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TSJ-LOGO(…)

Ahora bien, revisadas como han sido las distintas incidencias y actos dentro del proceso, y visto que el defensor privado en el presente avocamiento solicita que se decrete la nulidad de los actos dictados en fecha veintinueve (29) de junio de 2012, y seis (6) de agosto de 2012, proferidos por el Juzgado Décimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y por la Sala No. 10 de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de la graves irregularidades presentes en el caso de autos en detrimento de los derechos fundamentales de su representado, debe precisarse que con relación a la sentencia del veintinueve (29) de junio de 2012 dictada por el Juzgado Décimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que revocó la medida cautelar sustitutiva de libertad, y decretó medida de privación judicial preventiva de libertad, el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para entonces, establecía tres condiciones concurrentes que debían ser comprobadas por el juez de control, a petición del Ministerio Público, para que pudiese dictar la medida preventiva judicial de privación de libertad, todo lo cual era necesario evidenciarse en el auto que ordenase la aprehensión.

En tal sentido, el juzgador estaba obligado a analizar cada uno de los tres requisitos anteriores, puesto que la libertad es un derecho constitucional cuya restricción debe estar justificada exhaustivamente, siendo contrario al ordenamiento jurídico omitir la exposición del procedimiento seguido por el órgano jurisdiccional para decretar la medida preventiva referida, lo que constituye, en síntesis, la motivación.

Motivar y fundar una decisión es tan importante que la ausencia de este especial requisito gravita sobre el fallo para originar nulidad, y con ello proclamar su inexistencia procesal.

Siendo necesario distinguir, que el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 230 del Código Adjetivo Penal, impone al sentenciador ponderar (cuando se trata de una medida de coerción personal), todos los elementos y circunstancias inherentes al caso: la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión, y la sanción probable, resguardando los derechos del imputado, pero sin quebrantar los derechos de la víctima, propendiendo también a su protección, y garantizando la reparación del daño causado a la víctima.

Todos estos elementos analizados con antelación, deben ser obligatoriamente estudiados, y permiten a esta Sala en una elucidación reflexiva, bajo el principio de autonomía judicial consagrado en el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal, ejercer su función supervisora, velando por la integridad del proceso penal.

En este orden, el primer elemento sobre el que debió pronunciarse el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, era si el hecho punible merecía pena privativa de libertad y la acción penal no se encontraba evidentemente prescrita.

No existiendo ninguna mención al respecto, en  el auto mediante el cual se ordena la aprehensión, lo cual constituye un error que no puede dejar pasar la Sala, porque al tratarse de requisitos concurrentes, al faltar uno de ellos, es indiferente que se produzcan los otros dos. No obstante, se pasa a verificar el estudio que efectuó el juzgador de control respecto de los demás requisitos.

El segundo requisito concurrente que debió verificar el operador judicial se refiere a la existencia de fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o partícipe en la comisión de un hecho punible.

Y en el auto mediante el cual se ordena la aprehensión del ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, el juzgado omite explicar cuáles son los fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o partícipe en la comisión de un hecho punible, ya que su análisis se centra únicamente en el tercer requisito, como es la presunción razonable de peligro de fuga u obstaculización de la investigación.

Destacándose que la privación preventiva de libertad no puede decretarse con la comprobación de una sola condición, sino que es necesario corroborar que las tres condiciones se han cumplido.

Siendo necesario entonces, sin pretender efectuar la adminiculación probatoria típica de la fase de juicio, exponer algún elemento de convicción que sea suficiente para considerar la autoría o participación del imputado o imputada en la comisión de un hecho punible.

Así, al no constar en el auto bajo análisis tal determinación, se incumplió el segundo requisito concurrente de procedencia de la medida de preventiva acordada por el juzgador de control.

 En tercer lugar, el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal exige como requisito concurrente:

 “una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación”.

 Sobre este requisito el tribunal de control indicó:

 “Ahora bien, de la revisión de las actas que conforman la presente causa, se observa que, hasta el día de hoy, el ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVIO LAVIERI, ha mantenido una conducta contumaz pues se desprende de las actuaciones, que el mismo ha aplicado una serie de tácticas dilatorias, para no enfrentar el proceso penal que se prosigue en su contra, tan es así que el mismo ha nombrado y revocado en reiteradas oportunidades defensas, evidenciándose de tal forma que este ciudadano ha acreditado uno de los supuestos establecidos en el artículo 250 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal”. (Resaltado añadido).

             Advirtiéndose, en el párrafo anterior que a criterio del órgano jurisdiccional de control, el artículo 250 del texto adjetivo penal derogado versa sobre supuestos para la procedencia de la medida preventiva judicial de privación de libertad. Interpretación que contradice la letra expresa de la ley cuando en el artículo citado se establece que se trata de requisitos concurrentes:

 “En caso de estimar que concurren los requisitos previstos en este articulo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad deberá expedir una orden de aprehensión del imputado o imputada contra quien se solicitó la medida”. (Resaltado de la Sala).

Por esta razón el juzgador de instancia no estaba autorizado a dictar orden de aprehensión sin comprobar la concurrencia de los tres requisitos de ley, como en efecto lo hizo, actuación que es consecuencia de la errónea interpretación del artículo 255 del Código Orgánico Procesal Penal aplicable para entonces.

Puntualizando el tribunal de control, al considerar que la comprobación de uno solo de los tres requisitos concurrentes era suficiente para ordenar la privación preventiva de libertad del solicitante en avocamiento, que:

 “A tales efectos el artículo 250 numera1 3 eiusdem, establece lo siguiente: “…3.Una presunción razonable por la apreciación de la circunstancias del caso particular del peligro de fuga, u obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de lnvestigación…De igual manera cursa en las [actas] que integran el presente expediente, nota secretarial suscrita por la secretaria de este Juzgado mediante la cual deja constancia de lo siguiente: “Que siendo las cinco y treinta (5:30) horas de la tarde recibió llamada telefónica del Oficial Agregado adjunto al Sector de Bello Monte de la Policía Municipal de Baruta ciudadano JOMES ZAMBRANO, quien informo que efectivamente en el día de hoy practicó la Boleta de Notificación librada al ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVIO LAVIERI, en el domicilio que se especifica en la citada boleta, siendo entregada la boleta en referencia a la ciudadana ROSA GALINDES, quien se identificó como doméstica del referido ciudadano e informando la misma que el ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVIO LAVIERI, se encontraba de viaje y que éste regresaría el día lunes. Ello denota que el imputado ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, ha asumido una conducta contumaz en torno a la obstaculización de la realización de la justicia empleando tácticas dilatorias en el proceso penal que se prosigue en su contra, y tan es así que el mismo en reiteradas oportunidades ha cambiado defensas, aunado a ello consigna reposo médico por un lapso de (15) quince días expedido por el Centro Médico Loira, y de acuerdo a la información suministrada por la empleada de este ciudadano que el mismo se encontraba de viaje, evidenciándose entonces que el mismo no presenta ningún tipo de alteración a su salud, ya que de ser cierto lo reflejado por su médico tratante, el mismo estuviese en su domicilio, cumpliendo el reposo que le fue expedido, presumiéndose de tal manera una falsedad adelantada por parte del referido justiciable. De tal modo, que ello constituye una presunción del peligro de fuga, que el Tribunal en protección del procedimiento que se sigue en contra del señalado imputado debe evitar con la celeridad necesaria. En este contexto, visto que existe una presunción razonable del peligro de fuga, este Tribunal trae a colación la Sentencia dictada en  el expediente 1405 de fecha 15 de septiembre de 2004, por la Sala 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la ponencia de la Dra. Beatriz Marín de Odremán., que establece que…Ha sido criterio sostenido de la sala, en fallos anteriores, y a tenor de la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia, que la apreciación de la circunstancia para acreditar el peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, es de carácter eminentemente discrecional, vale decir, basta que para el juzgador sea racional el peligro de fuga, en atención a la duda razonable que se desprenda del caso, para que resulte ajustada a derecho, la imposición de alguna cualquiera de las medidas cautelares…En consecuencia, dada la falsedad adelantada por parte del imputado en relación a su estado de salud aunado ‘a que en fecha 03 de los corrientes, fue impuesto del deber en que se encuentra de no salir de la localidad donde reside o del ámbito territorial que reside, quebrantando lo ordenado por el Juzgado Trigésimo Quinto (35°) en Funciones de Control de esta Circunscripción Judicial, y vista la solicitud incoada por los ciudadanos Abogados Daniel Iglesia, Luis Armando Sanjuan y José Antonio Bonvicini Rua, en su condiciones de Apoderados Judiciales de la víctima, es por lo que este Tribunal en aras de preservar la estabilidad del procedimiento y la buena marcha de la administración de justicia y por ende garantizar que el imputado pueda cumplir con los llamados realizados por esta Instancia Judicial de los diferentes actos procesales, declara con lugar el requerimiento efectuado por los referidos apoderados y en consecuencia Revoca la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad que le fuere acordada en data 14-12-2011 por el Juzgado Trigésimo Quinto Funciones de Control. A tales efectos, este Tribunal de conformidad con lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, Revoca la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertadad, que le fue impuesta al ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, y en su lugar Decreta Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad”. (Resaltado incluido).

             Observándose de los motivos de la decisión referida que a criterio del tribunal de control, el procesado ha mantenido una conducta contumaz. Debiendo recordarse que la conducta contumaz, es aquella reticente  a cumplir una orden o mandato judicial, o a asistir a un determinado acto.

Pues bien, el órgano jurisdiccional se abstuvo de identificar concretamente, y por ende explicar con la plenitud debida, cuáles manifestaciones voluntarias del procesado sustentaron esta convicción. Así también, afirmó el órgano jurisdiccional, que el procesado ha aplicado tácticas dilatorias, pero olvidó exponer cuáles son esas tácticas dilatorias, sin enumerarlas, sin relacionarlas, ni evaluarlas, cuestión que debió cumplir el tribunal, pues no puede emitir pronunciamiento sin elemento objetivo que soporte su opinión.

Adicionalmente, para el tribunal de control, la declaración telefónica del funcionario policial, ciudadano JOMES ZAMBRANO, mediante la cual informó que al practicar notificación librada al ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVIO LAVIERI, en el domicilio que se especifica en la citada boleta, la ciudadana ROSA GALINDES (quien se identificó como doméstica del referido ciudadano), manifestó que se encontraba de viaje, es suficiente para acreditar el peligro de fuga, sin cerciorarse de la existencia de otros elementos que permitan establecer que efectivamente el referido ciudadano no cuenta con arraigo suficiente en el país, siendo factible su fuga.

             En cuanto a esta declaración, añade el juzgador de control, que al ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVIO LAVIERI, le había sido impuesto el deber de no salir de la localidad donde reside o del ámbito territorial que reside, medida que violó al estar presuntamente “de viaje”, lo cual no es cierto, por cuanto el tribunal de control al momento de otorgar la medida cautelar, se limitó a prohibirle al aludido procesado la salida del territorio nacional, lo que implica precisar que no es cierto que está circunscrito únicamente a su localidad.

             Omitiendo indicar la gravedad del estado de salud de quien solicita el avocamiento, sobre cuál plataforma documental, elemento de convicción, experticia, instrumento o examen técnico se respalda para afirmar tal falsedad, así como también, el lugar donde se afirma que se encontraba de viaje el ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVIO LAVIERI, por lo que mal podría asegurarse de modo absoluto que “el mismo no presenta ningún tipo de alteración a su salud, ya que de ser cierto lo reflejado por su médico tratante, el mismo estuviese en su domicilio, cumpliendo el reposo que le fue expedido”, aseveración que requiere una motivación más detallada sobre las circunstancias del caso, para poder sustentarse.

 Inclusive, cuando el tribunal estima acreditado el requisito concerniente al numeral 3 del artículo 250 (actual artículo 236) del Código Orgánico Procesal Penal (peligro de fuga o de obstaculización del proceso), para proceder a dictar con ello la orden de aprehensión, no determina cuál de los dos supuestos del numeral 3 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal aplica con exactitud, más allá de su simple enunciación, sin percatarse que ambos supuestos son disímiles (en su morfología y en su naturaleza), lo cual constituye un notable desacierto, erigiéndose incertidumbre al respecto.

Pero el tribunal consideró acreditado el requisito concerniente al numeral 3 del artículo 250 del COPP (peligro de fuga o de obstaculización del proceso), para proceder a dictar con ello la orden de aprehensión “porque el procesado ha nombrado y revocado su defensa en reiteradas oportunidades”, omitiendo motivar por qué para el mismo, esta situación por sí sola pudiera ser suficiente para establecer el peligro de fuga, o de obstaculización del proceso.

La revocación o cambio de la defensa de un procesado en el ámbito procesal penal, es la manifestación material del derecho a la defensa que éste ostenta, cuyo trámite constituirá un problema para el proceso si así lo establece y comprueba el tribunal de la causa, con arreglo al exhaustivo estudio y evaluación de las actuaciones procesales, lo cual no cumplió el tribunal de control.

Por último, a pesar de analizar únicamente el último de los tres requisitos concurrentes para acordar la orden de aprehensión, el juzgador concluye el auto manifestando que la dicta “de conformidad con lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal”, evaluación que al faltar en autos, impide que se pueda admitir que el tribunal de control, en realidad, comprobó tales requisitos con el objeto de revocar la medida cautelar sustitutiva de libertad impuesta al ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, y en su lugar decretar medida preventiva judicial de privación de libertad.

 En consecuencia, por la entidad de las graves irregularidades cometidas por el tribunal de control  que atentan contra el derecho a una tutela judicial efectiva y a la defensa, derechos argüidos como conculcados por el solicitante, consagrados en los artículo 26 y 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en claro perjuicio del procesado ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, se declara CON LUGAR, la presente solicitud de avocamiento. Y de conformidad con lo desarrollado en los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal, se decreta la nulidad de la decisión proferida el veintinueve (29) de junio de 2012 por el Tribunal Décimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide.

 Por tal motivo, se mantiene vigente la decisión dictada el catorce (14) de diciembre de 2011 por el Tribunal Trigésimo Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la que se impuso al ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, las medidas cautelares contenidas en los numerales 3 y 4 del artículo 256 (actual artículo 242) del Código Orgánico Procesal Penal, con todos los efectos legales consiguientes. Ordenándose la remisión de la presente causa a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de su distribución en un tribunal de control distinto al que conoció, para que cumpla con lo aquí ordenado, y le de continuidad al caso de autos. Así se decide.

 Destacando como consecuencia del dispositivo anterior, la obligatoriedad por parte del tribunal de instancia a quien corresponda el conocimiento de la presente causa, una vez recibido el expediente procedente de esta Sala de Casación Penal, fijar a la brevedad del caso una nueva oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, evitándose dilaciones en el proceso penal.

 Y corresponderá a las partes en la oportunidad procesal de la audiencia preliminar, hacer valer todos los argumentos y fundamentos que consideren pertinentes de acuerdo a sus pretensiones, incluyéndose en el caso de la defensa del ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, aquellos aspectos referidos en las denuncias primera y segunda de la presente pretensión avocatoria.

 Por esto, el abogado REINALDO ENRIQUE CARVALLO MACHADO en su condición de defensor privado del ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, podrá presentar ante el tribunal competente, si así lo considerare pertinente y fuera conforme a derecho, los argumentos relacionados con la naturaleza de los hechos objeto de la presente causa (que según su criterio son de naturaleza mercantil, y no revisten carácter penal); los responsables de los mismos (que considera son otros u otras personas y no su representado), y sobre la carencia de legitimación activa del ciudadano VITTORIO DE STEFANO VIVENZO para querellarse contra su representado (por considerar que el mismo no es el titular del bien jurídico penal protegido por la norma penal, indispensable para intervenir activamente en el proceso penal), consideraciones  cuyo conocimiento y resolución corresponderá al tribunal de control de acuerdo al ámbito de su competencia. Así se decide.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Junio/218-18613-2013-A12-260.html

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Por otra parte, la Sala observa que el argumento relacionado con la falta de pronunciamiento sobre veintiséis (26) pruebas debatidas durante el juicio en ausencia de la acusada, no fue expuesto en el recurso de apelación, ya que tal planteamiento fue enunciado de forma oral durante la audiencia convocada por la Corte de Apelaciones, siendo expresada en ese acto por el ciudadano abogado RIGOBERTO HERNÁNDEZ ARMAS, quien se incorporó a la defensa técnica en fecha posterior a la admisión del recurso de apelación.

Al respecto, el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para el momento de la proposición del recurso de apelación), determinó:

“La audiencia se celebrará con las partes que comparezcan y sus abogados, quienes debatirán oralmente el fundamento del recurso. En la audiencia, los jueces podrán interrogar al recurrente sobre las cuestiones planteadas en el recurso”.

Concluyéndose así que la audiencia establecida en el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para el momento de la proposición del recurso de apelación) tiene por finalidad debatir sobre los fundamentos planteados en el recurso de apelación, y en razón de ello no puede argumentarse nuevos motivos.  Vinculado dicho planteamiento con el principio de impugnabilidad objetiva delimitado en el artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal (aplicable en razón del tiempo de interposición del recurso), el cual establece que las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos.

En este sentido, la Sala No.1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, resolvió adecuadamente el planteamiento efectuado en el recurso de apelación sobre la inmotivación de la sentencia proferida por el Tribunal Vigésimo Sexto de Juicio del señalado Circuito Judicial Penal, y por consiguiente se declara SIN LUGAR la primera denuncia propuesta en el recurso de casación por la defensa de la ciudadana YANETH ZULAY CÓRDOVA BOLÍVAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Febrero/030-14213-2013-C11-331.html

TSJ-LOGO(…)

“…la Sala observa que las notas de prensa datan del año 2011, a excepción de dos (2) que son del  2012, denotando también que existió una perturbación comprensible en los ciudadanos y ciudadanas que hacen vida en la comunidad, al ocurrir el fallecimiento atroz y sorpresivo del ciudadano JUAN CARLOS AVENDAÑO el veinticuatro (24) de diciembre de 2011, lo que indudablemente impactó en el ánimo de la población en su momento; sin embargo esta perturbación debe ser permanente y vigente para que constituya realmente una amenaza apremiante, urgente e inminente. Reiterando que el solicitante debe hacer énfasis en los requisitos exigidos por el legislador.

Precisando que los supuestos de escándalo, sensación y alarma, a partir de la naturaleza grave del hecho investigado que es objeto del proceso en curso, no basta para establecerlos. De ser así, muchos casos serían radicados a diario y habitualmente en diferentes circuitos judiciales penales del territorio nacional, sin mayor discernimiento y con ausencia de la debida prudencia, originando daños irreparables a las partes en litigio, a la verdad y en sacrificio de la justicia.

 En este orden de ideas,  la alarma es la señal, el signo advertencia que sugiere la proximidad cierta de un peligro que se cierne sobre la administración de justicia; mientras que la sensación, está orientada más bien al sensacionalismo como un vocablo periodístico despectivo, que delata la manipulación informativa tendente a producir  emoción, excitación o impresión en la sociedad con relación a un determinado hecho social.

 Y el escándalo público es un incidente ampliamente publicitado que contiene y encierra inculpaciones de proceder inexacto, incorrecto, desatinado, humillación o  deshonestidad. Un escándalo puede fundarse en hechos o sucesos reales, ser producto de imputaciones falsas o una combinación o conjunto de ambas.

Destacando también que los titulares y reseñas periodísticas acompañadas a la pretensión, deben ser consistentes con el requisito establecido en el numeral 1 del artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual no se ha verificado en el caso bajo análisis; ya que en su texto relatan el sentimiento de reproche de la sociedad yaracuyana, que seguramente permanece en sus ciudadanos y es harto explicable, entendible y justificable, pues pretende la atención de la sociedad ante el acaecimiento de un hecho repudiable.

 Siendo necesario distinguir que los titulares y reseñas periodísticas referidas, no reflejan en la actualidad, categóricamente la magnitud de sensación, alarma y escándalo público, capaz de desconcertar, desestabilizar en el presente la tranquilidad y la paz de la localidad, al punto de incidir y enervar la mente de los operadores de justicia, parcializándolos y obligándolos a pensar y decidir de manera sesgada como se apuntó en la solicitud de radicación.

 Es el sentimiento de reproche, la crítica, murmuración, diatriba, sátira abierta o cerrada que se hace a una persona o institución pública o privada por algo que ha expresado o hecho, que subyace y se presenta en la sociedad ante la comisión del hecho punible; que no puede ni es admisible confundirlo con los requisitos previstos en el numeral 1 del artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, de alarma, sensación y escándalo público, que instituyen un estado superior al sentimiento de reproche, por su consecuencia traumática en el proceso penal.

 De estas circunstancias supuestamente apremiantes relatadas por el solicitante, debe percibirse objetivamente (y así le correspondía comprobar con acompañamiento de los elementos probatorios pertinentes y necesarios), la manera negativa que las mismas efectivamente ejercen en el desarrollo normal del proceso y en el cónsono desenvolvimiento de la causa, cuestión que no se ha demostrado más allá de la simple enunciación.

 Por otro lado, el peticionante alegó a la par, la presunta intromisión y participación del ciudadano Gobernador del Estado Yaracuy JULIO LEÓN HEREDIA, sin precisar ni demostrar concretamente los elementos que servirían para patentizarla y acreditarla. Además, no se encuentra comprometida la imagen del sistema de administración de justicia, ni está comprometida su probidad y ecuanimidad por la sola razón que un ciudadano (investido o no de autoridad) se refiera públicamente al caso o exija justicia.

 Vistos y analizados los alegatos esgrimidos, que se limitaron exclusivamente a exponer las circunstancias que caracterizan el caso (delito, víctima y acusado), en medio de los cuales no se observa un peligro inaplazable, imperioso o amenazador a la psiquis de los operadores de justicia en el marco del juicio oral y público pendiente, como tampoco se observa la manipulación informativa tendente a producir emoción, excitación, impresión ni acusaciones de proceder erróneo, incierto o deshonra, obligante es concluir que en el caso sub iúdice no existe alarma, sensación y escándalo público, ni se encuentra en el presente ofuscada la armonía y el equilibrio del estado Yaracuy.

 Haciéndose énfasis en la pretensión radicatoria lo estipulado en el numeral 1 del artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal,  como requisitos concurrentes en una causa para su evaluación, así:

a)     La gravedad de los hechos delictivos contenidos en la causa penal, tomando en cuenta las aristas intrínsecas de los mismos.

 b)    La cualidad de los sujetos activos o pasivos, determinando su calificación y  participación activa como funcionarios en la consumación del hecho delictivo y su trascendencia en la comunidad y en los cuerpos de seguridad con los cuales se relacionaron permanentemente.

c)     El impacto del caso concreto y real en la comunidad, inaplazable, imperioso o amenazador, tomando para ello, sin ser la única evidencia, las muestras periodísticas y demás elementos reseñados por diversos medios de comunicación, inclusive vía internet.

d)    El grado de ascendencia de los funcionarios en la comunidad y su vinculación personal y social con el medio que los circunda.

e)     Las probables irregularidades cometidas por los operadores de justicia, vale decir los órganos judiciales que revisan y conocen el caso en el marco procedimental, que vulneran los derechos y garantías constitucionales y comprometen la imagen del Poder Judicial.

f)      La actuación o intromisión concreta, identificable e incuestionable de personas, instituciones o funcionarios, con el propósito de influir sobre los operadores de justicia.

 En mérito de todo lo referido, se concluye que lo ajusto a derecho es declarar NO HA LUGAR la solicitud de radicación propuesta por el ciudadano abogado PEDRO JOSÉ TROCONIS DA SILVA, defensor privado del ciudadano JÓVITO ALEXANDER RENGIFO GAFARO. Así se decide.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Marzo/072-12313-2013-R13-53.html

(…)

En tal sentido, se evidencia que el mencionado ciudadano RUBELIO ANDRADE MORA GONZÁLEZ fue detenido (en flagrancia) por funcionarios policiales adscritos al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, en virtud de haber agredido con un destornillador a los ciudadanos WILLIAN MONTESINO y SANABRIA MONSALVE ERICK MARÍA (víctima-denunciante), lo que quedó evidenciado de las actas procesales, constatándose que:

 “la víctima…[manifestó que] en fecha 13-08-12, cuando se encontraba con su pareja a la altura de la avenida Baralt…el hoy detenido se presentó ante ambos y comenzó a ofender a la actual pareja de la víctima, así como también le amenazaba expresándole: ‘ya te pesque, te voy a matar’ y con un destornillador que tenía en la mano, atentó contra el…a la altura de la cintura específicamente del lado izquierdo, la víctima asustada le dijo que huyera y aquél así lo hizo, quedándose a solas con el imputado quien le manifestó: ‘aja lo dejaste ir, te voy a matar a ti’, indicando la víctima que el imputado se encontraba muy agresivo, que tomó el destornillador impactando contra su humanidad específicamente por el pecho, luego lo utilizó lastimándola en el brazo izquierdo y finalmente por el lado derecho del abdomen, interviniendo oportunamente el órgano policial…la víctima señaló, que compartió vida en común con el imputado por un lapso de nueve años y que se separaron hace dos meses y quince días…fue amenazada de muerte… el órgano policial que practicó la aprehensión dejó constancia en el acta policial…que al dársele la voz de alto se le indicó que soltara el objeto que portaba en su mano y una vez colectados por los referidos funcionarios señalaron que se trataba de un destornillador…igualmente refirieron los funcionarios policiales que personas que se encontraban por la zona…decían a viva voz que el imputado quería matar a la víctima…dejaron constancia que la víctima presentó herida a la altura del tórax siendo descritas por el galeno de guardia…‘lesión en el tórax por objeto punzo penetrante’…y que la pareja de la víctima igualmente resultó lesionado presentando ‘lesión leve con hematoma en el intercostal izquierdo’…el ciudadano WILLIAM MONTESINO manifestó…que el imputado…le sorprendió por la espalda propinándole una puñalada por el lado izquierdo a la altura del abdomen optando por alejarse del peligro, sin embargo se percata que el referido imputado hace lo mismo contra la víctima a la altura del pecho, para finalmente observar como resulta aprehendido”. (Sic).

 Por tales hechos, el referido ciudadano fue presentado ante el Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que se declaró “incompetente para el conocimiento del presente asunto y…[declinó] el conocimiento del mismo en un tribunal de control especializado en materia de violencia contra la mujer”.

Es por ello, que el Ministerio Público de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, procedió a presentar al ciudadanoRUBELIO ANDRADE MORA GONZÁLEZ, por ante el Juzgado Cuarto de Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que planteó el conflicto de no conocer, considerando que la instancia fiscal precalificó los hechos objeto de este proceso en el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, tipificado en el artículo 405 concatenado con el segundo aparte del artículo 80 ambos del Código Penal.

Ahora bien, los artículos 64, 65 parágrafo único y 118 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, disponen:

 Artículo 64:

  “Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal y Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto no se opongan a las aquí previstas. En los casos de homicidio intencional en todas sus calificaciones, tipificados en el Código Penal y el supuesto especial a que se refiere el parágrafo único del artículo 65 de la presente Ley, la competencia corresponde a los tribunales penales ordinarios conforme al procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, los tribunales aplicarán las circunstancias agravantes aquí previstas cuando sean procedentes  y,  en general, observarán los principios y propósitos de la presente Ley”. (Subrayado del presente pronunciamiento).

Artículo 65:

 “Serán circunstancias agravantes de los delitos previstos en esta Ley, las que se detallan a continuación, dando lugar de un incremento de la pena…Parágrafo Único: En los casos de homicidio intencional en todas sus calificaciones, tipificados en el Código Penal, cuando el autor sea el cónyuge, ex cónyuge, concubino, ex concubino, persona con quien la víctima mantuvo vida marital, unión estable de hecho o relación de afectividad, con o sin convivencia, la pena a imponer será de veintiocho a treinta años de presidio”. (Subrayado de esta decisión).

 Artículo 118:

 “Los Tribunales de Violencia contra la Mujer conocerán en el orden penal de los delitos previstos en esta Ley, así como del delito de lesiones en todas sus calificaciones tipificadas en el Código Penal en los supuestos establecidos en el artículo 42 de la presente ley y conforme al procedimiento especial aquí establecido”. (Subrayado de la Sala de Casación Penal).

 De las disposiciones legales anteriormente trascritas, se desprende que la citada ley especial, señala que la competencia de los tribunales especiales en materia de violencia de género se circunscribe a los delitos estipulados en ella, estableciendo de manera taxativa (artículo 64), que los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL en cualesquiera de sus calificaciones, incluso el supuesto especial previsto en el parágrafo único del artículo 65 aplicable al caso en estudio, corresponden al conocimiento de los tribunales penales ordinarios.

             De ahí que, esta última circunstancia respecto a la calificación jurídica de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, fue lo que motivó al Juzgado Cuarto de Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a plantear el conflicto de no conocer,  al expresar:

 “Lo anterior ilustra a esta juzgadora para concluir que si bien la víctima fue objeto de una agresión física, por razones de género, por cuanto el agresor no solamente se trataba de una persona de sexo masculino sino también se trata de la persona con quien compartió nueve años de vida en común y que existe una ruptura de dicha relación de forma reciente…se desprende con meridiana claridad…que se pudiera estar en presencia del delito de homicidio intencional frustrado…en este sentido se plantea el conflicto de no conocer conforme a lo previsto en el artículo 80 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión expresa del artículo 64 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

Siendo ello así, resulta claro que en el caso de autos por tratarse de unos hechos que fueron precalificados por el Ministerio Público como HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, la competencia para el conocimiento del presente asunto le corresponde al tribunal de control en materia penal ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Debiéndose acotar, que cuando el delito se presenta de forma inacabada, como lo es en el caso de autos (HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE FRUSTRACIÓN), la aplicación del antes citado artículo 64, no depende de la materialización del resultado jurídico pretendido, es decir, la muerte de la víctima, por cuanto éste no discrimina si el delito fue consumado o no.

En todo caso, prevalecerá la intencionalidad de la acción y las circunstancias que rodearon al  hecho, que deberán ser consideradas y analizadas en cada causa en concreto, lo que en definitiva conllevará a la precalificación del delito y por ende a la determinación de la competencia.

En mérito de todo lo antes expuesto, esta Sala concluye que la competencia para el conocimiento de la presente causa penal corresponde al Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide.

IV

DECISIÓN

 Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, dicta los pronunciamientos siguientes:

 1)     DECLARA COMPETENTE para el conocimiento de la presente causa al Juzgado Quintode Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

 2) ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión al Juzgado Cuarto de Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

 Publíquese, regístrese, ofíciese lo conducente y remítase el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo  de   Justicia,  en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los 13 días del mes noviembre del año 2012.  Años. 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

 La Magistrada Presidenta…

Sentencia Aquí

(…)

 Entendida la fe pública como la presunción legal entre un hecho o acto y lo exteriorizado  mediante el instrumento que le sirve de base, el cual debe encontrarse regulado por formalidades, solemnidades y garantías establecidas en ley.

 De ahí la importancia de la fe pública como garantía de realización del acto y el cumplimiento de las formas que la ley impone para su realización, siendo en definitiva la fe pública lo que da validez al acto. En este orden de ideas, el notario otorga la denominada fe pública notarial, que en el presente caso ha sido cuestionada por el ejercicio de la acción penal.

Destacando de igual forma, que el tribunal de control obvió motivar en su fallo sobre aspectos inherentes a los hechos, específicamente en torno a las concepciones del acto en el que concurrieron a firmar los acusadosENRIQUE EMIGDIO VERHELTS, FÉLIX JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ y RAFAEL AGUSTÍN QUINTANA RIVAS, asimismo sobre el propio documento (objeto de experticia técnica efectuada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), y con respecto a la manifestación de voluntad con soporte documental de traspaso de unas acciones de una empresa que está en entredicho, asintiendo que la firma en el documento no es del ciudadanoJHONNY NÚÑEZ TORRES, ya fallecido.

 Lo anterior  se verifica con lo expuesto por el Juzgado Cuadragésimo Séptimo (47) de Control en su decisión, al indicar:

 “evidencia esta Juzgadora que si bien es cierto de las actas del expediente se determina que la firma que aparece en el documento autenticado en fecha 08-10-2003 ha sido realizado presuntamente por una persona distinta a la que corresponde al ciudadano Jhonny Núñez Torres, no lográndose determinar su autoría con respecto a las muestras de carácter indubitado facilitadas para el cotejo, también es cierto que del resto de los elementos de convicción que cursan en actas y que explanó tanto el Ministerio Publico en su acusación así como la acusación particular propia, no se demuestra a criterio de quien aquí decide que los imputados, a pesar de las presuntas irregularidades administrativas que se demostró en el expediente que existían en la Notaría, en comento, tenían el conocimiento pleno de la presunta falsedad de dicha firma, es decir de la falsedad de dicho documento”. (Sic). (Negrillas  y subrayado de la presente decisión).

  Sin embargo, aún con las observaciones plasmadas anteriormente, la sentencia dictada por la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el catorce (14) de octubre de 2010, señaló que la recurrida está ajustada a derecho, “toda vez que en ella la A quo dio justificación del por qué en su criterio era procedente decretar, de conformidad con el numeral 2 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, el sobreseimiento de la causa seguida contra ENRIQUE EMIGDIO VERHELST PIÑA, FÉLIX JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ y RAFAEL AGUSTÍN QUINTANA RIVAS, por el delito de uso de documento falso. La juez determinó la atipicidad de los hechos vertidos en la acusación”.

 Conforme a lo transcrito y expuesto en las decisiones tanto del tribunal de control como de la alzada, esta Sala considera necesario ilustrar en torno a la causal de sobreseimiento contenida en el numeral 2 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal (objeto de la causa en examen), así: Esta causal permite que el juez o la jueza conozca de los elementos de la Teoría del Delito, y en tal sentido analizar la tipicidad, esto es apreciar si el hecho se subsume en el tipo penal específico de la acusación. Mientras que cuando se indica que la actuación objeto no se realizó o no puede atribuírsele al imputado, es porque el asunto que motivó al proceso es inexistente o el imputado no es el responsable del mismo según el numeral 1 del artículo 318 eiusdem.

 Al efecto, la representación jurisdiccional de control tiene el deber de actuar como juez o jueza de derecho y de justicia como lo consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por tanto  no es una potestad, es un deber ineludible dentro del proceso penal.

 Ante todo, debe valorar como juez o jueza de derecho en el marco de la audiencia preliminar, si los hechos de la acusación están sostenidos sobre los elementos de convicción vinculados a ésta, si esos hechos encuadran en una norma penal y si esta adecuación permite prever una causa probable.

 Por ello, el juez o jueza de control debe apreciar a través de un razonamiento lógico-jurídico, si la acusación está fundada sobre base cierta, y los elementos de convicción apuntan una causa probable formulada a través de la acción penal, tomando en consideración los elementos de convicción y de forma preponderante en los soportes probatorios (pertinentes, útiles y necesarios), propuestos y ofertados para ser evacuados en el debate, los cuales deben ser observados en conjunto más no de forma aislada como se verificó en la decisión dictada por el Juzgado Cuadragésimo Séptimo (47) de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, lo cual tampoco fue advertido por la Corte de Apelaciones.

 El funcionario judicial de control como juez o jueza de un Estado Social de Derecho y de justicia, debe ponderar cuál es el verdadero asunto de fondo que está conectado al bien jurídico tutelado por la norma penal, y que se encuentra en relación con el enjuiciamiento solicitado en la acusación. Debiendo estimar a la vez, cuál es el daño social causado a las instituciones, personas individuales o colectivas afectadas, visualizando todas y cada una de las aristas, circunstancias y consecuencias referentes al mismo, sin olvidar el desiderátum del proceso penal (la búsqueda de la verdad y la reparación del daño causado a la víctima), en estricto apego alos artículos 13, 23 y 118 del Código Orgánico Procesal Penal, y 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 Por consiguiente, el tribunal de control contrario a lo expuesto, asumió la valoración de la causa analizando sólo algunos de los elementos de convicción (lo cual hizo de manera sesgada pues consideró unos en lugar de otros), omitiendo hacer la ponderación equilibrada de todos los elementos de convicción existentes en aras de la justicia material en el presente caso.

 Con este proceder, la jueza de control violó: a) el principio de congruencia dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil (aplicación de la máxima romana juxta alegata et probata), que comprende la relación que debe existir entre lo alegado y probado en autos, y la valoración que realiza el juez o jueza como base de su convicción para dictar su decisión; b) el principio de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez o jueza sobre los hechos, también llamado principio de imparcialidad, consagrado en el artículo 26 de la Constitución, que asigna al juez o jueza la orden de ser objetivamente imparcial, sin establecer privilegios y prejuicios. Expresando con su fallo la jueza de control una posición inherente a la fase de juicio, que conlleva una extralimitación de funciones, pero además de forma manifiestamente inmotivada, violándose con ello la parte in fine del artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal.

Todo este actuar por demás inexcusable, fue avalado por la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su decisión del catorce (14) de octubre de 2010,  no cumpliendo con la labor revisora y supervisora propia de la segunda instancia, limitándose en esta oportunidad a confirmar el fallo de primera instancia viciado.

 En consecuencia, los defectos u omisiones advertidos en este fallo, afectaron los derechos a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en perjuicio de las partes accionantes y del proceso mismo, que obliga a la Sala de Casación Penal, con arreglo a los artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, a declarar con lugar esta primera denuncia por la indebida aplicación de la parte in fine del artículo 329 eiusdem,y anular el fallo emitido el doce (12) de julio de 2010 por el Juzgado Cuadragésimo Séptimo (47) en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, así como los demás actos subsiguientes, inclusive la decisión de fecha catorce (14) de octubre de 2010 emitida por la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, todo de conformidad con lo descrito en el artículo 467 del Código Orgánico Procesal Penal, reponiéndose la causa al estado de realizar una nueva audiencia preliminar ante un tribunal diferente a los que conocieron la presente.

 Declarando a su vez la Sala de Casación  Penal que debido a la índole y naturaleza del fallo proferido (que incide en el proceso de forma sustancial dada la nulidad y la reposición a la etapa intermedia), se abstiene de resolver las otras dos denuncias del recurso de casación incoado por la ciudadana YURAIMA REYES,Fiscal Vigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, como también el recurso de casación y la solicitud de medida cautelar efectuada por el ciudadano abogado RAMÓN ALFREDO AGUILAR MONTAÑO, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana CARMEN MARÍA TORRES DE NÚÑEZ, ya que los mismos parten de actuaciones declaradas sin efecto jurídico e igualmente por cuanto los nuevos pronunciamientos que deben verificarse en la causa pueden desvirtuar argumentos expuestos en los recursos, y para los cuales una decisión distinta afectaría su fundamento legal. Así se decide.

En otro orden de ideas, la Sala llama la atención a los jueces CÉSAR SÁNCHEZ PIMENTEL y MARÍA ANTONIETA CROCE integrantes de la Sala No. 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, quienes debieron plantear inhibición, y no conocer del segundo recurso de apelación ejercido contra la decisión del Juzgado Vigésimo Sexto (26°) de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que realizó una segunda audiencia preliminar ordenada por éllos mediante decisión del veintinueve (29) de octubre de 2009, en virtud de haber emitido los prenombrados jueces pronunciamiento sobre el fondo en fecha quince (15) de enero de 2009, que anuló la primera audiencia preliminar celebrada en la presente causa. Todo ello en virtud que las dudas sobre su imparcialidad se pueden considerar objetivamente justificadas.

DECISIÓN

 Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, dicta los pronunciamientos siguientes:

PRIMERO: Declara CON LUGAR la primera denuncia del recurso de casación propuesto por la ciudadana YURAIMA REYES,Fiscal Vigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

SEGUNDO: ANULA la decisión del doce (12) de julio de 2010 emitida por el Juzgado Cuadragésimo Séptimo (47°) de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y los demás actos subsiguientes, inclusive la decisión de fecha catorce (14) de octubre de 2010, proferida por la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

TERCERO: REPONE  la causa al estado de la celebración de una nueva audiencia preliminar ante un tribunal diferente a los que conocieron la presente causa.

Publíquese, regístrese, notifíquese y ofíciese lo conducente.

Dada,  firmada y  sellada en el  Salón  de  Audiencias del  Tribunal  Supremo de  Justicia,   en  Sala  de   Casación  Penal,  a  los   (2)  días del  mes  de  noviembre    del    año 2012.     Años:    202°   de    la    Independencia y 153° de la Federación.

Sentencia Aquí

En caso de la solicitud de radicación, la Sala de Casación Penal debe primeramente examinar las condiciones establecidas en artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, de las cuales es posible distinguir dos motivos de procedencia que no son concurrentes, a saber:

 1. Delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público.

2. Cuando el proceso se paralice indefinidamente después de presentada la acusación por el Fiscal o por la Fiscala del Ministerio Público, bien sea por recusación, inhibición o excusa de los jueces y las juezas titulares y de sus suplentes y conjueces o conjuezas respectivos.

La pretensión de naturaleza radicatoria estriba en substraer el conocimiento del juicio penal al tribunal que le corresponde, de conformidad con el principio del “forum delicti comissi”, dispuesto en el artículo 57 del Código Orgánico Procesal Penal, para atribuirlo a un tribunal diferente de igual categoría pero de otro Circuito Judicial Penal.

 En efecto, el solicitante apoya su petición en que se tiene el grave temor de que el proceso no se realice de manera imparcial, por hechos y circunstancias que señala  en autos, como lo son las supuestas influencias ejercidas por las ciudadanas DAYANA DEL VALLE GAMERO ACEVEDO y DELMIS GAMERO DE CHAYAN quienes son familiares de la  víctima, además de ser funcionarias activas y se encuentran directamente relacionadas con la administración de justicia del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas.

 Tales afirmaciones, a juicio de la Sala, si bien pudieran resultar  subjetivas, están sustentadas, en la apreciación del solicitante por la influencia que estas funcionarias pudieran ejercer sobre la administración de justicia, lo cual pudieran llegar afectar el proceso en ese Circuito Judicial Penal. Es por esto que estima la Sala que sí están constituidas las excepciones establecidas en la norma para subvertir la competencia territorial que tienen los tribunales de la jurisdicción del Estado Monagas y radicar la causa en otro Circuito Judicial Penal.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, la Sala de Casación Penal considera que en el caso bajo análisis, se configura el primero de los supuestos indicados supra; pues efectivamente se juzga la comisión de unos delitos graves como lo son el HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO CON ALEVOSÍA EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO Y ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTOR Y AGAVILLAMIENTO, previstos y sancionadosen los artículos 406 ordinal 2°, 458, 83, 286 todos del Código Penal.

 La gravedad de los hechos investigados y la condición de las funcionarias de alto rango dentro del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de las ciudadanas DAYANA DEL VALLE GAMERO ACEVEDO y DELMIS GAMERO DE CHAYAN familiares del hoy occiso, reflejan la alarma y escándalo público que afectaron y afectan la tranquilidad y la paz de la colectividad del Estado Monagas, y son suficientes para considerar que la situación planteada, en efecto tiende a perturbar la recta administración de justicia en la Circunscripción Judicial donde se ventilará el juicio, razón por la cual se considera conveniente que los encargados de administrarla estén fuera del ámbito de influencia de los elementos de presión que se han generado.

 La Sala de Casación Penal, de forma pacífica y reiterada ha establecido que la radicación es una excepción al principio de competencia territorial y para que proceda, debe darse por lo menos, uno de los supuestos establecidos en el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo ha sido reiterado el criterio de esta Sala que la alarma o escándalo público debe ser tal, que influya injustamente en el proceso valorativo del juez al dictar su fallo.

 En la solicitud bajo análisis, el solicitante alega la conmoción, alarma o escándalo público dentro de los órganos de administración de justicia, suscitado en el Estado Monagas, porque los hechos investigados involucran a ciudadanos quienes según las actuaciones que cursan en el expediente, se desempeñan en la referida región como funcionarios del Circuito Judicial Penal y de la policía de investigaciones lo cual, en su criterio, pudiera contribuir a perturbar tanto la tranquilidad dentro del referido Circuito Judicial Penal como la imparcialidad que debe caracterizar tanto al  juez como al personal de esa dependencia.

 Así las cosas, del escrito presentado por el solicitante y de las actuaciones procesales que acompañan a la solicitud, se evidencian, que dado a los cargos y funciones que desempeñan las víctimas involucradas en el proceso, pudieran existir juicios previos de valor por parte de los jueces, fiscales  y órganos de investigación vinculados al proceso, lo cual hace presumir la posible existencia de parcialidad de los mismos, pues si bien es ciertolos funcionarios que sintieron afectada su imparcialidad se inhibieron (defensores públicos), esto pudiera ocasionar además de una posible subjetividad dentro del caso, una dilación injustificada en el transcurrir del proceso, debido a inhibiciones que pudieran suscitarse.

Por las consideraciones precedentes y con el propósito de resguardar la seguridad e integridad de todas las partes involucradas, la tutela judicial efectiva como máxima garantía constitucional, la transparencia judicial, la imparcialidad de los jueces y el respeto a las garantías constitucionales y legales inherentes al proceso penal; en atención a lo consagrado en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala de Casación Penal considera procedente declarar HA LUGAR la petición de RADICACIÓN DE LA CAUSA propuesta por el ciudadano abogado GERARDO GARCÍA, en su carácter de Defensor Publico Quinto del Estado Monagas, representante del ciudadano ENZO RAMÓN NÚÑEZ HERNÁNDEZ, por encontrarse llenos los extremos exigidos por el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

En razón del anterior pronunciamiento la Sala de Casación Penal ordena la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Monagas la remisión inmediata de la causa, a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado a los fines, de su conocimiento y resolución.

 

VI

 

Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dicta los pronunciamientos siguientes:

1) Declara HA LUGAR la solicitud de radicación propuesta por el ciudadano abogado GERARDO GARCÍA, Defensor Publico Quinto del Estado Monagas en su carácter de representante del ciudadano ENZO RAMÓN NÚÑEZ HERNÁNDEZ

 2) Se le ordena la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Monagas la remisión inmediata de la causa, a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, a los fines, de su conocimiento y resolución.

 3) Remítase copia certificada de la presente decisión a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los  once  días del mes de Octubre del año 2012. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

 Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente.

Sentencia Aquí

(…)

PUNTO PREVIO

 

            Consta en el Capítulo II intitulado “De la Solicitud de Medida Cautelar”, que la defensa privada del ciudadano acusado WILLIAM EDUARDO GUILLÉN SILVA, solicitó a esta Sala la imposición de una medida cautelar menos gravosa que la privación judicial de libertad que obra sobre su defendido, sobre el alegato de “que su detención a superado con creces el lapso estipulado en el artículo 244”.

            Al respecto, cabe destacar que las medidas de coerción personal establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal tienen una pretensión cautelar orientada a garantizar la presencia y sujeción de los presuntos autores o partícipes en un hecho punible, al juicio penal. De esta forma su dictamen por parte de los tribunales penales ordinarios debe apoyarse en los supuestos justificativos y legitimadores, además debe responder al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, atendiendo siempre a criterios de racionalidad y ponderación. Partiendo en forma general del propio imputado: su sustracción del ius puniendi del Estado, la obstrucción de la investigación penal y la reiteración delictiva

En el caso sometido a la consideración de esta Sala, se constata de las actuaciones, que el treinta (30) de septiembre de 2009 el acusado WILLIAM EDUARDO GUILLÉN SILVA fue condenado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, a cumplir pena de prisión por un tiempo de veintidós (22) años y seis (6) meses. Sanción impuesta a un acusado que ha sido declarado culpable y penalmente responsable por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE ROBO AGRAVADO, tipificado en el artículo 406 (numeral 1) del Código Penal, en perjuicio del ciudadano GUSTAVO NAVARRO VILLAMIZAR (occiso); ROBO AGRAVADO, tipificado en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos CARLOS GUSTAVO NAVARRO MALDONADO y CÉSAR AUGUSTO NAVARRO MALDONADO; PRIVACION ILEGÍTIMA DE LIBERTAD,tipificado en el artículo 174 eiusdem, en perjuicio del ciudadano ÁNGEL MAURICIO FUENMAYOR y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, tipificado en el artículo 277 ibídem.

Como se observa, el paso del tiempo tiene una incidencia peculiar en el sustento de la medida de prisión impuesta al acusado, pues la sentencia firme condenatoria adoptada tras el debido proceso, representa el título legítimo de privación del derecho a la libertad consagrado en el artículo 44 constitucional, máxime cuando en el presente caso se encuentra pendiente por esta Sala la resolución del recurso de casación, por ello la presente solicitud se declara improcedente. Así se decide:

 

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

El artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, contempla los requisitos de modo, forma y tiempo inherentes al recurso de casación, señalando que se realizará mediante un escrito fundado, ante la Corte de Apelaciones y dentro de un plazo de quince días después de publicada la sentencia, a excepción que el acusado se encuentre privado de libertad, caso en el cual comenzará a correr a partir de la notificación personal, previo traslado.

En la presente causa, en cuanto al primer supuesto de admisibilidad referido a la legitimación activa para recurrir, el recurso de casación fue interpuesto por el ciudadano abogado JEAN CARLOS TORRES LINDARTE,defensor privado delciudadano WILLIAM  EDUARDO GUILLÉN SILVA, defensa legitimada conforme a lo dispuesto en el artículo 433 del Código Orgánico Procesal Penal.

Igualmente en lo que respecta al requisito de temporalidad, el recurso fue interpuesto en fecha diez (10) de noviembre de 2011, es decir, en tiempo hábil en virtud del cómputo efectuado por la ciudadana abogada YEGNIN TORRES ROSARIO, secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, cursante en el folio trescientos treinta y ocho (338) de la segunda pieza de este expediente, de acuerdo con el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal.

En cuanto al último de los requisitos, la decisión impugnada fue dictada el veintiuno (21) de septiembre de 2011 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por el prenombrado abogado JEAN CARLOS TORRES LINDARTE,defensor privado delciudadano WILLIAM  EDUARDO GUILLÉN SILVA, tratándose de aquéllas recurribles en casación de conformidad con lo establecido en el artículo 459 de la ley adjetiva penal.

Por consiguiente, revisadas como han sido las causales de admisibilidad del recurso, es pertinente acotar el contenido de cada una de las denuncias planteadas:

La primera denuncia atribuye el vicio de falta de motivación a la decisión de la Corte de Apelaciones, invocando los artículos 173, 364 (numeral 4), y 441 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, advirtiendo que la alzada no resolvió el motivo de la apelación (contradicción de las declaraciones de los funcionarios policiales actuantes, en cuanto a las personas detenidas y la evidencia colectadas en el lugar de los hechos), con razonamiento propio y debidamente motivado, omitiendo algunos aspectos denunciados por la defensa privada. Esta denuncia se admite de conformidad con lo establecido en el artículo 466 eiusdem.

 

En la segunda denuncia, la defensa señaló la falta de motivación del fallo recurrido, alegando la violación de los artículos 173, 364 (numeral 4), y 441 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que según su entender la segunda instancia se limitó a ratificar lo acordado por el tribunal de juicio, sin expresar los fundamentos de hecho y de derecho del porque consideraba que la sentencia condenatoria no adolecía de “ilogicidad manifiesta”. Esta denuncia se admite de conformidad con lo establecido en el artículo 466 eiusdem.

En la tercera denuncia, se alegó la violación de la ley por falta de aplicación del artículo 135 del Código Orgánico Procesal Penal, que se refiere a la prolongación de la declaración del imputado, en este caso en la audiencia del juicio oral y público, tal como se desprende de la fundamentación de la presente denuncia.

En ese sentido, se advierte, que la citada disposición legal denunciada aquí como infringida, no puede ser violentada por la corte de apelaciones, al no corresponderle su aplicación, ya que por su naturaleza procesal la aplicación es propia del tribunal de juicio, que es el competente para hacerlo, en virtud que es la fase donde se desarrolla el debate oral y público. Siendo esto así, es claro que lo que pretende refutar es la labor  del juzgado de juicio, lo que no es posible mediante el recurso de casación de conformidad con lo establecido en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal.

 En mérito de lo antes descrito, se considera que lo procedente es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la tercera denuncia del presente recurso de casación, sobre la base del artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

Por su parte, en la cuarta denuncia se observa que el recurrente argumentó el vicio de falta de motivación de la sentencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, invocando la violación de los artículos 173, 364 (numeral 4), y 441 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por considerar que la alzada no resuelve de manera adecuada y clara el punto sometido a su consideración (relativo a las contradicciones entre las declaraciones de los expertos JAVIER ROSALES, GUSTAVO ARAQUE y ALEJANDRO PEREIRA, respecto de las heridas que presentaba el cadáver). Esta denuncia se admite de conformidad con lo establecido en el artículo 466 eiusdem.

En relación con la quinta denuncia se desprende que el impugnante insiste en alegar inmotivación del fallo de la segunda instancia, y como vulnerados los artículos 173, 364 (numeral 4), y 441 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que según su percepción el fallo recurrido se limitó a transcribir parte de la decisión de juicio “sin dar un razonamiento propio claro y preciso”.

Al respecto debe señalarse que de la fundamentación de dicha denuncia se observa que el recurrente enfoca sus argumentos en contra del fallo de juicio, por considerar que: “El Tribunal de Juicio N° 03…da por demostrada la comisión del delito de privación ilegítima de la libertad del ciudadano ÁNGEL MAURICIO FUENMAYOR, y al mismo tiempo también considera demostrada la responsabilidad penal del ciudadano WILLIAM EDUARDO GUILLÉN SILVA, con la declaración de la víctima y con otros medios de prueba como lo son la expertica de inspección del vehículo…así como la testimonial de los funcionarios…sin embargo de tales testimoniales no se puede determinar a ciencia cierta que WILLIAM EDUARDO GUILLÉN SILVA, sea el autor del delito arriba acreditado…no existen elementos de pruebas suficientes”. Es decir,  el defensor objeta el análisis de los medios de pruebas efectuado por la primera instancia para determinar la responsabilidad penal del acusado en el delito de privación ilegítima de libertad.

Refiriéndose únicamente a la sentencia de la Corte de Apelaciones (aquí recurrida), por considerar que: “la alzada se limitó a transcribir parte de [la] decisión dictada por la Juez de Primera Instancia…sin dar un razonamiento propio claro y preciso…con fundamentos de hecho y de derecho… y al no hacerlo así, infringió los principios más elementales del debido proceso y de la tutela judicial efectiva”, demostrando con ello que sus alegatos contra el fallo recurrido (en relación a este punto) son genéricos y ambiguos, materializando consideraciones netamente subjetivas sobre la motivación de los juzgadores de la segunda instancia.

En ese sentido, la jurisprudencia ha sido reiterada en expresar que los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación procurar que se analicen argumentos referidos al análisis y valoración de pruebas, relativos a demostrar o no la responsabilidad penal del imputado en los hechos objeto del proceso, ya que estos son propios del debate que se realiza en la fase del juicio oral y público. Por tanto, la defensa en el caso de autos no puede pretender por medio de esta vía extraordinaria que se resuelvan cuestiones de fondo propias del tribunal de juicio (la responsabilidad penal o no del acusado en el delito de privación ilegítima de libertad).

Asumiendo el criterio a través del cual se dispone la imposibilidad que tienen los impugnantes por medio del recurso de casación de atacar conjuntamente las sentencias dictadas por la primera instancia y la alzada (tal como sucede en la presente denuncia), ya que la procedencia de este recurso extraordinario, es sólo contra fallos dictados por las Cortes de Apelaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal.

En consecuencia, concluyéndose que lo ajustado a derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la quinta denuncia del presente recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

En la sexta denuncia se observa que el  defensor señaló la violación de la ley por la “errónea aplicación” del artículo 458 del Código Penal, que se refiere al tipo penal del robo agravado, expresando que: “la Corte de Apelaciones reconoce que el delito de robo agravado constituye un mismo hecho, pero de forma totalmente incoherente señala que por haber sujetos pasivos diferentes debe también aplicarse el delito de robo agravado pero este en relación a los ciudadanos CARLOS GUSTAVO NAVARRO y CÉSAR AUGUSTO NAVARRO”. Esta denuncia se admite de conformidad con lo establecido en el artículo 466 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por último, en la séptima denuncia del recurso de casación se desprende que el recurrente atribuye la falta de motivación al fallo de la alzada, alegando la violación de los artículos 173, 364 (numeral 4), y 441 del Código Orgánico Procesal Penal, por no dar respuesta a unos de los puntos sometidos a su revisión en el recurso de apelación, específicamente la falta de aplicación del artículo 424 en relación con el 406 (numeral 1) ambos del Código Penal, que se refieren a la complicidad correspectiva en el delito de homicidio calificado. Esta denuncia se admite de conformidad con lo establecido en el artículo 466 del citado Código Orgánico.

En mérito de todo lo antes señalado, se ADMITE la primera, segunda, cuarta, sexta y séptima denuncia del presente recurso de conformidad con el artículo 466 del Código Orgánico Procesal Penal, y sobre la base del artículo 465 eiusdem DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la tercera y quinta denuncia del recurso de casación incoado por el ciudadano abogado JEAN CARLOS TORRES LINDARTE, contra la decisión dictada el veintiuno (21) de septiembre de 2011, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida. En consecuencia, se convoca a una audiencia pública que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de quince (15) días ni mayor de treinta (30). Así se decide.

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