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Se ha hecho común en esta sociedad venezolana encontrarnos de frente con la extorsión, pero como dicen por allí: “la culpa no es del indio sino de quien lo hace compadre”. Al partir de la idea de que extorsión es: “la presión que un individuo ejerce sobre otro para forzarlo a actuar de un cierto modo”,  entendemos claramente  que: toda aquella situación cotidiana caracterizada por esa odiosa oleada de apremio y coacción a la que recurren muchas personas para lograr su cometido,  obligándonos a actuar del modo que les interesa, está indudablemente imbuidas de un cierto grado de extorsión, la cual pareciera ya formar parte de nuestro modo de vida.

Y es que, por ejemplo, no debería  –pero si puede y lo hace- un comerciante decirnos:  “esa mercancía defectuosa es la que me queda, si quiere la lleva o sino déjala allí.”;  “ tiene que comprar este producto para que pueda llevarse aquel otro, de lo contrario no llevará ninguno de los dos.”;  “si va a pagar con tarjeta de crédito debe pagar una comisión del 15%, o no podré despacharle nada.”;  “solo recibo efectivo, ¡ usted me dirá¡, no puedo hacer más nada.” O, verbigracia, un prestador de servicios: “aunque esta ruta cubre hasta Plaza Venezuela, llego hasta Parque Central, si quiere se monta o se queda.”; “la consulta de la psicóloga dura 60 minutos, pero hoy solo va atender media hora por el mismo precio, sin objeciones.”; “hoy  el nefrólogo atiende hasta las doce del mediodía, solo a los que les dé tiempo atender, si quieren esperan a ver si llegan,! ustedes dirán¡.”; “el servicio de internet se interrumpe porque se robaron los cables  y eso nos va llevar  unos seis meses repararlo, pueden esperar ese tiempo o contratar otro proveedor, no podemos hacer más nada”; “este estacionamiento cobra 10 mil Bs. Fijos, independientemente de que permanezcan 01 hora o toda la tarde, si no está de acuerdo, puede estacionar en la calle”.  Por supuesto, no podemos dejar atrás a trabajadores y patronos: “soy el dueño de la empresa y si no hace lo que te digo, te quedarás sin empleo.”;  “no voy a trabajar hoy, despídame si quiere, tengo inamovilidad.”

Y qué decir del  servidor público catalogado como el hombre nuevo:  “hoy se atiende hasta donde está el señor de camisa azul  y  pantalón blanco casual, los demás serán atendidos mañana por orden de llegada, ¿si quieren?.”; “esta copia de la cédula no  se  ve  muy  bien, traiga otra o se retira, ¡usted decide¡.”; “esta vez  la caja del Clap cuesta 18 mil,  independientemente que la vez anterior haya tenido otro precio, ¡no sé!, esa es la orden.”;  “la Fiscalía pide que se califique así los hechos, sino apelará con efecto suspensivo y listo, el procesado se calará ocho meses más de prisión.”; “el Juez solicita que admita los hechos, o de lo contrario este juicio será muy largo y tedioso, y permanecerá usted detenido hasta su finalización.”; “yo soy el Juez y le sugiero que desista, o declararé improcedente su solicitud.” En fin,  son innumerables los casos como estos en los cuales pudiéramos estar enfrentando una  amenaza, una imposición o una exigencia  cuya frase que la envuelve finaliza  en una  particular forma de extorsión; y lo más grave aún, estaríamos aceptándola de manera sumisa. Por ello, debemos colocarle rostro a ese trato cruel e inhumano que se ha convertido en nuestro enemigo silencioso, con el que hemos sido absoluta e inconscientemente permisivos, pero que trastoca nuestros valores y nos daña en la psiquis y en la moral, pues para nadie es un secreto que esta forma de encaminarnos hacia un rumbo que no deseamos, afecta nuestra psiquis perturbándola al hacernos pensar casi siempre con ira ¿ porqué tolero este trato?; y nos ataca en lo moral cuando nos sabemos humillados y callamos. Procedamos pues a identificar a ese semblante  sin  rostro que nos agobia y en lo adelante denominémoslo: EXTORSIÓN  SUGERIDA, en virtud de que la persona que nos presiona, al mismo tiempo nos insinúa, nos propone, nos indica y nos menciona lo que quiere que hagamos, buscando -y casi siempre logrando-  que caigamos en su trampa y nos conformemos con aquello que, de manera restringida y limitada, nos ofrece. Finalmente, es patente que la gente que echa mano de la extorsión sugerida desconoce la regla de interpretación que señala: “lo favorable debe ampliarse y lo odioso restringirse”, con la cual, sino se erradicaría esa procaz figura, por lo menos daríamos al traste con una buena parte de su desmedida utilización, ya que se ampliaría lo favorable para quien va dirigida la acción y, consecuencialmente, se restringiría esa otra parte, la antipática e infame, la que representa la sugerida extorsión, en pro del bien común.

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Continuando con los artículos le anteceden y aún dentro del marco legal de la Ley de Contrataciones Públicas  2014 (en lo adelante LCP), tenemos:

De Las Comunas, Los Consejos Comunales Y Otras Organizaciones De Base Del Poder Popular. Selección De Contratistas Artículo 22:…las comunas…cualquier otra organización de base del poder popular, cuando manejen recursos asignados por los órganos y entes de la administración pública, aplicarán los procedimientos de contratación…Comentario: Lo anterior aplica a cualquier organización comunitaria que maneje fondos público, quienes a su vez deberán promover la participación de otras organizaciones comunitarias. A los fines de aumentar la contratación con dichas organizaciones  productivas, en el marco del criterio de inclusión estatal. No obstante, valga lo señalado en artículos anteriores, en el sentido que este estímulo de participación, no excluye a estas organizaciones del marco de aplicación de la Ley objeto de análisis.

Comisiones de Contrataciones del Poder Popular Artículo 23: Las Comunas…las organizaciones de base del Poder Popular, seleccionarán en Asamblea de Ciudadano…los miembros que formarán parte de la Comisión de Contrataciones… Comentario: -La Comisión de Contrataciones era la encargada de tramitar los concursos abierto y cerrados, (el inicio y terminación de estos procesos corresponde a la máxima autoridad), pero conforme a la ley en estudio, el procedimiento preferente lo será el de Consulta de Precios. -Su constitución es en número impar y ya señalamos que el número de Comisiones, dependerá de la complejidad y el volumen de contrataciones.

Supuestos Cuantitativos de Adjudicación Artículo 24: …las…organizaciones de base del Poder Popular a través de las Comisiones de Contrataciones, aplicarán la modalidad de selección de contratistas definida como Consulta de Precios…En el caso de aplicar la modalidad de Concurso Abierto o Concurso Cerrado por superar la contratación los límites cuantitativos establecidos en el presente Decreto…la Comisión de Contrataciones…podrá solicitar oportunamente por escrito el apoyo…del SNC. Comentario: -Conforme a esta modalidad de selección de contratistas, se invita a un mínimo de varias organizaciones a  presentar ofertas, previo análisis de la capacidad técnica de ellas, indicándoles las condiciones generales de contratación y según si el contrato a otorgar supere o no un monto fijado por la Ley, o por razones de interés general, o cuando ha sido declarado desierto el concurso cerrado. -Esta modalidad exige que se cumpla el supuesto cuantitativo (montos iguales o inferiores a “X” unidades tributarias.

Capítulo VII Compromiso de Responsabilidad Social. Finalidad Artículo 29:…tiene por finalidad…la contribución de los particulares, según su capacidad, en la consecución del bienestar general…

Carácter Contractual Artículo 30:…se constituirá en una obligación contractual para el beneficiario de la adjudicación, y su ejecución debe estar debidamente garantizada. Comentario: -Se trata de la relación que debe existir entre el ente contratante y la comunidad/colectividad, que tiene en su entorno, para que ellas se beneficien de la contratación otorgada, se satisfagan las necesidades socio comunitarias. -He aquí una novedad, pues anteriormente, este compromiso, podía o no, estar previsto dentro del pliego de condiciones, pero no en forma específica, sino a modo de declaración jurada y no podía solicitarse garantía alguna, mientras que bajo la ley en estudio, estará previsto en el pliego de contratación, será parte de la contratación, debe constituirse garantía de ejecución de la misma, siempre que se trate de ofertas, cuyo monto total supere las 2.500 unidades tributarias y será del 3% del monto de la contratación, al mismo tiempo que deberá cumplirse antes del cierre administrativo del contrato, conforme a los

Artículos 31 y 32ejusdem. -El compromiso, no tiene que ser de la misma naturaleza que la contratación en sí, tampoco se utiliza como criterio de selección del contratista, pero si como criterio de evaluación del mismo. – El Compromiso de Responsabilidad Social que se reciba a través de aportes en dinero, será depositado en el Fondo de Responsabilidad Social, conforme al Artículo 33; –El aporte anterior, no podrá utilizarse para atender las obligaciones establecidas en los Planes Operativos de los entes de la Administración Pública, conforme al Artículo 34.

Dra. Ana Santander

Publicado por Escritorio Jurídico Ana Santander y Asociados 

En este artículo abordaremos la caducidad de la acción que nos ocupa. En otras palabras, el tiempo que tiene el interesado para atacar esa Asamblea que reposa en  Acta y que, según su decir, vulnera sus derechos. Los clientes, en su mayoría comerciantes, suelen llegar a nuestro Escritorio Jurídico con inquietudes muy variadas respecto a estas Asambleas de Accionistas, a modo de ejemplo:

-“No me convocaron a la Asamblea”, -“No estaban presentes la cantidad de accionistas necesarios para deliberar o tomar decisiones”, -“Se aprobaron estados financieros sin ser previamente revisados por los accionistas”, “La Asamblea violó el Código de Comercio o los Estatutos de la Sociedad”, entre otros.

Todas esas inquietudes pueden ser muy válidas, ciertas y estar debidamente acreditadas con pruebas, pero ¿y si ya pasó el “tiempo útil” que prevé la norma para atacar por nulidad el Acta írrita?...Como siempre hemos sostenido, el derecho no es matemático, por tanto, en relación a cuándo fenece el tiempo para la interposición de la Demanda por la cual se solicite anular al Acta írrita con sus deliberaciones, no faltará quien asegure que si se trata de un Acta infectada de vicios de nulidad absoluta (no todos los son), no caduca la acción, pues esa nulidad no es convalidable por las partes, al estar interesado el Estado en el orden público. No obstante, no es la intención de este blog establecer discusiones doctrinarias, para eso están otros escenarios.

Antes bien nos ocuparemos de lo que ocurre en la práctica forense.  CADUCIDAD CONFORME A LA LEY DEL REGISTRO Y DEL NOTARIADO. Artc 55: Reza este artículo: “…La acción para demandar la nulidad de una asamblea de accionistas, de una sociedad anónima o de una sociedad en comandita por acciones, así como para solicitar la nulidad de una reunión de socios de las otras sociedades, se extinguirá al vencimiento del lapso de un año, contado a partir de la publicación del acto inscrito…”. (Subrayado mío).

Se desprende claramente de la ley de la especialidad, la regulación del acto, a partir del cual debe iniciarse el computo del lapso de caducidad para el ejercicio de las acciones por nulidad de actas de asambleas de las compañías anónimas, por lo que quienes la pretendan, cuentan con 1 año para su ejercicio so pena de sufrir los efectos de la caducidad, lapso que comenzará a computarse “a partir de la publicación del acto inscrito”, es decir, que el punto de partida de la caducidad es la fecha en que es publicado el acto inscrito.Hasta aquí, el Usuario cuenta con tan solo 1 año para atacar por Nulidad el Acta de Asamblea.

Sobre el punto en particular, cabe acotar lo expresado en el artículo infra transcrito en el cual se hace mención de lo siguiente: Artc 52: “La inscripción de un acto en el Registro Mercantil y su posterior publicación, cuando ésta es requerida, crea una presunción, que no puede ser desvirtuada, sobre el conocimiento universal del acto inscrito…”. Del contenido de dichas normas, se desprende la distinción que se hace entre la inscripción de los actos en el registro mercantil y la publicación que de ellos ordena el Código de Comercio en determinados casos. Queremos dejar claro que es diferente el acto de “inscribir”, al acto de “publicar”.

La diferencia entre ambos actos es que el primero es efectuado por ante el Registro de Comercio competente, mientras que el segundo se hace en la “Gaceta Mercantil” o cualquier periódico que efectúe esas publicaciones. ¿TODAS LAS ASAMBLEAS DEBEN PUBLICARSE?: En atención a lo antes expuesto, resulta contrario al artículo 55 ejusdem, sostener que el inicio del lapso para que opere la caducidad de la acción debe computarse a partir de la sola inscripción de la asamblea de socios en el registro mercantil y no de la publicación, siempre y cuando lo decidido en ella se encuentre en alguno de los casos que se prevén en los artículos 217 y 221 del Código de Comercio. Es decir, no todas las asambleas, ni todas las deliberaciones deben ser indefectiblemente publicadas, todo dependerá del asunto discutido en la misma.

Pues si lo discutido no es concerniente al funcionamiento de la sociedad, no tendrá que cumplirse con el requisito de la publicación, o si el asunto debatido no es de los que ordena el Código de Comercio publicar, tampoco habrá de serlo, tal es el caso de las asambleas que tratan de la venta de acciones, en las cuales hay un criterio unívoco que señala que las mismas surten plenos efectos frente a terceros, con la sola inscripción del traspaso de la cesión en los Libros de la Compañía. Por el contrario, se reitera, si la asamblea ha tratado puntos concernientes al funcionamiento de la sociedad, es necesario que cumpla con la formalidad de publicación. Entonces, si estas Asambleas no se registran y publican, mal podrían estar caducadas.

Ahora bien, las normas 217, 221, 280 y 282 del C.Com, prevén formalidades esenciales que requieren: a) del régimen de inscripción y fijación ante el registro mercantil; y b) el cumplimiento de la publicidad, cuyo propósito es lograr el conocimiento general y obtener eficacia jurídica frente a terceros y la inoponibilidad de ciertos actos que involucren modificaciones o innovaciones de las escrituras constitutivas y de los estatutos, entre ellos, la exclusión y admisión de miembros accionistas de una sociedad. Cuando se requiere de la publicidad se atiende a la protección de los intereses generales de los accionistas o socios y de los terceros. En ese orden de ideas, el acta de asamblea de accionistas en la cual se someta a consideración aumentar el capital social de la empresa, el acta de asamblea en la cual se apruebe el mismo, así como en la que se decidan aspectos relativos a su ejecución, redistribución del porcentaje accionario, entre otros, son actos, que requieren tanto de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente como de su publicaciónCADUCIDAD VS PRESCRIPCION DEL CODIGO CIVIL: El C.C., en su Artc 1346, señala: “La acción para pedir la nulidad de una convención dura cinco años, salvo disposición especial de la Ley.

Este tiempo no empieza a correr en caso de violencia, sino desde el día en que ésta ha cesado; en caso de error o de dolo, desde el día en que han sido descubiertos; respecto de los actos de los entredichos o inhabilitados, desde el día en que haya sido alzada la interdicción o inhabilitación; y respecto de los actos de los menores, desde el día de su mayoridad. En todo caso, la nulidad puede ser opuesta por aquel que ha sido demandado por la ejecución del contrato.” (Subrayado mío). Aquí el Usuario cuenta con 5 años para atacar por Nulidad el Acta de Asamblea.

Pero la diferencia, no es solo una cuestión de tiempo, sino de instituciones, ya que como se aprecia, esta norma prevé no una caducidad, sino una prescripción de la nulidad de una convención. Si entendemos que el Estatuto Social de una empresa, es justamente un Contrato/Convención Social, éste artículo le es aplicable, a pesar de tratarse de instituciones diferentes la caducidad de la prescripción. Pero el tema no se agota allí, pues también de otro lado tenemos el Artc. 1969 C.C., que señala: “ Se interrumpecivilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquiera otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación. Si se trata de prescripción de créditos, basta el cobro extrajudicial. Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la Oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez; a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso”.

Debe recordarse que lo que debe inscribirse en el registro competente, incluye la orden de comparecencia, sin lo cual no operará la interrupción de la prescripción y antes que la misma expire. De otro lado, la Caducidad es una sanción jurídica procesal, pues al transcurrir el tiempo fijado por la Ley, se obtiene la inexistencia misma del derecho que se pretende hacer valer con posterioridad. La Caducidad no admite suspensión o interrupción, mientras que la Prescripción sí. Contamos entonces, por un lado, con un lapso de 1 año por la L.R.N, por el otro lado, con un lapso de 5 años por el C.C, para intentar la nulidad y finalmente, con un lapso indefinido si lo tratamos como nulidad absoluta. En nuestro humilde criterio, nos inclinamos por la ley de la especialidad.  CONCLUSION: Ahora bien y para no perder la atención del Usuario de este Blog, lo importante es que se accione dentro del lapso previsto por la norma, como “tiempo útil”. Determinar o no si Ud se encuentra dentro de este “tiempo útil” tocará a su Abogado de confianza.

Dra. Ana Santander.

Publicado por Escritorio Jurídico Ana Santander y Asociados 

En función al auge que han tenido los contratos de particulares con el Estado Venezolano, a través de PDVSA y sus filiales, tanto en el área metropolitana como en el interior de la república, haremos 2 Títulos a modo de adentrarnos en el tema.

En este primer Título abordaremos el marco legal que no es otro que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (en lo adelante LCP) el cual derogó la Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial No. 39.503 del 6 de septiembre de 2010, que fue publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6154 de fecha 19 de noviembre de 2014 fue  publicado.

A continuación, los aspectos más destacados de la ley en comento, en sus primeros 10 artículos:

Objeto. Artículo 1: …regular la actividad del Estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, con la finalidad de preservar el patrimonio público…Comentario: Quien contrata con el Edo se convierte en sujeto regido por esta Ley. Basta que una de las partes sea un órgano o ente público para que se aplique esta Ley. Entonces por contrataciones públicas podemos entender el conjunto de normas que rigen, los procesos de selección de contratistas en la ejecución de las partidas presupuestarias, con el fin de adquirir obras, ejecutar proyectos y prestar servicios. Podemos adelantar desde ya que todos los procesos de selección de contratistas terminan con la adjudicación, declaración de desierto o cuando el ente público lo declara terminado.  Cuando se da la adjudicación del contrato y su firma, nace la relación Contractual, regida por el propio contenido del contrato,  el pliego de condiciones o condiciones generales de contratación y la Ley objeto de este artículo con su Reglamento. De haber un vacío legal, será cubierto por el CC, el CPC, CCom, entre  otros.

Principios. Artículo 2:…principios de economía, planificación, transparencia, honestidad, eficiencia, igualdad, competencia, publicidad y simplificación de trámites…promover la participación popular a través de cualquier forma asociativa de producción… dar prioridad al uso de medios electrónicos.

Ámbito de aplicación. Artículo 3: …regirá para todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas… con especial énfasis para los sujetos que a continuación se señalan: l. Los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estada!, Municipal, Central y Descentralizado. Comentario: Cabe destacar que el acto administrativo o la ley debe establecer la facultad para el ente público de contratar, caso contrario no podrá en el ente actuar en nombre del Edo y por tanto no podrá celebrar contrataciones  regidas por esta ley y si aun así, celebra el contrato, el mismo estaría viciado de nulidad por 1142 y 1346 CC. 2. Las Universidades Públicas. 3. El Banco Central de Venezuela. 4. Las asociaciones civiles y sociedades mercantiles en las cuales la República Bolivariana de Venezuela y las personas jurídicas a que se contraen los numerales anteriores tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del patrimonio o capital social respectivo. 5. Las asociaciones civiles y sociedades mercantiles en cuyo patrimonio o capital social, tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), las asociaciones civiles y sociedades a que se refiere el numeral anterior. 6. Las fundaciones constituidas por cualquiera de las personas a que se refieren los numerales anteriores o aquellas en cuya administración éstas tengan participación mayoritaria. 7. Las Comunas, los Consejos Comunales y las organizaciones de base del Poder Popular cuando manejen fondos públicos. 8. Las asociaciones socio-productivas y cualquier otra forma de organización popular cuando manejen fondos públicos. Comentario: Lo demás contratos que suscriban los entes públicos que no encuadren en el artículo 1, no entrarán en el ámbito de aplicación de esta ley, por ejemplo: convenios de cooperación entre los entes públicos, contratos de concesión de servicios públicos, contratos de empréstito público.

Exclusiones de la Ley. Artículo 4: Se agregaron a las contrataciones excluidas de la aplicación de la ley en comento: -La contratación con empresas constituidas en el marco de acuerdos internacionales. -Los servicios laborales. -El arrendamiento de bienes inmuebles, inclusive el financiero. -El patrocinio en materia deportiva, artística, literaria, científica o académica.Comentario: Se trata de una Exclusión de la aplicación de ley de la especialidad. Si bien están excluidos de la Ley, sus normas serán igualmente aplicables en lo relativo a la materia de contratación, por tanto, las excepciones se refieren a los procedimientos de selección de contratistas más no al resto de la ley.

Exclusión de las modalidades de selección de contratistas. Artículo 5: Se agregaron a las contrataciones excluidas de la aplicación de la ley en comento los contratos que tengan por objeto: -La adquisición de semovientes. -La adquisición de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras, suministradas o ejecutadas directamente por los órganos y entes de la Administración Pública. -La adquisición de bienes y prestación de servicios con recursos provenientes de caja chica, hasta el monto máximo que estipule la normativa que regule la materia. -La adquisición de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras, requeridos, cuando se decrete cualquiera de los estados de excepción contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. -La adquisición de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras, destinados a la seguridad y defensa del Estado relacionados con las operaciones de inteligencia y contra inteligencia realizadas por los órganos y entes de seguridad del Estado, tanto en el país como en el exterior, así como para actividades de protección fronteriza y para movimiento de unidades militares en caso de preparación, entrenamiento o conflicto interno o externo. -La adquisición de bienes, servicios, productos alimenticios y medicamentos, declarados como de primera necesidad, siempre que existan en el país condiciones de desabastecimiento por no producción o producción insuficiente, previamente certificadas por la autoridad competente.Comentario: Para  determinar cuáles son los bienes y servicios excluidos debemos partir de aclarar que están librados de cumplir con los trámites y condiciones previas para seleccionar al adjudicatario del contrato, pues su oferta cumple con los requerido por el ente público contratante. Pero habrá de tener especial cuidado en el sentido que si deberán cumplir con la disponibilidad presupuestaria, garantías, etc. Solvencias. Respecto a los Servicios Profesionales que están excluidos: los servicios comerciales si están sometidos a la ley. Los Profesionales aún deberán cumplir otros requisitos como la inscripción en la Contraloría General de la República, cuando se trata de contratos para servicios de auditoría, pero no requieren estar inscritos en el Registro Nacional de Contratistas, independientemente del monto. Respecto a la prestación de servicios financieros por entidades regidas por la Ley sobre la materia: esto incluye en la exclusión a los servicios bancarios, no así lo que atañe a las operaciones de seguro. Respecto a los servicios básicos indispensables para el funcionamiento del contratante los cuales pueden ser o no frecuentes, se incluye al servicio de internet. Respecto a las alianzas comerciales o estratégicas, están referidas a los procesos productivos, en empresas donde el Edo tiene participación. Las alianzas comerciales deben estar aprobadas por la máxima autoridad.

Definiciones Artículo 6: no amerita mayor comentario, basta leer la Ley

De los Procedimientos, Notificaciones y Recursos Administrativos De los Procedimientos Artículo 7: Las actuaciones de los contratantes deben sujetarse a los procedimientos establecidos en la Ley y aplicar cuando corresponda en forma supletoria la LOPA.Comentario: El proceso para seleccionar a un contratista pasa por las siguientes etapas: iniciación, sustanciación, decisión y notificación. Iniciación: el 48 de la LOPA señala que se inicia de oficio (por el ente público) o a instancia de parte. El inicio corresponde a la máxima autoridad, y el acto administrativo se emite a petición del órgano encargado de la sustanciación (Servicio Nacional de Contrataciones, Registro Nacional de Contratistas o Unidad Contratante). Este auto administrativo debe cumplir con lo previsto en el 18 de la LOPA. Sustanciación: Una vez iniciado el procedimiento administrativo, el responsable del mismo abre el expediente de la contratación, conforme al 51 LOPA y 32 RLCP, en este expediente deben constar toda la documentación pertinente. De acuerdo a la Ley la tramitación y resolución de los expedientes tiene un tiempo tope o máximo de sustanciación, así como un tiempo máximo de paralización. Finalización: Es la decisión de la autoridad, que debe ser motivada por el 18 LOPA., indicando las razones  para calificar a los oferentes y sus ofertas, motivación de la selección o descalificación del oferente, rechazo de la oferta, recomendaciones, votos a favor y en contra. Si se declara desierta la oferta, por ausencia de oferta o porque no cumplieron con los requisitos, por negativa a firmar el contrato o no se suministraron las garantías o por presentación de documentos falsos por parte del adjudicatario. En estos casos anteriores, deberá al nuevo procedimiento a todos los oferentes, cuando hayan cesado las causas que dieron origen a la terminación. Notificación: Se debe notificar a todos los participantes del procedimiento, el texto íntegro de la decisión adoptada por 73 LOPA. Lo anterior concatenado con la ley de la especialidad en su Artículo 8, Notificaciones: Todas las notificaciones que deban practicarse…deberán realizarse en forma electrónica siempre que el destinatario de la notificación hubiere previamente aceptado tal condición y deberán publicarse en la página web del contratante. Para el caso de rescisiones unilaterales por incumplimiento del contratista y decisiones que deriven de un procedimiento administrativo que afecten derechos subjetivos, adicionalmente las notificaciones deberán ser publicadas en la página web del Servicio Nacional de Contrataciones. Se tomará como fecha cierta de notificación, el evento que primero ocurra según pueda verificarse.

Recursos Administrativos Artículo 9: Todo acto administrativo dictado por los contratantes, por el Servicio Nacional de Contrataciones y el Registro Nacional de Contratistas, podrá ser recurrido de conformidad con la Ley que regula la materia de procedimientos administrativos.

 Agotamiento de la Vía Administrativa Artículo 10: Las decisiones dictadas por la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contrataciones, agotan la vía administrativa. Comentario: Si el ente contratante no puede seguir con el proceso de selección porque el pliego de condiciones cambió, o porque hubo una disminución de las disponibilidades presupuestarias, en este caso, opera la Suspensión del Procedimiento de Contratación, al igual que con en estos otros ejemplos:  errores en las disponibilidades presupuestarias, en las especificaciones técnicas o condiciones de contratación; si todo lo anterior compromete al ente contratante, se deberá suspender el proceso, siempre y cuando no se haya realizado la apertura del acto de sobres de la oferta y se emita un acto motivado. Todo lo anterior no genera indemnizaciones pecuniarias.  Si el proceso se suspende por más de 45 días, se considerará terminado. Pero también podrá producirse la Terminación del Procedimiento de Contratación: porque la modalidad aplicada no es la que corresponde o la suspensión superó los 45 días. La terminación debe darse antes no solo de la firma del contrato sino de su adjudicación o de la declaratoria de desierto, ya que ella es una de las formas de terminar el proceso. De requerirse, posterior a la adjudicación, declarar terminado el proceso, se estará dando por anulada la adjudicación, que además de motivarse, si no fue notificado, no ofrecerá mayores inconvenientes al ente público, pero si fue debidamente notificado habrá lugar a indemnización, si el adjudicatario prueba los gastos.  Una vez que cesen las causales de  terminación, el ente contratante puede iniciar un nuevo procedimiento. También podrá producirse la Nulidad del Acto Administrativo de Adjudicación: Ocurre una vez que, adjudicado el contrato, se evidencien las causales legales para anular el acto por el cual se adjudicó el contrato, pero no necesariamente se pierde el procedimiento, pues aún existen la segunda y tercera oferta para adjudicar el contrato por lo que se harán nuevas notificaciones a todos los oferentes. Es menester anular la adjudicación o cualquier acto emitido con datos falsos o en violación de la Ley por 83 de la LOPA.  A tales efectos, en resguardo del debido proceso, deberá iniciarse un proceso administrativo, notificando al afectado del inicio del mismo e informándole del plazo del cual dispone para presentar sus alegatos de defensa, que no es otra cosa que la contestación del acto, luego se apertura a pruebas y se producirá la decisión de nulidad o no. En el caso planteado, no se ha firmado el contrato y se debe evaluar al adjudicatario y notificar al SNC sobre el particular. Posteriormente debe remitirse el caso a la Consultoría Jurídica del ente para que proceda a ejecutar la fianza de mantenimiento de la oferta. Finalmente también podrá producirse la Reposición del Procedimiento: Se produce por inobservancia u omisión de formalidades esenciales que hacen anulable el procedimiento y antes de la adjudicación del contrato, pues posterior a ella, lo que puede devenir es la nulidad del acto. En próximo artículo continuaremos cn el análisis expuesto.

Dra. Ana Santander.

Publicado por Escritorio Jurídico Ana Santander y Asociados 

 

EDGAR DARÍO NÚÑEZ ALCÁNTARA

PROFESOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO (U. C.)

ABOGADO LITIGANTE.

COMENTARIOS A LAS

DISPOSICIONES GENERALES, RELACIÓN ARRENDATICIA Y GARANTÍAS DE LA LEY DE REGULACIÓN DEL ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL .

Valencia, julio, 2017.

EPÍGRAFE.

HOJAS DE ÁRBOL FRONDOSO Y EL TIEMPO.

Todo aquel que ha barrido las hojas del árbol frondoso que bota muchas hojas, sabe que las primeras veces barrió y barrió y se regresó a seguir barriendo las hojas que caían durante el mismo tiempo en que él barría; y, también sabe que con el paso del tiempo ya barre y recoge sólo lo que está en el piso y que la próxima vez recogerá las que caigan en el intermezzo de su paso y el futuro…

Domingo de resurrección, 27, marzo, 2016.

DEDICATORIA.

A la memoria de Alonzo Villalba Vitale, excelente profesional del derecho, ejemplo de capacidad, esfuerzo y honestidad en el ejercicio profesional. En tiempo de honrar nuestra amistad.

AGRADECIMIENTOS.

A los colegas Rayda Giralda Riera Lizardo, Jorge Carlos Rodríguez Bayone, Edgar Darío Núñez Pino y Hercilia Elena Peña Hermosa, por sus útiles y constantes opiniones sobre los temas que se tratan en esta obra; a los bachilleres Antonio Domínguez y Orlando Alvarado, por su permanente cooperación en la elaboración de este trabajo. ¡A ellos, gracias mil!

GLOSARIO LEGAL

Código Civil (CC)

Código de Comercio (C.Com)

Código de Procedimiento Civil (CPC)

Constitución Nacional (CN)

Ley Contra el Desalojo y la desocupación Arbitraria de Viviendas (LDDAV).

Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (LAI)

Ley de Instituciones del Sector Bancario (LISB)

Ley de la Actividad Aseguradora (LAA)

Ley de Registros y del Notariado (LRN)

Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario Para el Uso Comercial (LAC)

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA).

Ley de Registros y del Notariado (LRN)

Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM)

Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPTRA).

Ley Para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Viviendas (LRCAV).  Reglamento de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (RLRCAV).

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES.

Introducción. El siglo XXI ha sido pródigo con el derecho especial inquilinario venezolano. Desde su inicio esta centuria ha visto nacer novedosas leyes, nuevos y polémicos conceptos, así como el acogimiento de diversos sistemas procesales, todo lo cual le da configuración de tiempo convulso. Lógicamente, el sustrato material de estas modificaciones está conformado por un proceso político, denominado Socialismo del Siglo XXI, cuyo concepto económico sobre el arriendo y el lucro ha sido determinante en las variaciones, marchas y retrocesos. Y, como es natural, esa visión ideológica se refleja en la elaboración y aplicación de las nacientes reglas jurídicas. Hasta el momento en que se dicta la ley que analizaremos en esta investigación esa concepción tiene total predominio sobre todas las ramas del poder público; ya a la fecha en que escribimos esta líneas se observa un deterioro marcado de su supremacía política y se avizoran cambios a corto y mediano plazo, salvo algún acontecimiento que cambie lo que parece el lógico decurso de la historia[1].

Estas incidencias político-sociales se producen en momentos en los cuales el concepto “contrato” en su versión liberal sufre los embates de los sistemas jurídicos que procuran acercarse a una expresión real de la justicia. La icónica constitución española de 1978 alumbró el camino de una concepción del estado democrático y social, de bienestar, que conduce a la conjugación de derecho y justicia.

La doctrina nacional contribuye a esta transformación y podemos citar, a título de ejemplo, las reflexiones de la profesora Sheraldine Pinto Oliveros[2], quien en su ensayo El contrato hoy en día. Entre complejidad de la operación y justicia contractual, señala:

“El contrato ha indudablemente evolucionado respecto al arquetipo que inspiró a nuestro codificador; siguiendo la tradición franco-italiana en materia de obligaciones y de la teoría general del contrato. De hecho, hoy en día, el contrato no pareciera reflejar aquella idea conforme a la cual las partes en situación de igualdad, incluso de tipo informativo, negocian las condiciones contractuales y el precio hasta llegar a un acuerdo justo.

Esa ideología del contrato se encuentra a la base del principio de autonomía de la voluntad; el cual en efecto, se fundamenta en la justicia de cualquier acuerdo que fuera producto de la libre determinación de las partes. Por ello, nadie -ni siquiera el Estado- puede sustituirse a los contratantes en la apreciación de la justicia contractual, ya que dicha estimación se efectuaría inevitablemente a posteriori y fuera del contexto en el cual fue realizada la negociación.

En el desarrollo del derecho contractual, sin embargo, múltiples factores han incidido en el presupuesto del principio de la autonomía de la voluntad- es decir, la igualdad de las partes- y también en sus corolarios, especialmente, en la libertad contractual y en la relatividad de los contratos; poniendo, de esta forma, (aparentemente) en crisis al contrato. Entre estos factores, los más evidentes han sido la desigualdad de las partes en el contrato y el fenómeno de la estandarización de los contratos, que parecieran poner en tela de juicio a la libertad contractual. Sin embargo, el presente trabajo prestará también atención a otros factores, como la complejidad de la operación y, especialmente, el fenómeno de los contratos conexos; que, en cambio, parece incidir en la relatividad de los contratos. El examen de todos estos factores finalmente permitirá analizar el problema de la justicia contractual en el derecho venezolano. …omissis…

…Una similar situación de disparidad de poder contractual caracterizó la contratación entre arrendador y arrendatario, donde la ausencia o la limitada presencia de viviendas en el mercado colocaba al primero en una situación de supremacía de poder contractual; la cual le permitìa imponer al arrendatario las condiciones contractuales, incluyendo el monto del canon de arrendamiento.

De allì que, en el derecho comparado y en el derecho venezolano, la atenciòn del legislador se dirigiera a proteger ciertas categorìas de contratantes, no en razòn de su estatus sino en consideraciòn a la asimetrìa de poder contractual que caracteriza los contratos de los que son parte; y que, por lo tanto, podrìa dar lugar a que el contratante en situaciòn de supremacìa se aproveche de su mayor poder contractual e imponga condiciones inicuas a su cocontratante. De esta manera, proliferan leyes o disposiciones de orden pùblico de protecciòn orientadas a tutelar a estas categorìas de contratantes, considerados jurìdicamente dèbiles; especialmente, mediante la imposiciòn de obligaciones a la parte fuerte del contrato y/o de un contenido mìnimo contractual”. (Negrillas y subrayados nuestros).

En ese marco histórico-político nace nuestra Constitución Nacional de 1999[3], máxima expresión del orden jurídico venezolano; en el entendido que ese orden es sistema y paradigma tanto para el Estado como para el ciudadano.

Naturalmente ese suprema ley surte un efecto “cascada” sobre el resto del tinglado jurídico y de ese modo ha influido en la redacción de las novísimas leyes inquilinarias que rigen en la actualidad venezolana.

Así, en este lapso de más de década y media, hemos visto en las postrimerías del año 1999 la elaboración de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (LAI)[4], la cual ha sido objeto de modificaciones por vía de la creación de nuevas leyes que le han sustraído parte de su ámbito competencial. Nació como un “código inquilinario” capaz de compendiar todas las relaciones jurídicas vinculadas con el arrendamiento pero su ámbito de aplicación se ha mermado grandemente[5]. De modo que la ley ahora en comentario regula, hoy día, todo lo vinculado con la relación arrendaticia sobre inmuebles urbanos y suburbanos, arrendados de manera total o parcial en los cuales se desarrolle una actividad industrial, profesional, académica, gremial, deportiva, cultural, etc.; y por exclusión no regula el arriendo de inmuebles en los cuales la actividad sea de uso habitacional o comercial.

Luego en el año 2011 se dicta la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (LRCAV)[6], la cual regula todo lo relacionado con el arrendamiento deviviendas[7]; en el entendido que el significado del vocablo tiene un contenido muy amplio, al extremo que en su artículo 7 prevé:

“…Para todos los efectos de la presente Ley debe entenderse como:

Vivienda: Espacio para el desarrollo social de la persona y su grupo familiar, sobre el cual se asienta el hogar para la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano.

Vivienda estudiantil: Es aquel espacio físico vital, acondicionado como vivienda temporal para el estudiante, bien sea habitación, casa, quinta, apartamento, anexo de una vivienda, edificio o cualquier otra tipología de vivienda establecida en esta Ley, que permita el desarrollo integral y progresivo durante su formación. Dicha vivienda puede ser de carácter pública, privada o mixta.

Habitación: Espacio físico que es parte de un inmueble, utilizado como morada y asiento principal de persona o familia para su vivienda.

Pensión: Espacio físico comprendido por un conjunto de habitaciones y áreas para servicios comunes, utilizadas de forma contínua como vivienda.

Reparaciones menores: Todas aquellas que se realizan en función de recuperar, mantener o reponer por el deterioro producido debido al uso cotidiano de la vivienda, que no se corresponda con el desgaste propio del inmueble y su estructura, y que son responsabilidad del arrendatario o arrendataria.

Reparaciones mayores: Son aquellas necesarias, inherentes al desgaste natural o derivado de vicios ocultos de las instalaciones y estructura del inmueble destinado a vivienda, y que son responsabilidad del arrendador.

Multi arrendador: Persona natural o jurídica que, a título personal o a través de terceros, se dedica al arrendamiento de tres o más viviendas.

Pequeño arrendador: Es aquella persona natural o jurídica dedicada al arrendamiento de una o dos viviendas.

Residencias: Son aquellos inmuebles arrendados por habitación o cama sobre la cual se asienta su vivienda” (Negrillas nuestras)..

En la labor de acompañamiento que la doctrina nacional ha hecho a la legislación especial arrendaticia podemos destacar la tesis doctoral de la profesora Aura Janesky Lehmann González[8], quien expresa en sus conclusiones los efectos de esta especial ley sobre arriendo de vivienda en estos términos:

“En el plano sustantivo, estamos en presencia de una regulación principista, con claros tintes ideológicos, en donde se evidencia el intervencionismo del Estado en las relaciones de los particulares, constituyendo con ello un freno considerable a la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, clara expresión del proceso de “administrativización del Derecho” que se está produciendo en nuestro país en los últimos tiempos.

Una novedad interesante de la nueva Ley es la regulación individualizada del contrato de arrendamiento, lo cual podría ser entendido como un acierto, no obstante, en su intento de dirigir los dictados contractuales nos hallamos ante una clara limitación al principio de la autonomía de la voluntad.

A su vez, la nueva normativa incide muy desmesuradamente en la concesión de derechos al arrendatario en detrimento del arrendador, lo cual produce un desequilibrio contractual. Ejemplo evidente de lo subrayado lo representa la supresión de las garantías -personales o reales- en la relación arrendaticia a favor del arrendador que la legislación anterior establecía.

Además, el nuevo texto legislativo afecta de manera muy ostensible al derecho de propiedad, tanto por lo que se refiere a la dificultad de practicar el desalojo del arrendatario, como cuanto en la obligación impuesta a las empresas constructoras de viviendas de destinar un porcentaje de lo construido al arrendamiento para, transcurrido un lapso de tiempo, tener que vender el inmueble al arrendatario por el precio tasado administrativamente. (Negrillas nuestras).

Decreto de regulación temporal del arriendo para actividades económicas. En el año 2013, concretamente el 29 de noviembre, el ciudadano Presidente de la República dicta un Decreto con Rango y Fuerza de Ley numerado 602[9], mediante el cual se regula temporalmente el arrendamiento de inmuebles destinados a alguna actividad económica, y específica que este tipo de convenio, caracterizado por el ejercicio de una actividad comercial o industrial y en general las de producción económica, el canon único nacional se establecerá por metros cuadrados (Mts2.), a razón de doscientos cincuenta bolívares (Bs. 250) por cada unidad métrica. Es de destacar que el decreto no tomó en consideración el tipo de actividad, la ubicación, servicios que se prestan al inmueble, todo se redujo a un solo monto para todo el país. Tal error contribuyó como factor importante a la desaparición (cierre virtual) de los centros comerciales en toda la república, y condujo a un sistema injusto legal que no resolvió ningún problema, sino que agravó la crisis económica en que se viene desempeñando la nación desde el año 2012[10].

Comentarios previos al modo derogatorio del decreto 602 referido. Desde la óptica jurídica la Ley de Regulación del Arrendamiento inmobiliario Para el Uso comercial (LAC) señala un modo anormal ¿insuficiente? de derogatoria del decreto que le antecedió. Veamos.

El decreto 602 planteó la regulación de contratos destinados a “todo tipo de actividad económica”, es decir, industrial, comercial y de producción (económica, se entiende), pero cuando se le suplanta por la LAC se deroga todo el decreto y su ámbito de aplicación, antes reseñado, para regularse entonces sólo lo comercial[11]. Vale preguntar: ¿puede el legislador (el ejecutivo nacional habilitado al caso) derogar todoel contenido de la ley y vaciar de contenido sin más, y sin indicar cuál será el destino regulatorio de esas áreas? ¿Acaso los otros rangos económicos regulados en el decreto de marras volvieron a la LAI? Sin duda un hecho inédito, e inconveniente dada la condición actual del frágil sistema económico venezolano.

Ley de arriendo comercial. Afortunadamente, tal vez por los hechos ocurridos que presagiaban un mayor agravamiento del desenvolvimiento económico de la nación -y de la materia inmobiliaria en particular- el Presidente de la República el 23 de mayo del año 2014 mediante decreto con rango, valor y fuerza de ley, con fundamento en una ley habilitante, dicta la Ley de Regulación del Arrendamiento inmobiliario Para el Uso comercial (LAC)[12], a cuyo análisis dedicaremos este trabajo de investigación y opinión.

De entrada afirmamos que a esta ley le concedemos estas características generales:

1. Similitud conceptual con la LAI. Sus conceptos e instituciones se encuentran en sintonía con las previsiones y el contenido de la LAI. Se aleja del modelo extremadamente protector que contiene la LRCAV. Ésta expresa un modelo asistencialista, más que tuitivo, que condujo a un enorme descenso del mercado inmobiliario para el arriendo de viviendas; y ha terminado creando una estampida del sector privado que se resiste a cumplir con un régimen de disposiciones que le limitan en grado extremo e inhiben -más allá de su razonabilidad- por la imposición de un Estado que no dialoga ni busca el consenso, sino la demostración del poder, incluso cuando el caso concreto tiene signos de injusticia por inflexibilidad del sistema legal.

Ergo, a la ley del 2014 le asignamos un potencial positivo y un modelo sustantivo que puede orientar, mutatis mutandis, las reformas del futuro que se avizora.

2. Proceso oral en su versión antigua. El proceso judicial que acoge la LAC es el procedimiento oral ordinario que está contenido en el vigente Código de Procedimiento Civil (CPC, 1985), entre sus artículos 859 y el 880. Sobre este acogimiento debemos expresar nuestro desacuerdo. Es un sistema obsoleto, que está diseñado sobre los temores naturales del proyectista de 1985, lejanos hoy día del proceso oral venezolano que ha avanzado en procedimientos civiles específicos como el laboral, agrario, protección de niños y adolescentes, marítimo, etc. En este aspecto la ley en comentario comparte nicho procesal con el juicio de indemnización por accidentes de tránsito[13]. Concluimos expresando la idea que la vetustez del sistema procesal del procedimiento oral ordinario afecta grandemente la esencia de un proceso oral de los tiempos actuales y, por ello, requiere un urgente aggiornamento.

Al respecto el foro venezolano sigue expectante por la propuesta de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de un proyecto de reforma del instrumento procesal de marras (PCPC), enviada en mayo del año 2014 a la Asamblea Nacional (AN), en cuyo seno ya se aprobó en primera discusión el modelo, y que espera por su aprobación definitiva en el ente legislativo. En ese proyecto, en sintonía con los principios de la Constitución Nacional (CN), se propone un modelo oral interesante, no exento de críticas y observaciones que le podrían mejorar  enormemente. Et dum manent.

En cuanto a la estructura de este trabajo, luego de este capítulo introductorio, haremos un segundo capítulo de análisis de las normas de la LAC, y finalizamos con unas conclusiones y propuestas sobre la temática.

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Es bien completa la norma contenida en el artículo 26 de nuestra Constitución cuando establece una justicia gratuita, accesible, idónea, responsable, expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos inútiles, la cual viene complementada por el artículo 257 que define al proceso como un instrumento fundamental para la realización de la justicia, señalando que las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público, y que  no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. Características que obligan indiscutiblemente a un viraje del derecho escrito al derecho oral, pues de no ser así, qué otra vía fuera capaz de proporcionar verdadera accesibilidad, responsabilidad, transparencia y rapidez a los procedimientos de índole judicial.

Arístides Rengel Romberg aclara:

Un sistema procesal es oral cuando el material de la causa, a saber: las alegaciones, las pruebas y las conclusiones, son objeto de la consideración judicial solamente si se presenta de palabra”. Eduardo Couture, en lo que concierne a la oralidad expone: “Este principio de oralidad “surge de un derecho positivo en el cual los actos procesales se realizan de viva voz, normalmente en audiencia y reduciendo la piezas escritas a lo estrictamente indispensable.

Podemos afirmar que, en nuestro país se utilizan ambas formas de expresión, pues llevar a cabo un proceso plenamente oral es imposible -por lo etérea e intangible que es la palabra- (parafraseando a Guido Urdaneta), pero se  atribuye  el  adjetivo de escrito u oral dependiendo del predominio de una de esas formas. Como expresa Chiovenda: “… el proceso oral proporciona una justicia más económica, más simple y más prontamente…”.

Ahora bien, sabido es que desde hace ya cierto tiempo los juicios penales, laborales, lopnna y algunos de carácter civil tienen una parte oral y, por ende, se desarrollan en ellos audiencias de tipo oral, situación muy loable que viene a cumplir con el espíritu, propósito y razón del legislador. Pero, he podido apreciar con mucha preocupación la persistencia del derecho escrito sobre los innovadores juicios orales, lo que hace que estos últimos  no sean tan óptimos como se ha esperado desde su implementación.

En lo que va de este segundo trimestre del año he tenido la oportunidad de acceder a expedientes cuyos escritos de acusación y sentencias sobrepasan las 50 páginas. Algunos se inclinaran por defender esa propensión a lo escrito, tal vez alegando el respeto al derecho a la defensa, otro estarán de acuerdo con mi posición en resguardo de los juicios orales y expeditos, pero el busilis del asunto consiste en determinar si es necesario o no una narración tan densa para lograr la finalidad de ciertos actos, como por ejemplo el de acusar o sentenciar, sin que se pierda la estructura de tales actos. Pienso que no es necesario ser tan extremadamente extenso a lo hora de demandar, acusar, promover, concluir o sentenciar.

Muchas doctrinas y criterios jurisprudenciales han tratado el tema de las declaraciones de testigos, por ejemplo, señalando que no es necesaria copiarlas textualmente; también sobre lo innecesario  de la parte narrativa de las sentencias, o de no transcribir en ella los actos del proceso que constan en autos,  de lo inapropiado de copiar los artículos de las leyes que sirven de fundamento, ni citar textualmente sentencias de contenido jurisprudencial o doctrinario; entre otras. En los tiempos en que estrenábamos el nuevo proceso laboral, hice un experimento o ejercicio consistente en presentar  escritos de demandas  en una sola página escrita por ambos lados, siendo recibido con beneplácito en un Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Estado Miranda con sede en Guarenas, y en un Tribunal de igual instancia del Circuito Laboral de Caracas.

Hubo resistencia por colegas litigante que insistían en que dejaba a la contraparte en indefensión, porque, según ellos, no narraba suficientemente los hechos, lo que me causó mucha sorpresa ya que esa exposición la haría en la Audiencia Preliminar, cumpliendo así con el objeto de la misma. Para ese entonces dicha actitud me pareció una simple resistencia al cambio; no obstante, hoy por hoy, sigo observando la misma resistencia en abogados en ejercicio y funcionarios del poder judicial. En alguna oportunidad  tuve en mí poder un “testamento escrito” de una ciudad europea, donde se señalaba resumidamente: “Pedro… deja como heredero de todos sus bienes de fortuna a la ciudadana María…, de los cuales podrá disponer de manera libre y a su conveniencia, sin más limitaciones que las de Ley…”. Para mí esa escritura contiene de manera completa la voluntad  del causante,  pero de seguro jamás hubiera sido protocolizada en Venezuela. En otra oportunidad me tocó defender una entidad de trabajo cuya demanda constaba de 80 páginas, aproximadamente, sino más, y el Juez de la causa llamó la atención al apoderado de la parta actora en el sentido de que, en futuras demandas se abstuviere de escritos tan complejos e ininteligibles por lo extenso, recalcando el Juez que no era la primera vez que le hacía a ese colega  la misma advertencia.

La razón me la dio de manera definitiva la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuando estableció un máximo de tres folios para los escritos de Control de Legalidad y Recurso de Casación, enviando un sublime mensaje a los que andamos en estos foros, cuyo criterio vengo manejando desde tiempos atrás: “lo que no se puede decir en tres folios no se dirá ni en 50 páginas.”.  

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 02-02-2000, Exp. No. 00-0010, estableció el carácter antiformalista del proceso oral, al expresarse de esta forma: “Son las características de la oralidad la ausencia de formalidades que rigen estos procedimientos las que permiten que la autoridad judicial establezca inmediatamente, a la mayor brevedad, la situación jurídica infringida, o la situación que más se asemeje a ella”. Conforme a ello, busquemos pues esa sensatez procesal de transcribir en cada acto jurídico obligatoriamente escrito, lo realmente básico, necesario, importante y pertinente. (más…)

A partir de la promulgación del Código Civil de 1904, el cual introdujo el divorcio en nuestra legislación, el matrimonio en Venezuela se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges al igual que por divorcio, según la Dra. Grisanti (2014), el divorcio es “la ruptura legal de un matrimonio validamente contraído, durante la vida de los cónyuges, como consecuencia de un pronunciamiento judicial” (p.261)

En efecto tal como lo establece el artículo 184 CCV. Todo matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges y por divorcio, se observa claramente que el legislador establece como causa de extinción del matrimonio la muerte de uno de los cónyuges dada la naturaleza de perpetuidad que el matrimonio tiene y su importancia para la perduración familiar.

Del mismo modo en el marco de las observaciones anteriores, Grisanti (2014), abunda un poco más sobre la perpetuidad del mismo dado que el matrimonio se celebra con la aspiración de que esa unión perdure en el tiempo, pensando que la base de la sociedad es la familia y que la forma más perfecta de constituirla es el matrimonio, concluyendo así que a mayor perdurabilidad en el tiempo mayor estabilidad, es por ello que señala lo siguiente:

Por su propia naturaleza el matrimonio es perpetuo; debe disolverse, normalmente por la muerte de uno de los cónyuges. No es necesario recurrir a argumentos de carácter ético o religioso para defender la perpetuidad del matrimonio, puede afirmarse que ello es exigencia social. En efecto los fines fundamentales del matrimonio sólo pueden cumplirse en forma favorable en uniones duraderas, no pueden lograrse cuando la unión es pasajera. Si pensamos que la base de la sociedad es la familia y que, a su vez, la forma más perfecta de constituir familia es el matrimonio es fácil concluir que a mayor perdurabilidad del matrimonio, mayor estabilidad familiar y mejor organización social. En consecuencia, es la sociedad la primera interesa y la mas inmediata beneficiaria de la perpetuidad del matrimonio. (p.264).

Esta consideración del matrimonio como un vínculo indisoluble y perpetuo se mantuvo desde que se reconoció el matrimonio civil en Venezuela, es decir desde 1.873, hasta 1.904, cuando fue incorporado en el Código Civil de 1904, la figura del divorcio, siendo tal una institución excepcional a la muerte, por lo que esta es realizada en vida de ambos cónyuges, este procedimiento fue contemplado básicamente como una especie de sanción por el incumplimiento de deberes conyugales, tal la situación se mantuvo hasta la reforma del CCV, cuando se introduce la figura del divorcio remedio, o sea, la extinción del matrimonio cuando éste ha dejado de servir el propósito fundamental al cual ha de servir.

Precisamente, una de las normas entonces introducidas fue el artículo 185-A del CCV, que prevé como causal de divorcio la separación de hecho por más de cinco años, conocida también como separación de hecho prolongada, esa norma venía siendo interpretada como un supuesto de divorcio por mutuo consentimiento, pues si uno de los cónyuges solicitaba el divorcio fundado en el artículo 185-A CCV y el otro cónyuge negaba el hecho, el CCV, ordenaba la terminación del procedimiento judicial mediante el cierre del expediente y si las partes así lo estiman en defensa de sus derechos o posiciones deben entonces proceder a demandar el divorcio conforme al artículo 185 CCV, es decir seguir el procedimiento de demanda de divorcio por la vía contenciosa.

Ahora bien, una vez entrada en vigencia la CRBV se produjo la necesidad de adaptar las reglas de la legislación previa a las normas de Texto fundamental que rige a partir de entonces, al Estado tarea ésta que provocó la inmediata intervención de la Sala Constitucional como órgano judicial especializado a quien como se ha expuesto en líneas anteriores, tiene entre sus competencias el recurso de interpretación constitucional, el cual se constituye como un medio de protección de la CRBV que otorga sentido a aquellos casos en los cuales se presentan normas oscuras o ambiguas y lagunas o vacío legales que pueden presentarse en las normas constitucionales.

Sobre la base de las consideraciones anteriores en ejercicio de la jurisdicción normativa la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia procedió a la interpretación del artículo 185-A del Código Civil Venezolano CCV, en materia del régimen procesal de procedimientos de divorcio, mediante sentencia No. 446 del 15 de mayo de 2014.

En dicha sentencia, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, interpretó con carácter vinculante el citado artículo, modificando la  parte infine, que disponía el procedimiento no contencioso de divorcio, el cual era  que si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente. Siendo ahora el procedimiento de solicitud de divorcio con fundamento en el articulo 185-A a la luz de la sentencia dictada por dicha sala en la apertura de una articulación probatoria y ya no al cierre del expediente.

Como puede observarse el artículo 185-A CCV, permite calificar el tipo de procedimiento como no contencioso en el sentido de que el legislador lo concibió para que operara solo y exclusivamente si no había contención entre las partes, es decir, solo si ambas partes estaban de acuerdo y reconocían en hecho de haber estado separados  de hecho por cinco años, de esta manera, configurada así ruptura prolongada de la vida en común y bajo el amparo de esta norma, ambas partes acuden ante el tribunal competente, alegando la existencia de una separación de hecho entre ellos por más de cinco años, solo y exclusivamente si ambas están de acuerdo en la disolución del vínculo conyugal.

No obstante no es necesario estrictamente que acudan juntos, pues también podrá acudir uno de los cónyuges, por separado a solicitar el divorcio con fundamento del citado artículo, por ello una vez introducida la solicitud de divorcio por uno de los cónyuges y admitida la misma, el juez librará boleta de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, en cualquiera de las formas que el Código de Procedimiento Civil (1990), establece, teniendo el otro cónyuge el deber de comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia.

Es por ello que una vez que conste en auto la citación del otro cónyuge, éste tiene dos opciones, o reconoce el hecho de haber estado separado por más de cinco años o bien hace oposición al mismo, del igual modo el Fiscal del Ministerio Público, dispone de un lapso para presentar su escrito ante el tribunal en donde curse la solicitud, ya sea manifestando su consentimiento o bien objetando el mismo, en este caso el lapso para él es de diez días de despacho, siendo entonces que si ninguno de ellos hace oposición a la solicitud de divorcio, el juez  en la duodécima audiencia declara el divorcio.

Ahora dada la interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de lo anterior expuesto, ordenó incluir mediante su fallo, el texto de la misma que consiste en sustituir el último párrafo del artículo 185-A CCV, del cual ha surgido ciertas críticas sobre interpretación que dicha Sala hiciere, considerándolo así, no un interpretación sino una reforma del propio CCV, como ha quedado en los términos siguientes:

Si el otro cónyuge no compareciere o si al comparecer negare el hecho, o si el  Fiscal del Ministerio Público lo objetare, el juez abrirá una articulación probatoria, de  conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y  si de la misma no resultare negado el hecho de la separación se decretará el divorcio; en caso contrario, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo  del expediente.

Como se observa del citado texto el expediente no se archivará, como sucedía anteriormente sino que resulta necesario la apertura de una articulación probatoria a fin de verificar si es cierto o no lo que alega el solicitante en su solicitud de divorcio o bien sobre la oposición que hiciere el otro cónyuge sobre la solicitud de divorcio, a tal respecto la Sala señaló que:

Ante la negativa del hecho de la separación por parte del cónyuge demandado prevista en el artículo 185-A del Código Civil, el juez que conoce la pretensión debe abrir una articulación probatoria para constatar si es cierto lo que señala el solicitante, la cual será la del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, ya que ante un caso de igual naturaleza: la petición de conversión de la separación de cuerpos por mutuo consentimiento en divorcio, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 765 prevé que si citado el cónyuge que no solicitó la conversión, éste alegare reconciliación, se abrirá la articulación probatoria del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil para que se pruebe la reconciliación, habiendo quedado ya probada la suspensión de la vida en común con el decreto judicial que autoriza la separación de cuerpos.

Por ello, no encuentra esta Sala ninguna razón para que una articulación probatoria similar no sea ordenada, para probar la separación de hecho, si al aplicarse el artículo 185-A del Código Civil, el cónyuge demandado (quien no solicitó el divorcio) no compareciere, o se limite a negar los hechos, o el Ministerio Público objete la solicitud. La diferencia es que en el caso de la conversión de la separación de cuerpos en divorcio, la carga de la prueba de la reconciliación la tiene quien la invocó, y en el caso del mencionado artículo 185-A, la carga de la prueba de la separación de hecho prolongada la tiene quien solicita el divorcio.

Ahora bien si bien es cierto que la doctrina y la jurisprudencia venían reiterando de forma pacífica que este procedimiento es de jurisdicción voluntaria o graciosa, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como ya se expuso modificó la parte final del articulo 185-A CCV, abriendo una articulación probatoria cuando la otra parte hace oposición a la solicitud de divorcio solicitada e indicando que el 185.A como procedimiento potencialmente contencioso y al respecto señaló:

Lo anterior descansa sobre un pilar fundamental, que es la comprobación de la ruptura fáctica del deber de vida en común de los cónyuges por un lapso mayor a cinco (5) años, aspecto que corresponde ser dilucidado de forma sumaria a través del cauce procedimental contenido en el mismo y en la forma que mejor convenga a los intereses del proceso, asegurando la consecución de la justicia material. Ello es lo que permite así calificar el carácter potencialmente contencioso del proceso estatuido en el artículo 185-A del Código Civil, a través del cual se declara el divorcio cuando es solicitado por uno de los cónyuges aduciendo la ruptura fáctica del deber de vida en común por un lapso mayor a cinco (5) años; pues como ya se ha dicho, puede surgir la situación según la cual, el cónyuge que no propuso la solicitud, en ejercicio del derecho de acción (desde el punto de vista pasivo, por haber sido citado y llamado a contestar la solicitud contra él dirigida), puede perfectamente oponer, negar y contradecir los hechos sostenidos por el solicitante.

Ahora bien, este carácter potencialmente contencioso del proceso de divorcio consagrado en la norma contenida en el artículo 185-A del Código Civil, se erige sobre la base según la cual, cada parte tiene la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, razón por la cual, adquieren importancia las manifestaciones del derecho constitucional a la prueba que informa a todo proceso judicial.

Esta comprobación de la ruptura fáctica del deber de vida en común de los cónyuges  a través de los distintos medios de prueba que disponen cada una de las partes para  probar sus respectivas afirmaciones de hecho, es lo que genera el carácter potencialmente contencioso de este procedimiento de divorcio, por lo que en vista de la objeción del otro cónyuge en su escrito de contestación a la solicitud de divorcio, coloca a las partes en la necesidad de probar la certeza de sus afirmaciones de hecho, siendo entonces que la actitud procesal del otro cónyuge, crea dentro del proceso una verdadera incerteza de la afirmación a la que se contrae la solicitud de divorcio.

Generando así la apertura de una incidencia probatoria para que las partes, promuevan las pruebas o medios conducentes para la demostración de los hechos afirmados, recayendo sobre la cabeza del solicitante, siendo éste el que afirma el hecho positivo, la incorporación durante la incidencia, de los medios de pruebas necesarios para demostrar la certeza de sus afirmaciones, es por lo que dicha objeción la que origina la incidencia probatoria generando así la contención entre las partes al no haber acuerdo en sus afirmaciones, pues al haber acuerdo entre las partes resulta inoficioso tal lapso probatorio no cabe lugar a su contención.

En las consideraciones para decidir del Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a través de su sentencia del 13 de mayo de 2013, la cual es el punto de origen de esta sentencia, interpretó el contenido del artículo 185-A CCV, en la solicitud de divorcio que le fue presentada por el solicitante, ante la objeción del otro cónyuge, al señalar que no hubo una ruptura prolongada de la vida en común  y bajo el fundamento de protección de los derechos y garantías constitucionales, ordenó la apertura de una incidencia probatoria.

Esta articulación se abrió motivada a la negación que hizo la parte contraria sobre los alegatos del solicitante de que habían transcurrido más de cinco años desde la separación de hecho con su cónyuge sin haberse logrado la reconciliación entre ellos produciéndose la separación de hecho con cónyuge, o que hubiese ocurrido ruptura prolongada de la vida en común y solicitó se declarara terminado el procedimiento y el archivo del expediente,  ante tal rechazo y por solicitud del demandante, se ordenó la apertura de una articulación probatoria a fin de determinar la veracidad de los hechos narrados por el solicitante y negados por su cónyuge una vez que es llamado a concurrir al tribunal a fin de reconocer o negar los hechos.

Es aquí que dada la negación de los hechos en la solicitud de divorcio se produce la contención; cuando en vez de manifestar ambas partes su reconocimiento sobre el hecho de haber estado separados de hecho por más de cinco años unas de las partes se oponía a ello, produciendo así el motivo de promover pruebas pues si ambas partes están de acuerdo en los hechos en los cuales convienen no hay lugar a dicha promoción, pues lo contencioso se genera cuando surgen las pruebas pues esto supone que hay que probar algo en los hechos los cuales surgen controversias.

Cabe señalar que si el solicitante mantiene una actitud omisiva en cuanto al aporte de medios probatorios, el Juez, no puede acoger la pretensión de divorcio contenida en la solicitud que encabezan estas actuaciones, pues al examinarla en su mérito, es forzoso para el juez concluir que no se encuentra fundada, vale decir, que las afirmaciones de hecho y derecho, contenidas en la pretensión sobre la solicitud de divorcio, no resultan verdaderas y debidamente acreditadas en el proceso, lo que conduce a que el juez, declare sin lugar la solicitud de divorcio, ante la falta de pruebas dentro de la incidencia, sin embargo si es el otro cónyuge que no acude a reconocer o negar los hechos se apertura de pleno derecho la articulación probatoria.

En la decisión del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Silva Monseñor Iturriza y Palmasola de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en la solicitud de divorcio N° 265-2014, dicho juzgado en su narrativa dejo sentado que en virtud de la no comparecencia del otro cónyuge a fin de reconocer o bien negar los hechos afirmados por su cónyuge, se abrió de pleno derecho la articulación probatoria lo siguiente:

Transcurrido el lapso para que la cónyuge MERVIS JOSEFINA ACEITUNO LUGO compareciera ante el tribunal a fin de reconocer o negar los hechos narrados por el solicitante, se evidenció la contumacia de la misma, razón por la cual se aperturó de pleno derecho la incidencia prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, conforme a lo establecido en el criterio vinculante de nuestro máximo tribunal, expuesto mediante sentencia de Sala Constitucional, de fecha 15-05-2014, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales (Expediente 14-0094).

Es por ello que es de suma importancia dada el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que el solicitante una vez que se aperture la incidencia probatoria, que da lugar cuando el otro cónyuge hace oposición a la solicitud de divorcio, el solicitante dispone de ocho días de despacho, para que dentro de dicho lapso promueva las pruebas en que  funda sus afirmaciones, así como todos los medios de pruebas que quiera hacer valer en el proceso,  estas deben ser promovidos en el lapso indicado.

En el sistema procesal, como lo expresa el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, las partes deben aportar o promover en el proceso, todas las pruebas de las que quieran valerse, salvo los casos excepcionales que la ley señala, pudiendo sin embargo las partes, de común acuerdo, en cualquier estado y grado de la causa, hacer evacuar cualquier clase de pruebas en la que tengan interés.

Sobre los medios de prueba que dispone el Código de Procedimiento Civil en su artículo 395, que cosiste en la actividad que tienen las partes de suministrarle al juez el conocimiento de los hechos del proceso y por lo tanto las fuentes de donde se extraen los motivos o argumentos para lograr su convicción sobre los hechos del proceso, es decir la confesión de la parte, la declaración del testigo, el dictamen del perito, la inspección o percepción del juez, la narración contenida en el documento, la percepción e inducción en la prueba de indicios. Establece lo siguiente:

Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República. Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley, y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contemplados en el Código Civil, y en su defecto, en la forma que señale el Juez.

La oportunidad procesal para aportar al proceso los diferentes medios de prueba es lo que constituye una garantía enmarcada dentro del debido proceso y más aún un principio probatorio la aportación de los medios de prueba en su oportunidad legal prevista o fijada por el operador legislativo, lo que se traduce, en que las pruebas judiciales deben ser llevadas al proceso en la oportunidad procesal que haya prefijado el legislador para tal fin.

Se ha visto como en las distintas decisiones relativas a solicitudes de divorcio fundadas en el artículo 185-A CCV, los medios de prueba promovidos para desvirtuar las retenciones de ambos han sido por lo general la promoción de testigos, en la que una vez que el otro cónyuge el cual es citado para su comparecencia ante el tribunal en donde cursa la solicitud de divorcio y éste mediante escrito o diligencia manifiesta su oposición a dicha solicitud, el tribunal mediante auto ordena la apertura de una articulación probatoria en la que la ambas partes deberán promover los elementos probatorios en las que funden sus alegatos.

En la decisión del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Silva Monseñor Iturriza y Palmasola de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en la solicitud de divorcio N° 265-2014, dicho juzgado en su narrativa dejo sentado el medio probatorio promovido por el solicitante, durante la incidencia de la articulación probatoria en virtud de que esta se apertura de pleno derecho cuando la otra parte no compareció para reconocer o rechazar los hechos afirmados por el solicitante, exponiendo lo siguiente:

Durante la incidencia aperturada, el solicitante promovió como medio de prueba, las testimoniales de los ciudadanos: HECTOR ALBERTO PULIDO, AUGUSTO JOSE RODRIGUEZ LUGO, REINA ADELAIDA QUERO DE MONTENEGRO, BENJAMIN MERIÑO BARRIOS y separadamente la de la ciudadana: DARILENA ANDREINA MENDOZA MENDOZA, titulares de las cédulas de identidad númerosV-11.673.674, V-9.931.892, V-7.579.417, V-16.159.813 y 16.347.894 respectivamente, siendo oídas todas en la oportunidad señalada por el tribunal, no promoviendo la otra cónyuge ningún medio probatorio a su favor.

La legislación adjetiva civil venezolana consagra un conjunto de medios probatorios que pueden ser utilizados en juicio para la comprobación y verificación de hechos controvertidos, es por ello que sobre el particular Santana, (1976), expresa lo siguiente: “en el juicio el juzgador tiene frente así dos grupos de afirmaciones, una hecha por el actor y otra por el demandado, en consecuencia es imperativo que cada parte demuestre sus afirmaciones de los hechos, usando mecanismos de verificación.” (p. 123)

La ley procesal venezolana se encuentra dotada de un conjunto de instrumentos que le permiten a las partes llevar, reproducir o representar en presencia del Juez la verificación de sus afirmaciones. En este orden de ideas y muy especialmente con relación a la prueba testimonial Brice, (1964), indica lo siguiente:

Las circunstancias de ser el testimonio la narración de hechos ocurridos y la dificultad que tiene el ser humano para percibirlo y recordarlo, con exactitud aun tratándose de individuo normales, debido a los diferentes modos de apreciarlos, han dado motivo a que se desconfíe de su verosimilitud. (p.341)

El Código de Procedimiento Civil Venezolano, mantiene el cumplimiento de formalidades en el desarrollo de la prueba testimonial, la cual debe cumplir con una serie de formalidades para su fiel cumplimiento y validez del mismo. Es así pues que Borjas, (1.984), expresa que la  “Ley patria asume el sistema tradicional, en efecto, previamente a la declaración del testigo el Juez deberá proceder a su juramentación sin que exista formula sacramental para ello”. (p. 214).

Cumplida la formalidad del juramento, el juzgador deberá interrogar al testigo sobre las generales de ley, de acuerdo al artículo 486 del Código de Procedimiento Civil, siendo estas: nombre y apellido, estado, profesión y domicilio, con lo cual quedará el mismo identificado, finalmente la mencionada disposición impone al Juez la obligación con fundamento al principio de la inmediación de la prueba interrogarlo sobre la existencia de algún impedimento para declarar, leyéndole los correspondientes artículos referidos a las inhabilidades de testigos.

Son realmente diversas las opiniones de los estudiosos del Derecho sobre esta sentencia de la Sala Constitucional, resultando para algunos una reforma del Código Civil y para otros  que la sentencia es muy acertada por cuanto abre una brecha en aquellos casos en que existe la separación hecho entre los cónyuges y el otro lo niega, pudiendo el interesado probar los hechos alegados en su solicitud y lograr por esta vía el divorcio sin entrabar demanda contenciosa que puede durar años.

Sobre esta sentencia que califica el carácter potencialmente contencioso del procedimiento de divorcio establecido en el artículo 185-A CCV, el doctrinario Brewer. (2014),  critica los argumentos de la citada sentencia en base a que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha usurpado funciones que son propias y exclusivamente de la AN y a tal efecto expone  lo siguiente:

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de nuevo, en una forma completamente ilegítima e inconstitucional, ha usurpado las funciones normativas de la Asamblea Nacional, que tiene el monopolio de la derogación y reforma de las leyes exclusivamente mediante otras leyes (art. 218); y ha procedido a “reformar” el Código Civil en materia del régimen procesal de posprocedimientos de divorcio, mediante una sentencia No. 446 de 15 de mayo de 2014. En dicha sentencia, dictada con ocasión de la revisión constitucional de una sentencia No. AVC.000752 del 9 de diciembre de 2013 dictada por la Sala de Casación Civil del mismo Tribunal Supremo, la Sala Constitucional al fijar “con carácter vinculante la interpretación constitucional del artículo 185-A del Código Civil,” no hizo otra cosa, en realidad que reformar pura y simplemente la última frase del artículo “interpretado,” disponiendo que en lugar de su redacción actual conforme aparece en Gaceta Oficial, que dispone en el procedimiento no contencioso de divorcio conocido como el régimen del “divorcio express” (p. 1).

El autor lo que expresa es que la Sala Constitucional, no  interpretó el citado artículo conforme al texto fundamental, sino que inconstitucionalmente efectuó una reforma del Código Civil, pues a su criterio sostiene que el artículo 185-A CCV, es muy claro es decir no había vacío legislativo alguno, e indica además que para cambiar ese régimen es necesario que el legislador reforme la Ley.

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