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EL ABUSO DEL DERECHO A SER PADRE POR @cirrottolar

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional y con ponencia de la Magistrada Carmen Zulueta de Merchán, el día 14 de agosto de 2017 publicó la sentencia N° 708, ofrece otra gran muestra de innovación jurídica, tal y como ha caracterizado el constante y avanzado criterio de la mencionada ponente.

Se trata de ponerle un freno más a la bien conocida “viveza criolla” que tanto daño nos ha hecho y nos hace cotidianamente. En el texto in fine de la sentencia se realiza una nueva interpretación al contenido del artículo 339 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, el cual se relaciona con los artículos 8 y 9 de la Ley Para la Protección de las Familias, la Maternidad y de la Paternidad, que en sumatoria responden al derecho que tienen las madres y los padres de gozar del descanso posterior al alumbramiento o la adopción de un niño, así como al fuero de inamovilidad correspondiente.

Es importante aclarar en este trabajo, que el uso del término PADRE se referirá al progenitor únicamente, apartándome de utilizar dicha palabra de manera amplia como también es aceptado para referirme a cualquiera de los dos partícipes en el milagro de la concepción humana. En consecuencia, que no se denote como una verborrea exagerada el uso diferenciado de PADRE o MADRE, ya que el sentido de la sentencia que antes mencioné apunta hacia “El abuso del Derecho de ser PADRE”. Seguimos.

En resumidas cuentas, todo padre trabajador tiene el Derecho de gozar de manera irrenunciable a inamovilidad laboral hasta por dos (2) años y de un descanso de hasta catorce (14) días, contados a partir del nacimiento de cada uno de sus hijos o  desde el momento de que quede firme la sentencia que le otorgue en adopción un niño o niña con menos de tres (3) años de edad.

La novedad que trae la sentencia  in comento, es que de manera totalmente acertada le coloca un límite por vía de interpretación al término “la pareja” que trae el artículo 8 de la Ley Para la Protección de las Familias, la Maternidad y de la Paternidad, pautando textualmente lo siguiente:

Que el Interés Superior del Niño y la efectividad del derecho del recién nacido al cuidado, amor y filiación del padre se debe llevar a cabo de manera prevalente, incluso por encima del vínculo legal o relación del padre con la madre, esto es, de la calidad de esposos de los padres, de compañeros permanentes, o de la convivencia efectiva entre los padres del niño o niña, por lo que la prerrogativa a la licencia y fuero paternal se hace extensiva incluso para aquellos padres que no reúnan las particularidades anotadas, solo que en ponderación a ese derecho, será invocada si el padre no mantuviese simultáneamente vínculos legales o estables, pues de lo contrario, se estaría haciendo un uso abusivo de ese derecho, lo que se desvía teleológicamente con los fines de la norma.

Que lo anterior en nada desvincula al deber irrenunciable que todo padre y madre tiene de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas. Por tanto, debe deducirse que para el goce de la protección de inamovilidad laboral establecida desde la concepción de la “pareja”, ese hijo o hija concebido debe ser producto de un matrimonio o de una unión estable de hecho, pero que en ningún caso tal protección podrá derivarse de la coexistencia concurrente de ambas circunstancias, pues sería contrario a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico; salvo que se demuestre que ambas uniones tienen fecha de ocurrencias distintas.

Que es necesario señalar las consecuencias que tal protección de fuero paternal tiene en otros campos, así lo discriminatorio que resulta para la mujer, quien por razones biológicas tiene límite para concebir y gestar frente al hombre que puede engendrar en cualquier momento, por lo tanto éste pudiera ampararse indefinidamente de inamovilidad por fuero paternal, siendo desproporcionado e inadecuado, y con ello además impactar económicamente a los empleadores públicos y privados al mantener a un trabajador reiteradamente con licencia de catorce (14) días y con inamovilidad.

En consecuencia, por medio de la sentencia referida se establece que no podrá beneficiarse del fuero paternal quien la alegue ante la presencia simultánea del matrimonio y del concubinato o cualquier otra unión estable de hecho, pues se desnaturalizaría el objetivo de la institución de protección familiar de fuero paternal.

Todo lo anterior se puede resumir en la siguiente cápsula apta para la digestión de cualquier ciudadano que me lea: El empleador sólo reconocerá para efectos del goce del fuero paternal de sus trabajadores (padres), la existencia de una sola relación de pareja, quedando rechazada para estos fines la oposición de vinculaciones afectivas simultáneas, dado que el ordenamiento jurídico venezolano sólo permite relaciones monogámicas (un solo matrimonio, un solo concubinato, o una sola relación de pareja a la vez).

No puede prevalecer la exigencia del derecho a ser padre, frente al interés del estado de mantener la estabilidad y uniformidad de las familias. Sobresale en este caso el segundo.

Así pues, aquella guachafita de andar preñando mujeres a diestra y siniestra como ardid para quedar atado indefinidamente a una relación laboral bajo una pretendida inamovilidad “paternal”, queda jurídica y socialmente limitada a la condicionante antes señalada.

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REVISIÓN DEL PRINCIPIO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES POR @nunezalcantara

Dedicatoria. A los profesores José Rodríguez Urraca,
Román José Duque Corredor y Ramón Escovar
León, iconoclastas del derecho y del proceso
jurisdiccional como predicaba el maestro Luís Loreto.

 

1. Introito. A finales del siglo XX, concretamente en el año 1999, y previo a la aprobación de la constitución nacional de la República Bolivarian de Venezuela, se realizaron en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, las V Jornadas Jurídicas <Lic. Miguel José Sanz>, patrocinadas por el Colegio de Abogados del Estado Carabobo, el Instituto de Estudios Jurídicos Dr. José Ángel Castillo Moreno de esa institución y cuya compilación de ponencias fue publicada por Vadell Hermanos Editores . En el texto publicamos un ensayo denominado La Conservación de los 1 Actos Procesales en cuya introducción señalamos “El tema que hemos escogido 2 para esta charla tiene que ver con una visión futurista…” (cursivas del texto citado), de ese modo advertimos que en el entramado jurídico venezolano (en lo legal propiamente dicho, así como en lo jurisprudencial y académico) la temática no tenía en ese entonces gran desarrollo, sino algunas aproximaciones y pergueñamientos; especialmente se observaba la ausencia del tratamiento en relación con la carta magna entonces vigente de 1961, la cual no tenía referencia al asunto en cuestión, y cuya derogatoria por un nuevo texto político era del conocimiento colectivo.

 

Aquí les dejo este excelente material en PDF de nuestro profesor y Catedrático EDGAR DARÍO NÚÑEZ ALCÁNTARA  siempre colaborando en la información jurídica no expone su punto de vista sobre dicho tema. DISFRUTEN LA LECTURA.

Conservación actos procesales Ensayo

LA CRIMINOLOGÍA COMO CIENCIA

  • Concepto

El concepto o noción de una ciencia constituye el punto de partida para su estudio. Y, precisamente, lo que se pretende es establecer el concepto o noción de la Criminología en cuanto la ciencia que es.

Según señala Flores (2008), en sus Lecciones de Criminología, ocurre, que una ciencia nunca es algo acabado, sino algo en evolución, en permanente revisión y cambio (a excepción, quizás, de las llamadas ciencias exactas). Se podría decir que, a fin de cuentas, en atención a ese señalado carácter dinámico de la ciencia, como los hombres que la hacen, ella es historia. Es por esto que el concepto o noción de la Criminología (en cuanto punto de partida) será provisional, conveniente sólo como necesidad didáctica, pero, en ningún modo definitivo.

Ahora bien, concepto es la idea de lo que una cosa es. Es sinónimo de noción. Idea es la representación mental de una cosa. Noción puede significar: conocimiento que se tiene de una cosa; conocimientos elementales o conciencia de algo; y también fundamentos, rudimentos, elementos, principios.

En ese sentido, como los conceptos se expresan mediante ciertas fórmulas que recogen sus elementos esenciales, las cuales son denominadas “definiciones”, se puede decir ahora que, etimológicamente, criminología significa “estudio del crimen” (del latín crime: crimen, y del griego lagos: estudio, doctrina), (G. Avanesov, 1981).

Al parecer, la palabra Criminología fue usada inicialmente a mediados del siglo XVIII por el médico y antropólogo francés Paul Topinard, pero fue Raffaele Garofalo, jurista italiano, quien le dio notoriedad al poner el nombre de Criminología a su obra publicada en Turín en 1885, obra que se hizo famosa y lo consagró, junto a Cesare Lombroso y a Enrico Ferri, como fundador de la ciencia criminológica.

La preferencia por la palabra Criminología para denominar esta ciencia, tiene su origen probable en el hecho de que en Europa central, ha predominado la llamada clasificación “tripartita” del “hecho punible”, según la cual las conductas penalmente reprimibles se dividen en crímenes, delitos y contravenciones y, como los crímenes representan el mayor grado de gravedad del hecho punible, habrían dado la pauta para la denominación de la ciencia que estudia dicho fenómeno.

La anterior clasificación no tiene aceptación universal y en muchos países, Venezuela incluida, se acoge la denominada clasificación “bipartita” del hecho punible, que sólo distingue entre delitos y faltas o contravenciones. Es por esta razón que también se ha hablado de Delitología (Isidro, De Miguel P., 1970), expresión que daría uniformidad a la denominación, puesto que las dos clasificaciones citadas contemplan el hecho punible delito, no así el hecho punible crimen (contemplado sólo por la primera). Por la misma razón hay que señalar que en Venezuela, los términos criminalidad y delincuencia, crimen y delito, criminal y delincuente, deben entenderse como equivalentes, ya que la ley penal venezolana no distingue entre crimen y delito.

Criminología es, sin embargo, desde la publicación de la obra de Raffaele Garofalo, el nombre consagrado por el uso y la tradición doctrinal.

Conviene ahora señalar que Criminología y Criminalística son palabras parecidas, pero de contenidos diferentes. La Criminalística, también llamada Policiología y Policía Científica, es una ciencia aplicada, cuya finalidad es la identificación, pesquisa y captura de los delincuentes.

Importa, así mismo, destacar que, por ser la Criminología una ciencia reciente (su sistematización científica comenzó a fines del siglo XIX) es aún una ciencia en expansión, y esta circunstancia ha hecho que su definición etimológica resulte estrecha hoy día, porque su objeto ha rebasado los límites iniciales por ella señalados. Por estas razones se ha dificultado la elaboración de una definición unitaria de la criminología y, en cambio, son muchas las definiciones elaboradas por los estudiosos de esta ciencia, de las cuales, a continuación y con mero carácter ilustrativo, se citan algunas:

“Ciencia que estudia el fenómeno delictual y ciertas áreas de la desviación social etiológicamente y con proyección profiláctica” (Mayorca, 1981).

“Disciplina que se ocupa del fenómeno sociopolítico criminalidad, a fin de reducir ésta a proporciones compatibles con el desarrollo sociopolítico nacional e internacional, según exigencias adecuadas de libertad, dignidad, igualdad y seguridad colectivas” (Manuel López-Rey).

“La Criminología es aquella esfera del conocimiento que considera el delito como un fenómeno social. Incluye dentro de su campo de acción el proceso de hacer las leyes, de infringirlas y de reaccionar contra la violación de las mismas. El objetivo de la Criminología es el desarrollo de un conjunto de principios generales y debidamente comprobados y de otros tipos de conocimientos relativos a este proceso de la ley, del delito y del tratamiento del delincuente” (Sutherland & Cressey, 1966).

  • El Objeto de la Criminología

Durante mucho tiempo estuvo planteada una enconada discusión doctrinal sobre su autenticidad, pues para muchos se trataba del mismo objeto del Derecho Penal y, por consiguiente, la Criminología no tendría un objeto propio.

Sin embargo, para los criminólogos y penalistas actuales, éste es ya un asunto resuelto, sobre el cual no cabe hoy ninguna discusión, porque se entiende que es cierto que la existencia del delito está vinculada a una realidad normativa (depende de una definición legal), por ello, en cuanto  “ente jurídico” su estudio es objeto de la ciencia jurídica penal; pero se entiende que, asimismo, también es cierto que el delito es conducta de un hombre realizada en un contexto social, y que este hecho permite a la Criminología intentar el estudio causal-explicativo del mismo, sin que exista conflicto alguno, porque lo que ocurre es que el concepto legal del delito recubre una realidad individual y social, que es anterior a la ley penal y la motiva; es decir, ambas ciencias, normativa la una, causal explicativa la otra, coinciden en cuanto al objeto material de estudio, pero difieren en cuanto a sus objetos formales.

¿Cuál es, entonces, el objeto formal de cada una de ellas?

En la perspectiva criminológica actual se entiende que el objeto de la Criminología es múltiple, pues ella se ocupa del estudio:

–   Del delito (su etiología, control y prevención).

–   Del delincuente (su personalidad y tratamiento).

–  De la delincuencia (su prevención, predicción y medida).

–   De los menores infractores.

–   De la víctima y su papel en el delito.

–   Del estudio de los llamados “estados criminógenos” (alcoholismo, prostitución, drogadicción y asocialidad).

–   Del suicidio.

–   De la formación de las leyes, del funcionamiento de la administración de justicia y del sistema penal en general, en cuanto que son elementos del sistema social que pueden resultar criminógenos.

Manuel López-Rey (1981) le asigna, concretamente, cuatro metas principales: determinación causal del delito, prevención del delito, predicción y medida de la criminalidad; y, dentro del capítulo relativo a la prevención, destaca el papel criminógeno que puede tener el sistema penal, especialmente la organización judicial y penitenciaria.

Resumiendo, en forma genérica se puede decir que el objeto de la Criminología es el delito o crimen, en cuanto hecho individual y social, en toda su complejidad y con todas sus implicaciones.

Al Derecho Penal corresponde, en cambio:

–   Estudiar los elementos constitutivos del delito. Definir las diferentes especies delictivas.

–   Determinar las causas de imputabilidad y de culpabilidad, al igual que sus correspondientes causas de exclusión.

–   Determinar la responsabilidad penal de los autores, coautores y demás partícipes de las acciones delictivas.

–   Y establecer las formas de la reacción social (penas y medidas de seguridad).

  • El Método de la Criminología

Por ser una ciencia interdisciplinaria y por la característica complejidad de su objeto, la Criminología es síntesis de aspectos individuales y sociales (de libertad humana y de condicionamiento del mundo circundante); en general, el método de la Criminología sólo puede ser múltiple (como lo es su objeto) o combinado (Mendoza T., 1970).

En tanto que es una ciencia social, se vale de los métodos sociológicos, tales como: la estadística, la investigación monográfica, la encuesta social, el estudio de casos, estudios ecológicos, etc. En cuanto que es una ciencia experimental, se vale de la observación de los individuos y de los hechos, procediendo por vía de inducción. También se vale de los métodos de las otras ciencias concurrentes en la síntesis criminológica, tales como la antropología, la psicología y el psicoanálisis, entre otras.

Resumiendo, se los puede reducir a dos grupos principales: métodos estadísticos (utilizados en las investigaciones globales y de grupos) y métodos individuales (utilizados en la investigación del delincuente concreto: estudios de personalidad, por ejemplo).

El método deductivo, se deriva de un estudio exhaustivo de la escena del crimen y de la evidencia dejada allí, esa evidencia es tanto física (todos los restos encontrados por los forenses y la policía científica) como psicológica (los actos del agresor). La victimología aquí cobra un papel esencial: “Cuanto más se conoce a la víctima, más se conoce al criminal”, escriben Holmes y Holmes. El inconveniente de este sistema es que es más lento y laborioso. Holmes y Holmes ponen el siguiente ejemplo de un perfil elaborado por esa combinación de sistemas:

Una anciana fue asesinada mediante golpes, en su casa. El asesino estaba en su casa cuando ella regresó por la noche, después de haber salido con dos amigas.

Esto sugiere que quizás la iba espiando con anterioridad, o bien que supiera sus costumbres.

Cuando se estaba desvistiendo en su dormitorio con las luces apagadas, el asesino llegó por atrás y la golpeó en la cabeza hasta matarla. A partir de la escena del crimen se supo que el agresor había estado en casa de la víctima un tiempo antes, ya que había una botella de vino abierta y medio consumida en el vestíbulo, algo que no encajaba con la anciana, una mujer limpia y escrupulosa. El asesino había tenido el tiempo y la tranquilidad suficiente para buscar la botella en la despensa, descorcharla y beberla en parte. Además, las fotos de la víctima y de sus nietos que estaban en el dormitorio habían sido colocadas boca abajo, lo que sugiere un intento de minimizar su empatía por la víctima.

En esta escena del crimen se ve la combinación entre la aproximación inductiva y deductiva. El emplear los conocimientos de la criminología sobre la personalidad de los delincuentes  permite deducir aspectos relevantes sobre la psicología de este asesino. Pero, igualmente, se puede obtener una información inductiva valiosa mediante el conocimiento de otros casos en los que han sido asesinadas ancianas. Por ejemplo, dada la ausencia de motivación sexual, es más probable que el agresor conociera previamente a la víctima, que fuera un familiar o alguien implicado de algún modo en su vida.

Esto último forma parte del método inductivo, porque la afirmación proviene del estudio comparativo de las escenas del crimen donde las víctimas son mujeres ancianas. Sin embargo, también se podía haber deducido que el asesino conocía las costumbres de la víctima, puesto que entró en la casa cuando ella no estaba y, tranquilamente, la esperó agazapado en su habitación hasta que llegara.

Por consiguiente, la parte del perfil que asegura que la víctima y el agresor estaban relacionados podía ser tanto una conclusión inductiva (las víctimas ancianas son asesinadas con mayor probabilidad por conocidos cuando no hay móvil sexual) como deductiva (los actos que llevó a cabo en la escena del crimen). Lo propio del método deductivo es la descripción previa de los movimientos del asesino: el análisis riguroso de la escena del crimen permite deducir el comportamiento que realizó en la misma. Aunque se favorece esta postura mixta, se tiende a poner el énfasis en la perspectiva deductiva: las comparaciones con promedios estadísticos o con tipologías extraídas de los estudios de otros delitos deben ser siempre secundarias a la interpretación correcta de los comportamientos que se pueden deducir en la escena del crimen.

  • Ubicación de la Criminología como Ciencia

En general, la conducta humana es estudiada por diferentes disciplinas científicas; a las que investigan el origen del hecho humano y su desenvolvimiento natural, como la Biología, la Psicología y la Sociología, se las denomina causal-explicativas; a las que se ocupan de las conductas previamente plasmadas en normas legales, se las denomina normativas: el Derecho, por ejemplo; y a las que, utilizando el material científico producido por las anteriores, enseñan el modo de resolver problemas prácticos, se las denominan aplicativas o aplicadas: la medicina, por ejemplo (Reyes E., 1976).

Ahora bien, cuando la investigación está referida a la específica conducta humana que produce un daño individual o social, de cierta magnitud (delito) puede proyectarse en tres ángulos diferentes, correspondientes a los tres tipos de ciencias antes citadas. Así: cuando se estudia el delito en sus causas endógenas y exógenas, y en su desarrollo, se tiene la Criminología; cuando se estudia el modelo de comportamiento ilícito descrito por el legislador en los tipos penales, tenemos el Derecho Penal; y, cuando se indagan las circunstancias personales, instrumentales y temporo-espaciales en que se realizó el hecho delictivo, a fin de identificar, perseguir y capturar a su autor, se tiene la Criminalística. En consecuencia, la Criminología es una ciencia causal explicativa, ubicada, por ello, en la esfera de las ciencias del “ser”; ubicación distinta a la del Derecho Penal, que por ser una ciencia normativa, pertenece a la esfera de las ciencias del “deber ser”.

  • Relaciones de la Criminología con otras Disciplinas

Existe un conjunto de ciencias, autónomas unas; auxiliares o accesorias otras, que, total o parcialmente, con fines teóricos o prácticos, se ocupan de temas o problemas referentes al delito, al delincuente, a la pena o al procedimiento penal. A este conjunto, al cual pertenece la Criminología, se lo conoce en la doctrina con el nombre genérico de “Ciencias Penales” o “Ciencias Criminales”.

Es obvio entonces que, por la comunidad del objeto material de estudio, exista entre ellas relaciones manifiestas, que los estudiosos de esas temáticas han tratado de mostrar esquemáticamente en lo que se ha dado en llamar el “Cuadro de las Ciencias Penales” o el “Cuadro de las Ciencias Criminales”, de los cuales se muestra un modelo en la página anterior.

Por lo demás, al hacerse referencia a la definición, al objeto, al método y a la ubicación de la Criminología, se evidenciaron sus relaciones con la Criminalística, el Derecho Penal, la Biología, la Psicología, Sociología y la Psiquiatría Criminal; disciplinas todas, con las cuales la criminología mantiene sus más estrechas relaciones.

BIBLIOGRAFÍA

Flores C., Carmelo. (2008). Lecciones de Criminología. Caracas-Venezuela: Vadell Hermanos Editores.

LA PARTICIÓN DE “LAS TETAS” CASO PRACTICO POR @cirrottolar

Esta narración no alude a alguna intervención quirúrgica aplicada a los órganos mamarios que el ser humano (no solo la mujer) posee en la parte anterosuperior y lateral del tronco de su cuerpo. Las líneas que siguen se relacionan con un procedimiento judicial de especial relevancia para buena parte de la historia y de la geografía Patria, que centra una pugna de intereses alrededor de los conocidísimos cerros margariteños denominados “LAS TETAS DE MARÍA GUEVARA”.

De esas formaciones geológicas muchos cuentos se han dicho; de los cuales los “ñeritos” margariteños han orado recitales a los turistas, de generación en generación. De esas leyendas se dice que “Las Tetas” no son de nadie, aunque a continuación queda claro que son muchas las manos que las quieren agarrar.

El día 26 de octubre de 1965 se consignó ante la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Penal de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, con sede en La Asunción, una demanda suscrita por los recordados abogados JÓVITO VILLALBA SILVA y LUIS BELTRÁN GUERRA, que tiene por objeto la partición de la propiedad de un bien inmueble constituido por el denominado “FUNDO LAS TETAS DE MARÍA GUEVARA”.

La propiedad en discusión estaba en manos del demandante ESTEBAN SALAZAR GONZÁLEZ y de un indeterminado número de herederos de los copropietarios originales: JOSÉ ANTONIO VÁSQUEZ y ANTONIA VELÁSQUEZ.

La historia documental de este proceso es más antigua de la fecha antes apuntada, ya que en el expediente se encuentran documentos que datan del 1791, año en la cual el abuelo del actor principal adquirió las mencionadas tierras, luego deslindadas en 1865 y rectificados sus linderos en 1932.  Así transcurrieron los años hasta que el mencionado ESTEBAN SALAZAR GONZÁLEZ decidió demandar la partición de la propiedad del mencionado fundo.

En Derecho se dice que nadie está obligado a vivir eternamente en comunidad y cuando uno de los individuos que forman parte de esa comunidad (llamados generalmente comuneros) decide que no quiere continuar dentro de ella, entonces tiene dos caminos por tomar: Vender su parte al resto de los comuneros o a terceros, o pedir la partición de la comunidad, bien sea de manera consensuada (mutuo acuerdo) o por vía forzada a través de la intervención de un Tribunal. Justamente de esto último es de lo que trata un juicio de partición.

Estos procedimientos especiales al igual que las reglas previstas para las comunidades, son prácticamente universales y rigen los destinos de comunidades de hecho (no constituidas rigurosamente) y de derecho (como las sociedades civiles), abarcando a la comunidad de bienes y gananciales conformada como consecuencia de un matrimonio o de una relación estable de hecho (concubinato), a las comunidades hereditarias y a toda aquella reunión de personas que ostenten titularidad compartida sobre un bien común.

Así ocurrió con “El Fundo Santa María” (como también se le conoce) sobre el cual pesa este juicio y que abarca un área aproximada de 24.413.850 m2 (igual a 24.413,85 Has). Para la época en que los demandantes accionaron toda esa extensión se encontraba libre y disponible, hasta que el 27 de febrero de 1974, por medio del Decreto 1.634, el entonces Presidente RAFAEL CALDERA declaró y constituyó el MONUMENTO NATURAL TETAS DE MARÍA GUEVARA, que es una de las tantas “A.B.R.A.E” o Área Bajo Régimen de Administración Especial existentes en el País, lo cual implica la activación de una serie de mecanismos de protección y resguardo de su hábitat vegetal y animal, de acuerdo a la legislación ambiental aplicable. Ese decreto abarca un área aproximada de 8.039.100 m2 del total general comprendido dentro del “FUNDO LAS TETAS”.

Adicionalmente, existe otro espacio conformado por un área de 3.746.800 m2 que forma parte del conocidísimo PARQUE NACIONAL “LAGUNA DE LA RESTINGA”, que también forman parte del objeto de la partición y que está sometido al régimen legal ambiental vigente en Venezuela. Este Decreto fue el Nº 1.591, de fecha 6 de febrero de 1974, firmado también por el Presidente Caldera.

Descontando los espacios afectados por los Decretos antes mencionados, encontramos que restan por partir un total de áreas libres de 12.627.950 m2. El lector debe entender que la afectación que se corresponde con las medidas dictadas no limitan la transferencia de la propiedad, más si restringen su aprovechamiento en cuanto a la explotación de sus suelos y al cuidado de las especies animales y vegetales, permaneciendo sometidos a la vigilancia del Gobierno Central por medio del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES).

A mi entender, quiere decir que los 24.413.850 m2 siguen siendo de la propiedad de sus titulares pero que el aprovechamiento real queda reducido a 12.627.950 m2, cantidad ésta que debe reajustarse aún más ya que hasta mediados de los años ´90 se contabilizaron 1.717.500m2 de áreas invadidas y otros 1.331.450 m2 de espacios destinados al uso público y social gracias al dictado de Ordenanzas Municipales (esto último si representa una expropiación).

En total, el juicio de partición del “FUNDO LAS TETAS” queda circunscrito a un total de 21.364.900 m2 de propiedad de lo cual sería aprovechable (aún por cuantificar de forma definitiva un total de 18.315.950 m2 nada despreciables, y que están soportadas en tierras muy productivas desde el punto de vista agropecuario. Esto último no debe causar sorpresas a mis lectores, ya que hace unos 50 años atrás muchas tierras de la Isla de Margarita estaban dedicadas al ganado bovino, porcino y caprino de manera extensiva, así como a la siembra de varias especies como el café. Prueba de ello la existencia de Mataderos Municipales como el de La Asunción, que servía a los ganaderos del área de Atamo (por los lados Playa Guacuco). Esto le garantizaba a “La Isla” una casi total independencia sobre el abastecimiento de alimentos desde tierra firme. Nada que ver con su realidad actual.

Retomando el recorrido judicial de este procedimiento, a lo largo de sus más de 50 años de existencia y por las páginas de sus 28 piezas o legajos de expediente, han estampado su firma otros notables colegas además de los demandantes, tal como es el caso de JESUS PETIT DA COSTA, otrora Procurador General de la República, a parte de otros tantos reconocidos profesionales del Derecho oriundos del oriente del País, especialmente del estado Nueva Esparta como el abogado DIOMEDES POTENTINI (padre).

También se destaca que el juicio visitó la otrora Corte Suprema de Justicia y el actual Tribunal Supremo de Justicia en no menos de 5 oportunidades, producto del ejercicio natural del accionar de las partes. Claro está que no es el mejor ejemplo de lo que implica una administración de justicia que debe imprimirle celeridad a los juicios. Para sorpresa de propios y extraños “La partición de Las Tetas” es un juicio que apenas comienza, esto gracias a repetidas y constantes reposiciones de la causa dictadas por vicios en el procedimiento.

El actual Juzgado de la causa por providencia del pasado 25 de enero de 2017, ordenó convocar a los herederos conocidos y desconocidos de los ciudadanos JOSÈ ANTONIO VÀSQUEZ y ANTONIA VELÀSQUEZ, para que comparezcan a manifestar su interés en el procedimiento, todo por vía del conocido mecanismo de los edictos. El plazo otorgado por la Ley es de 90 días calendario y apenas acaba de vencer. Lo que sigue es establecer quiénes de los comparecientes lograron demostrar su cualidad para participar en este juicio, luego de lo cual un auxiliar del Juez denominado “partidor” se encargará de “partir Las Tetas”.

Todo lo anterior parece muy sencillo pero en la práctica evidentemente no lo es.

El expediente es un verdadero banquete jurídico-documental muy bien conservado por quienes han tenido su cuidado. Reposan en él documentos elaborados en papel sellado y con francos postales del desaparecido “Estado Guzmán Blanco”; certificaciones de nacimiento, matrimonio y muerte asentadas en Libros Eclesiásticos que se corresponden con la época en que la Iglesia Católica manejaba los asientos del Registro Civil. Hasta a un investigador de la historia médica nacional o a un especialista en estadísticas puede darse un gustazo con la información que se recoge de su contenido, como por ejemplo con los documentos donde constan las causas de muerte que datan de finales del S. XIX y hasta mediados del S. XX, que se pasean desde los dolores de cabeza, de estómago, la diarrea hasta la difteria.

En general es un procedimiento judicial que interesa a muchos y no solo por los que se crean pertenecer a la genealogía de los propietarios de las tierras, ya que en mi opinión el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas por medio de INPARQUES; y el Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras por medio del INTI tienen que ser informados sobre sus pormenores, muy a pesar del flaco servicio que hiciera la Procuraduría General de la República (PGR) en mayo de 2003, que al ser notificada de su existencia, respondió que había participado de lo conducente al extinto Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) hoy Instituto de Patrimonio Cultural (IPC), respuesta por demás infeliz y gestión totalmente desacertada e innecesaria.

Ojalá tengamos noticias de cómo y cuándo se “Partieron Las Tetas” de manera definitiva. Por lo pronto el juicio está en pañales y su leyenda seguirá repitiéndose de boca en boca de manera inmutada. (más…)

LA CONCEPCIÓN POSITIVISTA DEL DELITO.

La irrupción del positivismo en el campo del Derecho penal (en el último tercio del siglo XIX), trajo como consecuencia la concepción del delito conforme a un criterio opuesto al iusnaturalismo.

Mientras que el iusnaturalismo estimaba la esencia como lo único auténticamente real en sí, el positivismo sólo reconocía fenómenos carentes de esencia. El Iusnaturalismo y positivismo, por consiguiente, coincidieron en un punto de partida común: ambos comenzaban, al conceptuar lo delictivo, desvinculando esencia y fenómeno.

El positivismo no representó una corriente teórica homogénea, sino que se manifestó en varias direcciones (la antropológica, la sociológica y la normativa).  Esa diversidad de direcciones se reflejó, entre otras esferas, en la de la concepción del delito. Por ello, dentro del propio positivismo pueden distinguirse, de manera fundamental, tres concepciones:

a) La teoría del hombre delincuente

El delito visto de cierta forma en la teoría del hombre delincuente de Lombroso es concebido como un fenómeno biológico, normal, similar al nacimiento, a la enfermedad, a la muerte.  Su punto de partida está constituido por lo que se ha llamado la “embriología del delito”.  Lombroso estudió el “crimen” en los vegetales, después en los anímales y por último en el hombre: en el niño y en el salvaje.

Con los datos acumulados llegó, entre otras, a las conclusiones siguientes: primero, que el tipo de comportamiento que la humanidad ha llamado “delito”, resultaba un fenómeno normal o indiferente en todo organismo vivo; segundo, que fenómeno normal e indiferente era propio de ciertas variedades de vegetales y animales con determinadas características; y tercera, que si esto era así en los vegetales y en los animales tenía que serlo en el hombre.

De estas premisas derivó Lombroso una conclusión final: existía una variedad del género humano caracterizada por particulares signos anatómicos, fisiológicos y psíquicos, integrada por individuos en los que la criminalidad constituía un proceso normal, es decir, por individuos condenados fatalmente al delito: el hombre delincuente. Esto le permitió afirmar que el delincuente era nato, o sea, de nacimiento y, por ello, indiferente y normal.

b) La teoría del delito natural

La teoría del hombre delincuente no alcanzó general aceptación ni aún dentro de los propios positivistas. Los reparos se fueron abriendo paso, hasta que en 1885 surgió la llamada “teoría del delito natural”, respuesta también positivista a la tesis lombrosiana del criminal nato. En esta teoría, no obstante, deben distinguirse dos direcciones, que corresponden a dos etapas fundamentales: el criterio de Garófalo y el criterio de Ferri.

Garófalo, en el desarrollo de su tesis, comenzó formulando sus objeciones a la teoría del hombre delincuente de Lombroso, planteadas en términos muy precisos: ¿cómo podían fijarse los caracteres del delincuente, si antes no se definía qué era delito prescindiendo de las leyes penales? Para eludir ese reparo, Garófalo estableció al lado del tipo delincuente (del delincuente natural), el delito natural.

El primer obstáculo con que tropezó Garófalo fue el consabido argumento histórico: ni uno solo de los actos que hoy se consideran delictivos, ni aún los más atroces, ha sido en todos los tiempos y por todos los pueblos tenidos por ilegítimos, llegando algunos de los hechos más reprobados a ser una obligación en determinadas circunstancias. Garófalo, para salvar estas dificultades, cambió el objeto de estudio y en vez de analizar si hay “hechos” que han sido siempre considerados como criminales, investigó si en la historia de la humanidad hay “sentimientos” perdurables, cuyo ataque se conceptuara siempre como fundamental lesión humana, arribando a la conclusión de que entre los diversos pueblos habían existido dos sentimientos altruistas fundamentales: el de la benevolencia y el de la justicia.

No obstante, esos dos sentimientos no se encontraban entre todos los pueblos en un grado tan alto para que llegaran a alcanzar el grado sumo de la benevolencia y de la justicia.  Sin embargo, existía en todos los pueblos civilizados un mínimo común de esos sentimientos altruistas, que se correspondían con otros dos sentimientos: el de la piedad y el de la probidad.

De estas observaciones derivó Garófalo la idea de que el delito natural consistía en “la violación de los sentimientos altruistas de la piedad y de la probidad, según la medida media en que se encuentran en la humanidad civil, por medio de acciones nocivas a la colectividad”.

El primero en someter a revisión crítica el concepto de delito natural de Garófalo fue Agostino Berenini. Sin embargo, la definición de éste, a pesar de incorporar rasgos de índole social, estaba muy ligada a la concepción de Garófalo y conservaba aún referencias jurídicas. Enrico Ferri, casi de inmediato, si bien aceptó la definición de Berenini, la sometió a revisión eliminando de ella todo vestigio jurídico y fortaleciendo los rasgos sociológicos, a partir de las concepciones formuladas por Ihering.

De tal manera, definió el delito natural del modo siguiente: “Las acciones punibles (delitos) son aquellas que, determinadas por móviles individuales y antisociales, turban las condiciones de existencia y chocan con la moralidad media de un pueblo en un momento dado”. De acuerdo con esta noción, el delito afecta, de una parte, el funcionamiento de la vida social; y, de otra, la moralidad media. De una parte, ataca la realidad social, sus condiciones de existencia y, de otra, se lesionan las apreciaciones seguidas conforme a los planos ideológicos.

c) La concepción dogmático-formal del delito

En la segunda mitad del siglo XIX comenzó a desarrollarse, sobre todo en Alemania, el positivismo jurídico, el cual propugnaba una nueva concepción del delito en la que, apartándose tanto del iusnaturalismo como del positivismo criminólogico (antropológico o sociológico), intentaba solventar los inconvenientes y limitaciones suscitadas por otras corrientes.

El positivismo jurídico apeló al derecho positivo para definir el delito, partiendo de una noción de formalidad extrema: si el delito es todo hecho al que el ordenamiento jurídico asocia como consecuencia una pena, sólo debían precisarse los elementos estructurales de ese hecho para hacerse merecedor de la pena. Con ello, no obstante, se perdió toda distinción entre concepto y estructura. Esta definición es la que se ha denominado “concepción dogmático-formal del delito”.

El carácter formal de la definición se lo proporciona el hecho de que ella se fundamenta exclusivamente en la naturaleza jurídica del delito y se elabora sobre la base de los elementos estructurales del delito.

La concepción dogmático-formal es la que ha prevalecido en el curso del siglo XX, desde von Liszt y Beling hasta los finalistas, pasando por los neokantianos.  Si se examinan esas definiciones se advertirá que muy escasas diferencias hay entre unos y otros; diferencias que, en última instancia, no radican en la fórmula propuesta, sino en la naturaleza de la función que, dentro del enunciado general del concepto, le han asignado a esos elementos que entran en la definición dogmático-formal.

Tales diferencias —que operan al margen del concepto— ha favorecido la posibilidad de distinguir tres direcciones, fundamentales dentro de la propia concepción dogmáticoformal: la descriptivo-naturalista, la neokantiana y la finalista.

La concepción dogmático-formal, en cualquiera de sus mencionadas direcciones, define el delito como “el acto culpable, antijurídico y sancionado con una pena (von Liszt), o como “la acción típicamente antijurídica y culpable” (del neokantiano Mezger), o como “la acción típica, ilícita y culpable” (del finalista Francisco de Assis Toledo).

JUSTICIA, DEBIDO PROCESO, JURISPRUDENCIA Y OTROS TÓPICOS ECONÓMICOS @ambitoaduanero

“La memoria es el centinela del cerebro”.

William Shakespeare.

 

¿Cuántos años de arduo trabajo lleva para un profesional prestado a la docencia, investigador y abogado, obtener un pronunciamiento de la Sala  Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia? Específicamente, uno que esté dirigido a poner orden en cuanto a la interpretación y alcance constitucional de una determinada norma jurídica. Sinceramente son muchos. Para el caso de la materia aduanera, son aún más que para otras especialidades del derecho. Fundamentalmente, porque no existen (en el caso venezolano) tribunales ad hoc en vías contenciosa administrativa o aduanera propiamente dichas; ni siquiera en la penal aduanera, que permitan dirimir imputaciones por la comisión de un ilícito delictual de contrabando. En resumen, obtener una decisión de la máxima instancia judicial del país constituye una maratón o carrera de largo alcance, lo que se traduce en años de arduo litigio, suma esperanza e ineludible envejecimiento (en ocasiones fallecimiento) de los recurrentes o demandantes de justicia e, incluso, de sus apoderados judiciales. De hecho, el proceso contencioso administrativo que sustenta este análisis, se inició en la vía contenciosa administrativa un 08 de diciembre de 2004 y su sentencia definitivamente firme un 08 de octubre de 2013, casi exactamente nueve (9) años después. “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. (Séneca, Filósofo latino – 2 AC-65 DC).

¿Porqué una sentencia dictada por la Sala Constitucional, en el caso de unos profesores que denunciaron la transgresión de normas constitucionales al serles revocados sus ascensos y ordenado el descuento de las pensiones de jubilación, resulta útil a casos vinculados a la materia aduanera u otras materias administrativas? Muy fácil, la referida Sala Constitucional en su fallo, al anular las decisiones del Tribunal Contencioso Administrativo y de la Sala Político Administrativa, estableció parámetros de obligatorio cumplimiento, no sólo para la “Administración Pública” en sentido amplio, sino para los órganos jurisdiccionales, al establecer lo siguiente:

1) La Administración Pública, en cualquiera de sus manifestaciones (lo cual necesariamente comprende a la Administración aduanera), no puede imponer ninguna sanción a particular alguno, si antes no sustancia un procedimiento trámite que garantice el pleno ejercicio, por parte del destinatario del procedimiento, de sus derechos a la defensa, debido proceso y presunción de inocencia;

2) El hecho de que, una vez sancionada la persona, sin ser oída, y que, al ser notificada pueda recurrir ante las autoridades competentes, no subsanan ni convalidan las faltas cometidas que hagan nulos o anulables los actos dictados con prescindencia de procedimiento;

3) La “teoría de la convalidación de los actos administrativos” dictados sin mediación del procedimiento administrativo exigido por la ley, o con plena negación de la intervención del interesado, no se comparecen de modo alguno con los principios fundamentales que condicionan el derecho a la defensa y al debido proceso; y,

4) En lo que concierne al criterio señalado por la Sala Político Administrativa, el cual afirma que no resulta válido anular el acto administrativo por ausencia de procedimiento, si se han ejercido las vías procesales consecuentes por ser una “reposición inútil”, debe señalarse que de encontrarse el acto administrativo sometido al control del juez contencioso administrativo, éste no puede reponer el procedimiento nuevamente a la vía administrativa, sino que debe proceder a declarar la nulidad del acto en sí, sin mayores consideraciones.

Los derechos consagrados en el artículo 49 constitucional, constituyen una garantía para que las partes puedan demostrar las razones que los amparan, los hechos que deben desvirtuarse, así como todos los elementos probatorios en que sostienen sus alegatos; todo lo cual permite ejercer a cabalidad la defensa consagrada en la Constitución como un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso o procedimiento.

De lo enumerado en líneas que anteceden, podemos concluir, inicialmente, que a partir del momento en que se dicta un acto administrativo írrito, en ausencia absoluta de procedimiento y sin la participación del administrado, cuando a éste no se le ha emplazado, genera una vulneración constitucional del derecho a la defensa y al debido proceso, en los términos establecidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución, determinando una inmediata contravención a la norma fundamental, que no puede ser reparada mediante intervenciones posteriores del propio afectado.

Para cualquier lector, lo citado en párrafos precedentes, en cuanto a las declaraciones de la Sala Constitucional, resulta sumamente claro, por ende, al debido proceso, derecho a la defensa y presunción de inocencia, “ni con el pétalo de una rosa”.

Es que en diversas oportunidades, observamos en fallos, como el que es objeto del presente análisis, un indebido celo público (ya no celo fiscal), sino de una protección innecesaria de la actuación de órganos funcionarios, obviando que muchas de esas conductas denunciadas rayan en lo inconstitucional, ilegal, desviación o abuso de poder, entre otras nefastas acciones. Pero, además, de indebidas e innecesarias, también resultan “perjudiciales a la economía nacional”, pues, al no sancionarse la actuación fiscal en el fallo dictado al efecto, cuando no sólo la opinión pública difiere de él, sino que la academia, investigadores, doctrinarios, profesionales prestados a la docencia y no pare usted de contar.

¿Con qué “certeza económica” o “seguridad jurídica” va un país a lograr que la inversión extrajera y nacional, empleo, ahorro y economía en general, muestre signos de crecimiento?, cuando las actuaciones fiscales al margen de la legalidad y racionalidad jurídica, son avaladas en fallos que resultan, de todo punto de vista, incomprensibles, dictadas por aquellas instancias que tienen la obligación de garantizar la supremacía de la Constitución.

Desde que la Sala Constitucional emitió su sentencia en el año 2013, había reinado en la academia una cierta tranquilidad en materia administrativa o vinculada a la actuación de la Administración pública, entendiendo que los órganos jurisdiccionales cuentan con pleno conocimiento de un fallo cuya correspondiente publicación fue ordenada publicar en la página principal del Tribunal Supremo a los fines de su publicitación legal, según se constata en el dispositivo del fallo. Pero ¡oh, sorpresa!, en fecha 25 de octubre de 2018, hace pocos días, la Sala Político Administrativa caso: American Airlines, INC. v/s Gerencia de la Aduana Principal Aérea de Maiquetía del SENIAT, ha decidido retomar obsoletos criterios que fueron inadecuadamente manejados en los años “2007, 2008 y 2011”, es decir, de hace más de siete (7) años a la fecha, el cual se concibe en absoluta contradicción y desacato al que fuere dictado por la Sala Constitucional en el año 2013, ya que éste, indiscutiblemente, deja de garantizar el pleno ejercicio, por parte del destinatario del procedimiento, de sus derechos a la defensa, debido proceso y presunción de inocencia; por el contrario, dicho fallo los considera innecesarios o los reprueba al expresar taxativamente lo siguiente:

“…la imposición de sanciones en el ámbito aduanero se materialice de manera inmediata una vez advertido el tipo sancionatorio, configurándose un supuesto de responsabilidad objetiva; lo cual no implica una violación a los derechos y garantías constitucionales establecidos a favor de los contribuyentes como lo son, el derecho a la defensa por ausencia de procedimiento sancionatorio y el principio del contradictorio. En razón de lo expuesto, esta Sala estima que el Juzgado de mérito incurrió en falso supuesto al concluir que los actos administrativos sancionatorios son violatorios de las disposiciones contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en razón de lo cual se revoca en ese sentido el fallo apelado. Así se decide.” (Subrayado y destacado nuestro).

En resumen, conforme al fallo dictado en fecha 25 de octubre de 2018, por la Sala Político Administrativa, en la causa American Airlines, INC. v/s Gerencia de la Aduana Principal Aérea de Maiquetía del SENIAT, se podrían desprender las siguientes afirmaciones, las cuales resultan decididamente contrarias al criterio expresado por la Sala  Constitucional en su sentencia de fecha 08 de octubre de 2013, son estas las siguientes:

1) la Administración aduanera no forma parte de la Administración pública;

2) la Administración aduanera si puede imponer sanciones a particulares, sin sustanciar un trámite que garantice el pleno ejercicio, por parte del destinatario del procedimiento, de sus derechos a la defensa, debido proceso y presunción de inocencia;

3) El hecho de que, una vez sancionada la persona, sin ser oída, y que, al ser notificada pueda recurrir ante las autoridades competentes, subsana y convalida las faltas cometidas que hagan nulos o anulables los actos dictados con prescindencia de procedimiento;

4) La teoría de la convalidaciónde los actos administrativos dictados sin mediación del procedimiento administrativo exigido por la ley, o con plena negación de la intervención del interesado, garantiza el derecho a la defensa y al debido proceso.

En criterio de quien analiza, resultaría sumamente interesante y ventajoso, para una efectiva ejecución de derechos y garantías constitucionales, que el actuar de la Sala Constitucional no sólo se encuentre sometido a la actividad o denuncia de un particular, sino que esa máxima Sala proceda “de Oficio”, como lo tiene constitucionalmente atribuido, a ejercer el control de la constitucionalidad de los órganos que ejercen el Poder Público, en resguardo de la supremacía de las normas constitucionales, lo cual a su vez garantiza la eficacia de una uniforme interpretación y aplicación de tales normas y principios, visto que todo acto dictado por los órganos de la Administración pública están sometidos además a control jurisdiccional, conforme lo pautan los artículos 7, 2 y 26 de la Constitución, entre otros.

A la presente fecha, el criterio sustentando por la Sala Constitucional en el fallo de fecha 08/10/13, en cuanto a que la Administración Pública no puede imponer ninguna sanción a particular alguno, si antes no sustancia un procedimiento trámite que garantice el pleno ejercicio de sus derechos a la defensa, debido proceso y presunción de inocencia, se ha mantenido incólume, tan es así que la propia Sala Político Administrativa en el año 2017, ya había adecuado sus decisiones a dicha interpretación, tal como se comprueba de la decisión adoptada en el caso Lorenzo Viña Díaz v/s SENIAT (Sentencia 00243 del 23/03/17), por la revocatoria de una licencia de Agente de Aduanas (firma personal), constatándose en el curso de dicho proceso judicial, una vulneración a los derechos a la defensa y el debido proceso del referido accionante, al decidirse lo siguiente:

Dentro de este orden de ideas, es conveniente traer a colación lo indicado por la Sala Constitucional en sentencia N° 1316 de fecha 8 de octubre de 2013 (caso: Osmar Buitrago Rodriguez y otro), al resolver un recurso de revisión constitucional en el cual se pronuncian sobre los actos administrativos dictados en ausencia de participación del administrado:

Omissis…

Del criterio jurisprudencial anteriormente transcrito se establece que el solo hecho de realizar una actuación posterior del administrado al proveimiento de la Administración emitido “in audita altera pars” no basta para subsanar la afectación al derecho a la defensa, debido a que el afectado no pudo presentar, en su debido momento, elementos relevantes en contra de la decisión, omisión que determina la nulidad absoluta lo que trae como consecuencia la inexistencia del acto administrativo conforme lo dispone el artículo 19 numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.” (Fin de la cita. Subrayado y destacado nuestro).

En este idéntico orden de ideas, este mismo año, la citada Sala Político Administrativa, mediante sentencia 00071 del 01/02/18, se mantuvo totalmente ajustada al criterio establecido en el caso: Viña, por ende, conforme a la decisión de la Sala Constitucional dictada en fecha 08/10/13, en el sentido de que resulta fundamental una plena garantía de un procedimiento de trámite que garantice el pleno ejercicio, de los derechos a la defensa, debido proceso y presunción de inocencia, previo a la emisión del acto administrativo, cuando expresa textualmente lo siguiente:

“…no reposa en autos actuación alguna que demuestre que previamente haya sido notificado el prenombrado ciudadano del informe especial del 10 de diciembre de 2014 realizado a ese Órgano de Control Fiscal Municipal -supra mencionado- así como ninguna otra actuación que demuestre la participación activa del recurrente en el procedimiento administrativo previo a la intervención de la que fue objeto y cuyos resultados pudiera conocer de forma oportuna, a los fines de ejercer su derecho a la defensa, mediante la presentación de los descargos o alegatos que considerara  pertinentes respecto a las presuntas irregularidades detectadas.

En tal sentido, visto que el fundamento de la intervención se basó en el informe titulado omissis…, el cual no tuvo conocimiento al recurrente, y por lo tanto, no pudo oponer las defensas que estimare pertinentes y contradecir las imputaciones impuestas, es por lo que se concluye que se vulneró el derecho a la defensa y el debido proceso. Así se establece.

Omissis…

En virtud de lo expuesto, debe esta Sala declarar con lugar la demanda de nulidad conjuntamente con solicitud de amparo cautelar incoada por el ciudadano omissis, por lo tanto, se anula el referido acto administrativo. Así se declara.(Fin de la cita. Destacado nuestro).

Dentro del contexto de las consideraciones precedentemente expuestas, y tomando en consideración la finalidad última de la jurisprudencia como fuente, no sólo de inspiración normativa, sino orientadora del ordenamiento jurídico, ya que por medio de ella se persigue que los particulares obtengan un mínimo de certeza jurídica respecto de las decisiones emanadas de los órganos jurisdiccionales, razones por las cuales constituye una herramienta fundamental del derecho, garantista de la estabilidad de los pronunciamientos judiciales (Ver Sentencia 1086 del 16/02/95 – Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario), y característica fundamental de un Estado democrático, social, de derecho y de Justicia, no se concibe que un criterio emanado de la Sala Constitucional, destinado a resguarda el debido proceso, derecho a la defensa y presunción de inocencia en sede administrativa, que  no ha sido objeto de modificación, sea desatendido en un fallo de la Sala Político Administrativa, sin que exista una causa justificada para tal acción. Una vez más, corresponderá a la Sala Constitucional corregir tal decisión, para que impere la constitucionalidad en el actuar de la Administración pública, lo cual comprende necesariamente a la materia aduanera; asegurando, de esa manera, una efectiva ejecución de derechos y garantías constitucionales, contribuyendo a la seguridad jurídica, certeza económica, alentando la inversión capitales nacionales y foráneos, que se traduzcan en una efectiva generación de empleos, que contribuyan al desarrollo económico del país y su gente.

(más…)

LA SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO COMO INSTITUCIÓN PARA PRESERVAR LA FUENTE DE EMPLEO EN CASO DE CIRCUNSTANCIAS O EMERGENCIA ECONÓMICA @HenryMeoli

En mi artículo anterior titulado: ¿Se pueden proteger, garantizar y a su vez racionalizar los beneficios laborales pactados en las convenciones colectivas?, decía que los beneficios laborales pueden ser modificados en la negociación de un convenio colectivo o en un procedimiento de protección del proceso social de trabajo, siempre y cuando las modificaciones sean convenidas por las partes y en todo su conjunto resulten más beneficiosas para los trabajadores, pero jamás pueden ser suspendidos, mucho menos racionalizados, como ordenó recientemente el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo a través de la circular de fecha 11 de octubre de 2018, dirigida a las autoridades adscritas a su despacho, especialmente a las Inspectorías y Subinspectorías del Trabajo de todo el país.

Ante dicha imposibilidad legal y en virtud del régimen de inamovilidad laboral que se aplica en Venezuela desde el año 2002, que priva a las empresas de despedir injustificadamente a los trabajadores, además de la prohibición legal de reducir personal a través de la figura del despido masivo por motivos económicos o tecnológicos, las empresas buscan una “válvula de escape” que les permita ajustar su estructura de costos de acuerdo a su actual situación económica y financiera, para salvaguardar de este modo la existencia de la misma o el  funcionamiento eficiente de sus operaciones.

En el derecho individual del trabajo existe la institución de la suspensión de la relación de trabajo, la cual constituye un mecanismo protector del empleo ante supuestos de imposibilidad sobrevenida de cumplimiento de las obligaciones fundamentales que derivan del contrato que ampara a los trabajadores. Tal figura se fundamenta en el principio del derecho a la estabilidad laboral y tiene por finalidad evitar la extinción de la relación de trabajo ante situaciones transitorias o temporales en las que se ve impedida la prestación efectiva del servicio.

La LOTTT (2012) prevé en el artículo 72, nueve (9) casos de suspensión de la relación de trabajo, algunas relativas a situaciones extraordinarias relacionadas con el trabajador, otras situaciones ajenas al trabajador y al patrono, y otras generadas por acuerdo entre las partes. La enunciación hecha por el legislador no es taxativa, pues existen otros supuestos de suspensión de la relación de trabajo no contemplados expresamente en esta disposición legal. Así tenemos, la suspensión prevista en el artículo 263 de la LOTTT (2012) por efectos del amarre temporal de un buque, entre otros supuestos que se encuentran desplegados en la legislación laboral venezolana.

Visto de este modo, las situaciones de emergencia económica que pongan en riesgo la existencia de la empresa y por ende los puestos de trabajo, pueden dar lugar a la suspensión de la relación de trabajo, situaciones las cuales han sido incluidas por algunos autores dentro de la clasificación del caso fortuito o fuerza mayor establecida en el artículo 72 literal i) de la LOTTT (2012), y por otros asignadas a una clasificación independiente, siendo yo participe de la segunda teoría sin entrar a revisar de fondo los argumentos que fundamenta mi opinión para no extender el contenido del presente artículo, que tiene como finalidad estudiar la suspensión de la relación de trabajo como institución para preservar la fuente de empleo en caso de circunstancias o emergencia económica que pudieran afectar a las empresas en determinado momento.

Tal como lo he señalado, la LOTTT (2012) prevé una serie de acontecimientos que causan una suspensión de la relación de trabajo, más no tasa expresamente las causas económicas como uno de ellos, pero en vista que estos supuestos no son taxativos sino que otros se pueden considerar, aquellos casos donde la empresa se encuentra en una situación económica adversa que ponga en peligro su actividad, pudiera solicitar la suspensión de la relación de trabajo de un número determinado de trabajadores, cuyo lapso no puede exceder de sesenta (60) días, aplicando por analogía lo dispuesto en el literal i) del artículo 72 de la Ley. Tal solicitud debe ser sometida a la aprobación del Inspector del Trabajo competente, quien deberá autorizarla previa investigación de las circunstancias que originan la suspensión de las labores, a fin de determinar si éstas tienen la suficiente gravedad como para amenazar la existencia misma de la empresa con la posible pérdida de puestos de trabajo.

Precisamente, en Venezuela, al momento de escribir estas líneas, la Dirección de la Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Privado ubicado en la ciudad de Caracas, autorizó la suspensión de la relación de trabajo de un grupo de trabajadores al servicio de una reconocida empresa transnacional, alegando circunstancias económicas que le impiden cumplir a cabalidad con los acuerdos establecidos en las convenciones colectivas de trabajo, lo que la llevó a invocar tal institución legal para aplicarla en este caso concreto y acordar con las organizaciones sindicales de sus plantas y agencias de distribución, ciertas condiciones que se aplicarán durante el tiempo que dure dicha suspensión.

Ahora bien, veamos cuales son los efectos de esta institución del derecho sustantivo laboral y el alcance que tiene en cuanto a la reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo, una vez vencido el plazo de la suspensión pactada por circunstancias o emergencia económica.

En primer lugar, establece el artículo 71 de la LOTTT (2012) que la suspensión de la relación de trabajo, sea cual sea la causal, no pone fin a la vinculación jurídica laboral existente entre el patrono y el trabajador, entonces no se puede confundir la suspensión de la relación de trabajo debidamente autorizada con la autorización de despido que otorgan las Inspectorías del Trabajo a razón de una solicitud de calificación de falta, aunque durante la suspensión por casos fortuitos, de fuerza mayor o causas de orden económico, el trabajador no perciba el salario, ya que en principio el patrono en esta situación no está obligado a pagarlo, por no encontrarse estos supuestos entre las excepciones establecidas en la misma Ley en su artículo 73.

En este sentido, sobre el pago del salario a los trabajadores durante la suspensión de la relación de trabajo por circunstancias económicas, establece el artículo 74 de la LOTTT (2012) que el patrono no podrá despedir, trasladar ni desmejorar en sus condiciones de trabajo a los trabajadores afectados por la suspensión. Ahora bien, puede resultar contradictorio el hecho de que el patrono en esta situación no está obligado a pagar el salario a los trabajadores, pero al mismo tiempo no los puede desmejorar en sus condiciones laborales. Para tratar de entender esto, veamos qué se entiende por desmejora en el Derecho del Trabajo.

El Dr. José Manuel Arráiz Cabrices, en su interesante trabajo denominado “El procedimiento de desafuero previsto en la ley laboral venezolana”, en relación con este término, nos dice:

La desmejora es la modificación peyorativa de las condiciones de trabajo o la disminución de los derechos laborales; para forzar al trabajador investido de fuero sindical que se retire, le alteran su salario, lo cambian arbitrariamente de turno o modifican sus condiciones de trabajo produciendo desmejoras graves que afectan su estabilidad económica laboral. (Sainz, 1991, p.584)

Actualmente, en Venezuela, prácticamente todos los trabajadores están investidos de inamovilidad, entonces con base a lo que la doctrina entiende por desmejora, como elemento de la misma, y la prohibición establecida en la Ley, en principio, el ingreso de los trabajadores no puede verse afectado por una medida de suspensión de la relación de trabajo, sin embargo, considero que los casos que refiere la Ley, sin prever la inamovilidad que hoy aplica para todos, son aquellos casos que estén ligados a la actividad sindical, sin descartar la posibilidad de que el legislador en este aspecto haya omitido tal detalle en la redacción de la norma, ya que en la misma Ley textualmente establece que durante el tiempo de la suspensión el trabajador no estará obligado a prestar el servicio ni el patrono a pagar el salario.

Esto sería objeto de interpretación por parte del máximo tribunal de la República porque resulta ilógico pensar que, si una empresa alega una situación económica adversa que le impide cumplir plenamente con sus obligaciones en la relación de trabajo durante un lapso determinado y así lo autoriza el órgano competente, igualmente el patrono tendrá que honrar los beneficios pactados en los contratos individuales y convenciones colectivas sin desmejorar el ingreso de los trabajadores, cuando lo que busca es bajar su estructura de costos para superar de una mejor manera las circunstancias que le afecta, y no poner en riesgo los puestos de trabajo.

Con respecto a las otras obligaciones del patrono contraídas en las convenciones colectivas y su cumplimiento durante el lapso de la suspensión, el autor Juan García Vara señala en su libro “Sustantivo Laboral en Venezuela”:

La Ley agrega que el patrono deberá continuar cumpliendo otras obligaciones surgidas de la relación de trabajo, como serían la dotación de vivienda y alimentación, si fuera el caso, continuar pagando las cotizaciones de la seguridad social, en su monto total, había cuenta que si el trabajador no percibe salario, no hay forma de deducirle su cuota para la seguridad social, y es el patrono quien debe aportar el monto total, de manera que no se vea ininterrumpida para el trabajador las prestaciones que le ofrece y entrega el sistema de seguridad social; también debe continuar el patrono cumpliendo con otras obligaciones concertadas en la convención colectiva, que sean exigibles, habida cuenta de la suspensión de la relación de trabajo, como serían, por caso, el pago de las becas mensuales de los hijos, útiles escolares, las contribuciones por nacimiento o muerte, las pólizas por hospitalización, cirugía y maternidad (HCM), pero no los gastos de transporte, botas y uniformes, por ejemplo. (p.180)

Sobre este particular, con base a lo establecido en el artículo 73 literal c) opino que, el patrono está obligado a cumplir con las obligaciones convenidas para los casos que se suspenda la relación de trabajo de uno o más trabajadores, es decir, si la convención colectiva prevé que deben mantenerse ciertas obligaciones durante el lapso de suspensión de la relación de trabajo, el patrono deben cumplir con ello.

Decía que, la suspensión de la relación laboral está fundamentada en el principio del derecho a la estabilidad en el trabajo, por no poner fin al vínculo jurídico entre el patrono y el trabajador, por lo que vencido el lapso pactado de la suspensión, el trabajador tiene el derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo en las mismas condiciones existentes para la fecha en que ocurrió la suspensión, salvo que resultare discapacitado o en casos especiales en que pudieran ser reubicado en un puesto de trabajo adecuado a la nueva situación.

En relación con el tiempo que puede durar una suspensión de la relación de trabajo por circunstancias o emergencia económica, decía que se debe aplicar por analogía lo dispuesto en el artículo 72 literal “i” de la LOTTT (2012), el cual prevé que la suspensión por caso fortuito o fuerza mayor no podrá exceder de sesenta (60) días. Ello constituye una limitación incorporada por esta Ley, pues anteriormente la suspensión de la relación de trabajo podía durar más de dicho lapso. Lo que ocurría es que de exceder los sesenta (60) días los trabajadores afectados podían retirarse justificadamente, con lo cual sus efectos patrimoniales se equiparaban a los del despido justificado.

Comulgo con la idea que, limitar la suspensión la relación de trabajo a sesenta (60) días propicia la extinción de la relación de trabajo, cuando lo cierto es que la causa que origina la suspensión podría extinguirse y permitir la reanudación de las actividades y la preservación del empleo. En este sentido, parecía más ajustada la regulación anterior que permitía la suspensión de la relación de trabajo por el tiempo que dure el caso fortuito y fuerza mayor, y permitía que luego de sesenta (60) días el trabajador terminara justificadamente la relación o esperar que la causa de suspensión terminara para reanudar sus labores.

En relación al tiempo que dure la suspensión de la relación de trabajo, si es o no imputada a la antigüedad del trabajador, la LOTTT (2012) lo aclara en su artículo 73 siendo esta una de las innovaciones importantes de dicha Ley en esta materia, ya que incorporó el lapso de la suspensión en la antigüedad del trabajador, sin embargo, no aclara su aplicación en la práctica.

Al respecto, la Dra. Flavia Zarins en su trabajo “La Suspensión de la Relación de Trabajo en la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras” señala lo siguiente:

Entendemos por ejemplo que la referida consecuencia tendrá implicación sobre la antigüedad que debe considerarse para que el trabajador tenga derecho a las vacaciones. No obstante, no podría tener efecto sobre el cálculo de la participación en los beneficios de las entidades de trabajo, pues para ello debe tomarse en considerarse el total de los salarios devengados por el trabajador durante el respectivo ejercicio anual, siendo que, durante el lapso de suspensión de la relación de trabajo, no se devenga salario. Lo mismo sucede cuando la causa de suspensión es la enfermedad o el accidente, pues como lo explicamos en el subcapítulo anterior, lo que percibiría el trabajador sería una indemnización o prestación que no se considera salario.

En conclusión, la suspensión de la relación de trabajo es una institución del derecho individual del trabajo que supone una situación extraordinaria en vista de la cual se interrumpe temporalmente el contrato de trabajo y la ejecución de sus prestaciones fundamentales. La enunciación hecha por el legislador en el artículo 72 de la LOTTT (2012) no es taxativa, pues existen otros supuestos de suspensión de la relación de trabajo no contemplados expresamente en esta disposición legal, como lo sería por circunstancias o emergencia económica de las empresas que conlleven el cese temporal de las labores.

Así pues, la suspensión de la relación de trabajo por esta causa es perfectamente viable desde el punto de vista legal, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la Ley para los supuestos de casos fortuitos o de fuerza mayor, los cuales se deben aplicar por analogía en este caso particular.

Atentamente;

Abg. Henry González
Especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Teléfono: (0414) 9619330 / (0261) 7602434
Facebook y Linkedln: Henry González
Twitter e Instagram: @HenryMeoli

 

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