Archivos de la categoría ‘ARCHIVOS ENVIADOS’

En el desempeño de sus funciones, el órgano jurisdiccional competente necesita ocasionalmente auxiliarse de especialistas que, por sus específicos conocimientos, les puedan ilustrar sobre determinadas materias ajenas al concreto saber jurídico, entre ellos se encuentran los peritos caligráficos.

Ahora bien, es necesario recordar que la documentoscopía es una disciplina científica de la criminalística, que en principio es la encargada de realizar el estudio de la veracidad, falsificación o alteración de los documentos, y que además se subdivide en varias subdisciplinas científicas.

Pero antes de abordarlas hay que establecer una definición adecuada de los términos jurídicos a que se refieren en el presente artículo. De allí que sea necesario explicar que según sea el código penal del país la pena, los conceptos jurídicos y los actos considerados punibles serán distintos.

En Venezuela, por ejemplo, no existe distinción entre falsificación y alteración, otros países como Argentina: falsificar significa realizar una copia total o reproducción de algo verdadero o auténtico, mientras que adulterar supone alterar, modificar, transformar algo ya existente; la transformación debe ser material, ya sea suprimiendo, reemplazando, o sea agregando algo.

 En términos generales tenemos que:

  • Alterar: es “Cualquier mutación, ocultación desfiguración de la verdad y de la realidad que produce la nulidad de los actos jurídicos según las leyes civiles o sancionada como delito en los códigos penales”. En Venezuela: la alteración es indistinta de la falsificación.
  • Falsificar: “Hacer o fabricar una cosa falsa, que solo aparente ser real”
  • Falsarius (del latín): “es el equivalente al falsificador, falseador, la persona quien realiza la falsificación.”
  • Veracidad (En término jurídico): “Se encuentra vinculado con la autenticidad de un hecho.” Y para efectos de este tema, será concebido como la autenticidad en todo aquello que concierna a la realización de un documento, partiendo de la redacción y firma hasta las personas involucradas (falsiarius, personas afectadas y cualquier otro que se vea involucrado en el proceso).
  • Matriz: “Modelo del que se reproduce la copia”, puede ser directa o indirecta. La matriz directa: aquella que es original; La matriz indirecta seria: la copia de una original.

Tipos de falsificaciones:

Sin imitación: No hay copia pues se carece de modelo o sea no se imita una firma auténtica, por ende, entre ésta y las originales no hay ningún tipo de parecido.

Con imitación: Se copia la firma o el texto auténtico (conocido como matriz) tratando de conseguir el mayor parecido posible, aplicando diversos métodos de reproducción, a saber: por calco o copia a mano alzada, de memoria o practicada.

Subcategorias:

Montiel, establece una serie de subdisciplinas que se involucran en el proceso de investigación, a saber:

Caligrafía: escritura elegante o bella.

Grafoscopía: escritura moderna.

Grafometría: medición de la escritura.

Paleografía: escritura antigua.

Diplomática: documento antiguo.

Criptografía: cifrado o descifrado de signos o claves secretas.

Taquigrafía: escritura manual rápida.

Estenografía: escritura mecanográfica rápida.

A la vez Montiel exceptúa de estas disciplinas la Grafología por ser un “Método para identificar el carácter y/o personalidad de una persona, a partir del estudio de la escritura“, recordemos pues que la criminalística esta basada en los indicios y evidencias físicas, lo psíquico entonces escapa de ello. (más…)

Anuncios

PARTAMOS DE UN EJEMPLO: A en su carácter de propietario de un local comercial, celebró contrato de arrendamiento con B (inquilino), al pasar los años A fallece. ¿Queda el contrato sin efecto alguno o resuelto de pleno derecho? La respuesta es negativa, pues si A dejó hijos, éstos por vía de subrogación, se convertirán en arrendadores del inmueble, al ser  herederos únicos y universales de A, quien fue quien otorgó el contrato de arrendamiento. De tal manera que tocará a los herederos de A, asumir los derechos y obligaciones que correspondían a su causante. Distinto será el tema probatorio relacionado a acreditar en juicio la cualidad para actuar en él. En palabras sencillas, tocará a los herederos probar que efectivamente son los sucesores a título universal del causante (A), a través de la consignación de las partidas de nacimiento, acta de defunción de su causante, justificativo de únicos y universales herederos, contrato de arrendamiento, declaración sucesoral y documento de propiedad del inmueble, entre otros medios probatorios. Ahora bien, pongamos otro ejemplo un tanto distinto: A en su carácter de co-propietario de un local comercial, celebró contrato de arrendamiento con B (inquilino), al pasar los años C, quien fuera el otro co-propietario fallece. ¿Queda el contrato sin efecto alguno o resuelto de pleno derecho? La respuesta es la misma que en el primer panorama planteado. Pues lo importante es que existe una comunidad sobre el inmueble objeto de arrendamiento, siendo que uno de los comuneros o copropietarios puede actuar en nombre de la comunidad y en beneficio de todos (artículo 168 del C.P.C.), a pesar de haber firmado en nombre propio y no de la comunidad. FUNDAMENTO LEGAL:  Para determinar si los herederos están o no legitimados, se debe tomar en consideración lo establecido en los artículos 11 literal a), 12, 20, 30 literal c) y 52 de la L.A.I y los artículos 760, 765, 822, 995, 1.163, 1.603, 1.604, 1.605, 1.607, 1.608 y 1.610 del C.C, además de las otras leyes que regulan la materia como lo establecido los artículos 4, 6, 38 y 57 de la L.R.C.A.V y los artículos 4 y 6 L.R.A.I.U.C, que disponen soluciones similares en cuanto a quienes pueden actuar en defensa de los derechos involucrados y se encuentran legitimado para acudir ante los tribunales. CASO OFICINAS: Como ya hemos explicado en artículos anteriores, el arrendamiento de oficinas se encuentra regulado en la L.A.I. al ser excluido de los otros 2 cuerpos normativos que regulan la materia, debiendo aplicarse de manera supletoria la normativa general establecida en el C.C., siendo que de ellas se observa que con la muerte del arrendador o del arrendatario no se resuelve el contrato de arrendamiento sino que se produce una subrogación, así como que prevé la posibilidad que el contrato de arrendamiento se suscriba en beneficio del  propietario del inmueble, aunque se pueda establecer como beneficiario del canon a persona diferente; así como el hecho que puede suscribir el contrato de arrendamiento no solamente el propietario sino cualquier otro que esté facultado para ello como un mandatario o gestor de negocios; además dicha normativa establece que en caso de fallecimiento del arrendador (A), los herederos pasan a subrogarse en los derechos del de cujus. Como siempre, cada caso requiere estudio, no se trata de una fórmula metemática, una simple diferencia en las circunstancias de modo, tiempo, lugar de los  hechos en el caso sometido a nuestro estudio, puede conducir a una gran diferencia en la estrategia legal a escoger.

(más…)

Se ha hecho común en esta sociedad venezolana encontrarnos de frente con la extorsión, pero como dicen por allí: “la culpa no es del indio sino de quien lo hace compadre”. Al partir de la idea de que extorsión es: “la presión que un individuo ejerce sobre otro para forzarlo a actuar de un cierto modo”,  entendemos claramente  que: toda aquella situación cotidiana caracterizada por esa odiosa oleada de apremio y coacción a la que recurren muchas personas para lograr su cometido,  obligándonos a actuar del modo que les interesa, está indudablemente imbuidas de un cierto grado de extorsión, la cual pareciera ya formar parte de nuestro modo de vida.

Y es que, por ejemplo, no debería  –pero si puede y lo hace- un comerciante decirnos:  “esa mercancía defectuosa es la que me queda, si quiere la lleva o sino déjala allí.”;  “ tiene que comprar este producto para que pueda llevarse aquel otro, de lo contrario no llevará ninguno de los dos.”;  “si va a pagar con tarjeta de crédito debe pagar una comisión del 15%, o no podré despacharle nada.”;  “solo recibo efectivo, ¡ usted me dirá¡, no puedo hacer más nada.” O, verbigracia, un prestador de servicios: “aunque esta ruta cubre hasta Plaza Venezuela, llego hasta Parque Central, si quiere se monta o se queda.”; “la consulta de la psicóloga dura 60 minutos, pero hoy solo va atender media hora por el mismo precio, sin objeciones.”; “hoy  el nefrólogo atiende hasta las doce del mediodía, solo a los que les dé tiempo atender, si quieren esperan a ver si llegan,! ustedes dirán¡.”; “el servicio de internet se interrumpe porque se robaron los cables  y eso nos va llevar  unos seis meses repararlo, pueden esperar ese tiempo o contratar otro proveedor, no podemos hacer más nada”; “este estacionamiento cobra 10 mil Bs. Fijos, independientemente de que permanezcan 01 hora o toda la tarde, si no está de acuerdo, puede estacionar en la calle”.  Por supuesto, no podemos dejar atrás a trabajadores y patronos: “soy el dueño de la empresa y si no hace lo que te digo, te quedarás sin empleo.”;  “no voy a trabajar hoy, despídame si quiere, tengo inamovilidad.”

Y qué decir del  servidor público catalogado como el hombre nuevo:  “hoy se atiende hasta donde está el señor de camisa azul  y  pantalón blanco casual, los demás serán atendidos mañana por orden de llegada, ¿si quieren?.”; “esta copia de la cédula no  se  ve  muy  bien, traiga otra o se retira, ¡usted decide¡.”; “esta vez  la caja del Clap cuesta 18 mil,  independientemente que la vez anterior haya tenido otro precio, ¡no sé!, esa es la orden.”;  “la Fiscalía pide que se califique así los hechos, sino apelará con efecto suspensivo y listo, el procesado se calará ocho meses más de prisión.”; “el Juez solicita que admita los hechos, o de lo contrario este juicio será muy largo y tedioso, y permanecerá usted detenido hasta su finalización.”; “yo soy el Juez y le sugiero que desista, o declararé improcedente su solicitud.” En fin,  son innumerables los casos como estos en los cuales pudiéramos estar enfrentando una  amenaza, una imposición o una exigencia  cuya frase que la envuelve finaliza  en una  particular forma de extorsión; y lo más grave aún, estaríamos aceptándola de manera sumisa. Por ello, debemos colocarle rostro a ese trato cruel e inhumano que se ha convertido en nuestro enemigo silencioso, con el que hemos sido absoluta e inconscientemente permisivos, pero que trastoca nuestros valores y nos daña en la psiquis y en la moral, pues para nadie es un secreto que esta forma de encaminarnos hacia un rumbo que no deseamos, afecta nuestra psiquis perturbándola al hacernos pensar casi siempre con ira ¿ porqué tolero este trato?; y nos ataca en lo moral cuando nos sabemos humillados y callamos. Procedamos pues a identificar a ese semblante  sin  rostro que nos agobia y en lo adelante denominémoslo: EXTORSIÓN  SUGERIDA, en virtud de que la persona que nos presiona, al mismo tiempo nos insinúa, nos propone, nos indica y nos menciona lo que quiere que hagamos, buscando -y casi siempre logrando-  que caigamos en su trampa y nos conformemos con aquello que, de manera restringida y limitada, nos ofrece. Finalmente, es patente que la gente que echa mano de la extorsión sugerida desconoce la regla de interpretación que señala: “lo favorable debe ampliarse y lo odioso restringirse”, con la cual, sino se erradicaría esa procaz figura, por lo menos daríamos al traste con una buena parte de su desmedida utilización, ya que se ampliaría lo favorable para quien va dirigida la acción y, consecuencialmente, se restringiría esa otra parte, la antipática e infame, la que representa la sugerida extorsión, en pro del bien común.

Continuando con los artículos le anteceden y aún dentro del marco legal de la Ley de Contrataciones Públicas  2014 (en lo adelante LCP), tenemos:

De Las Comunas, Los Consejos Comunales Y Otras Organizaciones De Base Del Poder Popular. Selección De Contratistas Artículo 22:…las comunas…cualquier otra organización de base del poder popular, cuando manejen recursos asignados por los órganos y entes de la administración pública, aplicarán los procedimientos de contratación…Comentario: Lo anterior aplica a cualquier organización comunitaria que maneje fondos público, quienes a su vez deberán promover la participación de otras organizaciones comunitarias. A los fines de aumentar la contratación con dichas organizaciones  productivas, en el marco del criterio de inclusión estatal. No obstante, valga lo señalado en artículos anteriores, en el sentido que este estímulo de participación, no excluye a estas organizaciones del marco de aplicación de la Ley objeto de análisis.

Comisiones de Contrataciones del Poder Popular Artículo 23: Las Comunas…las organizaciones de base del Poder Popular, seleccionarán en Asamblea de Ciudadano…los miembros que formarán parte de la Comisión de Contrataciones… Comentario: -La Comisión de Contrataciones era la encargada de tramitar los concursos abierto y cerrados, (el inicio y terminación de estos procesos corresponde a la máxima autoridad), pero conforme a la ley en estudio, el procedimiento preferente lo será el de Consulta de Precios. -Su constitución es en número impar y ya señalamos que el número de Comisiones, dependerá de la complejidad y el volumen de contrataciones.

Supuestos Cuantitativos de Adjudicación Artículo 24: …las…organizaciones de base del Poder Popular a través de las Comisiones de Contrataciones, aplicarán la modalidad de selección de contratistas definida como Consulta de Precios…En el caso de aplicar la modalidad de Concurso Abierto o Concurso Cerrado por superar la contratación los límites cuantitativos establecidos en el presente Decreto…la Comisión de Contrataciones…podrá solicitar oportunamente por escrito el apoyo…del SNC. Comentario: -Conforme a esta modalidad de selección de contratistas, se invita a un mínimo de varias organizaciones a  presentar ofertas, previo análisis de la capacidad técnica de ellas, indicándoles las condiciones generales de contratación y según si el contrato a otorgar supere o no un monto fijado por la Ley, o por razones de interés general, o cuando ha sido declarado desierto el concurso cerrado. -Esta modalidad exige que se cumpla el supuesto cuantitativo (montos iguales o inferiores a “X” unidades tributarias.

Capítulo VII Compromiso de Responsabilidad Social. Finalidad Artículo 29:…tiene por finalidad…la contribución de los particulares, según su capacidad, en la consecución del bienestar general…

Carácter Contractual Artículo 30:…se constituirá en una obligación contractual para el beneficiario de la adjudicación, y su ejecución debe estar debidamente garantizada. Comentario: -Se trata de la relación que debe existir entre el ente contratante y la comunidad/colectividad, que tiene en su entorno, para que ellas se beneficien de la contratación otorgada, se satisfagan las necesidades socio comunitarias. -He aquí una novedad, pues anteriormente, este compromiso, podía o no, estar previsto dentro del pliego de condiciones, pero no en forma específica, sino a modo de declaración jurada y no podía solicitarse garantía alguna, mientras que bajo la ley en estudio, estará previsto en el pliego de contratación, será parte de la contratación, debe constituirse garantía de ejecución de la misma, siempre que se trate de ofertas, cuyo monto total supere las 2.500 unidades tributarias y será del 3% del monto de la contratación, al mismo tiempo que deberá cumplirse antes del cierre administrativo del contrato, conforme a los

Artículos 31 y 32ejusdem. -El compromiso, no tiene que ser de la misma naturaleza que la contratación en sí, tampoco se utiliza como criterio de selección del contratista, pero si como criterio de evaluación del mismo. – El Compromiso de Responsabilidad Social que se reciba a través de aportes en dinero, será depositado en el Fondo de Responsabilidad Social, conforme al Artículo 33; –El aporte anterior, no podrá utilizarse para atender las obligaciones establecidas en los Planes Operativos de los entes de la Administración Pública, conforme al Artículo 34.

Dra. Ana Santander

Publicado por Escritorio Jurídico Ana Santander y Asociados 

En este artículo abordaremos la caducidad de la acción que nos ocupa. En otras palabras, el tiempo que tiene el interesado para atacar esa Asamblea que reposa en  Acta y que, según su decir, vulnera sus derechos. Los clientes, en su mayoría comerciantes, suelen llegar a nuestro Escritorio Jurídico con inquietudes muy variadas respecto a estas Asambleas de Accionistas, a modo de ejemplo:

-“No me convocaron a la Asamblea”, -“No estaban presentes la cantidad de accionistas necesarios para deliberar o tomar decisiones”, -“Se aprobaron estados financieros sin ser previamente revisados por los accionistas”, “La Asamblea violó el Código de Comercio o los Estatutos de la Sociedad”, entre otros.

Todas esas inquietudes pueden ser muy válidas, ciertas y estar debidamente acreditadas con pruebas, pero ¿y si ya pasó el “tiempo útil” que prevé la norma para atacar por nulidad el Acta írrita?...Como siempre hemos sostenido, el derecho no es matemático, por tanto, en relación a cuándo fenece el tiempo para la interposición de la Demanda por la cual se solicite anular al Acta írrita con sus deliberaciones, no faltará quien asegure que si se trata de un Acta infectada de vicios de nulidad absoluta (no todos los son), no caduca la acción, pues esa nulidad no es convalidable por las partes, al estar interesado el Estado en el orden público. No obstante, no es la intención de este blog establecer discusiones doctrinarias, para eso están otros escenarios.

Antes bien nos ocuparemos de lo que ocurre en la práctica forense.  CADUCIDAD CONFORME A LA LEY DEL REGISTRO Y DEL NOTARIADO. Artc 55: Reza este artículo: “…La acción para demandar la nulidad de una asamblea de accionistas, de una sociedad anónima o de una sociedad en comandita por acciones, así como para solicitar la nulidad de una reunión de socios de las otras sociedades, se extinguirá al vencimiento del lapso de un año, contado a partir de la publicación del acto inscrito…”. (Subrayado mío).

Se desprende claramente de la ley de la especialidad, la regulación del acto, a partir del cual debe iniciarse el computo del lapso de caducidad para el ejercicio de las acciones por nulidad de actas de asambleas de las compañías anónimas, por lo que quienes la pretendan, cuentan con 1 año para su ejercicio so pena de sufrir los efectos de la caducidad, lapso que comenzará a computarse “a partir de la publicación del acto inscrito”, es decir, que el punto de partida de la caducidad es la fecha en que es publicado el acto inscrito.Hasta aquí, el Usuario cuenta con tan solo 1 año para atacar por Nulidad el Acta de Asamblea.

Sobre el punto en particular, cabe acotar lo expresado en el artículo infra transcrito en el cual se hace mención de lo siguiente: Artc 52: “La inscripción de un acto en el Registro Mercantil y su posterior publicación, cuando ésta es requerida, crea una presunción, que no puede ser desvirtuada, sobre el conocimiento universal del acto inscrito…”. Del contenido de dichas normas, se desprende la distinción que se hace entre la inscripción de los actos en el registro mercantil y la publicación que de ellos ordena el Código de Comercio en determinados casos. Queremos dejar claro que es diferente el acto de “inscribir”, al acto de “publicar”.

La diferencia entre ambos actos es que el primero es efectuado por ante el Registro de Comercio competente, mientras que el segundo se hace en la “Gaceta Mercantil” o cualquier periódico que efectúe esas publicaciones. ¿TODAS LAS ASAMBLEAS DEBEN PUBLICARSE?: En atención a lo antes expuesto, resulta contrario al artículo 55 ejusdem, sostener que el inicio del lapso para que opere la caducidad de la acción debe computarse a partir de la sola inscripción de la asamblea de socios en el registro mercantil y no de la publicación, siempre y cuando lo decidido en ella se encuentre en alguno de los casos que se prevén en los artículos 217 y 221 del Código de Comercio. Es decir, no todas las asambleas, ni todas las deliberaciones deben ser indefectiblemente publicadas, todo dependerá del asunto discutido en la misma.

Pues si lo discutido no es concerniente al funcionamiento de la sociedad, no tendrá que cumplirse con el requisito de la publicación, o si el asunto debatido no es de los que ordena el Código de Comercio publicar, tampoco habrá de serlo, tal es el caso de las asambleas que tratan de la venta de acciones, en las cuales hay un criterio unívoco que señala que las mismas surten plenos efectos frente a terceros, con la sola inscripción del traspaso de la cesión en los Libros de la Compañía. Por el contrario, se reitera, si la asamblea ha tratado puntos concernientes al funcionamiento de la sociedad, es necesario que cumpla con la formalidad de publicación. Entonces, si estas Asambleas no se registran y publican, mal podrían estar caducadas.

Ahora bien, las normas 217, 221, 280 y 282 del C.Com, prevén formalidades esenciales que requieren: a) del régimen de inscripción y fijación ante el registro mercantil; y b) el cumplimiento de la publicidad, cuyo propósito es lograr el conocimiento general y obtener eficacia jurídica frente a terceros y la inoponibilidad de ciertos actos que involucren modificaciones o innovaciones de las escrituras constitutivas y de los estatutos, entre ellos, la exclusión y admisión de miembros accionistas de una sociedad. Cuando se requiere de la publicidad se atiende a la protección de los intereses generales de los accionistas o socios y de los terceros. En ese orden de ideas, el acta de asamblea de accionistas en la cual se someta a consideración aumentar el capital social de la empresa, el acta de asamblea en la cual se apruebe el mismo, así como en la que se decidan aspectos relativos a su ejecución, redistribución del porcentaje accionario, entre otros, son actos, que requieren tanto de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente como de su publicaciónCADUCIDAD VS PRESCRIPCION DEL CODIGO CIVIL: El C.C., en su Artc 1346, señala: “La acción para pedir la nulidad de una convención dura cinco años, salvo disposición especial de la Ley.

Este tiempo no empieza a correr en caso de violencia, sino desde el día en que ésta ha cesado; en caso de error o de dolo, desde el día en que han sido descubiertos; respecto de los actos de los entredichos o inhabilitados, desde el día en que haya sido alzada la interdicción o inhabilitación; y respecto de los actos de los menores, desde el día de su mayoridad. En todo caso, la nulidad puede ser opuesta por aquel que ha sido demandado por la ejecución del contrato.” (Subrayado mío). Aquí el Usuario cuenta con 5 años para atacar por Nulidad el Acta de Asamblea.

Pero la diferencia, no es solo una cuestión de tiempo, sino de instituciones, ya que como se aprecia, esta norma prevé no una caducidad, sino una prescripción de la nulidad de una convención. Si entendemos que el Estatuto Social de una empresa, es justamente un Contrato/Convención Social, éste artículo le es aplicable, a pesar de tratarse de instituciones diferentes la caducidad de la prescripción. Pero el tema no se agota allí, pues también de otro lado tenemos el Artc. 1969 C.C., que señala: “ Se interrumpecivilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquiera otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación. Si se trata de prescripción de créditos, basta el cobro extrajudicial. Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la Oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez; a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso”.

Debe recordarse que lo que debe inscribirse en el registro competente, incluye la orden de comparecencia, sin lo cual no operará la interrupción de la prescripción y antes que la misma expire. De otro lado, la Caducidad es una sanción jurídica procesal, pues al transcurrir el tiempo fijado por la Ley, se obtiene la inexistencia misma del derecho que se pretende hacer valer con posterioridad. La Caducidad no admite suspensión o interrupción, mientras que la Prescripción sí. Contamos entonces, por un lado, con un lapso de 1 año por la L.R.N, por el otro lado, con un lapso de 5 años por el C.C, para intentar la nulidad y finalmente, con un lapso indefinido si lo tratamos como nulidad absoluta. En nuestro humilde criterio, nos inclinamos por la ley de la especialidad.  CONCLUSION: Ahora bien y para no perder la atención del Usuario de este Blog, lo importante es que se accione dentro del lapso previsto por la norma, como “tiempo útil”. Determinar o no si Ud se encuentra dentro de este “tiempo útil” tocará a su Abogado de confianza.

Dra. Ana Santander.

Publicado por Escritorio Jurídico Ana Santander y Asociados 

En función al auge que han tenido los contratos de particulares con el Estado Venezolano, a través de PDVSA y sus filiales, tanto en el área metropolitana como en el interior de la república, haremos 2 Títulos a modo de adentrarnos en el tema.

En este primer Título abordaremos el marco legal que no es otro que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (en lo adelante LCP) el cual derogó la Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial No. 39.503 del 6 de septiembre de 2010, que fue publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6154 de fecha 19 de noviembre de 2014 fue  publicado.

A continuación, los aspectos más destacados de la ley en comento, en sus primeros 10 artículos:

Objeto. Artículo 1: …regular la actividad del Estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, con la finalidad de preservar el patrimonio público…Comentario: Quien contrata con el Edo se convierte en sujeto regido por esta Ley. Basta que una de las partes sea un órgano o ente público para que se aplique esta Ley. Entonces por contrataciones públicas podemos entender el conjunto de normas que rigen, los procesos de selección de contratistas en la ejecución de las partidas presupuestarias, con el fin de adquirir obras, ejecutar proyectos y prestar servicios. Podemos adelantar desde ya que todos los procesos de selección de contratistas terminan con la adjudicación, declaración de desierto o cuando el ente público lo declara terminado.  Cuando se da la adjudicación del contrato y su firma, nace la relación Contractual, regida por el propio contenido del contrato,  el pliego de condiciones o condiciones generales de contratación y la Ley objeto de este artículo con su Reglamento. De haber un vacío legal, será cubierto por el CC, el CPC, CCom, entre  otros.

Principios. Artículo 2:…principios de economía, planificación, transparencia, honestidad, eficiencia, igualdad, competencia, publicidad y simplificación de trámites…promover la participación popular a través de cualquier forma asociativa de producción… dar prioridad al uso de medios electrónicos.

Ámbito de aplicación. Artículo 3: …regirá para todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas… con especial énfasis para los sujetos que a continuación se señalan: l. Los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estada!, Municipal, Central y Descentralizado. Comentario: Cabe destacar que el acto administrativo o la ley debe establecer la facultad para el ente público de contratar, caso contrario no podrá en el ente actuar en nombre del Edo y por tanto no podrá celebrar contrataciones  regidas por esta ley y si aun así, celebra el contrato, el mismo estaría viciado de nulidad por 1142 y 1346 CC. 2. Las Universidades Públicas. 3. El Banco Central de Venezuela. 4. Las asociaciones civiles y sociedades mercantiles en las cuales la República Bolivariana de Venezuela y las personas jurídicas a que se contraen los numerales anteriores tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del patrimonio o capital social respectivo. 5. Las asociaciones civiles y sociedades mercantiles en cuyo patrimonio o capital social, tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), las asociaciones civiles y sociedades a que se refiere el numeral anterior. 6. Las fundaciones constituidas por cualquiera de las personas a que se refieren los numerales anteriores o aquellas en cuya administración éstas tengan participación mayoritaria. 7. Las Comunas, los Consejos Comunales y las organizaciones de base del Poder Popular cuando manejen fondos públicos. 8. Las asociaciones socio-productivas y cualquier otra forma de organización popular cuando manejen fondos públicos. Comentario: Lo demás contratos que suscriban los entes públicos que no encuadren en el artículo 1, no entrarán en el ámbito de aplicación de esta ley, por ejemplo: convenios de cooperación entre los entes públicos, contratos de concesión de servicios públicos, contratos de empréstito público.

Exclusiones de la Ley. Artículo 4: Se agregaron a las contrataciones excluidas de la aplicación de la ley en comento: -La contratación con empresas constituidas en el marco de acuerdos internacionales. -Los servicios laborales. -El arrendamiento de bienes inmuebles, inclusive el financiero. -El patrocinio en materia deportiva, artística, literaria, científica o académica.Comentario: Se trata de una Exclusión de la aplicación de ley de la especialidad. Si bien están excluidos de la Ley, sus normas serán igualmente aplicables en lo relativo a la materia de contratación, por tanto, las excepciones se refieren a los procedimientos de selección de contratistas más no al resto de la ley.

Exclusión de las modalidades de selección de contratistas. Artículo 5: Se agregaron a las contrataciones excluidas de la aplicación de la ley en comento los contratos que tengan por objeto: -La adquisición de semovientes. -La adquisición de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras, suministradas o ejecutadas directamente por los órganos y entes de la Administración Pública. -La adquisición de bienes y prestación de servicios con recursos provenientes de caja chica, hasta el monto máximo que estipule la normativa que regule la materia. -La adquisición de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras, requeridos, cuando se decrete cualquiera de los estados de excepción contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. -La adquisición de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras, destinados a la seguridad y defensa del Estado relacionados con las operaciones de inteligencia y contra inteligencia realizadas por los órganos y entes de seguridad del Estado, tanto en el país como en el exterior, así como para actividades de protección fronteriza y para movimiento de unidades militares en caso de preparación, entrenamiento o conflicto interno o externo. -La adquisición de bienes, servicios, productos alimenticios y medicamentos, declarados como de primera necesidad, siempre que existan en el país condiciones de desabastecimiento por no producción o producción insuficiente, previamente certificadas por la autoridad competente.Comentario: Para  determinar cuáles son los bienes y servicios excluidos debemos partir de aclarar que están librados de cumplir con los trámites y condiciones previas para seleccionar al adjudicatario del contrato, pues su oferta cumple con los requerido por el ente público contratante. Pero habrá de tener especial cuidado en el sentido que si deberán cumplir con la disponibilidad presupuestaria, garantías, etc. Solvencias. Respecto a los Servicios Profesionales que están excluidos: los servicios comerciales si están sometidos a la ley. Los Profesionales aún deberán cumplir otros requisitos como la inscripción en la Contraloría General de la República, cuando se trata de contratos para servicios de auditoría, pero no requieren estar inscritos en el Registro Nacional de Contratistas, independientemente del monto. Respecto a la prestación de servicios financieros por entidades regidas por la Ley sobre la materia: esto incluye en la exclusión a los servicios bancarios, no así lo que atañe a las operaciones de seguro. Respecto a los servicios básicos indispensables para el funcionamiento del contratante los cuales pueden ser o no frecuentes, se incluye al servicio de internet. Respecto a las alianzas comerciales o estratégicas, están referidas a los procesos productivos, en empresas donde el Edo tiene participación. Las alianzas comerciales deben estar aprobadas por la máxima autoridad.

Definiciones Artículo 6: no amerita mayor comentario, basta leer la Ley

De los Procedimientos, Notificaciones y Recursos Administrativos De los Procedimientos Artículo 7: Las actuaciones de los contratantes deben sujetarse a los procedimientos establecidos en la Ley y aplicar cuando corresponda en forma supletoria la LOPA.Comentario: El proceso para seleccionar a un contratista pasa por las siguientes etapas: iniciación, sustanciación, decisión y notificación. Iniciación: el 48 de la LOPA señala que se inicia de oficio (por el ente público) o a instancia de parte. El inicio corresponde a la máxima autoridad, y el acto administrativo se emite a petición del órgano encargado de la sustanciación (Servicio Nacional de Contrataciones, Registro Nacional de Contratistas o Unidad Contratante). Este auto administrativo debe cumplir con lo previsto en el 18 de la LOPA. Sustanciación: Una vez iniciado el procedimiento administrativo, el responsable del mismo abre el expediente de la contratación, conforme al 51 LOPA y 32 RLCP, en este expediente deben constar toda la documentación pertinente. De acuerdo a la Ley la tramitación y resolución de los expedientes tiene un tiempo tope o máximo de sustanciación, así como un tiempo máximo de paralización. Finalización: Es la decisión de la autoridad, que debe ser motivada por el 18 LOPA., indicando las razones  para calificar a los oferentes y sus ofertas, motivación de la selección o descalificación del oferente, rechazo de la oferta, recomendaciones, votos a favor y en contra. Si se declara desierta la oferta, por ausencia de oferta o porque no cumplieron con los requisitos, por negativa a firmar el contrato o no se suministraron las garantías o por presentación de documentos falsos por parte del adjudicatario. En estos casos anteriores, deberá al nuevo procedimiento a todos los oferentes, cuando hayan cesado las causas que dieron origen a la terminación. Notificación: Se debe notificar a todos los participantes del procedimiento, el texto íntegro de la decisión adoptada por 73 LOPA. Lo anterior concatenado con la ley de la especialidad en su Artículo 8, Notificaciones: Todas las notificaciones que deban practicarse…deberán realizarse en forma electrónica siempre que el destinatario de la notificación hubiere previamente aceptado tal condición y deberán publicarse en la página web del contratante. Para el caso de rescisiones unilaterales por incumplimiento del contratista y decisiones que deriven de un procedimiento administrativo que afecten derechos subjetivos, adicionalmente las notificaciones deberán ser publicadas en la página web del Servicio Nacional de Contrataciones. Se tomará como fecha cierta de notificación, el evento que primero ocurra según pueda verificarse.

Recursos Administrativos Artículo 9: Todo acto administrativo dictado por los contratantes, por el Servicio Nacional de Contrataciones y el Registro Nacional de Contratistas, podrá ser recurrido de conformidad con la Ley que regula la materia de procedimientos administrativos.

 Agotamiento de la Vía Administrativa Artículo 10: Las decisiones dictadas por la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contrataciones, agotan la vía administrativa. Comentario: Si el ente contratante no puede seguir con el proceso de selección porque el pliego de condiciones cambió, o porque hubo una disminución de las disponibilidades presupuestarias, en este caso, opera la Suspensión del Procedimiento de Contratación, al igual que con en estos otros ejemplos:  errores en las disponibilidades presupuestarias, en las especificaciones técnicas o condiciones de contratación; si todo lo anterior compromete al ente contratante, se deberá suspender el proceso, siempre y cuando no se haya realizado la apertura del acto de sobres de la oferta y se emita un acto motivado. Todo lo anterior no genera indemnizaciones pecuniarias.  Si el proceso se suspende por más de 45 días, se considerará terminado. Pero también podrá producirse la Terminación del Procedimiento de Contratación: porque la modalidad aplicada no es la que corresponde o la suspensión superó los 45 días. La terminación debe darse antes no solo de la firma del contrato sino de su adjudicación o de la declaratoria de desierto, ya que ella es una de las formas de terminar el proceso. De requerirse, posterior a la adjudicación, declarar terminado el proceso, se estará dando por anulada la adjudicación, que además de motivarse, si no fue notificado, no ofrecerá mayores inconvenientes al ente público, pero si fue debidamente notificado habrá lugar a indemnización, si el adjudicatario prueba los gastos.  Una vez que cesen las causales de  terminación, el ente contratante puede iniciar un nuevo procedimiento. También podrá producirse la Nulidad del Acto Administrativo de Adjudicación: Ocurre una vez que, adjudicado el contrato, se evidencien las causales legales para anular el acto por el cual se adjudicó el contrato, pero no necesariamente se pierde el procedimiento, pues aún existen la segunda y tercera oferta para adjudicar el contrato por lo que se harán nuevas notificaciones a todos los oferentes. Es menester anular la adjudicación o cualquier acto emitido con datos falsos o en violación de la Ley por 83 de la LOPA.  A tales efectos, en resguardo del debido proceso, deberá iniciarse un proceso administrativo, notificando al afectado del inicio del mismo e informándole del plazo del cual dispone para presentar sus alegatos de defensa, que no es otra cosa que la contestación del acto, luego se apertura a pruebas y se producirá la decisión de nulidad o no. En el caso planteado, no se ha firmado el contrato y se debe evaluar al adjudicatario y notificar al SNC sobre el particular. Posteriormente debe remitirse el caso a la Consultoría Jurídica del ente para que proceda a ejecutar la fianza de mantenimiento de la oferta. Finalmente también podrá producirse la Reposición del Procedimiento: Se produce por inobservancia u omisión de formalidades esenciales que hacen anulable el procedimiento y antes de la adjudicación del contrato, pues posterior a ella, lo que puede devenir es la nulidad del acto. En próximo artículo continuaremos cn el análisis expuesto.

Dra. Ana Santander.

Publicado por Escritorio Jurídico Ana Santander y Asociados 

 

EDGAR DARÍO NÚÑEZ ALCÁNTARA

PROFESOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO (U. C.)

ABOGADO LITIGANTE.

COMENTARIOS A LAS

DISPOSICIONES GENERALES, RELACIÓN ARRENDATICIA Y GARANTÍAS DE LA LEY DE REGULACIÓN DEL ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL .

Valencia, julio, 2017.

EPÍGRAFE.

HOJAS DE ÁRBOL FRONDOSO Y EL TIEMPO.

Todo aquel que ha barrido las hojas del árbol frondoso que bota muchas hojas, sabe que las primeras veces barrió y barrió y se regresó a seguir barriendo las hojas que caían durante el mismo tiempo en que él barría; y, también sabe que con el paso del tiempo ya barre y recoge sólo lo que está en el piso y que la próxima vez recogerá las que caigan en el intermezzo de su paso y el futuro…

Domingo de resurrección, 27, marzo, 2016.

DEDICATORIA.

A la memoria de Alonzo Villalba Vitale, excelente profesional del derecho, ejemplo de capacidad, esfuerzo y honestidad en el ejercicio profesional. En tiempo de honrar nuestra amistad.

AGRADECIMIENTOS.

A los colegas Rayda Giralda Riera Lizardo, Jorge Carlos Rodríguez Bayone, Edgar Darío Núñez Pino y Hercilia Elena Peña Hermosa, por sus útiles y constantes opiniones sobre los temas que se tratan en esta obra; a los bachilleres Antonio Domínguez y Orlando Alvarado, por su permanente cooperación en la elaboración de este trabajo. ¡A ellos, gracias mil!

GLOSARIO LEGAL

Código Civil (CC)

Código de Comercio (C.Com)

Código de Procedimiento Civil (CPC)

Constitución Nacional (CN)

Ley Contra el Desalojo y la desocupación Arbitraria de Viviendas (LDDAV).

Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (LAI)

Ley de Instituciones del Sector Bancario (LISB)

Ley de la Actividad Aseguradora (LAA)

Ley de Registros y del Notariado (LRN)

Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario Para el Uso Comercial (LAC)

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA).

Ley de Registros y del Notariado (LRN)

Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM)

Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPTRA).

Ley Para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Viviendas (LRCAV).  Reglamento de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (RLRCAV).

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES.

Introducción. El siglo XXI ha sido pródigo con el derecho especial inquilinario venezolano. Desde su inicio esta centuria ha visto nacer novedosas leyes, nuevos y polémicos conceptos, así como el acogimiento de diversos sistemas procesales, todo lo cual le da configuración de tiempo convulso. Lógicamente, el sustrato material de estas modificaciones está conformado por un proceso político, denominado Socialismo del Siglo XXI, cuyo concepto económico sobre el arriendo y el lucro ha sido determinante en las variaciones, marchas y retrocesos. Y, como es natural, esa visión ideológica se refleja en la elaboración y aplicación de las nacientes reglas jurídicas. Hasta el momento en que se dicta la ley que analizaremos en esta investigación esa concepción tiene total predominio sobre todas las ramas del poder público; ya a la fecha en que escribimos esta líneas se observa un deterioro marcado de su supremacía política y se avizoran cambios a corto y mediano plazo, salvo algún acontecimiento que cambie lo que parece el lógico decurso de la historia[1].

Estas incidencias político-sociales se producen en momentos en los cuales el concepto “contrato” en su versión liberal sufre los embates de los sistemas jurídicos que procuran acercarse a una expresión real de la justicia. La icónica constitución española de 1978 alumbró el camino de una concepción del estado democrático y social, de bienestar, que conduce a la conjugación de derecho y justicia.

La doctrina nacional contribuye a esta transformación y podemos citar, a título de ejemplo, las reflexiones de la profesora Sheraldine Pinto Oliveros[2], quien en su ensayo El contrato hoy en día. Entre complejidad de la operación y justicia contractual, señala:

“El contrato ha indudablemente evolucionado respecto al arquetipo que inspiró a nuestro codificador; siguiendo la tradición franco-italiana en materia de obligaciones y de la teoría general del contrato. De hecho, hoy en día, el contrato no pareciera reflejar aquella idea conforme a la cual las partes en situación de igualdad, incluso de tipo informativo, negocian las condiciones contractuales y el precio hasta llegar a un acuerdo justo.

Esa ideología del contrato se encuentra a la base del principio de autonomía de la voluntad; el cual en efecto, se fundamenta en la justicia de cualquier acuerdo que fuera producto de la libre determinación de las partes. Por ello, nadie -ni siquiera el Estado- puede sustituirse a los contratantes en la apreciación de la justicia contractual, ya que dicha estimación se efectuaría inevitablemente a posteriori y fuera del contexto en el cual fue realizada la negociación.

En el desarrollo del derecho contractual, sin embargo, múltiples factores han incidido en el presupuesto del principio de la autonomía de la voluntad- es decir, la igualdad de las partes- y también en sus corolarios, especialmente, en la libertad contractual y en la relatividad de los contratos; poniendo, de esta forma, (aparentemente) en crisis al contrato. Entre estos factores, los más evidentes han sido la desigualdad de las partes en el contrato y el fenómeno de la estandarización de los contratos, que parecieran poner en tela de juicio a la libertad contractual. Sin embargo, el presente trabajo prestará también atención a otros factores, como la complejidad de la operación y, especialmente, el fenómeno de los contratos conexos; que, en cambio, parece incidir en la relatividad de los contratos. El examen de todos estos factores finalmente permitirá analizar el problema de la justicia contractual en el derecho venezolano. …omissis…

…Una similar situación de disparidad de poder contractual caracterizó la contratación entre arrendador y arrendatario, donde la ausencia o la limitada presencia de viviendas en el mercado colocaba al primero en una situación de supremacía de poder contractual; la cual le permitìa imponer al arrendatario las condiciones contractuales, incluyendo el monto del canon de arrendamiento.

De allì que, en el derecho comparado y en el derecho venezolano, la atenciòn del legislador se dirigiera a proteger ciertas categorìas de contratantes, no en razòn de su estatus sino en consideraciòn a la asimetrìa de poder contractual que caracteriza los contratos de los que son parte; y que, por lo tanto, podrìa dar lugar a que el contratante en situaciòn de supremacìa se aproveche de su mayor poder contractual e imponga condiciones inicuas a su cocontratante. De esta manera, proliferan leyes o disposiciones de orden pùblico de protecciòn orientadas a tutelar a estas categorìas de contratantes, considerados jurìdicamente dèbiles; especialmente, mediante la imposiciòn de obligaciones a la parte fuerte del contrato y/o de un contenido mìnimo contractual”. (Negrillas y subrayados nuestros).

En ese marco histórico-político nace nuestra Constitución Nacional de 1999[3], máxima expresión del orden jurídico venezolano; en el entendido que ese orden es sistema y paradigma tanto para el Estado como para el ciudadano.

Naturalmente ese suprema ley surte un efecto “cascada” sobre el resto del tinglado jurídico y de ese modo ha influido en la redacción de las novísimas leyes inquilinarias que rigen en la actualidad venezolana.

Así, en este lapso de más de década y media, hemos visto en las postrimerías del año 1999 la elaboración de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (LAI)[4], la cual ha sido objeto de modificaciones por vía de la creación de nuevas leyes que le han sustraído parte de su ámbito competencial. Nació como un “código inquilinario” capaz de compendiar todas las relaciones jurídicas vinculadas con el arrendamiento pero su ámbito de aplicación se ha mermado grandemente[5]. De modo que la ley ahora en comentario regula, hoy día, todo lo vinculado con la relación arrendaticia sobre inmuebles urbanos y suburbanos, arrendados de manera total o parcial en los cuales se desarrolle una actividad industrial, profesional, académica, gremial, deportiva, cultural, etc.; y por exclusión no regula el arriendo de inmuebles en los cuales la actividad sea de uso habitacional o comercial.

Luego en el año 2011 se dicta la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (LRCAV)[6], la cual regula todo lo relacionado con el arrendamiento deviviendas[7]; en el entendido que el significado del vocablo tiene un contenido muy amplio, al extremo que en su artículo 7 prevé:

“…Para todos los efectos de la presente Ley debe entenderse como:

Vivienda: Espacio para el desarrollo social de la persona y su grupo familiar, sobre el cual se asienta el hogar para la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano.

Vivienda estudiantil: Es aquel espacio físico vital, acondicionado como vivienda temporal para el estudiante, bien sea habitación, casa, quinta, apartamento, anexo de una vivienda, edificio o cualquier otra tipología de vivienda establecida en esta Ley, que permita el desarrollo integral y progresivo durante su formación. Dicha vivienda puede ser de carácter pública, privada o mixta.

Habitación: Espacio físico que es parte de un inmueble, utilizado como morada y asiento principal de persona o familia para su vivienda.

Pensión: Espacio físico comprendido por un conjunto de habitaciones y áreas para servicios comunes, utilizadas de forma contínua como vivienda.

Reparaciones menores: Todas aquellas que se realizan en función de recuperar, mantener o reponer por el deterioro producido debido al uso cotidiano de la vivienda, que no se corresponda con el desgaste propio del inmueble y su estructura, y que son responsabilidad del arrendatario o arrendataria.

Reparaciones mayores: Son aquellas necesarias, inherentes al desgaste natural o derivado de vicios ocultos de las instalaciones y estructura del inmueble destinado a vivienda, y que son responsabilidad del arrendador.

Multi arrendador: Persona natural o jurídica que, a título personal o a través de terceros, se dedica al arrendamiento de tres o más viviendas.

Pequeño arrendador: Es aquella persona natural o jurídica dedicada al arrendamiento de una o dos viviendas.

Residencias: Son aquellos inmuebles arrendados por habitación o cama sobre la cual se asienta su vivienda” (Negrillas nuestras)..

En la labor de acompañamiento que la doctrina nacional ha hecho a la legislación especial arrendaticia podemos destacar la tesis doctoral de la profesora Aura Janesky Lehmann González[8], quien expresa en sus conclusiones los efectos de esta especial ley sobre arriendo de vivienda en estos términos:

“En el plano sustantivo, estamos en presencia de una regulación principista, con claros tintes ideológicos, en donde se evidencia el intervencionismo del Estado en las relaciones de los particulares, constituyendo con ello un freno considerable a la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, clara expresión del proceso de “administrativización del Derecho” que se está produciendo en nuestro país en los últimos tiempos.

Una novedad interesante de la nueva Ley es la regulación individualizada del contrato de arrendamiento, lo cual podría ser entendido como un acierto, no obstante, en su intento de dirigir los dictados contractuales nos hallamos ante una clara limitación al principio de la autonomía de la voluntad.

A su vez, la nueva normativa incide muy desmesuradamente en la concesión de derechos al arrendatario en detrimento del arrendador, lo cual produce un desequilibrio contractual. Ejemplo evidente de lo subrayado lo representa la supresión de las garantías -personales o reales- en la relación arrendaticia a favor del arrendador que la legislación anterior establecía.

Además, el nuevo texto legislativo afecta de manera muy ostensible al derecho de propiedad, tanto por lo que se refiere a la dificultad de practicar el desalojo del arrendatario, como cuanto en la obligación impuesta a las empresas constructoras de viviendas de destinar un porcentaje de lo construido al arrendamiento para, transcurrido un lapso de tiempo, tener que vender el inmueble al arrendatario por el precio tasado administrativamente. (Negrillas nuestras).

Decreto de regulación temporal del arriendo para actividades económicas. En el año 2013, concretamente el 29 de noviembre, el ciudadano Presidente de la República dicta un Decreto con Rango y Fuerza de Ley numerado 602[9], mediante el cual se regula temporalmente el arrendamiento de inmuebles destinados a alguna actividad económica, y específica que este tipo de convenio, caracterizado por el ejercicio de una actividad comercial o industrial y en general las de producción económica, el canon único nacional se establecerá por metros cuadrados (Mts2.), a razón de doscientos cincuenta bolívares (Bs. 250) por cada unidad métrica. Es de destacar que el decreto no tomó en consideración el tipo de actividad, la ubicación, servicios que se prestan al inmueble, todo se redujo a un solo monto para todo el país. Tal error contribuyó como factor importante a la desaparición (cierre virtual) de los centros comerciales en toda la república, y condujo a un sistema injusto legal que no resolvió ningún problema, sino que agravó la crisis económica en que se viene desempeñando la nación desde el año 2012[10].

Comentarios previos al modo derogatorio del decreto 602 referido. Desde la óptica jurídica la Ley de Regulación del Arrendamiento inmobiliario Para el Uso comercial (LAC) señala un modo anormal ¿insuficiente? de derogatoria del decreto que le antecedió. Veamos.

El decreto 602 planteó la regulación de contratos destinados a “todo tipo de actividad económica”, es decir, industrial, comercial y de producción (económica, se entiende), pero cuando se le suplanta por la LAC se deroga todo el decreto y su ámbito de aplicación, antes reseñado, para regularse entonces sólo lo comercial[11]. Vale preguntar: ¿puede el legislador (el ejecutivo nacional habilitado al caso) derogar todoel contenido de la ley y vaciar de contenido sin más, y sin indicar cuál será el destino regulatorio de esas áreas? ¿Acaso los otros rangos económicos regulados en el decreto de marras volvieron a la LAI? Sin duda un hecho inédito, e inconveniente dada la condición actual del frágil sistema económico venezolano.

Ley de arriendo comercial. Afortunadamente, tal vez por los hechos ocurridos que presagiaban un mayor agravamiento del desenvolvimiento económico de la nación -y de la materia inmobiliaria en particular- el Presidente de la República el 23 de mayo del año 2014 mediante decreto con rango, valor y fuerza de ley, con fundamento en una ley habilitante, dicta la Ley de Regulación del Arrendamiento inmobiliario Para el Uso comercial (LAC)[12], a cuyo análisis dedicaremos este trabajo de investigación y opinión.

De entrada afirmamos que a esta ley le concedemos estas características generales:

1. Similitud conceptual con la LAI. Sus conceptos e instituciones se encuentran en sintonía con las previsiones y el contenido de la LAI. Se aleja del modelo extremadamente protector que contiene la LRCAV. Ésta expresa un modelo asistencialista, más que tuitivo, que condujo a un enorme descenso del mercado inmobiliario para el arriendo de viviendas; y ha terminado creando una estampida del sector privado que se resiste a cumplir con un régimen de disposiciones que le limitan en grado extremo e inhiben -más allá de su razonabilidad- por la imposición de un Estado que no dialoga ni busca el consenso, sino la demostración del poder, incluso cuando el caso concreto tiene signos de injusticia por inflexibilidad del sistema legal.

Ergo, a la ley del 2014 le asignamos un potencial positivo y un modelo sustantivo que puede orientar, mutatis mutandis, las reformas del futuro que se avizora.

2. Proceso oral en su versión antigua. El proceso judicial que acoge la LAC es el procedimiento oral ordinario que está contenido en el vigente Código de Procedimiento Civil (CPC, 1985), entre sus artículos 859 y el 880. Sobre este acogimiento debemos expresar nuestro desacuerdo. Es un sistema obsoleto, que está diseñado sobre los temores naturales del proyectista de 1985, lejanos hoy día del proceso oral venezolano que ha avanzado en procedimientos civiles específicos como el laboral, agrario, protección de niños y adolescentes, marítimo, etc. En este aspecto la ley en comentario comparte nicho procesal con el juicio de indemnización por accidentes de tránsito[13]. Concluimos expresando la idea que la vetustez del sistema procesal del procedimiento oral ordinario afecta grandemente la esencia de un proceso oral de los tiempos actuales y, por ello, requiere un urgente aggiornamento.

Al respecto el foro venezolano sigue expectante por la propuesta de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de un proyecto de reforma del instrumento procesal de marras (PCPC), enviada en mayo del año 2014 a la Asamblea Nacional (AN), en cuyo seno ya se aprobó en primera discusión el modelo, y que espera por su aprobación definitiva en el ente legislativo. En ese proyecto, en sintonía con los principios de la Constitución Nacional (CN), se propone un modelo oral interesante, no exento de críticas y observaciones que le podrían mejorar  enormemente. Et dum manent.

En cuanto a la estructura de este trabajo, luego de este capítulo introductorio, haremos un segundo capítulo de análisis de las normas de la LAC, y finalizamos con unas conclusiones y propuestas sobre la temática.

Para poder Seguir Leyendo pulse click Aquí16