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LA SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO COMO INSTITUCIÓN PARA PRESERVAR LA FUENTE DE EMPLEO EN CASO DE CIRCUNSTANCIAS O EMERGENCIA ECONÓMICA @HenryMeoli

En mi artículo anterior titulado: ¿Se pueden proteger, garantizar y a su vez racionalizar los beneficios laborales pactados en las convenciones colectivas?, decía que los beneficios laborales pueden ser modificados en la negociación de un convenio colectivo o en un procedimiento de protección del proceso social de trabajo, siempre y cuando las modificaciones sean convenidas por las partes y en todo su conjunto resulten más beneficiosas para los trabajadores, pero jamás pueden ser suspendidos, mucho menos racionalizados, como ordenó recientemente el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo a través de la circular de fecha 11 de octubre de 2018, dirigida a las autoridades adscritas a su despacho, especialmente a las Inspectorías y Subinspectorías del Trabajo de todo el país.

Ante dicha imposibilidad legal y en virtud del régimen de inamovilidad laboral que se aplica en Venezuela desde el año 2002, que priva a las empresas de despedir injustificadamente a los trabajadores, además de la prohibición legal de reducir personal a través de la figura del despido masivo por motivos económicos o tecnológicos, las empresas buscan una “válvula de escape” que les permita ajustar su estructura de costos de acuerdo a su actual situación económica y financiera, para salvaguardar de este modo la existencia de la misma o el  funcionamiento eficiente de sus operaciones.

En el derecho individual del trabajo existe la institución de la suspensión de la relación de trabajo, la cual constituye un mecanismo protector del empleo ante supuestos de imposibilidad sobrevenida de cumplimiento de las obligaciones fundamentales que derivan del contrato que ampara a los trabajadores. Tal figura se fundamenta en el principio del derecho a la estabilidad laboral y tiene por finalidad evitar la extinción de la relación de trabajo ante situaciones transitorias o temporales en las que se ve impedida la prestación efectiva del servicio.

La LOTTT (2012) prevé en el artículo 72, nueve (9) casos de suspensión de la relación de trabajo, algunas relativas a situaciones extraordinarias relacionadas con el trabajador, otras situaciones ajenas al trabajador y al patrono, y otras generadas por acuerdo entre las partes. La enunciación hecha por el legislador no es taxativa, pues existen otros supuestos de suspensión de la relación de trabajo no contemplados expresamente en esta disposición legal. Así tenemos, la suspensión prevista en el artículo 263 de la LOTTT (2012) por efectos del amarre temporal de un buque, entre otros supuestos que se encuentran desplegados en la legislación laboral venezolana.

Visto de este modo, las situaciones de emergencia económica que pongan en riesgo la existencia de la empresa y por ende los puestos de trabajo, pueden dar lugar a la suspensión de la relación de trabajo, situaciones las cuales han sido incluidas por algunos autores dentro de la clasificación del caso fortuito o fuerza mayor establecida en el artículo 72 literal i) de la LOTTT (2012), y por otros asignadas a una clasificación independiente, siendo yo participe de la segunda teoría sin entrar a revisar de fondo los argumentos que fundamenta mi opinión para no extender el contenido del presente artículo, que tiene como finalidad estudiar la suspensión de la relación de trabajo como institución para preservar la fuente de empleo en caso de circunstancias o emergencia económica que pudieran afectar a las empresas en determinado momento.

Tal como lo he señalado, la LOTTT (2012) prevé una serie de acontecimientos que causan una suspensión de la relación de trabajo, más no tasa expresamente las causas económicas como uno de ellos, pero en vista que estos supuestos no son taxativos sino que otros se pueden considerar, aquellos casos donde la empresa se encuentra en una situación económica adversa que ponga en peligro su actividad, pudiera solicitar la suspensión de la relación de trabajo de un número determinado de trabajadores, cuyo lapso no puede exceder de sesenta (60) días, aplicando por analogía lo dispuesto en el literal i) del artículo 72 de la Ley. Tal solicitud debe ser sometida a la aprobación del Inspector del Trabajo competente, quien deberá autorizarla previa investigación de las circunstancias que originan la suspensión de las labores, a fin de determinar si éstas tienen la suficiente gravedad como para amenazar la existencia misma de la empresa con la posible pérdida de puestos de trabajo.

Precisamente, en Venezuela, al momento de escribir estas líneas, la Dirección de la Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Privado ubicado en la ciudad de Caracas, autorizó la suspensión de la relación de trabajo de un grupo de trabajadores al servicio de una reconocida empresa transnacional, alegando circunstancias económicas que le impiden cumplir a cabalidad con los acuerdos establecidos en las convenciones colectivas de trabajo, lo que la llevó a invocar tal institución legal para aplicarla en este caso concreto y acordar con las organizaciones sindicales de sus plantas y agencias de distribución, ciertas condiciones que se aplicarán durante el tiempo que dure dicha suspensión.

Ahora bien, veamos cuales son los efectos de esta institución del derecho sustantivo laboral y el alcance que tiene en cuanto a la reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo, una vez vencido el plazo de la suspensión pactada por circunstancias o emergencia económica.

En primer lugar, establece el artículo 71 de la LOTTT (2012) que la suspensión de la relación de trabajo, sea cual sea la causal, no pone fin a la vinculación jurídica laboral existente entre el patrono y el trabajador, entonces no se puede confundir la suspensión de la relación de trabajo debidamente autorizada con la autorización de despido que otorgan las Inspectorías del Trabajo a razón de una solicitud de calificación de falta, aunque durante la suspensión por casos fortuitos, de fuerza mayor o causas de orden económico, el trabajador no perciba el salario, ya que en principio el patrono en esta situación no está obligado a pagarlo, por no encontrarse estos supuestos entre las excepciones establecidas en la misma Ley en su artículo 73.

En este sentido, sobre el pago del salario a los trabajadores durante la suspensión de la relación de trabajo por circunstancias económicas, establece el artículo 74 de la LOTTT (2012) que el patrono no podrá despedir, trasladar ni desmejorar en sus condiciones de trabajo a los trabajadores afectados por la suspensión. Ahora bien, puede resultar contradictorio el hecho de que el patrono en esta situación no está obligado a pagar el salario a los trabajadores, pero al mismo tiempo no los puede desmejorar en sus condiciones laborales. Para tratar de entender esto, veamos qué se entiende por desmejora en el Derecho del Trabajo.

El Dr. José Manuel Arráiz Cabrices, en su interesante trabajo denominado “El procedimiento de desafuero previsto en la ley laboral venezolana”, en relación con este término, nos dice:

La desmejora es la modificación peyorativa de las condiciones de trabajo o la disminución de los derechos laborales; para forzar al trabajador investido de fuero sindical que se retire, le alteran su salario, lo cambian arbitrariamente de turno o modifican sus condiciones de trabajo produciendo desmejoras graves que afectan su estabilidad económica laboral. (Sainz, 1991, p.584)

Actualmente, en Venezuela, prácticamente todos los trabajadores están investidos de inamovilidad, entonces con base a lo que la doctrina entiende por desmejora, como elemento de la misma, y la prohibición establecida en la Ley, en principio, el ingreso de los trabajadores no puede verse afectado por una medida de suspensión de la relación de trabajo, sin embargo, considero que los casos que refiere la Ley, sin prever la inamovilidad que hoy aplica para todos, son aquellos casos que estén ligados a la actividad sindical, sin descartar la posibilidad de que el legislador en este aspecto haya omitido tal detalle en la redacción de la norma, ya que en la misma Ley textualmente establece que durante el tiempo de la suspensión el trabajador no estará obligado a prestar el servicio ni el patrono a pagar el salario.

Esto sería objeto de interpretación por parte del máximo tribunal de la República porque resulta ilógico pensar que, si una empresa alega una situación económica adversa que le impide cumplir plenamente con sus obligaciones en la relación de trabajo durante un lapso determinado y así lo autoriza el órgano competente, igualmente el patrono tendrá que honrar los beneficios pactados en los contratos individuales y convenciones colectivas sin desmejorar el ingreso de los trabajadores, cuando lo que busca es bajar su estructura de costos para superar de una mejor manera las circunstancias que le afecta, y no poner en riesgo los puestos de trabajo.

Con respecto a las otras obligaciones del patrono contraídas en las convenciones colectivas y su cumplimiento durante el lapso de la suspensión, el autor Juan García Vara señala en su libro “Sustantivo Laboral en Venezuela”:

La Ley agrega que el patrono deberá continuar cumpliendo otras obligaciones surgidas de la relación de trabajo, como serían la dotación de vivienda y alimentación, si fuera el caso, continuar pagando las cotizaciones de la seguridad social, en su monto total, había cuenta que si el trabajador no percibe salario, no hay forma de deducirle su cuota para la seguridad social, y es el patrono quien debe aportar el monto total, de manera que no se vea ininterrumpida para el trabajador las prestaciones que le ofrece y entrega el sistema de seguridad social; también debe continuar el patrono cumpliendo con otras obligaciones concertadas en la convención colectiva, que sean exigibles, habida cuenta de la suspensión de la relación de trabajo, como serían, por caso, el pago de las becas mensuales de los hijos, útiles escolares, las contribuciones por nacimiento o muerte, las pólizas por hospitalización, cirugía y maternidad (HCM), pero no los gastos de transporte, botas y uniformes, por ejemplo. (p.180)

Sobre este particular, con base a lo establecido en el artículo 73 literal c) opino que, el patrono está obligado a cumplir con las obligaciones convenidas para los casos que se suspenda la relación de trabajo de uno o más trabajadores, es decir, si la convención colectiva prevé que deben mantenerse ciertas obligaciones durante el lapso de suspensión de la relación de trabajo, el patrono deben cumplir con ello.

Decía que, la suspensión de la relación laboral está fundamentada en el principio del derecho a la estabilidad en el trabajo, por no poner fin al vínculo jurídico entre el patrono y el trabajador, por lo que vencido el lapso pactado de la suspensión, el trabajador tiene el derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo en las mismas condiciones existentes para la fecha en que ocurrió la suspensión, salvo que resultare discapacitado o en casos especiales en que pudieran ser reubicado en un puesto de trabajo adecuado a la nueva situación.

En relación con el tiempo que puede durar una suspensión de la relación de trabajo por circunstancias o emergencia económica, decía que se debe aplicar por analogía lo dispuesto en el artículo 72 literal “i” de la LOTTT (2012), el cual prevé que la suspensión por caso fortuito o fuerza mayor no podrá exceder de sesenta (60) días. Ello constituye una limitación incorporada por esta Ley, pues anteriormente la suspensión de la relación de trabajo podía durar más de dicho lapso. Lo que ocurría es que de exceder los sesenta (60) días los trabajadores afectados podían retirarse justificadamente, con lo cual sus efectos patrimoniales se equiparaban a los del despido justificado.

Comulgo con la idea que, limitar la suspensión la relación de trabajo a sesenta (60) días propicia la extinción de la relación de trabajo, cuando lo cierto es que la causa que origina la suspensión podría extinguirse y permitir la reanudación de las actividades y la preservación del empleo. En este sentido, parecía más ajustada la regulación anterior que permitía la suspensión de la relación de trabajo por el tiempo que dure el caso fortuito y fuerza mayor, y permitía que luego de sesenta (60) días el trabajador terminara justificadamente la relación o esperar que la causa de suspensión terminara para reanudar sus labores.

En relación al tiempo que dure la suspensión de la relación de trabajo, si es o no imputada a la antigüedad del trabajador, la LOTTT (2012) lo aclara en su artículo 73 siendo esta una de las innovaciones importantes de dicha Ley en esta materia, ya que incorporó el lapso de la suspensión en la antigüedad del trabajador, sin embargo, no aclara su aplicación en la práctica.

Al respecto, la Dra. Flavia Zarins en su trabajo “La Suspensión de la Relación de Trabajo en la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras” señala lo siguiente:

Entendemos por ejemplo que la referida consecuencia tendrá implicación sobre la antigüedad que debe considerarse para que el trabajador tenga derecho a las vacaciones. No obstante, no podría tener efecto sobre el cálculo de la participación en los beneficios de las entidades de trabajo, pues para ello debe tomarse en considerarse el total de los salarios devengados por el trabajador durante el respectivo ejercicio anual, siendo que, durante el lapso de suspensión de la relación de trabajo, no se devenga salario. Lo mismo sucede cuando la causa de suspensión es la enfermedad o el accidente, pues como lo explicamos en el subcapítulo anterior, lo que percibiría el trabajador sería una indemnización o prestación que no se considera salario.

En conclusión, la suspensión de la relación de trabajo es una institución del derecho individual del trabajo que supone una situación extraordinaria en vista de la cual se interrumpe temporalmente el contrato de trabajo y la ejecución de sus prestaciones fundamentales. La enunciación hecha por el legislador en el artículo 72 de la LOTTT (2012) no es taxativa, pues existen otros supuestos de suspensión de la relación de trabajo no contemplados expresamente en esta disposición legal, como lo sería por circunstancias o emergencia económica de las empresas que conlleven el cese temporal de las labores.

Así pues, la suspensión de la relación de trabajo por esta causa es perfectamente viable desde el punto de vista legal, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la Ley para los supuestos de casos fortuitos o de fuerza mayor, los cuales se deben aplicar por analogía en este caso particular.

Atentamente;

Abg. Henry González
Especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Teléfono: (0414) 9619330 / (0261) 7602434
Facebook y Linkedln: Henry González
Twitter e Instagram: @HenryMeoli

 

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COMO INHABILITAR A PERSONA INCAPAZ DE ATENDER A SUS PROPIAS NECESIDADES Y QUE TIENE BIENES DE FORTUNA A SU NOMBRE. (LA INTERDICCION) POR @anasantandero

En el presente artículo trataremos el tema de la Interdicción Civil. El primer panorama a tener en cuenta es que a los familiares se les presenta un verdadero “dilema moral” cuando, a sabiendas que su pariente cercano presenta discapacidades importantes para satisfacer sus necesidades más primarias, deben buscar una “solución legal” que les permita proteger los intereses económicos, el patrimonio que está a nombre de este pariente y que finalmente va a beneficiar a sus herederos. Es en ese momento que acuden a su Abogado de confianza y le piden asesoría técnica legal, en búsqueda de algún mecanismo que les permita impedir que un tercero extraño (una amante, un hijo indigno, un amigo inescrupuloso), manipule a ese pariente y dilapide lo que éste con esfuerzo personal y a lo largo de los años logró construir. Podemos estar hablando en este caso de una madre/padre en avanzada edad, o tal vez de un hijo con síndrome de down  que ha quedado beneficiado con una herencia cuantiosa. Son muchos los casos. 

CONCEPTO: Es la privación de la capacidad negocial en razón de un estado habitual de defecto intelectual grave o de condena penal. El entredicho queda sometido en forma continua a una incapacidad negocial plena, general y uniforme.

CAUSAS: Que exista un defecto intelectual. No se trata de defectos físicos sino la afectación de las facultades mentales. Que sea grave e impida que el sujeto provea a sus intereses. Que sea habitual, lo que no quiere

decir que sea en forma continua, pues la propia ley prevé la interdicción de personas que “tengan intervalos lucidos”. Tampoco es necesario que el defecto sea incurable, pues la ley señala como obligación principal del tutor del entredicho, el cuidar que éste adquiera o recobre su capacidad. 

CLASES DE INTERDICCIÓN: La Legal: proviene de una condena a presidio.

La Judicial: resulta de un defecto intelectual habitual grave.

QUIEN PUEDE SOLICITAR LA INTERDICCION: El cónyuge, mientras lo sea, no si se ha divorciado. Cualquier pariente. El Síndico Procurador Municipal, por el interés colectivo que existe en la materia. Cualquier persona que tenga interés, por ejemplo, un socio, un acreedor, el juez de oficio.

A QUIEN SE PUEDE DECLARAR ENTREDICHO: A los mayores en edad, los menores emancipados, y a los menores no emancipados, siempre que se encontraran en el último año de su minoridad. Se trata de asegurar la continuidad de la protección de la patria potestad a la tutela de entredichos.

JUEZ COMPETENTE: Juez de Primera Instancia del domicilio de la persona de cuya interdicción se trata; en su defecto, los Jueces de Municipio pueden practicar las diligencias del sumario y remitirlas al Juez de Primera Instancia sin decretar la interdicción provisional ni la continuación del juicio (735CPC).

PROCESO: El procedimiento de interdicción consta de dos fases:

FASE DE COGNICIÓN SUMARIA, que culmina con el decreto provisional de interdicción y el nombramiento de tutor interino; Diligencias: El Juez nombra 2 facultativos a los fines que rindan los informes correspondientes; efectúen el interrogatorio al sujeto a la interdicción y a los 4 familiares o amigos para practicar lo dispuesto en el artículo 396 del CC y cualquier otra diligencia que juzgue necesaria para formarse un criterio. Especial cuidado hay que tener pues en las diligencias priva la inmediación del juez de la primera instancia y son de su exclusivo conocimiento. Interrogatorio: debe resultar categórico en el sentido de apuntar a que el sujeto a la interdicción está imposibilitado de asumir responsabilidades legales o de atención a satisfacer necesidades primarias por sí solo. Decisión de interdicción provisional se dicta a los fines de habilitar a una persona que complemente la capacidad y supla la deficiencia y necesidad del interdictado, mientras dure la fase plenaria del procedimiento. Designación de Tutor, Protutor, Consejo de Tutela (4 personas) que deben proceder a formar Inventario de Bienes del entredicho.

LA SEGUNDA FASE del procedimiento de interdicción: Prosigue a continuación de la primera fase, trámite por procedimiento ordinario, que comienza por las pruebas y culmina con una sentencia de interdicción definitiva; contra la cual procede el recurso de apelación o en su defecto la consulta obligatoria que establece el 736 CC. La decisión puede consistir en decretar la interdicción definitiva (o interdicción propiamente dicha), declarar la inhabilitación o declarar que no hay lugar ni a una ni a otra (740CPC). La sentencia definitiva (no la provisional), que se dicte se consultará siempre con el Superior.

EFECTOS DE LA INTERDICCION: Artc 403 CC. -El entredicho queda afectado de una incapacidad negocial plena, general y uniforme, desde el momento de la interdicción provisional siempre que la sentencia definitiva decrete la interdicción, porque si la sentencia definitiva no decreta la interdicción definitiva, los actos realizados por quien esté sometido a interdicción provisional son válidos. -La sola interposición de la solicitud de interdicción produce efectos, pues se suspende el matrimonio hasta que el juez dicte sentencia definitiva. -EI entredicho queda sometido a tutela.

REVOCACIÓN DE LA INTERDICCIÓN: La pueden solicitar las mismas personas que la promovieron, solo probando que cesó la causa.

INHABILITACIÓN: Consiste en una privación limitada de la capacidad negocial en razón de un defecto intelectual que no es tan grave como para originar la interdicción, puede deberse a la prodigalidad. Por ejemplo los sordomudos, los ciegos de nacimiento; y los que hubieren cegado durante la infancia, a partir del momento en que alcancen la mayoridad.

INHABILITACION E INTERDICCIÓN: La inhabilitación judicial procede por un defecto intelectual menos grave al de la interdicción o por prodigalidad. En el juicio de inhabilitación al final del sumario no puede decretarse la inhabilitación provisional. La interdicción deja al entredicho sometido a la potestad del tutor; la inhabilitación no priva al inhabilitado del gobierno de su persona. La interdicción crea una incapacidad absoluta, general y uniforme; la inhabilitación judicial implica una limitación de la capacidad que no se extiende a la generalidad de los negocios jurídicos. La interdicción somete a un régimen de representación (la tutela); la inhabilitación a un régimen de asistencia (la curatela de inhabilitados). (más…)

BREVE DESARROLLO HISTÓRICO DEL DERECHO PENAL

Suele decirse que por intermedio del derecho romano y su extensa evolución llego de cierta forma un Derecho Penal, cuya elaboración de ciertos fundamentos jurídicos-penales fueron insuficientes. Pero, ese Derecho Penal Romano pudo de cierta forma alcanzar determinados avances (afirmación de su carácter publico, el reconocimiento de las ideas esenciales sobre la imputabilidad, de la culpabilidad, etc). De este mismo modo durante el imperio romano existían las monarquías absolutas durante la eta feudal, esto de cierto modo trajo como consecuencia la implantación de un orden normativo penal caracterizado por lo atroz de las penas, los privilegios para las clases que existían al momento (nobleza, feudales y la alta jerarquía eclesiástica), el arbitrio absoluto de los monarcas, los procedimientos secretos,etc.

Finalizando el siglo XVIII se acera el ascenso de la burguesía imperante al poder y con ello el Derecho Penal experimento una variación fundamental e importante comenzó a concebirse sobre las bases teóricas desarrolladas de manera coherente, según las conveniencias e intereses de la clase que iniciaba su hegemonía económica y política. Su transformación ha implicado el desarrollo de procesos racionales evolutivos que han  ayudado a la ciencia jurídico-penal en rasgos esenciales que pueda dividirse en tres etapas:

  • IUSNATURALISTA.
  • POSITIVISMO.
  • NEOPOSITIVISTA.

LA CONCEPCIÓN IUSNATURALISTA DEL DERECHO PENAL.

La coyuntura anteriormente descrita fueron señaladas por los ideólogos de la burguesía en su lucha contra el poder de la monarquía y feudalismo. En el ámbito jurídico utilizaron para la afirmación de sus aspiraciones políticas, la teoría que, proveniente de cierto modo de la escolástica medieval, aceptaba la existencia de derecho natural, anterior y superior al derecho positivo para ese momento y era fuente de todo otro derecho.

La burguesía, con ese derecho natural se propuso conseguir, en el orden social, la garantía fundamental del desarrollo ilimitado del dominio económico (la propiedad privada resultaba un derecho natural) y, en el político la garantía contra cualquier atentado a la clase ascendente (la libertad individual era otro derecho natural). Por ello es que el iusnaturalismo representó la base teórica fundamental sobre la cual se elaboraron las doctrinas jurídicopenales durante toda la etapa comprendida hasta la década del 70 del siglo XIX.

A pesar de ese fondo común, la teoría del Derecho penal, en la fase iusnaturalista, no integró una corriente homogénea, sino un movimiento que discurrió en cuatro direcciones:

a) La dirección Contractualista: Beccaria.

El mas importante expositor de la doctrina del contrato social en el campo del Derecho Penal. Según éste, en el estado natural (anterior al estado de sociedad) los hombres tenían el derecho de infligir una pena a quien les ocasionase un daño, pero agotados de disfrutar una libertad convertida en inútil por la incertidumbre de conservarla, sacrificaron una parte de ella para gozar la restante con seguridad.

Las leyes —para Beccaria— constituían el medio utilizado por los hombres independientes y aislados, para unirse en sociedad, y como toda ley debe estar sancionada, aquéllos, al celebrar el pacto social, confirieron al poder el derecho de
penarles si violaban las leyes de la asociación. Por consiguiente, el fundamento del Derecho penal según Beccaria radicaba en la necesidad de defender las normas pactadas para la conservación de la sociedad.

b) La dirección retribucionista: Kant y Hegel.

Con cierto paralelismo por la cual triunfaban las ideas contractualistas de Beccaria en Italia y Francia; en Alemania se fundamentaba la concepción del Derecho penal sobre la base del principio retribucionista, sostenido principalmente por Kant (dirección racionalista) y Hegel (dirección dialéctica).

Según Kant, el Derecho penal es el derecho que tiene el representante del poder sobre el individuo sujeto a él a fin de penarlo por un delito, mediante la inflicción de un dolor, o sea, que frente al mal del delito se opone el mal de la pena. El principio retributivo fue conducido por Kant a límites absolutos, por cuanto llegó a afirmar que si una sociedad se disolviese y se dispersase, el último asesino retenido en una prisión deberá ser ejecutado antes de la disolución de esa sociedad. En esa concepción retributiva de Kant se conciliaron el principio feudal del talión (devolver igual por igual) y el principio de la igualdad ante la ley (con independencia de la posición social del delincuente).

De igual manera Hegel constituía un error considerar la pena como un mal o como un bien. Era un absurdo considerarla un mal porque resulta contrario a la razón querer un mal únicamente por preexistir otro mal; y era un error considerarla como un bien por cuanto no se trata, en el fondo, de preocuparse del bien o del mal, sino de examinar la lesión inferida al Derecho o la violación sufrida. Su metodología lo condujo a otro razonamiento. El delito, para Hegel, era la negación del Derecho, en cuanto es Derecho, y la pena era la negación del delito: luego, la pena era la negación de la negación del Derecho. Sin embargo, también por esta vía metodológica llegó Hegel a una posición retributiva,
pero justificada mediante otros fundamentos.

c) La dirección utilitarista: Romagnosi.

En los siglos XVIII y XIX alcanzó notable prestigio en el campo del pensamiento filosófico, la corriente utilitarista, que fundaba los vínculos político-jurídicos en el valor de la “utilidad” sobre los restantes valores, llegando a reducir todo valor al de lo útil. El sentido de lo útil encerraba, no obstante, un significado de medio para alcanzar otros objetivos, por lo cual no podía ya considerarse como un valor último, por su subordinación al objetivo fundamental que pretendía lograr.

Dicha concepción filosófica se reflejó, en el terreno jurídicopenal, en la teoría de Romagnosi. Según éste, el Derecho penal constituía un derecho natural inmutable, anterior a las convenciones humanas e independiente de ellas, y cuyo fundamento radicaba en el derecho que asiste al hombre de conservar su felicidad. Se trata de un derecho de defensa. Tanto el derecho de defensa como el derecho a conservar la felicidad, se ponen en funcionamiento como consecuencia del mal que es capaz de causar el delincuente con el delito.

d) La dirección ecléctica: Carrara.

Carrara concluye de cierta forma el desarrollo de la concepción iusnaturalista; pero conduce positivamente a los primeros pasos de la teoría penal a planos de elevado perfeccionamiento técnico. En ella no abordó sólo los temas más generales del Derecho penal, elaborados ya por otras corrientes, sino también los relacionados con los problemas concretos que suscitaban, en su tiempo, el delito y la pena.

Según Carrara, el Derecho penal constituye un orden racional que emana de una ley natural suprema, preexistente a todas las leyes jurídicas y que obliga a los mismos legisladores. La ley jurídica (emanada de la ley natural suprema) confiere al
hombre derechos que requieren protección. El fundamento del Derecho penal radicaba, por consiguiente, en la necesidad de proteger los derechos de los hombres, consagrados en la ley jurídica y emanados de la ley natural suprema. La tutela jurídica (en el sentido de protección del orden jurídico) se convirtió, de este modo, en el fundamento absoluto del Derecho penal, del delito, de la pena y del procedimiento penal, es decir, de todo el sistema.

Las principales tesis de Carrara fueron: la concepción del
delito como ente jurídico, el libre albedrío como fundamento de la responsabilidad penal y la aplicación del método lógico abstracto y deductivo.

LA CONCEPCIÓN POSITIVISTA DEL DERECHO PENAL.

Con la consolidación del régimen burgués en las primeras décadas del siglo XIX significó al mismo tiempo la decadencia y declive de la doctrina del derecho natural, donde la burguesía había librado la batalla contra el régimen feudal. La doctrina que preconizaba que además del derecho positivo existía un derecho natural superior más justo y razonable, que presuponía la posibilidad de un enfoque crítico del orden existente, dejó de convenir a la burguesía triunfante.

El pensamiento jurídico penal acudió entonces, para sustituir al iusnaturalismo, a una de las corrientes de la filosofía que había comenzado a propagarse desde la mitad del siglo XIX. Esto es lo que se conoce como “positivismo”, el cual afirmaba su mérito en que se fundaba no sobre deducciones abstractas, sino sobre los hechos positivos, empíricos.

La reacción positivista se manifestó, en la esfera del Derecho penal, en dos tendencias diversas. De una parte, en el pensamiento jurídico-penal alemán el positivismo propuso la sustitución del derecho natural por el derecho positivo: el positivismo filosófico cristalizó en positivismo jurídico. De otra, el pensamiento jurídico-penal italiano encauzó su objetivo por rumbos criminológicos: el positivismo filosófico cristalizó en positivismo antropológico y sociológico.

Por ello puede sostenerse que en esta etapa, la concepción del Derecho penal se manifestó en cuatro direcciones: la antropológica, la normativa, la sociológica y la técnico jurídica.

a) La dirección antropológica: Lombroso.

La corriente antropológica (fundada por Cesar Lombroso) tuvo más implicaciones en el terreno de la criminología que en el del Derecho penal. Todo su material teórico se concentró en el estudio del delincuente, considerado “nato” por Lombroso.

b) La dirección normativa: Binding.

Desde la mitad del siglo XIX comenzaron a promulgarse textos legislativos codificados en casi todos los países europeos: España (1848), Austria (1852), Suecia (1864), Alemania (1871), Hungría (1878), Holanda (1881), Portugal (1886), Italia (1889). El derecho positivo pasó a ocupar un predominante lugar en el trabajo teórico, surgiendo de este modo, la corriente normativa en la esfera del Derecho. Su máximo expositor en el terreno jurídico- penal lo fue Karl Binding.

Sin embargo, el normativismo jurídico-penal de Binding supuso algo más que el estudio del derecho positivo. Negó la licitud de introducir juicios de valor o referencias a la realidad social (consideradas metajuridicas) en la tarea teórica. De este modo, el derecho positivo fue convertido por Binding en dogma metafísico, que era precisamente lo que intentaba combatir.

c) La dirección sociológica: Ferri y Von Liszt.

Uno de los fundadores de la filosofía positivista, Augusto Comte, propuso como tarea más importante de la ciencia de la sociedad, la de evadirse de la prisión de las especulaciones metafísicas y reafirmarse en el sólido fundamento del estricto conocimiento analítico. Sobre las bases de esa metodología, la ciencia penal intentó el conocimiento y explicación del fenómeno delictivo a partir del pensamiento sociológico positivista.

El positivismo sociológico se reflejó en Italia en las ideas de Ferri y en Alemania en las de von Liszt. Sin embargo, mientras Ferri (ligado a las concepciones de Lombroso) tomó una dirección sociológica, pero con influencias de la tendencia antropológica, von Liszt (aproximado a las concepciones de Binding) adoptó una línea también sociológica, pero asociada al positivismo jurídico.

Ferri, con el método positivista, varió de manera completa la metodología anterior: en lugar de lo abstracto se basó en lo concreto, y en vez de la deducción, empleó la inducción. Esta nueva metodología implicó también el cambio en el objeto de conocimiento de la ciencia penal: de la búsqueda del deber ser se pasó a la investigación del ser. Sus tesis principales fueron la concepción del delito como fenómeno social e individual, el principio de la defensa social como fundamento de la pena, el empleo del método empírico- inductivo y experimental y la teoría de la responsabilidad penal basada en la negación del libre albedrío.

Mientras que en Von Liszt las premisas que dominan fueron: primera, que la idea de “fin” determina al Derecho y a cada una de sus instituciones; y segunda, que el Derecho no es sólo un complejo de imperativos formulados de modo abstracto, sino esencialmente un conjunto de intereses expresados por el legislador en forma coactiva. De estas dos premisas emanan sus concepciones sobre el delito, el bien jurídico, la sanción penal, etc.

El sistema de Von Liszt se caracteriza por la aplicación de un doble enfoque metodológico: utilizó el método lógico formal en cuanto al Derecho penal (propio del positivismo jurídico) y el experimental para estudiar el delito y la pena como fenómenos empíricos (propio del positivismo sociológico). En esa doble metodología se materializaban para Von Liszt tendencias contradictorias, a las cuales respondían, respectivamente, el Derecho penal y la Política criminal. La cuestión que se suscitó a Von Liszt era la concerniente a las relaciones de esas dos “ramas” (Derecho penal y Política criminal).

La solución que propuso no consistió en sustituir el Derecho penal o diluirlo en una disciplina unitaria (como propugnaba Ferri desde posiciones más sometidas al positivismo de Comte), sino la de conservar ambas, discurriendo de modo independiente y paralelo.

d) La dirección técnico-jurídica: Rocco.

A principios del siglo XX, la investigación del derecho positivo, como objeto de conocimiento de la ciencia jurídica, se había cumplido en la esfera del Derecho civil, tanto en la teoría jurídica alemana como en la teoría jurídica italiana. No sucedió lo mismo en el terreno del Derecho penal, donde la aceptación del derecho positivo como objeto de la elaboración teórica se llevó a cabo en la teoría jurídico-penal alemana antes que en la teoría jurídico penal italiana.

Ciertamente se debió a la demora en Italia para disponer de un Código Penal unitario, es decir, del necesario derecho positivo capaz de servir de base para elaborar concepciones teóricas, con respecto a Alemania. En ésta, al alcanzarse la unificación política en 1871 entró en vigor una ley penal de ámbito imperial y aún antes, desde 1794, ya los Estados alemanes tenían un Código Penal que si bien su vigencia no era generalizada a todos los Estados alemanes, se extendía a una notable cantidad de ellos. Italia, en cambio, no dispuso de un Código Penal unificado hasta 1889.

Arturo Rocco, en 1910, propuso un cambio en el método de la ciencia penal italiana, con el cual puso en marcha una nueva dirección del Derecho penal, denominada por el propio Rocco y sus seguidores “tendencia técnico-jurídica”. Esta corriente se fundamentaba en tres puntos: primero, el objeto de conocimiento del Derecho penal es el derecho positivo; segundo, los métodos para llevar a cabo la elaboración  científica de ese derecho positivo son los de la dogmática; y tercero, para que la dogmática jurídica se adecue a la naturaleza del Derecho penal, es necesario que aquélla se desarrolle conforme a una concepción finalista del Derecho.

C) LA CONCEPCIÓN NEOPOSITIVISTA DEL DERECHO PENAL.

A comienzos del siglo XX se inició, en la esfera del Derecho penal, un amplio movimiento de oposición al positivismo. Esta reacción antipositivista se caracterizó no por la renuncia al positivismo, sino por la rectificación de sus excesos. La  tendencia técnico-jurídica de Rocco constituyó el puente histórico entre una y otra etapa, al punto que es dudosa su ubicación, pero otras características (por ejemplo, su repudio a toda filosofía) puede incluirse de cierto modo dentro del positivismo.

Las razones expuestas han llevado a denominar esta nueva concepción del Derecho penal como “neopositivista”. Con tal expresión no pretendo asociar la concepción jurídico- penal con la corriente neopositivista de la filosofía. Se trata más bien de un resurgir del positivismo pero ahora retocado. Las direcciones dominantes en esta etapa son: la neoantropológica, la neokantiana, la teoría finalista y la neosociológica.

a) La dirección neoantropológica del Derecho penal.

La abdicación al positivismo jurídico propició el surgimiento y desarrollo de nuevas corrientes dentro del Derecho penal. Esas nuevas corrientes, en lo fundamental, no representaban más que una vuelta al positivismo criminológico en su sentido antropológico.

El resurgimiento del positivismo antropológico no reprodujo íntegramente al expuesto por Lombroso. Las teorías rigurosamente lombrosianas habían perdido todo su prestigio y consideración teórica. Por ello se trata de tendencias que, aun comprendidas en lo principal en la idea del carácter personal del acto delictuoso, se separaban de la tesis del criminal nato el neopositivismo antropológico rechazaba la base puramente orgánica del delincuente.

En el campo de la concepción neoantropológica se desarrollaron, principalmente, dos tendencias: la psicoanalítica del Derecho penal y la irracionalista de la escuela alemana de Kiel. La dirección psicoanalítica ha tenido, en el terreno del Derecho penal, limitadas consecuencias: una concepción psicoanalítica de la delincuencia y una teoría psicoanalítica de la pena.

Las principales tesis de la escuela de Kiel fueron: la elaboración de un Derecho penal de autor en lugar de un Derecho penal del acto; un concepto del delito articulado a base no ya de los atributos de la acción, sino del tipo de autor; y un concepto de la pena en el que lo decisivo no radicaba en el reproche que se hace por el acto cometido, sino en e reproche que se hace al autor por haberse convertido en una  personalidad criminal.

b) La dirección neokantiana del Derecho penal.

La resistencia contra el positivismo en la metodología jurídica fue el reflejo del rechazo operado a nivel filosófico general de la actividad “antifilosófica” que había inspirado la segunda mitad del siglo XIX. A partir de la última década de ese siglo XIX había surgido una intensa refutación al positivismo caracterizada, en lo común a todas las direcciones, por un movimiento de retorno a la filosofía como línea consecuente para vencer las limitaciones que había traído consigo el planteamiento positivista en torno al concepto de “ciencia”.

La corrección de las deficiencias del positivismo en el terreno jurídico-penal siguió dos direcciones: el historicismo de Dilthey y el neokantismo.

El neokantismo, en general, se propuso un objetivo esencial: alcanzar un concepto de “ciencia” que permitiese calificar de “científicas” las disciplinas relativas a la conducta humana, prescindiendo en cuanto a ellas de las características propias de las ciencias naturales. La distinción entre las ciencias naturales y las ciencias culturales fue abordado por el neokantismo a partir de la necesidad de diferenciarlas a través de su método.

Para el neokantismo, las ciencias culturales (entre ellas la ciencia del Derecho) debían su carácter científico a la utilización de un determinado método. Este planteamiento general fue desarrollado por vías muy distintas por las dos direcciones que siguió el neokantismo alemán: la de la escuela de Marburgo y la de la escuela de Baden. La escuela de Marburgo se propuso exponer la estructura formal del conocimiento jurídico. La escuela de Baden, en cambio, se basó en la relación en que el objeto de conocimiento se halla con respecto a los “valores”, o con más precisión, en la “referencia a valores” de sus objetos de conocimiento.

Las ciencias culturales (entre ellas la ciencia del Derecho y por ende del Derecho penal) se caracterizan por su naturaleza “valorativa”, por estar sus instituciones y normaciones referidas a valores. Al trasladarse las ideas filosóficas del neokantismo a la esfera del Derecho penal experimentó dos importantes rectificaciones. De una parte, Lask adicionó la idea de la naturaleza teológica de los valores a que se refería el Derecho; y de otra, Radbruch, tomando de la filosofía kantiana la tesis de la imposibilidad de derivar los valores de la realidad, de fundar el “deber ser” sobre lo que “es”, aplicó el llamado “dualismo metodológico” como característica fundamental de la distinción entre ciencias naturales y ciencias jurídicas.

Según tales ideas, el hecho a estudiar por las ciencias naturales y la ciencia jurídica podía ser el mismo; pero mientras desde el punto de vista de las ciencias naturales no tenía que suscitarse problemas valorativos, el jurista, por el contrario, tenía que relacionar ese hecho con determinadas consideraciones valorativas (axiológicas), tenía que regularlo, delimitarlo o estudiarlo en función de esas valoraciones.

La teoría neokantiana del Derecho penal fue una teoría complementaria del positivismo jurídico; pretendió superarlo sin contradecirlo, para lo cual se limitó a completarlo. Su impacto en el Derecho penal ha sido notable: la concepción del delito, del tipo penal, del bien jurídico, de la antijurícidad, de la culpabilidad, etc., resultaron profundamente reformadas por ella.

El dualismo de “ser” y “deber ser”, de realidad empírica libre de valor y significado valorativo de la realidad, se manifestó en casi todas las instituciones jurídico- penales.

c) La teoría finalista.

La teoría finalista aparece, considerada en sus nexos históricos, como la conclusión provisional de una evolución caracterizada por la progresiva transformación del sistema de Liszt y Beling. Desde el punto de vista filosófico enlaza esta dirección con el pensamiento de Hegel y principalmente con la fenomenología de Husserl y la tendencia ontológica de Nicolai Hartmann.

Aun cuando la teoría finalista surgió en Alemania a fines de la década del 30 con la obra de su creador Hans Welzel, no fue hasta la década del 50 cuando cobró su apogeo. Desde su inicio hasta la actualidad, la discusión entre neokantianos y finalistas ha dominado el terreno teórico del Derecho penal Mientras que los neokantianos sostienen que es el método lo que determina el objeto de conocimiento del Derecho penal, los finalistas mantienen que es el objeto de conocimiento lo que determina el método. Según los finalistas, el objeto de conocimiento es el mismo tanto para las ciencias naturales como para las ciencias culturales; lo que ocurre es que ese objeto de conocimiento es estudiado por las ciencias naturales mediante un método y por las ciencias culturales mediante otro.

De este planteamiento fundamental se infiere que la particular metodología del Derecho penal es precisamente lo que caracteriza a la teoría finalista. Las acciones del hombre — base sustentadora del delito— son para los finalistas causales e intencionales; sin embargo, al Derecho penal sólo es de interés el carácter intencional de los actos humanos, o sea, que esos actos del hombre son relevantes para el Derecho penal no porque “causan” un resultado, sino porque se ejecutan para alcanzar una meta previamente prevista por el hombre, con arreglo a una “finalidad” (de ahí la denominación de esta teoría).

Las más importantes consecuencias que Welzel dedujo de su metodología fueron la tesis sobre la acción finalista y la concepción de la culpabilidad.

d) La dirección neosociológica del Derecho penal: La Nueva Defensa Social.

La historia de las ideas acerca de la “defensa social” en la esfera del Derecho penal, se remontan al positivismo filosófico de Comte y su acuñamiento específicamente penal, a la obra de Ferri y Garófalo en el último cuarto del siglo XIX.

Los principios sustentados por el sociologismo italiano y la consecuente protección de la sociedad como misión del Derecho penal, el rechazo del principio de la culpabilidad, así como la conversión del Derecho penal en un Derecho de medidas, fueron también puestos de relieve por la Unión  Internacional de Derecho Penal, fundada en 1888 por von Liszt, Prins y van Hamel.

En 1945 Gramática fundó en Génova el Centro Internacional de Estudios de Defensa Social. Poco después, en 1947, se aprobó el primer Programa Mínimo del Centro, cuya finalidad consistía en explicar sus principios y objetivos de estudio. En ese año tuvo lugar, en la ciudad de San Remo, el I Congreso Internacional de Defensa Social y en 1949 el II.

En 1954 se inició un giro importante en la proyección teórica de la “Nueva Defensa Social”. De una parte, apareció el libro Nueva Defensa Social. Un movimiento de política criminal humanista del francés Marc Ancel; y, de otra, el Consejo de Dirección de la Sociedad Internacional de Defensa Social adoptó un nuevo programa Mínimo, preparado por Ancel y el suizo Strahl.

La Nueva Defensa Social no constituye un movimiento unitario, sino una corriente político-criminal que tolera varios caminos para alcanzar objetivos más o menos comunes. No se trata de una nueva “escuela”, sino que, por el contrario, acepta corrientes como intentos de nuevos planteamientos dirigidos a posteriores elaboraciones.

Dentro de esta dirección se advierten dos tendencias: una radical (representada por Gramática) y otra moderada (representada por Marc Ancel). Hasta 1954 el predominio de Gramática dentro del movimiento fue absoluto; sin embargo, a partir de ese año se inició un cambio paulatino hacia el reconocimiento de las ideas sustentadas por Ancel, hasta que en 1966 los criterios de éste triunfaron de modo definitivo.

La Nueva Defensa Social, no obstante sus diferencias internas, ha alcanzado algunos puntos de coincidencia: la aceptación del principio de desjuridización como base del enfoque de la realidad criminológica; la necesidad de la investigación empírica para hallar soluciones penales válidas a realidades como son el delito y la sanción; la definición de sus objetivos como movimiento de política criminal; y la aspiración a conservar sus concepciones dentro del campo de la ciencia penal.

 

 

EL ALBACEA (PERSONA QUE HACE CUMPLIR LA VOLUNTAD DEL TESTADOR) POR @anasantandero

Es de suponer que se trata de una o más personas en las que el testador deposita su confianza, para que a posteriori de su fallecimiento, ejecute lo más fielmente posible el testamento. Albacea en árabe significa ejecutor. Es una persona impuesta a los beneficiarios del testamento (herederos, legatarios y demás beneficiarios) en forma inconsulta que no puede ser revocado por ellos. Difiere del mandato o poder en que éste queda sin efecto por la ocurrencia de la muerte, mientras que el Albaceazgo, nace precisamente al ocurrir la muerte. Sin entrar en discusiones doctrinarias, diremos que se trata de una manifestación de voluntad más del causante, quien dicta disposiciones de carácter patrimonial y no patrimonial.

NOMBRAMIENTO DEL ALBACEA: Se hace en el propio testamento y conforme al 970 CC pueden los interesados en la sucesión, solicitar al Juez competente fije al Albacea un plazo prudencial para que acepte o se excuse del cargo. Si el Albacea no comparece, se entenderá caducado el cargo. Pero si acepta, será de obligatorio cumplimiento, salvo causal justificada. El cargo es gratuito, salvo disposición en contrario del testador, en cuyo caso, los gastos hechos por el albacea para el inventario y el rendimiento de las cuentas, y los demás indispensables para el desempeño de sus funciones, le serán abonados de la masa de la herencia. Si el testador les fijó  retribución y algún albacea no acepta el cargo, su porción acrecentará la de los demás albaceas.

DURACION DEL ALBACEAZGO: El propio testador fija el plazo durante el cual el Albacea cumplirá su encargo, pero si hay silencio al respecto, será de 1 año a contar de la muerte del testador, plazo que puede ser prorrogado si el Juez así lo acuerda, a petición del interesado o del propio albacea. Si el testador nombra varios Albaceas indistintamente, ellos serán solidariamente responsables, pero a falta de los demás, uno solo puede cumplir los encargos. De igual modo puede ser que el testador haya designado albaceas diferentes con propias funciones.

QUIEN PUEDE SER ALBACEA: El Albacea solo debe tener plena capacidad, por tanto un menor de edad aun con el consentimiento de sus padres, no podrá serlo y tampoco el incapaz

FUNCIONES DEL ALBACEA: Se las asigna el propio testador, con 2 limitantes, la primera que no lo puede autorizar a apoderarse de los bienes hereditarios si existen herederos forzosos, solo podrá ordenar que si éstos últimos quieren tomar posesión de los bienes, notifiquen primero al albacea y la segunda que si no existen herederos forzosos, para que el albacea se apodere de los bienes, tendrá que notificar a los herederos testamentarios. Si el testador guarda silencio respecto a las atribuciones del Albacea, el artículo 973 CC, dispone que: “…1º Disponer y pagar los funerales del testador con arreglo a lo ordenado por éste, y en defecto de tal disposición, según la costumbre del lugar y las facultades de la herencia. 2º Pagar los legados que consistan en cantidades de dinero, haciéndolo saber al heredero y no contradiciéndolo éste. 3º Vigilar la ejecución de lo demás ordenado en el testamento; y sostener, siendo ello justo, su validez en juicio o fuera de él. 4º Si por disposición del testador está en posesión de todos los bienes, sus atribuciones se extienden a pagar las deudas.”. EL 974 CC dispone: “…si no hubiere en la herencia dinero bastante para hacer los pagos de que trata dicho artículo, y los herederos no lo afrontasen de lo suyo, solicitarán los albaceas autorización del Tribunal para la venta de bienes, previa notificación a los herederos.” El 975 y 976 CC disponen: “…no podrán, so pretexto de pagos de legados y funerales, proceder al inventario de los bienes del de cujus, contra la voluntad de los herederos.”, lo anterior salvo que   “el testador lo hubiere ordenado o entraren en posesión de los bienes, a menos que, siendo los herederos capaces de administrar sus bienes, se opongan a ello.”. En otras palabras, a pesar que el testador hubiere ordenado el inventario, si existen herederos (forzosos o testamentarios), capaces de administrar sus bienes que se opongan a la realización del mismo, no podrá el albacea hacerlo. Ahora bien, 2 hipótesis nuevamente, una que si los herederos capaces de administrar sus bienes no manifiestan su oposición por encontrarse fuera del domicilio del causante, el albacea podrá hacer el inventario y notificará al heredero, de ser posible y otra, si el heredero es una persona incapaz o es una corporación o establecimiento público, el Albacea, notificará al padre, tutor, curador, administrador, según el caso, que debe hacerse el inventario conforme a la orden del testador y si no lo encuentra por estar fuera del domicilio del causante, los albaceas harán el inventario sin previa notificación. Por cuestiones de sentido común, se entiende que el Albacea no podrá intervenir en ningún contrato donde se encuentre directamente interesado, o lo estén sus parientes hasta el 4° de consanguinidad o sus socios en alguna empresa,, tampoco podrá adquirir personalmente o por persona interpuesta, bienes de la sucesión.

FORMACION DEL INVENTARIO: Para la formación del inventario se procederá conforme al Parágrafo 3º, Sección II, Capítulo III del Título II. Artcs. 1023 al 1048CC.

ACCIONES DEL LOS HEREDEROS CONTRA LOS ALBACEAS:

Daños y Perjuicios: Aun cuando el Albacea es independiente de cumplir su encargo respecto a los herederos, éstos pueden ante cualquier exceso que les perjudique, reclamarle los daños y perjuicios.

Remoción del Cargo: El Albacea puede ser removido del cargo una vez cumplido su encargo, a pesar que no se haya agotado el tiempo pautado por el testador. O cuando se demuestra dolo, culpa, negligencia en el cumplimiento de sus atribuciones, es decir, cuando no se comporta como un “buen padre de familia”.

Rendición de Cuentas: Los herederos pueden exigir las cuentas del albacea por el todo o por la parte que les fue encomendada en cumplir cuando haya quedado debidamente dividida en su función y en su cumplimiento.

Hacer Cesar la Tenencia de los Bienes: El heredero puede hacer cesar la tenencia de los albaceas, consignando una cantidad de dinero suficiente para el pago de las deudas y legados, o pagándolos, o asegurando su pago en conformidad a lo ordenado por el testador; salvo, en el último caso, disposición en contrario de éste. 

TERMINACION DEL ALBACEAZGO: El albacea no puede delegar sus funciones, (es un cargo intuito personae) ellas terminan por su muerte (aunque habrá que tener en cuenta si la designación la hace el testador teniendo en cuenta no a la persona sino al cargo que desempeña, Ej: Presidente del Colegio de Médicos), remoción o expiración del lapso señalado por el testador o por la Ley. Si existen legados o fideicomisos sujetos a condición o plazo pendiente, no por ello se prorrogará el albaceazgo, salvo que el testador le haya dado al albacea la tenencia de los bienes que estén destinados a cumplirlos, igual situación ocurrirá si se trata del pago de dudas no líquidas con condición o plazo pendientes, en ese caso, el albaceazgo se podrá prolongar. Como el Albacea debe ser capaz de obligarse, si en forma sobrevenida ocurre su incapacidad, el juez deberá suspender el ejercicio, de oficio o a solicitud de los interesados en la herencia. La nulidad del Testamento hará nula la designación del albacea. Si se extinguen los bienes sobre los cuales el albacea debía cumplir su función, lógicamente, cesará su nombramiento.

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QUE HACER SI EL INQUILINO, DESPUÉS DE VENCIDO EL CONTRATO, SE NIEGA A ENTREGAR EL LOCAL ARRENDADO POR @anasantandero

En esta ocasión daremos inicio al tema bajo estudio, comenzando por el final. Nos explicamos de seguidas: Recordemos que el Derecho no es matemático, de tal manera que la conclusión de este artículo se reduce a que iniciado un juicio por Desalojo de Local Comercial en base al artículo 40, literal g) de la ley de la especialidad, todo se centra en un tema probatorio, “así de simple”. Tendrá la razón el propietario si éste demuestra que el Contrato de Arrendamiento siempre ha sido a suscrito a Tiempo Determinado; por el contrario, si el inquilino demuestra que se ha transformado en  Tiempo Indeterminado, no quedará duda, él resultará victorioso.

NUESTRO EJEMPLO DE COSTUMBRE: A demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento a la Sociedad Mercantil B para obtener el desalojo del Local Comercial que le tiene alquilado, en base a que ya se venció la duración natural del contrato y su prórroga legal, todo en atención a los artículos 1600 y 1614 del CC. B por su parte señala que, vencidas ambas (duración natural y prórroga), él se mantuvo en el inmueble pasados 3 meses y se mantuvo solvente, por tanto se produjo la tácita reconducción (se desnaturalizó el contrato determinado en a tiempo indeterminado).  B deberá demostrar, se repite, la alegada renovación del contrato y de no lograrlo, el juez aplicará, por falta de cumplimiento en la entrega del inmueble, no solo la penalidad prescrita en el cuerpo del contrato, por cada día de ocupación del inmueble indebidamente, hasta que se dicte la sentencia definitiva de última instancia; sino además ordenará la entrega del inmueble en cuestión.

FUNDAMENTACION  LEGAL: Artículo 1.600 CC.– Si a la expiración del tiempo fijado en el arrendamiento, el arrendatario queda y se le deja en posesión de la cosa arrendada, el arrendamiento se presume renovado, y su efecto se regla por el artículo relativo a los arrendamientos hechos sin determinación de tiempo. Artículo 1.614CC.-En los arrendamientos hechos por tiempo determinado, si el inquilino continuare ocupando la casa después de vencido el término, sin oposición del propietario, se juzga que el arrendamiento continúa bajo las mismas condiciones; pero, respecto al tiempo, se procederá como en los que se hacen sin tiempo determinado. No obstante, existen criterios que señalan que la  tácita reconducción consiste “…en la continuación o renovación del contrato de arrendamiento, por el hecho de permanecer el arrendatario en el uso y goce de la cosa arrendada después de vencer el término pactado del arriendo…”; pero ésta: “…supone una reproducción del contrato reconducido, inclusive en lo que se refiere al plazo. Por eso rechazan el concepto determinando que la permanencia del locador en el uso y goce de la cosa arrendada, una vez terminado el contrato, no significa tácita reconducción, sino continuación de la locación concluida, y sus mismos términos, hasta que el locador pida la devolución…”. (Diccionario Jurídico Venelex, DMA Grupo Editorial, C.A., Caracas, 2003, Tomo II, página 522). En este sentido, cuando opera la tácita reconducción de un contrato de arrendamiento debe necesariamente existir un contrato de arrendamiento previo, el cual será reconducido: “…en sus mismos términos…”, razón por la cual sí el contrato previo es a tiempo determinado, aún cuándo opere la tácita reconducción, seguirá siendo a tiempo determinado, dado que en el reconducido, ese era uno de sus términos, por lo que nunca podrá cambiar su esencia de tiempo determinado a tiempo indeterminado. Por otro lado, la Sala en sentencia N° 482 del 6/08/2015, expediente N° 2015-000249, caso: J.C.D.S. contra Bar Restaurant Pollo en Brasa El Preferido, colocó como punto medular que el propietario/arrendador, efectúe actos de oposición inequívoca en el sentido que no desea renovar ni prorrogar más la relación arrendaticia, actos que permitan comprobar fehacientemente, que la voluntad es la de dar fin a la relación arrendaticia, (notificación vía auténtica).  Pues no existe tácita reconducción cuando el arrendador no ha prestado su anuencia para que el arrendatario permanezca en el inmueble, requisito esencial para que ésta opere; además, de necesariamente existir un contrato previo escrito, el cual sería supuestamente reconducido. Por su parte conforme al Artículo 1601 CC. Si ha habido desahucio, el arrendatario aun cuando haya continuado en eL goce de la cosa, no puede oponer la tácita reconducción.

DEMORA PARA ACCIONAR DEL PROPIETARIO:Jurisprudencialmente se ha establecido que el arrendador debe actuar de inmediato y sin demora alguna a solicitar la desocupación judicial del inmueble una vez vencida la prórroga legal, trayendo como consecuencia, (su inactividad superior a 45 días posterior al vencimiento de la prórroga legal), que opere la tácita reconducción. Ante este argumento más reciente jurisprudencia nos indica que no existe lapso legal o término para el ejercicio de la acción de cumplimiento de contrato de arrendamiento, ya que una vez vencida la prórroga legal, el arrendador queda habilitado para exigir del arrendatario el cumplimiento de su obligación de entrega del inmueble, inclusive, para solicitar el secuestro de la cosa arrendada conforme a las previsiones del artículo 39 eiusdem. (Sentencia de esta Sala N° 1993/2014, caso: “Hola Modas, S.A.). Aunque este Despacho Jurídico prefiere evitar riesgos innecesarios e interpretaciones acomodaticias, cabe destacar que para el propietario lo vital será determinar si el inquilino estaba en conocimiento del desahucio, es decir, del vencimiento de la prórroga legal, a tenor del 1601 CC ya citado.

SOLVENCIA DEL INQUILINO: Otro aspecto importante a considerar será si el inquilino ha dado cumplimiento a lo previsto en el Artículo 22, numeral 3, que señala: “Cuando la relación arrendaticia no pudiera ser objeto de finiquito entre las partes, por obligaciones insolutas de cualquiera de ellas, se procederá de la siguiente manera: … 3. Cuando el arrendatario se negare a desocupar el inmueble, a pesar del término del plazo de la relación arrendaticia, el arrendador tendrá derecho a percibir por cada día transcurrido, el precio diario del arrendamiento, más una cantidad adicional equivalente al 50% de dicho monto, hasta la restitución definitiva del inmueble. La cantidad resultante, a la fecha de la restitución efectiva del inmueble, podrá ser imputada a la garantía, la cual se ejecutará en los términos dispuestos en este Decreto Ley. Lo anterior es importante pues solo si se da cumplimiento al pago debido aquí comentado, el inquilino se considerará solvente en sus obligaciones. Entonces, no solo será la permanencia en el inmueble y la no oposición del propietario a tal oposición, sino la solvencia del inquilino. Nótese que el artículo en comento parte de la “negativa en entregar el inmueble arrendado a pesar del término del plazo de la relación arrendaticia”. En otras palabras, el inquilino siempre debe estar solvente, pues si se niega a entregar el inmueble a pesar de estar vencida la prórroga legal o si al contrario alega que hubo un acuerdo de renovación y no hay lugar a prórroga legal, ante la sola negativa a entregar el inmueble, es mejor dar cumplimiento al artículo 22, numeral 3.

CONCLUSIÓN: No pretendemos en este artículo dar posiciones rígidas. Antes bien, buscar una discusión enriquecedora. No obstante y retomando el punto de partida del presente análisis, todo se reduce a un tema probatorio. Inquilino: demostrar que no hubo prórroga sino renovación. Propietario: demostrar voluntad inequívoca de dar por terminada la relación arrendaticia. Quien logre la mejor actividad probatoria y el convencimiento del juzgador, resultará vencedor en juicio de desalojo.

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EL TESTAMENTO ABIERTO Y CERRADO EN VENEZUELA. DECLARACIÓN DE ULTIMA VOLUNTAD POR @anasantandero

Partamos de un ejemplo para tratar el tema que hoy nos ocupa. Una madre en su lecho de muerte está altamente agradecida con uno de sus hijos, quien cuidó de ella en sus momentos más delicados de salud. Su otro hijo, no fue ajeno a ella, solo que no le prestó la dedicación en la misma medida que el anterior. Es así que, de la parte disponible de los bienes que va a dejarles en herencia, supongamos una casa de 2 plantas (ambas construidas a modo de viviendas independientes), concede un porcentaje mayor a ese hijo de quien está tan agradecida y lo mismo hace con los bienes muebles que existen dentro de la vivienda. Todo lo anterior lo hace momentos antes de su muerte y en documento privado. Se pregunta entonces: ¿Siendo ambos hijos por igual herederos legítimos, la pretensión de la madre es legal?. La respuesta es afirmativa, pero requerirá del cumplimiento de unas formalidades ulteriores al otorgamiento de ese testamento para que éste sea oponible a terceros y surta plenos efectos.

Analicemos el tema así:

CONCEPTOS BASICOS:

TESTADOR: Es quien otorga el testamento, quien dicta su última voluntad.

TESTAMENTO: Declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento; es un acto solemne sometido a ciertos requisitos de forma y en el que necesariamente consta la institución de un heredero.

TIPOS DE TESTAMENTOS: Ordinarios y Especiales.

Los Especiales son: Se trata de la situación poco usual/especial en la que se encuentra el testador al momento de hacer su testamento.

Ejemplo 1: El testador está  en expedición de guerra, o es prisionero del enemigo o en algún lugar donde las comunicaciones estén interrumpidas. Se otorgará por ante el Jefe de Batallón o quien haga sus veces y 2 testigos no menores de 18 años. Todos deben firmar el testamento y en caso que alguno esté inhabilitado para hacerlo, deberán firmar a ruego alguna persona por él. Si el testador está enfermo o impedido, puede recibir el testamento el Capellán o Médico a cargo. El testamento debe ser remitido a Cuartel General y al Ministerio de la Defensa, quien ordenará  su depósito ante el Registro Público del último domicilio del testador o del Distrito Capital.

Ejemplo 2: El testador está en un lugar donde existe una epidemia contagiosa. En este caso podrá otorgar su testamento delante de un funcionario público (Registrador  o Autoridad Judicial) y 2 testigos no menores de 18 años y no analfabetas. Todos deben firmar el testamento y en caso que el testador esté inhabilitado para hacerlo, deberá firmar a ruego alguna persona por él. El testamento caduca a los 3 meses de superada la epidemia o de haberse trasladado el testador u otro lugar sin epidemia. Si el testador fallece en ese período, el testamento deberá ser protocolizado en la oficina de registro público del lugar de la jurisdicción donde se otorgó.

Ejemplo 3: El testador está a bordo de un buque de guerra o mercante y se otorga ante el Capitán o quien haga sus veces y 2 testigos no menores de 18 años. Todos deben firmar el testamento con su duplicado, y en caso que alguno esté inhabilitado para hacerlo, deberán firmar a ruego alguna persona por él. Si el testador es el Capitán, lo sustituirá el primero a bordo. Un ejemplar del testamento deberá mencionarse en el diario de navegación y en el rol de la tripulación. Si el buque arriba a puerto extranjero, será entregado el testamento y la nota colocada en el diario de navegación al cónsul del país de origen del testador. Si el buque arriba a puerto nacional, serán entregados el testamento y su duplicado (o el que quede, si antes arribó a puerto extranjero), a la Primera Autoridad Civil o Marítima. En  la nota del diario se dejará constancia de su entrega. Quien reciba el testamento levantarán acta con lo sucedido y todo ese material será entregado al Ministerio de la Defensa, quien archivará 1 ejemplar y el otro lo remitirá a la Oficina de Registro Público de la última residencia del testador o en si defecto del Municipio Libertador. El testamento tendrá efectos si el testador murió dentro de los 2 meses siguientes al desembarque, por lo que no es necesario que el testador esté enfermo o exista riesgo de en el viaje.

Los Ordinarios se dividen a su vez enCerrados: El testador no dice su última voluntad públicamente frente a terceros, la deja en un pliego cerrado que presenta ante la persona que debe autorizar el acto y 3 testigos. El registrador dejará constancia de la entrega del testamento por el testador, de si lo firmó él o si hubo firma a ruego y de la presencia de los testigos. La anterior constancia se estampará en la cubierta del testamento. Existe una limitante y es que quienes no sepan o no puedan leer, no pueden otorgar este tipo de testamento. El sordomudo y el mudo que sepan escribir si podrán hacerlo, solo que en la cubierta se señalará que lo contenido en la cubierta es su testamento. El testador que sepa leer, pero no escribir, deberá declarar que las leyó y si no pudo firmar, indicar el motivo. De todo se levantará un acta por el Registrador de la presentación del testamento cerrado y del cumplimiento de las formalidades y se registrará el acto. 

Abiertos: El testador declara su voluntad públicamente delante de quien debe autorizar el acto (Registrador). Se puede otorgar:

1) Por Documento Público conforme al 852CC.

2) Se puede otorgar ante el Registrador y 2 testigos sin protocolizar, cumpliendo estas formalidades: –

Si el testamento se presenta en su forma escrita. El Registrador o el Testador leerán públicamente el testamento, terminada la lectura, el Registrador estampará un Acta en seguida de la última palabra del testamento, sin dejar espacios en blanco y dejará constancia de la consignación del testamento,  la declaración del testador que ese es su testamento y que se ha dado cumplimiento a las formalidades del acto y a continuación firmarán testador, testigos y registrador. La firma del registrador debe avalar cada hoja del testamento.  -Si el testamento no se en forma escrita. El Registrador plasmará por escrito la última voluntad del testador que le expresó verbalmente, ante 2 testigos mayores de edad que no sean analfabetas. Levantará acta en la que exponga que el testador estuvo en su presencia, que la presenció, que leyó ante los presentes el testamento  y estuvo presente en todo el acto que es único. El acta la firman, Registrador, testigos y testador. Si el testador es sordo, debe leer el acta. Si el testador es sordo y no sabe leer, se requieren 2 testigos más y se dejará constancia de tal hecho. Si el testador es sordomudo o mudo y presenta por escrito el testamento, debe dejar expresa constancia que aquél es su testamento. Al final de toda el acta el testador deberá firmar para dejar constancia que lo redactado es su testamento. Si el testador no sabe o no puede escribir debe haber firma a ruego por persona diferente a los testigos. El testamento será protocolizado, en el mismo acto o con posterioridad a solicitud de interesado.

3) Ante 5 testigos sin estar presente el Registrador: Todos deberán firmar el testamento y 2 de ellos deben reconocer judicialmente su firma y el contenido del testamento, dentro de los 6 meses siguientes al otorgamiento. Igualmente deberá reconocerlo el testador si estuviera vivo, salvo imposibilidad (853 y 855 CC). No requiere que el testador se encuentre en gravedad extrema al momento del otorgamiento. Debe ser leído frente a los testigos. Una vez verificado por el Juez el reconocimiento de los testigos, ordenará su registro por ante el registro Público competente.

DE LOS TESTIGOS QUE PRESENCIAN EL ACTO: No pueden servir de testigos los ciegos, sordos o mudos, los que no entienden el idioma castellano, ni los parientes dentro del 4° de consanguinidad o 2° de afinidad del registrador que autoriza el acto. En el caso de testamentos abiertos, tampoco pueden servir como testigos los herederos y legatarios instituidos en el testamento y los parientes dentro de los grados expresados.

DIFERENCIA ENTRE TESTAMENTO ESPECIAL Y ORDINARIO: -En el Ordinario debe cumplirse la formalidad prevista so pena de nulidad. En el Especial el legislador, vista las circunstancias excepcionales, sacrifica las formas. -El Ordinario tiene duración indefinida y son solo modificables o revocables por el propio testador. El Especial son limitados en el tiempo y si el testador continúa vivo, caducan conforme a ley.

APERTURA PUBLICACIÓN Y PROTOCOLIZACION DE TESTAMENTOS CERRADOS:   Todo aquel que tenga un testamento cerrado en su poder, debe manifestarlo ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil, tan pronto como conozca de la muerte del testador para que sea abierto o publicado. El Juez fijará día y hora para que el testamento le sea consignado y se realice su apertura y publicación, ante 2 testigos. El auto se publicará en prensa. El Juez levantará acta dejando constancia del estado en que se encuentre la cubierta del testamento y si hay indicios de haber sido alterada violada la misma. El acta la firmarán el Juez, los testigos, los asistentes al acto y secretario del Tribunal. Ordenará se expida copia certificad el testamento y el acta de consignación, apertura y publicación, que será remitida al Registro Público de la jurisdicción donde se hubiere otorgado el testamento para su registro.

TESTAMENTO OTORGADO EN EL EXTERIOR: Puede tratarse de un nacional o de un extranjero que quiera hacer valer el testamento en nuestro país. En todo caso deberán cumplir las formalidades de autenticidad, previstas en el país donde se otorgue el testamento. La única limitación es que no son válidos en Venezuela, el testamento otorgado por 2 o más personas en un mismo acto, ni el ológrafo (manuscrito), ni el verbal, aun y cuando sean válidos en aquel país. Se podrán otorgar ante el Cónsul de Venezuela en el país en cuestión, cumpliéndose la normativa venezolana.  En este último caso, la autoridad consular remitirá copia certificada del testamento abierto o del acta en caso del cerrado al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual a su vez remitirá copia al Registrador Público del último domicilio del testador o en su defecto al del Municipio Libertador del Distrito Capital.

CONCLUSION: Volviendo a nuestro ejemplo inicial en el cual estamos en presencia de un Testamento Abierto sin la presencia del Registrador, el juzgador deberá valorarlo conforme a lo previsto en los artículos 1.357 y 1.359 del CC y en atención a los artículos 917 del CPC y 853 855 del CC, por lo que de las normas antes transcritas, si se evidencia el reconocimiento de la firma y contenido del testamento abierto por 2 de los 5 testigos, dentro de los 6 meses siguientes al otorgamiento. Indica el Prof. Francisco López Herrera en obra Derecho de Sucesiones. p.217, que se trata de un documento que consta en un simple instrumento privado y que las únicas formalidades que ha consagrado el legislador para el otorgamiento de este tipo de actos de última voluntad son los siguientes:”…tiene que constar por escrito (art.852 y 856 C.C), ser firmado por el testador (art 856 C.C) tiene que ser firmado por los testigos (art 855 C.C) y finalmente, éstos tiene que haber sido enterados de la última voluntad del testador ( ya que de no ser así mal podría luego reconocer el contenido del testamento, como lo exige el art.855 C.C.), por lo demás, debe necesariamente deducirse del texto del art.853, la firma del testamento por el testador y por los testigos debe efectuarse en el mismo acto, toda vez que de lo contrario mal podría hablarse de testamento otorgado ante cinco testigos”. Por lo tanto el juzgador deberá dar por cumplido lo dispuesto en la normativa prevista en los artículos 917 y 919 del CPC, concatenados con el artículo 855 del CC, ya que fue reconocido por 2 de los 5 testigos presenciales y deberá  declarar  Reconocido El Testamento realizado por la madre en su lecho de muerte, en el cual instituyó como herederos a sus 2 hijos y en consecuencia deberá impartir su aprobación y ordenar expedir copia certificada de las disposiciones testamentarias e igualmente ordenar se desglose del testamento original y las actuaciones practicadas a los fines de que sean agregadas al cuaderno de comprobantes del Registro Público correspondiente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 920 del CPC.

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¿SE PUEDEN PROTEGER, GARANTIZAR Y A SU VEZ RACIONALIZAR LOS BENEFICIOS LABORALES PACTADOS EN LAS CONVENCIONES COLECTIVAS? POR @HenryMeoli

Llegó a mis manos una circular emitida por el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo de la República Bolivariana de Venezuela, dirigida a las autoridades adscritas a su despacho especialmente a las Inspectorías y Subinspectorías del Trabajo de todo el país, a través la cual  se ordena una serie de lineamientos para ser aplicados en las negociaciones colectivas de trabajo en el marco del llamado: Programa de Crecimiento y Prosperidad Económica implementado por el Gobierno Nacional, a los fines de proteger la fuente de trabajo, viabilizar las convenciones colectivas y en consecuencia, proteger el ingreso de los trabajadores venezolanos.

Sin tocar el aspecto político, hago un análisis de este acto administrativo de carácter interno que en principio, su objeto es producir efectos dentro de la administración pública, pero que es capaz de producir efectos jurídicos frente a los administrados, en este caso frente a los trabajadores tanto del sector público como del sector privado, por su contenido y alcance ya que el mismo, a mi consideración, es contrario a toda disposición legal, incluso de carácter constitucional, protectora de los derechos laborales en Venezuela y amparados por convenios internacionales en materia de libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, suscritos y ratificados por la República.

Indica dicho documento, que los lineamientos y aclaratorias que se dictan deberán ser puestos en práctica, con carácter imperativo, por las salas de derecho colectivo de todas las Inspectorías del Trabajo a nivel nacional y las Direcciones que tramiten la negociación de Convenciones Colectivas de Trabajo, observándose en esta conducta una clara intervención de la Administración Pública en los asuntos que son propios de la negociación colectiva entre patronos y trabajadores que voluntariamente celebran convenios y acuerdos, en el ejercicio de su derecho sin más requisitos que los que establezca la ley, tal como lo dispone el artículo 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en lo sucesivo CRBV (1999) y el artículo 431 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, en lo sucesivo LOTTT (2012).

Además, en el mismo texto de la circular, el Ministro informa a sus subalternos, la creación de la Comisión de Control y Seguimiento de las Convenciones Colectivas del Trabajo, la cual tiene como propósito “proteger y garantizar el cumplimiento y la racionalización de los beneficios laborales”. En este sentido me di a la tarea de investigar en primer lugar, la definición del término Racionalizar y encontré los siguientes conceptos de la Real Academia Española:

1) Reducir algo a normas o conceptos racionales.

2) Organizar la producción o el trabajo de manera que aumenten los rendimientos o se reduzcan los costos con el mínimo esfuerzo.

Ahora bien, tomando la primera definición siendo la más cercana a nuestro objeto de estudio, me surge la siguiente interrogante: ¿Cómo se pueden proteger, garantizar y a su vez racionalizar los beneficios laborales? Para tratar de descifrar lo que en principio parece incoherente, hago las siguientes consideraciones:

En primer lugar, en Venezuela los derechos y beneficios laborales son protegidos por los principios de progresividad e intangibilidad, por lo tanto no podrán ser alterados por ninguna disposición legal en virtud de su carácter de orden público y de aplicación imperativa, obligatoria e inmediata que le otorga la CRBV (1999) y la LOTTT (2012).

En materia laboral se entiende por intangibilidad y progresividad, que los derechos y beneficios laborales no se pueden alterar en perjuicio del trabajador, por el contrario deberán aumentar, avanzar, mejorar, cualitativamente y cuantitativamente con respecto a las condiciones contenidas en las convenciones colectivas vigentes, con fundamento en lo establecido en el artículo 89.1 constitucional y 18.2 de la ley sustantiva del trabajo.

Así mismo, los derechos y beneficios laborales son irrenunciables, siendo este otro de los principios que rigen en materia laboral, por tanto toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos son nulos, conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 89.2 de la CRBV (1999) y 18.4 de la LOTTT (2012).

Ante estas consideraciones, concluyo que es deber del Estado proteger y garantizar los derechos y beneficios laborales con base a los principios constitucionales y legales antes descritos, por tanto pretender reducir los mismos a normas o conceptos “racionales” distintos a los acordados entre los trabajadores y el patrono, violenta toda disposición legal que rige la materia cuya rama se encuentra dentro del Derecho Social, como disciplina protectora de los débiles económicos, en este caso, los trabajadores, en la búsqueda de una verdadera justicia social para lograr el bienestar y progreso de los mismos, de su grupo familiar, y por ende, de la misma sociedad.

Sobre este asunto, la circular bajo estudio justifica la “presunta” violación al principio de progresividad, digo “presunta” porque no soy Juez para determinarlo, solo manejo un criterio propio, en el hecho de que el nuevo salario mínimo garantiza tal principio en el ingreso de los trabajadores, obviando que no solo se trata del ingreso por concepto de salario, que por demás se ve igualmente desmejorado en aquellos casos donde su factor de cálculo es el salario mínimo nacional,  sino de todo un conjunto de derechos y beneficios contenidos en las convenciones colectivas que son intocables, progresivos e irrenunciables, los cuales se pretenden racionalizar en el marco del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que por lo visto se inclina únicamente hacia un lado de la balanza, sin tomar en cuenta las conquistas laborales de las Organizaciones Sindicales y las normas que las protege.

Es el caso, que según la circular suscrita por el Ministro del Trabajo de turno, todos los beneficios laborales contemplados en las convenciones colectivas en las que se hayan pactado valores que afecte a las empresas, deben pasar por un proceso de revisión a los fines de proteger el proceso social de trabajo y a su vez el ingreso de los trabajadores; pero ¿Cuál ingreso? ¿El que fije el Gobierno? Porque es totalmente contradictorio que por un lado se ordena revisar los beneficios de las convenciones colectivas con el fin de racionalizarlos, y por otro pretenda garantizarlos y lograr la justa distribución de las riquezas, principio que por demás no se garantiza en la práctica a razón del desequilibrio en el cual se encuentra actualmente la economía venezolana, y la falta de herramientas legales por parte de los trabajadores para alcanzar tal justa distribución de las riquezas, con base a los principios de equidad y justicia social constitucionalmente reconocidos.

Ahora bien, la comisión creada por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo con la finalidad de supervisar el cumplimiento de los lineamientos que se ordenan en la mencionada circular, así como evaluar, monitorear y acompañar el proceso de negociación de las convenciones colectivas del trabajo y seguir el comportamiento de aquellas que se encuentran suscritas, fundamenta su intervención en el artículo 148 de la LOTTT (2012), el cual establece:

Cuando por razones técnicas o económicas exista peligro de extinción de la fuente de trabajo, de reducción de personal o sean necesarias modificaciones en las condiciones de trabajo, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo podrá, por razones de interés público y social, intervenir de oficio o a petición de parte, a objeto de proteger el proceso social de trabajo, garantizando la actividad productiva de bienes o servicios, y el derecho al trabajo. A tal efecto instalará una instancia de protección de derechos con participación de los trabajadores, trabajadoras, sus organizaciones sindicales si las hubiere, el patrono o patrona. Los trabajadores y trabajadoras quedarán investidos de inamovilidad laboral durante este proceso. El reglamento de esta ley regulará la instancia de protección de derechos.

En caso de existir convención colectiva, y si resulta acordada la modificación de condiciones contenidas en esa convención, dichas modificaciones permanecerán en ejecución durante un plazo no mayor del que falte para que termine la vigencia de la convención colectiva correspondiente.

Como se puede ver en el artículo anteriormente descrito, en la  LOTTT (2012) se encuentra establecido un mecanismo de protección del proceso social de trabajo, en los casos que exista peligro de extinción de la fuente de empleo, como primer supuesto; reducción de personal, como segundo supuesto; o sean necesarias modificaciones en las condiciones de trabajo, como tercer y último supuesto, para que de oficio o a petición de parte intervenga la Inspectoría del Trabajo competente, a los fines de proteger la fuente de trabajo, la producción de la empresa y el derecho al trabajo que tienen las personas.

Así mismo, esta norma establece la consecuencia jurídica en los casos que se modifiquen condiciones de trabajo contenidas en las convenciones colectivas, para impedir de algún modo el cierre de la empresa o la disminución del número de trabajadores en la misma, por lo que desde el punto de vista legal es válida la posibilidad, siempre y cuando no se lleve a cabo vulnerando los derechos de los trabajadores contemplados en la Constitución y las Leyes.

Con la entrada en vigencia de la LOTTT (2012), se suprimió el artículo 525 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo de 1997, en lo sucesivo LOT (1997), el cual dispuso lo que la doctrina denominó la Teoría de la Imprevisión, como fundamento para la revisión de la convención colectiva de trabajo para adecuar su estructura de costo a la nueva realidad económica del país, que era imprevisible en el momento del depósito o del acuerdo sobre las condiciones de trabajo. Dicho artículo 525 establecía:

Cuando el patrono, en razón de circunstancias económicas que pongan en peligro la actividad o la existencia misma de la empresa, decida proponer a los trabajadores aceptar modificaciones en las condiciones de trabajo, presentará ante el Inspector un pliego de peticiones en el cual expondrá sus planteamientos y aspiraciones.

El inspector lo notificará de inmediato a los trabajadores o a la organización sindical que los represente, con lo cual dará comienzo a un procedimiento conciliatorio el cual no podrá exceder de quince (15) días hábiles.

Vencido este lapso sin acuerdo entre las partes o si alguna de ellas no asistió a dichas reuniones haciendo imposible la conciliación, se entenderá agotado el procedimiento conciliatorio.

En otros términos, lo que planteaba el artículo 525 de la LOT (1997) es una Reforma In Peius en las condiciones de trabajo, distinto a lo que plantea el artículo 148 de la LOTTT (2012) aunque guarden similitud en el sentido de que ambos mecanismos se establecieron en el supuesto cuando por circunstancias económicas exista el peligro de extinción de la fuente de trabajo, pero a mi juicio, el ordenamiento jurídico que lo soporta los hace distintos y de desigual aplicación.

Sin profundizar en las discrepancias que existen entre un mecanismo y otro, lo que haría muy extenso este artículo, cuyo tema desarrollaré en mi tesis de grado para optar al título de Especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social; lo cierto es que actualmente las Inspectorías del Trabajo del país, como herramienta para alcanzar los fines de la circular en cuestión, le dan un tratamiento al artículo 148 de la LOTTT (2012) como si se tratare de un procedimiento igual al establecido en el artículo 525 de la LOT (1997), incluso acudiendo a lo contemplado sobre esta materia en el Reglamento de la Ley del Trabajo que está parcialmente derogado con la entrada en vigencia de la nueva Ley Sustantiva, la cual está inspirada en principios rectores constitucionalmente reconocidos, como son los principios de progresividad, intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos y beneficios laborales, antes explicados.

Esto sin mencionar que el artículo 148 de la LOTTT (2012), dispone que la instancia de protección de derechos, o participación de la Inspectoría del Trabajo en conjunto con las empresas y los sindicatos para tratar asuntos relacionados con su contenido, se regulará en el reglamento de la misma Ley y esta no ha sido promulgada aún, por lo que estaría mal aplicar otras normas reglamentarias que en esencia transgreden los derechos contenidos en la Ley Orgánica.

Ahora bien, si bien es cierto que el artículo 148 de la LOTTT (2012) prevé la posibilidad de modificar condiciones de trabajo establecidas en las convenciones colectivas, estas deberán hacerse de conformidad con lo previsto en el artículo 434 de la misma Ley, el cual textualmente contempla:

La convención colectiva de trabajo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores y trabajadoras que las contenidas en los contratos de trabajo vigentes.

No obstante, podrán modificarse las condiciones de trabajo vigentes si las partes conviene en cambiar o sustituir algunas de las clausulas establecidas, por otras, aun de distinta naturaleza, que consagren beneficios que en su conjunto sean más favorables para los trabajadores y trabajadoras.

Es decir, de acuerdo con la norma antes descrita, los derechos y beneficios laborales pueden ser revisados y modificados, jamás racionalizados o suspendidos en un procedimiento de protección del proceso social de trabajo o en alguno que se le asemeje, si y solo si las partes lo convienen, cuyas modificaciones en su conjunto deberán consagrar beneficios más favorables para los trabajadores, esto con base a los principios rectores del Derecho del Trabajo.

En conclusión, es deber del Estado proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos y beneficios laborales, con base a los principios de intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad de los mismos, lo que los hace inalterables en perjuicio de los trabajadores, por su carácter de orden público una vez que ya han sido establecidos; por el contrario los derechos y beneficios laborales deben estar en permanente desarrollo o avance, sin poder los trabajadores renunciar a ellos por tratarse de garantías que otorga la misma legislación laboral.

Sin embargo, tales beneficios laborales podrán ser modificados en la negociación de una convención colectiva o en un procedimiento de protección del proceso social de trabajo, siempre y cuando las modificaciones sean convenidas por las partes y en todo su conjunto resulten más beneficiosas para los trabajadores, aun cuando los beneficios que se cambien o sustituyan sean de distinta naturaleza, pero jamás pueden ser suspendidos, mucho menos racionalizados, como pretende en esta oportunidad el Estado venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

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