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1.- Planteamiento.

Según reiterada doctrina jurisprudencial proferida, tanto por la Sala Constitucional como por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, no existe posibilidad de que en fase de ejecución de sentencia, se pretenda dilucidar y declarar la existencia de la figura propia del derecho laboral conocida como sustitución de patronos,  negándose la consecuente extensión de los efectos de una condena definitiva en los bienes de quien haya pasado a ser la nueva representación patronal.

Tal apotegma, proferido con una motiva discursiva que invoca normas y principios constitucionales, tales como el derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, así como la inmutabilidad de la cosa juzgada, es elaborado al margen de la aplicación de otros preceptos de orden público contenidos, tanto en la Ley Orgánica del Trabajo en su momento, como en la vigente Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, es además, producto de una visión distorsionada de la realidad del asunto derivada de la asunción de un criterio jurisprudencial emanado de la Sala Constitucional ideado para resolver un escenario jurídico fáctico absolutamente diferente (solidaridad en grupo de empresas), que ha venido siendo reiteradamente aplicado a situaciones (sustitución de patronos) que nada tienen que ver con su leitmotiv y que se encuentra divorciado del espíritu tutelar o proteccionista con el que el Constituyente y el Legislador laboral han venido concibiendo y elaborando su normativa, al cual se plegó irreflexiblemente la Sala de Casación Social.

Esta propuesta, después de poner sobre la mesa las disposiciones normativas y el tratamiento que jurisprudencialmente se le ha dado a tal situación, expone un enfoque abiertamente contrario y severamente censor de la referida exégesis, producto del análisis de citas legales, doctrinarias e incluso jurisprudenciales contrario sensu relacionadas con esta institución del derecho laboral desde la perspectiva de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Social,  dejando sentado ante todo, el mayor respeto a los artífices de tales conclusiones, pero sin dejar a un lado la crítica que tales interpretaciones inspiran.

Es presentada a través de un prisma armónico combinado entre la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la concepción de este último, como instrumento fundamental para la realización de la justicia, consustanciado con los principios rectores del ordenamiento jurídico venezolano contenidos en las leyes laborales sustantivas y adjetivas, garantes protectores de la concepción del trabajo como hecho social y de los irrenunciables e irrelajables derechos de los trabajadores,  ofreciendo a quienes día a día resuelven los asuntos judiciales planteados en el fuero laboral, una visión más apegada a la naturaleza tutora anteriormente aludida, facultados como están para aplicar los correctivos y medidas tendientes a lograr la ejecución de las decisiones en el ámbito de aplicación de la ley, ello, en sintonía con la doctrina que impuso a todos los jurisdicentes, como directriz vinculante, ajustar el proceso de interpretación de las normas legales al texto supremo como imperativo jurídico constitucional.

2.- Contexto Normativo.

Dentro de este marco es conveniente hacer preliminarmente una breve referencia al derecho a la tutela judicial efectiva, teniendo en cuenta la concepción del proceso como un instrumento fundamental para la realización de la justicia, así la doctrina de  la Sala Constitucional la consagra como la garantía jurisdiccional que encuentra su razón de ser en el hecho que  la justicia es,  y debe ser, uno de los valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social.

Por tal razón, éste asume la función de impartir justicia, esto es, solucionar los conflictos que puedan surgir, para lo cual debe organizarse de tal manera que sus  mínimos imperativos sean  garantizados y que en el cumplimiento de su objeto, el acceso a los órganos que la administran sea expedito.

Bajo esa concepción, también se ha establecido que el derecho en referencia, de amplísimo contenido, comprende además de ser oído por los órganos de administración de justicia, el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión de las mismas.

Es importante también resaltar que dicha doctrina entiende que en un Estado Social de Derecho y de Justicia, la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles.

En otro orden de ideas, deben resaltarse como principales cometidos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el garantizar a los trabajadores la protección establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las demás leyes, así como el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma, imparcial y especializada y la obligación de que el juez, en el desempeño de sus funciones no puede perder de vista la irrenunciabilidad de derechos y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores, así como el carácter tutelar de las mismas y que por tal motivo debe intervenir en forma activa en el proceso, dándole la dirección y el impulso adecuado, en conformidad con la naturaleza especial de los derechos protegidos.

Por otro lado, un aspecto de trascendental importancia que nunca debe dejarse a un lado y debe tenerse siempre en cuenta es el carácter de orden público de que están revestidas tanto las normas procesales como las normas sustantivas laborales, y en tal sentido, es preciso hacer algunas indicaciones jurisprudenciales que determinan el alcance que los sentenciadores han dado al ideario que el Legislador ha concedido a los referidos preceptos.

Así, la naturaleza de orden público de las normas procesales ha sido diuturnamente reconocida en reiterados y pacíficos pronunciamientos.[1] Esta misma esencia le ha sido otorgada a las normas laborales. Así, la Sala Constitucional en decisión N° 1848 de fecha  1 de febrero de 2011, después de hacer referencia a nuestra Carta Magna estableció que  las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo son de orden público y establecen un conjunto de derechos de los trabajadores que son irrenunciables y que constituyen un cimiento jurídico inexpugnable, pues, por debajo de éstos, no es válido ningún acuerdo entre trabajadores y patronos que implique la inderogabilidad de tales preceptos, declarando que el carácter tuitivo de la ley atiende a la débil condición económica del trabajador.

A este mismo respecto, cabe señalar que la preceptiva legal sustantiva hoy vigente, va mucho más allá y consagra en su artículo 2 que sus normas y las que se deriven de ella, son de orden público y de aplicación imperativa, obligatoria e inmediata.

Particularizando más el perímetro situacional, debe puntualizarse que la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 90 (actual artículo 68 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras), establece una solidaridad entre el patrono sustituido y el nuevo patrono, que subsiste hasta por el lapso de prescripción allí previsto, quedando vigente solo la responsabilidad de este último, concluido que sea este intervalo, salvo que existan juicios laborales anteriores, caso en el cual las sentencias definitivas podrán ejecutarse indistintamente contra el patrono sustituido o contra el sustituto, prolongándose la responsabilidad del patrono  sucedáneo hasta por el término antes señalado, contado a partir de la fecha en que la sentencia quede definitivamente firme.

Desde otro ángulo, pero íntimamente vinculado con el planteamiento principal, debe señalarse que el artículo 57 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que ningún juez podrá volver a decidir la controversia ya decidida por una sentencia, a menos que haya recurso contra ella o que la ley expresamente lo permita y su artículo 58 dispone que la sentencia definitivamente firme es ley entre las partes en los límites de la controversia decidida y es vinculante en todo proceso futuro; previsiones éstas que coinciden plenamente con las contenidas en los artículos 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto a la posibilidad de intervención de terceros en el proceso laboral cabe indicar que la ley adjetiva especial establece que ésta solo podrá producirse en la instancia antes de la audiencia respectiva; la excluyente sólo en la primera instancia, mientras que, la coadyuvante y litisconsorcial también durante el curso de la segunda instancia y que toda clase de interviniente en el proceso concurrirá a él y lo tomará, en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención.

Por su parte y en cuanto a la ejecución de la sentencia, el procedimiento que trae la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, contenido en el Capítulo VIII del Título VII dispone, entre otras cosas que, los Tribunales del Trabajo competentes de primera instancia, harán ejecutar las sentencias definitivamente firmes y ejecutoriadas o cualquier otro acto que tenga fuerza de tal que hubieren dictado, así como los que dicten los Tribunales Superiores del Trabajo o el Tribunal Supremo de Justicia, según sea el caso; que para la consumación o cumplimiento de la ejecución de las sentencias y demás decisiones legalmente proferidas, los Tribunales del Trabajo podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario y que están facultados para disponer de todas las medidas que consideren pertinentes, a fin de garantizar la efectiva ejecución del fallo y que ésta no se haga ilusoria, así como podrán también dictar cualquier disposición complementaria para asegurar el resultado de la medida que hubieren decretado.

Igualmente dispone este cuerpo preceptivo que en la ejecución de la sentencia, se observará lo dispuesto en el Título IV, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, en cuanto no se oponga a lo dispuesto en esa ley; pero se anunciará el remate con la publicación de un solo cartel y el justiprecio de los bienes a rematar los hará un solo perito designado por el Tribunal, y que en ningún caso la aplicación supletoria allí prevista puede contrariar los principios de brevedad, oralidad, inmediación y concentración en ella establecidos.

3.- Evolución de la Dogmática Jurisprudencial.

Una vez expuesto el entorno normativo del asunto y a los fines de consolidar una posición para dar respuesta a la interrogante sobre si es posible declarar la sustitución de patronos en la fase de ejecución de sentencia, luce conveniente hacer un recorrido cronológico sobre las posturas adoptadas tanto por la Sala Constitucional como por la Sala de Casación Social a tal respecto.

En pos de la consecución de tal objetivo e iniciar así la elaboración de la línea jurisprudencial correspondiente, cabe referir el caso resuelto por la Sala Constitucional en decisión N° 499 de fecha 31 de mayo de 2000,  en el cual fue revocado el auto dictado por el juzgado de primer grado y en consecuencia, se ordenó un nuevo mandamiento de ejecución que comprendiera tanto al patrono sustituido como al patrono sustituto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88, 89 y 90 de la Ley Orgánica del Trabajo, circunstancia que originó que los representantes de la sociedad mercantil «sustituta» intentaran una acción de amparo alegando la violación de sus derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la propiedad.

En esa ocasión fue declarada sin lugar la pretensión, al considerarse constatados los supuestos para la configuración de la sustitución de patrono, por lo que el fallo de reemplazo consideró que al haber sido incoada y decidida la demanda interpuesta contra el patrono sustituido en una fecha anterior a la oportunidad en que se produjo la sustitución, la sentencia definitiva podía ejecutarse contra la empresa accionante en amparo, en virtud de su condición de patrono sustituto. En razón de ello, se dejó establecido que la sentencia se encontraba ajustada a derecho, en virtud de que la cosa juzgada podía recaer sobre la nueva empresa, aun cuando ella hubiese sido o no parte en el referido juicio laboral, y por tanto, la medida de embargo decretada en su contra en el fallo accionado no era violatoria los derechos constitucionales por ella invocados.

A escasos días de tal declaratoria, en la Sala de Casación Social en decisión N° 212 del 29 de junio de esa misma anualidad, resolviendo un recurso de casación se presentó una situación donde el patrono «sustituto» pretendía eximir su responsabilidad frente al auto de ejecución de sentencia alegando no tener cualidad pasiva para ser susceptible de la medida ejecutiva forzosa ya que nunca participó  en el referido proceso y que por ende debía considerarse como un tercero sin interés jurídico.

Actuando con total apego al marco jurídico la Sala decisora aplicó cabalmente lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, que cuando un patrono es sustituido por otro, a éste le subsiste la responsabilidad del patrono anterior, entre otras cosas, por los juicios laborales pendientes, caso en el cual, se concluyó que podría ejecutarse la sentencia definitiva contra el patrono sustituido o contra el patrono sustituto.

Vale referir pronunciamiento hecho por la Sala Constitucional signado con el N° 1787 fechado el 25 de septiembre de 2001. Se trataba de un caso en el cual la accionante propuso amparo constitucional por considerar que la decisión de acatar la orden de ejecución de una sentencia condenatoria en un juicio laboral en el que no fue parte, violaba sus derechos a la defensa y al debido proceso.

Aquí hay que precisar que en la comentada situación quedó plenamente demostrado en autos que se trataba de dos sociedades mercantiles distintas y que la única relación que las vinculaba era una persona que fungía de accionista en ambas compañías; que no se produjo una sustitución de patrono, circunstancia ésta que a consideración de la Sala, además de que ha debido ser alegada en el juicio laboral, tuvo que haber sido probada trayéndose a juicio al «sustituyente».

La sentencia consultada, declaró con lugar la demanda de amparo, lo cual fue confirmado por la Sala, agregando en su razonamiento que en este caso, la vulneración de su derecho a la defensa y al debido proceso se configuró aún más, cuando el tribunal de la causa decretó embargo sobre bienes de la accionante en amparo para garantizar la ejecución de una sentencia proferida en una causa en la que no fue parte. En conclusión, consideró que el juez de la sentencia impugnada actuó fuera de su competencia, razón por la cual debía restablecerse la situación jurídica infringida y dejó sin efecto la orden de ejecución del fallo condenatorio expedida, así como también la medida de embargo decretada sobre sus bienes.

Resulta forzoso citar la arquimédica decisión de la Sala Constitucional N° 903 del 14 de mayo de 2004, mejor conocida como sentencia «Transporte Saet», en la cual se fijaron ciertas premisas que deben incluirse en este resumen, sin dejar de advertir y resaltar -a los fines de tener claro el panorama- que la institución jurídica en ella analizada se circunscribe única y exclusivamente a la figura del grupo de empresas o grupo económico y no a la de sustitución de patrono.

En tal escenario, la presunta agraviada fundó su pretensión en el hecho de haber sido condenada al pago de prestaciones sociales y otros conceptos laborales debidos a un trabajador, sin que hubiese tenido cabida alguna dentro de tal proceso, por ser una sociedad comercial distinta y sin ninguna relación jurídica con la originalmente demandada, considerando que -de este modo- le fue vulnerado su derecho a la defensa y al debido proceso.

Validando tal argumento, la decisión sometida a consulta declaró con lugar la demanda de amparo al considerar que, efectivamente, a la accionante le habían sido vulnerados estos derechos, al resultar condenada en un proceso en el que jamás participó y del que, además, no se desprendía ninguna evidencia que demostrara que entre ella y la demandada existiera relación económica tal que obligara solidariamente a ambas.

Este emblemático pronunciamiento jurisprudencial consagró la posibilidad cierta de obtener un fallo contra un grupo económico y hacer posible la ejecución contra cualquiera de sus componentes, haciéndole perder a éstos su condición de persona jurídica distinta, estableciendo que quien pretende esta declaratoria  debe alegar y probar la existencia del grupo, el incumplimiento de las obligaciones por uno de sus miembros, quien debido a su insolvencia o actitud perjudicial pretende burlar al demandante, a fin que la decisión abarque a todos los que lo componen.

Agrega como condicionante que, conforme a los principios contenidos en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que rige a los procesos dominados por el principio dispositivo, es necesario alegar la existencia del grupo y su conformación e inexorablemente señalar cuál de sus componentes ha incumplido, motivando que en la sentencia definitiva se levante el velo de la personalidad jurídica al grupo y se determine la responsabilidad del otro u otros miembros que, no mantuvo o mantuvieron una relación jurídica con el demandante.

Seguidamente, debe hacerse mención como una cuestión muy relevante y que inexplicable e imperdonablemente ha pasado desapercibida o ha sido inaplicada al momento de formular los posteriores razonamientos resolutorios, vinculados o no con tal supuesto fáctico, en el ámbito de la jurisdicción laboral constitucional y casacional, es que el principio esbozado anteriormente (la carga de alegar y probar la existencia del grupo de empresas y de no poder ser extendida una condena en un juicio donde no participó la sociedad que se pretende sea ejecutada), sufre una excepción en materia de orden público, cuando la ley señala una obligación -o una actividad- que debe corresponder en conjunto al grupo. En tales situaciones, así la demanda no se incoe contra el grupo como tal, sino contra uno de sus componentes, debido a que por la ley todos los miembros tienen una responsabilidad o deben contribuir a resolver una situación, por lo que conocen de la demanda así no sea contra ellos, si de autos quedan identificados quiénes conforman al grupo y sus características, la sentencia podrá abarcar a los miembros de éste no mencionados en el libelo y este criterio excepcional funciona exclusivamente en materia de orden público e interés social, donde es necesario proteger al débil o a la sociedad, en aras de una justicia eficaz, contraria a la multiplicidad de juicios y precisa con mucha claridad que es en estas materias donde se puede dictar el fallo contra personas determinadas que surgen de autos como elementos del grupo, así no fueran mencionados en la demanda, dejando claro que ello sólo podría suceder, si hay pruebas inequívocas del grupo, de sus componentes y del ente o sujeto controlante, con las modalidades que esta figura asume en cada caso.

Así, ratifica como premisa cardinal que en la fase de ejecución de sentencia, donde no hay un proceso de cognición, tal situación de extensión a quien no ha sido demandado como miembro del grupo, no podría ocurrir, ya que el principio (salvo excepciones) es que el fallo debe señalar contra quién obra y, de omitir tal señalamiento, la sentencia no podría ejecutarse contra quien no fue condenado.

En este pronunciamiento también se dejó establecida la creación de una responsabilidad solidaria de todos los miembros de un grupo de empresas para responder a los trabajadores que obliga a cualquiera de los componentes del conjunto que sea demandado al pago de las prestaciones del reclamante, así no sea el accionado quien realizó el contrato laboral con el accionante. Precisa que, este es un tipo de responsabilidad que exige la ley al grupo para responder a sus trabajadores por las obligaciones laborales y tratándose de una solidaridad, el demandado (rectius: el obligado) debe haber sido accionado judicialmente, a fin de que sea condenado en su condición de deudor solidario, no pudiéndose ejecutar la decisión contra quien no fue demandado.

Por otra parte, se afirma que cuando la unidad económica es la razón de ser del grupo, ya no puede existir una responsabilidad solidaria entre sus miembros, puesto que la acción de regreso no existe, sino que el grupo queda constreñido por una obligación indivisible; que al no tratarse de una responsabilidad solidaria, sino de una obligación indivisible del grupo, el cual actúa como una unidad económica y que se ejerce repartida entre varias personas, en materia de orden público e interés social como lo es la laboral, persigue proteger los derechos de los trabajadores.

Concluye este decisión que, ante esta realidad, si en el curso de una causa donde está involucrado el orden público y el interés social, surge la certeza de que hay otros miembros del grupo formado por la unidad económica, diferentes a los demandados, la sentencia puede abarcar a éstos, así no hayan sido mencionados como accionados, ni citados, porque al fin y al cabo, como miembros de la unidad, conocen la obligación del grupo y uno de sus miembros ha defendido los derechos grupales en la causa.

Debe tenerse en cuenta el énfasis dado cuando deslinda situaciones verificables en la praxis y puntualiza que todo esto es diferente a la pretensión de ejecutar un fallo en materia laboral contra quien no ha sido parte en un juicio y a quien no se le menciona en el fallo que se intenta ejecutar, lo cual ha sido negado por la Sala.[2]

En el caso de marras, luego de un prolijo análisis concluyó que entre las sociedades allí involucradas, existía unidad de gestión y unidad económica, por lo que estimó estar ante un grupo de empresas, y en tal virtud dispuso que debía responder como tal a los trabajadores del mismo, así los servicios se prestaren a una de las sociedades que lo conformaban. Siendo ello así, consideró la Sala Constitucional que al condenarse al pago de una obligación laboral indivisible, el juez accionado en amparo no conculcó los derechos a la defensa y al debido proceso invocados por la presunta agraviada, ni actuó fuera de su competencia, contrariamente a lo declarado por el a quo y con base en tales consideraciones, revocó la decisión sometida a consulta y declaró sin lugar el amparo intentado.

En la acción de amparo resuelta en el fallo de la Sala Constitucional N° 2785 de fecha 3 de diciembre de 2004, fueron alegadas presuntas violaciones a los derechos relativos a la defensa, debido proceso, tutela judicial efectiva, el principio a la seguridad jurídica y la certeza e inmutabilidad de la cosa juzgada, en un juicio contencioso de nulidad de providencia administrativa.

En fase de ejecución de sentencia se dictó un auto que a consideración de la Sala resolvió puntos esenciales no controvertidos en el juicio en su fase de conocimiento, lo que la condujo a entender que no había mediado el debido contradictorio, que se había determinado sin fórmula de juicio que la accionante en amparo resultaba ser el patrono sustituto en la relación laboral cuando no constaba en autos que fue parte principal ni llamada en tercería, con lo cual no sólo se violó su derecho a la defensa y al debido proceso, sino que además extendió los efectos de la cosa juzgada a un tercero que nunca formó parte de la relación procesal. En esta oportunidad, se reiteró como condicionante que, aun en el caso de que haya habido la sustitución, se ha debido traer a juicio al «sustituyente».

Por su parte, la Sala de Casación Social en decisión N° 313 de fecha 20 de abril de 2005 resolvió un caso en el cual, una vez iniciada la fase de ejecución forzosa, la ejecutante solicitó la apertura de una articulación probatoria de conformidad con lo previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, alegando que la empresa condenada, no estaba operativa y que había transmitido la propiedad de sus bienes, la titularidad y la explotación de su objeto a otra sociedad mercantil, destacando que sus accionistas eran  las mismas personas, que se encontraba en la misma dirección, establecimiento e instalaciones y se dedicaba a la misma actividad comercial que desarrollaba la empresa demandada, constituyéndose entre ambas empresas una unidad económica. Por otra parte adujo, que siendo los accionistas comunes a ambas empresas, operó una sustitución de patrono conforme a lo previsto en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Trabajo, motivo por el cual, resultaba responsable solidariamente en atención a lo dispuesto en el artículo 90 eiusdem.

Con vista a este planteamiento, el juez ejecutor ordenó la apertura de una articulación probatoria para lo cual dispuso la notificación de la sociedad mercantil que no participó en el juicio, a fin de que alegara las defensas pertinentes sobre las afirmaciones de la actora ejecutante y promoviera las pruebas que considerara necesarias para ello. Contestados cada uno de los alegatos formulados, se procedió a la promoción de pruebas sobre las cuales se pronunció el tribunal en su oportunidad legal.

En esta incidencia sobre la sustitución de patrono, el juzgador declaró no tener materia sobre la cual pronunciarse por cuanto consideró que no era procedente la solicitud efectuada, toda vez que implicaría vulnerar el principio de la cosa juzgada, pues modificaría la sentencia dictada, en su oportunidad, con la consecuencia de traer una persona jurídica distinta que no fue parte en la causa. Esta decisión no fue apelada. En tal sentido, el máximo órgano jurisdiccional laboral declaró que al no haberse ejercido el referido medio de impugnación, la decisión se encontraba definitivamente firme y proclamó la imposibilidad, a través del recurso de control de la legalidad, de ordenar al juez de la causa pronunciarse sobre la sustitución de patrono alegada en esta fase y en tal virtud ordenó la ejecución del fallo sobre bienes de la empresa condenada.

Cabe destacar, la sentencia dictada en una acción de amparo constitucional, identificada con el N° 979 de fecha 26 de mayo de 2005 que tuvo por objeto una decisión dictada en un procedimiento de intimación de honorarios, la cual extendió la medida ejecutiva de embargo decretada contra la sociedad mercantil condenada a bienes propiedad de otro ente comercial, librándose para tal fin un nuevo mandamiento de ejecución.

Al entrar la Sala a analizar las denuncias invocadas consideró que, de los alegatos esgrimidos por la accionante en amparo, se desprendía que, la decisión recurrida violó los derechos al debido proceso, a la defensa y el principio de seguridad jurídica, actuando con arbitrariedad al haber extendido la medida ejecutiva de embargo y pretender obligar a responder por unas costas nunca causadas por ella, al no haber sido parte en el juicio principal de ejecución de prenda, no haber sido demandada por cobro de honorarios profesionales, ni haber sido notificada de dicha decisión que ordenó la extensión de la medida ejecutiva de embargo a sus bienes, al establecer el pronunciamiento recurrido en amparo, que en autos se demostró que formaba parte de un grupo de empresas, conjuntamente con la condenada, quien participó en el juicio principal, contra la cual se ejerció el juicio de intimación de honorarios profesionales y que en definitiva resultó condenada en el mismo.

Estando dicho proceso de intimación en etapa de ejecución, el accionante alegó la existencia de una relación de identidad entre la intimada y otra sociedad de comercio acompañando recaudos a los fines de demostrar la existencia de la unidad patrimonial entre ambas y bajo estos argumentos, extendió la medida ejecutiva de embargo sobre los bienes del señalado ente mercantil.

Para su resolución la Sala de Casación Social ratificó la doctrina establecida en la sentencia del caso Transporte Saet, de la cual extrajo el argumento aplicable cuando se demanda a un grupo económico. Recalcó que en el caso bajo análisis, el actor en el juicio de intimación de honorarios profesionales, demandó a una sociedad mercantil que originariamente fue contraparte de su representada en un procedimiento de ejecución de prenda y que en su escrito intimatorio, éste no invocó ni señaló la existencia de un grupo económico conformado por la empresa demandada y la otra involucrada, argumento que tampoco esgrimió a lo largo del contradictorio.

En tal virtud, la sentencia que declaró el derecho a cobrar honorarios no condenó a grupo económico alguno, ni mencionó a la referida empresa, pues fue sólo una vez librado el mandamiento de ejecución cuando la parte intimante alegó la existencia de un grupo económico que conformaba la sociedad mercantil intimada con la otra empresa y fue entonces cuando solicitó la extensión de la medida ejecutiva de embargo a los bienes de esta última.

Por tal razón, consideró con acierto la Sala, que al encontrarse el proceso en fase de ejecución y al no tratarse, de una materia que afectara al interés general, ni que lesionara al orden público, no podía ser aplicada la excepción al principio desarrollado en la doctrina del grupo de empresas, de manera tal, que dejó establecido que la decisión impugnada atentaba contra la garantía constitucional al debido proceso y el derecho a la defensa de la accionante en amparo, ya que decretó la medida de embargo ejecutivo sobre sus bienes, sin que hubiera sido sometida a un proceso y hubiere sido condenada por una sentencia judicial.

Consideró la Sala necesario destacar que como el objeto del juicio principal era obtener el pago de honorarios profesionales de abogados, no era posible decretar, ya en la fase de ejecución, la medida de embargo sobre una empresa distinta a la intimada que supuestamente formaba parte de un grupo económico al que pertenece ésta, sin que hubiera sido alegada su existencia al momento de demandar dichos honorarios; finalmente, dejó expuesto que la parte intimante, al ver frustrado su derecho al cobro de honorarios profesionales por la insolvencia de la intimada, podía por nueva demanda accionar por cobro de honorarios profesionales, contra otra sociedad de comercio que formara parte del grupo económico al que pertenecía su originaria deudora y se le reconociera tal derecho al cobro, siempre que durante el contradictorio alegara y demostrara la conformación del grupo y probara dicha existencia, a fin de que la condena pudiera recaer sobre otro de sus miembros.

Continuando con esta seguidilla corresponde hacer mención de la decisión de la Sala de Casación Social N° 259 del 11 de marzo de 2008. Ella resolvió un recurso de control de la legalidad en el cual se aducía como fundamento que la decisión impugnada reconoció que el bien embargado ejecutivamente no era propiedad de la empresa demandada, sino que pertenecía a la empresa que por vía de tercería intentó en fase de ejecución la recuperación del mismo o la suspensión de la medida decretada y que no obstante ello, la recurrida avaló el referido embargo de bienes ajenos cuando declaró sin lugar la oposición formulada y revocó la decisión de primera instancia, quebrantando -según su decir- el artículo 527 del Código de Procedimiento Civil.

Paralelamente, se argumentó en ese caso la violación del artículo 57 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que consagra uno de los efectos del proceso, pues, aun cuando la demanda intentada ya había sido decidida, quedando firme el fallo, el ad quem se extralimitó en los alcances de la sentencia objeto del recurso, toda vez que no sólo decidió sobre la procedencia o no de la oposición, sino que además penetró en el contenido de la sentencia dictada en el juicio principal al emitir opinión con respecto a una supuesta sustitución de patrono que en ningún momento fue alegada ni probada por el accionante. Acusándose también, la infracción de la doctrina de esa Sala sentada en el referido fallo de fecha 20 de abril de 2005, aduciendo que, al encontrarse el juicio principal definitivamente firme, no podía haber pronunciamiento con relación a la sustitución de patrono alegada por el accionante en fase de ejecución. En lo que este último alegato respecta y como comentario muy particular, hay que dejar muy claro que la Sala de Casación Social en la solución dada en esa oportunidad no sentó ninguna postura sobre el fondo controvertido, solo declaró -tal y como ya se dejó apuntado precedentemente- que el pronunciamiento hecho por el juez de primer grado se encontraba definitivamente firme al no haberse ejercido ningún medio de impugnación en contra del mismo, decretando la imposibilidad de la Sala de realizar cualquier proferimiento modificatorio o confirmatorio al respecto.

La recurrida llegó a la conclusión que en el caso sub iudice operó la sustitución de patronos y por tal motivo, la última sociedad de comercio actuante en el proceso no podía ser considerada como un tercero interviniente por carecer de tal condición, ya que, dicha empresa al producirse el cambio patronal asumió con su carácter de patrono sustituto de las obligaciones laborales adquiridas por el anterior y sobre la base de que la mencionada sustitución se produjo en el transcurso del proceso, no se podía demandar a la nueva patronal solidariamente junto a la accionada principal, pues la parte actora no podía haber advertido esa circunstancia y en ese sentido estimó la juzgadora de alzada que como no se tiene una oportunidad predeterminada para aducir la sustitución de patrono, basta con que tal alegato se tenga como debidamente invocado y demostrado.

     A la luz de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Trabajo infirió la recurrida, que cuando un patrono es sustituido por otro, el sustituto asume la responsabilidad del patrono anterior, entre otras cosas, por los juicios laborales pendientes, caso en el cual, podrán ejecutarse las sentencias definitivas contra el patrono sustituido o el patrono sustituto, por lo que dedujo que,  una vez que ha quedado establecido que quien adquirió los bienes propiedad de la demandada en el juicio principal, desarrolló idéntico objeto social y asumió la carga laboral existente para la fecha de inicio de sus actividades, es pasible de ser ejecutado en sus bienes por una sentencia recaída en un juicio incoado contra el patrono sustituido, aun cuando no haya sido parte en el juicio.

Para resolver este recurso de control de la legalidad se invocó el criterio establecido por esa misma Sala de Casación Social en sentencia Nº 1462 de fecha 2 de diciembre de 2004, de no considerar a la empresa recurrente como un tercero opositor y declarar procedente el embargo ejecutivo sobre bienes de su propiedad. Así, invocada por el actor en fase de ejecución de sentencia una sustitución de patrono, se constató que la constitución de la empresa sustituta se materializó en fecha posterior a la introducción de la demanda y antes de dictarse la sentencia definitiva, razón por la cual esta empresa adquirió la cualidad pasiva en el proceso, en virtud de la sustitución procesal que se produjo con la sociedad mercantil accionada. En tal sentido juzgó que el fallo podía ser válidamente ejecutado en su contra, sin que ello comportara el quebrantamiento de las normas denunciadas y en consecuencia declaró sin lugar el recurso propuesto y confirmó la decisión recurrida.

Es conveniente traer a colación igualmente, el criterio empleado por la Sala Constitucional en sentencia N° 900 del 6 de julio de 2009, en un recurso de revisión contra una decisión que declaró con lugar la solicitud de levantamiento del velo corporativo de varias empresas, a los fines de hacer extensiva la ejecución de una sentencia dictada en contra de otra sociedad comercial no demandada.

A juicio del solicitante de la revisión, la sentencia impugnada aplicó de manera retroactiva un criterio jurisprudencial ulterior a la fecha en que fue ejecutada y reformó los términos del dispositivo de la sentencia definitiva, violando el principio de la seguridad jurídica y garantías constitucionales de su representada. Adicionalmente, denunció que ninguno de los supuestos que harían procedente la solidaridad solicitada se daban en ese caso, pues su representada nunca fue demandada, citada, hecha intervenir o identificada en el juicio antes de dictarse la sentencia de fondo y, por ende, no aparecía incluida en la sentencia, razón por la cual no podía condenársele por separado en violación del artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, que prohíbe a los jueces volver a fallar la controversia ya decidida por una sentencia anterior.

Ahora bien, allí quedó plenamente comprobado que la demanda fue interpuesta contra una empresa que mediante sentencia fue condenada; que posteriormente, con ocasión de la  solicitud efectuada por el apoderado ejecutante, se declaró con lugar su pretensión respecto al levantamiento del velo corporativo de otras empresas a los fines de hacer extensiva la ejecución de la sentencia y responder de las obligaciones económicas de la perdidosa. En tal decisión, se aplicó el criterio empleado en la sentencia Transporte Saet, según el cual, se puede condenar a miembros de un grupo económico, aun cuando no hayan sido demandados ni citados, con tal que en autos hayan pruebas inequívocas de la efectiva conformación de la agrupación. En este orden de ideas, consideró el juzgador que estaba en presencia de una «excepción», es decir, que se puede ejecutar una sentencia contra un grupo aunque no se haya mencionado, siempre y cuando se logre demostrar su existencia mediante el aporte del correspondiente cúmulo probatorio, que en el caso de autos se verificó mediante la apertura de la incidencia conforme el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.

En esa oportunidad la Sala Constitucional concluyó en la imposibilidad de que en fase de ejecución de sentencia, se pretenda dilucidar la existencia y consecuente extensión de los efectos de una condena a quien no ha sido parte en el juicio, pues la apertura de una articulación probatoria, dada su brevedad, es insuficiente para garantizarle a las partes el ejercicio pleno de su derecho a la defensa donde puedan desarrollar en toda su extensión el contradictorio con sus excepciones respectivas y las pruebas que a bien tuvieran promover.

No obstante tan contundente declaratoria, agregó que sin lugar a dudas, el procedimiento incidental a que hace referencia el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, tiene por finalidad dilucidar cualquier asunto que en el transcurso del juicio se presente y carezca de un procedimiento determinado para su resolución y afirmó que, de lo que se deriva de la lectura de la referida norma, la misma sólo tiene aplicación cuando se está en presencia de un incidente surgido en juicio cuando entre las partes, entendiendo por tales al actor y demandado, surge alguna inconformidad, estableciendo sin cortapisas que la mencionada norma no puede servir de fundamento para llamar a un tercero ajeno al juicio en fase de ejecución de sentencia y emplazarlo para que al día siguiente conteste, so pena, de condenarlo en las mismas condiciones de la parte perdidosa.

Aseveró la Sala Constitucional, que la sentencia revisada incurrió en una deliberada violación de preceptos constitucionales, como son el derecho a la defensa y el debido proceso al extender los efectos de la ejecución forzosa sin que en el transcurso del juicio hubiese sido citada o mencionada y sin que tal condenatoria se efectuara en la sentencia definitiva, declarando que había lugar el recurso de revisión propuesto, anulando la referida sentencia y todas y cada una de las actuaciones tendientes a la extensión de la ejecución de la misma sobre aquellas personas jurídicas distintas a la empresa perdidosa.

Resolvió la Sala de Casación Social en decisión N° 433 de fecha 12 de abril de 2011 en un recurso de control de la legalidad que, la recurrida incurrió en error de interpretación de los artículos 88, 89 y 90 de la Ley Orgánica del Trabajo y declaró procedente la actividad recursiva, en virtud de que la demanda se interpuso antes del vencimiento del año contado a partir de la sustitución, motivo por el cual existía solidaridad del patrono sustituido y que por ende, la sentencia definitiva podía ejecutarse indistintamente contra el patrono sustituido o contra el sustituto.

Destacada distinción ha de hacerse al pronunciamiento hecho por la Sala Constitucional N° 523 en fecha 25 de abril de 2012, cuando en una acción de amparo propuesta contra una decisión que declaró sin lugar la apelación ejercida por los terceros opositores en fase de ejecución del fallo, confirmó la sentencia recurrida en todas y cada de sus partes, señaló como fundamento de su declaratoria que ésta estableció en la multicitada sentencia Transporte Saet, que en la fase de ejecución de sentencia, no hay un proceso de cognición, por lo que tal situación de extensión en esta etapa a quien no ha sido demandado como miembro del grupo, no podría ocurrir, ya que el principio (salvo excepciones) es que el fallo debe señalar contra quién obrará y de omitir tal señalamiento, la sentencia no podría ejecutarse contra quien no fue condenado.

Censuró que la sentencia objeto de análisis aplicó el criterio de poder extender a otras personas, ya en la etapa de ejecución los efectos del fallo dictado, por considerar que existió una sustitución de patrono afirmando que ello es contrario a la interpretación hecha por esa Sala en sentencia N°  900/2009, por lo cual declaró la violación del principio de la seguridad jurídica y las garantías constitucionales de la accionante en amparo.

afirmó que, la demanda fue interpuesta por una sucesión, única y exclusivamente contra una persona natural, quien fue condenada; posteriormente, en fase de ejecución de sentencia, con ocasión de la  solicitud efectuada por el apoderado actor, se declaró con lugar su pretensión respecto a la sustitución de patronos a los fines de hacer extensiva la ejecución de la sentencia y responder por las obligaciones económicas de la parte perdidosa.

Hizo hincapié en que tal decisión desatendió el criterio imperante en la Sala Constitucional antes indicado, de que se puede –esto, como un tratamiento excepcional- condenar a miembros de un grupo económico, aun cuando no hayan sido demandados ni citados, siempre que hayan pruebas inequívocas de ello, es decir, se puede ejecutar una sentencia contra un grupo aunque no se haya mencionado, condicionándolo a que se logre demostrar su existencia mediante el aporte del correspondiente cúmulo probatorio, afirmando que en ese caso se verificó mediante la apertura de la incidencia conforme el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.

Este pronunciamiento hizo referencia al precedente de esa misma Sala Nº 979/2005, el cual le sirvió de proscenio para llegar a la conclusión de que cuando se pretenda la declaratoria de existencia de un grupo económico o de «sustitución de patronos»,[3] a los fines de hacer extensiva la responsabilidad del cumplimiento de determinada obligación, el denominador común es que en autos queden identificados quiénes conforman el nuevo patrono[4] o grupo y sus características y que tal declaratoria se efectúe en la sentencia definitiva, a los fines de garantizar el derecho a la defensa de las partes que eventualmente pudieran ser afectadas por el reconocimiento de la existencia de la unidad económica, de manera que puedan hacer uso de los medios de impugnación pertinentes, estableciendo también la imposibilidad de que en fase ejecutiva se dilucidara tal existencia con la consecuente extensión de los efectos de una condena a quien no ha sido parte en el juicio, reiterando el exinanido argumento de que una articulación probatoria, dada su brevedad, es insuficiente para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la defensa de las partes, para que éstas puedan desarrollar plenamente el contradictorio con sus excepciones respectivas y las pruebas que a bien tuvieran promover.

Especial mención corresponde hacer a la decisión de la Sala de Casación Social N° 1239 del 6 de diciembre de 2013, proferida para resolver un recurso de control de la legalidad que declaró con lugar, anuló el fallo recurrido y decretó la procedencia de la oposición al embargo formulada por el tercero opositor; contando dicho pronunciamiento con un voto salvado.

La mayoría sentenciadora empleó en la motivación de su decisión el criterio expuesto por la Sala Constitucional[5] y con sujeción a esta doctrina, coligió que no puede el juez en fase de ejecución de sentencia, resolver puntos esenciales no controvertidos en el juicio principal en su fase de conocimiento, esto es, sin que medie el debido contradictorio y menos aún determinar que una persona natural o jurídica que no ha sido parte en el juicio, resulte ser el patrono sustituto, pues tal conducta violenta el derecho a la defensa y el debido proceso, normas de orden público cuya tutela corresponde a los jueces en el ejercicio de sus funciones, garantías infringidas por el juez de alzada, al confirmar el fallo que declaró la sustitución de patrono y ordenó su ejecución de manera indistinta sobre bienes propiedad del patrono sustituido o sustituto.

Por su parte, el voto salvado estuvo dirigido en primer lugar, a cuestionar el motivo por el cual fue anulado el fallo, con el argumento de que la tercera opositora contó con un procedimiento apegado a la ley, ex artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, promovió y evacuó las probanzas que a bien tuvo, se le concedió el derecho de palabra a fin de que expusiera sus alegatos y defensas y con base en el cabal cumplimiento de estas garantías procesales ambos jueces profirieron  su decisión, por lo que consideró el disidente que de manera alguna se le lesionó el derecho a la defensa ni se quebrantaron formas procesales sustanciales, razón por la cual consideró que no se configuró el vicio por el cual fue declarada la nulidad de la sentencia.

Seguidamente, en lo que a la solución de la oposición a la ejecución del embargo concernía, planteó los casos en los cuales puede hablarse de sustitución de patrono, destacó que ésta no afecta las relaciones de trabajo existentes y que el patrono sustituido será solidariamente responsable con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de la ley o de los contratos nacidas antes de la sustitución hasta por el término de prescripción allí previsto, consagrando adicionalmente y con carácter particularmente especial una excepción, referida a que, una vez concluido este plazo, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrono, salvo que existan juicios laborales anteriores, caso en el cual las sentencias definitivas podrán ejecutarse indistintamente contra el patrono sustituido o contra el sustituto, de lo cual infirió que es obligación del órgano jurisdiccional -por la aplicación concordada de esta norma con los artículos 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 184 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo- garantizar al justiciable la ejecución de la sentencia, en cualquiera de los dos patronos, el sustituido o el sustituto.

Con relación al argumento utilizado por la mayoría sentenciadora de que en la fase de ejecución de sentencia no puede decretarse la sustitución de patrono fundamentado en que la cosa juzgada solo produce efecto entre las partes intervinientes en el proceso -sostuvo el voto salvante- que el mismo queda desvirtuado invocando como sustento de tal aserto que, la más calificada doctrina y jurisprudencia han admitido que esta regla tiene sus excepciones derivadas de la ley misma y como consecuencia también de la aplicación de los principios rectores del proceso en general y de la legislación laboral en particular, como son la prevalencia de la ley especial sobre la ley general y de los principios de in dubio pro operario, el de aplicación preferente de la norma laboral sustantiva o de procedimiento y el de la norma más favorable.

Con respecto a la aplicación preferente de la norma consagrada en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Trabajo[6] sobre cualquier otra citó el criterio según el cual,[7] al considerar configurada la sustitución de patrono, habiendo sido incoada y decidida la demanda interpuesta en una fecha anterior a la oportunidad en que se produjo el cambio patronal, la sentencia definitiva podía ejecutarse contra la última empresa interviniente en virtud de su condición de patrón sustituto, por lo cual consideró que la sentencia accionada en amparo se encontraba ajustada a derecho, en virtud de que la cosa juzgada podía recaer sobre la nueva empresa irruptora, aun cuando ella hubiese sido o no parte en el referido juicio laboral y por tanto, contrariamente a lo afirmado por la solicitante de amparo, la medida de embargo decretada en su contra en el fallo accionado no fue considerada violatoria de los derechos constitucionales por ella invocados, declarando por tanto sin lugar la acción ejercida.

Resaltó también el discrepante  que tal decisión de declarar sin lugar la acción de amparo y considerar acertada la decisión del a quo de decretar que en ese caso operó una sustitución de patrono otorgándole la consecuencia prevista, es decir, la posibilidad de poder ejecutar la decisión en cabeza de cualquiera de los dos patronos aunque el sustituto no haya actuado en juicio, para poder materializar así la condena impuesta por el Estado, a través del órgano jurisdiccional, era cumplir con la aludida garantía de la tutela judicial efectiva.

Cabe destacar también la decisión de la Sala de Casación Social N° 846 proferida el 7 de julio de 2014, cuando resolviendo un recurso de control de la legalidad se estableció que del análisis concordado de los artículos 88 al 91 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 y de lo dispuesto en sentencia N° 858 de fecha 27 de mayo de 2009, se derivan los requisitos exigidos por el Legislador laboral para que opere la figura de la sustitución de patronos y que dentro de un proceso judicial, el acaecimiento de esta mutación patronal, no sólo debe ser alegado por la parte interesada, sino que consustancial e indefectiblemente requiere ser probado, tal y como lo asevera la Sala Constitucional.[8]

Mención expresa debe hacerse a la sentencia de la Sala de Casación Social N° 1235 publicada el 12 de agosto de 2014 que declaró con lugar el recurso de control de la legalidad interpuesto, anuló el fallo recurrido y estableció la declaratoria con lugar de la oposición al embargo formulada por el tercero opositor, la cual contó con un voto en contra.

Para resolver, la mayoría decisora hizo referencia al criterio contenido en la decisión de la Sala Constitucional tantas veces mencionada N° 1787/2001, en la cual se declararon infringidos los derechos a la defensa y al debido proceso, pues estimó como un flagrante quebrantamiento de los mismos la condena a pagar una suma de dinero a una sociedad mercantil que no fue parte en el juicio laboral, al considerar que estaba plenamente probado en autos que se trataba de dos sociedades mercantiles distintas, así como que tampoco se había alegado en ningún momento que se produjo un cambio patronal. En conclusión, la Sala consideró que el juez de la sentencia impugnada actuó fuera de su competencia, razón por la cual se debía restablecer la situación jurídica infringida y con esa intención, dejó sin efecto la orden de ejecución del fallo condenatorio, así como también la medida de embargo decretada.

En razón de ello, consideró la mayoría sentenciadora que dadas las consecuencias producidas por el desenlace del fallo recurrido, se había configurado el quebrantamiento de formas procesales que menoscabaron el derecho a la defensa y el debido proceso de la sociedad mercantil que aparece como tercera opositora, por lo que declaró con lugar el recurso de control de la legalidad.

Denotó el voto salvante -adentrándose en el caso sub análisis– que de las actas del expediente derivaba que la representación de la «tercera opositora» se opuso al embargo ejecutivo a practicarse y con base en tal defensa solicitó la apertura de la incidencia prevista para tales casos ex artículo 546 del Código de Procedimiento Civil; que conforme a lo ordenado por el a quo contó con un procedimiento apegado a la ley, promovió y evacuó las probanzas que a bien tuvo, en las audiencias se le concedió el derecho de que expusiera oralmente sus alegatos y defensas y con base al cabal cumplimiento de estas garantías procesales ambos jueces profirieron su decisión, por lo que consideró que de manera alguna se le lesionó su derecho a la defensa ni se quebrantaron formas procesales establecidas legalmente, razón por la cual y con fundamento en los anteriores razonamientos, afirmó que no se configuró el vicio por el cual fue declarada la nulidad de la sentencia.

Seguidamente, dada la analogía o similitud de los casos, reprodujo la fundamentación dada  en su voto salvado contenido en la sentencia N° 1239/2013 y para contradecir el argumento esgrimido por la Sala Constitucional y acogido por el resto de la Sala de Casación Social en esta decisión en el sentido de que la mencionada orientación violenta los principios de inmutabilidad de la cosa juzgada y el de la autosuficiencia del fallo, citó el criterio según el cual, desde otro ángulo, el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, si bien establece el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada, también contempla las siguientes excepciones: que haya recurso contra decisión que decidió la controversia o cuando la ley expresamente lo permita.[9]

Así, conforme con lo indicado en la opinión disidente, la sentencia de la Sala Constitucional N° 2326 del 2 de octubre de 2002, dispuso que el concepto moderno de cosa juzgada está dotado de un evidente contenido axiológico que procura la realización de la justicia a través de la tutela judicial efectiva y en tal sentido aseveró que, la cosa juzgada se erige como una consecuencia de la sentencia a partir de la cual la decisión contenida en ella, se hace irremovible, inmodificable e inquebrantable. En razón de ello, la cosa juzgada despliega un efecto positivo, en virtud del cual lo declarado por sentencia firme constituye verdad jurídica y un efecto negativo, que determina la imposibilidad de que se produzca un nuevo pronunciamiento sobre el tema.

De este modo, de acuerdo a lo anterior, la inmodificabilidad de las sentencias definitivamente firmes es un instrumento para asegurar la efectividad de la tutela judicial, ya que la protección judicial carecería de eficacia si se permitiera la ejecución de los fallos judiciales en términos diferentes a aquellos en que fueron proferidos y por ello, la eficacia de la cosa juzgada de la sentencia obliga a los órganos jurisdiccionales a acatar sus propias decisiones, debido a que éstos quedan vinculados por las declaraciones proferidas.

Ahora bien, agrega que el derecho a la ejecución de las sentencias definitivamente firmes en sus propios términos como contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, implica la identidad entre lo que se ejecuta y lo estatuido en el fallo, lo cual, es un efecto consustancial de la inmutabilidad de la cosa juzgada que impone la vinculatoriedad e inalterabilidad de la resoluciones judiciales firmes, debido a que la ejecución judicial no puede extenderse a asuntos que no hayan sido debatidos y decididos en el proceso, pues con ello se lesionarían los derechos de la parte al prescindirse del debate y contradicción inherentes al litigio.

Igualmente dejó establecido este antecedente jurisprudencial que, sí es cierto que el principio de inmutabilidad de la sentencia integra el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva y que no es un fin de sí mismo sino un instrumento para asegurar su eficacia en los términos en que ésta fue proferida, pues impide que las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza sean alteradas o modificadas al margen de los cauces legales; sin embargo, pese a la imposibilidad de modificar los términos de lo fallado en ejecución, durante este trámite pueden plantearse y resolverse problemas relativos a una ejecución fraudulenta o simulada del fallo judicial o a la denegación de la ejecución de manera arbitraria o irrazonable por omisión de deberes y cargas procesales ex lege en cabeza del órgano jurisdiccional, en la medida en que tales problemas impliquen un incumplimiento efectivo de lo sentenciado o devengan en la inejecutabilidad del fallo, pues al derecho a la ejecución de las sentencias le es aplicable el principio pro actione, en tanto tal derecho subjetivo debe ser entendido en el sentido más favorable y no con base a una interpretación restrictiva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

En orden a los razonamientos anteriores, la Sala Constitucional ha establecido que, incluso en el proceso de ejecución de una decisión, se debe entender que la ley expresamente permite la excepción a la inmutabilidad de la cosa juzgada que viene referida a la omisión de un deber procesal del juez vinculado a la propia ejecutabilidad de su sentencia y a la concretización de la tutela judicial efectiva debida ya al favorecido por el pronunciamiento, concluyendo que resultaría un flaco servicio a la justicia, que los fallos no pudieran ejecutarse cuando lo establecido en el dispositivo sufre transformaciones o se hace inaprensible.

De esta manera lo ha entendido y consagrado la Sala de Casación Social cuando con base en esta norma legal (Artículo 90 de la Ley Orgánica del Trabajo) concluyó que el recurrente no era un tercero, razón por la cual la sentencia podía ejecutarse en su contra, específicamente en decisión N° 259/2008 al dejar indicado que «a la luz de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuando un patrono es sustituido por otro, a éste le subsiste la responsabilidad del patrono anterior, entre otras cosas, por los juicios laborales pendientes, caso en el cual, podrán ejecutarse las sentencias definitivas contra el patrono sustituido o el patrono sustituto

Con base a todas estas consideraciones, concluyó el discrepante que tanto los patronos sustituidos, como el patrono sustituto, debían responder indistintamente con sus bienes, pues este último tenía su sede en el mismo establecimiento que las sociedades sustituidas, se dedicaba a la misma actividad comercial y operaba con el mismo personal.

4.- Otras Consideraciones.

De seguidas quedan expuestos los argumentos con los cuales se combaten los fundamentos de la cuestionada interpretación jurisprudencial que contrarían y hace nugatoria, no solo la letra de la ley, los principios, garantías y normas de raigambre constitucional sino que además desconce criterios expuestos por los mismos órganos jurisdiccionales que la propugnan.

Así, bajo el supuesto de renuencia del patrono sustituido de dar cumplimiento a la condena proferida, manifestada dicha negativa de manera expresa o en presencia de cualquier otro signo que denote la imposibilidad material de la concreción de la misma y ante la solicitud de que la ejecución se lleve a cabo contra el patrimonio del patrono sustituto, quien es deudor solidario del condenado, a tenor de la disposición contenida en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Trabajo o del artículo 68 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, según los casos ¿es procedente en justo derecho conceder tal petición? vale decir ¿se puede ejecutar esta sentencia indistintamente en el patrimonio del patrono sustituido o en el del nuevo patrono aun cuando este último no haya participado en el juicio?

Cabe resaltar la diafanidad con la cual fue redactada la norma comentada al consagrar que el patrono sustituido será solidariamente responsable con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de la ley o de los contratos, nacidas antes de la sustitución, hasta por el término de prescripción y que una vez concluido este plazo, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrono, salvo que existan juicios laborales anteriores, caso en el cual las sentencias definitivas podrán ejecutarse indistintamente contra el patrono sustituido o contra el patrono sustituto, quedando así tal situación libre de cualquier exégesis conforme con la máxima de que in claris cesa interpretatio, vale decir, lo que está claro no necesita ser interpretado.

Las interrogantes precedentemente formuladas, no tienen sino una sola respuesta: un rotundo y contundente sí. La precitada disposición sustantiva faculta la executio de las sentencias definitivas, indistintamente, tanto en la esfera patrimonial del patrono depuesto como en la del patrono sucesor a elección de quien ejecuta, esto como una consecuencia o reflejo de la solidaridad pasiva en que los coloca dicha norma, a la par de la aplicación de la legislación común cuando dispone que los deudores solidarios están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno pueda ser constreñido al pago por la totalidad, que la cancelación hecha por uno solo de ellos libera a los otros y también como una manifestación del cumplimiento del deber que tiene el Estado de servir de garante y protector de los derechos que constitucional y legalmente detentan los trabajadores.

De forma más retórica puede decirse que esta posibilidad de ejecutar la sentencia dictada en un juicio laboral intentado contra el patrono anterior en los bienes del nuevo patrono, no deviene solamente de la mera aplicación de la normativa sustantiva especial que así expresamente lo establece y la cual priva por ante cualquier consideración  que con referencia a la legislación procesal común pueda hacerse, sino que resulta también de razones que van  mucho más allá del cumplimiento del compromiso de garantizar la protección de los trabajadores en los términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la correcta aplicación de las leyes laborales, puesto que debe ser vista como derivado también de la aspiración de dar cumplimiento a la primigenia función encomendada de ofrecer una jurisdicción laboral autónoma y especializada a la cual no le está permitido perder de vista la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores, así como propugnar el carácter tutelar del derecho sustantivo y adjetivo del trabajo, empleando -siempre que hubiere duda acerca de la aplicación o la interpretación de una norma legal, en la apreciación de los hechos o de las pruebas o en caso de colisión entre varias normas aplicables al mismo asunto-, aquella más favorable al trabajador,  sino que también debe ser el resultado del análisis, interpretación y efectiva aplicación de los principios constitucionales laborales en especial y procesales en general.

Con el propósito de socavar la base de los dictámenes jurisprudenciales que desdicen del verdadero sentido de dar vigencia a los principios y demás normas laborales y para ofrecer una verdadera tutela judicial efectiva donde no se silencie u omita la aplicación de la norma especial que comporta una excepción al principio de los límites subjetivos de la cosa juzgada y al principio de inmutabilidad que le son connaturales, tal como están concebidos en el ámbito procesal común, que no en el ámbito procesal laboral cuando se verifica en la práctica una sustitución de patrono y por el contrario se le dé valor y plena vigencia al estatuto laboral, se hacen las siguientes elucubraciones:

Preliminarmente debe resaltarse que la  Sala Constitucional consideró en un caso que nada tenía que ver con sustitución de patrono[10] que la pretensión de ejecutar una sentencia en el patrimonio de una empresa que no fue demandada ni fue demostrada que formaba parte de un grupo económico con la condenada, configuraba un flagrante quebrantamiento del derecho a la defensa y al debido proceso de la accionante en amparo, sin embargo, tal conclusión ha venido siendo descontextualizada al aplicarse para resolver escenarios en supuestos de hecho distintos de los propuestos en las reales situaciones acontecidas y sometidas a decisión, es decir, emplear tal razonamiento o consecuencia jurídica basándose en una inexistente semejanza o ratio entre una hipótesis y otras.

Es censurable que, a pesar de no corresponder en dicha circunstancia el análisis de la figura de la sustitución de patrono, por no referirse tal supuesto a la situación fáctico jurídica sub iudice, la Sala motus proprio, sin ninguna razón ni apoyo normativo alguno que  lo justificase, sentenció lapidariamente además que, en caso de sustitución de patrono debe traerse a juicio al «sustituyente».

Con relación a la tesis de la Sala Constitucional contenida en el pronunciamiento Nº 979 del 26 de mayo de 2005, de que en cualquiera de los casos en que se pretenda la declaratoria de la existencia de un grupo económico o sustitución de patronos a los fines de hacer extensiva la responsabilidad del cumplimiento de determinada obligación, deben quedar identificados en autos quiénes conforman el nuevo patrono o grupo y sus características y que tal declaratoria se efectúe en la sentencia definitiva. A tal respecto, se reproducen las consideraciones anteriores y se pregunta, en el caso de un patrono sobrevenido en el curso de un procedimiento incoado contra el patrono anterior ¿cómo sería posible que el accionante proporcionara la identificación del nuevo patrono para que la «declaratoria se efectúe en la sentencia definitiva»? Es lógico pensar que si sus datos identificatorios se tienen al momento de interponer la demanda ésta sea propuesta en contra de ambos ¿o no?

No puede pasar desapercibido, que en esa oportunidad la Sala Constitucional con marcada solemnidad pseudo protectora y al margen de las más esenciales garantías procesales establecidas en la Carta Magna, que propugna entre los valores superiores  de su ordenamiento jurídico una justicia accesible, idónea, responsable y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, una tutela judicial efectiva, la concepción del proceso como un instrumento fundamental para la realización de la justicia, la obtención con prontitud de la decisión correspondiente y la ineludible obligación judicial de ejecutar o hacer ejecutar las sentencias, propuso al actor ejecutante, como una suerte de panacea, que intentara las acciones que a bien tuviere, para que mediante una pretensión autónoma, sustanciada conforme al procedimiento contenido en el artículo 123 y siguientes de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pudiera hacer valer los efectos de la sentencia definitivamente firme emanada del juicio incoado, frente aquellas empresas a quien en definitiva se declare que forman parte del grupo económico, dejando sentado que, este pronunciamiento debe girar en torno a si existe o no la unidad económica delatada, pues respecto a su pretensión de cobro de acreencia laboral, ya existe cosa juzgada y que a los efectos de la prescripción de las acciones personales del demandante respecto a las empresas que considere conforman el grupo económico conjuntamente con la demandada, se aplicará el lapso contenido en el artículo 1.977 del Código Civil.

¿Dónde queda el principio de proporcionar una tutela judicial efectiva y el derecho a obtener con prontitud la decisión correspondiente? ¿Tal solución es compatible con la garantía de una justicia breve, idónea, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles? ¿Queda así diluido el postulado de que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia y aquel de que las leyes procesales establecerán la simplificación y eficacia de los trámites procesales?

Cabe destacar igualmente otra parte de la doctrina contenida en el fallo precedentemente citado, cuando señala como fundamento de su declaratoria que conforme la sentencia de Transporte Saet, en la fase de ejecución de sentencia, no hay un proceso de cognición, por lo que tal situación de extensión de la misma a quien no ha sido demandado como miembro del grupo (sin mencionar el caso de sustitución patronal), no podría ocurrir, ya que el principio (salvo excepciones) es que el fallo debe señalar contra quién obrará y de omitir tal señalamiento la sentencia no podría ejecutarse contra quien no fue condenado.

La distorsión de este criterio ocurrió, al extender tal interpretación a premisas no contempladas o analizadas en la tesis que hasta ese momento se venía manejando, es decir, por haberlo aplicado a situaciones fácticas que no tienen ninguna semejanza o analogía con el supuesto de hecho interpretado y en segundo lugar, por establecer -excediendo sus funciones interpretativas- requisitos ultra legales, o sea, al instituir requerimientos o condiciones que no están establecidos legalmente y lo que es más intolerable aún, por derivar en una conclusión que propugna la falta de aplicación de la permisión o excepción concedida en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Trabajo de ejecutar las sentencias definitivas indistintamente contra el patrono sustituido o contra el patrono sustituto.

En este contexto se trae a colación la opinión que, con respecto a los límites de la labor interpretativa, habla Ramón Escovar León,[11] según la cual, la facultad interpretativa de la Sala Constitucional, a no dudar, debe limitarse a las normas y/o principios constitucionales y que en asuntos distintos se debe privilegiar la interpretación que haga la Sala afín a la materia y para exponerlo de manera gráfica señaló que debe concederse deferencia a la que formule la Sala en relación con las interpretaciones de reglas y principios orientadores del derecho laboral.[12]

La referida norma especial laboral no establece ninguna exigencia adicional a la extensión de solidaridad patronal -simple y sin condiciones- que hace nacer o legitima la posibilidad de ejecutar la sentencia indistintamente en el patrimonio de cualquiera de los dos regentes: en el del entrante o en el del saliente cuando está comprobada la sustitución patronal. ¿Es muy difícil entonces comprender que el Legislador laboral, haciendo gala de la especialidad y autonomía de esta rama del derecho, estableció como cierta y válida esta posibilidad que no está dada en materia de derecho procesal común? ¿Es que acaso no es fácil advertir que este dispositivo legal es uno de los más claros ejemplos que manifiestan el espíritu proteccionista, tutelar y especialísimo de esta jurisdicción en pro de los trabajadores que después de llevar por largo tiempo un proceso judicial ven amenazada o frustrada su posibilidad de hacer efectiva la condena recaída?

La posibilidad de solicitar la extensión de los efectos de la ejecución de un patrimonio patronal a otro viene dada precisamente por la existencia de una declaratoria favorable que tiene el trabajador accionante y vencedor en el proceso que no encuentra asiento dónde ejecutarse, cuando obviamente el nuevo patrono no fue citado, no actuó en el juicio ni fue condenado. No es incontrovertible la afirmación hecha en el cuestionado criterio de que la declaratoria de esta extensión del fallo en el patrono sucesor per se es violatoria del derecho a la defensa y del debido proceso de este último.

Debe resaltarse también que en tal proferimiento se reiteró la desacertada opinión expuesta por la Sala Constitucional en decisión N° 900/2009, de que la sentencia revisada incurrió en una deliberada violación de preceptos constitucionales, como el derecho a la defensa y el debido proceso, al extender los efectos de la ejecución forzosa, sin que en el transcurso del juicio hubiese sido citada o mencionada, sin que tal condenatoria se efectuara en la sentencia definitiva, utilizando el argumento de que dada la brevedad, una articulación probatoria, es insuficiente para garantizarle a las partes el ejercicio pleno de su derecho a la defensa donde puedan desarrollar en toda su extensión el contradictorio con sus excepciones respectivas y las pruebas que a bien tuvieran promover.

Las premisas del planteamiento empleado para denegar la solicitud de extensión de los efectos de una condenatoria en el patrimonio del nuevo patrono no resisten el más somero análisis por cuanto fácilmente se percibe la inaplicabilidad o desajuste de las mismas a situaciones sucedidas bajo el marco de la sustitución de patronos, tales como haber sido «citada» o «mencionada» en el transcurso del juicio o que «tal condenatoria se efectuara en la sentencia definitiva».

Para haber sido notificada, que no citada en la jurisdicción laboral, ha debido ser o bien accionada o bien llamada en tercería, razones por las cuales su condena devendría de manera directa, no in extremis a través de la forma solicitada y el último supuesto, por descontado, puesto que si fue condenada en la sentencia definitiva ¿qué sentido tendría pedir la extensión de la condenatoria a quien ya le fue impuesta esta sanción?

Para aniquilar el alegato de insuficiencia de una articulación probatoria por su brevedad, basta con utilizar el razonamiento que utilizó esa misma Sala cuando dejó establecido -con todas sus letras- todo lo contrario, es decir, que es posible ejecutar una sentencia definitivamente firme contra quien no ha sido parte en el juicio en el cual se ha dictado la misma ordenando la apertura de una incidencia en estado de ejecución[13] y donde con sus propias palabras y con el objeto de garantizar el pleno restablecimiento de la situación jurídica infringida y la supremacía de la norma constitucional, ordenó al juzgado de primer grado que conociera y decidiera, de acuerdo a lo previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil y conforme lo establecido en la incidencia en un caso de una supuesta sustitución de patrono ocurrida durante la fase de ejecución de la sentencia.[14]

Para demostrar la falsía de la declaratoria de que la «brevedad» de la articulación implica una insuficiencia para garantizarle a las partes el ejercicio pleno de su derecho a la defensa para que éstas puedan desarrollar en toda su extensión el contradictorio con sus excepciones respectivas y las pruebas que a bien tuvieran promover, basta invocar la doctrina de esta misma Sala Constitucional en un caso donde, de idéntica forma -aunque teniendo como plataforma otro escenario-  dejó claro que la alegación del fraude procesal pudiera ser tramitado, no sólo mediante el juicio ordinario, sino que también puede serlo mediante la incidencia a la que se refiere el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil e incluso con ocasión del trámite de la oposición de tercero u otra forma procesal que garantice el contradictorio.[15]

A este mismo respecto, la Sala Constitucional no sólo ha mantenido ese criterio, sino que paralelamente ha establecido la obligación que pesa sobre los jueces de velar porque el proceso cumpla con su finalidad primordial derivada del magno texto, que no es otra que la realización de la justicia y que el ejercicio de este deber puede ser consecuencia, en algunos casos, de una solicitud de parte, caso en el cual debe dar a los otros sujetos que tengan interés la posibilidad de que presenten sus alegatos y promuevan sus correspondientes medios probatorios, pues si bien es un principio constitucional que el proceso se mantenga dentro de la consecución de un fin lícito, también es cierto que las partes tienen el derecho de este mismo rango a que se entable un contradictorio, en el que puedan ofrecer sus alegatos sobre la situación jurídica con su correspondiente debate probatorio.

Esta misma Sala en la decisión N° 1787/2001 ratificó la teoría señalada precedentemente de que, sin lugar a dudas, el procedimiento incidental a que hace referencia el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, tiene por finalidad dilucidar cualquier asunto que en el transcurso del juicio se presente y carezca de un procedimiento determinado para su resolución, agregando sin embargo -en una interpretación sin ningún sostén- que, de lo que se deriva de la lectura de la referida norma, la misma, sólo tiene aplicación cuando se está en presencia de un incidente surgido en juicio, cuando entre las partes, (entendiendo por tales al actor y demandado) surge alguna inconformidad y estableciendo sin cortapisas, como derivado de ello, que la mencionada regla no puede servir de fundamento para llamar a un tercero ajeno al juicio en fase de ejecución de sentencia y emplazarlo para que al día siguiente conteste, so pena, de condenarlo en las mismas condiciones de la parte perdidosa, olvidando tomar en cuenta tal discernimiento, la excepción contenida en el analizado supuesto de hecho del artículo 90 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En este punto y como apoyo doctrinario, vale citar  la opinión que sobre esta incidencia tiene Emilio Calvo Baca, contenida en su Código de Procedimiento Civil, cuando señala que este procedimiento incidental supletorio, tiene por finalidad la sustanciación y decisión de todos aquellos asuntos que carecen de un procedimiento determinado y que el supuesto de la tercera hipótesis ‹por alguna necesidad del procedimiento›, se erige como una suerte de utilitis o comodín para resolver cualquier requerimiento procesal.

¿Después de todo lo anteriormente expuesto en el contexto planteado aun puede seguir sosteniéndose la violación al derecho a la defensa y al debido proceso?

La Sala Constitucional -invocando su propio precedente- dejó indicado en decisión N° 446 del 15 de mayo de 2014, entre otras cosas, que, la máxima encíclica consagra los derechos y garantías inherentes a las personas, entre ellos los derechos procesales, añadiendo que éstos aseguran el trámite de las causas conforme a ciertas reglas y principios que responden al valor de la seguridad jurídica, es decir, al saber a qué atenerse de cara a la manera en que se tramitan las causas, lo que la doctrina alemana y la española han llamado derecho a la tutela judicial efectiva, por medio de la cual se garantiza el debido proceso. En este mismo orden de ideas, el reseñado pronunciamiento reiteró que este último, se cumple cuando los órganos jurisdiccionales conocen, tramitan y ejecutan las sentencias en las causas y asuntos de su competencia a través de los procedimientos establecidos en las leyes procesales, englobando todas las garantías y derechos de los cuales las partes pueden hacer uso en el proceso, por lo que si, tomando en cuenta los más importantes principios y fundamentos constitucionales, se abre una articulación probatoria de acuerdo con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, en la cual se le dé oportunidad a los litigantes para promover y evacuar las pruebas que a bien tengan a fin de demostrar los hechos alegados por cada uno, garantizándose que todas las pruebas promovidas y evacuadas son objeto de control y contradicción por parte de su adversario, debe entenderse que el trámite realizado cumple con todos los elementos que la Sala Constitucional ha utilizado para definir el derecho señalado al principio de este párrafo.

Entonces cabría preguntarse nuevamente ¿puede seguir afirmándose que una articulación probatoria rodeada de todas las garantías procesales, dada su brevedad, es insuficiente para asegurarle a las partes el ejercicio pleno de su derecho a la defensa?

De manera complementaria debe indicarse que, esta misma Sala emitió pronunciamiento acerca del contenido y alcance de la articulación probatoria del artículo 607,[16] expresando que todo tipo de pruebas resultan admisibles para la comprobación de hechos y solución de incidencias que surjan en el marco de los procesos judiciales al no limitar dicha norma los medios a promoverse, por lo cual se entiende que en un sistema de libertad de medios, los ofrecibles, son tanto medios nominados como innominados y  en consecuencia, testigos, experticias, inspecciones judiciales, documentos y otros medios no prohibidos expresa o tácitamente para las incidencias, pueden proponerse en estas articulaciones, acentuando que además, el Código de Procedimiento Civil no dispone que las pruebas deban evacuarse obligatoriamente dentro de la articulación y que si dentro de ésta no se reciben, las que se insertaren luego resultaren extemporáneas. Si no existe tal distinción en la ley, el intérprete tampoco puede hacerlo.

Debe subrayarse que por su parte y más recientemente, la Sala Constitucional a través de la sentencia N° 523 del 25 de abril de 2012 (caso: Valores Abezur, C.A.), tuvo oportunidad de advertir sobre la pertinencia y oportunidad de la articulación probatoria in commento, cuando estableció que: «(…) el procedimiento incidental a que hace referencia el artículo trascrito, tiene por finalidad dilucidar cualquier asunto que en el transcurso del juicio se presente y carezca de un procedimiento determinado para su resolución, advirtiendo que lógicamente, es imposible efectuar un catálogo de las numerosas incidencias que se pudieran presentar en juicio, pero en aras de la seguridad jurídica, se previó la manera de sustanciarlas».

Sostuvo también este fallo en su motivación que, al no evidenciarse ningún supuesto que hiciera procedente la declaratoria de solidaridad patronal, que al no haber sido la accionante en amparo demandada, citada, hecha intervenir o identificada en el juicio antes de dictarse la sentencia de fondo y, por ende, no aparecer incluida en la sentencia, no podía condenársele por separado en violación del artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, disposición que prohíbe a los jueces volver a decidir la controversia ya decidida por una sentencia anterior.

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone el mismo texto de la norma de derecho procesal común antes citada, al consagrar en su artículo 57 que «[n]ingún juez podrá volver a decidir sobre la controversia ya decidida por una sentencia, a menos que haya recurso contra ella o que la ley expresamente lo permita», es decir, claramente establece, en lo que en este punto interesa, que el principio de inmutabilidad de la res iudicata imperante en el derecho procesal general  común y en el derecho procesal laboral, claramente admite sus excepciones.

Debe tenerse muy en cuenta también que para asegurar la efectividad de la tutela judicial, la Sala Constitucional ha reconocido en reiterados pronunciamientos la posibilidad de modificar en la fase de ejecución, los términos de lo fallado, vale decir, ha admitido la excepción a la inmutabilidad de la cosa juzgada. De esta forma, después de señalar que, el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, establece el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada, admite que el mismo contempla las siguientes excepciones: que haya recurso contra la decisión que decidió la controversia o cuando la ley expresamente lo permita.[17]

Prosigue explicando que, si bien es cierto que el principio de inmutabilidad de la sentencia integra el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva e impide que las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza sean alteradas o modificadas al margen de los cauces legales, no obsta para que pese a esta imposibilidad general de modificar los términos de lo fallado, en la etapa de ejecución puedan plantearse y resolverse problemas relativos a una ejecución fraudulenta o simulada del fallo judicial o a la denegación de la ejecución de manera arbitraria o irrazonable por omisión de deberes y cargas procesales ex lege en cabeza del órgano jurisdiccional, en la medida en que tales problemas impliquen un incumplimiento efectivo de lo sentenciado o devengan en la inejecutabilidad del fallo.

Es por ello que la Sala Constitucional ha entendido que, en el proceso de ejecución de una decisión sobre la cual ha recaído cosa juzgada, la ley expresamente permite la excepción a la inmutabilidad de la cosa juzgada en casos cuando ya que no se trata de la simple omisión de solicitud oportuna de una aclaratoria a la sentencia por alguna de las partes, sino que viene referido a la omisión de un deber procesal del juez vinculado a la propia ejecutabilidad de su sentencia y a la concretización de la tutela judicial efectiva debida y al favorecido por el pronunciamiento judicial.

La prueba de la legitimidad de tal solución es palpable, al establecerse la posibilidad, en el caso de la falta de determinación en la sentencia condenatoria de los perjuicios probados y los diversos puntos que deben servir de base a los expertos y cuyo cumplimiento resulta exigible dentro de un proceso de ejecución de sentencia, siempre y cuando no implique para el órgano jurisdiccional correspondiente el apartarse de los términos en que ha sido proferido el fallo.

En refuerzo de tal potestad, debe tenerse en cuenta que, en la fase de ejecución igualmente se permite que se estime el valor de la cosa mueble ordenada por la sentencia, si ésta no pudo ser habida (artículo 528 del Código de Procedimiento Civil), estableciendo expresamente esta doctrina jurisprudencial que esta norma del código procesal adjetivo civil, conjuntamente con los artículos 529 y 530 del mismo instrumento legal, permiten que el dispositivo del fallo pueda ser reformado parcialmente con miras a la ejecución, lo que en la actualidad es congruente con la garantía de la justicia efectiva a que se refiere el artículo 26 de la Constitución.

Paralelamente, como una cuestión notoria, pero muy vinculada con lo anterior, se afirma que la generalidad de las situaciones controvertidas en materia de ejecución de sentencia se presentan al momento de practicar el embargo ejecutivo, cuando éste recae o se practica sobre bienes pertenecientes a personas diferentes al ejecutado o en situaciones en las cuales éste pretende simular o pretende que se avizore así la situación.

Conforme lo prevé el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión de los artículos 11 y 183 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, si al practicar el embargo, o después de practicado y hasta el día siguiente a la publicación del cartel de remate, se presentare algún tercero que alega ser el tenedor legítimo de la cosa, el juez, aunque actúe por comisión, en el mismo acto, suspenderá el embargo si aquella se encontrare verdaderamente en su poder y presentare el opositor prueba fehaciente de la propiedad de la cosa por un acto jurídico válido pero si el ejecutante o el ejecutado se opusieren a su vez a la pretensión del tercero, con otra prueba fehaciente, el juez no suspenderá el embargo y abrirá una articulación probatoria de ocho días sobre a quién debe ser atribuida la tenencia, decidiendo al noveno, sin conceder término de distancia. El juez en su sentencia revocará el embargo si el tercero prueba su propiedad sobre la cosa, caso contrario, lo confirmará.

Es imperativo entonces resaltar que, a través de este procedimiento surge una declaratoria judicial sobre la propiedad de los bienes objeto de la medida ejecutiva de embargo sobre los cuales se planteó una oposición que podría arrojar, como en efecto sucede en la mayoría de los casos, una luz que permite esclarecer y decidir sobre el cambio patronal invocado, que eventualmente pudiera estar enfrentado con lo alegado por el opositor.

En tales situaciones, no hay obstáculo para hacer un ejercicio de interpretación extensiva y llegar a la misma conclusión con respecto a la idoneidad de la articulación probatoria del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil para el caso sub analisis.

Para finalizar puede afirmarse entonces perfectamente y sin ningún tipo de objeción, la viabilidad de extender los efectos de la condena de una sentencia definitiva en el patrimonio o bienes del nuevo patrono, deviene de la solidaridad con la cual está investida la sustitución de patrono, es absolutamente legal y jurídicamente posible y no colisiona con el derecho a la defensa, el debido proceso ni con la inmutabilidad de la cosa juzgada de éste. Entonces ¿Se justifica mantener el criterio contrario que atenta o transgrede el principio proteccionista del cual está investido la jurisdicción laboral? (más…)

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El planteamiento contenido en esta propuesta surge con ocasión de la inquietud transmitida por algunos jueces laborales con ocasión de las reiteradas dilaciones procesales originadas por la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual les conmina a observar los privilegios y prerrogativas procesales contenidos en leyes especiales, en aquellos juicios donde se encuentren involucrados los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, prebendas éstas, que no en pocas ocasiones son extendidas a otros entes, conforme a otras previsiones legales o derivadas del empleo de ciertos criterios interpretativos jurisprudenciales.

Entre esta fuente normativa de concesión de privilegios y prerrogativas procesales, cabe resaltar, con especial mención, al Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual contempla o regula la intervención judicial de la República, bien como parte o bien como un tercero, estableciendo como una de estas dispensas dignas  de destacar, las múltiples notificaciones y las correspondientes suspensiones de la causa, originadas con motivo de la admisión de la demanda, o cuando se propone cualquier oposición o excepción, o cuando se dicta cualquier providencia, sentencia o se hace alguna solicitud de cualquier naturaleza que directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales de ésta, o cuando se decrete de la ejecución de las sentencias.

Paralelamente debe considerarse que, conforme a la letra del artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, hecha la notificación para la audiencia preliminar, las partes quedan a derecho y no habrá necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del proceso, salvo los casos expresamente señalados en esa Ley.

Ante tal perspectiva, en las subsiguientes líneas se hace un planteamiento que, de buenas a primeras y exento de cualquier análisis, pareciera ser una herejía, pero que sin lugar a dudas, después de un detenido examen, diseña una solución a la propuesta inicial de igualar o uniformar la aplicación del principio de notificación única establecido en la ley adjetiva laboral a todas las partes intervinientes, aun cuando éstas gocen de los premencionados privilegios o prerrogativas procesales. Esta interpretación, esbozada en forma tan ramplona pareciera contrariar o estar abiertamente enfrentada con las disposiciones del referido Decreto Ley que consagran tales supuestos, sin embargo, con fundamento en los posteriores razonamientos, tal impresión queda enteramente desvirtuada.

La aparente colisión normativa, entre la obligación de notificar y suspender la causa, en los casos establecidos en los artículos 86 y 87, 96, 97 y 99 del referido Decreto-Ley y el principio de notificación única, debe ser observada y analizada desde la perspectiva constitucional del derecho de igualdad y concatenada con la principialística que rige en el proceso laboral, lo cual hace ver que los jurisdicentes del trabajo se encuentran entre dos contendores fuertemente blindados.

Para resolver ello antes que todo, éstos deben entender o interpretar como premisa que, el principio de notificación única deberá ser igualmente aplicado a cualquier interviniente voluntario o forzoso en el juicio, aun cuando goce de privilegios y prerrogativas procesales.

Tal afirmación sin lugar a dudas, origina una serie de conjeturas en contra de esta moción, no obstante, para rebatir cualquier cuestionamiento, basta con plantear que ambos cuerpos legales (Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República) en nuestra legislación positiva comparten el mismo escaño en jerarquía normativa, vale decir, una y otra poseen carácter orgánico, por lo que cualquiera pretendida objeción apoyada en este respecto se desvanece. Ello queda reforzarlo además, invocando y empleando el principio hermenéutico propio de nuestra legislación laboral de que en caso de conflicto de leyes prevalecerán las del trabajo, sustantivas o de procedimiento.

No pasa inadvertida a este examen, la sacrosanticidad con la cual han sido tratadas por parte de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Social las normas del multicitado Decreto Ley y el obcecado afán de darle estricto cumplimiento a las infecundas y por demás prescindibles formalidades concebidas para tales notificaciones y sus correspondientes suspensiones, conllevando tal proceder a la prolongación innecesaria de las fases procesales y muchas veces a la cesación de la estadía a derecho de las partes, situación que nos lleva a recordar el título de uno de los inolvidables temas de un afamado  grupo británico denominado «un largo y tortuoso camino»; ello sin mencionar el perjuicio que representa la declaratoria de reposición de la causa por tales motivos, el reinicio de todo el trámite procesal, para que la mayoría de las veces, por desidia o por no ser parte directamente afectada la República sus representantes no se hagan presentes.

Son rutinarias estas últimas inescrupulosas situaciones, ello derivado quizás de la inexistencia, inutilidad u obsolescencia de las sanciones legales a ser aplicadas a los mandatarios representantes de la nación por tan reprochables conductas, empleándose como justificante de tales notificaciones y suspensiones de la causa, el paradójico y altisonante alegato de que «su incumplimiento atenta contra el orden público y el debido proceso», olvidando -como ya se dejó expresado precedentemente- que a tenor de la legislación sustantiva laboral, las normas que rigen a esta especialísima rama del derecho poseen este mismo carácter, todo ello, sin hacer mención de la inminente esencia proteccionista y social de las que están impregnadas estas últimas.

Con el primordial objetivo de ponderar o mesurar la marcada desigualdad que existe entre el trabajador que acude ante los órganos jurisdiccionales a pedir se le satisfaga su pretensión de cobrar sus acreencias laborales, a solicitar su derecho constitucional a la estabilidad o a que se le indemnice por haber contraído una enfermedad profesional o haber sufrido algún accidente ocupacional frente al Estado patrono, poderoso, omnipotente, debe el juez del trabajo armonizar con sensatez, inteligencia y justicia la situación que le es planteada para su solución, sopesando todo ello y aplicando de forma concordada los principios rectores de la legislación laboral.

De tal forma que la experiencia comprueba que el propósito concebido para la realización o práctica de tales notificaciones a la Procuraduría General de la República (de calibrar la conveniencia o necesidad de intervenir o no en los juicios) no producen el desideratum perseguido por el Legislador, sino que se ha convertido en lo que en el argot popular se denomina «un saludo a la bandera», generador de atrasos, dispendios y dilaciones procesales.

Ello indudablemente representa la mayoría de las veces, por no decir todas, una injustificada e inútil prolongación del tiempo que debe durar un proceso, puesto que los personeros designados por la República, deberían por lo menos informar al Tribunal si van a intervenir o no en el mismo. Así se consumen lapsos que influyen, no solamente en las dilaciones antes aludidas, sino que se traducen al final en perjuicio para la Nación demandada por cuanto se prolonga el periodo a considerar para el cálculo de los intereses moratorios y de la corrección monetaria.

Es inaceptable desde todo punto de vista que estas notificaciones y sus correspondientes suspensiones, sigan siendo el motivo de retrasos injustificados, en franco perjuicio del carácter de exigibilidad inmediata que tienen el salario y las prestaciones sociales y de la garantía de estabilidad ofrecida constitucionalmente, amén de que como excepción al principio de igualdad, se han convertido en origen de abusos y menoscabos de los derechos de los trabajadores accionantes. Vale decir que irónicamente, disposiciones que emanan de cuerpos legales, obstruyen y hacen nugatorios los derechos constitucionales antes aludidos, por lo cual tales privilegios y prerrogativas deben ser atemperadas, teniendo en cuenta que en ningún caso éstas pueden anular o sobrepasar las que devienen de la condición de trabajador, de débil jurídico de esa relación.

Expuestas estas consideraciones y haciendo referencia a la interpretación aquí expresada, es importante dejar claramente sentado que su intención está dirigida a hacer ver la necesidad de aplicar dentro del proceso laboral una única notificación a quienes gozan de privilegios y prerrogativas procesales, vale decir, que notificados como fueren de la interposición de la demanda en contra de los aludidos entes para la celebración de la audiencia preliminar, no haya necesidad de notificarlos posteriormente, salvo en los casos que así lo prevea la ley o cuando se produzca la pérdida de la estadía a derecho, debiendo entenderse igualmente que se hace innecesaria la suspensión del proceso en tales situaciones y desaplicando las insoslayables causales de reposición a este respecto cuando se observen irregularidades o defectos en la práctica de las notificaciones posteriores a la primera, dejando la declaratoria de su procedencia a la discrecionalidad judicial.

De manera complementaria debe indicarse la orientación sostenida en el voto concurrente de la Mag. Carmen Zuleta de Merchán contenido en la decisión de la Sala Constitucional Nº 1331 del 17 de diciembre de 2010, donde ésta objetó no haber empleado en esa oportunidad, la tendencia seguida por ese alto órgano jurisdiccional relacionado con las propias peculiaridades de lo debatido de que en casos laborales, ni siquiera a la República se le ha avalado asirse de sus prerrogativas procesales, allanándose la condición de este ente público en el juicio y quedando entonces sometido a la misma regla de notificación que impera para el común de las partes en el juicio laboral, recogida en el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo e invocó como precedente de tal conclusión, el pronunciamiento hecho por esa misma Sala en decisión N° 1116  de fecha 16 de noviembre de 2010, en la cual le correspondió a ella la ponencia.

Esta interpretación, en sintonía con la más avanzada concepción constitucionalista del trabajo como hecho social que requiere protección estatal, cuestiona la extensión de las prerrogativas y privilegios procesales de los entes públicos al proceso laboral, pues entran en conflicto dos conceptos constitucionales: el interés público, cuya protección ha sido encomendada a la Administración y la tendencia de la jurisprudencia de la Sala Constitucional de tutelar al trabajador como débil económico.

Forma parte también del bagaje argumental de esta doctrina jurisprudencial el hecho que, en efecto, cada vez son más los casos en juicios de naturaleza laboral donde se encuentren involucrados intereses patrimoniales de la República, ante lo cual la Sala Constitucional ha hecho la advertencia de que estos derechos, por ser de talante socio-laboral, gozan de un especial reconocimiento en el máximo texto jurídico, lo que ha conducido a entender que las prerrogativas y privilegios derivan en herramientas procesales que desmejoran las condiciones jurídicas del trabajador.

Cabe destacar, con respecto a la notificación de la Procuraduría General de la República y la sucedánea suspensión de la causa, que en el fallo de la Sala Constitucional N° 2849 del 9 de diciembre de 2004, se señaló que en virtud de la particularidad del proceso laboral la notificación obliga a este órgano a ser más diligente y dar preferencia a su intervención o no en este tipo de proceso, pues su rápida actuación en tal sentido haría cesar la suspensión que ordene el juez y por ende promovería la respectiva consecución del proceso.

En similar sentido se pronunció esa misma Sala en la decisión N° 3524  del 14 de noviembre de 2005, con ponencia de la antes mencionada magistrada, cuando consideró que permitir a la Sala de Casación Social que aplique, en detrimento de un trabajador que exige la tutela su derecho constitucional al trabajo o el pago de sus «prestaciones sociales», el uso desleal de las prerrogativas procesales es hacer que la Sala Constitucional participe de una irregularidad tan grave que raya en el abuso de derecho -recalcando con un enfoque realmente protector y cónsono con los postulados constitucionales- que cuando tal exceso se verifica en una causa de esta especial naturaleza, los entes públicos no pueden asirse de las prerrogativas procesales.

 Para complementar este análisis, se evoca nuevamente la decisión  N° 1116/2010, en la cual se dejó indicado que, producto de la evolución de la jurisprudencia de esa Sala, las prerrogativas procesales de la República en los juicios laborales -sin desconocer el carácter de orden público de las normas que las estipulan- se han limitando a aspectos cada vez más específicos, como corresponde en la interpretación de cualquier regla que flexibilice el derecho a la igualdad, y concluye contundentemente que en los procesos laborales no hay cabida para las prerrogativas procesales de ningún ente público y que, lo contrario sería hacer una mixtura de regímenes distintos: laboral y contencioso administrativo, en cuya vertiente funcionarial, signada por un régimen estatutario, la querella funcionarial dista en mucho del sistema oral implementado por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que aplicar al proceso laboral las prerrogativas procesales de los entes públicos desemboca en una actuación judicial en perjuicio del trabajador, que no deja de ser el débil económico por el hecho de que su patrono sea un ente público.

Tal exégesis está consustanciada con los principales postulados ideológicos garantistas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y debe ser el patrón a ser aplicado por los jueces laborales en tales situaciones al proporcionarles la plataforma necesaria a la propuesta de aplicar el principio de notificación única a todas las partes en un juicio laboral, incluso a aquellos entes que gozan de privilegios o prerrogativas procesales.

 

LA  DUDOSA VIGENCIA DE LA FIGURA DEL MANDATO O PODER.

Desde hace ya cierto tiempo los organismos del estado y empresas privadas se han volcado a la tarea de minimizar la validez, relevancia y eficacia de los mandatos judiciales y extrajudiciales que son debidamente otorgados por personas naturales y jurídicas, no obstante permanecer vigentes en toda la normativa -adjetiva y sustantiva- legal venezolana. Sorprenden, por ejemplo, las siguientes situaciones: 1)-Juez Laboral: Argumentando que no puede entregar un cheque sin la presencia del trabajador en la Audiencia, a pesar de la facultad expresa para recibir cheques.  2)-Entidad Bancaria: Afirmando que no  puede pagar un cheque porque no está presente la persona que otorgó el poder, siendo que el poder otorga facultad para cobrar cheques. 3)S.S.O.: Exigiendo trámite adicional ante la Caja Regional para que expida una Autorización como “apoderado”, para cobrar determinada pensión, no obstante que el mandato faculta al mandatario para retirar o cobrar la misma. 4)-Juez Penal: Solicitando  el traslado del detenido para que  designe defensor, independientemente que el artículo 139 del COPPP establezca que dicho nombramiento puede hacerse por cualquier vía (poder). 5)-Registro: Impidiendo el registro de un Acta porque el poder que se presente es General, de Administración y Disposición. Y ante tales situaciones cabe preguntar: ¿Cuál ha sido nuestra actitud al respecto? Exigir nuestro derecho con base a nuestros conocimientos y con fundamento en la ley, o simplemente dar media vuelta y hacer lo que de manera arbitraria, ilegal e irresponsable se nos pretende imponer. No se mientan. Se de muchos colegas que les encanta el camino fácil (¡ya vengo entonces…oyó amiguito…¿le traigo algo cuándo vueeelva, si?!)Pues bien, es hora de que defendamos la figura jurídica del mandato, cuyos únicos elementos de existencia y validez son: Consentimiento, Capacidad y Objeto. La ley determina las características del mandato, las responsabilidades del mandante y del mandatario, los efectos de éste frente a terceros, así como determina una protección especial para el mandatario y la forma de extinción del mandato. El Notario da fe de que se ha otorgado el mandato en su presencia. Luego, una vez autenticado el mismo, no puede seguir siendo constantemente escudriñado de fondo por toda persona que se crea con potestad para ello, a excepción de los jueces que tienen la facultad para someterlo a análisis jurídico, pero también tienen la inexorable obligación de respetar y cumplir su contenido, una vez verificada su autenticidad y rigidez legal. (más…)

1.- Planteamiento.

La hipótesis aquí considerada está referida a la situación que se suscita cuando el juez que conoce en apelación o en consulta la sentencia de primer grado, o cuando, en virtud del recurso de casación o el recurso de control de la legalidad, los integrantes de la Sala de Casación Social debe decidir el fondo controvertido, se enfrentan al dilema de darle aplicación preferente al principio procesal conocido como la non reformatio in peius por sobre el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales.

¿Existe en estos casos un conflicto entre la norma procesal y la norma sustantiva? ¿A cuál debe dársele preminencia? ¿Cuál es la interpretación que han venido haciendo la Sala Constitucional y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en estos casos?

Con este propósito se formula aquí una interpretación bajo una perspectiva donde predomina la aplicación de la suprema norma, es decir, a través de un enfoque armonizado entre la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la concepción de éste último, como instrumento fundamental para la realización de la justicia y los principios rectores del derecho del trabajo en el ordenamiento jurídico venezolano, ofreciendo una visión más apegada a los postulados propuestos y más acorde con la normativa protectora que caracteriza esta especial rama del derecho a quienes día a día les corresponde resolver los conflictos intersubjetivos judiciales planteados en el fuero laboral.

En tal sentido debe señalarse que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en decisión N° 4674 del 14 de diciembre de 2005, impuso como directriz vinculante, ajustar el proceso de interpretación de las normas legales al magno texto, agregando que, de este modo, la interpretación conforme a la Constitución es un principio o máxima hermenéutica, es un imperativo jurídico constitucional para todos los aplicadores del Derecho que entraña la seguridad de que no prevalecerá la exigencia de formalismos para alcanzar la realización de la justicia; que ella se logrará sin que el ordenamiento jurídico, de una manera incongruente y contradictoria impida su consecución.

Para ello es imprescindible, sin duda,  hacer alusión a las previsiones de nuestro egregio texto jurídico y a la normativa legal fundamental que orientan el marco procesal laboral, sin olvidar resaltar o subrayar la naturaleza jurídica de las mismas.

2.- Marco Jurídico.

En lo que a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se refiere, cabe mencionar que entre los principales principios en ella consagrados que tutelan los derechos de los trabajadores descollan el de  irrenunciabilidad, de intangibilidad y de progresividad de los beneficios laborales, la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias y la interpretación y aplicación de la norma más favorable.

En lo que a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo respecta, ésta impone en sus disposiciones generales, como su principal cometido el de garantizar la protección de los trabajadores en los términos previstos en la encíclica política fundamental y en las demás leyes, así como el funcionamiento, para trabajadores y empleadores, de una jurisdicción laboral autónoma, imparcial y especializada.

Consagra también este compendio legal que, en el desempeño de sus funciones, el juez debe tener por norte de sus actos la verdad, teniendo la insoslayable obligación de inquirirla o procurarla, por todos los medios a su alcance y a no perder de vista la irrenunciabilidad de derechos y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores, así como garantizar o darle pleno cumplimiento al carácter tutelar de las mismas, motivo por el cual, deben intervenir en forma activa en el proceso, dándole el impulso y la dirección adecuada, en conformidad con la naturaleza especial de los derechos protegidos.

3.- Disposiciones de Orden Público.

Un aspecto de trascendental importancia que debe destacarse es el carácter de orden público de que están revestidas las normas de carácter procesal, esencia que comparten las disposiciones sustantivas de naturaleza laboral. En tal sentido, es preciso hacer algunas indicaciones de procedencia jurisprudencial que han determinado el alcance concedido por el Legislador a tales preceptos.

En lo que respecta al carácter de orden público que revisten las normas procesales debe reseñarse que éste ha sido hartamente reconocido en reiterados y pacíficos pronunciamientos.[1] En lo que a la naturaleza de orden público de las leyes sustantivas laborales concierne, la Sala Constitucional en decisión N° 1848, de fecha 1 de febrero de 2011, después de hacer referencia al artículo 89.2 de nuestra Carta Magna dejó establecido que «…las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo son de orden público (ex artículo 10) y establecen un conjunto de derechos de los trabajadores que son irrenunciables y que constituyen un cimiento jurídico inexpugnable, pues, por debajo de esos derechos, no es válido ningún acuerdo entre trabajadores y patronos que implique la inderogabilidad de tales preceptos» dejando aclarado que «el carácter tuitivo de la ley atiende a la débil naturaleza económica del trabajador» y expresando que «de no ser así, el patrono podría controlarlo fácilmente, mediante la imposición de su voluntad en la constitución de las condiciones de la relación laboral».

A este mismo respecto, cabe señalar que la preceptiva hoy vigente, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, va mucho más allá y consagra en su artículo 2 que sus normas y las que se deriven de ella, son de orden público y de aplicación imperativa, obligatoria e inmediata.

Con relación al principio de la non reformatio in peius debe señalarse que la Sala Constitucional en precedente signado con el Nº 2133 de fecha 6 de agosto de 2003, reconoció su naturaleza de orden público, por entender que se encuentra concatenado con el derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso, destacando igualmente que en efecto, con la reforma de la sentencia en beneficio de quien no apeló y en perjuicio del único que lo hizo, se concede una ventaja indebida a una de las partes y se rompe con el equilibrio procesal, lo cual apareja indefensión ya que ésta no sólo se produce cuando el juez priva o limita a alguna de las partes de los medios o recursos que le concede la ley, sino, también, cuando el juez altera el equilibrio procesal mediante la concesión de ventajas a un litigante, en perjuicio de su contrario.[2]

Conforme con el razonamiento marcadamente civilista hecho por la Sala de Casación Social en decisión N° 886 de fecha 17 de julio de 2014, el artículo 288 del Código de Procedimiento Civil consagra lo que la doctrina ha denominado la prohibición de non reformatio in peius o proscripción de reformar en perjuicio del único recurrente, según la cual no le está permitido al juez de alzada modificar la sentencia impugnada en perjuicio del apelante cuando la otra parte no ha apelado o no se ha adherido a la apelación y que tal como ha sido sostenido en reiteradas oportunidades, la configuración de este vicio se soporta en la vulneración del principio contenido en el aforismo tantum apellatum quantum devolutum  que no es otro, que el deber que tienen los sentenciadores de alzada de ceñirse estrictamente al fuero de conocimiento atribuido en razón del recurso de apelación ejercido, de modo que las facultades o potestades cognoscitivas del juzgador quedan absolutamente circunscritas al gravamen denunciado, en otras palabras, es el impedimento que tiene el juez superior de empeorar la situación de quien ha apelado cuando no medie recurso alguno de su contraparte.

Por su lado, la Sala Constitucional en pronunciamiento N° 884 del 18 de mayo de 2005, definió este principio citando para ello la opinión de Jesús González Pérez, al indicar que éste consiste en la «prohibición de que el órgano ad quem exceda los límites en que está formulado el recurso acordando una agravación de la sentencia».[3]

En lo que al presente análisis concierne y en atención a la conexión conceptual, debe señalarse que esa misma Sala en sentencia N° 877 de fecha 5 de mayo de 2006 reiteró que el orden público está integrado por todas aquellas normas de interés público, que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y en las cuales el interés general de la sociedad y del Estado supedita el interés particular, para la protección de ciertas instituciones que tienen elevada importancia para el mantenimiento de la seguridad jurídica. Ello, sin dejar de advertir que, a estos propósitos es imprescindible tener en cuenta que si este concepto tiende a hacer triunfar el interés general frente al particular del individuo, para asegurar la vigencia y finalidad de determinadas instituciones de rango eminente, nada que pueda hacer o dejar de hacer un particular y aun una autoridad, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe aquel interés.

Enfatizó además este pronunciamiento judicial, la importancia de destacar que los principios que informan el Derecho del Trabajo, entre los que se encuentra el principio de irrenunciabilidad de las normas que beneficien al trabajador, son directrices dirigidas al juez para asegurar la consecución de su objeto propio y evitar así que se trastoque la intención del Legislador en perjuicio de los trabajadores, razón por la cual concluye enfáticamente que, carecen de validez las estipulaciones mediante las cuales el trabajador admite prestar servicio en condiciones menos favorables a las establecidas en la normativa vigente, por mandato constitucional o las actuaciones particulares o judiciales que conduzcan a hacer nugatorios tales postulados.

4.- ¿Conflicto Normativo?

Contextualizada esta hipótesis, surge así entonces, la interrogante ¿debe el juez laboral que conoce en alzada o la Sala de Casación Social que resuelve un recurso de casación o de control de la legalidad, dar preferencia al empleo del principio procesal de la non reformatio in peius y dejar de aplicar u omitir cánones rectores de la legislación laboral contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? En otras palabras ¿puede el jurisdicente revisor, en los casos en que así sea procedente, dejar de condenar conceptos mínimos, y por ende, irrenunciables, so pretexto de no incurrir en la reforma en perjuicio del único recurrente?

Preliminarmente deben analizarse algunos pronunciamientos jurisprudenciales que coadyuven a vislumbrar el sendero que conduzca a una adecuada solución a este controvertido.

Para ello, resulta pertinente reproducir parcialmente la doctrina contenida en la decisión de la Sala Constitucional N° 651 de fecha 30 de mayo de 2013, la cual dejó establecido que si entre el derecho procesal y el derecho material existe una relación de medio a fin, en cuya virtud la jurisdicción y, por ende, el proceso judicial desempeña esa función de servicio consistente en ser el instrumento del que se vale el Estado, por la mano del juez, para que el derecho sustantivo se realice, está claro que es el proceso el que siempre debe adecuarse en su estructura, desenvolvimiento y eficacia a los diversos tipos de relaciones (y por tanto de normas) sustanciales a actuar y nunca el derecho material o de fondo el que pueda sacrificarse por interpretaciones excesivas o voluntariosas del rito procesal.

Vale reproducir aquí parte de la motivación del voto salvado en el pronunciamiento hecho por la Sala de Casación Social N° 1239 de fecha 6 de diciembre de 2013, cuando insiste, entre otras cosas, en que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia y que, en un Estado Social de Derecho y de Justicia, la interpretación que debe darse a las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea el vehículo apropiado para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el texto constitucional instaura.

 De igual forma, este precedente dejó establecido que, se erige como un compromiso inmanente de los impartidores de justicia, sobre todo en el ámbito jurisdiccional laboral que tiene como función primordial la protección del trabajo como hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores, creadores de la riqueza producida y sujetos protagónicos del Estado concebido y programado en los términos antes expuestos, que al resolver las controversias que se susciten dentro de este escenario realicen una interpretación progresiva y armónica de las disposiciones legales guiada por los postulados constitucionales, con preponderancia del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, en sincronía con la garantía de que la decisión esté ajustada a derecho y que pueda ejecutarse.

5.- ¿Absolutismo del Principio de la Non Reformatio in Peius?

A propósito de esta interrogante, es pertinente citar el pronunciamiento hecho por la Sala Constitucional contenido en la sentencia Nº 528 del 13 de marzo de 2003, donde se dejó sentado que la prohibición de reformar en perjuicio, es catalogada como un principio de derecho procesal, dirigido a crear un ambiente de seguridad jurídica en cabeza de la parte apelante, quien al saber que la contraparte no se ha adherido a la apelación, puede contar con que, el peor supuesto al cual se sometería en la alzada, sería que le confirmaran el fallo apelado, en todas y cada una de sus partes, no obteniendo ningún perjuicio adicional por el hecho de haber intentado el recurso, salvo, la condenatoria en costas de la respectiva instancia, destacando que cuando se trata de normas de orden público, la conducta de los litigantes no vincula al juez y que por consiguiente, el principio no sería de aplicación absoluta.[4]

A manera de precedente referencial, debe resaltarse la doctrina proferida por la Sala Constitucional en la sentencia N° 1266 del 2 de octubre de 2013, que reiterando pronunciamientos anteriores, reconoce el carácter de orden público del principio de la non reformatio in peius, dejando bien claro que, el alcance del referido principio no es uniforme en los diversos regímenes estatutarios que regula el derecho procesal.[5]

Con relación a ello, debe indicarse también que es producto de esta exégesis, el reconocimiento o declaratoria de que el juez contencioso administrativo, no puede verse atado -en los términos del proceso civil- a la estricta observancia de lo que se argumenta en el escrito de fundamentación de la apelación, pues siendo como es la jurisdicción contencioso administrativa garante de la legalidad de la actividad administrativa -razón que abona los poderes inquisitivos de los que goza-, también la segunda instancia ostenta facultades de conocimiento completo del asunto, no sólo por la circunstancia de que la apelación haya sido oída en ambos efectos, sino porque tiene poder de revisión de la conformidad a derecho de la Administración, con lo cual no resulta aplicable el principio de la non reformatio in peius.

Concatenado con lo anterior y a los fines de proporcionar un espectro de mayor amplitud, es importante dejar expuesta también la conclusión hecha por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia según la cual, el principio de la non reformatio in peius no tiene carácter absoluto, vale decir, es inaplicable cuando se encuentre involucrado el orden público, es decir, aquellas situaciones en las cuales nada  que pueda hacer o dejar de hacer un particular, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe el interés general, estando legalmente facultado el ad quem para corregir tal vicio aún cuando no se haya ejercido el recurso ordinario de apelación.[6]

6.- Consideraciones Finales.

En criterio de quien suscribe, debe adoptarse una posición atemperada conforme a las circunstancias y concluir que, asumir que el principio de la non reformatio in peius tiene aplicación prevalente sobre el principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores en la decisión a proferir por el juez de segunda instancia o en los casos en los que le corresponda a la Sala de Casación Social pronunciarse sobre el fondo de lo debatido, en los supuestos de los artículos 175 y 179 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es contrariar abiertamente el mandato de darle cumplimiento preferente a las disposiciones constitucionales sobre las normas legales, conocido como principio de la jerarquía o supremacía constitucional instituido en la pirámide kelseniana y es incurrir también  en abierta violación a lo ordenado en el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que conmina al decisor a no perder de vista la irrenunciabilidad de derechos y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores, así como el carácter tutelar de las mismas conforme con la naturaleza especial de los derechos protegidos.

Con apoyo en lo anteriormente expuesto, la defensa y aplicación de tales imposiciones son fundamentos válidamente suficientes para concluir que, le está permitido al juez laboral de alzada o a la Sala de Casación Social, en los supuestos antes indicados, hacer pronunciamiento en su condena en favor del trabajador respecto de derechos que no constituyeron parte del recurso, cuando éstos hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados u ordenar el pago de sumas mayores que las demandadas, cuando aparezcan que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador de conformidad con la ley y con lo alegado y probado en el proceso, permisión ésta que le está dada también en los casos cuando el único recurrente sea el patrono y en la sentencia no se haya satisfecho el minimun irrenunciable reconocido al laborante legal o convencionalmente, aunado al argumento de que jamás debe imperar la norma de derecho procesal sobre aquella de derecho sustancial, vale decir, en estos casos, nunca debe el juzgador laboral darle aplicación preferente a la previsión adjetiva en desmedro del principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores.

Como corolario de lo anterior debe afirmarse que las garantías mínimas fundamentales contenidas en las normas proteccionistas del derecho del trabajo previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y las que deriven de esta última, no pueden ser objeto de renuncia voluntaria ni forzosa, por cuanto están sustraídas del principio de la autonomía de la voluntad, frente a los patronos o empleadores y frente a los impartidores de justicia, garantizándose así la protección o tutela especial que es connatural con esta especialísima rama del derecho.

Ante la situación sub examine debe entenderse que darle aplicación al principio procesal sobre el principio sustancial al que se ha hecho referencia comporta un censurable error y una reprochable conducta del aplicador de justicia laboral,  en su función rectora del proceso, que le impone, no solo la obligación de conducirlo activamente dándole el impulso y la dirección adecuada, sino hacer aplicación de las normas procesales para darle vigencia efectiva a los derechos de los trabajadores, despojándose de interpretaciones al margen de tales presupuestos, razón por la cual, el juez debe incluir en su resolución no solo las cuestiones desfavorables de la decisión recurrida a que se dirige la impugnación sino que debe garantizar que en ella estén comprendidos todos aquellos aspectos en contra del trabajador que involucran beneficios mínimos irrenunciables, los cuales deben entenderse siempre incluidos en el recurso, ya que si éste no puede hacer renuncia de los mismos de manera volitiva, una actuación judicial no puede conducir al resultado proscrito, puesto que con semejante solución se hacen ineficaces las previsiones protectorias, no puede admitirse bajo ninguna circunstancia tal manera de fallar.

Finamente, a manera de indicio referencial coincidente con la interpretación aquí esbozada, es pertinente indicar que, la Sala de Casación Social en el fallo N° 1702 de fecha 24 de noviembre de 2014, empleó un razonamiento semejante que denota tímidamente la interpretación aquí expuesta, al establecer que, al poseer la indexación el carácter de orden público e interés social, la misma puede ser ordenada por el juez incluso sin haber sido solicitada, y por ende, concluyó que en ese supuesto, no se quebrantó el principio procesal en comento. (más…)

1.- Planteamiento.

El presente análisis, inspirado por  la tendencia de interpretar el derecho procesal desde una óptica constitucionalista, que concibe el trámite de proposición, admisión, evacuación y la apreciación de los medios probatorios, como manifiesta expresión de los derechos fundamentales integrantes de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, de la concepción de éste último, como instrumento fundamental para la realización de la justicia y la proscripción de sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, tiene como uno de sus bastiones, que todo ello se efectúe bajo pautas hermenéuticas que implican, la valoración conjunta de todo el acervo probatorio, que permita determinar si las partes han acreditado suficientemente sus afirmaciones y si se ha logrado producir en el juez, la certeza y convicción respecto de las cuestiones controvertidas que servirán de fundamento a su decisión, entendiendo esta labor apreciativa como una misión que va mucho más allá de efectuar  un examen exegético de la normativa legal, de revisar las posiciones doctrinarias y jurisprudenciales, o de fundarla en percepciones meramente subjetivas.

Bajo estas premisas, se plantea aquí un giro copernicano en la categorización y valoración como documentos privados emanados de terceros dadas hasta la fecha, tanto por la jurisprudencia como por la más calificada doctrina a los informes, certificados, y/o constancias expedidas por profesionales que ejercen la medicina de manera particular, con la intención de proponer la revisión y reconducción de tal postura, la cual no pocas veces se ha traducido en solución injusta del caso e impulsado también por la recurrencia o cotidianidad con la que son producidas dichas instrumentales en nuestro foro en juicios donde se pretenden sean condenadas indemnizaciones y resarcimientos de daños materiales y morales con motivo de accidentes o enfermedades profesionales, convirtiéndose en una valiosa e inagotable fuente probatoria destinada a acreditar las afirmaciones, hechos y demás datos circundantes, tales como: sintomatología, diagnósticos, opiniones, tratamientos terapéuticos y farmacológicos aplicados, evolución y demás aspectos relacionados con el paciente, teniendo en cuenta que generalmente son expedidos anticipadamente al juicio, redactados en el contexto de la asistencia facultativa y que pueden aparecer como pruebas directas o indirectas, esto es, para corroborar las afirmaciones formuladas por las partes o bien para apoyar o complementar los otros medios de convicción, sin dejar de tener presente que se trata de medios demostrativos diferentes, que de alguna manera devienen complementarios.

2.- Valoración de Pruebas en la Jurisdicción Laboral.

Como parte del caudal argumentativo de esta interpretación, debe reiterarse que los jueces obtienen su convencimiento de los medios probatorios,[1] los cuales tienen por finalidad acreditar las circunstancias que sirven de fundamento fáctico a las pretensiones y defensas propuestas por las partes, vale decir, producir certeza respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones.

En esta materia la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece un sistema numerus apertus, al consagrar que son medios de prueba admisibles en juicio aquellos por ella establecidos, los previstos en el Código de Procedimiento Civil, en el Código Civil y en otras leyes de la República, excluyendo solo las pruebas de posiciones juradas y de juramento decisorio, agregando que, las partes pueden también valerse de cualquier otro no prohibido expresamente que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones, promoviéndose y evacuándose de la forma en ella preceptuada, disponiendo además que, ante cualquier imprevisión, se aplicarán por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contemplados en la legislación adjetiva y sustantiva ordinaria, o en su defecto, en la forma que señale el juez, con la advertencia de que, sólo se apreciarán las pruebas incorporadas al mismo, conforme a su normativa.

Se consagra también en este texto procesal especial que, en caso de dudas sobre la apreciación de los hechos y ante cualquier incertidumbre, disyuntiva o dilema en lo que a las pruebas en particular concierne, debe escoger el juez la valoración más favorable al trabajador y en cuanto al tratamiento valorativo de los medios probatorios, preceptúa que todos deben ser apreciados conforme a la sana crítica.

En tal sentido, vale la pena destacar que la Sala de Casación Social en decisión N° 818 de fecha 26 de julio de 2005 precisó que, bajo el imperio de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, éste es el régimen de valoración conforme al cual, los juzgadores tienen libertad para apreciar las pruebas de acuerdo con la lógica y las reglas de experiencia que sean aplicables al caso y que debe ser empleada al apreciar todo tipo de medio probatorio, aun cuando tenga asignada una tarifa legal en otras leyes, como ocurre por ejemplo con la prueba de instrumento público e instrumento privado; criterio éste que ratificó en pronunciamiento N° 1354 del 4 de diciembre de 2012, empleando los mismos fundamentos, es decir, el juez debe guiarse de inferencias racionales y coherentes que le permitan dar cimientos sólidos a su decisión y a partir de allí formarse convicción respecto al hecho o hechos controvertidos, por cuanto este método permite analizar la prueba con criterios mucho más objetivos, de mayor amplitud y más apegados a la realidad.

Debe diferenciarse el entorno particular anterior, del propio en la esfera de la jurisdicción ordinaria, según el cual, a tenor del artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, el juez deberá apreciar el mérito de la prueba según las reglas de la sana critica, a menos que exista una regla legal expresa para ello, es decir, que en el contexto común, la sana crítica, es un régimen interpretativo que opera en sustitución o ante la falta de indicación o tasación de un medio probatorio en especial, es decir, su aplicación está condicionada a que no haya o no exista una regla legal expresa para estimar una probanza en específico.

Por otro lado debe resaltarse especialmente, la carga que tienen los accionantes de cumplir los requisitos libelares impuestos cuando reclaman indemnizaciones por enfermedades o accidentes profesionales, entre otros, indicar la naturaleza del accidente o enfermedad, el tratamiento médico o clínico, el centro asistencial donde lo recibe o recibió, la naturaleza y las consecuencias probables de la lesión que padece o padeció, circunstancias éstas que necesariamente deben estar acreditadas por certificados, informes  o constancias, que no pocas veces emanan de profesionales de la medicina que ejercen de manera privada.

3.- Del Ejercicio Profesional del Médico.

A los fines de escudriñar la verdadera entraña como medio de persuasión de las instrumentales bajo análisis, se debe tomar en cuenta que la actuación del médico está contenida en un estatuto especial que regula todo lo concerniente a la prestación de sus servicios, el cual dispone que para ejercer esta profesión se requiere poseer el título de doctor en ciencias médicas, médico cirujano o médico integral comunitario expedido por una universidad venezolana, inscribir el título correspondiente de conformidad con la ley en una oficina de Registro Público y en el Colegio de Médicos u otra organización médico-gremial, previéndose también que ninguna institución de asistencia médica, pública o privada, podrá funcionar sin autorización del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, debiéndose regir por los reglamentos y normas que éste dicte y cumplir igualmente, con las demás disposiciones formales para poder anunciar su ejercicio profesional en general y observar siempre una conducta guiada por patrones de probidad, justicia y dignidad.

Preceptúa también este compendio normativo que, el ejercicio de los profesionales de la medicina comprende la prestación de atención preventivo-curativa a la población, mediante acciones encaminadas a promocionar la salud, prevenir enfermedades, reducir los factores de riesgo, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, restitución de la salud y rehabilitación física o psico-social de las personas en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y escolar; así como también la determinación de las causas de muerte; el peritaje, asesoramiento médico-forense, la investigación y la docencia en las ciencias médicas.

A los fines que aquí interesa destacar, hay que hacer especial mención al artículo 35 de la Ley del Ejercicio de la Medicina cuando establece que los profesionales están autorizados para certificar aquellos hechos que comprueben en el ejercicio de su ocupación, en la forma y condiciones previstas en las disposiciones reglamentarias de dicha ley.

Según la definición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, 22a ed, 2001, el vocablo «certificar», entre sus acepciones tiene:

  1. tr. Asegurar, afirmar, dar por cierto algo; 2. … 3. Hacer constar por escrito una realidad de hecho por quien tenga fe pública o atribución para ello; 4. Fijar, señalar con certeza.

La facultad o potestad que detentan ex lege[2]  tales profesionales para «certificar» o dejar constancia de las actuaciones en el ejercicio de su ministerio, los cataloga o distingue como «expertos» de una empresa o institución, sin discriminar si es pública o privada, por lo que no le está dado al intérprete hacerlo.

Esta legitimidad para expedir las certificaciones indicadas supra es corroborada con la letra del artículo 102 de su lex artis cuando preceptúa que estos profesionales infringen la misma cuando firmen récipes en blanco o expidan «certificaciones» falsas con el propósito de burlar las leyes o para favorecer el incumplimiento de las obligaciones laborales.

Conviene agregar también que, según el Código de Deontología Médica, aprobado durante la LXXVI Reunión Extraordinaria de la Asamblea de la Federación Médica Venezolana, realizada en Caracas el 20 de marzo de 1985, el certificado médico es un documento destinado a acreditar el nacimiento, la realización de un acto médico, el estado de salud o enfermedad o el fallecimiento de una persona. Su emisión implica responsabilidad moral y legal quien lo expide, debe ceñirse exactamente a la verdad y debe indicar los fines a que está destinado.

4.- Naturaleza Jurídica:

Se plantean interesantes interrogantes ¿Cuál es la verdadera naturaleza jurídica de los informes, certificaciones y constancias expedidas por profesionales de la medicina en su ejercicio particular o privado como medios probatorios? vale decir ¿Son documentos privados? ¿Son experticias realizadas extra litem y su contenido es el de un informe pericial? ¿Pueden ser entendidas como pruebas científicas? o ¿Pueden ser clasificadas como pruebas libres? ¿Tiene justificación jurídica que se le conceda diferente valor a los informes suscritos por un médico en una institución pública de otros que pudiera hacer el mismo u otro profesional de la medicina en la esfera de su ejercicio privado?

a.- ¿Documento Privado emanado de Terceros?

Situados en un andamiaje donde se cataloguen estos instrumentos como documentos privados emanados de terceros, cabe resaltar algunos aspectos importantes que pueden haber contribuido a tal consideración. Tradicionalmente los pronunciamientos doctrinarios y judiciales en tal sentido han sido contestes en afirmar que, la concesión del valor probatorio a los mismos está condicionado a la comparecencia que deben hacer sus suscribientes ante el Tribunal para que, a través de la prueba testimonial convaliden o ratifiquen su contenido, vale decir, el otorgamiento de eficacia probatoria a tales instrumentos está sujeto al cumplimiento de una formalidad, que consiste en la evacuación de otra diligencia procesal complementaria o adicional, mediante la prueba testimonial, conforme a lo indicado en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, y más propiamente, en la jurisdicción laboral, de acuerdo con el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En lo que a esto concierne, es imperativo apuntar en primer término que, el artículo 46 de la Ley del Ejercicio de la Medicina dispone que todo aquello que llegare a conocimiento del médico con motivo o en razón de su ejercicio, no podrá darse a conocer y constituye el secreto médico, el cual es inherente al servicio de la medicina y se impone para la protección del paciente, el amparo y salvaguarda del honor del médico y de la dignidad de la ciencia, es inviolable y el profesional está en la obligación de guardarlo.

Tiene superlativa importancia realzar en cuanto a la prueba testimonial, que el artículo 481 del Código de Procedimiento Civil, prevé que a pesar de ser obligatorio para toda persona hábil rendir testimonio, podrán excusarse, entre otros, quienes por su estado o profesión deben guardar secreto respecto del hecho de que se trate.

En este mismo sentido, vale como comentario referencial, la previsión contenida en el Código Orgánico Procesal Penal, cuando consagra a texto expreso en su artículo 224, respecto a la exención de declarar: No están obligados a declarar: 1º. … 2º. … 3º. … 4º. Los médicos cirujanos, farmacéuticos, enfermeras, pasantes de medicina y demás profesionales de la salud.

Aunado a ello, debe subrayarse que, a tenor del estatuto procesal civil ordinario, los parámetros según los cuales debe ser apreciado el testigo están tasados, a saber, el juez debe examinar si las deposiciones de los testigos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, estimar cuidadosamente los motivos de sus declaraciones y la confianza que merezcan por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, debiendo expresar en su decisión el fundamento de tal determinación. ¿Cabe transmutar la esencia de la prueba testimonial a este requerimiento procesal para dar eficacia a las instrumentales en referencia? ¿Acaso en el patrón general pueden los testigos especular y hacer discernimientos o dictámenes de valor en su declaración?

Sin duda alguna, debe concluirse que, imponer y aplicar tal metodología hermenéutica a los medios probatorios bajo análisis, para poder ser apreciadas en juicio, configura una infracción al deber contenido en el precitado artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de hacer la valoración conforme a las reglas de la sana crítica y a los postulados constitucionales que consagran el proceso como un instrumento fundamental para la realización de la justicia y que ésta no se puede sacrificar por formalidades no esenciales.

Paralelamente, es fundamental entender que la documentación es la forma de constatar materialmente las actuaciones, percepciones, impresiones, opiniones, contratos y demás acuerdos entre los sujetos de derecho partícipes de una determinada relación o vinculación jurídica material o procesal, es la reseña tangible donde se manifiesta la voluntad negocial o aquella producida dentro del juicio.

Según Priscila Solano Castillo el documento puede presentarse con un doble carácter: probatorio y procesal, de ahí que se trate al documento como medio de prueba y como objeto de prueba. Conforme su entender no pueden incluirse entre los documentos en sentido propio los papeles que, durante el procedimiento certifican declaraciones o acontecimientos y que no son verdaderos documentos los que podrían llamarse documentos procesales, tales como las declaraciones de los testigos, los interrogatorios, y otros, pues en realidad se trata de la documentación de dichos actos;[3] tal exclusión -a criterio de quien suscribe- debe ser hecha también, respecto de aquellas certificaciones, informes o constancias médicas que se elaboran antes de instaurarse el proceso.

Es conveniente destacar también, la opinión construida en el contexto de la jurisdicción procesal penal de nuestro país, perfectamente aplicable en el proceso laboral, cuando señala en este sentido que, es importante aclarar que todas las pruebas son documentadas pero no todas son pruebas documentales y para graficar ello se señala que, todo el proceso está contenido en un «documento» o cúmulo de «documentos» que son las actas procesales que conforman el expediente y porque, aunque se realicen «audiencias orales»,[4] son muchas las actuaciones escrituradas, que son soporte físico del proceso, pero éstos son, simplemente y en todo caso, documentos procesales, más no documentos de pruebas o pruebas documentales.[5]

Con fines meramente ilustrativos y con el propósito de remarcar la distinción entre el contenido o esencia del medio probatorio y su forma documentada, bajo el proscenio de una interpretación analógica, resulta pertinente evocar la opinión del procesalista neogranadino Hernando Devis Echandía, al delimitar que una cosa es la inspección judicial y otra el acta que de la misma se elabora y firma, aclarando que aquélla es un medio de prueba del hecho examinado y ésta es el documento en que consta que se practicó tal diligencia y cuál fue su resultado, es decir, «la prueba de aquella prueba», son diferentes aunque se produzcan simultáneamente,  confiriéndole a esta acta el carácter de documento público por cuanto es elaborada por un funcionario público.[6]

Cambiando lo que deba cambiarse, para adecuarlo a la presente situación, condensa el tratamiento valorativo pertinente, la manera cómo deben ser apreciados y diferenciados los informes, constancias y certificaciones emanadas de médicos en el ejercicio libre de su profesión de los documentos que le sirven de continente.

b.- Dictamen Pericial.

Ubicados ahora, bajo el escenario de que las instrumentales sub análisis se asimilan en su esencia o naturaleza a la de un informe pericial o de expertos, conforme a la regla antes indicada de que las partes cuentan con la posibilidad de valerse de cualquier otro medio de convicción que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones e invocando los señalamientos de carácter sustantivo hechos precedentemente, en cuanto al contenido de las instrumentales bajo análisis, se debe puntualizar que cuando en juicio se plantea la necesidad de realizar una experticia, por requerimiento de conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o para adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, que se emita informe de experto designado por el tribunal.

La pericial se configura como un medio de prueba indirecto y de carácter científico, a través del cual se pretende lograr que el juez, que desconoce cierto campo del saber humano, pueda valorar y apreciar técnica o científicamente unos hechos que han sido aportados al proceso por otros medios probatorios y así, tenga conocimiento de su significación o alcance, siempre que tales conocimientos especiales sean útiles, provechosos u oportunos para comprobar algún hecho controvertido.[7]

Conforme a esta interpretación, la parte contra quien obran las instrumentales sub análisis puede ejercer su derecho a controlarlas o contradecirlas, bien sea impugnándolas a través de la tacha, por las causales consagradas en la legislación sustantiva ordinaria, por considerar que quien emite el dictamen no reúne las condiciones profesionales para ello, por estar en desacuerdo con los métodos o sistemas utilizados o con las conclusiones a que se haya llegado, pudiendo también  solicitar al juez que se aclaren o amplíen en los puntos que señale o pedir se practique una nueva. Bajo esta perspectiva, deben aplicarse las previsiones legales sustantivas y adjetivas de que los jueces no están obligados a seguir el dictamen de los expertos, si su convicción se opone a ello,[8] razonando los motivos de tal determinación, debiendo valorarlo, tal y como ya se ha dejado expuesto.

c.- ¿Prueba Pericial o Testimonial?

Comenta también la jurista costarricense Solano Castillo que, tradicionalmente se ha dicho que los documentos emanados de los profesionales de la medicina tienen existencia procesal como prueba documental o como prueba pericial; siendo los primeros, todos los documentos expedidos a solicitud de parte interesada, producto de la atención médica recibida y que los segundos, se extienden a solicitud del juzgador a los fines de aclarar determinadas cuestiones médicas. Enfatiza que, no todo documento tiene relevancia en el proceso, sino solamente los llamados «documentos probatorios», que bien pueden ser considerados como una especie del género documento y dentro de los cuales se pueden ubicar los certificados, informes o constancias médicas, acreditándoles como característica fundamental su capacidad de ser llevados al proceso y producir efectos jurídicos; por lo que la «forma» del documento no es en realidad lo que importa para efectos probatorios, sino más bien el «contenido» del mismo o lo que de él se pueda deducir, es decir, un documento es jurídicamente relevante en tanto y en cuanto sea representativo de hechos jurídicos significativos, como es el caso del registro médico, el cual aunque tenga defectos de diseño formal y contenga exámenes no necesariamente escritos, continúa produciendo efectos legales, porque es en su contenido donde reside el material probatorio importante.

Vale la pena hacer referencia abreviada al criterio expuesto por la Sala de Casación Civil de nuestro Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 88 de fecha 25 de febrero de 2004 cuando, al apreciar un informe técnico o pericial extraprocesal, entre otras cosas, dejó expresado que, al no tratarse de un documento negocial emanado de tercero, contentivo de declaraciones de conocimiento y ser una valoración técnica emitida por expertos sobre hechos percibidos por ellos, las cuales constan por escrito en respuesta al requerimiento de una o ambas partes de forma anticipada al juicio, que sólo puede ser practicado por personas previamente autorizadas, por el hecho de estar documentadas, no cambia su esencia para adquirir la del medio que es capaz de representarlo históricamente, pues su naturaleza está determinada por las declaraciones de conocimiento que dicho instrumento contiene.

Este antecedente jurisprudencial, alegando la inexistencia de norma especial que regula su eficacia jurídica, tomó en consideración la opinión sostenida en la doctrina respecto de este tipo de dictámenes periciales rendidos sin intervención de un funcionario judicial, fuera del proceso, y sin diligencia previa, mediante encargo privado de la persona interesada y por experto escogido por ésta, citó el criterio sostenido por Devis Echandía, de acuerdo con el cual «…[e]ste dictamen vale como testimonio, en cuanto a la relación de hechos verificados por expertos en el desempeño del encargo privado, siempre que se entienda que debe ser ratificado, con las formalidades legales del testimonio judicial, en el curso del proceso, en cuyo caso tiene valor de testimonio técnico, y en modo alguno le otorga valor probatorio al dictamen extraprocesal…».[9]

Hizo alusión también a la opinión de Jesús Eduardo Cabrera Romero en este mismo sentido cuando sostiene que «[e]l dictamen extraprocesal escrito es un documento en sentido genérico, pero en particular, es una pericia, la cual para que tenga fuerza de tal, según el CPC, debe ser ordenada y evacuada en juicio, y sólo así el juez podrá valorarla por la sana crítica. Si estos dictámenes extraprocesales se pretenden hacer valer en una causa, a quienes los hicieron habrá que promoverlos como testigos, a fin de que los ratifiquen o no como parte de su testimonio… ».[10]

Para finalmente concluir la Sala de Casación Civil en esa ocasión, compartiendo los criterios doctrinales expresados y dejar sentado que el informe técnico o pericial es documento en sentido amplio y por esa razón debe ser ratificado en el juicio de conformidad con lo previsto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, en cuyo caso la prueba que se forma en el proceso es la testimonial, y en tal virtud, dicho informe queda comprendido en el testimonio, respecto del que las partes pueden interrogar y repreguntar; el contenido de éste pasa a integrar la prueba testimonial formada en el proceso, por lo que ambos -informe e interrogatorio- deben ser apreciados de acuerdo con lo previsto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil.

No debe pasar desapercibido que tal exégesis desnaturaliza los medios de persuasión involucrados, por cuanto, además de establecer como obligatorios patrones analíticos que no se corresponden con el contenido de estas instrumentales, que involucran declaraciones escritas de cuestiones técnicas o científicas que ni las partes, sus representantes, ni el juez pueden, en la generalidad de los casos, redargüir o contradecir, además de que, tal y como ya se dejó indicado, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que los médicos pueden excusarse de rendir testimonio conforme a las disposiciones legales precedentemente indicadas.

En este estadio para comprobar lo desacertado de esta clásica interpretación, en cuanto se refiere a los informes, certificados, y/o constancias expedidas por profesionales que ejercen la medicina de manera particular o privada, amén de reiterar la afirmación de que los mismos no son documentos negociales, es pertinente ratificar también la distinción entre el perito o experto y el testigo, entre los cuales, doctrinariamente se encuentran semejanzas, pero simultáneamente marcadas distinciones, al margen de la consideración de la figura del «testigo experto» o «perito testigo», que según es reseñado por Keymer Ávila citando a Rengel Rombert y a Roberto Delgado, es una especie de híbrido entre ambas pruebas, pero que sin embargo es distinta a las dos y ha sido asumido como un testimonio calificado, ya que éste no realiza examen o peritación alguna.

Así, con el propósito de demarcar la diferencia antes apuntada, debe indicarse que la prueba testimonial consiste en relatar hechos que le constan a quien la rinde por haberlos presenciado o percibidos, es un conocimiento empírico, mientras que en la prueba de experticia se presenta un informe o dictamen que presupone un bagaje basado en conocimientos técnicos, artísticos o científicos donde se vierte una opinión sobre hechos acontecidos o por acontecer, vale decir, hechos pretéritos, presentes o futuros; por otro lado, las deposiciones testimoniales son narraciones de hechos, no pueden consistir en opiniones, no pueden contener juicios valorativos, mientras que los informes periciales son precisamente apreciaciones o evaluaciones técnicas motivadas sobre los datos, elementos o demás cuestiones fácticas a dilucidar en el proceso; el testigo declara siempre sobre sucesos extraprocesales, el experto aunque prima facie también lo hace, pudiera ser consultado sobre posibles o eventuales efectos o consecuencias de hechos ocurridos antes o durante el proceso; el experto puede ser reemplazado o sustituido por otro que reúna las condiciones, es fungible, mientras que los testigos no.

d.- ¿Pruebas Preconstituidas?

En otro orden de ideas, se ha dicho que las instrumentales bajo examen  deben ser consideradas como pruebas preconstituidas, vale decir, aquéllas elaboradas con vistas a un futuro proceso que no necesariamente se dará, pero que las partes las procuran como una medida de prevención, para aquellos casos en los cuales la litis se llegara a plantear efectivamente, los cuales constituyen un supuesto diferente al aquí analizado.

e.- ¿Pruebas Libres?

Ante el rechazo de toda la argumentación anterior con respecto a la naturaleza jurídica de los referidos medios probatorios, cabe proponer que los mismos sean considerados como «pruebas libres», cuyo know how (propuesta, promoción y evacuación) ya fue señalado precedentemente. En este supuesto, la valoración que a tales medios, como todos los demás, debe forzosamente estar circunscrita dentro de los parámetros de la sana critica.

4.- Otras Consideraciones.

¿Es justo que en un proceso donde se hayan promovido documentales emanadas de profesionales de la medicina que ejercen de manera privada o particular y sus suscribientes no hubieren comparecido al Tribunal a ratificar su valor fedatario, los mismos sean desechados siguiendo el errado patrón de valoración tasado en el Código de Procedimiento Civil y en el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo? Esta inferencia, además de constituir un incumplimiento al desideratum constitucional de que el proceso es un instrumento sustancial o de primer orden para la consecución de la justicia, representa un claro desacato al lineamiento ordenado de valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica y configura un incumplimiento por parte del juez de la carga mayor que le impone el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, como es la de inquirir la verdad por todos los medios de pruebas a su alcance y de intervenir en forma activa en el proceso, obligación ésta reforzada en el Artículo 156 eiusdem cuando señala que el Juez de Juicio podrá ordenar, a petición de parte o de oficio, la evacuación de cualquier otra prueba que considere necesaria para el mejor esclarecimiento de la verdad.

Como circunstancia concomitante a la posibilidad de excusarse que tienen los galenos, debe apuntarse que, es muy frecuente en la práctica judicial diaria, la incomparecencia a la convocatoria a la audiencia de juicio que se le hace a los médicos que expidieron los informes, constancias, certificaciones o récipes, ello por variadas razones, entre las cuales cabe mencionar: las complejas y múltiples ocupaciones que tienen estos profesionales, la dificultad para ubicarlos o trasladarlos a la sede judicial, tanto por las emergencias como por las consultas que éstos deben atender con prioridad a cualquier otra cosa, amén de cualquier otra circunstancia o causa imprevista o de fuerza mayor que pudiera presentárseles, ausencia ésta que no debe conducir al juez en ningún caso, a desechar tales instrumentos, mas aun si se tiene presente que, la normativa que prevé el supuesto de incomparecencia injustificada de los expertos privados a la audiencia de juicio, es entendida como un desacato a las órdenes del Tribunal y tiene como punición una multa de hasta diez unidades tributarias,[11] nunca que el contenido de su informe sea desestimado, lo cual evidencia un tratamiento sancionatorio totalmente diferente ante una misma conducta procesal.

A manera de conclusión, debe colegirse que los informes, certificados, y/o constancias expedidas por profesionales que ejercen la medicina de manera particular o privada que el actor introduce en el proceso laboral junto con el libelo o en la audiencia preliminar como instrumentales que acompaña en apoyo de su pretensión o, en su caso, el demandado en sustento de sus defensas, no deben ser apreciados o calificados como documentos privados emanados de terceros y en consecuencia, no pueden ser catalogados como aquellos a los que hace referencia el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,  ergo, no debe imponerse la carga adicional de tener que ser ratificados por sus suscriptores en calidad de testigos, sino que deben ser considerados como auténticos dictámenes periciales y sometidos, como todos los medios probatorios en el ámbito jurisdiccional laboral, a una valoración inspirada en  las reglas de la sana crítica, de acuerdo con los principios generales de esta ley y no como una prueba tasada, sistema éste según el cual, la mesura que debe dar el juzgador a los medios probatorios viene delimitada por el valor o eficacia que le ha sido asignado previamente por una norma jurídica.

La propuesta de asumir esta perspectiva tiene la pretensión, de que una vez por todas se destierre el clásico tratamiento valorativo que como «documentos privados emanados de terceros que no son parte del proceso» hasta el presente se les ha conferido, en el entendido de que éstos últimos están referidos a instrumentales que develan otro tipo de declaración, tienen otro contenido que no es de naturaleza médica o asistencial.

Finalmente, es preciso destacar que de manera contrapuesta, la metodología para la evacuación y la apreciación de los dictámenes, certificaciones y/o informes emanados de médicos que laboran en hospitales y entidades públicas es total y absolutamente diferente. A este respecto, debe indicarse que, se les ha reconocido la naturaleza jurídica de documentos administrativos a tales instrumentos, toda vez que emanan de una institución cuya función es la de prestación de un servicio público, característica que le da el carácter en cuestión[12] y en tal razón no deben cumplir con ninguna otra formalidad o diligencia procesal adicional para ser estimadas. (más…)

EL RÉGIMEN DE DESCANSO

Publicado: marzo 19, 2013 en LABORAL
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Corresponde al trabajador, cuando éste cumpla un año de trabajo ininterrumpido para un patrono, disfrutar de un período de vacaciones remuneradas de quince (15) días hábiles. Los años sucesivos tendrá derecho además a un (1) día adicional remunerado por cada año de servicio, hasta un máximo de quince (15) días hábiles.

Las vacaciones que se interrumpan por hechos no imputables al trabajador o a la trabajadora, se reactivarán al cesar esas circunstancias.

Durante el periodo de vacaciones el trabajador o la trabajadora tendrá derecho a percibir el beneficio de alimentación, conforme a las previsiones establecidas en la ley que regula la materia.

Durante el periodo de vacaciones no podrá intentarse ni iniciarse algún procedimiento para despido, traslado o desmejora contra el trabajador o la trabajadora.

El servicio de un trabajador o una trabajadora no se considerará interrumpido por sus vacaciones anuales, a los fines del pago de cotizaciones, contribuciones a la Seguridad Social o cualquiera otra análoga pagadera en su interés mientras preste sus servicios.

Vacaciones Colectivas.

Si el patrono otorga vacaciones colectivas a su personal mediante la suspensión de actividades durante cierto número de días al año, a cada trabajador se imputarán esos días a lo que le corresponda por concepto de sus vacaciones anuales. Si el trabajador tuviera derecho a días adicionales de vacación, la oportunidad y forma de tomarlas se fijará conformes a lo establecido en la LOTTT.

Si el trabajador, para el momento de las vacaciones colectivas, no hubiere cumplido el tiempo suficiente para tener derecho a vacaciones anuales, los días correspondientes a las vacaciones colectivas serán para él de descanso remunerado y en cuanto excedieren al lapso vacacional que le correspondería, se le imputarán a sus vacaciones futuras.

Si se trata de instituciones que, por las características del servicio que prestan o la naturaleza de sus actividades, deban permanecer abiertas y en funcionamiento durante todo el año, los trabajadores y los patronos podrán convenir un régimen de vacaciones colectivas escalonadas.

El nuevo Reglamento LOT prevé la posibilidad de pactos entre patrono y trabajador para el disfrute de la vacación anual de éste, si ello conviniere al trabajador.

Si el trabajador recibe de su patrono comida o alojamiento o ambas cosas a la vez como parte de su remuneración ordinaria, tendrá derecho durante su vacación anual a continuar recibiéndolas o su valor en lugar de éstas, el cual será fijado por acuerdo entre las partes y en caso de desacuerdo por el Inspector del Trabajo, tomando en cuenta el costo de vida, el monto del salario y demás factores concurrentes.

El pago del salario correspondiente a los días de vacaciones deberá efectuarse al inicio de ellas.

Cuando haya de pagarse además la alimentación o alojamiento o ambas cosas, su pago se hará también al comienzo de las mismas.

Bonificación Vacacional.

Además del salario correspondiente al período de la vacación anual, previene el Art. 192 LOTTT el pago de una bonificación especial al trabajador con el fin de incrementar la posibilidad del más intenso disfrute personal y familiar del descanso. Este bono será equivalente a un mínimo de siete (15) días de salario más un (1) día por cada año a partir de la vigencia de LOTTT hasta un máximo de veintiún (30) días de salario.

 Si el trabajador o la trabajadora recibe de su patrono o patrona comida o alojamiento o ambas cosas a la vez como parte de su remuneración ordinaria, tendrá derecho durante su vacación anual a continuar recibiéndolas o su valor en lugar de éstas, el cual será fijado por acuerdo entre las partes y, en caso de desacuerdo, será fijado por el Inspector o Inspectora del Trabajo, tomando en cuenta el costo de vida, el monto del salario y demás factores concurrentes. Art. 193 LOTTT.

 El pago del salario correspondiente a los días de vacaciones deberá efectuarse al inicio de ellas.

Cuando haya de pagarse además la alimentación o alojamiento, o ambas cosas, su pago se hará también al comienzo de las mismas. Art. 194 LOTTT.

Terminación de la Relación Laboral y Las Vacaciones

Cuando por cualquier causa termine la relación de trabajo sin que el trabajador haya disfrutado de las vacaciones a que tiene derecho, el patrono deberá pagarle la remuneración correspondiente.

Cuando la relación de trabajo termine por causa distinta al despido justificado antes de cumplirse el año de servicio, ya sea que la terminación ocurra durante el primer año o en los siguientes, el trabajador tendrá derecho a que se le pague el equivalente a la remuneración que se hubiera causado en relación a las vacaciones anuales, de conformidad con lo previsto en los artículos 219 y 223 de la Ley, en proporción a los meses completos de servicio durante ese año, como pago fraccionado de las vacaciones que le hubieran correspondido.

Disfrute Efectivo.

El trabajador deberá disfrutar las vacaciones de manera efectiva y obligatoria.

Mientras exista la relación de trabajo, el convenio mediante el cual el patrono paga la remuneración de las mismas sin conceder el tiempo necesario para que el trabajador las disfrute, lo dejará obligado a concederlas con su respectiva remuneración, sin que pueda alegar en su favor el hecho de haber cumplido anteriormente con el requisito del pago.

El disfrute de las vacaciones anuales remuneradas del trabajador que preste servicios a dos (2) o más patronos, deberá concederse al cumplir el año de servicio ininterrumpido con el de la relación más antigua. Los demás patronos deberán otorgarle el descanso y pagarlo con el salario equivalente y proporcional a los meses completos que tuviese al servicio de cada uno de ellos. En este caso no se computarán dichas fracciones para la concesión de las vacaciones siguientes.

El servicio de un trabajador no se considerará interrumpido por sus vacaciones anuales, a los fines del pago de cotizaciones, contribuciones al Seguro Social o cualquiera otra análoga pagadera en su interés mientras preste sus servicios.

El Art. 199 LOTTT que por solicitud del trabajador pudiera posponerse el disfrute de uno o dos períodos de vacaciones para así acumular hasta 2 períodos.

Fecha de Vacación. Sanción por el trabajo en Vacaciones.

La época en que el trabajador deba tomar sus vacaciones anuales será fijada por convenio entre el trabajador y el patrono. Si no llegasen a un acuerdo, el Inspector del Trabajo hará la fijación. Las vacaciones anuales no podrán posponerse más allá de seis (6) meses a partir de la fecha en que nació el derecho. Los trabajadores con responsabilidades familiares tendrán preferencia para que sus vacaciones coincidan con las de sus hijos, según el calendario escolar.

No se considerará como interrupción de la continuidad del servicio del trabajador para el goce del derecho a las vacaciones legales remuneradas, su inasistencia al trabajo por causa justificada; pero la concesión de la vacación anual podrá ser pospuesta por un período equivalente a la suma de los días que no hubiere concurrido justificadamente a sus labores.

Se considerará como causa justificada de inasistencia al trabajo la ausencia autorizada por el patrono, la ausencia debida a enfermedad o accidente o a otras causas debidamente comprobadas.

EL DERECHO DE TRABAJO

Publicado: marzo 18, 2013 en LABORAL
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EL DERECHO DE TRABAJO

Según Rafael Alfonso Guzmán, es el conjunto de preceptos de orden público regulador de las relaciones jurídicas que tienen por causa el trabajo por cuenta y bajo la dependencia ajena con objeto de garantizar a quien lo ejecuta su pleno desarrollo como persona humana y a la comunidad la efectiva integración del individuo en el cuerpo social y la regulación de los conflictos entre los sujetos de esas relaciones.

Rafael Caldera lo resume como el conjunto de normas jurídicas que regulan al trabajo como hecho social.

Denominaciones del Derecho del Trabajo.

El Derecho de trabajo ha sido nombrado de muchas maneras entre las que destacan El Derecho Social, el cual ha sido empleada con mucha frecuencia, inclusive, hoy día en Venezuela, no obstante muchos de los que se dedican a esta rama jurídica, a veces emplean la expresión Derecho Social como sinónimo de Derecho del Trabajo o laboral, también se utiliza para hacer referencia a una tercera rama del Derecho, además de la tradicional, división del Derecho Público y Privado, o para identificar una corriente jurídica. También ha sido denominado como Derecho Obrero, Derecho Industrial, El Nuevo Derecho y Legislación del Trabajo, términos que limitan el contenido de la disciplina en la mayoría de los casos.

Elementos Fundamentales del Derecho del Trabajo

• Tiene Normas adjetivas y Sustantivas.

• Obligatorio cumplimiento de las normas ya que son impuestas por el Estado.

• Regula la relaciones entre la mano de obra y el capital

• Regula las relaciones entre patrono y trabajador (obrero, empleado)

Características del Derecho del Trabajo

• Es autónomo: Porque a pesar de que forma parte del Derecho Positivo tiene sus propias normas, es independiente.

• Es dinámico: Porque regula las relaciones jurídicas laborales, establecidas entre los dos polos de la sociedad capitalista.

• Es de gran fuerza expansiva: Porque nació protegiendo a los obreros y luego a los empleados. Es eminentemente clasista.

• Es imperativo: Como normas del Derecho Público es imperativo y por lo tanto no puede renunciarse ni relajarse por convenios particulares.

• Es concreto y actual: Si bien es cierto que en la Ley del Trabajo existen normas de carácter abstracto, la normativa esta adaptada a las necesidades del país, teniendo en cuenta la diversidad de sexos, los regímenes especiales del trabajo como por ejemplo del trabajo de menores, aprendices, mujeres, trabajadores domésticos, conserjes, trabajadores a domicilio, deportistas y trabajadores rurales.

Objeto del Derecho del Trabajo:

• Regula los deberes y derechos tanto de los obreros como de los patronos.

• Norma todo lo referente a salario, horas de trabajo, despidos justificado y no justificados, contratos individuales, sindicatos, huelgas entre otros.

• Regula los conflictos de la relación jurídico-laboral.

Es decir, hay que verlo como un hecho social, porque implica una serie de condiciones sociales de cada trabajo.

El Trabajo como hecho social

La legislación venezolana representa un conjunto de normas positivas, establecidas por el Estado Venezolano, para regular las relaciones jurídicas que se establezcan entre patronos y trabajadores con ocasión al hecho social trabajo. Lo que indica la materia, las personas que intervienen, el espacio y el tiempo en que se realizan las relaciones laborales, es decir, no se termina al campo de aplicación del Derecho del Trabajo.

Naturaleza Jurídica del Derecho del Trabajo

Entre los tratadistas se discute la naturaleza jurídica del Derecho del Trabajo es de orden público o es de orden privado. Unos opinan, que para saber si la norma es de Derecho Público, hay que analizar la relación jurídica existente, será pública si la norma que lo rige es de carácter público.

Otros para determinar su naturaleza se refieren a los sujetos intervinientes en esta relación, determinando que si los sujetos antedichos son de Derecho Privado, la relación es de Derecho Privado, y viceversa. El Derecho del Trabajo por su naturaleza es un híbrido, ya que está integrado por normas de Derecho Público y de Derecho Privado.

Autonomía del Derecho del Trabajo

Es autónomo por los siguientes motivos

1. Es un sistema homogéneo de reglas orientadas por un propósito tutelar del trabajo, por cuenta y bajo dependencia ajena. Se refiere a que el Derecho laboral tiene sus propias leyes sustantivas, porque tiene normas especiales para la materia laboral.

2. Por sus fuentes y métodos de interpretación propia; tiene fuentes muy particulares al Derecho laboral, en cualquier proceso se debe entender quien es el débil jurídico, es decir, la balanza se va a inclinar al débil jurídico.

3. Por los órganos especiales encargados de su aplicación, tanto en lo administrativo como lo judicial: En este punto se tiene que hablar de la entrada en vigencia del Constitución Nacional de 1999 y de la Ley orgánica Procesal Laboral:

a. Primera Instancia: Sustanciación – Mediación- Ejecución

b. Segunda Instancia: Recurso de casación – Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia.

Ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo

En cuanto a la esfera de aplicación de las normas jurídicas en materia de trabajo, vale citar el contenido del artículo 3 de La LOTTT.

“Esta Ley regirá las situaciones y relaciones laborales desarrolladas dentro del territorio nacional, de los trabajadores y trabajadoras con los patronos y patronas, derivadas del trabajo como hecho social. Las disposiciones contenidas en esta Ley y las que deriven de ella rigen a venezolanos, venezolanas, extranjeros y extranjeras con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país y, en ningún caso, serán renunciables ni relajables por convenios particulares. Los convenios colectivos podrán acordar reglas favorables al trabajador y trabajadora que superen la norma general respetando el objeto de la presente Ley.
Igualmente se aplicaran las disposiciones de esta Ley a los trabajadores contratados y las trabajadoras contratadas en Venezuela para prestar servicios en el exterior del país”.

“En caso de conflicto de leyes prevalecerán las del trabajo, sustantivas o de procedimiento. Si hubiere dudas en la aplicación de varias normas vigentes, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará las más favorable al trabajador, la norma adoptará deberá aplicarse en su integridad.”

Además de las disposiciones constitucionales y legales de carácter imperativo, para la resolución de un caso determinado se aplicará, en el orden indicado:

a. La convención colectiva de Trabajo o el Laudo arbitral, si fuere el caso.

b. El Contrato de Trabajo.

c. Los principios que inspiran la legislación del trabajo, tales como los contenidos explícita o implícitamente en declaraciones constitucionales o en los convenios y recomendaciones adoptadas en el seno de la Organización Internacional del Trabajo y en las jurisprudencias y doctrinas nacionales.

d. La Costumbre y el uso, en cuanto no contraríen las disposiciones legales ni los principios a que se refiere el literal anterior.

e. Los principios universalmente admitidos por el Derecho de Trabajo.

f. Las normas y principios generales del Derecho.

g. La equidad.

Excepciones de la aplicación del Derecho del Trabajo.

Tal como se establece en los artículos 5 y 6 de la LOTTT, se exceptúan los siguientes:

• Los cuerpos Armados: Siendo estos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, los servicios policiales y los demás que están vinculados a la defensa y la seguridad de la nación y al mantenimiento del orden público. Se rigen por la Ley de la Previsión Social de las Fuerzas Armadas Policiales.

• Los Funcionarios Públicos: Que pueden ser nacionales, estadales o municipales, los cuales se rigen por la Ley de Estatuto de la Función Pública y subsidiariamente la Ley del Trabajo en el ingreso, permanencia y la salida.

Fuentes del Derecho Laboral

• La Jurisprudencia: Es en todo caso, fuente formal de normas jurídicas individuales, por cuanto establece, en la forma lógica de la norma jurídica, imperativos de la conducta que bien pueden ser formas obligatorias de comportamiento o composición de sanciones, dada una conducta indebida. La jurisprudencia puede ser vinculante (Sala Constitucional) es decir, que lo que rece en esa jurisprudencia, su cumplimiento es Ley.

• La Costumbre: Es la repetición constante y reiterada de un comportamiento, con la convicción de que responde a una necesidad jurídica.

• La Doctrina: Es el estudio de uno o varios juristas, no es vinculante puesto que se basa en reflexiones que tienen una base de sustentación bastante subjetiva. (El prestigio de doctrinario).

• La Legislación: La cual está contenida en las leyes, como la Ley Orgánica del Trabajo, La Constitución, Leyes Especiales, Reglamentos.

Como Fuentes Específicas del Derecho Laboral, conforme al artículo 60 de la ley Orgánica del Trabajo:

• Convención Colectiva: Su principal característica es que tiene sindicato. Según Jaime (op. Cit) La convención Colectiva es fuente original del Derecho del Trabajo y muchas de las innovaciones del legislador han encontrado su origen en la práctica constante de la convención colectiva.

• Laudo Arbitral: Son las decisiones tomadas por los árbitros nombrados en un proceso de arbitraje y sus decisiones tiene el mismo peso o valor de una sentencia.

• Contrato de trabajo: Que es ley entre las partes, ya sea un contrato individual o colectivo, que se celebra entre trabajadores y patrono.

Ramas del Derecho Laboral

• Laboral Individual: Regula la relación entre un patrono y un trabajador o un patrono y varios trabajadores.

• Laboral Colectivo: Una vez introducido el pliego conflictivo hay fuero sindical. Regula las relaciones entre un patrono y un grupo organizado de trabajadores (sindicato).

• Laboral Procesal: A partir de la Ley Procesal del Trabajo, ventila todo lo contencioso laboral a través de los tribunales laborales.

Organismos Encargados de la Protección del Trabajo y del Trabajador

1. Organismos Administrativos y Judiciales: El Ministerio del Trabajo es el órgano administrativo encargado de asegurar el cumplimiento de la legislación laboral, es el inicialmente y luego se le atribuye a la Oficina Nacional del Trabajo creada por decreto ejecutivo el 29/09/1936, y el Ministerio del Trabajo y comunicaciones decretado en marzo de 1937, desde el 24/04/1945 el Ministerio del Trabajo fue separado del de comunicaciones y tiene asignada las funciones

a. Como órgano ejecutor de la Legislación Laboral: En ese sentido le compete principalmente desarrollar las actividades de inspección, conciliación, fomento en las relaciones obreros-patronales y arbitraje, colocación de trabajadores y sancionamiento de infracciones.

b. Como órgano técnico en la preparación y reforma de la legislación del trabajo.

c. Como instrumento de renovación social, proponiendo al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo, en general.

2. Organismos Internacionales: La Organización Internacional del Trabajo instituida en 1919, por acuerdo de las naciones signatarias del Tratado de Versalles, el cuerpo de normas establecidos por la OIT constituye la parte esencial de la reglamentación internacional del trabajo.

Relaciones del Derecho del Trabajo con otras Disciplinas

• Con el Derecho Civil: Nuestro Código Civil sigue el sistema del principio de la autonomía de la voluntad: por el cual el juez deberá indagar e interpretar la voluntad de las partes.

• Con el Derecho Constitucional: Que ha sido influido por el Derecho del Trabajo hasta el punto de provocar reformas en la Constitución de las Naciones.

• Con el Derecho Penal: Que tiene tipos especiales de normas para infracciones relativas al trabajo.

• Con el Derecho Administrativo: El Derecho del Trabajo ha creado un tren burocrático especial: Ministerio del Trabajo y sus dependencias.

• Con el Derecho Procesal: Que a la vez que amplió su radio con la especialidad del procedimiento laboral mediante la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo, el Derecho Procesal le sirve de fuente supletoria.

Concepto de flexibilidad laboral

El análisis de todo fenómeno debe partir de su conceptualización, por lo que necesariamente, el tema de la flexibilidad debe iniciarse con una definición sobre la misma. Etimológicamente, el término flexibilidad alude a aquello que tiene calidad de flexible, y por flexible, entendemos aquello que se dobla fácilmente, que cede, que se acomoda sin dificultad.

Aún cuando en los primeros momentos fue tarea difícil elaborar una definición sobre flexibilidad, hoy nadie discute que la noción flexibilizadora se identifica con mecanismos jurídicos, reformas, y estrategias, cuyo objetivo es quitar rigidez a la legislación laboral a fin de permitir que el factor trabajo se “acomode”, se “adapte” fácilmente a las necesidades y conveniencias del sistema productivo. Juan Raso Delgue (1993) expresa: “por flexibilización laboral entenderemos la tendencia generalizada de modificar por vía autónoma o heterónoma las reglas jurídicas de la prestación de trabajo, con la finalidad de ajustar el factor trabajo a las nuevas exigencias del sistema de producción”

A juicio de Arturo Hoyos (1987), la flexibilización laboral consiste en:

“la posibilidad de la empresa de contar con mecanismos jurídicos que le permitan ajustar su producción, empleo y condiciones de trabajo ante las fluctuaciones rápidas y continuas del sistema económico (demanda efectiva y diversificación de la misma, tasa de cambio, intereses bancarios, competencia internacional), las innovaciones tecnológicas y otros factores que demandan ajustes con celeridad”

Del análisis de los diversos conceptos presentados, se formula el siguiente: la flexibilización laboral consiste en un conjunto de mecanismos de optimización de los recursos humanos, económicos, tecnológicos y físicos de la empresa, con tendencia a profundizarse y mantenerse en el tiempo, cuyo objetivo fundamental es la fácil adaptabilidad de las relaciones laborales a las exigencias económicas del mercado tanto interno como externo, dentro del marco de la juridicidad.

En efecto, y a fin de explicar la anterior definición, se puede afirmar que se trata de un conjunto de mecanismos cuyo objetivo es optimizar, es decir, permitir el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, económicos, tecnológicos y físicos de la empresa, al servicio de la producción.

Debe aclararse que la flexibilidad no es un fenómeno nuevo, sino que subyace y siempre ha estado presente en el mundo del trabajo, con tendencia a profundizarse cada vez más y a impactar de manera permanente la relación laboral presente y futura.

Se dice que permite la fácil adaptación de las relaciones laborales, porque, precisamente, este fenómeno surge debido a la necesidad de acomodar, de amoldar el factor trabajo a las variaciones de la producción, en un mercado cambiante y dinámico, para satisfacer las exigencias que se imponen en el marco de una economía mundial globalizada.

Cuando se hace referencia a las relaciones laborales, se quiere aludir a aquéllas que se establecen con ocasión del trabajo subordinado, entre patronos, trabajadores y Estado.

Estos recursos, alternativas o mecanismos siempre deberán estar enmarcados dentro del marco jurídico de la legislación del trabajo entendida en sentido amplio, como el conjunto de normas que regulan el hecho social trabajo, en el que figuran: la Constitución o Carta Fundamental, las leyes generales y especiales, los reglamentos, las normas provenientes de las negociaciones colectivas, del reglamento interno o del taller en la medida en que sea reconocido, y otras derivadas de los usos o costumbres industriales o profesionales, los instrumentos internacionales debidamente ratificados, tales como los convenios suscritos ante el órgano internacional por excelencia, la Organización Internacional del Trabajo, y aquéllos acuerdos y tratados suscritos con otros países en la materia laboral, que vistos como un todo coherente, conforman el cuerpo normativo del Derecho del Trabajo. Esta es la vía más indicada para evitar y limitar los efectos negativos que pudieran tener para el trabajador ciertas interpretaciones y aplicaciones de la flexibilidad.

Acepciones del término “Flexibilidad”

La flexibilidad es ciertamente un fenómeno complejo, que puede ser interpretado y aplicado de diversas formas, de acuerdo con las condiciones sociales, culturales, jurídicas, económicas, del sector productivo, etc., pero cuya característica es la redefinición del concepto tradicional de la relación laboral, que puede ser entendida -acepción acogida en el presente trabajo como un mecanismo de optimización de los recursos empresariales, dentro de la concepción “ganar-ganar” para todos los actores involucrados, pero preservando y profundizando el disfrute de los derechos laborales fundamentales.

Dentro de esta concepción, la flexibilidad laboral se perfila como una propuesta interesante y creativa, capaz de generar una fuerte motivación al logro y suscitar una mayor integración del trabajador a la empresa.

Pero también puede ser entendida como sinónimo de precarización y desregulación, interpretación desafortunada que significa un retroceso a etapas superadas en el ámbito laboral, mediante la reedición de antiguas formas de explotación del hombre por el hombre, con exclusión del sistema de protección conquistado por obra de batallas legítimas libradas por la masa trabajadora, y que se manifiesta a través del empleo precario o atípico y la subcontratación, con la consiguiente pérdida de los beneficios laborales, el incumplimiento patronal, salario insuficiente, la ausencia de seguridad social, entre otras.

Al respecto, como bien lo expresa Arturo Hoyos (1987), la flexibilización del derecho laboral tradicional, como el dios romano Jano, tiene dos caras, una que mira hacia adelante, y otra que mira hacia atrás, lo que equivale a decir, una positiva y otra negativa.

La parte positiva estaría representada en el hecho de que la flexibilidad permite a las empresas mantener su competitividad mediante el ajuste a las presiones externas, además de estimular la diversificación y expansión del empleo.

Esto hace posible la supervivencia de la empresa, que a su vez, sustenta el empleo y el bienestar económico, y trae aparejados los beneficios adicionales de la estabilidad social y política.

Sin embargo, la flexibilidad laboral tiene una segunda cara menos atractiva que la anterior, que implica la abolición de una serie de garantías brindadas tradicionalmente a los trabajadores frente a un empleador que goza de mayor poder en la relación contractual; lo que a su vez va a generar el debilitamiento de un derecho que ha perseguido introducir -y cita a Otto Kahn Freund-, elementos de coordinación en una relación de subordinación.

El resultado es que el derecho laboral resulta disminuido e inconvenientemente desviado hacia la esfera de la acumulación capitalista, más que hacia la justicia distributiva que históricamente ha sido su hábitat. Y finaliza:

“La Ley debería poder distinguir entre aquéllos que desean mayor flexibilidad para cooperar y para crear empleos y aumentar la productividad, a diferencia de aquellos empleadores inescrupulosos que la utilizarán para fines inconfesables”.

En resumen, la flexibilidad puede entenderse de dos maneras: -Como un mecanismo de optimización de los recursos empresariales (humano, tecnológico, económico), en función de una nueva manera de concebir el hecho social trabajo; respetando su dimensión humana; Como un mecanismo de eliminación de las conquistas, normas protectoras y garantías laborales de los trabajadores.

Principios del Derecho Laboral.

Regla In Dubio Pro Operario: Todas las normas jurídicas aplicables a las relaciones de trabajo, en caso de duda en cuanto a su sentido y alcance, deben ser interpretadas en la forma que resulte más beneficiosa para el trabajador. Es decir, de entre dos o más sentidos de una norma, ha de acogerse aquel que en cada caso resulte más favorable a los intereses de los trabajadores.

Regla de la Norma más Favorable: Por su parte, la regla de la norma más favorable implica un cambio en la manera tradicional de entender el principio de la jerarquía normativa. En efecto, el vértice de la pirámide de la jerarquía de las normas laborales será ocupado por la norma más favorable al trabajador de entre todas las diferentes normas en vigor. Esta regla soluciona uno de los problemas básicos en la aplicación de las normas del Derecho del Trabajo, en cuanto a la determinación de la norma aplicable de entre las varias, posibles y simultáneamente vigentes. En definitiva, se puede señalar que una característica del Derecho del Trabajo es que cada una de sus normas marca niveles mínimos de protección. De esta manera, nada impide que por encima de esos niveles se puedan ir aprobando otras normas que los mejoren. Esta regla tiene plena aplicación en nuestro ordenamiento jurídico laboral, por expreso mandato del legislador.

Regla de la Condición más Beneficiosa: Esta regla supone la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y determina que ella debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador que la nueva regulación que se ha de aplicar. Esta regla opera, entonces, en los casos de sucesión normativa, garantizando el respeto a los niveles alcanzados con la norma más antigua o derogada. Para invocar esta regla, deben concurrir tres requisitos:

• Que se trate de condiciones laborales, en un sentido amplio (alimentación, transporte, becas de estudio, vestimenta, etc.).

• Que las condiciones laborales sean más beneficiosas para el trabajador, lo cual importa compararlas con otra regulación, nacida bajo el imperio de una norma antigua, sea legal o convencional.

• Que las condiciones laborales hayan sido efectivamente reconocidas al trabajador, a nivel individual.

Cabe señalar que esta regla también tiene aplicación en nuestro ordenamiento jurídico laboral, pese a que los fundamentos que permiten afirmar su vigencia no son tan fuertes como la declaración expresa del legislador dada para la regla anterior.

Principio de la Presunción de la No Interrupción de la Relación Laboral: Este principio, reconocido a favor del trabajador persigue que las relaciones laborales sean estables. Esto porque se ha concebido al contrato de trabajo como una relación jurídica indefinida, estable y de jornada completa, de tal manera que asegure la continuidad de la permanencia del trabajador en la empresa, protegiéndola de rupturas e interrupciones y limitando las facultades del empleador de ponerle término.

Principio de Supremacía de la Realidad sobre las Formas o Apariencias: Puede definirse este principio señalando que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. De esta forma han surgido las nociones de “contrato-realidad” y “efectiva relación de trabajo”, entendiendo que la aplicación del Derecho del Trabajo depende cada vez más de una relación jurídica objetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento.

Principio de la Presunción de Contrato de Trabajo a Tiempo Indeterminado: El contrato de trabajo se considerará celebrado por tiempo indeterminado cuando no aparezca expresada la voluntad de las partes, en forma inequívoca, de vincularse sólo con ocasión de una obra determinada o por tiempo determinado. (Art. 73 .L.O.T.)

Principio de la Obligación de Indemnizar al Trabajador en caso de la finalización de la Relación Laboral por Causas imputables al Patrono: Cuando la relación de trabajo por tiempo indeterminado finalice por despido injustificado el trabajador tendrá derecho a una indemnización calculada en base al tiempo de la relación laboral, acorde a lo establecido en la ley. (Art. 125 L.O.T. en concordancia con el Art. 190 Ley Orgánica Procesal del Trabajo)

Principio de la Irrenunciabilidad de los Derechos Laborales: Este principio plantea la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el Derecho del Trabajo. El ordenamiento jurídico laboral se aleja nuevamente de los criterios civilistas, que recogen los principios contrarios, de la renunciabilidad de los derechos y de la autonomía de la voluntad. Respecto del alcance de la irrenunciabilidad la cuestión presenta matices en los diferentes ordenamientos jurídicos, pero el nuestro recoge este principio en el artículo 3 del L.O.T., que establece que “En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores”.

Principio de Libertad Sindical: Este es un principio referido a la génesis, aplicación e interpretación del Derecho Colectivo del Trabajo. El profesor uruguayo Américo Plá define este principio indicando que es el conjunto de derechos que tienen los trabajadores y sus organizaciones para organizarse sindicalmente y para desarrollar actividades sindicales, entre ellas, la negociación colectiva y la huelga.

Principios Generales con Relevancia en Materia Laboral.

Principio de Igualdad de Trato: El principio de igualdad ante la ley puede formularse como el sometimiento de todas las personas a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes. (Art. 23 y sgts. L.O.T.)

Principio de no Discriminación: El principio de no discriminación está estrechamente vinculado al principio de igualdad, toda vez que él asegura la plena vigencia del principio de la igualdad al excluir o prohibir toda diferenciación, preferencia o exclusión que se fundamente en criterios objetivos y razonables. (Art. 26 L.O.T.)

Principio de la Buena Fe: En su concepción objetiva, el principio de la buena fe “conlleva un modelo de conducta social que la ley exige a las personas conforme a un imperativo ético dado, dentro del marco de la relación contractual.” Dicho de otra forma, a través de este principio general se impone un modelo o arquetipo de conducta social basado en la rectitud y honradez.