho fundamental a la igualdad de las personas que establece el artículo 21 eiusdem.

 La previsión del artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal, que consagra los efectos extensivos del fallo, atiende a la posibilidad de la existencia -en el proceso penal- de pluralidad de partes, quienes se unen por un nexo que le es común, en razón de lo cual, si este nexo no existe o no produce los efectos jurídicos perjudiciales que se le atribuyen, tampoco existirá –dicho nexo- para los otros efectos conexos con los hechos, circunstancia que favorecerá aun a quienes no han sido partes en las causas donde se dictan los fallos firmes (Negritas y cursivas del fallo).

 De esta manera, si el recurso interpuesto es resuelto a favor del recurrente por causas inherentes solo a su persona, no resulta procedente el efecto extensivo del recurso, por cuanto, pese a que se trata de los mismos hechos, los demás partícipes en su comisión no se encuentran en la misma situación ni circunstancias”.

En el caso sub lite, observa la Sala que el ciudadano JORGE DEL CARMEN ROMERO RONDÓN fue acusado por la comisión de los delitos de extorsión agravada, previsto y sancionado en el artículo 16, en concordancia con el artículo 19 en sus numerales  2 y 4 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión; asociación agravada, previsto y sancionado en los artículos 27 y 37, con su agravante establecido en el artículo 29, numeral 9 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; y  terrorismo, tipificado en el artículo 52 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en grado de cooperador inmediato, según lo previsto en el artículo 83 del Código Penal.

Empero, el ciudadano TOMÁS ANTONIO ARMAS GONZÁLEZ fue acusado por los delitos de extorsión agravada, previsto y sancionado en el artículo 16, en concordancia con el artículo 19 en sus numerales  2 y 4 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión; asociación agravada, dispuesto en los artículos 27 y 37 con su agravante establecido en el artículo 29, numeral 9 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; y terrorismo, tipificado en el artículo 52 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en grado de coautor, según lo previsto en el artículo 83 del Código Penal.

En cuanto a los modos de participación, el artículo 83 del Código Penal establece lo siguiente:

“Artículo 83.- Cuando varias personas concurren a la ejecución de un hecho punible, cada uno de los perpetradores y de los cooperadores inmediatos queda sujeto a la pena correspondiente al hecho perpetrado. En la misma pena incurre el que ha determinado a otro a cometer el hecho”. (Subrayado y cursivas de esta Sala).

De acuerdo a la disposición sustantiva antes transcrita, tenemos que el coautor no es más que un perpetrador del hecho punible que concurre con otras personas quienes tienen igual dominio del hecho que se está cometiendo; y responde a título de autor.

Por su parte, el cooperador inmediato no realiza los actos típicos esenciales constitutivos del hecho, pero si presta su cooperación de tal forma que se hace esencial su participación en la ejecución del delito; pero en modo alguno el cooperador inmediato es un coautor pues no es protagonista del hecho o no se le puede imputar como propio; sino que es el sujeto que colabora en la realización del delito de forma directa o inmediata cooperando con el autor o coautores del hecho.

El procesado JORGE DEL CARMEN ROMERO RONDÓN, a quien se le atribuyeron los hechos a título de cooperador inmediato, a pesar de que se trata de los mismos hechos, se encuentra –tal y como ha quedado evidenciado en la acusación fiscal- en una situación jurídica distinta a la del coacusado TOMÁS ANTONIO ARMAS GONZÁLEZ, a quien se le atribuyeron los hechos a título de coautor; en razón de lo cual, esta Sala Constitucional declara sin lugar la aplicación del efecto extensivo de la decisión N° 0138/2020 a favor del  referido ciudadano. Así igualmente se declara.

2.- De la oposición formulada por el Ministerio Público el 22 de septiembre de 2020 a la decisión N° 0138/2020 dictada por esta Sala.

El Ministerio Público mediante escrito del 22 de septiembre de 2020, se opuso a la decisión N° 0138/2020, mediante la cual esta Sala revisó de oficio la medida de privación judicial preventiva de libertad al ciudadano TOMÁS ANTONIO ARMAS GONZÁLEZ; a cuyo efecto alegó lo siguiente:

La presunción de inocencia implica entonces: a) Que la declaratoria de responsabilidad de toda persona sujeta a un proceso sancionatorio, debe estar precedida, necesariamente, de la prueba de los hechos que se le imputan y que a aquella se le permita desvirtuar tales hechos, a través  de la apertura de un contradictorio, utilizando para ello todos los medios de prueba que respalden las defensas que considere pertinente esgrimir; b) Que a esa persona se le confiera un trato de inocente hasta que su responsabilidad haya sido legalmente declarada.

En el proceso Penal, la presunción de inocencia se desvirtúa  cuando el Juez  de juicio una vez examinados los argumentos de las partes y el acervo probatorio, ha obtenido un grado de certeza y con base en ello ha construido y declarando la culpabilidad del acusado. Para tal declaratoria, el órgano jurisdiccional debe haber previamente comprobado que el hecho es sustancialmente igual a la descripción fáctica establecida en la ley penal como presupuesto para una consecuencia jurídica (pena o medida de seguridad). Ello no es otra cosa que la operación mental denominada subsunción, es decir, la vinculación de un hecho con un pensamiento, a los fines de verificar si los elementos del pensamiento se reproducen en ese hecho.

Se materializa encuadrando un hecho bajo las categorías que configuran la teoría general del delito, a saber, acción jurídico- penal, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, así como también determinando la autoría (directa, coautoría o autoría mediata) y la concurrencia de dispositivos amplificadores de la responsabilidad penal, sean de naturaleza temporal (tentativa y frustración) o personal (inducción, cooperación  inmediata, complicidad necesaria y complicidad simple), todo ello a los fines de comprobar si ese hecho concreto ostenta las características esenciales de todo delito, claro está, una vez que se haya determinado cual es el tipo de la parte especial del código Penal –o de la legislación penal colateral-, que deba aplicarse al caso concreto. (Sentencia  nro. 1303/2005, del 20 de junio).

Los fallos que declaran la culpabilidad de una persona son las sentencias condenatorias, siendo el Juez de Juicio el competente para dictarlas, salvo que los casos en que el imputado haya admitido los hechos – lo cual no ha ocurrido en el caso de autos- en una fase anterior a la de juicio, en cuyo caso la emisión de dicho fallo le corresponderá al Juez de Control.

En sintonía con lo anterior se desprende que el legislador penal estableció que los justiciables a quienes se les instaure asunto penal por algún delito puedan acudir, ante el órgano jurisdiccional a los fines de solicitarle la revisión y cambio de la medida inicialmente decretada, bien sea porque i) estiman que la misma resulta desproporcionada con el hecho acaecido objeto del proceso; ii) o bien porque existe una circunstancia nueva que haga variarlos motivos que se tomaron en cuenta para  decretar la medida de privación judicial preventiva de libertad, de modo tal que permiten la imposición de una medida menos gravosa , por lo que, verificados estos supuestos, el juez o jueza competente puede proceder a sustituir la medida privativa de libertad por otra menos gravosa, lo cual no ocurrió en el presente caso.

En el presente caso, la Sala Constitucional, conociendo por avocamiento, revisó la medida y decidió modificar la misma, no habiendo cambiado las condiciones de modo tiempo y lugar que ameritaron sea dictada la sustitutiva de la medida privativa de libertad, y será en  la fase procesal correspondiente que se decida lo conducente.

Aunado a lo anterior, se procede a citar el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece: (…)

PETITORIO

En atención al análisis precedente, el Ministerio Público solicita se admita y tramite la presente oposición y se modifique la medida sustitutiva de libertad, menos gravosa, concedida al ciudadano TOMÁS ANTONIO ARMAS en la sentencia de fecha 11 de septiembre de 2020, por cuanto no han variado los motivos que se tomaron en cuenta para decretar la medida de privación judicial preventiva de libertad”.

Ahora bien, esta Sala Constitucional observa que el 22 de septiembre de 2020, el Ministerio Público presentó escrito de oposición a la decisión N° 0138 de fecha 11 de septiembre del mismo año, mediante la cual revisó de oficio la medida privativa de libertad dictada contra el ciudadano TOMÁS ANTONIO ARMAS GONZÁLEZ y la sustituyó por una medida cautelar menos gravosa ordenando así su inmediata libertad; oposición esta que se basó fundamentalmente en que las condiciones de hecho y de derecho no han variado y, por lo tanto, el referido acusado debía seguir el proceso privado preventivamente de su libertad.

Asimismo, en el acto jurisdiccional N° 0138/2020, objeto de la presente oposición, esta Sala Constitucional estableció de manera clara y precisa lo siguiente:

“Visto que, el solicitante ciudadano TOMÁS ANTONIO ARMAS GONZÁLEZ se encuentra en las mismas condiciones procesales que el ciudadano Tomás José Eloy Armas Mata y le son aplicables idénticos motivos al estar siendo juzgados por idénticos delitos; esta Sala Constitucional, en aras de preservar el debido equilibrio e igualdad procesal, así como interpretar de manera uniforme las disposiciones que autorizan la restricción de la libertad, y en garantía con el derecho constitucional a la libertad personal desarrollado a través de su jurisprudencia (vid.  Sentencia Nº 727 del 05 de junio de 2012).

Visto que en el caso sub lite al momento del acto de individualización aportó su domicilio, a saber: Calle IV, Casa N° 12 Urbanización Boyacá II, en Barcelona, Estado Anzoátegui, y máxime cuando la fase de investigación concluyó y fue presentada formal acusación en contra del ciudadano TOMÁS ANTONIO ARMAS GONZÁLEZ, desvirtuándose con ello el peligro a la obstaculización del proceso penal seguido en su contra. Esta Sala Constitucional considera que las resultas del proceso pueden ser satisfechas con una medida de coerción personal menos gravosa, tomando en consideración la presunción de inocencia y el estado de libertad que asiste al imputado de autos. Advirtiéndose que el referido ciudadano es abogado en ejercicio como medio de subsistencia, presentando arraigo en el país, ante la inexistencia en autos de alguna circunstancia que permitan inferir que el referido ciudadano se evadirá del proceso penal seguido en su contra.

En consecuencia, teniendo como norte el principio del procesamiento en libertad acogido en el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal en aras de salvaguardar el principio de celeridad procesal, a tenor de lo señalado en el 250 eiusdem, esta Sala Constitucional REVISA DE OFICIO la medida privación de libertad acordada el 29 de septiembre de 2019 y, en su lugar, DECRETA dos (2) medidas cautelares sustitutivas, a favor del ciudadano TOMÁS ANTONIO ARMAS GONZÁLEZ, (…) a quien se le procesa por la presunta comisión de los delitos de Extorsión Agravada, previsto y sancionado en el artículo 16, en concordancia con el artículo 19 (numerales 2 y 4) ambos de la Ley Orgánica contra la Extorsión y el Secuestro; Asociación para Delinquir Agravada y Terrorismo tipificados en el artículo 37 con la agravante establecida en el artículo 29 (numeral 9), y en el artículo 52 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, cometidos en perjuicio del Estado Venezolano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 (numerales 3 y 4) del Código Orgánico Procesal Penal, consistentes en la presentación periódica ante el Tribunal de Control cada treinta (30) días y la prohibición de salir sin autorización del país”.

Como puede observarse, las consideraciones efectuadas por el Ministerio Público para oponerse a la decisión N° 0138/2020 no resultan aplicables al caso que aquí se analiza, pues, la Sala dentro de su potestad de juzgamiento, expresó las razones de hecho y de derecho por las cuales consideró revisar de oficio la medida de privación judicial preventiva de libertad que recayó sobre el acusado TOMÁS ANTONIO ARMAS GONZÁLEZ, al constatarse del expediente original una variante procesal consistente en que el mencionado ciudadano se encuentra en las mismas condiciones procesales y le son aplicables idénticos motivos al estar siendo juzgado por idénticos delitos que el otro procesado, el ciudadano Tomás José Eloy Armas Mata –a quien le fue acordada una medida cautelar sustitutiva en la primera instancia penal-; potestad ejercida en aras de preservar el debido equilibrio e igualdad procesal, así como interpretar de manera uniforme las disposiciones que autorizan la restricción de la libertad, y en garantía con el derecho constitucional a la libertad personal desarrollado a través de su jurisprudencia (vid.  Sentencia Nº 727 del 05 de junio de 2012).

Corolario de lo anterior, esta Sala Constitucional declara sin lugar la oposición formulada por el Ministerio Público, el 22 de septiembre de 2020 a la decisión N° 0138/2020 dictada por esta Sala, mediante la cual revisó de oficio la medida privativa de libertad dictada contra el ciudadano TOMÁS ANTONIO ARMAS GONZÁLEZ y la sustituyó por una medida cautelar menos gravosa ordenando así su inmediata libertad. Así  se decide.

3.- Del efecto extensivo de la decisión N° 0138/2020, solicitado por la defensa privada de la ciudadana BERLICE DE LOS ÁNGELES CASAÑAS GIL.

La defensa privada de la ciudadana BERLICE DE LOS ÁNGELES CASAÑAS mediante escrito del 29 de septiembre de 2020 y ratificado los días 08 y 13 de octubre de 2020, por el abogado Christopher Daniel Zamora Fernández, inscrito en el Instituto Previsión de abogado N° 92.536, solicitó ante esta Sala  el efecto extensivo de la sentencia N° 0138, de fecha 11 de septiembre de 2020, en los siguientes términos:

en el mes de diciembre del año 2019, el ciudadano Tomas Antonio Armas González interpuso recurso extraordinario de avocamiento ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia exp TSJ- 0768-2019, con ocasión a las violaciones Constitucionales, en la investigación penal MP-146766-2019, nomenclatura del Ministerio Público y BP01-P-2019-02668, nomenclatura del Tribunal Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control, del Primer Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial  del Estado Anzoátegui, Extensión Barcelona y la Sala mediante decisión 037 de fecha 19 de febrero de 2020, se avoco al conocimiento de la causa  BP01-P-2019-002668. En el mes de marzo de 2020, fue suspendida y elevada a la Sala Constitucional la causa BP01-P-2019-02668.

(…)

Ahora bien, esta Sala Constitucional, en fecha 11 de septiembre de 2020 mediante sentencia 0138, teniendo como norte el principio de procesamiento en libertad  acogido en el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal y en aras de salvaguardad (sic) el principio de celeridad procesal a tenor de lo establecido en el artículo 250 eiusdem, REVISO DE OFICIO LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, decretada en contra del ciudadano TOMAS ANTONIO ARMAS GONZALEZ en fecha 29 de septiembre de 2019 y acordó medidas Cautelare Sustitutivas, de las establecidas en el artículo 242 numerales 3 y 4 del código Orgánico Procesal Penal en virtud de la igualdad de condición procesal, por ser aplicables idénticos motivos al estar siendo juzgado por idénticos delitos que el ciudadano Tomas José Eloy Armas Mataa cual en fecha 28 de noviembre de 2019 le fue sustituida la medida de la privación Judicial Preventiva de libertad, decretada en su contra el 29 de septiembre de 2019, por el Juzgado Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del primer Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, extensión Barcelona, por la Medida Cautelar Sustitutiva contenida en el numeral 9 del artículo 242, del Código Orgánico Procesal Penal, en aras de preservar el debido equilibrio e igualdad procesal así como interpretar de manera uniforme las disposiciones que autorizan las restricción (sic) de la libertad, y en garantía con el derecho constitucional a la libertad personal desarrollada a través de su jurisprudencia(vid. Sentencia 727 del 05 de junio de 2012).

Es el caso que el escrito de adhesión de mi representada Berlice Casañas, de fecha 05 de Marzo, se denuncia en el sexto numeral la violación constitucional al Principio de igualdad entre las partes , discriminación, parcialidad y violación al debido proceso (artículo 21, 26 y 49 Constitucionalartículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal. (Folio 59 y 60 del escrito de adhesión) ‘se violó el principio Procesal de igualdad entre las partes el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, y por ende la garantía Constitucional de igualdad entre las partes y la prohibición  de Discriminación y Parcialidad, ya que en diciembre de 2019, le fue concedida al coimputados (sic) TOMAS JOSÉ ELOY ARMAS MATA, una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, de las establecidas en el artículo 242 numeral 9, del Código Orgánico Procesal Penal, sin más condición que la de presentarse cuando sea requerido por el Tribunal, acusado este que al igual que mi representada, fue objeto de una privación ilegítima de la libertad y fue imputado por los mismos delitos EXTORSIÓN AGRAVADA, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA Y TERRORISMO, y con el mismo grado de participación COAUTOR , que mi representada’’ Nos acogemos al principio de igualdad Constitucional y Procesal, le sea decretada la libertad plena a mi representada o en su defecto le sea revisada la Medida Privativa de Libertad por una MEDIDA CUATELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, de las establecidas en el artículo 242, del Código Orgánico Procesal Penal, con la finalidad de que pueda dar cumplimiento a los tratamiento y regímenes de consulta, terapias y rehabilitación que con carácter de Urgencia fueron ordenadas por el médico especialista que atiende su condición de enfermedad degenerativa, así como asistir a su médico de confianza los cuales se encuentra en el estado Bolívar. Por tener mi representada la misma condición jurídica que el ciudadano Tomás Eloy Armas Mata, por tener los mismos delitos y el mismo grado de participación”.

Ahora bien, la Sala observa que el Ministerio Público acusó a la ciudadana BERLICE DE LOS ÁNGELES CASAÑAS GIL, por la presunta comisión de los delitos de extorsión agravada, previsto y sancionado en el artículo 16, en concordancia con el artículo 19 en sus numerales  2, 4, 5, 6 y 7 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión; asociación agravada, previsto y sancionado en los artículos 27 y 37 con su agravante establecido en el artículo 29, numeral 2, 9 y 10, de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; y terrorismo, tipificado en el artículo 52 en relación con el artículo 4 eiusdem, en grado de coautor, según lo previsto en el artículo 83 del Código Penal.

En la acusación de los ciudadanos TOMÁS ANTONIO ARMAS GONZÁLEZ, TOMÁS JOSÉ ELOY ARMAS y JORGE DEL CARMEN ROMERO RONDÓN, fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de extorsión agravada, previsto y sancionado en el artículo 16, en concordancia con el artículo 19, numerales 2 y 4 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión; asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37, con la agravante establecida en el numeral 9 de la Ley Orgánica contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; y terrorismo, tipificado en el artículo 52 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Con respecto al efecto extensivo solicitado por la defensa privada de la mencionada ciudadana, el artículo 429 del Código Orgánico procesal Penal indica lo siguiente:

“Cuando en un proceso haya varios imputados o imputadas, o se trate de delitos conexos, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos se extenderá a los demás en lo que les sea favorable, siempre que se encuentren en la misma situación y les sean aplicables idénticos motivos, sin que en ningún caso los perjudique”.

En relación con el efecto extensivo, esta Sala mediante decisión N° 746 del 13 de junio de 2013, recaída en el caso: Mitchell Eduardo rodríguez Pérez y Jefferson Alfredo Baptista Sánchez, estableció:

“(…) En efecto, el artículo 438 (hoy artículo 429) del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para ese momento, establecía lo siguiente:

  Artículo 438. Cuando en un proceso haya varios imputados o imputadas, o se trate de delitos conexos, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos se extenderá a los demás en lo que les sea favorable, siempre que se encuentren en la misma situación y les sean aplicables idénticos motivos, sin que en ningún caso les perjudique.

 De acuerdo con lo que disponía la citada disposición normativa y, de igual modo, en la actualidad, por cuanto el señalado artículo 429 del texto adjetivo penal contiene idéntica previsión legal, los pronunciamientos favorables dictados a favor de la parte apelante respecto de la resolución del recurso de apelación, deben ser aplicados a los demás coimputados, aún cuando éstos no hayan recurrido, pero, siempre que existan idénticas circunstancias o que se encuentren en la misma situación.

En tal sentido, cabe reiterar lo establecido por esta Sala en la sentencia n.° 1767, de fecha 10 de octubre de 2006, caso: Roger Torres Arellano, en la cual dispuso lo siguiente:

 (…) si bien la noción del proceso en “pro del reo” permite una especie de reformatio in melius, esto es, la garantía de la extensión favorable, desechando toda posibilidad de desmejora o reforma in peius, ello es posible siempre que, aun sin ser recurrente, el sujeto se encuentre en igual situación que aquél y le sean aplicables los mismos motivos. La exigencia de extensión favorable se liga siempre a que los motivos alegados por el recurrente coincidan con quien recurrió, así como el que se encuentren en la misma situación.

 El núcleo del beneficioso efecto extensivo no está en la garantía de la non reformatio, pues esta es exigible sin tal efecto. La comunicabilidad o extensibilidad de los efectos favorables de una decisión opera cuando ésta se dicta con ocasión de la apelación, siendo su fundamento el evitar que se produzcan fallos contradictorios. Así debe ser, de conformidad con la tutela judicial efectiva que se garantiza mediante el artículo 26 constitucional y con el derecho fundamental a la igualdad de las personas que establece el artículo 21 eiusdem.

 La previsión del artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal, que consagra los efectos extensivos del fallo, atiende a la posibilidad de la existencia -en el proceso penal- de pluralidad de partes, quienes se unen por un nexo que le es común, en razón de lo cual, si este nexo no existe o no produce los efectos jurídicos perjudiciales que se le atribuyen, tampoco existirá –dicho nexo- para los otros efectos conexos con los hechos, circunstancia que favorecerá aun a quienes no han sido partes en las causas donde se dictan los fallos firmes”. (Negritas y cursivas del fallo).

En el caso sub lite, la acusada BERLICE DE LOS ÁNGELES CASAÑAS GIL a pesar de que se trata de los mismos hechos, se encuentra –tal y como ha quedado evidenciado en la acusación fiscal- en una situación jurídica distinta a la del coacusado TOMÁS ANTONIO ARMAS GONZÁLEZ; en razón de lo cual esta Sala Constitucional declara sin lugar la aplicación del efecto extensivo de la decisión N° 0138/2020 a favor de la referida ciudadana. Así se declara.

4.- De la solicitud de amparo constitucional solicitado por el abogado Christopher Daniel Zamora Fernández, en su condición de defensor privado de la ciudadana BERLICE DE LOS ÁNGELES CASAÑAS GIL.

El 20 de noviembre de 2020, el abogado Christopher Daniel Zamora Fernández, en su condición de defensor privado de la ciudadana Berlice de los Ángeles Casañas Gil, fundamentó su acción de amparo por omisión de pronunciamiento y hábeas corpus en los alegatos que a continuación esta Sala resume:

Que su representada ha sido objeto de distintas infracciones constitucionales con ocasión a diversas “(…) ACTUACIONES JUDICIALES, POR OMISION DE PRONUNCIAMIENTO, Y DE HABEAS CORPUS… en razón de una privación ilegítima, y por todas las violaciones a los derechos y garantías constitucionales en perjuicio de mi representada que han sido lesionados y amenazan seguir siendo lesionados, tanto por el Ministerio Publico (sic) como por el Tribunal Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Primer Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, extensión Barcelona, por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, y la Sala Constitucional, específicamente ´la ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchan (sic)´, y de conformidad con la sentencia Numero (sic) 138, de fecha 11 de septiembre de 2020, por el Principio de Igualdad Procesal, la cual fue decretada en la misma causa de mi representada”.

Para fundamentar la acción de amparo constitucional, la parte actora hace una relación de los hechos que dieron origen al proceso penal en contra de su representada y que motivó la solicitud de avocamiento sometida a la consideración de esta Sala Constitucional; y sobre las mismas circunstancias basó la solicitud de amparo.

Afirmó que interpone el amparo por omisión de pronunciamiento en contra de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán con ocasión a “… las violaciones constitucionales al debido proceso, al derecho a la defensa a la Tutela Judicial Efectiva, a la Libertad Personal, a la Propiedad Privada, al Derecho Constitucional de la Salud, y a la Vida, al Principio de Progresividad sin Discriminación, al goce y ejercicio irrenunciable  e interdependiente de los Derechos Humanos, Principio de Igualdad entre las partes, Discriminación, Parcialidaden perjuicio de mi representada, en virtud de la Práctica de Procesos y Pruebas Ilícitas, como son Entrega Vigilada e Incautación Ilícita, intercepción Ilícita de Comunicaciones Privadas, Grabación Ilícita de Comunicaciones Privadas Declaraciones Ilícitas, Privación Ilegítima, Falta de Motivación de la Decisión y Violación a la Ley por falta de aplicación y errónea interpretación, Impedimento o Negativa a su Derecho de Probar, Incautación Ilícita, Deterioro y problemas de Salud como consecuencia de una Privación Ilegítima, concesión de Medidas Cautelares algunos imputados, con las mismas condiciones y calificación jurídica, así como mismos grados de participación, según el escrito de acusación, imparcialidad de la representación Fiscal, del Juez de Primera Instancia y la Magistrada de la Corte de Apelación así las víctimas y algunos acusados, en el proceso”.

Finalmente, el accionante solicitó lo siguiente: “se sirva AMPARAR la LIBERTAD  Y SEGURIDAD PERSONAL de la ciudadana BERLICE DE LOS ANGELES CASAÑAS GIL, y en consecuencia expedir a su favor MANDATO JUDICIAL DE HABEAS CORPUS, a fin de restablecer la situación jurídicamente infringida, y sea ORDENADA de inmediato LA LIBERTAD de la ciudadana BERLICE CASAÑAS, a cuyos efectos solicito igualmente, sea librado la correspondiente (BOLETA DE EXCARCELACION) (sic) con las inserciones a que hubiere lugar”.

Asimismo, la parte accionante fundamenta su pretensión de amparo constitucional en los artículos 2, 26, 27, 44, 49, 51, 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los artículos 1, 2, 4, 38, 39 y 42 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Como se indicó anteriormente, el abogado Christopher Daniel Zamora Fernández, en su condición de defensor privado de la ciudadana Berlice de los Ángeles Casañas Gil, mediante escrito, ejerció el amparo constitucional por omisión de pronunciamiento y hábeas corpus en protección de sus derechos constitucionales, referidos a “… al debido proceso, al derecho a la defensa a la Tutela Judicial Efectiva, a la Libertad Personal, a la Propiedad Privada, al Derecho Constitucional de la Salud, y a la Vida, al Principio de Progresividad sin Discriminación, al goce y ejercicio irrenunciable  e interdependiente de los Derechos Humanos, Principio de Igualdad entre las partes, Discriminación, Parcialidad…”; tutela constitucional invocada con ocasión a una solicitud de avocamiento presentada ante esta Sala Constitucional el 19 de diciembre de 2019, por los abogados Néstor Luis Castellano Molero y Andrés Ulises Bravo Orozco, en su carácter de defensores privados del ciudadano Tomás Antonio Armas González, de la causa penal identificada con el alfanumérico BP01-P-2019-002668, que cursa ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control Estadal y Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, extensión Barcelona; misma causa penal donde también es procesada su representada, la ciudadana Berlice de los Ángeles Casañas Gil.

Al respecto, esta Sala preliminarmente observa en el caso de autos que la tutela constitucional invocada fue interpuesta contra el Ministerio Público, contra un Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, contra la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal y contra la sentencia N° 138/2020 dictada de manera oficiosa por esta Sala Constitucional y suscrita por la totalidad de los Magistrados que la integran, cuya ponencia correspondió a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán; siendo entonces que si bien se menciona expresamente en el escrito libelar como agraviante a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, esta Sala considera que la parte actora tildó como agraviantes a los Magistrados que integran esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Ahora bien, aun cuando la parte accionante señaló como agraviantes a distintas categorías de órganos jurisdiccionales, circunstancia que lleva a considerar a esta Sala que estaríamos ante una inepta acumulación de pretensiones; se observa que, la tutela constitucional fue interpuesta también –aun cuando se hace mención expresa solo de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán-, contra los Magistrados que integran la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; al señalar como lesiva la sentencia N° 0138 proferida el 11 de septiembre de 2020, en el expediente N° 19-0768, mediante la cual se “… REVISA DE OFICIO la medida privación de libertad acordada el 29 de septiembre de 2019 y, en su lugar, DECRETA dos (2) medidas cautelares sustitutivas, a favor del ciudadano TOMÁS ANTONIO ARMAS GONZÁLEZ, de nacionalidad venezolana, soltero, titular de la cedula de identidad N° 13.164.961, profesión abogado, residenciado en la Calle IV, Casa N° 12 Urbanización Boyacá II, en Barcelona Estado Anzoátegui, a quien se le procesa por la presunta comisión de los delitos de Extorsión  Agravada, previsto y sancionado en el artículo 16, en concordancia con el artículo 19 (numerales 2 y 4) ambos de la Ley Orgánica contra la Extorsión y el Secuestro; Asociación para Delinquir Agravada y Terrorismo tipificados en el artículo 37 con la agravante establecida en el artículo 29 (numeral 9), y en el artículo 52 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, cometidos en perjuicio del Estado Venezolano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 (numerales 3 y 4) del Código Orgánico Procesal Penal, consistentes en la presentación periódica ante el Tribunal de Control cada treinta (30) días y la prohibición de salir sin autorización del país (…)”; debiendo acotarse que, la totalidad de los Magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia son quienes también la integran y suscriben mayoritariamente sus decisiones, a los fines de revestirlas de la legitimidad y la cosa juzgada, respectivas.

Ello así, se observa que el numeral 6 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone lo siguiente:

“Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:

 (…)

 6) Cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia”.

Por su parte, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a la letra dice lo siguiente:

“Artículo 3. El Tribunal Supremo de Justicia es el más alto tribunal de la República; contra sus decisiones, en cualquiera de sus Salas, no se oirá, ni admitirá acción ni recurso alguno, salvo lo que se dispone en la presente Ley”.

 Así entonces, esta Sala debe reiterar el precedente judicial contenido en la sentencia N°  395 del 14 de mayo de 2014, donde se estableció lo siguiente:

“El artículo 6, numeral 6, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que: “No se admitirá la acción de amparo: (…) 6. Cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia.

Ello es así, por cuanto, dentro de la configuración de los tribunales de la República, el Tribunal Supremo de Justicia (antes Corte Suprema de Justicia) es el máximo órgano rector del Poder Judicial y goza de autonomía funcional, financiera y administrativa (Cfr. artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia), y, por tanto, sus decisiones no están sujetas a control de ningún otro órgano, por estar el mismo en la cúspide del Poder Judicial.

En este orden de ideas, el Tribunal Supremo de Justicia funciona, tal y como lo dispone el artículo 262 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala Plena y en las Salas: Constitucional, Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social; razón por la cual, dentro de la estructura de este Máximo Tribunal, no se encuentra una Sala que tenga preeminencia sobre el resto de las mismas, ya que, tal como quedó expuesto, todas las Salas conservan el mismo grado de jerarquía dentro de dicho órgano, atendiendo a las materias que le competen a cada una de ellas.

Adicionalmente, cabe acotar que dentro de las atribuciones conferidas a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia contenidas en los artículos 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, no se encuentra facultad alguna de dicha Sala para controlar las decisiones del resto de las Salas que integran el Tribunal Supremo de Justicia.

Por su parte, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone que: ‘El Tribunal Supremo de Justicia es el más alto Tribunal de la República, contra sus decisiones, en cualquiera de sus Salas, no se oirá, ni admitirá acción ni recurso alguno, salvo lo que se dispone en la presente Ley´.

De esta manera, esta Sala reitera el criterio referido a la causal de inadmisibilidad en cuestión contenido, entre otras, en la sentencia n.° 356, de fecha 23 de marzo de 2001, caso: Isabel Valdivia Rivera, en la cual se estableció lo siguiente:

De la anterior disposición, emerge claramente que durante la existencia de la Corte Suprema de Justicia, no resultaba posible la interposición de acciones de amparo en contra de las decisiones proferidas por sus distintas Salas. En el mismo sentido, si bien es cierto que a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la estructura del Poder Judicial fue modificada sustancialmente respecto del régimen constitucional anterior, no encuentra esta Sala motivo alguno para suponer que la norma parcialmente transcrita contravenga las disposiciones contenidas en la novísima Carta Magna; por lo que de conformidad con la disposición derogatoria única (…) aquella conserva su plena vigencia.

En tal sentido, resulta innegable que no es posible el ejercicio de la acción de amparo constitucional contra sentencias dictadas por este Máximo Tribunal en cualquiera de sus Salas, salvo la competencia que esta Sala Constitucional tiene, en ejercicio de la potestad prevista en el artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de revisar las sentencias dictadas por las otras Salas de este Alto Tribunal, mediante la interposición de una solicitud de revisión en los términos establecidos por esta Sala en la sentencia n.° 93, del 06 de febrero de 2001, caso: Corpoturismo, y de las sentencias definitivamente firme en las que se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad (Cfr. artículo 25, numeral 12, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).

 Así, en atención a las disposiciones normativas señaladas, y a la jurisprudencia reiterada de esta Sala, la acción de amparo interpuesta es inadmisible, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 6, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.

Finalmente, esta Sala, en virtud de que las decisiones judiciales también cumplen un fin didáctico y en procura de la perjudicial tendencia del foro de recurrir a la acción de amparo, pese, a la expresa disposición legal contenida en el señalado artículo 6, numeral 6, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, disposición normativa que esta Sala ha analizado ampliamente en numerosos fallos, no puede dejar de advertir que con dicha práctica forense se pretende convertir la protección constitucional en una suerte de correctivo de carácter ilimitado, en menoscabo de las demás acciones y recursos legalmente establecidos, como lo sería la solicitud de revisión, cuya competencia, tal y como se indicó precedentemente, si corresponde a esta Sala Constitucional en ejercicio de la potestad prevista en el artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”.

De conformidad con lo antes expresado, no es posible el ejercicio de acciones de amparo contra decisiones u omisiones de este Tribunal Supremo de Justicia, en cualquiera de sus Salas. Así entonces, vista la prohibición expresa de la ley que rige la materia del amparo constitucional, respecto del ejercicio de la acción de amparo contra las sentencias, actuaciones u omisiones de alguna de las Salas de este máximo organismo jurisdiccional, se concluye que la tutela constitucional invocada resulta inadmisible, toda vez que ésta tiene por objeto impugnar una decisión dictada por esta Sala Constitucional, la cual constituye una de las Salas que conforman este Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se señalan como presuntos agraviantes a los Magistrados que integran la referida Sala; todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

No obstante lo anterior, esta Sala no puede soslayar el hecho de que la parte accionante en su escrito libelar haya efectuado el señalamiento siguiente: “(…)que interpone el amparo por omisión de pronunciamiento en contra de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán con ocasión a ‘… las violaciones constitucionales al debido proceso, al derecho a la defensa a la Tutela Judicial Efectiva, a la Libertad Personal, a la Propiedad Privada, al Derecho Constitucional de la Salud, y a la Vida, al Principio de Progresividad sin Discriminación, al goce y ejercicio irrenunciable  e interdependiente de los Derechos Humanos, Principio de Igualdad entre las partes, Discriminación, Parcialidaden perjuicio de mi representada, en virtud de la Práctica de Procesos y Pruebas Ilícitas, como son Entrega Vigilada e Incautación Ilícita, intercepción Ilícita de Comunicaciones Privadas, Grabación Ilícita de Comunicaciones Privadas Declaraciones Ilícitas, Privación Ilegítima, Falta de Motivación de la Decisión y Violación a la Ley por falta de aplicación y errónea interpretación, Impedimento o Negativa a su Derecho de Probar, Incautación Ilícita, Deterioro y problemas de Salud como consecuencia de una Privación Ilegítima, concesión de Medidas Cautelares algunos imputados, con las mismas condiciones y calificación jurídica, así como mismos grados de participación, según el escrito de acusación, imparcialidad de la representación Fiscal, del Juez de Primera Instancia y la Magistrada de la Corte de Apelación así las víctimas y algunos acusados, en el proceso”. (Subrayado añadido).

Tal señalamiento resulta totalmente infundado, fuera de contexto y por demás irrespetuoso, pues está basado en una apreciación subjetiva de lo que el accionante cree constituye una omisión de pronunciamiento, puesto que los Magistrados que conforman esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al revisar de oficio la medida de privación judicial preventiva de libertad que recaía sobre el ciudadano Tomás Antonio Armas González, lo hicieron dentro de la potestad de juzgamiento en el marco de un avocamiento solicitado y en ejercicio propio de la función jurisdiccional, siendo entonces que el hecho de que en dicha decisión no se hubiese incluido a alguno de los otros imputados en el proceso penal que motivó el avocamiento de autos, no puede tildarse de “omisión de pronunciamiento”, toda vez que al haber procedido la Sala de manera oficiosa y potestativa, tal proceder excluye su vinculación alguna a las distintas solicitudes efectuadas por las partes. 

Por ello, esta Sala, exhorta a la parte solicitante del amparo para que en futuros escritos presentados ante esta Máxima Instancia Constitucional se abstenga de efectuar afirmaciones como la aquí advertida, so pena de incurrir en la sanción prevista en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6, del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala declara INADMISIBLE la tutela constitucional invocada por el abogado Christopher Daniel Zamora Fernández, en su condición de defensor privado de la ciudadana Berlice de los Ángeles Casañas Gil. Así se decide.

Resuelto lo anterior, esta Sala Constitucional considera que el proceso penal que motivó el presente avocamiento debe continuar ante el órgano jurisdiccional correspondiente, esto es, ante el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control que corresponda por distribución en el Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui. En consecuencia, el Tribunal de Control  correspondiente deberá celebrar la audiencia preliminar en el presente caso de manera inmediata e informar de sus resultas a esta Sala Constitucional.

Por otra parte, la Sala observa que la ciudadana BERLICE DE LOS ÁNGELES CASAÑAS GIL en sus distintos escritos, solicitó por motivos de salud, el traslado a centros de salud; al respecto, la Sala precisa que, revisadas las actas procesales del expediente BP01-P-2019-002668 se constata que a la mencionada ciudadana se le ha garantizado el derecho constitucional a la salud, porque en el momento que ha solicitado los distintos traslados por razones de salud, el Tribunal de Control respectivo ha provisto sobre ello. No obstante, vista la continuación del proceso penal aquí ordenada, será el juzgado de control correspondiente el que deberá pronunciarse sobre tales pedimentos para su traslado de forma perentoria, a fin de garantizar el derecho constitucional a la salud. Así se decide.

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/311029-0244-141220-2020-19-0768.HTML

SC: EN EL PROCESO PENAL DEBE INDICARSE EL LÍMITE TEMPORAL DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO QUE SE DICTE SOBRE UN BIEN.

SALA CONSTITUCIONAL SENTENCIA N°243 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020

(…)

Preliminarmente, esta Sala Constitucional debe verificar si las abogadas Lucía Gómez de Delgado y Magaly Carolina Godoy, representantes judiciales de la ciudadana DANIELA CAROLINA GUERRIERI SELVAGGIO se encuentran legitimadas para solicitar el avocamiento bajo examen, y a tal efecto, observa:

De conformidad con el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el avocamiento puede operar de oficio o admitirse a solicitud de parte, de modo que quien solicite el avocamiento deberá tener interés, el cual lo ostentan las partes, quienes en el proceso penal son: la víctima, el Estado actuando por órgano del Ministerio Público y el imputado; lo cual no excluye a los terceros afectados en sus derechos e intereses jurídicos con ocasión de alguna decisión judicial.

En consecuencia, siendo que consta en el expediente, que las abogadas Lucía Gómez de Delgado y Magaly Carolina Godoy, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajos los números 11.914 y 41.705, respectivamente, en su carácter de apoderadas judiciales de la ciudadana DANIELA CAROLINA GUERRIERI SELVAGGIO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 21.290.627, domiciliada en Miami, Estado de la Florida de los Estados Unidos de Norte América, interpusieron la solicitud acreditando la representación judicial mediante instrumento poder debidamente autenticado ante la Notaría Pública del Estado de la Florida, apostillado por ante el Departamento de Estado el 19 de enero de 2016, bajo certificado N° 2016-6170, acompañado en copia certificada (folios 19 al 21 del expediente) al ostentar la condición de apoderadas judiciales, tienen legitimación ad procesum; por consiguiente, esta Sala Constitucional, por tratarse la solicitud de avocamiento una pretensión de índole constitucional, le reconoce la legitimación a las mencionadas abogadas para interponer la solicitud de avocamiento bajo examen. Así se declara.

Por otro lado, a los fines de considerar el trámite de la presente solicitud de avocamiento, el título VII, Capítulo III, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece:

“Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto al asunto curse ante algún tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de la instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida.

Artículo 109. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro tribunal competente en la materia, así como adoptar cualquiera medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido”.

Conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el avocamiento entendido en sí como potestad, debe ser analizado conforme a las situación de admisibilidad previstas en el artículo 108 de la Ley, referidas a que los asuntos que cursen ante cualquier juzgado de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad, o de la etapa o fase procesal en que se encuentren, así como que las irregularidades que se aleguen, hayan sido reclamadas oportunamente sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios.

En atribución del artículo 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cualquier parte afectada puede solicitar el avocamiento por parte de esta Sala, siempre y cuando haya manifestado ante la instancia correspondiente, las anomalías que considere necesarias y por las cuales pretende que sean en esa misma instancia corregidas so pena de generarse una infracción de los derechos y garantías fundamentales ínsitos del proceso que ameriten posteriormente la interposición del avocamiento.

En este punto, a diferencia de lo ocurrido en el amparo, no se trata de ejercer las acciones o recursos ordinarios, toda vez que el avocamiento presupone el ejercicio de una potestad que no se encuentra condicionada a medios impugnativos previos.

Sin embargo, esta Sala considera necesario, tal como así lo dispone la Ley que rige las funciones de este Alto tribunal, que la parte afectada dentro del proceso haga advertir de cualquier forma dentro del mismo, la anomalía que afecte su posición dentro de la causa, o de la existencia de elementos exógenos capaces de viciar la tramitación del juicio, pervirtiendo su correcta instrucción.

El cumplimiento de este requerimiento conforme a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia obedece a la carga que tiene el afectado como parte del proceso de advertir o enterar a las partes y al director del proceso de las circunstancias desavenidas, previa a la posibilidad de acudir a esta Sala a los fines de solicitar el avocamiento.

El fundamento de tal requerimiento obedece a que el avocamiento reviste un carácter extraordinario, por cuanto es capaz de afectar las garantías del juez natural y del doble grado de jurisdicción; de allí deriva la regulación por Ley que rige las funciones de las Salas de este Máximo Tribunal, de ceñir el avocamiento a las preceptuadas condiciones de admisibilidad y procedencia, siendo que estas últimas no sólo estén fundadas en derecho, en atención a lo alegado y probado en autos, sino también en criterios de justicia y razonabilidad que aseguren la tutela efectiva de quien haya demostrado su legítima pretensión en el asunto a resolver (vid. S.C. N° 5046 del 15 de diciembre de 2005, caso: José Urbina y otros).

En este caso de autos, en lo que corresponde a la competencia de esta Sala, se adule a la denuncia relacionada con la reclamación de un bien y la solicitud de levantamiento de la medida de aseguramiento decretada sobre la aeronave Modelo 681, Siglas N° 33FG, Matrícula YV 2667, Serial 6048, marca AEROCOMANDER/681, certificado de matrícula N° 3559, año 1970, cuya propiedad aduce tener la peticionante en avocamiento, la ciudadana DANIELA CAROLINA GUERRIERI SELVAGGIO.

Asimismo, se observa de los anexos en copia certificada que acompañan a la presente solicitud de avocamiento, que la parte accionante ha venido denunciando e informando, tanto en primera como en segunda instancia, la atipicidad de esa situación causada, en cual ha denunciado el quebrantamiento de sus derechos constitucionales como el derecho a la tutela judicial efectiva, defensa, debido proceso, derecho a la propiedad, previstos en los artículos 26, 48, 49, 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal como consta en documento de propiedad original y apostillado de la aeronave ut supra identificada, inserto en los folios del 19 al 65 del expediente, mediante el cual se constata la adquisición de la aeronave por parte de la ciudadana DANIELA CAROLINA GUERRIERI SELVAGGIO.

En virtud de lo expuesto, esta Sala considera que existen suficientes elementos de prueba que le hacen presumir la existencia de anomalías procesales proveniente de la causa donde se incautó un bien, mediante una medida de aseguramiento, propiedad de la ciudadana DANIELA CAROLINA GUERRIERI SELVAGGIO, vinculando este bien a una causa penal donde la peticionante no es sujeto procesal, dado que la investigación a la cual hace referencia la fiscalía se sigue contra los ciudadanos Pedro Torres Ciliberto, Arné Chacón Escamillo y Miguel Ángel Vaz Medina, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida de Crédito y Publicación de Balances Falsos, previstos y sancionados en el artículo 431, en relación con los artículos 185 (numeral 1) y 435 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Causa penal en referencia donde no existe imputación contra la solicitante del avocamiento, tal como consta en las copias certificadas.

En este sentido, la Sala al advertir en el presente caso la posible transgresión del  orden público constitucional, en el marco de los principios fundamentales que informan  el derecho al debido proceso, a la correcta aplicación de las leyes procesales y sustantivas penales, en lo que concierne a la tipicidad de la conducta,  concebida como el proceso mediante el cual una conducta o comportamiento humano, encuadra dentro de un tipo penal determinado, función esta que le es propia al juzgador a quien atañe el conocimiento del caso en concreto, con el objeto de evitar decisiones arbitrarias que coloquen en entredicho la imagen del Poder Judicial, por lo tanto en aras de preservar el derecho a la tutela judicial efectiva, con la finalidad de determinar, efectivamente, si en el presente caso existe una vulneración al orden jurídico constitucional, y con el objeto de evitar criterios jurisprudenciales contradictorios en el presente caso,  esta Sala Constitucional ADMITE la presente solicitud de avocamiento. Así se decide.

Ahora bien, cabe señalar que la solicitud de avocamiento versa sobre las violaciones ocurridas en el proceso con ocasión a una medida de aseguramiento sobre un bien decretado en sede penal e identificado supra, en tal sentido, la Sala observa que la naturaleza de las medidas de aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración del delito tienen como finalidad la aprehensión de los mismos, en el entendido que los objetos activos son aquellos que se utilizan para materializar el delito, y los pasivos son los que se obtienen como consecuencia  directa o indirecta del hecho delictual, es decir el producto del mismo (vid. Sentencia n° 333/2001 del 14 de marzo, caso: Claudia Ramírez Trejo). El aseguramiento de los objetos pasivos obedece a una doble finalidad: 1) asegurar los efectos del fallo, en el sentido que la victima pueda en lo posible recuperar los bienes que le hayan desposeído, si ese fuese el caso; 2) recabar elementos de prueba, y por tanto sirve de prueba del cuerpo del delito, y según las circunstancia, de evidencia sobre la culpabilidad del imputado (vid. Sentencia n°2674/2001 del 17 de diciembre, caso: Inversiones Callia, C.A.).

Empero, a juicio de esta Sala Constitucional la decisión dictada el 20 de marzo de 2019,  por el Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la solicitud de entrega material de bien y, en consecuencia, negó la solicitud de levantamiento de la medida de aseguramiento que pesa sobre la aeronave Modelo 681, Siglas N° 33FG, Matrícula YV 2667, Serial 6048, marca AEROCOMANDER/681, certificado de matrícula N° 3559, año 1970, cuya propiedad aduce tener la peticionante en avocamiento, la ciudadana DANIELA CAROLINA GUERRIERI SELVAGGIO; en criterio de esta Sala tal decisión no analizó la jurisprudencia de la Sala, siendo que de la revisión de las actas que constan en copia certificada no se evidencia que la referida aeronave constituya el objeto activo y/o pasivo del delito, tampoco se indicó el límite temporal de la medida de aseguramiento, así como hasta la presente fecha no se encuentra individualizada la propietaria (hoy peticionante) a proceso penal alguno.

En consecuencia, se anula la decisión dictada el 20 de marzo de 2019,  por el Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; se declara con lugar la solicitud de levantamiento de medida de conformidad con lo establecido en artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil; y se ordena la entrega del bien identificado como  la aeronave Modelo 681, Siglas N° 33FG, Matrícula YV 2667, Serial 6048, marca AEROCOMANDER/681, certificado de matrícula N° 3559, año 1970, a su propietaria la peticionante en avocamiento DANIELA CAROLINA GUERRIERI SELVAGGIO (documento de propiedad original y apostillado de la aeronave ut supra identificada, inserto en los folios del 47 al 48 del expediente).

Corolario de lo expuesto, esta Sala por celeridad procesal y en virtud de que los hechos señalados por la peticionante pudieran subsumirse en una escandalosa infracción al ordenamiento jurídico, ordena requerir a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que remita el expediente original identificado con el alfanumérico 26J-934-15 del Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; remisión esta que deberá hacer de manera inmediata, a partir de su notificación.

Asimismo, de conformidad con dispuesto por el  artículo 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Constitucional ordena la inmediata suspensión de la causa 26J-934-15 del Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y la prohibición de realización de cualquier actuación procesal, so pena de nulidad de la misma, conforme a lo establecido en el referido artículo 108. Así se decide.

Se le advierte al referido funcionario judicial que el incumplimiento de la orden impartida por la Sala acarreará la sanción prevista en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Finalmente, para el cumplimiento más expedito de lo dispuesto anteriormente, se ordena a la Secretaría de la Sala que, en forma telefónica, practique las notificaciones respectivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 (numeral 3) de la señalada Ley Orgánica. Así se decide.

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/311028-0243-141220-2020-19-0512.HTML

SC: EN MATERIA DE AMPARO CONSTITUCIONAL, SIEMPRE SE DEBERÁ INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL JUEZ O JUEZA DEL TRIBUNAL QUE DICTÓ LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA, Y NO DIRECTAMENTE ANTE EL TRIBUNAL DE ALZADA.

SALA CONSTITUCIONAL SENTENCIA  N°443 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

(…)

Primeramente, en cuanto a la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el abogado Douglas José Camero Montañéz, actuando en su condición de defensor privado de los ciudadanos CHRISTOS MITROGIANNIS y LUIS ALFREDO CUMANA, ya identificados, y previo a cualquier otro tipo de consideración, debe esta Sala establecer que:

Efectivamente esta Sala, en la sentencia con carácter vinculante, N.° 7  del 1 de febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía), estableció el Procedimiento en el Juicio de Amparo Constitucional, y se instituyó, entre otros aspectos, que contra la decisión dictada en primera instancia en un juicio de amparo, se podrá interponer el recurso de apelación, previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y hacerlo dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación del fallo, la cual se oirá en un sólo efecto a menos que se trate del fallo dictado en un proceso que, por excepción, tenga una sola instancia.

Y subsiguientemente, de conformidad con la interpretación que se le ha dado al texto del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en las sentencias N.° 501 del 31 de mayo de 2000, (caso: Seguros Los Andes, C.A.)  y N.° 3027 del 14 de octubre de 2005, (caso: César Armando Caldera Oropeza), se ha establecido que ese lapso para recurrir de la decisión dictada por la primera instancia en el proceso de amparo, es de tres (3) días contados a partir de la fecha de publicación del fallo, y deben ser computados por días calendarios consecutivos, excepto los sábados, los domingos, el jueves y el viernes santos, los declarados días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales y los declarados no laborables por otras leyes; ello a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa, el cual también tiene una dilatada vigencia en el marco del proceso de amparo. Aceptar lo contrario, sería desconocer la aplicabilidad de tal derecho en cualquier iter procesal, en otras palabras, sacrificar el derecho a la defensa de los ciudadanos en aras de una mayor celeridad, sería subvertir el orden lógico de los fundamentos que constituyen el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que definen a nuestra República.

Además, en dicha sentencia N.° 3027 del 14 de octubre de 2005, (caso: César Armando Caldera Oropeza), se dispuso que, en materia penal, el Tribunal de Primera Instancia Constitucional, deberá, aun cuando el recurso de apelación sea manifiestamente intempestivo, remitir las actuaciones respectivas junto al aludido recurso, al juzgado de alzada, a los efectos de que sea este último, el que se pronuncie sobre la tempestividad o no del mismo y, por ende, sobre su admisibilidad. En los casos en los que se ejerza tempestivamente el aludido recurso de apelación, deberán indicarlo y remitir al tribunal de alzada, la información sobre el momento de interposición del precitado recurso y el cómputo de los días tempestivos para interponerlo, con el fin de ratificar, ante todo, que el mismo fue ejercido en la oportunidad legal respectiva, y, en caso contrario, es decir, cuando la alzada verifique la inadvertida intempestividad del mismo, inadmitirlo.

Así pues, en el caso sub lite, la sentencia recurrida que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta el 23 de marzo de 2018 por el accionante, fue dictada el 5 de abril de 2018, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Capital.  Posteriormente el 9 de abril de 2018, es cuando el defensor privado de los accionantes presentó el recurso de apelación, erradamente ante esta Sala.

Para esta Sala actuando como alzada, no cabe lugar a dudas la trascendencia del recurso de apelación en el procedimiento de amparo, respecto al interviniente-apelante que pretenda el referido examen de la decisión contra la cual se ejerció el recurso de apelación, y, por ende, del conocimiento por parte del juzgado de la segunda instancia de dicha apelación, pero no es menos importante que se cumpla con las formalidades del proceso, es decir, debe tomarse en consideración el momento de la interposición de ese medio de impugnación, los días transcurridos desde el instante de la publicación de la decisión que resolvió en primera instancia la pretensión de amparo constitucional, hasta el momento de interposición del aludido recurso de apelación, e incluso ante quien se presenta el referido recurso de apelación, todo ello a los efectos de respetar el orden procesal, el principio de legalidad procesal y, por ende, la institución del debido proceso, y de verificar que el mismo fue ejercido en la oportunidad legal respectiva, con la única excepción, de la jurisdicción penal, en la cual existe la posibilidad de que el Tribunal de Alzada pueda examinar la decisión intempestivamente recurrida.

Ahora bien, ante lo expuesto hasta aquí, y para evitar vulneraciones al orden procesal y al debido proceso, esta Sala considera que debe precisarse ante quién debe presentarse el recurso de apelación en materia de amparo constitucional, ya que es necesario establecer que  el recurso de apelación haya sido interpuesto en la oportunidad de ley, y eso debe hacerlo el tribunal receptor del recurso de apelación, a los fines de remitir al Tribunal de alzada, el cómputo de los días tempestivos para interponer el recurso de apelación a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a los efectos de ratificar, ante todo, que tal mecanismo de impugnación fue ejercido en la oportunidad legal respectiva, ya que, de lo contrario, es decir, de verificarse que el mismo se ejerció dentro o fuera de la oportunidad legal.

En el presente caso, el recurso de apelación se ejerció contra la decisión dictada, el 5 de abril de 2018, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Capital, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta en la modalidad de habeas corpus y dicho recurso fue presentado directamente ante esta Sala, por el abogado Douglas José Camero Montañéz, actuando en su condición de defensor privado de los ciudadanos CHRISTOS MITROGIANNIS LUIS ALFREDO CUMANA, ya identificados.

Con relación a ello, y en virtud de la ausencia de previsión normativa específica en la ley que rige esta materia (Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) para subsanar tal desacierto por parte del apelante, y que erróneamente interpuso ante esta Sala el recurso de apelación, contra una decisión en materia de amparo constitucional, debemos recurrir a figura jurídica llamada integración del derecho, específicamente a uno de los métodos para poder subsanar lagunas o vacíos legales, a saber, la autointegración.

Estamos ante un supuesto de autointegración cuando se intenta superar una laguna mediante la aplicación de normas o principios pertenecientes al propio orden jurídico en que esa laguna se ha producido, ya se trate de ordenamiento jurídico general, ya de alguno de los sectores integrados en el mismo, consiguiendo de esta manera cubrir los posibles vacíos normativos, sin tener que pedir ayuda a ordenamientos jurídicos extraños. Y eso se logra, bien recurriendo a la analogía, bien mediante la aplicación de los principios generales del Derecho, vías ambas reconocidas de forma explícita por la mayoría de los ordenamientos jurídicos.

La autointegración está presente cuando los mecanismos de integración o sus fuentes se encuentran en el mismo ordenamiento jurídico, en su interior funcional, sin tener que salir de él para completarlo, el problema de la plenitud del ordenamiento jurídico, la existencia de lagunas en el Derecho, así como la técnica utilizada para suplir dichas lagunas es, según Julio Fernández Bulté, lo que normalmente se conoce como la integración del Derecho: “… inevitablemente el problema de las lagunas del derecho ha devenido siempre en un apasionante problema práctico vinculado a la forma en que pueden ser afrontadas, es decir, a los mecanismos de integración del derecho…”. (Julio Fernández Bulté, Teoría del Estado y del Derecho, La Habana, Editorial Félix Varela, 2005, p. 224).

También al respecto expone Ferrari Yaunner: “… no sería loable afirmar que los jueces son solo autómatas aplicadores de la ley, pues su actividad ante las lagunas es ardua y compleja, contentiva de una cuota de discrecionalidad indiscutible, pero discrecionalidad con límites, con los límites que impone el ordenamiento y la preservación de la legalidad, integrar significa analizar el Derecho como un todo, verlo en su totalidad para buscar una solución ante la ausencia o insuficiencia de regulación para un supuesto específico…”. (Maleja Ferrari Yaunner, Las Lagunas Jurídicas. Posiciones doctrinales y jusfilosóficas. Revista Cubana de Derecho N.° 34, julio-diciembre, 2009. Editado por la Unión Nacional de Juristas de Cuba, p. 73).

En el aspecto sub examine, dadas sus características, nos limitaremos a realizar una labor de suplir una falta de previsión específica de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (y podría decirse incluso, desde cierta perspectiva, incluso de nuestra jurisprudencia en materia de amparo constitucional), y, en definitiva, realizaremos una labor de autointegración.

En efecto, visto que en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no se establece ante quién se debe interponer el recurso de apelación, como un medio de impugnación contra la conducta del juez que conoce en primera instancia la acción de amparo constitucional, debemos realizar una labor integradora de nuestro Derecho, la cual no es tan compleja en el presente caso, toda vez que la propia Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece expresamente la supletoriedad de las normas procesales en vigor en el Artículo 48, que dispone:  

“Artículo 48. Serán supletorias de las disposiciones anteriores las normas procesales en vigor”.

 Ahora bien, el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone, expresamente, que el lapso para la interposición del recurso de apelación es de tres días después de dictado el fallo, al señalar lo siguiente:

“Artículo 35.- Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días”.

Atendiendo tal remisión, podemos observar que los recursos en materia penal, que es la materia afín con el presente caso, están previstos en el Libro Cuarto, Títulos I, II, III, IV y del Código Orgánico Procesal Penal (2012) -artículos 423 al 461-, con lo cual se establece la fase recursiva en materia penal, pudiendo aplicar por vía de supletoriedad dicha normativa a la apelación en materia de amparo constitucional.

Al respecto, el artículo 426 del Código Orgánico Procesal Penal dispone, expresamente como deben interponerse los recursos en general, debiendo cumplirse las formalidades, al indicar lo siguiente:

Interposición

Artículo 426. Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de los puntos impugnados de la decisión”.

En el presente caso, aplicar supletoriamente dicha normativa a los casos de apelación en materia de amparo, es el remedio procesal más armónico y adecuado para corregir el vacío contenido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto ante quién o cuál tribunal debe interponerse el recurso de apelación, por lo que el apelante en materia de amparo constitucional, siempre deberá el interponer recurso de apelación ante el Juez o Jueza del Tribunal que dictó la sentencia que se impugna, y no directamente ante el Tribunal de alzada, como erróneamente ocurrió en el presente caso; ya que debe el Tribunal de instancia remitir todo el expediente relacionado con la apelación, incluida la decisión apelada, así como el escrito de apelación, y enviar el cómputo del lapso de interposición del mismo, a los fines de garantizar los derechos procesales en dicho caso, es decir hay una actividad que ha de desplegar el tribunal que conoce en primera instancia la acción de amparo constitucional, tal como la sentencia N.° 3027 del 14 de octubre de 2005, (caso: César Armando Caldera Oropeza). Así se establece.  

Es adecuado también, poner énfasis en que, con la presente decisión, no se está limitando el acceso a la justicia –en alzada- a los particulares, pues éste se garantiza a través de un medio o instrumento procesal idóneo de impugnación de las decisiones de primera instancia como es el recurso ordinario de apelación en materia de amparo, por lo que a través del ejercicio correcto de ese medio recursivo, se mantiene incólume el derecho a recurrir las decisiones desfavorables ante Juez o Tribunal Superior, derecho fundamental  que establecen los artículos 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, con mayor amplitud, el artículo 8, inciso 2, letra h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), sin menoscabo de la integridad del principio del derecho al doble grado de jurisdicción, o también llamado el derecho a la doble instancia. Así se declara.

Al efecto, el mencionado artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece:

Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

    1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso.Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley”.(Subrayado y destacados añadidos).

Ahora bien, por cuanto el pronunciamiento previo se realiza por primera vez por esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por la trascendencia del presente fallo, la Sala ordena la publicación del mismo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial del este Tribunal Supremo de Justicia, con la siguiente mención en su sumario: “Sentencia de la Sala Constitucional, en la que se establece la aplicación supletoria del artículo 445 del Código Orgánico Procesal Penal, en referencia al Artículo 35 de la  Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto a que la interposición del recurso de apelación en materia de amparo constitucional, debe realizarse ante el Juzgado que dictó el fallo en primera instancia y nunca directamente ante el tribunal de alzada”. Así se declara.

Finalmente, y con base en los planteamientos expuestos a lo largo del presente caso, esta Sala Constitucional, actuando como tribunal de alzada en el presente proceso de amparo, concluye que se declara INADMISIBLE por defecto en su interposición, el recurso de apelación ejercido por el abogado Douglas José Camero Montañéz, actuando en su condición de defensor privado de los ciudadanos CHRISTOS MITROGIANNIS LUIS ALFREDO CUMANA, ya identificados, contra la decisión dictada, el 5 de abril de 2018, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Capital, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta,  y en consecuencia se CONFIRMA, la decisión apelada, con la cual se declaró inadmisible la acción de amparo incoada por el referido accionante,  en los términos expuestos en el presente fallo, quedando definitivamente firme la mencionada decisión confirmada. Así se decide.

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/septiembre/313410-0443-16921-2021-18-0242.HTML

A %d blogueros les gusta esto: