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Tema: Reenganche del trabajador
Materia: Derecho Laboral
Asunto: Contenido de los artículos 125 y 126 de la Ley Orgánica del Trabajo.

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Estas son las condiciones bajo las cuales damos comienzo a la última década del siglo XX: con las embestidas de nuevas versiones (o caretas) del viejo derecho penal autoritario y argumentando con datos falsos acerca de la realidad.

Nos percatamos de que el poder punitivo no pasa sino ínfimamente por nuestras manos jurídicas, siendo ejercido en su parte troncal por las agencias ejecutivas, policiales y políticas.

Vemos que hemos construido un discurso de justificación de nuestra propia reducción de poder jurídico; que el poder punitivo no previene conflictos ni los resuelve, sino que los multiplica; que ese poder extrae a los conflictos de su contexto y los oculta y complica; somos conscientes de que este poder causa un altísimo número de muertes y que reimplanta la tortura; sabemos que condiciona conductas criminales en lugar de prevenirlas; conocemos sobradamente que su máxima expresión, que es la prisonización o enjaulamiento de personas en instituciones totales o de secuestro se ejerce sobre los sectores más carenciados de nuestras poblaciones y con selectividad clasista y racista; sabemos que la estructura de filtro selectivo del ejercicio de poder penal se burla de nuestro principio de igualdad; tenemos clara idea de que ese ejercicio de poder no cuida ni siquiera mínimamente nuestro pretendido principio de legalidad ni ninguna de sus manifestaciones. Aunque nos resistamos a admitirlo, la mala conciencia nos dice que la pena no cumple ninguna de las funciones preventivas que se le atribuyen ni puede cumplirla.

 Así llegamos al siglo XXI, enredados en un discurso que debemos defender sólo porque es mejor que nada.

Por cierto que no es nada lucido el papel intelectual del penalismo finisecular: comprometido con un ejercicio de poder cuestionado y deslegitimado, o tratando de contener ese ejercicio de poder con un discurso que sabe que es falso y con la consiguiente mala conciencia. (más…)

Siguiendo la óptica de Domingo Alberto Albino y Eliceo José Padrón,  desde el punto de vista extraprocesal, la prueba ilícita es “aquella producida fuera de la esfera o marco el proceso propiamente dicho, en el momento de la obtención de la fuentes de la prueba”, en tanto que, la prueba entre procesal es aquella que se produce al interior del proceso esto es “aquella que se produce al interior del proceso”, esto es, aquella que se relaciona con un suceso procesal, desde su promoción, ofrecimiento, recepción y ejecución de la prueba durante el procedimiento.

Nuestro legislador patrio clasifican las ilicitudes en tres grupos:

  1. A) La consumada en la obtención o formación del medio.
  2. B) La efectuada en la incorporación al proceso del medio.
  3. C) La confeccionada u obtenida cuando se consigue información que proceda directa o indirecta de un medio o procedimiento ilícitos.

Al respecto Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, precisa que la legalidad en la obtención de la prueba, englobado aspectos elementales:

  1. El aspecto formal o directo
  2. 2. El aspecto indirecto o material

El primero comprende las formalidades específicas, ora por el propio Código Orgánico Procesal Penal, ora por leyes especiales, para la obtención de las fuentes o certeza de pruebas. En cuanto al segundo aspecto, el asambleísta exige que la informaciones no hayan sido obtenidas por medio de torturas físicas o psicológicas, violencia, ardid trampas, o por medio de cualesquiera infusiones o droga que menos caben la voluntad del individuo. En relación a este último comentario, en otra ocasión, hemos señalado que si es el imputado o acusado, quién ingresa información, en forma directa, y de forma coercitiva, esa información debe ser considerada irrita, ilícita e inicua, procesal y jurídicamente inexistente, constitucionalmente inadmisible y sin valor probatorio alguno. Empero si es un tercero quien ingresa al proceso de información, verbigracia, un testigo reconocedor -en caso de un reconocimiento del imputado- o un técnico-perito -en caso una extracción de sangre- a pesar de que el imputado no autorice tal práctica, vale apuntar, no preste su consentimiento, y haber sido, efectivamente, objeto de prueba en cuyo acto procesal, su salud no sea afectada de peligro alguno, y se ha tratado con respeto su condición de ser humano, dicha información -acto investigación- debe ser considerada válida y lícita, sin que con ello se pretenda equiparar al imputado o acusado como si ciertamente fuera autor de los hechos que le son atribuidos por el Ministerio Público, pues ser imputado es una cosa y ser autor del hecho delictivo en otra cosa; por lo demás, como lo dice acertadamente Binder “no se puede hacer de todo imputado un culpable”

Por su parte, la procesalista brasileña, Ada Pelegrini Grinover, en torno al momento procesal ha sostenido que “la actividad probatoria se lleva a cabo en cuatro oportunidades, a saber:

  1. La proposición de las pruebas (indicadas por la parte o requerida por el juez)
  2. Admisión (acto por el cual el juez la declara admitidas)
  3. Producción (momento en que se llevan al proceso) y;
  4. Valoración (acto judicial que consiste en atribuirles determinado valor probatorio)”

Por otro lado, Edgar Saavedra Rojas, expresa que la prueba ilícita extraprocesal, originase, “cuando el acto ilícito se produce por fuera del proceso, antes de su iniciación, en la fase preparatoria”, diliencia que generalmente es practicada por los sujetos procesales por un particular, quién es naturalmente están obligado a obedecer el debido proceso en tanto que, la prueba ilícita intraprocesal en la que se obtiene o produce “mediante la utilización de medios probatorios de interrogación como la utilización de la violencia física o moral, del uso de los derivados del pentonal sódico (suero de la verdad), la hipnosis, o cualquier otro medio fisico, psicológico o sustancia química de prohibidad utilización”.

Asimismo, Orlando Alfonso Rodríguez, afirma que “las circunstancias que producen la prueba ilícita es la etapa previa a la actuación jurisdiccional” refiriéndose a la fase extraprocesalmente y coincide con Manuel Miranda Estrampes, quien en su obra El Concepto de Prueba Ilícita su tratamiento del proceso penal, señala que la prueba obtenida por fuera del proceso,”… afecta la labor de investigación de los hechos, es decir, la búsquedad, recogida y obtención de las fuentes de prueba (por ejemplo documentos obtenidos delictivamente e incorporados al proceso”.

Finalmente, asegura el autor español, Orlando Alfonso Rodríguez, que la prueba ilícita intraprocesalmente, no es otra que aquella “irregularidad probatoria presentada en el interior del proceso, cuando el funcionario judicial decreta la práctica de la prueba y en su producción se vulnera un derecho o libertad fundamental, de tal manera que la torna ilícita”, por lo que un juez provo, perpicaz, decoroso, no sometido a ningún otro interés que no sea desempeñar su labor de juzgador apegado fielmente a la Ley y a la Constitución, y no cautivo de directrices  provenidas, ora del poder ejecutivo, ora del poder que hoy ostenta los medio de comunicación social, impresos o audiovisuales, o surgidas de otros mandos que no sea el judicial; el cual, razonablemente, siendo independiente autónomo, se abstendrá de incluir dicha anormalidad como parte del bagaje probatorio, decretado, in limini litis, su inadmisibilidad. (más…)

Los principios del Derecho penal son aquellas directrices de la doctrina que le han impuesto barreras a la construcción del Derecho penal, de tal forma que éste no se extralimite y afecte el Estado de Derecho.

Hay pues un primer nivel de análisis cuando se plantea el sentido del poder punitivo del Estado en un sistema democrático, que reside en los principios inherentes a un Derecho penal democrático. Es ésta la primera perspectiva y el primer desafío con el cual se enfrenta la política criminal en Latinoamérica. Ahora bien, estos principios o garantías propios a un Derecho penal democrático, requieren de una revisión precisamente en razón del compromiso con la implementación concreta en una realidad dada.

También una idea dogmática trans-espacial tiene la pretensión de confundir la pura formalidad de la enunciación del principio con su materialidad de realización. Los principios que deben regir el derecho penal deben estar en unas normas rectoras, que sean reconocidas como principios rectores de nuestra legislación penal, por su fundamental sentido del derecho penal, el cual debe esta guiado por normas rectoras y donde se encuentra preceptos orientados en la legalidad, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, que poseen el doble carácter de principios del derecho penal venezolano y elementos del concepto general e institucional de delito.

Los principios del derecho penal, actualmente se encuentran en la Constitución con incidencias en el derecho penal, en este sentido la doctrina Constitucional y la ciencia del derecho, establece que la constitución, es el instrumento legal fundamental del ordenamiento Jurídico, el cual debe contener en su articulado un marco para la organización política y la estructura del Estado.

Así la inclusión de preceptos o normas constitucionales con relevancia en el derecho penal se debe a que el Estado tiene que garantizar al ciudadano, por una parte, su libertad y otros bienes jurídicos frente al ius puniendi estatal y a los eventuales excesos o extralimitaciones, que son evitados a través de ese marco constitucional es decir, la auto limitación de la potestad punitiva; y por otra parte, se ha de garantizar la efectiva concreción o aplicación de la misma y de la precitada potestad puniendi o potestad punitiva estatal, para proteger ciertos intereses frente a intereses ilícitos y para que el ciudadano no tenga que recurrir a hacerse justicia por si mismo contra el delincuente, lo que es contraproducente e inadecuado conduciendo esta practica únicamente a una especie de guerra civil, dejándose de tal manera la función de administrar justicia penal al Estado, lo que supone una mayor efectividad, y mejor organización.

En un sistema penal deben gobernar principios, que sean la fuente y fundamento de aquello para que sirva de guía en el conocimiento de la dogmática penal, es decir, en la interpretación del derecho penal. Los principios, son el mejor punto de partida, de ninguna manera representan un punto de llegada o estado terminal del conocimiento, derivar conocimiento, los principios deben ser desarrollados y concretados, de tal modo que el conocimiento que se quede en ellos no-pasa de la generalidad. En el campo jurídico, esto significa que han de ser puestos en relación de sentido y armonía con las normas a que se refieren y a las que inspiran. El principio que no se aplica no solo no sirve para nada, sino que en verdad no es principio de nada, es por ello que los principios jurídicos penales, se funda en todo conocimiento y toda norma jurídico penal y de los que, en consecuencia, no se puede separarse de la práctica o del ejercicio del derecho penal.El máximo principio que consagra la legitimidad y legalidad del derecho penal es el aforismo del nullum crimen, nula poena sine praevia lege. Así  “el principio de legalidad de los delitos y de las penas es el supremo postulado político criminal del derecho penal moderno, su importancia se observa en los Derechos del hombre y el ciudadano de 1789”.

En los últimos años, la formulación con la exigencia de una ley cierta, cuyo efecto es la prohibición de leyes penales imprecisas o vagas, esto es, de los tipos indeterminados, que tanta incertidumbre siembra, y es precisamente uno de los cambios que debe orientar el proceso de transformación de nuestro Código penal, y en este sentido, los estudiosos y expertos en las materias deber tener suficientemente claro, cuales son esas imprecisiones en la ley penal, que consecuencialmente se traduce en interpretaciones que van en perjuicios del imputado. Por otra parte, es necesario establecer la duración a largo plazo de la exigencia de que tanto los delitos como las penas estén determinados en la ley, lo que le da el carácter de principio de reserva, con lo que se señala que solo el legislador, no el gobierno, ni los jueces  pueden asumir esa tarea, la cual es competencia consagrada al congreso Nacional al cual le corresponde legislar en las materias de la competencia nacional, así como, la formación de las leyes.

La ley, es el acto sancionado por el congreso como cuerpo legislador, de allí que solo, está dado, la creación de normas de carácter penal al congreso.Según el Principio del acto y de autor  se habla de un derecho penal del acto cuando las normas punitivas se dirigen a lo que el hombre hace y no a lo que es, vale decir, a su conducta social y no a su modo de ser, su carácter, su temperamento, su personalidad, su pensamiento, su afectividad o sus hábitos de vida.Sin embargo, el principio del acto es el presupuesto fundamental del principio de culpabilidad, la cláusula de personalidad en la medida de la pena introduciría una serie y contradictoria restricción al imperio de la culpabilidad, nuestro derecho penal de acto concibe al delito como un conflicto que produce una lesión jurídica, provocado por un acto humano como decisión autónoma de un ente responsable es decir, la persona, a la que se le puede reprocharle por lo tanto, retribuirle el mal en la medida de la culpabilidad, de la autonomía de voluntad con que actuó. Siguiente este orden de idea, el autor Zaffaroni nos señala que “no puede legitimar la pena porque ignora por completo la selectividad estructural (inevitable) de la criminalización secundaria, lo que determina que la pena retributiva se convierta en una pena preferentemente dedicada a los torpes, por lo que no se puede legitimar desde la ética”.

El derecho penal de acto debe reconocer que no hay caracteres ónticos que diferencien los conflictos criminalizados de lo que se resuelven por otra vía o no se resuelven”.Si no que estos se seleccionan más o menos arbitrariamente por la criminalización primaria en el plano teórico jurídico y por la secundaria en la realidad social. Cuando se pretende buscar datos prejurídicos del delito, el primer argumento suele ser su gravedad, por cierto, que hay delitos atroces y aberrantes, como el genocidio y algunos homicidios y ambos suelen llamarse crímenes, pero los primeros son reconocidos como tales, por la opinión publican siempre provocan el ejercicio del poder punitivo que frecuentemente se usa para controlar a quienes disienten con el poder que lo ejecuta. Para que un hecho sea “típico”, basta que una ley lo prevea, no importa de qué manera. La tipicidad es un elemento del delito que implica una relación de perfecta adecuación de total conformidad entre un hecho de la vida real y algún tipo legal o tipo penal. Se entiende por tipo legal, la descripción de cada uno de los actos acciones u omisiones que la ley penal considera delictivos.

El principio de legalidad, entendido en tan amplio sentido formal, no significa mucho en el orden de las garantías individuales, pues ni auto limita sensiblemente el poder punitivo del Estado, ni estorba la arbitrariedad judicial, ni en realidad determina la conducta punible.En un Estado de derecho, el delito y la pena que regulase por la ley previa, estricta y cierta y únicamente por ella y, desde este punto de vista, el principio de legalidad del derecho penal es sólo una manifestación del imperio de la ley. En un Estado democrático esa ley no-solo debe ser expresión de un cuerpo representativo (democracia formal), sino que ha de respetar los límites formales y materiales establecidos en la Constitución y los tratados públicos y propiciar la creación y fortalecimiento de las condiciones sociales para que puedan ser satisfechas las necesidades básicas de todas las personas (democracia material), racionalizando los procesos macro sociales que se opongan a esa meta (Estado social), pero respetando en todo caso la dignidad y autonomía ética del individuo y protegiendo, incluso penalmente, sus bienes fundamentales y sus derechos humanos Estado Liberal.

El Principio del Bien Jurídico, todo delito supone la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, en lo cual radica la esencia del hecho punible. Precisamente el derecho penal esta destinado a proteger bienes y valores cuya protección se considera imprescindible para la existencia de la sociedad. Por tanto, todo delito supone, por lo menos, un peligro para un bien jurídico. El derecho penal debe escoger entre irracionalidades, para impedir el paso del mayo contenido no puede admitir que a esa naturaleza no racional del ejercicio del poder punitivo se agreguen una nota de máxima irracionalidad por la que se afecten bienes de una persona en desproporción con el mal provocado. Lo que trae como consecuencia que se jerarquicen las lesiones y establezcan un grado de mínima coherencia entre la magnitud de penas a cada conflicto penal. A manera de reflexión se recomienda el análisis de los principios analizados, más la consultar y la participación de todos los sectores que conforma la sociedad para ser escuchados y observar su realidad para así poder reconocer e identificar las situaciones o realidades que se pretenden penalizar, a través de las conductas que deben tipificarse para adecuarlas más a los hechos punibles que aquejan a la sociedad.

El análisis de los principios rectores del derecho penal, deberían ajustarse a las normas de carácter penal del nuevo siglo el cual que se inicia, y debe orienta el derecho penal para así realizar los cambios y trasformaciones en las materias que merece atención entre las cuales están las que se consideran que deben ser atendidas:

1) Del principio de legalidad,

2) Del concurso aparente de tipos penales,

3) Legítima defensa de terceros.

4) Estado de necesidad,

5) Trastorno mental transitorio,

6) Culpabilidad,

7) Error,

8) Concurso ideal de delitos,

9) Tentativa,

10) Tiempo de perpetración,

11) Posición de Garante,

12) Clases de penas,

13) Medidas de seguridad,

14) Prescripción de la acción y de la pena.

De todo lo antes expuesto, se considera que la parte especial del Código penal, que se refiere a las diversas especies del delito, deberían tomarse aspectos analizados en el presente a fin de que sean considerados, para una reforma del Código Penal Venezolano, las cuales estarían básicamente centrada en el principio de la intervención mínima. En definitiva, perspectiva político criminal significa determinación de los principios básicos de un derecho penal democrático, dilucidación de su contenido, pero desafío político criminal significa entender que todo principio es sólo un programa de acción y requiere por ello de implementación en una realidad concreta, la nuestra Latinoamericana con el objeto de establecer sino algo diferente al derecho penal como decía Roxin, por lo menos un Derecho penal más humano, esto es únicamente de los hombres y para los hombres.  

EL CONTRATO Y SUS CLASIFICACIONES

Publicado: septiembre 27, 2012 en DERECHO CIVIL
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El Contrato.

  • C.C. francés (artículo 1101) “el contrato es una convención por medio de la cual una o más personas se obligan frente a otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa” (definición que se le atribuye a Portaliz).
  • C.C. chileno: “el contrato o convención es un acto por el cual una persona se obliga para con otra para dar, hacer o no hacer alguna cosa”.
  • C.C. cubano (artículo 1254) “el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar un servicio”.
  • C.C. colombiano: “es el acuerdo real de las voluntades de dos o más personas encaminadas a la creación de obligaciones”.
  • GIORGI: “es un convenio jurídico eficaz para crear una obligación civil”.
  • WEILL Y TERRÉ: “es el acuerdo de dos o más personas con el fin, sea de crear una relación de derecho (dar nacimiento a una obligación), sea de modificar o extinguir una relación preexistente”.

De todas las definiciones expuestas, podemos CONCLUIR que el contrato es:

  1. Un acuerdo de voluntades
  2. Intervienen voluntades igualmente libres (siempre?)
  3. Surte efectos entre las partes y no ante terceros

Art. 1.133 C.C. Fue con el Código de 1.873 cuando se asumió la definición del Código Italiano de 1.865 y en el Código venezolano vigente de 1.942 es agregado el verbo “transmitir”.

Características

  1. Es una Convención.
  2. Regula relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial, susceptibles de ser valorados desde un punto de vista económico.
  3. Produce efectos obligatorios entre las partes.
  4. Es fuente de obligaciones.
  5. Principio de autonomía de la voluntad como fundamento principal.

El contrato como estructura técnico-jurídica

  1. Contenido Material del Contrato.
  2. La Calificación Jurídica.
  3. Prueba.
    • El documento no es mas que un medio probatorio para probar el contenido de un contrato Art. 1.355 C.C. Tanto así que la nulidad del documento no impide probar la existencia del contrato por otros medios probatorios.
    • La formalidad escrita no es esencial. (En principio)
Teoría General del Contrato

 

Clasificación de los contratos

1.- SEGÚN SURJAN OBLIGACIONES PARA UNA O AMBAS PARTES DEL CONTRATO:

a) Unilaterales.
b) Bilaterales. Art. 1.134 C.C.
c) Sinalagmáticos imperfectos.

  • Sinalagmáticos = bilaterales
  • Empiezan como un contrato unilateral y luego se convierten en bilaterales. Ejemplo: el mutuo: contrato de consumo
  • En principio surte efecto para una de las partes, luego surgen para ambas partes.

2.- SEGÚN EL FIN PERSEGUIDO POR LAS PARTES:

a) Onerosos. Art. 1.135. C.C.
b) Gratuitos. Art. 1.135 C.C.
b.1.- Desinteresados o de beneficencia.
b.2.- Liberalidades.
b.3.- Gratuitos por esencia.

3.- SEGÚN LA DETERMINACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE ALGUNA DE LAS PARTES DEPENDA DE UN HECHO CASUAL O NO:

a) Conmutativos.
b) Aleatorios. Art. 1.136 C.C.

4.- SEGÚN SU MODO DE PERFECCIONAMIENTO:

a) Consensuales.
b) Reales.
c) Solemnes.
c.1.- Los que requieren de un documento privado. –> Oponibles entre las partes.
c.2.- Los que requieren de un documento público. –> Ejemplo: Registro. Oponible ante terceros.

5.- SEGÚN SU CARÁCTER:

a) Preparatorios.
b) Principales.
c) Accesorios.
d) Conexos.

6.- SEGÚN LA DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES:

a) De tracto o cumplimiento instantáneo.
b) De tracto o complimiento sucesivo.

7.- SEGÚN LAS NORMAS LEGALES QUE LOS REGULAN:

a) Nominados o típicos.
b) Innominados o atípicos.

8.- PRECONTRATOS, ANTECONTRATOS O PROMESAS DE CONTRATAR.

a) La promesa unilateral de contratar.
b) La promesa bilateral de contratar.

9.- CONTRATOS ENTRE PERSONAS LEJANAS Y ENTRE PRESENTES:

10.- SEGÚN LA SITUACIÓN DE IGUALDAD O NO DE LAS PARTES:

a) Paritarios.
b) De adhesión.

11.- SEGÚN QUE EL CONTRATO PRODUZCA EFECTOS OBLIGATORIOS PARA LA PARTES SOLAMENTE O BIEN PRODUZCA EFECTOS PARA TERCEROS QUE NO SEAN PARTE DEL MISMO:

a) Individuales.
b) Colectivos.

12.- SEGÚN LA NATURALEZA PERSONAL DE LA PRESTACIÓN DE UNA O ALGUNAS DE LAS PARTES:

a) Ordinarios.
b) Intuitu personae

13.- POR RAZÓN DE LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DEL CONTRATO:

a) Causados.
b) Abstractos.

14.- SEGÚN LA LEGISLACIÓN APLICABLE:

a) Internos.
b) Internacionales.

15.- SEGÚN EL DERECHO APLICABLE:

a) Privados.
a.1 Civiles.
a.2 Mercantiles.
b) Públicos.
c) Administrativo.