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LAS GARANTÍAS

Publicado: marzo 24, 2014 en LEYES VIGENTES
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Las garantías son contratos que nos conllevan o presuponen un deber de cumplimiento, dándole al acreedor un derecho, es decir, una pretensión a la prestación, debida por el deudor. El cumplimiento o satisfacción de la prestación depende del sujeto pasivo de la relación jurídica (deudor). Ahora bien por estar supeditada, la satisfacción del derecho del acreedor a la conducta del deudor, es factible que la obligación sea incumplida. En atención a tal situación y previendo la misma, el legislador ha establecido los instrumentos o normas legales para lograr el cumplimiento forzoso o coactivo de la obligación. 

La garantía es pues la seguridad que un deudor le da a su acreedor para que éste se sienta protegido en el pago de una obligación principal respaldando la misma con una garantía que se constituye a favor del acreedor.

ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN:

  • EL DÉBITO: que se da en la primera fase o momento de la relación obligatoria, consiste en el deber de prestación del deudor, es un momento personalísimo, siendo en esta fase cuando se agota la obligación. El deudor satisface su prestación.
  • LA RESPONSABILIDAD: situación en que se encuentran los bienes, no la persona, cuando el deudor no ha dado ejecución a la prestación, en tal supuesto los bienes del deudor están sujetos al poder o derecho de agresión del acreedor, con el fin de satisfacerse, logrando el acreedor satisfacer su acreencia en el patrimonio de dicho deudor, mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales competentes. No todas las veces el régimen legal en materia de responsabilidad del deudor es satisfactorio para el acreedor, máxime si tu crédito no goza de privilegio.
    Se nos presenta entonces la situación jurídica del acreedor quirografario, que no siempre ofrece a éste el grado de seguridad que el mismo de que podrá lograr la ejecución forzosa de su crédito.
    Los acreedores garantizados tienen la seguridad de que el deudor cumplirá con su obligación o responderá el fiador o garante de la obligación, de lo contrario se ejecutará el bien objeto de la garantía. El acreedor quirografario no tiene seguridad de que la obligación se va a cumplir, por no tener ventajas que garanticen su crédito.

CRITERIOS IMPORTANTES.

GARANTÍA COMO SINÓNIMO DE SEGURIDAD: en este caso, el acreedor amparado o garantizado mediante garantías, obtiene ventaja frente al acreedor quirografario, que es aquel que se presenta frente a su deudor sin tener seguridad ni ventaja alguna, o sea, sin tener ninguna garantía.

GARANTÍA COMO VENTAJA QUE SE OTORGA AL ACREEDOR: en este caso, el acreedor para asegurarse que se le responda por la obligación, puede tener la ventaja que le respondan otras personas y no sólo su deudor, aumentando así el número de patrimonios afectados para el cumplimiento de la obligación o también pudiera estar afectado un bien específico que representa la garantía.

 CONCEPTOS.

Las Garantías no se encuentran definidas en el Código Civil, pero de la normativa y articulado puede inferirse la definición y contenido de las misma.

A. GARANTÍAS EN SENTIDO AMPLIO: es la seguridad que se da al acreedor en virtud de la cual se siente protegido en el pago de una obligación principal, las garantías son accesorias, hay un acreedor a quien se le debe la obligación principal y un deudor que la debe, también existe una obligación respaldada por una garantía que se constituye a favor del acreedor para que se cumpla la obligación principal.

B. IMPORTANCIA DE LAS GARANTÍAS: radica en el aspecto jurídico y en la vida comercial, tanto para el acreedor como para el deudor. En nuestras actividades cotidianas nos relacionamos con las garantías porque ellas están presentes en el que hacer diario de nuestra sociedad, facilitando las operaciones comerciales, ejemplo de ello es la obtención de vivienda mediante sistema de venta a plazo don el inmueble constituye la garantía hipotecaria que le otorga al acreedor mayor seguridad para el pago de su crédito.

CONCLUSIÓN: Las garantías son importantes tanto para el acreedor como para el deudor, ya que, al primero le otorgan mayor seguridad para la satisfacción de su crédito y al segundo le facilita la obtención de créditos para evolucionar económicamente.

CLASIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

 Se clasifican en dos grupos:

1.SEGÚN LA FUENTE QUE LAS ORIGINA.

 LEGALES:

Su fuente está en la ley. Ejemplo de esta es la Hipoteca Legal (Art. 1.885 C.C.V.).

El menor y el entredicho, sobre los bienes del tutor que se determina con arreglo de los Arts. 360 y 397 del C.C.V.

La hipoteca legal general: cuando en ella están comprendidos todos los bienes del deudor.

La hipoteca legal especial: que sólo se limita a cosas específicas o determinadas, la cual ha adoptado el legislador en nuestro Código Civil.

CONVENCIONALES: Son aquellas que se establecen por la autonomía de la voluntad de los particulares, su fuente es una manifestación de voluntad de las partes.

JUDICIALES: Tienen como fundamento una decisión judicial o sentencia ejecutoriada, definitivamente firme sobre la cual no cabe ningún otro recurso (Art. 1.886 C.C.V.)

2. SEGÚN SU OBJETO:

GARANTÍAS PERSONALES: aquella que versa sobre las personas. Ej.: La fianza (Art. 1.804     C.C.V.)

GARANTÍAS REALES: aquellas que versan sobre bienes. Ej.: La prenda y la hipoteca (Arts. 1.837 y 1.877 C.C.V.).

ENUMERACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

1. La fianza (Art. 1.804 C.C.V.)

2. La prenda (Art. 1.837 C.C.V.)

3. La anticresis (Art. 1.855 C.C.V.)

4. El derecho de retención: (Arts. 1.774, 1.702 C.C.V.)

5. La hipoteca (Art. 1.877 C.C.V.)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS GARANTÍAS.

A través de la historia el deudor ha garantizado sus obligaciones:

1. Con su propia persona

2. Con su patrimonio

3. Con ambas cosas a la vez.

TSJ-LOGO

Ahora, atendiendo a la “falta de legitimación de los apoderados” decretada por la Alzada, en virtud a que debía existir una autorización por parte de la Junta Directiva para el otorgamiento del mandato, cabe reiterar que ha sido criterio de esta Sala de Casación Social (sentencia N° 994 de fecha 06 de junio de 2006, entre otros), que la impugnación del instrumento poder debe verificarse en la primera oportunidad o actuación inmediatamente posterior a la presentación de aquél, por parte de quien se encuentra interesado en objetar la representación que se trate, pues, de lo contrario, existe una presunción tácita de que ésta ha sido admitida como legítima.

 Tal regla se desprende del contenido del artículo 213 del Código de Procedimiento Civil, el cual prescribe lo siguiente: “Las nulidades que sólo pueden declararse a instancia de parte, quedarán subsanadas si la parte contra quien obre la falta no pidiere la nulidad en la primera oportunidad en que se haga presente en autos.”

 Por tanto, siendo que al no emplearse dicho medio de ataque en ninguna oportunidad por la parte contraria, consintiendo con ello cualquier deficiencia que pudiere presentar el instrumento poder otorgado por la empresa, la Alzada, ha debido tener como buena y legítima la representación que ostentan los apoderados judiciales de la parte demandante, pese a la falta de autorización por parte de la Junta Directiva, en sintonía con el criterio jurisprudencial fijado por la Sala, en sentencia N° 994 de fecha 06 de junio de 2006, y no declarar de oficio, la falta de representación de los apoderados judiciales de la empresa accionante, en virtud de una insuficiencia de poder no alegada por la parte demandada.

 En consecuencia, una vez constatado el criterio errado de la Alzada en los términos antes señalados, esta Sala considera que se subvirtió el orden público procesal laboral, y con ello el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte actora, impidiéndole el acceso a los órganos de administración de justicia, al haberse declarado inadmisible la demanda incoada y confirmar el fallo apelado, con base a la falta de legitimidad procesal del Presidente de la sociedad mercantil accionante y de los profesionales del derecho que actuaron en el juicio en nombre de la misma, por lo que resulta forzoso declarar con lugar el presente recurso de control de la legalidad, y por vía de consecuencia se decreta la nulidad del fallo recurrido, se declara admisible la presente demanda y se ordena la reposición de la causa al estado de que el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución que resulte competente, proceda a la tramitación del presente asunto. Así se decide.

D E C I S I Ó N

               Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República, y por autoridad de la Ley declara: 1°) CON LUGAR el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte demandante, contra la Sentencia proferida por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 7 de junio de 2011, 2°) se ANULA el fallo recurrido; 3) se ADMITE la demanda incoada; y 4°) se REPONE la causa al estado ya fijado en la parte motiva de la presente sentencia.

                   No hay expresa condenatoria en costas del proceso, dada la naturaleza de la presente decisión.

               Publíquese, regístrese y reítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Trabajo arriba identificada, a los fines consiguientes. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de dos mil doce (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Diciembre/1517-181212-2012-11-1278.html

Les dejo para su descarga en pdf.

Reglamento Orgánico del Cuerpo de Policía Nacional

Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional

La Asamblea Nacional, previa  consulta popular, a través del Plan de Acción 2010 Parlamentarismo Social de Calle (que permite el incremento de la participación popular en el desarrollo legislativo), procedió a promulgar cinco (05) leyes en materia social.

Ese grupo de leyes, cuya discusión tuvo lugar en conjunto por ser instrumentos relacionados entre sí, tienen por objetivo fundamental contribuir con la consolidación del Poder Popular y la profundización de la democracia participativa, buscando establecer de esta manera un Estado Comunal en paralelo al Estado Constitucional.

Todo esto tiene su fundamento en el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece expresamente:

La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.

Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.”

La publicación de estas Leyes tuvo lugar bajo Gaceta Oficial Nº 6.011 Extraordinario, de fecha 21 de diciembre de 2010, y son las siguientes:

  1. Ley Orgánica del Poder Popular.
  2. Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular.
  3. Ley Orgánica de Las Comunas.
  4. Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal.
  5. Ley Orgánica de Contraloría Social.

A continuación, damos a conocer la esencia de cada una de estas normativas.

LEY ORGÁNICA DEL PODER POPULAR

Tiene por objeto desarrollar y consolidar la organización del pueblo, generando condiciones a través de los diversos medios de participación y organización establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley y los que surjan de la iniciativa popular.

Busca fomentar a los(as) ciudadanos(as)  para que ejerzan el derecho a la soberanía, la democracia participativa y protagónica, además de establecer la constitución de formas de autogobierno comunitarias y comunales, para el ejercicio directo del poder.

El Poder Popular tiene por finalidad garantizar la vida y el bienestar social del pueblo, mediante la creación de mecanismos para su desarrollo social y espiritual, procurando la igualdad de condiciones, sin discriminaciones por motivos de origen étnico, religioso, condición social, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de genero, idioma, opinión política, nacionalidad u origen, edad, posición económica, condición de discapacidad o cualquier otra circunstancia personal, jurídica o social, que tenga por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y garantías constitucionales.

Las organizaciones del Poder Popular se constituyen por iniciativa de los(as) ciudadanos(as), de acuerdo con su naturaleza, por intereses comunes, necesidades, potencialidades y cualquier otro referente común, según lo establecido en la ley que rija el área de su actividad.

Por su parte, las expresiones del Poder Popular se constituyen, por iniciativa popular y como respuesta a las necesidades y potencialidades de las comunidades, de conformidad con la Constitución de la República y la ley.

El autogobierno comunal y los sistemas de agregación que surjan entre sus instancias, son un ámbito de actuación del Poder Popular en el desarrollo de su soberanía, mediante el ejercicio directo por parte de las comunidades organizadas, de la formulación, ejecución y control de funciones públicas, de acuerdo a la ley que regula la materia.

Las instancias del Poder Popular para el ejercicio del autogobierno son:

1. El consejo comunal.

2. La comuna.

3. La ciudad comunal.

4. Los sistemas de agregación comunal.

Las instancias y organizaciones de base del Poder Popular contempladas en esta Ley, estarán exentas de todo tipo de pagos de tributos nacionales y derechos de registro. Las preexistentes, a la entrada en vigencia de la presente, adecuarán su organización y funcionamiento a las disposiciones de la misma, en un lapso de ciento ochenta (180) días contados a partir de su publicación en Gaceta Oficial.

Hasta tanto se dicte su Reglamento, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana, con sujeción a sus disposiciones, queda encargado de establecer los lineamientos en lo relativo al funcionamiento de las instancias y organizaciones del Poder Popular preexistentes a la vigencia de la misma.

LEY ORGÁNICA DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA Y POPULAR

Su objeto consiste en desarrollar y fortalecer el Poder Popular mediante el establecimiento de principios y normas que sobre la planificación rigen a las ramas del Poder Público y las instancias del Poder Popular, a fin de garantizar un Sistema Nacional de Planificación, que tenga como propósito el empleo de los recursos públicos dirigidos a la consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y proyectos para la transformación del país, a través de una JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta, para la construcción de la sociedad socialista de justicia y equidad.

Su ámbito de aplicación abarca:

1. Los órganos y entes que conforman el Poder Público y las instancias del Poder Popular.

2. Los institutos públicos y demás personas jurídicas estatales de derecho público, con o sin fines empresariales.

3. Las sociedades mercantiles en las cuales la República, por tener una participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social o a través de otro mecanismo jurídico, tenga el control de sus decisiones.

4. Las sociedades de propiedad totalmente estatal, cuya función a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional.

5. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás entes constituidos con fondos públicos o dirigidas por algunas de las personas jurídicas referidas en este artículo, cuando la totalidad de los aportes presupuestarios o contribuciones en un ejercicio, sean efectuados por una o varias de las personas referidas en el presente artículo y represente el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto.

La Planificación Pública y Popular tiene por finalidad:

1. Establecer un Sistema Nacional de Planificación que permita el logro de los objetivos estratégicos y metas plasmadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

2. Garantizar el seguimiento, evaluación y control del desempeño institucional.

3. Ordenar, racionalizar y coordinar la acción pública en los distintos ámbitos y niveles político-territoriales de gobierno.

4. Fortalecer la capacidad del Estado y del Poder Popular en función de los objetivos estratégicos y metas plasmadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

5. Forjar un Estado transparente, eficaz, eficiente y efectivo.

6. Fortalecer los mecanismos institucionales para mantener la continuidad de los programas y sus inversiones, así como las demás decisiones públicas relacionadas con el desarrollo sustentable del país.

7. Fortalecer las capacidades estratégicas y rectoras del Estado y de Poder Popular para la inversión de los recursos públicos.

8. Garantizar la vinculación entre la formulación y ejecución de los planes y la programación presupuestaria.

9. Promover espacios para el ejercicio de la democracia, participativa y protagónica, como base para la consolidación del estado comunal.

El Sistema Nacional de Planificación promoverá la coordinación, consolidación e integración equilibrada de la actividad planificadora, en favor de una política de ordenación que permita dar el valor justo a los territorios, dando relevancia a su historia, a sus capacidades y recursos físicos, naturales, ambientales y patrimoniales; así como las potencialidades productivas que garanticen el bienestar social de todos los venezolanos y venezolanas.

Está integrado por:

a. El Consejo Federal de Gobierno.

b. Los consejos estadales de planificación y coordinación de políticas públicas.

c. Los consejos locales de planificación pública.

d. Los consejos de planificación comunal.

e. Los consejos comunales.

Hasta tanto se apruebe su Reglamento, los lineamientos para la formulación de los distintos que ésta establece, serán formulados de acuerdo a los lineamientos estratégicos, políticas y planes establecidos en la Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación.

Se derogan:

  • El Decreto N° 1.528 con Fuerza de Ley Orgánica de Planificación, publicado en G.O. Nº 5.554 Extraordinario, de fecha 13/11/2001.
  • Todas aquellas disposiciones establecidas en aquellas leyes que contradigan las presentes.

LEY ORGÁNICA DE LAS COMUNAS

Establece normas que regulen la constitución, conformación, organización y funcionamiento de la Comuna, como entidad local donde los(as) ciudadanos(as) ejercen el pleno derecho de la soberanía y desarrollan la participación protagónica mediante formas de autogobierno para la construcción del Estado Comunal.

Están sujetas a la aplicación de esta Ley:

  • Las organizaciones comunitarias.
  • Las comunidades organizadas y todas las instancias del Poder Popular debidamente constituidas.
  • Las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como privado, que se relacionen con las comunas.

La COMUNA es un espacio socialista que, como entidad local, es definida por la integración de comunidades con rasgos culturales, usos y costumbres compartidos, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento. Cada comuna recibirá recursos del Estado, y sobre éstas se ejercerán los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular.

Tendrá como finalidad:

1. Desarrollar y consolidar el Estado Comunal como expresión del Poder Popular y soporte para la construcción de la sociedad socialista.

2. Conformar el autogobierno para el ejercicio directo de funciones en la formulación, ejecución y control de la gestión pública.

3. Promover la integración y la articulación con otras comunas en el marco de las unidades de gestión territorial establecidas por el Consejo Federal de Gobierno.

4. Impulsar el desarrollo y consolidación de la propiedad social.

5. Garantizar la existencia efectiva de formas y mecanismos de participación directa de los(as) ciudadanos(as) en la formulación, ejecución y control de planes y proyectos vinculados a los aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y de seguridad y defensa.

6. Promover mecanismos para la formación e información en las comunidades.

7. Impulsar la defensa colectiva y popular de los derechos humanos.

8. Todas aquellas determinadas en la Constitución de la República y en la Ley.

La CARTA DE LA COMUNA, constituye un instrumento, propuesto por los habitantes de la Comuna y aprobados por el Parlamento Comunal, destinado a regular la vida social y comunitaria, coadyuvar con el orden público, la convivencia, la primacía del interés colectivo sobre el interés particular y la defensa de los derechos humanos.

Dicha Carta deberá contener:

1. Título de la carta comunal de acuerdo al ámbito o actividad a regular.

2. Objeto y definición del ámbito y actividad.

3. Desarrollo de la normativa conforme a un articulado bajo los criterios que establecen la técnica legislativa, la Constitución y leyes de la República.

El PARLAMENTO COMUNAL es la máxima instancia del autogobierno en la Comuna; y sus decisiones se expresan mediante la aprobación de normativas para la regulación de la vida social y comunitaria, coadyuvar con el orden público, la convivencia, la primacía del interés colectivo sobre el interés particular y la defensa de los derechos humanos, así como en actos de gobierno sobre los aspectos de planificación, coordinación y ejecución de planes y proyectos en el ámbito de la Comuna.

Está integrado de la siguiente manera:

1. Un vocero o vocera y su respectivo suplente, electo o electa por cada consejo comunal de la Comuna.

2. Tres voceros o voceras y sus respectivos suplentes, electos o electas por las organizaciones socio-productivas.

3. Un vocero o vocera y su respectivo suplente, en representación del Banco de la Comuna.

El período de ejercicio de los voceros y voceras ante el Parlamento Comunal es de tres (03) años, pudiendo ser reelectos.

Para ser miembro del Parlamento Comunal se requiere:

1. Nacionalidad venezolana.

2. Mayor de quince (15) años.

3. No poseer parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con quienes representen los entes político-territoriales establecidos en la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.

4. Ser habitante del ámbito territorial de la Comuna, con al menos un (01) año de residencia en la misma.

5. Hacer vida activa en el ámbito territorial de la Comuna.

6. No desempeñar cargos públicos de elección popular.

7. No estar sujeto o sujeta a interdicción civil o inhabilitación política.

El BANCO DE LA COMUNA tiene como objeto garantizar la gestión y administración de los recursos financieros y no financieros que le sean asignados, así como los generados o captados mediante sus operaciones, promoviendo la participación protagónica del pueblo.

Dicho Banco quedará exceptuado de la regulación prevista en materia de bancos y otras instituciones financieras y estará exento de todo tipo de pagos de tributos nacionales y derechos de registro.

Las instancias del Poder Popular podrán constituir sistemas comunales de agregación entre sí, con el propósito de articularse en el ejercicio del autogobierno, para fortalecer la capacidad de acción sobre aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y de seguridad y defensa de la soberanía nacional, de conformidad a la Constitución de la República y la Ley. Los sistemas de agregación comunal son:

1. El Consejo Comunal.

2. La Comuna.

3. La Ciudad Comunal.

4. Federación Comunal.

5. Confederación Comunal.

6. Las demás que se constituyan por iniciativa popular.

Los Bancos de las Comunas constituidos antes de la promulgación de esta Ley, en un lapso no mayor de noventa (90) días contados a partir de su publicación, serán objeto de un proceso de adecuación de sus Estatutos a las disposiciones establecidas en ésta, a los fines de su registro por ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Comunas.

El Ejecutivo Nacional elaborará y sancionará el Reglamento de la presente, en un lapso no mayor a ciento ochenta (180) días continuos a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA ECONÓMICO COMUNAL

Establece las normas, principios, y procedimientos para la creación, funcionamiento y desarrollo del SISTEMA ECONÓMICO COMUNAL, integrado por organizaciones socio-productivas bajo un régimen de propiedad colectiva, impulsadas por las instancias del Poder Popular, del Poder Público o por acuerdo entre ambos, para la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, en las cuales el trabajo tiene significado propio, auténtico, sin ningún tipo de discriminación, en pro de satisfacer las necesidades colectivas y reinvertir socialmente el excedente, mediante una planificación estratégica, democrática y participativa.

Sus disposiciones son aplicables a las comunidades organizadas, consejos comunales, comunas y todas las instancias y expresiones del Poder Popular, en especial a las organizaciones socio-productivas que se constituyan dentro del Sistema Económico Comunal y de igual manera a los órganos y entes del Poder Público y las organizaciones del sector privado, en sus relaciones con las instancias del Poder Popular.

Entre las finalidades de esta Ley tenemos:

1. Garantizar la participación popular en el proceso económico-productivo.

2. Fomentar el Sistema Económico Comunal en el marco del modelo productivo socialista, a través de diversas formas de organización socio-productiva, comunitaria y comunal en todo el territorio nacional.

3. Dotar a la sociedad de medios y factores de producción que garanticen la satisfacción de las necesidades humanas, consolidar el ejercicio de la soberanía nacional y contribuir al desarrollo humano integral.

4. Promover un sistema de financiamiento para apoyar las iniciativas de las comunidades sobre proyectos socio-productivos sustentables, con criterios de Equidad y Justicia Social, donde se reconozcan los saberes, conocimientos y las potencialidades locales como elementos constitutivos de garantía para la viabilidad y el cumplimiento.

El Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia, es el órgano coordinador de las políticas públicas relacionadas con la promoción, formación, acompañamiento integral y financiamiento de los proyectos socio-productivos, originados del seno de las comunidades, las comunas o constituidos por Entes del Poder Público.

Las organizaciones socio-productivas estarán exentas del pago de todo tipo de tributos nacionales y derechos de registro.

Son formas de organizaciones socio-productivas:

1. Empresa de propiedad social directa comunal.

2. Empresa de propiedad social indirecta comunal.

3. Unidad productiva familiar.

4. Grupos de intercambio solidario.

La Moneda Comunal, como instrumento alternativo a la moneda de curso legal en el espacio geográfico de la República, permite y facilita el intercambio de saberes, conocimientos, bienes y servicios en los espacios del Sistema de Intercambio Solidario, mediante la cooperación, la solidaridad y la complementariedad, en contraposición a la acumulación individual.

El Banco Central de Venezuela regulará todo lo relativo a la moneda comunal dentro del ámbito de su competencia.

Se crea la Red de Comercio Justo y Suministro Socialista, integrada por las unidades de suministro socialista y demás medios de distribución y abastecimiento con que cuenta el Estado para tal fin.

A partir de la vigencia de la presente Ley, las organizaciones socio-productivas comunitarias preexistentes, que aspiren integrar el Sistema Económico Comunal, deberán adecuarse a sus disposiciones en un lapso no mayor a ciento ochenta (180) días.

El Ejecutivo Nacional, dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la publicación de la presente, dictará su Reglamento.

Se deroga el Decreto Nº 6.130, con Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular, publicado en G.O. Nº 5.890 Extraordinario, de fecha 31/07/2008, así como cualquier otra disposición que contravenga el contenido de esta Ley.

LEY ORGÁNICA DE CONTRALORÍA SOCIAL

Establece las normas, mecanismos y condiciones para la promoción, desarrollo y consolidación de la Contraloría Social como medio de participación y de corresponsabilidad de los(as) ciudadanos(as) y sus organizaciones sociales, mediante el ejercicio compartido, entre el Poder Público y el Poder Popular, de la función de prevención, vigilancia, supervisión y control tanto de la gestión pública y comunitaria, como de las actividades del sector privado que incidan en los intereses colectivos o sociales.

La Contraloría Social, es una función compartida entre las instancias del Poder Público y los(as) ciudadanos(as) y las organizaciones del Poder Popular, para garantizar que la inversión pública se realice de manera transparente y eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad, y que las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales.

Su propósito fundamental es:

La prevención y corrección de comportamientos, actitudes y acciones que sean contrarios a los intereses sociales y a la ética en el desempeño de las funciones públicas, así como en las actividades de producción, distribución, intercambio, comercialización y suministro de bienes y servicios necesarios para la población, realizadas por el sector público o el sector privado.

Sus disposiciones son aplicables a todos los niveles e instancias político-territoriales de la Administración Pública, a las instancias y organizaciones del Poder Popular y a las organizaciones y personas del sector privado que realicen actividades con incidencia en los intereses generales o colectivos.

Para la prevención y corrección de conductas, comportamientos y acciones contrarios a los intereses colectivos, esta normativa tiene por finalidad:

1. Promover y desarrollar la cultura del control social como mecanismo de acción en la vigilancia, supervisión, seguimiento y control de los asuntos públicos, comunitarios y privados que incidan en el bienestar común.

2. Fomentar el trabajo articulado de las instancias, organizaciones y expresiones del Poder Popular con los órganos y entes del Poder Público, para el ejercicio efectivo de la función del control social.

3. Garantizar a los(as) ciudadanos(as) en el ejercicio de la contraloría social, obtener oportuna respuesta por parte de los servidores públicos y servidoras públicas sobre los requerimientos de información y documentación relacionados con sus funciones de control.

4. Asegurar que los servidores públicos y servidoras públicas, los voceros y voceras del Poder Popular y todas las personas que, de acuerdo a la ley representen o expresen intereses colectivos, rindan cuentas de sus actuaciones ante las instancias de las cuales ejerzan representación o expresión.

5. Impulsar la creación y desarrollo de programas y políticas en el área educativa y de formación ciudadana.

Para ejercer la Contraloría Social se requiere:

1. Ser mayor de edad, salvo en los casos previstos en leyes especiales.

2. Sujetar su desempeño a los principios y valores que rigen el control social, previstos en esta Ley.

Los supervisores inmediatos de la Administración Pública o empleadores del sector privado, deben garantizar y facilitar a los trabajadores y trabajadoras el ejercicio del Control Social en su ámbito laboral, sin que se vea afectada la eficacia del funcionamiento de la institución o empresa.

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana, diseñará e implementará programas orientados a crear conciencia en la ciudadanía sobre la utilidad y ventaja del correcto funcionamiento de las instancias del Poder Público y del Poder Popular, así como de las organizaciones del sector público en la realización de sus actividades, para contribuir al desarrollo integral del país.

El Poder Ejecutivo Nacional elaborará y dictará su Reglamento, dentro de los seis (06) meses, contados a partir de esta publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

La vigencia de todas estas Leyes, rige desde la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, momento a partir del cual quedarán derogadas tanto las normativas que cada una de éstas expresamente señalan, como todas aquellas disposiciones que resulten contrarias a su contenido respectivo.

Resolución Conjunta Nº 278 y 1563, mediante la cual se dicta el “Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas”

(Gaceta Oficial Nº 39.784 del 24 de octubre de 2011) 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
Nº 278
MINISTERIO PÚBLICO
Nº 1563
201º 152º y 12º
FECHA: 21 de octubre de 2011
RESOLUCIÓN CONJUNTA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 136 y 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en uso de las atribuciones previstas en los artículos 25, numerales 1 y 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público; 202 literal A, del Código Orgánico Procesal Penal; 77, numerales 1, 12 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; y 3, numerales 18 del Decreto Nº 8.121 de fecha 29 de marzo de 2011 publicado en la Gaceta Oficial del la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.644 de la misma fecha,
CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el proceso judicial constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, por lo que las leyes procesales deben procurar la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptar un procedimiento breve, oral y público.
CONSIDERANDO
Que el proceso judicial tiene como finalidad establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho, por lo que en la fase preparatoria del juicio oral y público, la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción permiten fundamentar la acusación del fiscal del Ministerio Público y la defensa del imputado,
CONSIDERANDO
Que el Código Orgánico Procesal Penal dispone que los elementos de convicción sólo tendrá valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones legales, aunado al hecho que no podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni la obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas, habida cuenta que tampoco podrá apreciarse la información que provenga directa o Indirectamente de un medio o procedimiento ilícito,
CONSIDERANDO
Que la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, impone como deberes comunes del órgano principal de investigaciones, de los órganos de competencia especial y de los de apoyo a la investigación penal, el cuidado riguroso de los rastros materiales dejados en la comisión de un delito, su conservación y la no alteración o modificación del estado de las cosas, mientras se lleven a cabo las actividades que correspondan. CONSIDERANDO
Que el artículo 26 del referido instrumento normativo, que establece que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y demás órganos competentes de investigación penal están obligados a fijar al procedimiento científico necesario, que permita garantizar la cadena de custodia de las evidencias físicas, como modelo necesario dentro del desarrollo de la actividad criminalística, a los fines de contribuir a la organización, planeación y sistematización de toda la información que arroja el análisis de los elementos materiales probatorios y evidencia física, cuyo propósito es garantizar que los elementos hallados en el lugar de los hechos sean auténticos e íntegros y se conserven en todo momento tal como se encontraron, evitándose su alteración,
CONSIDERANDO
Que el artículo 202 literal A del Código Orgánico Procesal Penal señala que todo funcionario que colecte evidencias físicas debe cumplir con la cadena de custodia y que ésta comprende el procedimiento empleado en la inspección técnica del sitio del suceso y del cadáver si fuere el caso, debiendo cumplirse progresivamente con los pasos de protección, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado, preservación y traslado de las evidencias a las respectivas dependencias de investigaciones penales, criminalísticas y ciencias forenses u órganos jurisdiccionales,
CONSIDERANDO
Que los procedimientos generales y específicos, fundados en los principios básicos de la cadena de custodia de las evidencias físicas, deben estar regulados por un manual de procedimiento único, de uso obligatorio para todas las instituciones policiales del territorio nacional que practiquen entre sus labores, el resguardo, fijación fotográfica o por otro medio, colección, embalaje, etiquetado, traslado, preservación, análisis, almacenaje y custodia de evidencias físicas, con la finalidad de mantener el criterio unificado de patrones criminalísticos.
RESUELVEN
Artículo 1. “Dictar el Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas”.
Artículo 2. El “Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas”, tendrá como función principal, coadyuvar en la regulación de los procedimientos generales y específicos de la cadena de custodia de las evidencias físicas y digitales, a los fines que se demuestre la integridad de éstas desde la etapa de investigación hasta la culminación del proceso.
Artículo 3. Se exhorta a todos los órganos y entes de seguridad ciudadana, que practiquen entre sus actividades el resguardo, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetaje, traslado, preservación, análisis, almacenaje y custodia de las evidencias físicas, dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el “Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas” con la finalidad de mantener un criterio unificado de patrones criminalísticos.
Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del año siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 5. Hasta tanto entre en vigencia la presente Resolución y en consecuencia el “Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas”, se deberán diseñar programas de formación para su implementación, así como, realizar las previsiones presupuestaria y financieras para la implementación efectiva del presente instrumento técnico.
Comuníquese y publíquese.
Luisa Ortega Díaz
Fiscal General de la República
Tareck El Aissami

Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia

DESCARGA AQUÍ: Manual Único de Procedimientos – Cadena de Custodia

Gaceta Oficial número 40.025 del 9 de octubre de 2012

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

REGLAMENTO INTERNO SOBRE LAS FUNCIONES DE LAS INSPECTORAS E INSPECTORES DE DEFENSA PÚBLICA ADSCRITOS A LA COORDINACIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA DE LA DEFENSA PÚBLICA

DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2012-313

Caracas, 28 de septiembre de 2012

202°, 153° y 13°

El Defensor Público General (E), Abog. CIRO RAMÓN ARAUJO, titular de la cédula de identidad N° V-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en los Numerales 1, 6, 12, 3 y 28 del Artículo 14 ejusdem.

CONSIDERANDO

Que la Defensa Pública es un Órgano Constitucional del Sistema de Justicia con plena autonomía funcional, financiera y administrativa, única e indivisible, bajo la dirección, supervisión y responsabilidad del Defensor Público General o Defensora Pública General.

CONSIDERANDO

Que el Defensor Público General o Defensora Pública General como máxima autoridad de la Defensa Pública tiene la facultad de dirección y supervisión sobre este Órgano Constitucional; así como, ejercer la potestad disciplinaria sobre todo el personal que labora en la Institución.

CONSIDERANDO

Que con base en tales potestades, puede reglamentar internamente la organización y funciones de la Coordinación de Vigilancia y Disciplina con relación a la ejecución y sustanciación de las investigaciones y procedimientos administrativos disciplinarios instruidos al personal funcionarial adscrito a esta Institución.

CONSIDERANDO

Que las Inspectoras y los Inspectores de Defensa Pública, adscritos a la Coordinación de Vigilancia y Disciplina de la Defensa Pública, ejercen funciones de confianza relacionadas con la supervisión y el aspecto disciplinario de la Institución.

CONSIDERANDO

Que de la evaluación realizada por la Coordinación de Vigilancia y Disciplina de la Defensa Pública, se determinó la necesidad de formalizar y reunir en un solo instrumento jurídico los aspectos relacionados con el carácter y funciones de las Inspectoras e Inspectores de Defensa Pública, a nivel nacional. Dicta el siguiente:

REGLAMENTO INTERNO SOBRE LAS FUNCIONES DE LAS INSPECTORAS E INSPECTORES DE DEFENSA PÚBLICA ADSCRITOS A LA COORDINACIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA DE LA DEFENSA PÚBLICA

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1

El presente Reglamento tiene por objeto unificar y formalizar las disposiciones que definen y regulan el carácter, competencia, atribuciones y funciones de las Inspectoras e Inspectores de Defensa Pública, adscritos a la Coordinación de Vigilancia y Disciplina de la Defensa Pública, a nivel nacional.

Artículo 2

Las Inspectoras e Inspectores de Defensa Pública, serán denominados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, Inspectoras e Inspectores de Disciplina de la Defensa Pública, los cuales seguirán teniendo la condición de funcionarias y funcionarios de libre nombramiento y remoción y desempeñando funciones de confianza; por tanto, sólo pueden ser removidos de sus cargos por el Defensor o Defensora Pública General.

Artículo 3

Las Inspectoras e Inspectores de Disciplina de la Defensa Pública, estarán adscritos a la Coordinación de Vigilancia y Disciplina de la Defensa Pública y ejercerán funciones de supervisión y de instrucción en materia disciplinaria, en todas las dependencias de la Defensa Pública, tanto en su Sede Central, como en las Unidades Regionales a nivel nacional, atendiendo a las instrucciones, de la Coordinadora o el Coordinador de Vigilancia y Disciplina o por mandato directo del Defensor o Defensora Pública General.

Artículo 4

Las Inspectoras e Inspectores de Disciplina de la Defensa Pública, tienen las siguientes funciones: a.- Llevar a cabo labores de control y supervisión en la Sede Central, en las Defensorías Públicas y demás dependencias administrativas de adscripción, de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones de la Coordinadora o el Coordinador de Vigilancia y Disciplina o del Defensor Público General o Defensora Pública General.

b.- Verificar las actuaciones y actividades administrativas de la Defensa Pública, así como revisar los libros oficiales, controles de funcionamiento de las dependencias, archivos internos y cualquier otro documento de interés para sus funciones.

c.- Levantar in situ las actas en las que se haga constar los hechos y las actuaciones realizadas.

d.- Ejercer las facultades de investigación y sustanciación en los procedimientos administrativos disciplinarios, seguidos a las Defensoras y Defensores Públicos y demás funcionarias o funcionarios adscritos a la Institución, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Coordinadora o el Coordinador de Vigilancia y Disciplina, en aplicación del procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Defensa Pública.

e.- Efectuar, con apego a lo establecido en el Artículo 138 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, las diligencias que permitan recabar toda la información necesaria y demás elementos de convicción de la investigación iniciada y asignada por su Coordinación de adscripción.

f.- Presentar a la Coordinación de Vigilancia y Disciplina, Informe de sus actuaciones, según lo requerido por su superior.

g.- En caso de que la Inspectora o Inspector de Disciplina de la Defensa Pública, en el desempeño de sus funciones constate, evidencie o tenga la presunción de la comisión de un ilícito disciplinario, deberá informar de inmediato y por escrito a la Coordinación de Vigilancia y Disciplina, a los fines de la evaluación de los hechos y para determinar si se debe o no ordenar el inicio de la investigación, dejando constancia de ello en el acta respectiva. h.- Las demás que les sean asignadas por la Coordinadora o el Coordinador de Vigilancia y Disciplina o el Defensor Público General o Defensora Pública General.

Artículo 5

En la realización de las Supervisiones, las Inspectoras e Inspectores de Disciplina de la Defensa Pública, se regirán por las siguientes normas de conducta:

a.- Desempeñar sus funciones con respeto, objetividad, prudencia, ponderación, discreción y visión pedagógica.

b.- Abstenerse de realizar comentarios, juicios de valor y guardar estricta confidencialidad de sus actuaciones.

c.- Generar un ambiente de seguridad y confianza.

d.- Realizar sus actuaciones en la oportunidad fijada.

e.- No aceptar invitaciones personales, regalos, dádivas, recomendaciones, influencias de terceros, ni ofertas que representen beneficios o ventajas indebidas y que pudieran comprometer la probidad e imparcialidad de su actuación.

f.- Mantener oportuna y debidamente informada a la Coordinación de Vigilancia y Disciplina sobre el desarrollo de sus actuaciones.

g.- Ejercer sus funciones con absoluto respeto a los principios de relaciones interpersonales y de dignidad humana, evitando cualquier confrontación debiendo fomentar la colaboración entre los funcionarios.

h.- Guardar estricta reserva de las visitas de supervisión, y otras actuaciones que les sean asignadas. No podrán hacer uso o aprovecharse de las informaciones obtenidas durante el desempeño de sus funciones.

i.- Adecuar sus actuaciones a las instrucciones dictadas por el Defensor Público General o Defensora Pública General y por la Coordinación de Vigilancia y Disciplina.

Capítulo II

De la Supervisión

Artículo 6

La Coordinación de Vigilancia y Disciplina de la Defensa Pública, es la encargada de velar por el correcto desarrollo de las actividades realizadas en la Defensa Pública, ejerciendo la potestad disciplinaria que ella le permite, bajo los parámetros señalados en el presente Reglamento, atendiendo a los principios de legalidad, imparcialidad, racionalidad, proporcionalidad y debido proceso. Artículo 7

Se entiende por supervisión, la actividad desplegada por las Inspectoras e Inspectores de Disciplina de la Defensa Pública, en todas las Dependencias a nivel nacional, orientada a la verificación del cumplimiento, por parte de los funcionarios públicos que laboren en la misma, de las normativas legales y administrativas que rigen esta Institución.

Parágrafo único: La supervisión podrá ser Ordinaria o Extraordinaria, la Supervisión Ordinaria se llevará a cabo por lo menos una (1) vez al año de acuerdo con las directrices y el cronograma de la Coordinación de Vigilancia y Disciplina, la cual deberá ser notificada previamente al responsable de la dependencia a supervisar. La Supervisión Extraordinaria podrá realizarse en cualquier momento, por instrucción del Defensor Público General o Defensora Pública General y sin necesidad de notificación previa.

Capítulo III

Disposiciones Transitorias

Artículo 8

El procedimiento a seguir en las supervisiones será el establecido en los parámetros e instrucciones aprobados por el Defensor Público General o Defensora Pública General. Estos parámetros no serán absolutos y podrán variar de acuerdo a la dependencia objeto de la supervisión.

Artículo 9

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Capítulo IV

Disposiciones Finales

Artículo 10

La Coordinación de Vigilancia y Disciplina de la Defensa Pública será responsable de velar por el estricto cumplimiento del presente Reglamento.

Artículo 11

Queda sin efecto la Circular N° DG-031-08, de fecha 30 de junio de 2008 y todas aquellas que coliden con el presente Reglamento Interno.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General de la Defensa Pública

Comuníquese y Publíquese,

Abog. CIRO RAMÓN ARAUJO

Defensor Público General (E)

Designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha.

(Gaceta Oficial N° 40.007 del 13 de septiembre de 2012)
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
 DESPACHO DEL MINISTRO
 202°, 153° y 13°
 N° 173
 FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012
RESOLUCIÓN
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, designado según Decreto N° 6.398 de fecha 9 de septiembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.012 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 12 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 7, numerales 2 y 3 del Decreto N° 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional y artículo 3 numerales 2 y 3 del Decreto N° 8.121 de fecha 29 de marzo de 2011, mediante el cual se establecen las competencias del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia; de conformidad con lo previsto en el artículo 18 numerales 3, 6, 7 y 17 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana,
CONSIDERANDO
Que es deber del Estado venezolano garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, en los distintos ámbitos político territoriales, mediante la formulación de políticas públicas, estrategias y directrices, a fin de regular y coordinar la actuación del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y demás Cuerpos de Policía estadales y municipales,
CONSIDERANDO
Que en aras de integrar el trabajo que realizan los cuerpos de policía en los diversos ámbitos político territoriales, así como de aquéllos que excepcionalmente prestan el servicio de policía, se hace necesario el diseño de unas normas que estructuren el Servicio de Vigilancia y Patrullaje Policial,
CONSIDERANDO
Que se hace necesario un criterio unánime que permita al órgano rector en materia de prevención y seguridad ciudadana, coordinar proactivamente el trabajo de los diferentes cuerpos de policía, con la finalidad de ejecutar de manera efectiva los objetivos propuestos por el Ejecutivo Nacional, en el marco del Plan Nacional “Simón Bolívar”, como es la de dar la mayor suma de felicidad al pueblo, a través de la Gran Misión “A Toda Vida Venezuela”.
CONSIDERANDO
Que el diseño de un instructivo para la prestación del servicio de vigilancia y patrullaje policial, proporciona un mecanismo para dirigir los recursos y las capacidades de los Cuerpos de Policía en los diversos ámbitos político territoriales, a fin de procurar la respuesta rápida y oportuna en los diferentes eventos que implican la prevención de actividades delictivas, la respuesta adecuada cuando se tenga conocimiento que se ejecuta alguna y garantizar la correcta labor del trabajo policial al llegar a un lugar donde se ha cometido una acción delictual.
CONSIDERANDO
Que el Consejo General de Policía como instancia de participación y asesoría del órgano rector en materia de prevención y seguridad ciudadana, es la encargada de coadyuvar en la definición, planificación y coordinación de las políticas públicas en materia del servicio de policía, así como formular las recomendaciones relacionadas con la prestación del servicio.
RESUELVE
 
Dictar las siguientes:
NORMAS RELATIVAS A LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE POLICIAL
Artículo 1
Los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos político territoriales deberán implementar conforme a las recomendaciones, instructivos, manuales, recomendaciones que a tales efectos establezca el órgano rector, un plan de servicio de vigilancia y patrullaje policial, que tenga por finalidad crear una capacidad de respuesta organizada de los cuerpos de policía en la prevención de hechos delictivos, así como en casos de emergencia o incidentes que requieran la atención de algún órgano o ente de seguridad, direccionándolo de acuerdo a sus capacidades y competencias.
Artículo 2
El Consejo General de Policía es la instancia asesora responsable de recomendar al órgano rector las medidas necesarias que han de implementarse en los diversos cuerpos de policía para un mejor desempeño del servicio de vigilancia y patrullaje policial.
Artículo 3
El Consejo General de Policía, una vez publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela la presente Resolución, deberá diseñar un instructivo el cual deberá contener: el objetivo general y los objetivos específicos del servicio de vigilancia y patrullaje policial, acciones estratégicas, autoridades participantes, ejecución, variante operativa, recomendaciones para la revisión y ejecución, indicadores positivos y negativos para la evaluación y responsabilidades, entre otros aspectos.
Artículo 4
El instructivo que a tales efectos diseñe el Consejo General de Policía en el marco de la presente Resolución, deberá ser entregado a cada cuerpo de policía en los diversos ámbitos político territoriales.
Artículo 5
El instructivo deberá ser revisado de manera permanente por el Consejo General de Policía y sus modificaciones deberán ser comunicadas al órgano rector en materia de prevención y seguridad ciudadana.
Artículo 6
Con la entrada en vigencia de la presente Resolución, todos los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos político territoriales, deberán adecuar su servicio de vigilancia y patrullaje policial a los principios establecidos en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y a la presente normativa.
Artículo 7
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
 
Comuníquese y Publíquese,
 Por el Ejecutivo Nacional,
TAREK EL AISSAMI
MINISTRO