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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA DE CASACIÓN CIVIL NO HA AUTORIZADO LA FIJACIÓN DE CANONES DE ARRENDAMIENTOS COMERCIALES EN DIVISAS. POR @anapatilla1

En días recientes, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, dictó sentencia N° 424 de fecha 16 de octubre de 2019, en la que se decretó CON LUGAR una Demanda por Resolución De Contrato de Arrendamiento comercial y Daños Perjuicios. (Partes: GRUPO EMPRESARIAL URBINA, G.E.U C.A, contra la sociedad mercantil CENTRO CLÍNICO VISTA CALIFORNIA)

Sin embargo, fue tendencia en RRSS, una supuesta información, en la que algunos medios de comunicación, abogados, y público en general, aseveraban que el Tribunal Supremo de Justicia, había autorizado la fijación en DIVISAS de los Cánones de Arrendamientos Comerciales.

Es por lo que resulta imperativo analizar el verdadero alcance y contenido de tan comentada sentencia proferida por el Más alto Tribunal de Nuestro País:

  • La demanda que da origen a la controversial Sentencia, se da con motivo a la Solicitud que hiciere GRUPO EMPRESARIAL URBINA contra la sociedad mercantil CENTRO CLÍNICO VISTA CALIFORNIA, Por Resolución De Contrato de Arrendamiento y Daños y Perjuicios.
  • La Relación Contractual Nació en el año 2000, por lo que la misma estuvo regulada por la Ley de Arrendamientos Comerciales VIGENTE para ese entonces (No pudiendo en ese sentido aplicarse las disposiciones de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial, Hoy vigente, del año 2014, que claramente PROHIBEN en su artículo 17 Y disposición transitoria cuarta, La fijación de cánones de arrendamientos en Monedas distintas al BOLIVAR).
  • Los Cánones fueron estimados desde el inicio de la relación Contractual en divisa americana, siendo que para la fecha de la suscripción del contrato de arrendamiento (Año 2000), La Norma Reguladora de la Materia Inquilinaria Comercial, previa tal posibilidad, dotándola de plena legalidad, aunado al hecho de que el Control de Cambio, no había sido implementado en Venezuela, sino hasta el 2003 Con la creación de CADIVI.
  • Finalmente la Sala De Casación Civil determina que en efecto se incumplieron varias cláusulas del Contrato de Arrendamiento, y declara CON LUGAR la Resolución del Contrato, y ordenando no solo el Desalojo del Inmueble sino además pagar la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCO CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 440.229,05) por concepto de diferencial de Canones de Arrendamientos Dejados de Percibir por el Incumplimiento de CENTRO CLÍNICO VISTA CALIFORNIA,.

Sin embargo, es oportuno y necesario señalar que la SALA CIVIL DEL TSJ:

No ordenó pagar las cantidades dinerarias adeudas, en Divisa Americana, sino que por el contrario establece que:

“Dicha cantidad será pagada con la entrega de lo equivalente, en moneda de curso legal, al tipo de cambio vigente en el mercado, de conformidad con la Resolución N° 19-05-01, de fecha 2 de mayo de 2019, dictada por el Banco Central de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial N° 41.264, para el día del pago efectivo, o la que aplicare para la fecha de pago”

No AUTORIZÓ, de ningún modo la fijación de los cánones de Arrendamientos Comerciales en DIVISAS, toda vez que la norma Legal que regula la materia, lo prohíbe expresamente en sus artículos 17 y la disposición transitoria CUARTA.

Si bien es cierto que constituye un Hecho notorio, público y comunicacional que Nuestro País, atraviesa un proceso de Dolarización de Facto o de Hecho, siendo prueba de esto, eventos tan importantes como: La Derogatoria de la Ley de Ilícitos Cambiarios, y la entrada en Vigencia del Decreto de Libre Convertibilidad de la Moneda, con el único objetivo de Flexibilizar las operaciones en divisas; No es menos cierto que a la presente fecha, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no se ha pronunciado respecto a este tema, siendo la única que pudiera Desaplicar tal norma, e  interpretar con Criterio Vinculante una eventual Autorización, o en su defecto la Asamblea Nacional como cuerpo legislativo, reformar La Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial, lo cual visto como sea la situación de conflictividad política del País, resulta por los momentos un tanto improbable.

– En consecuencia, NO Existe por los momentos tal posibilidad de fijación por VIA LEGAL, de las relaciones de arrendamientos Comerciales en DIVISAS, aunque sepamos que la práctica real en Venezuela, es otra muy distinta.

En ese sentido, y esperamos que por los momentos:

-No se pueden suscribir Contratos de Arrendamientos Comerciales en Divisas, para luego ser Autenticados ante Las Notarías de la Republica.

– No pueden solicitarse regulaciones ante el Ministerio de Comercio, para que apruebe la conversión de contratos de Arrendamientos pactados en Bolívares a Divisas.

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PROTOCOLO DE MINNESOTA POR chiriflo

Se trata del Protocolo Modelo para la Investigación legal de Ejecuciones Extra legales, Arbitrarias y Sumarias, de Naciones Unidas.

El Protocolo de Minnesota, norma elaborada en 1991 y adoptada por la Organización de Naciones Unidas, es una guía que establece estándares de buenas prácticas técnicas que se deben aplicar en las autopsias para determinar si una persona fallecida fue ejecutada.

Junto con el Protocolo de Estambul (1999) sirven de guía para detectar en las autopsias evidencias que indiquen la aplicación de golpes, colgamiento, descargas eléctricas entre otros métodos de tortura así como también si la víctima fue objeto de una ejecución extra legal, arbitraria y sumaria.

Las autopsias “normales” no requieren nunca estudios tan especiales. Sin embargo, tras la desaparición forzada de Santiago Maldonado el 1º de agosto pasado, presumiblemente a manos de Gendarmería, la fiscalía requirió que se siga este procedimiento para determinar si el fallecido fue víctima de una ejecución sumaria.

¿En cuáles situaciones es aplicable el Protocolo de Minnesota?

  1. Cuando la muerte pueda haber sido causada por un acto u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida.
  2. Si la muerte sobrevino cuando la persona estaba detenida, o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes.
  3. Cuando la muerte pueda ser el resultado del incumplimiento por el Estado de su obligación de proteger la vida.

También es una obligación general del Estado, según el Protocolo de Minnesota, investigar toda muerte ocurrida en circunstancias sospechosas, aún cuando no se denuncie o se sospeche que el Estado fue el causante de la muerte o se abstuvo ilícitamente de prevenirla.

Está establecido en el Protocolo de Minnesota que la investigación de una muerte potencialmente ilícita debe ser pronta, efectiva y exhaustiva, independiente e imparcial y transparente. Textualmente, quedó suscrito que cuando estas indagaciones no se lleva a cabo con prontitud se violan el derecho a la vida y el derecho a un recurso efectivo.

 

 

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PRINCIPIO DE DOBLE CONNOTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FISCAL O DE OBJETIVIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La Objetividad es un Principio legal en el Accionar de los y las fiscales del Ministerio Público, establecido en el artículo 10 de la Ley Organica que rige su obrar como Poder Público Nacional y que realmente hoy en día esta sujeto a muchas reservas por parte de la ciudadanía en general.  a la postre de dicha norma, la citamos en el presente artículo que no queremos se confunda con un trabajo Profesional o de Grado, en realidad es la opinión de nuestro equipo de trabajo que día a día se topa con dificitudes propias del ambito de crisis de valores que a su vez a generado segun criterio subjetivo la crisis económica y social en que en la actualidad se encuentra sumergido el país.
Artículo 10. “Los fiscales o las fiscales del Ministerio Público adecuarán sus actos a criterios de objetividad, procurando siempre la correcta interpretación de la ley con preeminencia de la justicia”. En realidad conocemos muchos y muchas funcionarios de este Poder Público que con sacrificio y desapego a lo material realizan su trabajo día a día, exponiendo hasta sus vidas en la calle, pues no gozan de escoltas o vehículos que puedan servirles en tener una mejor calidad de vida en el ejercicio de su profesión, pero tambien conocemos muchos que de manera automata solo se dedican a acusar sin hacer un mínimo de diligencias en pro de buscar el verdadero esclarecimiento de los hechos, causando silencio de pruebas en cuanto a la no aceptación de testimoniales y documentales que pueden servir a coadyuvar a la búsqueda de la verdad en cada investigación.
Parece que al inicio de la investigación el enfoque esta en acusar al imputado sin mas, obviando hacer cualquier tipo de diligencia que busque demostrar la inocencia del procesado.
La Investigación debe gozar de Doble Connotación, esto quiere decir que se debe hacer notar en el resultado de esta, la presunta culpa del Imputado o imputada o su inocencia, está así establecido en la interpretación a fondo que le damos al Artículo 263 de la Norma Adjetiva Penal; que cito:
“El Ministerio Público en el curso de la Investigación hará constar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado o imputada, sino también aquellos que sirvan para exculparlo. En esté último caso, esta obligado a facilitar al imputado o imputada los datos que lo o la favorezcan”. Resaltado nuestro.
El tratadista venezolano Eric Lorenzo Perez Sarmiento en su Obra “Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal” aduce respecto a este mandato consagrado en ese artículo que se trata del Accionar de Buena Fe, que no debe limitarse exclusivamente a la Fase Preparatoria, sino que debe extenderse, cual desideratum de justicia y equidad por todo el proceso, llegando hasta la ejecución de la sentencia. El connotado procesalista a su vez detalla que si el fiscal dejara de cumplir con está norma estaría vulnerando el Derecho a la Prueba y el Alegato y es sopena de la excepción de Acción Promovida Ilegalmete (Art. 28.4, Literal “i”); por ende se puede alegar la Nulidad de la Acusación  o incluso solicitar amparo constitucional por violación al Derecho a la Defensa en base al Control Judicial, según lo dispuesto en el artículo 264 de la Norma Adjetiva Penal.
Cuando la Defensa Técnica en el uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 287 del Código Orgánico Procesal Penal “Proposición de Diligencias”, que establece: “El Imputado o Imputada, las personas a quienes les haya dado intervención en el proceso y sus representantes, podrán solicitar a el o la fiscal practica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público las llevará a cabo si las considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria, a los efectos que ulteriormente correspondan”. En esté último artículo in comento podemos decir que mas de un fiscal del Ministerio Público osa en caer en lo que la doctrina denomina Silencio de Prueba, que es la falta de valoración de pruebas, lo que a su decir vulnera el derecho a la Tutela Judicial Efectiva, el derecho a la defensa y al debido proceso. Al no dar una respuesta a está solicitud dejando constancia de su opinión tal y como lo establece ese artículo del C.O.P.P, vulnera sus derechos y deja en evidencia la unilateralidad de la investigación que solo es dirigida a demostrar la inculpabilidad del sospechoso.
Cabe destacar que en nuestro sistema procesal penal, la nulidad es considerada como una verdadera sanción procesal y medio de impugnación para aquellas actuaciones procesales acaecidas con infracción de derechos y garantías constitucionales, toda vez que a través de la nulidad es posible alegar la inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en Código Orgánico Procesal Penal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República, y así la nulidad puede ser declarada de oficio o a instancia de parte por el juez de la causa dirigida a privar de efectos jurídicos a todo acto procesal que se celebra en violación del ordenamiento jurídico procesal penal, regresando el proceso a su inicio esto conforme a la sentencia N° 11 de Fecha; 15/02/2011, con Ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño.
El Ministerio Público debe investigar y hacer constar tanto los hechos y circunstancias útiles para el ejercicio de la acción, como aquellos que favorezcan a la defensa del imputado o imputada. De lo contrario estariamos ante una Inobservancia a la Ley en una Acción Promovida Ilegalmente.
En la Legislación Chilena este Principio es denominado Principio de Objetividad de la Investigación Fiscal, en cambio en la nuestra no esta calificada como un principio, pero consideramos hay un doble deber del representante de la Vindicta Pública, que esta obligado a cumplirlo, establecido en la Norma Adjetiva Penal y en la misma Ley Orgánica del Ministerio Público en su artículo 37.7 y que guarda relación con los derechos y garantías constitucionales de todas las partes en el proceso.
Esta situación de violación a este mandato legal y constitucional sigue sucediendo debido a que muchos profesionales del derecho simplemente no accionan ante tales irregularidades, haciendo ley lo que para ellos ya es consuetudinario, así se trate de la vulneración de un derecho tan vital para sus clientes y patrocinados como lo es el magnanime Derecho a la Defensa.

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CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO FINANCIERO POR @chiriflo

El presente ensayo trata de realizar una aproximación hacia  una conceptualización del Derecho Financiero, a lo cual refiero que el mismo se considera como  una  rama del Derecho Público que disciplina la actividad financiera de los Entes públicos, esto es, la actividad encaminada a la obtención, gestión y gasto de los recursos necesarios para atender la satisfacción de las necesidades colectivas.  Es por ello que entre sus objetivos a cumplir  se cuenta el  estudio sistemático de las normas que regulan los recursos económicos, que el estado y los demás entes públicos pueden emplear para el cumplimiento de sus fines.

En base a lo anterior es que se puede afirmar que el Estado como propulsor de todas aquellas actividades  que son sumamente variadas y amplias y van desde la conservación de la sociedad, velar por la Institucionalidad, regular en materia de orden público, educación, la seguridad social hasta el progreso, económico, educativo, sanitario y cultural; tiene que asirse a los bienes y recursos para cubrir los servicios públicos y cumplir con todas las obligaciones que conlleva con la Administración Pública, que en definitiva sería lo que denominamos actividad financiera.

Sáinz de Bujanda lo define como “la disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático de las normas que regulan los recursos económicos que el Estado, y los demás entes públicos pueden emplear para el cumplimiento de sus fines, así como el procedimiento jurídico de percepción de los ingresos y de ordenación de los gastos y pagos que se destinan al cumplimiento de los servicios públicos”.

Para el doctrinario Giannini “es el conjunto de las normas que disciplinan las recaudaciones, la gestión y el gasto de los medios necesarios para la vida del ente público”.

En la actualidad se reconoce el contenido económico de las finanzas del Estado; en una economía neo capitalista contemporánea pueden resumirse como  la asignación óptima de los recursos disponibles para la satisfacción de las necesidades públicas; el pleno empleo con estabilidad en los precios, y la equidad en la distribución del ingreso. Otros autores agregan o rectifican esta clasificación y algunos como Fuentes Quintana y Retchkiman, añaden el desarrollo económico.

En el mundo globalizante que vivimos y nos encontramos inmersos, el Derecho Financiero juega un papel preponderante en cuanto a circunscribirse dentro del marco del desarrollo de los países así como de sus habitantes, fuera y dentro de las fronteras, así como de las relaciones internacionales de negocios que sostienen en los diferentes hemisferios, a objeto de un mejor impulso económico y social. Y es por ello que el Derecho Financiero debe estar a la altura de las circunstancias en cuanto a legislación internacional y el llamado soft law. Tanto las aplicaciones móviles, los pagos y billeteras electrónicas, blockchain, el surgimiento de nuevas monedas digitales, la regulación del mundo fintech y modelos de negocio disruptivos proponen una serie de retos y realidades que merecen ser analizadas e incluidas dentro del Derecho Financiero actual, así como  como ciberseguridad, contratos inteligentes, financiación de proyectos de infraestructura, gestión de riegos en el Acuerdo de Paz y los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en materia de responsabilidad civil en casos de fraude electrónico, entre otros.

En lo relativo al Derecho Financiero y su relación con otras ramas del Derecho, podemos acotar que la relación existente con el  Derecho procesal, porque utiliza las categorías de esta disciplina entre otros, en los procedimientos de revisión (ejemplo, la prueba). Con el Derecho internacional Público, la aplicación del derecho Comunitario en el sistema de fuentes., así como la armonización de figuras tributarias.

Igualmente  a través de los Convenios bilaterales para evitar doble imposición. Con el Derecho penal, informa y provee  el régimen de infracciones y sanciones con que se impone ante el incumplimiento o quebranto de las normas de derecho Financiero. Ejemplo: los delitos de corrupción  y los delitos financieros .En cuanto a su relación con el  Derecho Civil, derecho mercantil, derecho del trabajo y de la seguridad social, El derecho financiero utiliza los conceptos y categorías de estas disciplinas, que bien goza de autonomía calificadora.

Por último y no menos importante, el Derecho financiero es considerado por muchos autores como una rama autónoma del Derecho. Se estima que  para que una rama del Derecho sea considerada como autónoma, necesita tener una Teoría General caracterizada por un nivel de desarrollo tal que ponga de manifiesto determinados principios e instituciones jurídicas suficientemente elaboradas y que se proyecten en diferentes ámbitos, entre los que se incluyen el  científico, el legislativo, el jurisdiccional y el didáctico.

Se habla de dos corrientes que apuntalan hacia la autonomía del Derecho Financiero, como son: la autonomía de la Corriente Administrativa, la cual es   sustentada por Pérez de Ayala, Mayer y Giorgio del Vecchio. Según estos autores, agrupados en la llamada Escuela Administrativista Clásica, el Derecho Financiero es una parte, un capítulo especializado del Derecho Administrativo y por consiguiente no tiene autonomía, pues éstos autores firman que el Derecho Financiero forma parte del Derecho Administrativo, porque su objeto es una función administrativa que se sintetiza en la actividad que despliega el Estado para conseguir recurso. En cuanto a la otra Corriente Autonomista,  ésta es sustentada por Myrbach, Rheinfeld y Mario Pugliese, para quienes los problemas jurídicos que surgen de la Actividad Financiera del Estado se resuelven mediante principios propios de carácter unitario. (más…)

PRINCIPIO DE PROTEGER R2P POR @chiriflo

En la Cumbre Mundial 2005, todos los Jefes de Estado y de Gobierno afirmaron la responsabilidad de proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad de proteger se basa en tres pilares igual de importantes: la responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones

Primer pilar; la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones .

Segundo pilar; la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando es evidente que este no logra hacerlo.

Tercer pilar; La aprobación de este principio en 2005 constituyó un compromiso firme que despertó grandes expectativas sobre un futuro libre de este tipo de crímenes.

En que consiste este Principio

Es un precepto de alcance internacional que intenta garantizar seguridad y protección a los derechos humanos de los pueblos, cuando se confirma el fracaso de la comunidad internacional para prevenir y detener genocidios, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad.

Ante la evidente ola de crímenes ante los ojos de una comunidad internacional y que no se terminaba de actuar, eficientemente, para detenerlos, se produjo entonces el dilema entre limitarse a observar o dar un paso para frenar esos horrendos crímenes. Es cuando se mueve la conciencia humanitaria sobre la imposibilidad de continuar asistiendo a las víctimas cuando algunos regímenes se negaban a permitir la entrada de los grupos de auxilio, con el pretexto de que estaban obligados a respetar las reglas del juego de la soberanía nacional. Es allí cuando tiene origen una nueva forma de intervención principalmente por parte de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), basada en el derecho a la injerencia humanitaria.

La novedad de este precepto era , que no se acataba la condición impuesta por los regímenes de no permitir la entrada al territorio donde se cometían las arbitrariedades, donde había gente mancillada y perseguida, a la previa autorización de los perseguidores.

El impulsor de esta doctrina fue catapultada por Bernard Kouchner, desatando toda una convulsión en el mundo humanitario y produjo una campanada que despertó la conciencia de las autoridades respecto de las crisis humanitarias que quedaban invisibles o ignoradas por la opinión pública , evitando de esa forma indolente que se procedería a salvar miles de vidas. No fue por lo tanto un hecho fortuito que la denominación otorgada a la organización pionera en practicar este principio, alentada por Kouchner, era el de Médicos Sin Fronteras.

Fue implementada en Panamá, los Balcanes, Somalia y Ruanda.

El  país asume esa figura de R2P es Canadá , quien tiene ese gran mérito. Auspiciaron ese esquema del RtoP en sus etapas de nacimiento y ha jugando un rol clave para promover la consolidación de este dispositivo a nivel nacional e internacional. La Comisión Internacional de Intervención y Soberanía del Estado (ICISS) surge el 14 de septiembre de 2000, fue guiada por la visión del ex Ministro de Asuntos Exteriores, Lloyd Axworthy. Se desata entonces un intercambio de impresiones con relación a cómo pudieran coexistir la intervención y la soberanía, dicho de otra manera un choque del principio de Injerencia Humanitaria y el principio de soberanía basado en la no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Lo cierto es que el desafío fue asumido plenamente por la Comisión Internacional de Intervención y Soberanía del Estado (ICISS), establecida por el gobierno canadiense, que a fines de 2001 emitió un informe titulado The Responsibility to Protect. Y es así que se desarrolla el principio.

Alcances del Principio 

“La soberanía del Estado conllevaba la obligación del Estado de proteger a su propio pueblo, y que si el Estado no quería o no podía hacerlo, la comunidad internacional recurría a la responsabilidad de utilizar medios diplomáticos, humanitarios y de otro tipo para proteger ellos. La autorización del Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta es el mecanismo que autoriza el recurso, en caso de genocidio y otros delitos internacionales graves”.

 Fundamentos normativos y legales de R2P

R2P tiene su plataforma legal en los compromisos de ley de alcance internacional que se han dictado con la finalidad de salvaguardar los derechos humanos, así como el conjunto de declaraciones que apuntan a la protección humana, pactos y tratados, derecho internacional humanitario y leyes nacionales que establecen normas de conducta y los medios para hacer cumplir estos estándares. Son de especial significación la Declaración Universal de Derechos Humanos, los cuatro Convenios de Ginebra y dos Protocolos adicionales, la Convención contra la Tortura, la Convención contra el Genocidio, las Convenciones sobre derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Diferencias entre Responsabilidad de Proteger e Intervención Humanitaria

La intervención humanitaria contempla, de entrada, el uso de la fuerza militar, mientras que R2P es fundamentalmente un concepto preventivo que privilegia un conjunto de acciones que apuntan a detener el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica o los crímenes de lesa humanidad, pensando en impedir que los crímenes se consuman. “El empleo de la fuerza solo puede llevarse a cabo como medida de último recurso, cuando todas las demás medidas no coercitivas han fallado, y solo cuando está autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU”.

“Esto contrasta con el principio de “intervención humanitaria”, que permite el uso de la fuerza como un imperativo humanitario sin la autorización de organismos como el Consejo de Seguridad”.

Segundo lugar, los requisitos que privan para activar el R2P son “Graves violaciones a gran escala de los derechos humanos, una correcta intención en quienes intervienen, modalidad de último recurso, proporcionalidad, una perspectiva razonable de que la intervención ayudara a paliar el problema, y finalmente autorizada y lanzada por la debida autoridad”.

En tercer escenario vemos que el R2P se ubica exclusivamente en los 4 crímenes atroces masivos: genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad.

No cabe duda de que, a pesar del progreso realizado, aún queda mucho por hacer para alcanzar el objetivo fijado en 2005. Los acontecimientos sumamente preocupantes que se han producido en los últimos años amenazan con ampliar la brecha entre el compromiso adquirido por los Jefes de Estado y de Gobierno y la realidad cotidiana a la que se enfrentan las poblaciones de todo el mundo.

En la actualidad, hay diversas situaciones en las que las poblaciones sufren el riesgo de ser víctimas de crímenes que podrían evitarse a través de la responsabilidad de proteger, o en las que ya se están produciendo dichos crímenes. Estas crisis están teniendo lugar en un contexto de retroceso del internacionalismo, de disminución del respeto por el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, de desunión política dentro de órganos fundamentales de adopción de decisiones, como el Consejo de Seguridad, y de elevado nivel de derrotismo en lo relativo a la promoción de programas ambiciosos como el de protección.

En el caso de nuestro país Venezuela hubo un pronunciamiento emitido por el Consejo de Seguridad de la ONU :

“En medio de una crisis económica catastrófica y la represión política en curso, los venezolanos enfrentan un riesgo constante de posibles crímenes de atrocidad en masa. Los opositores políticos del gobierno continúan enfrentando persecución sistemática y generalizada, detención arbitraria y tortura.

La creación de la Asamblea Constituyente y la represión política han consolidado el liderazgo cada vez más autoritario del Presidente Maduro. El gobierno ha tomado medidas para aislarse del escrutinio internacional, incluso al anunciar su retiro de la OEA.

El gobierno no está cumpliendo con su responsabilidad de proteger a todos los venezolanos, independientemente de sus creencias o afiliaciones políticas.”

ACCIÓN NECESARIA:

El gobierno debe poner fin de inmediato a las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos, incluidos los asesinatos extrajudiciales, la tortura y la detención arbitraria de sus opositores políticos. El gobierno debe desmovilizar a las milicias auxiliares, incluidas los “colectivos” civiles, y tomar medidas significativas para poner fin a la cultura de violencia política en Venezuela.

Los estados miembros de la ONU deben implementar sanciones específicas para los funcionarios gubernamentales responsables de violaciones sistemáticas y abusos de los derechos humanos en Venezuela.  (más…)

RECURSO DE REVISIÓN POR @chiriflo

Qué es el Recurso de Revisión?

Es un medio extraordinario de impugnación, de carácter excepcional, por medio del cual se somete a la consideración del juez constitucional una controversia ya resuelta por otro tribunal de la República mediante sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.  

Es también un recurso extraordinario por el hecho de que no constituye, para la materias cuyas sentencias son susceptibles de revisión, una nueva instancia, lo que nos abre la puerta para mencionar otra característica: solo procede en caso de sentencias definitivamente firmes, lo que en vista de la discrecionalidad, seguidamente explicada, resguarda el derecho a la tutela judicial efectiva, desde que el postulado de la doble instancia ha sido observado.

También define a este recurso el carácter discrecional de la potestad conferida a la Sala Constitucional para ejercerlo, en caso de una petición de revisión. Esta discrecionalidad ha sido fijada y entendida como absoluta por la propia Sala Constitucional (sentencia N° 93 de 6 de febrero de 2001) cuando dice: “que no está en la obligación de pronunciarse sobre todos y cada uno de los fallos que le son sometidos a revisión… por lo tanto – sigue diciendo la Sala – puede en cualquier caso desestimar la revisión, sin motivación alguna… cuando en su criterio, constate que la decisión a revisar, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de norma y principios constitucionales…”.

Potestad revisora de la Sala Constitucional
El artículo 336 ordinal 10 constitucional establece que la Sala podrá: “Revisar las sentencias de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.”

La Interpretación Constitucional y el Recurso de Revisión Constitucional 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, será el máximo y último intérprete de la Carta Fundamental y velará por su uniforme interpretación y aplicación, de conformidad con lo establecido en artículo 335 constitucional, cualidades y potestades éstas que ejercerá solo en Sala Constitucional, de allí que ésta ejerce en forma privativa respecto de cualquier otro tribunal de la República el control concentrado, esto es principal, directo y de efecto erga omnes, de la constitucionalidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público, en ejecución directa e inmediata de la Constitución. El instrumento fundamental del Supremo Tribunal para el ejercicio de este deber son sus sentencias, las cuales consagran el carácter vinculante de sus interpretaciones sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, tanto para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia como para los demás tribunales de la República. Tanto es así, que en la exposición de motivos de la Constitución de la República se encomienda al legislador el establecimiento de “correctivos y sanciones para aquellas Salas del TSJ y demás tribunales de la República que violen la Constitución o las interpretaciones que sobre sus normas o principios establezca la Sala Constitucional”, esto último a falta de previsión legislativa ha sido estatuido en sede judicial por la misma Sala Constitucional.

Por ello el recurso de revisión es una vertiente distinta de interpretación constitucional, diferente al recurso propiamente de interpretación constitucional, creado por voluntad de la propia Sala Constitucional mediante sentencia. El recurso de revisión tiene entre sus objetivos salvar cualquier posible inobservancia de las prenombradas interpretaciones de la Sala Constitucional.

De la potestad revisora de la Sala Constitucional

La Constitución consagra en el artículo 335 las “atribuciones” de la Sala Constitucional en 11 numerales y el único numeral (10.) que reenvía de manera expresa la regulación de los términos del ejercicio de la competencia, es precisamente la referida a la potestad de revisar sentencias, cuando señala que deberá hacerlo “…en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.”

“Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: … 4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación; asimismo podrá avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala.” Luego el artículo 5.16 de la misma ley orgánica dispone: “Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como el mas Alto Tribunal de la República: …. 16. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los demás tribunales de la República.” Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en su artículo 5º numeral 4º

Como corolario a lo antes referido,  se puede concluir que el recurso de revisión está constitucionalmente dirigido a los casos expresamente en ella señalados para exterminar la ilusión de quienes ven este recurso como una forma de burlar los medios procesales establecidos con fuerza obligatoria para todos por igual y resguardar así lo imperativo del fallo judicial. Se trata de una forma por lo demás adecuada de fortalecer la autonomía de los jueces en el ejercicio de sus funciones lo que redundaría invariablemente en certeza jurídica y esto en la convicción por parte del justiciable de que los órganos que administran justicia lo hacen apegados a la Ley. Claro está que esto no es posible sin un adecuado proceso de selección de jueces titulares de sus cargos y la implementación de los mecanismos necesarios para velar por el correcto ejercicio de sus judicaturas.

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EN DEFENSA DEL DERECHO VIII PARTE. SALARIO VS. PETRO CAPÍTULO II. POR @ARICARDO95

Avanzando en el tema contenido en el CAPÍTULO I de  la VII PARTE DE “EN DEFENSA DEL DERECHO”, con este mismo título: “SALARIO VS. PETRO”, se debe en primer lugar insistir en lo siguiente: el Salario tiene su fundamento legal en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos del 96 al 130 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras.

El artículo 104 nos proporciona su definición bajo este contexto:

“Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. Los subsidios o facilidades que el patrono o patrona otorgue al trabajador o trabajadora, con el propósito de que éste o ésta obtenga bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia tienen carácter salarial. A los fines de esta Ley se entiende por salario normal, la remuneración devengada por el trabajador o trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Quedan por tanto excluidos del mismo las percepciones de carácter accidental, las derivadas de la prestaciones sociales y las que esta Ley considere que no tienen carácter salarial. Para la estimación del salario normal ninguno de los conceptos que lo conforman producirá efectos sobre sí mismo”. Por su parte, el artículo 100 establece que: “Para fijar el monto del salario se tendrá en cuenta: 1.- La satisfacción de las necesidades materiales, sociales e intelectuales del trabajador, la trabajadora, sus familiares y dependientes, que les permitan una vida digna y decorosa. 2.- La justa distribución de la riqueza como el reconocimiento del mayor valor del trabajo frente al capital. 3.-La cantidad y calidad del servicio prestado. 4.- El principio de igual salario por igual trabajo. 5.- La equivalencia con los salarios devengados por trabajadores y trabajadoras de la localidad, o de aquellos y aquellas que presten el mismo servicio.”;

y, el artículo 111 reza que

“…El Ejecutivo Nacional podrá decretar los aumentos de salario y medidas que estime necesarias, para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. A tal fin realizará amplias consultas y conocerá las opiniones de las distintas organizaciones sociales e instituciones en materia socioeconómica. En ejercicio de esta facultad, el Ejecutivo Nacional podrá: a) Decretar los aumentos de salario respecto de todos los trabajadores y todas las trabajadoras por categoría, por regiones geográficas, por ramas de actividad, o tomando en cuenta una combinación de los elementos señalados. b) Acordar que a los aumentos de salario puedan imputarse los recibidos en los tres meses anteriores a la vigencia del decreto y los convenidos para ser ejecutados dentro de los tres meses posteriores a la misma fecha.”.

El artículo 129 trata del Salario Mínimo como garantía, estableciendo que:

“El Estado garantiza a los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo que será ajustado cada año, conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El salario mínimo será igual para todos los trabajadores y las trabajadoras en el territorio nacional y deberá pagarse en moneda de curso legal. En consecuencia, no podrá establecerse discriminación alguna en su monto o disfrute, incluyendo aquellas fundadas en razones geográficas, ramas de actividad económica o categoría de trabajadores y trabajadoras. No podrá pactarse un salario inferior al establecido como salario mínimo por el Ejecutivo Nacional.  Previo estudio y mediante Decreto, el Ejecutivo Nacional fijará cada año el salario mínimo. A tal efecto, mediante amplia consulta conocerá las opiniones de las distintas organizaciones sociales e instituciones en materia socioeconómica.”

En conclusión, el salario mínimo es la retribución mínima que debe recibir un trabajador, independientemente de su sexo, edad o tipo de contrato;  y, habiendo quedado claro en el Capítulo anterior que el Petro todavía no es una criptomoneda porque no cumple con ser una blockchain pública, ni es intercambiable por cualquier otra moneda o moneda fiduciaria en casas de cambio, los incrementos salariales seguirán siendo dependientes de los anuncios del gobierno.

Ahora bien, afirma el Lic. Josué Bonilla García (Director de Extensión del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB. Venezuela) lo siguiente: “…Las decisiones de incremento del Salario Mínimo (SM) mueven los cimientos del mercado de trabajo, trastocando su dinámica y conformación. A partir de 1999 el Gobierno Nacional ha asumido como política la modificación de los niveles del SM, decretándola cada año con ocasión de la celebración del día del trabajador. Esta política, enmarcada en la normativa legal vigente, se ha basado en indicadores básicos como el costo de la canasta alimentaria, de la canasta básica y en los índices de precios al consumidor…”

sto nos permite señalar que, existe en la actualidad una mala praxis al momento de fijarse ese salario mínimo, pues recordemos que otrora, antes de publicarse tal decreto, se concertaba con el sector sindical y empresarial, respectivamente. Es decir, sindicatos, patronos y gobierno analizaban la necesidad del aumento salarial, considerando para ello los factores propios requeridos para tal fin, verbigracia: índice inflacionario, índice de precio al consumidor, justo retorno de la inversión empresarial, precios justos, canasta básica, canasta normativa, crecimiento del PIB, afiliación a la Seguridad Social, condiciones simétricas, equilibrio en el mercado laboral, la productividad, necesidades humanas básicas, flexibilidad, ecuanimidad, equidad, correspondencia, entre otros elementos de interés, cuyo estudio sigue siendo necesario pero ya no realmente estimado a la hora de producirse el señalado aumento del salarial mínimo obligatorio. Y esto funcionaba así por lógica, pues estos eran los grupos que, a gran escala, tenían el conocimiento de las necesidades básicas y esenciales  de cada sector y podían actuar en consecuencia. Parafraseando al precitado Lic. Josué Bonilla García, la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y su Reglamento (25/01/1999), institucionalizan la figura de la Comisión Tripartita Nacional (CTN), que funge como la instancia encargada de la revisión de los salarios mínimos, al menos una vez al año y tomando como referencia el costo de la canasta alimentaria (art. 167), mediante la participación paritaria de los actores fundamentales del sistema de relaciones de trabajo, es decir, las organizaciones más representativas de los trabajadores y empresarios y el Ejecutivo Nacional, empleando así una revisión concertada. El Ejecutivo, a partir de dicha recomendación, fija el monto. Después surgió la denominada participación democrática y protagónica durante el año 2006, mediante el Decreto  N°4.447 del 25 de abril, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.426 del 28 de abril de 2006,  y se añade la figura de “la Mesa de Diálogo Social”, a la cual se le asignan atribuciones similares a las de la CTN, añadiendo como actor a las organizaciones más representativas de la Economía Popular y supeditando la participación de dichas organizaciones a lo establecido en el artículo 430 de la LOT y a la vigencia de sus Juntas Directivas, en lo que respecta al período de elección. A esta Mesa Técnica de carácter nacional, la apoyaría un Equipo Técnico, que servirá de secretariado permanente e instancia de asesoría técnica, el cual estará integrado por los técnicos del Ministerio del Trabajo y al menos un representante de los sectores que integran la Mesa (Art. 66). Por último, la Ley establece que puede fijarse el salario mínimo obligatorio mediante decreto o resolución del Ejecutivo. Además indica que, el Ejecutivo Nacional, en caso de aumentos desproporcionados del costo de vida, oyendo previamente a los organismos más representativos (patronos y trabajadores), al Consejo de Economía Nacional y al Banco Central de Venezuela podrá fijar salarios mínimos (Art. 172).

Evidentemente, ya no habla la Ley de organizaciones sindicales y patronales, pero establece claramente que, por lo menos, debe solicitarse la opinión de las organizaciones sociales y organizaciones en materia socioeconómica que, a su entender, deben tener el conocimiento teórico-práctico de los elementos, requisitos, características y propiedades del salario. Pero, a pesar de  que es la misma Ley que  ordena esa sana consulta, no pareciera respetarse dicho mandato,  actuando el gobierno de manera unilateral; no contribuyendo con su accionar en la consciente elección y fijación de un salario mínimo obligatorio totalmente justo, vital, proporcional,  eficiente, eficaz y cónsono con la  realidad económica y social que se vive en Venezuela.

Tengamos entonces claro que, no es tomando como referencia el valor del Petro que debe determinarse el salario mínimo obligatorio, en virtud de que con ese proceder se incurre en el grave error de obtener un salario, a todas luces, injusto, desatinado, frágil, desmesurado y alejado por completo de la realidad. (más…)

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