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1.- Planteamiento.

Esta exégesis persigue como propósito, exponer y defender un enfoque desde una óptica contraria a la diuturna interpretación proferida por la Sala Constitucional venezolana referente a la aplicación retroactiva de los cambios de criterio o de doctrina jurisprudencial, apoyada en calificadas opiniones doctrinarias y destacados pronunciamientos de tribunales foráneos, así como, con el señalamiento de las contradicciones e imprecisiones de la interpretación que el órgano jurisdiccional patrio antes mencionado ha proferido a tal respecto, acogida indeliberadamente por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y asumida con la plena convicción de la potestad que tiene el juzgador de resolver conforme a una interpretación jurisprudencial dictada con posterioridad a la realización de las actuaciones o circunstancias fácticas que dieron origen a un determinado proceso y con base en este presupuesto, eliminar así la posibilidad de que en tales situaciones se declare por esta razón la infracción del principio desarrollado por la precitada Sala como de «confianza legítima» o de «expectativa plausible» y el de la garantía conocida como seguridad jurídica.[1]

2.- Jurisprudencia. Criterio Jurisprudencial.

Miguel de Jesús Alvarado Esquivel después de citar el apotegma atribuido a Blasco Gascó, según el cual, «la jurisprudencia no es fuente del derecho, no es centro de producción de normas jurídicas, sino de criterios interpretativos y aplicativos de las mismas», hace algunas consideraciones sobre la existencia de un largo debate doctrinal relativo a su naturaleza jurídica, si es o no una fuente formal o material del derecho y, por tanto, si es o no una norma equiparable a la ley, para seguidamente señalar que para la doctrina moderna la jurisprudencia no crea ni constituye una norma jurídica nueva, sino sólo es la interpretación de ésta, es decir, fija el sentido y alcance de la norma preexistente.[2]

Jaime de la Peña sostiene que dentro de la función jurisdiccional, el juez se encuentra obligado en primer lugar a aplicar la ley, por consiguiente, le corresponde interpretarla y adaptarla a las situaciones que se le planteen. En este sentido, argumenta que la jurisprudencia va encaminada a cumplir con la garantía de seguridad jurídica, cubriendo la necesidad y conveniencia de establecer un mínimo de uniformidad, que permita tanto a particulares como a las autoridades conocer los criterios interpretativos que deben ser aplicados al momento de resolver una controversia, convirtiéndose dentro de la ciencia del derecho, en fuente de nuevas reglas que cubren las lagunas o antinomias existentes en la ley, que precisa el alcance de una norma jurídica y se erige como guía en su interpretación, realizando una función integradora que moldea la conducta y el criterio de los órganos jurisdiccionales en el dictado de sus resoluciones, buscando con ello una mayor certidumbre jurídica.

Por su parte, Xiol Ríos citando a Nabal Recio afirma que la jurisprudencia no es una creación del Tribunal Supremo, sino que es una reelaboración que éste hace con materiales de muy diferente procedencia, con los estudios doctrinales, con sus propias resoluciones y las de los tribunales de instancia, con las alegaciones de profesionales y litigantes, indagando en las estructuras lógicas subyacentes en el ordenamiento, en los sistemas de valores que conviven en conflicto dentro de la sociedad, precisando que representa la aportación de los jueces al proceso continuo de transformación del derecho.[3]

La Sala Constitucional venezolana ha establecido qué debe entenderse por criterio jurisprudencial y ha precisado en cuáles casos se está en presencia de un cambio de criterio. Así, ha dejado indicado que, según el Diccionario Esencial de la Lengua Española Editorial Larousse, S.A. 1999, criterio es un «principio o norma de discernimiento o decisión», una «opinión, parecer», mientras que jurisprudencia es el «conjunto de sentencias de los Tribunales», «norma de juicio que suple omisiones de la ley y que se funda en las prácticas seguidas en los casos análogos», afirmando que de la conjunción de estas definiciones se desprende que se está en presencia de un criterio jurisprudencial cuando existen dos o más sentencias con idéntica o análoga ratio decidendi, entendiendo por tal la regla sin la cual la causa se hubiera resuelto de un modo distinto o aquella proposición jurídica que el órgano jurisdiccional estima como determinante en la elaboración del fallo.[4]

Ha impuesto también esa Sala que la reiteración y la uniformidad constituyen exigencias cardinales para la determinación de la existencia de un criterio jurisprudencial; no obstante, reconoce que las mismas no son absolutas ya que, algunas veces, la jurisprudencia es vacilante y no se consolida, mientras que, en algunos supuestos excepcionales podría ser suficiente una sola sentencia como por ejemplo, cuando se produce un cambio de criterio mediante un razonamiento expreso y categórico, o cuando se dilucida por vez primera un asunto o cuando la falta de frecuencia de casos análogos no permitan su reiteración.

Igualmente asevera,[5] que los cambios de criterios jurisprudenciales se producen cuando el tribunal altera o modifica explícita o implícitamente la doctrina que había asentado con anterioridad; sin embargo, admite que no todo abandono de un criterio anterior supone indefectiblemente un cambio de criterio jurisprudencial, ya que puede que el mismo sea aparente, fenómeno éste que ‹tiene su origen en la inercia de entresacar frases generales de las sentencias sin preocuparse del caso debatido o de limitarse al fallo sin conocer las verdaderas circunstancias del caso› o ‹cuando se invocan sentencias anteriores como contrarias a la actual y las citas extraídas son obiter o bien, la invocación es errónea porque la sentencia invocada o no tiene que ver con la cuestión debatida o dice lo mismo que la sentencia actual›.[6]

Begoña Vidal Fernández[7] citando para ello a Andrés de la Oliva Santos afirma que no es la jurisprudencia sino la doctrina jurisprudencial la que puede ser fuente de derecho procesal; que la jurisprudencia, entendida como creación jurídica de los órganos jurisdiccionales (esto es, el resultado de aplicar el derecho al caso concreto), no puede considerarse como fuente del derecho objetivo, porque es siempre irrepetible: cada sentencia es diferente por serlo el caso concreto que resuelve y el juicio sobre el mismo. Puntualiza que fuente del derecho no son esas creaciones jurídicas (sentencias, resoluciones judiciales que ponen fin al proceso) sino el proceso intelectual realizado a partir de esas decisiones singulares e irrepetibles, que elimina circunstancias y datos históricos dando como resultado un estereotipo de problema y de resolución, confesando que esto es lo que finalmente se ha admitido como doctrina jurisprudencial, es decir, normas objetivadas a partir de la abstracción realizada de sentencias concretas.

Precisa que el ordenamiento jurídico español no le confiere a la jurisprudencia la fuerza propia del mandato jurídico obligatorio, por cuanto la libertad de interpretación de los jueces y tribunales está por encima de la vinculatoriedad de esta doctrina. No obstante, acepta que ello no es óbice para admitir la existencia de criterios interpretativos y de aplicación del derecho objetivo, extraíbles de las sentencias dictadas por los más altos tribunales, reconociendo que basado en su auctoritas existe pues, una cierta eficacia o valor jurídico de la doctrina jurisprudencial al aplicar las verdaderas fuentes del derecho objetivo (la ley y los principios generales), aseverando que esta eficacia indirecta, por vía de ejemplarismo, se concreta normalmente en un determinado resultado hermenéutico (incluyendo la utilización de la analogía), o en una directriz para interpretar una ley, conforme a los principios generales, o en una rectificación de normas positivas o solución de una laguna legal, siempre a partir de los principios generales del derecho para finalmente concluir que aun sin ser la doctrina jurisprudencial una verdadera fuente de derecho procesal tiene un cierto peso específico en su aplicación.

3.- Principio de Expectativa Plausible o Confianza Legítima.

Este precepto ha sido tutelado y entendido por nuestra Sala Constitucional[8] «como un atributo o expresión del principio procesal de seguridad jurídica que informa todo proceso».[9] Ésta deja indicado que dicho principio debe ser entendido como la expectativa racional de una determinada decisión la cual se ha mantenido en el tiempo, advirtiendo que el Poder Judicial no se convierte en un ente anárquico y carente de toda racionalidad (moral, ética, política, social), sino que éste debe atender al establecimiento de sus propios límites y que el cambio jurisprudencial, debe ser uno de ellos, siguiendo el principio de continuidad jurisprudencial críticamente evaluada.[10] Sin embargo, acota que con dicho principio no se trata de sacralizar el respeto a la jurisprudencia y a sus criterios de modo que resulte imposible su cambio o modificación, ya que ello transmutaría inmediatamente en una «fosilización» de las interpretaciones judiciales, en virtud que la continua adaptación de las normas jurídicas, como forma de heterocomposición del derecho, postula una fórmula saludable de adecuación del mismo a las realidades sociales, sin que éstas desnaturalicen su contenido.

Propugna esta concepción que un cambio jurisprudencial, debe hacerse además de con la necesaria prudencia y equilibrio, siempre de manera explícita y razonada para no generar incertidumbre e inseguridad jurídica respecto del sentido y alcance de la interpretación que al tribunal compete. Así, la seguridad jurídica ante los órganos jurisdiccionales, debe ser entendida como el grado de certeza o conocimiento de la legalidad que acarrea a su vez un grado de previsibilidad o conocimiento de la decisión judicial, en virtud que el justiciable se encuentra impedido de gozar del conocimiento de fondo de la decisión que se trate, lo cual pudo haber sido plausible de protección y aseguramiento conforme a la jurisprudencia dictada.[11]

Según ello, este principio «tiende a que los particulares conozcan de antemano que (sic) conducta puede suponer la modificación de su estatus jurídico» y es precisamente en este contexto cuando deja establecido que el simple cambio de una línea jurisprudencial debe atender a razones de mérito que justifiquen el vuelco legal, mediante la elaboración de las justificaciones que incidieron en dicha variación, impacto que pudiera tener dicha decisión dentro del orden social, además de con la necesaria prudencia y equilibrio, aludiendo también a la peligrosidad de los cambios u oscilaciones bruscos de orientación o sentencias «overruling».[12]

Se ha dejado establecido que, existe vulneración al principio de confianza legítima o expectativa plausible y, por ende, al de seguridad jurídica, cuando un operario de justicia aplica al caso bajo su examen un criterio jurisprudencial distinto al que existía para la oportunidad cuando se produjo la situación jurídica o fáctica que decide o cuando regula la relación jurídica nacida con anterioridad, en una clara y evidente aplicación retroactiva del mismo, o cuando aplica de forma arbitraria o sin ninguna justificación válida el criterio vigente al caso bajo análisis,[13] así como cuando se alteran las reglas del procedimiento con respecto a una etapa del juicio que ya ha culminado para el momento en que se impuso la modificación mediante la aplicación de un criterio jurisprudencial que fue dictado con posterioridad, vale decir, aplica un cambio de criterio a una etapa procesal ya superada o cuando se sanciona a las partes por el incumplimiento de una carga procesal que no existía para la oportunidad en la cual les correspondió realizarla.

En torno a este último supuesto, es conveniente citar parcialmente como precedente paradigmático, el contenido argumental expuesto por la Sala Constitucional cuando resumió con una suerte de atavismo, lo que a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima se refiere, catalogándolos como axiomas fundamentales del Estado Social de Derecho y de Justicia, destacando su reiteración y señalando, en cuanto al primero de ellos respecta y en lo que a este examen interesa, que lo que éste persigue es la existencia de confianza por parte de la población del país en el ordenamiento jurídico y en su aplicación, porque la interpretación de la ley se haga en forma estable y reiterativa, creando en las personas confianza legítima de cuál es la interpretación de las normas jurídicas a la cual se acogerán.[14]

Begoña Vidal Fernández[15] al referirse a las fuentes del derecho procesal señala que éste es un derecho técnico, de juristas, no un «derecho popular» por lo que la costumbre no puede, por tanto, ser fuente de esta rama del derecho, pues el proceso no puede ser regulado por decisión de sus protagonistas ni actuales ni futuros, ni de forma directa y expresa (mediante pactos o convenciones) ni de forma indirecta o tácita (costumbre en sentido estricto), reconociendo sin embargo que, ciertamente existen unos hábitos o usos procesales (los llamados usos forenses), pero afirmando con contundencia que, lo que no existe de ninguna manera es una conciencia de que tales conductas repetidas adquieran carácter normativo exigiendo que las posteriores se acomoden a la habitual, admitiendo que con frecuencia resulta difícil deslindar los «usos forenses» de las corruptelas procesales que nacen por la reincidencia de abusos y como consecuencia de la picaresca forense.[16]

 4.- ¿Efecto Retroactivo de los Cambios Jurisprudenciales?

La Sala Constitucional ha consolidado la doctrina de que ésta tiene potestad para revisar los cambios de criterio jurisprudencial de las demás Salas del Tribunal Supremo, entre otros casos, cuando se le dé eficacia retroactiva, es decir, a situaciones jurídicas o fácticas que surgieron con anterioridad pero cuyo litigio se resuelve con base en dicha mutación interpretativa, máxime si se incorpora algún obstáculo o requisito procesal o sustantivo que no se exigía para el momento en que se produjo la relación jurídico material o que el mismo entrañe una limitación, desmejora o restricción significativa de un derecho o facultad o que comporte una evidente situación de injusticia, considerando también que se da eficacia retroactiva a un cambio de criterio jurisprudencial cuando se aplica para la resolución del caso que lo originó, lo cual -según entiende- vulnera los principios jurídicos fundamentales de seguridad jurídica y confianza legítima, así como el derecho constitucional a la igualdad a quien tenía la expectativa plausible de que su asunto se decidiera de acuerdo con la jurisprudencia que imperaba, para ese entonces, en casos análogos.

Es conveniente advertir que la concepción del principio de seguridad jurídica, tal y como lo define la más elevada jurisprudencia patria, no se encuentra establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresamente no lo define y es solo en su artículo 299, al tratar lo relativo al sistema económico, cuando hace mención del mismo, es decir, que la génesis de la seguridad jurídica en la Carta Magna aparece expresamente ligada es al fortalecimiento de la economía del país, no en el ámbito jurídico procesal, no obstante ello, la Sala Constitucional en su profusa doctrina, asumiendo otras fuentes jurídicas, lo sobredimensiona afirmando que la seguridad jurídica obedece a un criterio más amplio al expresamente indicado en la precitada norma, considerando que, al derivarse del propio texto fundamental se convierte en un principio que detenta rango constitucional.[17]

Esta misma Sala ha dejado indicado que, la inobservancia a la doctrina jurisprudencial reiterada, sin que ésta haya advertido un cambio, pone al descubierto la violación del derecho a la igualdad, el cual debe ser garantizado por los jueces en todo el iter procesal, señalando que para verificar la existencia del trato desigual en el ámbito jurisdiccional, debe hacerse una comparación entre dos o más decisiones, que resuelvan casos análogos y si resulta que una de ellas es de distinto juzgamiento, sin que se indique, en forma expresa, un cambio de criterio, ello permite concluir que se encuentra en entredicho el derecho de igualdad de aquellos sujetos involucrados en el caso resuelto por la decisión que es diferente a las demás. Se trata, pues, de una divergencia interpretativa en una decisión cuyo sentido diferente de otras anteriores se debe a que se han hecho menciones jurídicas distintas a las que siempre se han tomado en cuenta.[18]

Invocando algunos precedentes[19] deja sentado la anterior referencia, la obligación de garantizar la confianza legítima y la seguridad jurídica de los justiciables y con respecto a los criterios jurisprudenciales, sus cambios y la relación que existe entre éstos y los principios antes mencionados en el ámbito jurisdiccional ratifica[20] que es claro que en nuestro ordenamiento jurídico, con excepción de la doctrina de interpretación constitucional establecida por la Sala homónima, la jurisprudencia no es fuente directa del derecho.[21]

Sin embargo, hace una revelación de superlativa importancia que plantea un escenario  enfrentado con su propia doctrina y con el principio de relatividad de los fallos,[22]  cuando se refiere a que la motivación de las decisiones proferidas por las Salas de Casación que trasciendan los límites particulares del caso sub iúdice, para ser generalizada mediante su aplicación uniforme y constante a casos similares, tiene una importancia relevante para las partes en litigio dada la función de corrección de la actividad jurisdiccional de los tribunales de instancia que ejercen estos máximos órganos de administración de justicia, cuando desacaten o difieran de su doctrina, la cual, de acuerdo con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil deben procurar acoger para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia.

Mención especial debe hacerse de la declaratoria de nulidad del artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo hecha por la Sala Constitucional[23] y sobre todo a la motivación con la cual fundamentó tal pronunciamiento.[24] La norma abolida disponía que los jueces de instancia debían acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Dentro de este contexto, acotó que en sentencia N° 1380 del 29/10/2009, se estableció con carácter vinculante que la precitada norma es contraria a lo dispuesto en el artículo 335 de la Carta Magna[25] al pretender obligar o vincular a los jueces de instancia a que sigan la doctrina de casación, siendo que las únicas decisiones que tienen tal carácter vinculante son las dictadas por esa Sala en interpretación de las normas y principios contenidos en la Constitución y en resguardo de la seguridad jurídica y del principio de confianza legítima.

Afirma la Sala Constitucional que, conforme a la norma anterior, la máxima aspiración del constituyente al trazar el Estado de Derecho y de Justicia fue la uniformidad de las decisiones dictadas por los Tribunales de la República y el Tribunal Supremo de Justicia, con el propósito de generar confianza a los justiciables en una correcta administración de justicia y que de allí, subyace el deber jurisdiccional de interpretar lo interpretado, que no es más que el acatamiento al precedente jurisprudencial en los casos análogos, en la medida que sea posible ajustarlo a la situación en concreto, con un objetivo que apunta hacia tres aspectos fundamentales: confianza legítima de los justiciables, seguridad jurídica y la necesidad de garantizar la uniformidad en los fallos, a pesar de la tensión que pueda generarse entre la estabilidad de las decisiones y la progresividad de la interpretación.

Estimó esa Sala que el Legislador al dictar la disposición del artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, fue más allá del diseño del Estado de Derecho y de Justicia implantado en nuestra Carta Magna, al imponer la obligación a los jueces de la jurisdicción laboral de interpretar disposiciones normativas de carácter legal, en detrimento del principio de autonomía e independencia del juez para adoptar la decisión más acertada en un caso concreto, atendiendo las circunstancias que rodean al mismo, además de los principios de legalidad, equidad y justicia, puesto que el juez solo está vinculado al ordenamiento jurídico y a la interpretación que de forma autónoma realice de ese ordenamiento (primer párrafo del artículo 253 constitucional) aunque ello no obsta para que los jueces de instancia acojan la doctrina de casación establecida en casos análogos, atendiendo la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia.

Paradójicamente la Sala Constitucional argumenta que, la doctrina de casación, sin ser fuente formal del derecho, se constituye en factor fundamental para resolver la litis en virtud de que sienta principios susceptibles de generalización, cuya desaplicación puede acarrear que la decisión proferida en contrario sea casada y, en los casos en que dicha doctrina establezca algún tipo de regulación del proceso judicial, sus efectos se asimilan a los producidos por verdaderas normas generales. Agregando que, de tal forma, en la actividad jurisdiccional el principio de expectativa plausible, en cuanto a la aplicación de los precedentes en la conformación de reglas del proceso, obliga a la interdicción de la aplicación retroactiva de los virajes de la jurisprudencia.

Con esta argumentación llega a la conclusión de que, el nuevo criterio no debe ser aplicado a situaciones que se originaron o que produjeron sus efectos en el pasado, sino solo aquellas que se originen tras su establecimiento, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica y evitar una grave alteración del conjunto de situaciones, derechos y expectativas nacidas del régimen en vigor para el momento en que se produjeron los hechos.

Alvarado Esquivel al referirse al efecto retroactivo y a la afectación a la seguridad jurídica del gobernado que implica un cambio de criterio jurisprudencial, se plantea dos interesantes interrogantes: ¿cuándo estamos en presencia de la retroactividad de la jurisprudencia? y ¿cuándo ese efecto retroactivo viola la seguridad jurídica de éste? Ofreciendo como respuesta que es cuando el justiciable actúa inicialmente con base en una jurisprudencia anterior que, tiempo después, resulta modificada por una nueva orientación que tiene efectos retroactivos, es decir, cuando se le aplica posteriormente por el tribunal al resolver en definitiva la controversia.[26]

En términos más precisos, la eficacia retroactiva de la jurisprudencia sólo puede referirse a los casos en los que el justiciable actúa con base en un criterio que, posteriormente, resulta modificado por una nueva orientación que tiene efectos pretéritos, es decir, que afecta situaciones jurídicas o estados procesales realizados en el pasado, precisamente, con base u obligado por la jurisprudencia objeto de esa modificación.

Por otra parte, aclara el Máximo Tribunal patrio -denotando cierta preocupación- que no se trata de que los criterios jurisprudenciales no sean revisados y sincronizados con las exigencias propias del desarrollo y cambio social, sino que esa revisión no sea aplicada de manera indiscriminada, ni con efectos retroactivos, vale decir, que los requerimientos que nazcan del nuevo criterio, sean exigidos para los casos futuros y que se respeten en consecuencia, las circunstancias fácticas e incluso de derecho, que existían para el momento en el cual se haya presentado el debate que se decida en el presente.[27]

Ubicados en el adecuado contexto hermenéutico se concluye que el patrón de tal razonamiento induce a comprender que los principios susceptibles de generalización a que se refiere esta doctrina son aquellos que establecen «algún tipo de regulación del proceso judicial» a los que concede en tales casos «efectos que se asimilan a los producidos por verdaderas normas generales» estableciendo entonces muy diáfana y específicamente que son éstos los que están estrechamente vinculados a los principios de confianza legítima o expectativa plausible, para posteriormente rematar o aniquilar cualquier resto de duda o de confusión al dejar  establecido que, la prohibición de aplicación retroactiva de los virajes de la jurisprudencia, el principio de expectativa plausible está referido es a la aplicación de los precedentes en «la conformación de las reglas del proceso» por lo que la extensión, que sin discriminación o distinción alguna a este respecto ha hecho la doctrina de la Sala Constitucional, es a todas luces excesiva en su pretendido alcance, carente de sustento constitucional o legal, como ya se dejó indicado anteriormente y sostenida con una fundamentación jurisprudencial que no se corresponde con la letra de los postulados dogmáticos de su teoría.

Con relación a este punto en específico, vale referir la situación presentada al momento de pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación contra sentencias dictadas por los tribunales de reenvío, para lo cual se venía tomando en consideración, la cuantía vigente para el momento en que había sido emitido el fallo definitivo objeto del primer recurso, es  decir, que en  las decisiones de reenvío quedaba excluida la revisión del requisito de la cuantía para su admisibilidad, entendiéndose como un derecho adquirido por la parte y en consecuencia, ésta era examinada sólo en la primera oportunidad en que éste se interpusiera, por lo que de presentarse la casación múltiple contra las decisiones de reenvío, éstas quedarían excluidas de tal examen.[28]

En el caso de marras, la Sala de Casación Civil negó la admisión de un recurso en un caso que previamente había sido examinado por la interposición de otro anterior, lo cual bajo las circunstancias antes expuestas, fue considerado nugatorio de la garantía de ser juzgado por un juez natural, conllevando a declarar la violación del derecho a un debido proceso y a que dicha Sala no examinara los argumentos de la recurrente, en contra de la sentencia de reenvío, en detrimento directo del derecho a la defensa y de la tutela judicial efectiva.

La Sala Constitucional fustigó con severidad que, la Sala de Casación Civil no solo cambió la posición que en este sentido venía asumiendo, sino que aplicó tal viraje jurisprudencial al mismo caso de especie, en claro perjuicio de la expectativa plausible o confianza legítima y al derecho a la igualdad del recurrente, con la consecuente vulneración al principio de seguridad jurídica, precisando además que, el citado cambio de doctrina solo podía ser aplicado con efectos ex nunc, es decir, hacia el futuro, desde la publicación de la sentencia que lo estableció y para los casos que se hubiesen planteado con posterioridad al mismo, entendiendo que los expedientes iniciados con anterioridad a la nueva doctrina se encuentran vinculados a la expectativa legítima, por lo tanto deben ser resueltos conforme a la doctrina vigente al momento de su interposición, salvo que el cambio de criterio beneficie al recurrente y en consecuencia, no afecte negativamente su situación jurídica.

Destacó igualmente esta tesis, la innegable posibilidad que tienen los órganos jurisdiccionales de reexaminar y ajustar sus criterios jurisprudenciales a nuevas interpretaciones, pues tal circunstancia es consustancial a la dialéctica jurisdiccional y al principio de progresividad, condicionando dicha posibilidad a que deba ser desarrollada en el marco de los principios de la seguridad jurídica y la confianza legítima de los justiciables y que,  por ende, solo debe aplicarse hacia el futuro, a menos, como ya se indicó, que no afecte la esfera jurídica subjetiva de éstos.

Expuesto lo anterior cabe mencionar, como referencia de derecho comparado de la posibilidad de aplicar retroactivamente los cambios de criterios jurisprudenciales, las disquisiciones hechas por Pedro Corvinos Baseca con ocasión del auto dictado en fecha 10 de febrero de 2011 por el Tribunal Supremo español a través del cual se consagró un nuevo requisito a cumplir en los escritos de preparación del recurso de casación, cual es el de la identificación de las infracciones normativas y jurisprudenciales para su posterior desarrollo en el escrito de interposición [29] y como consecuencia de esta modificación jurisprudencial, la inadmisión de todos los recursos de casación que incumplían este nuevo requerimiento, incluidos los interpuestos con anterioridad al cambio de criterio jurisprudencial introducido por el citado auto. Es de destacar que en las sentencias desestimatorias de los recursos de amparo que se intentaron en contra de tal interpretación, consagraron que las exigencias de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima de los recurrentes no generan el derecho a una determinada jurisprudencia y que la jurisprudencia no es una fuente del derecho a la que sean trasladables los principios aplicables a las disposiciones normativas, entre otros, el principio de irretroactividad, empleando como argumento contundente para tal rechazo, el que la sentencia que introduce un cambio jurisprudencial «hace decir a la norma lo que la norma desde un principio decía, sin que pueda entenderse que la jurisprudencia contradictoria anterior haya alterado esa norma, o pueda imponerse como derecho consuetudinario frente a lo que la norma correctamente entendida dice.»

Conforme el criterio jurisprudencial español, el principio de la irretroactividad se asienta en «los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas»[30] y «la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas».[31]

Francisco de P. Blasco Gascó,[32] tras señalar los argumentos existentes en la doctrina anglosajona a favor del carácter meramente prospectivo o, por el contrario retroactivo, de los cambios jurisprudenciales, afirma que en España el juez debe resolver de acuerdo con la nueva doctrina jurisprudencial, señalando el cambio de doctrina que se produce, precisamente, con dicha resolución, que se aplica al caso en litigio con eficacia inmediata. Este catedrático valenciano concluye que la eficacia temporal retroactiva de los cambios de criterio jurisprudencial debe ser al menos templada en algunos supuestos, entre los cuales, menciona cuando el cambio de criterio introduzca un obstáculo o un requisito procesal o sustantivo no exigido por la doctrina jurisprudencial en el momento de presentar la demanda o de producirse la situación (relación) jurídico material o cuando  el cambio de criterio se refiera a relaciones jurídicas duraderas o de trato sucesivo, admitiendo como coto que la nueva doctrina jurisprudencial no se puede extender a las prestaciones y situaciones que nazcan después del cambio de criterio cuando éste suponga una situación objetivamente menos beneficiosa para el sujeto en el sentido de limitar o restringir un derecho o facultad que, de acuerdo con el criterio anterior, había sido declarado válido y que el nuevo criterio, sin mediar modificación legislativa, declara nulo.

Según Joaquín Zejalbo Martín los tribunales españoles sólo en casos excepcionales han excluido la eficacia retroactiva de los cambios jurisprudenciales, por ello consideran que si se desea que dicho efecto retroactivo no se produzca o quede limitado en determinados supuestos, es preciso una intervención del Legislador.[33]

No obstante, el Pleno del Tribunal Constitucional hispano viene entendiendo que los cambios jurisprudenciales han de ser conscientes y justificados, con abstracción y vocación de generalidad suficiente como para impedir su calificación como irreflexivo, arbitrario, ocasional e inesperado, de modo que, cumpliéndose esos requisitos, no podría estimarse vulnerado el principio de igualdad en su vertiente de aplicación judicial de la ley, aclarando que en definitiva, lo que prohíbe el principio de igualdad en aplicación de la ley es el cambio inconsciente o caprichoso, lo que equivale a sostener que el cambio es legítimo, cuando es razonado, razonable y con vocación de futuro, esto es, destinado a ser mantenido con cierta continuidad con fundamento en razones jurídicas objetivas, que excluyan todo significado de resolución ad causam o ad personam.

Concluye que de este modo, los cambios de criterios jurisprudenciales no erosionan los principios constitucionales de igualdad ni de seguridad jurídica y que, en consecuencia, se habrá de aplicar el nuevo criterio jurisprudencial a todo supuesto o situación jurídica que se tenga ante sí para resolver, con independencia del momento en que se interpuso el recurso. Es lo que el Tribunal Constitucional ha entendido como el ‹mínimo efecto retroactivo›, considerando que, en caso contrario, quedaría petrificada la nueva interpretación jurisprudencial a aquellos escritos de interposición de recursos que fueran presentados debidamente ante los Tribunales de Justicia a partir del momento del ‹anuncio› del cambio de criterio, ‹anuncio› a que no están obligados los órganos jurisdiccionales, tal y como tiene asentada la doctrina constitucional referida. De esta forma sostiene que, hay que tener en cuenta que una resolución judicial que incorpora un cambio de criterio jurisprudencial y cuya eficacia fuese meramente prospectiva sería un mero obiter dictum, amén de que se frustraría la finalidad del proceso porque la resolución no afectaría a las partes, aceptando como única frontera temporal a que se limitan los cambios de criterio jurisprudenciales, de conformidad con esta doctrina, es a las situaciones jurídicas que gozan de la protección de la cosa juzgada.

Cabe resaltar en este mismo sentido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia del 26 de mayo de 2011, asunto Legrand c/ France, declaró que la aplicación retroactiva de un cambio de jurisprudencia no es contraria de por sí a un proceso justo y en decisión posterior del 30 de agosto de 2011, asunto Bocumaraf c. France, exigió la obligación de motivar los cambios jurisprudenciales.[34]

A este mismo respecto, cabe indicar que en México si el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifican una jurisprudencia, los asuntos que aún no han sido fallados por el órgano jurisdiccional competente, deben ser ajustados al nuevo criterio jurisprudencial, independientemente de que en la época en que surgió la problemática a resolver y de que, en la fecha en que se valora un hecho hubiera estado vigente otro criterio que ha sido superado.[35]

De este modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito del país azteca, han estimado que al sentar jurisprudencia, no sólo interpretan la ley y estudian los aspectos que el Legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación; sin embargo, esta «conformación o integración judicial» no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de ésta, fundándose para ello, no en el arbitrio del juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales, que estructuran (como unidad) situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas, de acuerdo a los principios generales del derecho. Siendo así y tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley y que aquélla no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, es inconcuso que al aplicarse, no viola el principio de irretroactividad. (más…)

Welzel, a partir de la observación de la acción, en sus componentes esenciales, señalaría que de ella hace parte la voluntad como su espina dorsal y es ese lugar natural, con consecuencias transcendentales para la teoría del delito.

Con base en Aristóteles y en Hartmann, cuya paternidad reconoce en la teoría de la acción finalista, Welzel parte de la observación de la acción y considera que ella parte la voluntad como algo esencial. Lo primero que hizo fue entonces criticar la concepción de la acción (de los esquemas clásicos y neoclásico) en el sentido causalista: según este concepto, para la existencia de la acción bastaría con que hubiese habido voluntariedad; que el sujeto hubiese querido algo, y como consecuencia de lo anterior, lo algo querido debía estudiarse solo en el campo de la culpabilidad. Welzel nos explica en la relación de la acción de la siguiente forma:

“Acción humana es ejercicio de la actividad final. La acción es, por eso, acontecer “Final”, no solamente “Causal”. La finalidad o el carácter final de la acción se basa en que el hombre, gracias a su saber causal, puede prever, dentro de ciertos límites, las consecuencias posibles de su actividad, ponerse, por tanto, fines diversos y dirigir su actividad, conforme a su plan, a la consecución de estos fines. En virtud de su saber causal previo puede dirigir los distintos actos de su actividad de la tal modo que oriente el acontecer causal exterior a un fin y así lo sobredetermine finalmente. Actividad final es un obrar orientado conscientemente desde el fin, sino que es la resultante causal de los componentes causales existentes en cada caso. Por eso, la finalidad es- dicho en forma gráfica- vidente, la causalidad, ciega”.

Pues bien: el contenido de la voluntad es esencial a la acción. Supongamos el caso de una enfermera que aplica la inyección con el fin de salvar a una persona, sin advertir que alguien ha cambiado la dosis benéfica por una dosis ponzoñosa y el paciente muere. En los esquemas clásicos y neoclásicos se afirma que allí hubo acción porque se modificó el mundo exterior y no se dio una vis absoluta o una situación de inconsciencia absoluta. Pero, se preguntaría Welzel, si el contenido de la voluntad de la enfermera fue el “salvar la vida”, ¿Cómo puede decirse que “hubo una acción de matar”?

En resumen: La acción supone la voluntad y ésta implica la finalidad: o como lo ha dicho uno de los más fieles seguidores de Welzel en Latinoamérica, Zaffaroni: “voluntad final” es “una expresión tautológica”. Lo que hasta aquí se ha dicho tendría una enorme importancia en toda su estructura del delito: en cuanto a la concepción del dolo, en cuanto a su ubicación en dicha estructura, en relación con la regulación del error, etc…

 

Reverbera por doquier  las normas del derecho que insuflan protección a nuestros derechos individuales, como lo son nuestro  derecho al trabajo,  a la libre circulación y, la última llama, la más alta, el derecho a la vida; derechos que se ven amenazados por  la presencia de “huecos” –que no lagunas jurídicas- en las vías de circulación nacional.  La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)  establece en su artículo 4 la protección del derecho a la vida, de la forma siguiente: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente…”.

Otro aspecto íntimamente relacionado con el derecho a la vida es el derecho a la integridad personal. En tal sentido el Pacto de San José establece en el artículo 5 lo siguiente: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral…”  La protección de la familia es otro  tema  interesante consagrado en el Pacto de San José, específicamente en el artículo 17: “1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado…” Por último, tenemos el derecho a la libre circulación contemplado en el artículo 22, el cual entre otras cosas reza: Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo…”  Venezuela es Estado signatario de dicha Convención. Ahora bien, ¿cuál es el busilis del asunto? Que, como ya lo indiqué al inicio, esa gama de derechos se ve amenazada a diario por la grave existencia de innumerables huecos! si, huecos…! cráteres, troneras que nos encontramos en todo lo ancho y largo de nuestras carreteras, autopistas urbanas y extraurbanas, sin que ninguna autoridad del estado, ente privado u organización no gubernamental (ONG), muestren la más mínima preocupación por la existencia brutal y exagerada de aquellos. Será que no se pueden si quiera imaginar que: si caemos completa o parcialmente en un agujero de esos, o al tratar de esquivar tal monstruosidad, puede producirnos  -a nosotros o alguno de nuestros parientes acompañantes en el vehículo- la muerte (protección a la vida), una lesión leve, grave, menos grave o gravísima (derecho a nuestra integridad física), afectándose en consecuencia nuestro derecho a acudir a los sitios de trabajo (derecho al trabajo) y  aquejando a nuestro grupo familiar (protección a la familia). Es sin lugar a dudas una situación dantesca, aniquiladora, que nos limita definitivamente el libre tránsito (derecho a la libre circulación).  Innumerables son los accidentes de tránsito ya ocurridos por ese motivo.

La desidia, el desinterés y la indolencia ante el tema es fruto del interregno, del vacío existente entre los organismos públicos entre sí y del paréntesis que separa a éstos de la empresa privada y de las mismas ONG.  Todos carecen simplemente de moral, que es siempre, por esencia, sentimiento de sumisión a algo, conciencia de servicio y obligación (José Ortega y Gasset: La Rebelión de Las Masas).

En conclusión, la permanencia de huecos, cráteres, desniveles y hundimientos en las vías de circulación vehicular, atentan contra nuestros derechos humanos. No les hagamos tan fácil la faena a los responsables. Los artículos 19, 23, 26, 29, 30 y 31 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son algunas de las normas que nos pueden ayudar a dar al traste con esa dura realidad.

Abogado.                                                                                                José Ricardo Aponte.

 

El planteamiento contenido en esta propuesta surge con ocasión de la inquietud transmitida por algunos jueces laborales con ocasión de las reiteradas dilaciones procesales originadas por la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual les conmina a observar los privilegios y prerrogativas procesales contenidos en leyes especiales, en aquellos juicios donde se encuentren involucrados los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, prebendas éstas, que no en pocas ocasiones son extendidas a otros entes, conforme a otras previsiones legales o derivadas del empleo de ciertos criterios interpretativos jurisprudenciales.

Entre esta fuente normativa de concesión de privilegios y prerrogativas procesales, cabe resaltar, con especial mención, al Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual contempla o regula la intervención judicial de la República, bien como parte o bien como un tercero, estableciendo como una de estas dispensas dignas  de destacar, las múltiples notificaciones y las correspondientes suspensiones de la causa, originadas con motivo de la admisión de la demanda, o cuando se propone cualquier oposición o excepción, o cuando se dicta cualquier providencia, sentencia o se hace alguna solicitud de cualquier naturaleza que directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales de ésta, o cuando se decrete de la ejecución de las sentencias.

Paralelamente debe considerarse que, conforme a la letra del artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, hecha la notificación para la audiencia preliminar, las partes quedan a derecho y no habrá necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del proceso, salvo los casos expresamente señalados en esa Ley.

Ante tal perspectiva, en las subsiguientes líneas se hace un planteamiento que, de buenas a primeras y exento de cualquier análisis, pareciera ser una herejía, pero que sin lugar a dudas, después de un detenido examen, diseña una solución a la propuesta inicial de igualar o uniformar la aplicación del principio de notificación única establecido en la ley adjetiva laboral a todas las partes intervinientes, aun cuando éstas gocen de los premencionados privilegios o prerrogativas procesales. Esta interpretación, esbozada en forma tan ramplona pareciera contrariar o estar abiertamente enfrentada con las disposiciones del referido Decreto Ley que consagran tales supuestos, sin embargo, con fundamento en los posteriores razonamientos, tal impresión queda enteramente desvirtuada.

La aparente colisión normativa, entre la obligación de notificar y suspender la causa, en los casos establecidos en los artículos 86 y 87, 96, 97 y 99 del referido Decreto-Ley y el principio de notificación única, debe ser observada y analizada desde la perspectiva constitucional del derecho de igualdad y concatenada con la principialística que rige en el proceso laboral, lo cual hace ver que los jurisdicentes del trabajo se encuentran entre dos contendores fuertemente blindados.

Para resolver ello antes que todo, éstos deben entender o interpretar como premisa que, el principio de notificación única deberá ser igualmente aplicado a cualquier interviniente voluntario o forzoso en el juicio, aun cuando goce de privilegios y prerrogativas procesales.

Tal afirmación sin lugar a dudas, origina una serie de conjeturas en contra de esta moción, no obstante, para rebatir cualquier cuestionamiento, basta con plantear que ambos cuerpos legales (Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República) en nuestra legislación positiva comparten el mismo escaño en jerarquía normativa, vale decir, una y otra poseen carácter orgánico, por lo que cualquiera pretendida objeción apoyada en este respecto se desvanece. Ello queda reforzarlo además, invocando y empleando el principio hermenéutico propio de nuestra legislación laboral de que en caso de conflicto de leyes prevalecerán las del trabajo, sustantivas o de procedimiento.

No pasa inadvertida a este examen, la sacrosanticidad con la cual han sido tratadas por parte de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Social las normas del multicitado Decreto Ley y el obcecado afán de darle estricto cumplimiento a las infecundas y por demás prescindibles formalidades concebidas para tales notificaciones y sus correspondientes suspensiones, conllevando tal proceder a la prolongación innecesaria de las fases procesales y muchas veces a la cesación de la estadía a derecho de las partes, situación que nos lleva a recordar el título de uno de los inolvidables temas de un afamado  grupo británico denominado «un largo y tortuoso camino»; ello sin mencionar el perjuicio que representa la declaratoria de reposición de la causa por tales motivos, el reinicio de todo el trámite procesal, para que la mayoría de las veces, por desidia o por no ser parte directamente afectada la República sus representantes no se hagan presentes.

Son rutinarias estas últimas inescrupulosas situaciones, ello derivado quizás de la inexistencia, inutilidad u obsolescencia de las sanciones legales a ser aplicadas a los mandatarios representantes de la nación por tan reprochables conductas, empleándose como justificante de tales notificaciones y suspensiones de la causa, el paradójico y altisonante alegato de que «su incumplimiento atenta contra el orden público y el debido proceso», olvidando -como ya se dejó expresado precedentemente- que a tenor de la legislación sustantiva laboral, las normas que rigen a esta especialísima rama del derecho poseen este mismo carácter, todo ello, sin hacer mención de la inminente esencia proteccionista y social de las que están impregnadas estas últimas.

Con el primordial objetivo de ponderar o mesurar la marcada desigualdad que existe entre el trabajador que acude ante los órganos jurisdiccionales a pedir se le satisfaga su pretensión de cobrar sus acreencias laborales, a solicitar su derecho constitucional a la estabilidad o a que se le indemnice por haber contraído una enfermedad profesional o haber sufrido algún accidente ocupacional frente al Estado patrono, poderoso, omnipotente, debe el juez del trabajo armonizar con sensatez, inteligencia y justicia la situación que le es planteada para su solución, sopesando todo ello y aplicando de forma concordada los principios rectores de la legislación laboral.

De tal forma que la experiencia comprueba que el propósito concebido para la realización o práctica de tales notificaciones a la Procuraduría General de la República (de calibrar la conveniencia o necesidad de intervenir o no en los juicios) no producen el desideratum perseguido por el Legislador, sino que se ha convertido en lo que en el argot popular se denomina «un saludo a la bandera», generador de atrasos, dispendios y dilaciones procesales.

Ello indudablemente representa la mayoría de las veces, por no decir todas, una injustificada e inútil prolongación del tiempo que debe durar un proceso, puesto que los personeros designados por la República, deberían por lo menos informar al Tribunal si van a intervenir o no en el mismo. Así se consumen lapsos que influyen, no solamente en las dilaciones antes aludidas, sino que se traducen al final en perjuicio para la Nación demandada por cuanto se prolonga el periodo a considerar para el cálculo de los intereses moratorios y de la corrección monetaria.

Es inaceptable desde todo punto de vista que estas notificaciones y sus correspondientes suspensiones, sigan siendo el motivo de retrasos injustificados, en franco perjuicio del carácter de exigibilidad inmediata que tienen el salario y las prestaciones sociales y de la garantía de estabilidad ofrecida constitucionalmente, amén de que como excepción al principio de igualdad, se han convertido en origen de abusos y menoscabos de los derechos de los trabajadores accionantes. Vale decir que irónicamente, disposiciones que emanan de cuerpos legales, obstruyen y hacen nugatorios los derechos constitucionales antes aludidos, por lo cual tales privilegios y prerrogativas deben ser atemperadas, teniendo en cuenta que en ningún caso éstas pueden anular o sobrepasar las que devienen de la condición de trabajador, de débil jurídico de esa relación.

Expuestas estas consideraciones y haciendo referencia a la interpretación aquí expresada, es importante dejar claramente sentado que su intención está dirigida a hacer ver la necesidad de aplicar dentro del proceso laboral una única notificación a quienes gozan de privilegios y prerrogativas procesales, vale decir, que notificados como fueren de la interposición de la demanda en contra de los aludidos entes para la celebración de la audiencia preliminar, no haya necesidad de notificarlos posteriormente, salvo en los casos que así lo prevea la ley o cuando se produzca la pérdida de la estadía a derecho, debiendo entenderse igualmente que se hace innecesaria la suspensión del proceso en tales situaciones y desaplicando las insoslayables causales de reposición a este respecto cuando se observen irregularidades o defectos en la práctica de las notificaciones posteriores a la primera, dejando la declaratoria de su procedencia a la discrecionalidad judicial.

De manera complementaria debe indicarse la orientación sostenida en el voto concurrente de la Mag. Carmen Zuleta de Merchán contenido en la decisión de la Sala Constitucional Nº 1331 del 17 de diciembre de 2010, donde ésta objetó no haber empleado en esa oportunidad, la tendencia seguida por ese alto órgano jurisdiccional relacionado con las propias peculiaridades de lo debatido de que en casos laborales, ni siquiera a la República se le ha avalado asirse de sus prerrogativas procesales, allanándose la condición de este ente público en el juicio y quedando entonces sometido a la misma regla de notificación que impera para el común de las partes en el juicio laboral, recogida en el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo e invocó como precedente de tal conclusión, el pronunciamiento hecho por esa misma Sala en decisión N° 1116  de fecha 16 de noviembre de 2010, en la cual le correspondió a ella la ponencia.

Esta interpretación, en sintonía con la más avanzada concepción constitucionalista del trabajo como hecho social que requiere protección estatal, cuestiona la extensión de las prerrogativas y privilegios procesales de los entes públicos al proceso laboral, pues entran en conflicto dos conceptos constitucionales: el interés público, cuya protección ha sido encomendada a la Administración y la tendencia de la jurisprudencia de la Sala Constitucional de tutelar al trabajador como débil económico.

Forma parte también del bagaje argumental de esta doctrina jurisprudencial el hecho que, en efecto, cada vez son más los casos en juicios de naturaleza laboral donde se encuentren involucrados intereses patrimoniales de la República, ante lo cual la Sala Constitucional ha hecho la advertencia de que estos derechos, por ser de talante socio-laboral, gozan de un especial reconocimiento en el máximo texto jurídico, lo que ha conducido a entender que las prerrogativas y privilegios derivan en herramientas procesales que desmejoran las condiciones jurídicas del trabajador.

Cabe destacar, con respecto a la notificación de la Procuraduría General de la República y la sucedánea suspensión de la causa, que en el fallo de la Sala Constitucional N° 2849 del 9 de diciembre de 2004, se señaló que en virtud de la particularidad del proceso laboral la notificación obliga a este órgano a ser más diligente y dar preferencia a su intervención o no en este tipo de proceso, pues su rápida actuación en tal sentido haría cesar la suspensión que ordene el juez y por ende promovería la respectiva consecución del proceso.

En similar sentido se pronunció esa misma Sala en la decisión N° 3524  del 14 de noviembre de 2005, con ponencia de la antes mencionada magistrada, cuando consideró que permitir a la Sala de Casación Social que aplique, en detrimento de un trabajador que exige la tutela su derecho constitucional al trabajo o el pago de sus «prestaciones sociales», el uso desleal de las prerrogativas procesales es hacer que la Sala Constitucional participe de una irregularidad tan grave que raya en el abuso de derecho -recalcando con un enfoque realmente protector y cónsono con los postulados constitucionales- que cuando tal exceso se verifica en una causa de esta especial naturaleza, los entes públicos no pueden asirse de las prerrogativas procesales.

 Para complementar este análisis, se evoca nuevamente la decisión  N° 1116/2010, en la cual se dejó indicado que, producto de la evolución de la jurisprudencia de esa Sala, las prerrogativas procesales de la República en los juicios laborales -sin desconocer el carácter de orden público de las normas que las estipulan- se han limitando a aspectos cada vez más específicos, como corresponde en la interpretación de cualquier regla que flexibilice el derecho a la igualdad, y concluye contundentemente que en los procesos laborales no hay cabida para las prerrogativas procesales de ningún ente público y que, lo contrario sería hacer una mixtura de regímenes distintos: laboral y contencioso administrativo, en cuya vertiente funcionarial, signada por un régimen estatutario, la querella funcionarial dista en mucho del sistema oral implementado por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que aplicar al proceso laboral las prerrogativas procesales de los entes públicos desemboca en una actuación judicial en perjuicio del trabajador, que no deja de ser el débil económico por el hecho de que su patrono sea un ente público.

Tal exégesis está consustanciada con los principales postulados ideológicos garantistas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y debe ser el patrón a ser aplicado por los jueces laborales en tales situaciones al proporcionarles la plataforma necesaria a la propuesta de aplicar el principio de notificación única a todas las partes en un juicio laboral, incluso a aquellos entes que gozan de privilegios o prerrogativas procesales.

 

1.- Planteamiento.

La hipótesis aquí considerada está referida a la situación que se suscita cuando el juez que conoce en apelación o en consulta la sentencia de primer grado, o cuando, en virtud del recurso de casación o el recurso de control de la legalidad, los integrantes de la Sala de Casación Social debe decidir el fondo controvertido, se enfrentan al dilema de darle aplicación preferente al principio procesal conocido como la non reformatio in peius por sobre el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales.

¿Existe en estos casos un conflicto entre la norma procesal y la norma sustantiva? ¿A cuál debe dársele preminencia? ¿Cuál es la interpretación que han venido haciendo la Sala Constitucional y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en estos casos?

Con este propósito se formula aquí una interpretación bajo una perspectiva donde predomina la aplicación de la suprema norma, es decir, a través de un enfoque armonizado entre la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la concepción de éste último, como instrumento fundamental para la realización de la justicia y los principios rectores del derecho del trabajo en el ordenamiento jurídico venezolano, ofreciendo una visión más apegada a los postulados propuestos y más acorde con la normativa protectora que caracteriza esta especial rama del derecho a quienes día a día les corresponde resolver los conflictos intersubjetivos judiciales planteados en el fuero laboral.

En tal sentido debe señalarse que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en decisión N° 4674 del 14 de diciembre de 2005, impuso como directriz vinculante, ajustar el proceso de interpretación de las normas legales al magno texto, agregando que, de este modo, la interpretación conforme a la Constitución es un principio o máxima hermenéutica, es un imperativo jurídico constitucional para todos los aplicadores del Derecho que entraña la seguridad de que no prevalecerá la exigencia de formalismos para alcanzar la realización de la justicia; que ella se logrará sin que el ordenamiento jurídico, de una manera incongruente y contradictoria impida su consecución.

Para ello es imprescindible, sin duda,  hacer alusión a las previsiones de nuestro egregio texto jurídico y a la normativa legal fundamental que orientan el marco procesal laboral, sin olvidar resaltar o subrayar la naturaleza jurídica de las mismas.

2.- Marco Jurídico.

En lo que a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se refiere, cabe mencionar que entre los principales principios en ella consagrados que tutelan los derechos de los trabajadores descollan el de  irrenunciabilidad, de intangibilidad y de progresividad de los beneficios laborales, la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias y la interpretación y aplicación de la norma más favorable.

En lo que a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo respecta, ésta impone en sus disposiciones generales, como su principal cometido el de garantizar la protección de los trabajadores en los términos previstos en la encíclica política fundamental y en las demás leyes, así como el funcionamiento, para trabajadores y empleadores, de una jurisdicción laboral autónoma, imparcial y especializada.

Consagra también este compendio legal que, en el desempeño de sus funciones, el juez debe tener por norte de sus actos la verdad, teniendo la insoslayable obligación de inquirirla o procurarla, por todos los medios a su alcance y a no perder de vista la irrenunciabilidad de derechos y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores, así como garantizar o darle pleno cumplimiento al carácter tutelar de las mismas, motivo por el cual, deben intervenir en forma activa en el proceso, dándole el impulso y la dirección adecuada, en conformidad con la naturaleza especial de los derechos protegidos.

3.- Disposiciones de Orden Público.

Un aspecto de trascendental importancia que debe destacarse es el carácter de orden público de que están revestidas las normas de carácter procesal, esencia que comparten las disposiciones sustantivas de naturaleza laboral. En tal sentido, es preciso hacer algunas indicaciones de procedencia jurisprudencial que han determinado el alcance concedido por el Legislador a tales preceptos.

En lo que respecta al carácter de orden público que revisten las normas procesales debe reseñarse que éste ha sido hartamente reconocido en reiterados y pacíficos pronunciamientos.[1] En lo que a la naturaleza de orden público de las leyes sustantivas laborales concierne, la Sala Constitucional en decisión N° 1848, de fecha 1 de febrero de 2011, después de hacer referencia al artículo 89.2 de nuestra Carta Magna dejó establecido que «…las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo son de orden público (ex artículo 10) y establecen un conjunto de derechos de los trabajadores que son irrenunciables y que constituyen un cimiento jurídico inexpugnable, pues, por debajo de esos derechos, no es válido ningún acuerdo entre trabajadores y patronos que implique la inderogabilidad de tales preceptos» dejando aclarado que «el carácter tuitivo de la ley atiende a la débil naturaleza económica del trabajador» y expresando que «de no ser así, el patrono podría controlarlo fácilmente, mediante la imposición de su voluntad en la constitución de las condiciones de la relación laboral».

A este mismo respecto, cabe señalar que la preceptiva hoy vigente, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, va mucho más allá y consagra en su artículo 2 que sus normas y las que se deriven de ella, son de orden público y de aplicación imperativa, obligatoria e inmediata.

Con relación al principio de la non reformatio in peius debe señalarse que la Sala Constitucional en precedente signado con el Nº 2133 de fecha 6 de agosto de 2003, reconoció su naturaleza de orden público, por entender que se encuentra concatenado con el derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso, destacando igualmente que en efecto, con la reforma de la sentencia en beneficio de quien no apeló y en perjuicio del único que lo hizo, se concede una ventaja indebida a una de las partes y se rompe con el equilibrio procesal, lo cual apareja indefensión ya que ésta no sólo se produce cuando el juez priva o limita a alguna de las partes de los medios o recursos que le concede la ley, sino, también, cuando el juez altera el equilibrio procesal mediante la concesión de ventajas a un litigante, en perjuicio de su contrario.[2]

Conforme con el razonamiento marcadamente civilista hecho por la Sala de Casación Social en decisión N° 886 de fecha 17 de julio de 2014, el artículo 288 del Código de Procedimiento Civil consagra lo que la doctrina ha denominado la prohibición de non reformatio in peius o proscripción de reformar en perjuicio del único recurrente, según la cual no le está permitido al juez de alzada modificar la sentencia impugnada en perjuicio del apelante cuando la otra parte no ha apelado o no se ha adherido a la apelación y que tal como ha sido sostenido en reiteradas oportunidades, la configuración de este vicio se soporta en la vulneración del principio contenido en el aforismo tantum apellatum quantum devolutum  que no es otro, que el deber que tienen los sentenciadores de alzada de ceñirse estrictamente al fuero de conocimiento atribuido en razón del recurso de apelación ejercido, de modo que las facultades o potestades cognoscitivas del juzgador quedan absolutamente circunscritas al gravamen denunciado, en otras palabras, es el impedimento que tiene el juez superior de empeorar la situación de quien ha apelado cuando no medie recurso alguno de su contraparte.

Por su lado, la Sala Constitucional en pronunciamiento N° 884 del 18 de mayo de 2005, definió este principio citando para ello la opinión de Jesús González Pérez, al indicar que éste consiste en la «prohibición de que el órgano ad quem exceda los límites en que está formulado el recurso acordando una agravación de la sentencia».[3]

En lo que al presente análisis concierne y en atención a la conexión conceptual, debe señalarse que esa misma Sala en sentencia N° 877 de fecha 5 de mayo de 2006 reiteró que el orden público está integrado por todas aquellas normas de interés público, que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y en las cuales el interés general de la sociedad y del Estado supedita el interés particular, para la protección de ciertas instituciones que tienen elevada importancia para el mantenimiento de la seguridad jurídica. Ello, sin dejar de advertir que, a estos propósitos es imprescindible tener en cuenta que si este concepto tiende a hacer triunfar el interés general frente al particular del individuo, para asegurar la vigencia y finalidad de determinadas instituciones de rango eminente, nada que pueda hacer o dejar de hacer un particular y aun una autoridad, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe aquel interés.

Enfatizó además este pronunciamiento judicial, la importancia de destacar que los principios que informan el Derecho del Trabajo, entre los que se encuentra el principio de irrenunciabilidad de las normas que beneficien al trabajador, son directrices dirigidas al juez para asegurar la consecución de su objeto propio y evitar así que se trastoque la intención del Legislador en perjuicio de los trabajadores, razón por la cual concluye enfáticamente que, carecen de validez las estipulaciones mediante las cuales el trabajador admite prestar servicio en condiciones menos favorables a las establecidas en la normativa vigente, por mandato constitucional o las actuaciones particulares o judiciales que conduzcan a hacer nugatorios tales postulados.

4.- ¿Conflicto Normativo?

Contextualizada esta hipótesis, surge así entonces, la interrogante ¿debe el juez laboral que conoce en alzada o la Sala de Casación Social que resuelve un recurso de casación o de control de la legalidad, dar preferencia al empleo del principio procesal de la non reformatio in peius y dejar de aplicar u omitir cánones rectores de la legislación laboral contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? En otras palabras ¿puede el jurisdicente revisor, en los casos en que así sea procedente, dejar de condenar conceptos mínimos, y por ende, irrenunciables, so pretexto de no incurrir en la reforma en perjuicio del único recurrente?

Preliminarmente deben analizarse algunos pronunciamientos jurisprudenciales que coadyuven a vislumbrar el sendero que conduzca a una adecuada solución a este controvertido.

Para ello, resulta pertinente reproducir parcialmente la doctrina contenida en la decisión de la Sala Constitucional N° 651 de fecha 30 de mayo de 2013, la cual dejó establecido que si entre el derecho procesal y el derecho material existe una relación de medio a fin, en cuya virtud la jurisdicción y, por ende, el proceso judicial desempeña esa función de servicio consistente en ser el instrumento del que se vale el Estado, por la mano del juez, para que el derecho sustantivo se realice, está claro que es el proceso el que siempre debe adecuarse en su estructura, desenvolvimiento y eficacia a los diversos tipos de relaciones (y por tanto de normas) sustanciales a actuar y nunca el derecho material o de fondo el que pueda sacrificarse por interpretaciones excesivas o voluntariosas del rito procesal.

Vale reproducir aquí parte de la motivación del voto salvado en el pronunciamiento hecho por la Sala de Casación Social N° 1239 de fecha 6 de diciembre de 2013, cuando insiste, entre otras cosas, en que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia y que, en un Estado Social de Derecho y de Justicia, la interpretación que debe darse a las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea el vehículo apropiado para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el texto constitucional instaura.

 De igual forma, este precedente dejó establecido que, se erige como un compromiso inmanente de los impartidores de justicia, sobre todo en el ámbito jurisdiccional laboral que tiene como función primordial la protección del trabajo como hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores, creadores de la riqueza producida y sujetos protagónicos del Estado concebido y programado en los términos antes expuestos, que al resolver las controversias que se susciten dentro de este escenario realicen una interpretación progresiva y armónica de las disposiciones legales guiada por los postulados constitucionales, con preponderancia del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, en sincronía con la garantía de que la decisión esté ajustada a derecho y que pueda ejecutarse.

5.- ¿Absolutismo del Principio de la Non Reformatio in Peius?

A propósito de esta interrogante, es pertinente citar el pronunciamiento hecho por la Sala Constitucional contenido en la sentencia Nº 528 del 13 de marzo de 2003, donde se dejó sentado que la prohibición de reformar en perjuicio, es catalogada como un principio de derecho procesal, dirigido a crear un ambiente de seguridad jurídica en cabeza de la parte apelante, quien al saber que la contraparte no se ha adherido a la apelación, puede contar con que, el peor supuesto al cual se sometería en la alzada, sería que le confirmaran el fallo apelado, en todas y cada una de sus partes, no obteniendo ningún perjuicio adicional por el hecho de haber intentado el recurso, salvo, la condenatoria en costas de la respectiva instancia, destacando que cuando se trata de normas de orden público, la conducta de los litigantes no vincula al juez y que por consiguiente, el principio no sería de aplicación absoluta.[4]

A manera de precedente referencial, debe resaltarse la doctrina proferida por la Sala Constitucional en la sentencia N° 1266 del 2 de octubre de 2013, que reiterando pronunciamientos anteriores, reconoce el carácter de orden público del principio de la non reformatio in peius, dejando bien claro que, el alcance del referido principio no es uniforme en los diversos regímenes estatutarios que regula el derecho procesal.[5]

Con relación a ello, debe indicarse también que es producto de esta exégesis, el reconocimiento o declaratoria de que el juez contencioso administrativo, no puede verse atado -en los términos del proceso civil- a la estricta observancia de lo que se argumenta en el escrito de fundamentación de la apelación, pues siendo como es la jurisdicción contencioso administrativa garante de la legalidad de la actividad administrativa -razón que abona los poderes inquisitivos de los que goza-, también la segunda instancia ostenta facultades de conocimiento completo del asunto, no sólo por la circunstancia de que la apelación haya sido oída en ambos efectos, sino porque tiene poder de revisión de la conformidad a derecho de la Administración, con lo cual no resulta aplicable el principio de la non reformatio in peius.

Concatenado con lo anterior y a los fines de proporcionar un espectro de mayor amplitud, es importante dejar expuesta también la conclusión hecha por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia según la cual, el principio de la non reformatio in peius no tiene carácter absoluto, vale decir, es inaplicable cuando se encuentre involucrado el orden público, es decir, aquellas situaciones en las cuales nada  que pueda hacer o dejar de hacer un particular, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe el interés general, estando legalmente facultado el ad quem para corregir tal vicio aún cuando no se haya ejercido el recurso ordinario de apelación.[6]

6.- Consideraciones Finales.

En criterio de quien suscribe, debe adoptarse una posición atemperada conforme a las circunstancias y concluir que, asumir que el principio de la non reformatio in peius tiene aplicación prevalente sobre el principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores en la decisión a proferir por el juez de segunda instancia o en los casos en los que le corresponda a la Sala de Casación Social pronunciarse sobre el fondo de lo debatido, en los supuestos de los artículos 175 y 179 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es contrariar abiertamente el mandato de darle cumplimiento preferente a las disposiciones constitucionales sobre las normas legales, conocido como principio de la jerarquía o supremacía constitucional instituido en la pirámide kelseniana y es incurrir también  en abierta violación a lo ordenado en el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que conmina al decisor a no perder de vista la irrenunciabilidad de derechos y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores, así como el carácter tutelar de las mismas conforme con la naturaleza especial de los derechos protegidos.

Con apoyo en lo anteriormente expuesto, la defensa y aplicación de tales imposiciones son fundamentos válidamente suficientes para concluir que, le está permitido al juez laboral de alzada o a la Sala de Casación Social, en los supuestos antes indicados, hacer pronunciamiento en su condena en favor del trabajador respecto de derechos que no constituyeron parte del recurso, cuando éstos hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados u ordenar el pago de sumas mayores que las demandadas, cuando aparezcan que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador de conformidad con la ley y con lo alegado y probado en el proceso, permisión ésta que le está dada también en los casos cuando el único recurrente sea el patrono y en la sentencia no se haya satisfecho el minimun irrenunciable reconocido al laborante legal o convencionalmente, aunado al argumento de que jamás debe imperar la norma de derecho procesal sobre aquella de derecho sustancial, vale decir, en estos casos, nunca debe el juzgador laboral darle aplicación preferente a la previsión adjetiva en desmedro del principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores.

Como corolario de lo anterior debe afirmarse que las garantías mínimas fundamentales contenidas en las normas proteccionistas del derecho del trabajo previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y las que deriven de esta última, no pueden ser objeto de renuncia voluntaria ni forzosa, por cuanto están sustraídas del principio de la autonomía de la voluntad, frente a los patronos o empleadores y frente a los impartidores de justicia, garantizándose así la protección o tutela especial que es connatural con esta especialísima rama del derecho.

Ante la situación sub examine debe entenderse que darle aplicación al principio procesal sobre el principio sustancial al que se ha hecho referencia comporta un censurable error y una reprochable conducta del aplicador de justicia laboral,  en su función rectora del proceso, que le impone, no solo la obligación de conducirlo activamente dándole el impulso y la dirección adecuada, sino hacer aplicación de las normas procesales para darle vigencia efectiva a los derechos de los trabajadores, despojándose de interpretaciones al margen de tales presupuestos, razón por la cual, el juez debe incluir en su resolución no solo las cuestiones desfavorables de la decisión recurrida a que se dirige la impugnación sino que debe garantizar que en ella estén comprendidos todos aquellos aspectos en contra del trabajador que involucran beneficios mínimos irrenunciables, los cuales deben entenderse siempre incluidos en el recurso, ya que si éste no puede hacer renuncia de los mismos de manera volitiva, una actuación judicial no puede conducir al resultado proscrito, puesto que con semejante solución se hacen ineficaces las previsiones protectorias, no puede admitirse bajo ninguna circunstancia tal manera de fallar.

Finamente, a manera de indicio referencial coincidente con la interpretación aquí esbozada, es pertinente indicar que, la Sala de Casación Social en el fallo N° 1702 de fecha 24 de noviembre de 2014, empleó un razonamiento semejante que denota tímidamente la interpretación aquí expuesta, al establecer que, al poseer la indexación el carácter de orden público e interés social, la misma puede ser ordenada por el juez incluso sin haber sido solicitada, y por ende, concluyó que en ese supuesto, no se quebrantó el principio procesal en comento. (más…)

1.- Planteamiento.

El presente análisis, inspirado por  la tendencia de interpretar el derecho procesal desde una óptica constitucionalista, que concibe el trámite de proposición, admisión, evacuación y la apreciación de los medios probatorios, como manifiesta expresión de los derechos fundamentales integrantes de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, de la concepción de éste último, como instrumento fundamental para la realización de la justicia y la proscripción de sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, tiene como uno de sus bastiones, que todo ello se efectúe bajo pautas hermenéuticas que implican, la valoración conjunta de todo el acervo probatorio, que permita determinar si las partes han acreditado suficientemente sus afirmaciones y si se ha logrado producir en el juez, la certeza y convicción respecto de las cuestiones controvertidas que servirán de fundamento a su decisión, entendiendo esta labor apreciativa como una misión que va mucho más allá de efectuar  un examen exegético de la normativa legal, de revisar las posiciones doctrinarias y jurisprudenciales, o de fundarla en percepciones meramente subjetivas.

Bajo estas premisas, se plantea aquí un giro copernicano en la categorización y valoración como documentos privados emanados de terceros dadas hasta la fecha, tanto por la jurisprudencia como por la más calificada doctrina a los informes, certificados, y/o constancias expedidas por profesionales que ejercen la medicina de manera particular, con la intención de proponer la revisión y reconducción de tal postura, la cual no pocas veces se ha traducido en solución injusta del caso e impulsado también por la recurrencia o cotidianidad con la que son producidas dichas instrumentales en nuestro foro en juicios donde se pretenden sean condenadas indemnizaciones y resarcimientos de daños materiales y morales con motivo de accidentes o enfermedades profesionales, convirtiéndose en una valiosa e inagotable fuente probatoria destinada a acreditar las afirmaciones, hechos y demás datos circundantes, tales como: sintomatología, diagnósticos, opiniones, tratamientos terapéuticos y farmacológicos aplicados, evolución y demás aspectos relacionados con el paciente, teniendo en cuenta que generalmente son expedidos anticipadamente al juicio, redactados en el contexto de la asistencia facultativa y que pueden aparecer como pruebas directas o indirectas, esto es, para corroborar las afirmaciones formuladas por las partes o bien para apoyar o complementar los otros medios de convicción, sin dejar de tener presente que se trata de medios demostrativos diferentes, que de alguna manera devienen complementarios.

2.- Valoración de Pruebas en la Jurisdicción Laboral.

Como parte del caudal argumentativo de esta interpretación, debe reiterarse que los jueces obtienen su convencimiento de los medios probatorios,[1] los cuales tienen por finalidad acreditar las circunstancias que sirven de fundamento fáctico a las pretensiones y defensas propuestas por las partes, vale decir, producir certeza respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones.

En esta materia la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece un sistema numerus apertus, al consagrar que son medios de prueba admisibles en juicio aquellos por ella establecidos, los previstos en el Código de Procedimiento Civil, en el Código Civil y en otras leyes de la República, excluyendo solo las pruebas de posiciones juradas y de juramento decisorio, agregando que, las partes pueden también valerse de cualquier otro no prohibido expresamente que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones, promoviéndose y evacuándose de la forma en ella preceptuada, disponiendo además que, ante cualquier imprevisión, se aplicarán por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contemplados en la legislación adjetiva y sustantiva ordinaria, o en su defecto, en la forma que señale el juez, con la advertencia de que, sólo se apreciarán las pruebas incorporadas al mismo, conforme a su normativa.

Se consagra también en este texto procesal especial que, en caso de dudas sobre la apreciación de los hechos y ante cualquier incertidumbre, disyuntiva o dilema en lo que a las pruebas en particular concierne, debe escoger el juez la valoración más favorable al trabajador y en cuanto al tratamiento valorativo de los medios probatorios, preceptúa que todos deben ser apreciados conforme a la sana crítica.

En tal sentido, vale la pena destacar que la Sala de Casación Social en decisión N° 818 de fecha 26 de julio de 2005 precisó que, bajo el imperio de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, éste es el régimen de valoración conforme al cual, los juzgadores tienen libertad para apreciar las pruebas de acuerdo con la lógica y las reglas de experiencia que sean aplicables al caso y que debe ser empleada al apreciar todo tipo de medio probatorio, aun cuando tenga asignada una tarifa legal en otras leyes, como ocurre por ejemplo con la prueba de instrumento público e instrumento privado; criterio éste que ratificó en pronunciamiento N° 1354 del 4 de diciembre de 2012, empleando los mismos fundamentos, es decir, el juez debe guiarse de inferencias racionales y coherentes que le permitan dar cimientos sólidos a su decisión y a partir de allí formarse convicción respecto al hecho o hechos controvertidos, por cuanto este método permite analizar la prueba con criterios mucho más objetivos, de mayor amplitud y más apegados a la realidad.

Debe diferenciarse el entorno particular anterior, del propio en la esfera de la jurisdicción ordinaria, según el cual, a tenor del artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, el juez deberá apreciar el mérito de la prueba según las reglas de la sana critica, a menos que exista una regla legal expresa para ello, es decir, que en el contexto común, la sana crítica, es un régimen interpretativo que opera en sustitución o ante la falta de indicación o tasación de un medio probatorio en especial, es decir, su aplicación está condicionada a que no haya o no exista una regla legal expresa para estimar una probanza en específico.

Por otro lado debe resaltarse especialmente, la carga que tienen los accionantes de cumplir los requisitos libelares impuestos cuando reclaman indemnizaciones por enfermedades o accidentes profesionales, entre otros, indicar la naturaleza del accidente o enfermedad, el tratamiento médico o clínico, el centro asistencial donde lo recibe o recibió, la naturaleza y las consecuencias probables de la lesión que padece o padeció, circunstancias éstas que necesariamente deben estar acreditadas por certificados, informes  o constancias, que no pocas veces emanan de profesionales de la medicina que ejercen de manera privada.

3.- Del Ejercicio Profesional del Médico.

A los fines de escudriñar la verdadera entraña como medio de persuasión de las instrumentales bajo análisis, se debe tomar en cuenta que la actuación del médico está contenida en un estatuto especial que regula todo lo concerniente a la prestación de sus servicios, el cual dispone que para ejercer esta profesión se requiere poseer el título de doctor en ciencias médicas, médico cirujano o médico integral comunitario expedido por una universidad venezolana, inscribir el título correspondiente de conformidad con la ley en una oficina de Registro Público y en el Colegio de Médicos u otra organización médico-gremial, previéndose también que ninguna institución de asistencia médica, pública o privada, podrá funcionar sin autorización del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, debiéndose regir por los reglamentos y normas que éste dicte y cumplir igualmente, con las demás disposiciones formales para poder anunciar su ejercicio profesional en general y observar siempre una conducta guiada por patrones de probidad, justicia y dignidad.

Preceptúa también este compendio normativo que, el ejercicio de los profesionales de la medicina comprende la prestación de atención preventivo-curativa a la población, mediante acciones encaminadas a promocionar la salud, prevenir enfermedades, reducir los factores de riesgo, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, restitución de la salud y rehabilitación física o psico-social de las personas en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y escolar; así como también la determinación de las causas de muerte; el peritaje, asesoramiento médico-forense, la investigación y la docencia en las ciencias médicas.

A los fines que aquí interesa destacar, hay que hacer especial mención al artículo 35 de la Ley del Ejercicio de la Medicina cuando establece que los profesionales están autorizados para certificar aquellos hechos que comprueben en el ejercicio de su ocupación, en la forma y condiciones previstas en las disposiciones reglamentarias de dicha ley.

Según la definición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, 22a ed, 2001, el vocablo «certificar», entre sus acepciones tiene:

  1. tr. Asegurar, afirmar, dar por cierto algo; 2. … 3. Hacer constar por escrito una realidad de hecho por quien tenga fe pública o atribución para ello; 4. Fijar, señalar con certeza.

La facultad o potestad que detentan ex lege[2]  tales profesionales para «certificar» o dejar constancia de las actuaciones en el ejercicio de su ministerio, los cataloga o distingue como «expertos» de una empresa o institución, sin discriminar si es pública o privada, por lo que no le está dado al intérprete hacerlo.

Esta legitimidad para expedir las certificaciones indicadas supra es corroborada con la letra del artículo 102 de su lex artis cuando preceptúa que estos profesionales infringen la misma cuando firmen récipes en blanco o expidan «certificaciones» falsas con el propósito de burlar las leyes o para favorecer el incumplimiento de las obligaciones laborales.

Conviene agregar también que, según el Código de Deontología Médica, aprobado durante la LXXVI Reunión Extraordinaria de la Asamblea de la Federación Médica Venezolana, realizada en Caracas el 20 de marzo de 1985, el certificado médico es un documento destinado a acreditar el nacimiento, la realización de un acto médico, el estado de salud o enfermedad o el fallecimiento de una persona. Su emisión implica responsabilidad moral y legal quien lo expide, debe ceñirse exactamente a la verdad y debe indicar los fines a que está destinado.

4.- Naturaleza Jurídica:

Se plantean interesantes interrogantes ¿Cuál es la verdadera naturaleza jurídica de los informes, certificaciones y constancias expedidas por profesionales de la medicina en su ejercicio particular o privado como medios probatorios? vale decir ¿Son documentos privados? ¿Son experticias realizadas extra litem y su contenido es el de un informe pericial? ¿Pueden ser entendidas como pruebas científicas? o ¿Pueden ser clasificadas como pruebas libres? ¿Tiene justificación jurídica que se le conceda diferente valor a los informes suscritos por un médico en una institución pública de otros que pudiera hacer el mismo u otro profesional de la medicina en la esfera de su ejercicio privado?

a.- ¿Documento Privado emanado de Terceros?

Situados en un andamiaje donde se cataloguen estos instrumentos como documentos privados emanados de terceros, cabe resaltar algunos aspectos importantes que pueden haber contribuido a tal consideración. Tradicionalmente los pronunciamientos doctrinarios y judiciales en tal sentido han sido contestes en afirmar que, la concesión del valor probatorio a los mismos está condicionado a la comparecencia que deben hacer sus suscribientes ante el Tribunal para que, a través de la prueba testimonial convaliden o ratifiquen su contenido, vale decir, el otorgamiento de eficacia probatoria a tales instrumentos está sujeto al cumplimiento de una formalidad, que consiste en la evacuación de otra diligencia procesal complementaria o adicional, mediante la prueba testimonial, conforme a lo indicado en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, y más propiamente, en la jurisdicción laboral, de acuerdo con el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En lo que a esto concierne, es imperativo apuntar en primer término que, el artículo 46 de la Ley del Ejercicio de la Medicina dispone que todo aquello que llegare a conocimiento del médico con motivo o en razón de su ejercicio, no podrá darse a conocer y constituye el secreto médico, el cual es inherente al servicio de la medicina y se impone para la protección del paciente, el amparo y salvaguarda del honor del médico y de la dignidad de la ciencia, es inviolable y el profesional está en la obligación de guardarlo.

Tiene superlativa importancia realzar en cuanto a la prueba testimonial, que el artículo 481 del Código de Procedimiento Civil, prevé que a pesar de ser obligatorio para toda persona hábil rendir testimonio, podrán excusarse, entre otros, quienes por su estado o profesión deben guardar secreto respecto del hecho de que se trate.

En este mismo sentido, vale como comentario referencial, la previsión contenida en el Código Orgánico Procesal Penal, cuando consagra a texto expreso en su artículo 224, respecto a la exención de declarar: No están obligados a declarar: 1º. … 2º. … 3º. … 4º. Los médicos cirujanos, farmacéuticos, enfermeras, pasantes de medicina y demás profesionales de la salud.

Aunado a ello, debe subrayarse que, a tenor del estatuto procesal civil ordinario, los parámetros según los cuales debe ser apreciado el testigo están tasados, a saber, el juez debe examinar si las deposiciones de los testigos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, estimar cuidadosamente los motivos de sus declaraciones y la confianza que merezcan por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, debiendo expresar en su decisión el fundamento de tal determinación. ¿Cabe transmutar la esencia de la prueba testimonial a este requerimiento procesal para dar eficacia a las instrumentales en referencia? ¿Acaso en el patrón general pueden los testigos especular y hacer discernimientos o dictámenes de valor en su declaración?

Sin duda alguna, debe concluirse que, imponer y aplicar tal metodología hermenéutica a los medios probatorios bajo análisis, para poder ser apreciadas en juicio, configura una infracción al deber contenido en el precitado artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de hacer la valoración conforme a las reglas de la sana crítica y a los postulados constitucionales que consagran el proceso como un instrumento fundamental para la realización de la justicia y que ésta no se puede sacrificar por formalidades no esenciales.

Paralelamente, es fundamental entender que la documentación es la forma de constatar materialmente las actuaciones, percepciones, impresiones, opiniones, contratos y demás acuerdos entre los sujetos de derecho partícipes de una determinada relación o vinculación jurídica material o procesal, es la reseña tangible donde se manifiesta la voluntad negocial o aquella producida dentro del juicio.

Según Priscila Solano Castillo el documento puede presentarse con un doble carácter: probatorio y procesal, de ahí que se trate al documento como medio de prueba y como objeto de prueba. Conforme su entender no pueden incluirse entre los documentos en sentido propio los papeles que, durante el procedimiento certifican declaraciones o acontecimientos y que no son verdaderos documentos los que podrían llamarse documentos procesales, tales como las declaraciones de los testigos, los interrogatorios, y otros, pues en realidad se trata de la documentación de dichos actos;[3] tal exclusión -a criterio de quien suscribe- debe ser hecha también, respecto de aquellas certificaciones, informes o constancias médicas que se elaboran antes de instaurarse el proceso.

Es conveniente destacar también, la opinión construida en el contexto de la jurisdicción procesal penal de nuestro país, perfectamente aplicable en el proceso laboral, cuando señala en este sentido que, es importante aclarar que todas las pruebas son documentadas pero no todas son pruebas documentales y para graficar ello se señala que, todo el proceso está contenido en un «documento» o cúmulo de «documentos» que son las actas procesales que conforman el expediente y porque, aunque se realicen «audiencias orales»,[4] son muchas las actuaciones escrituradas, que son soporte físico del proceso, pero éstos son, simplemente y en todo caso, documentos procesales, más no documentos de pruebas o pruebas documentales.[5]

Con fines meramente ilustrativos y con el propósito de remarcar la distinción entre el contenido o esencia del medio probatorio y su forma documentada, bajo el proscenio de una interpretación analógica, resulta pertinente evocar la opinión del procesalista neogranadino Hernando Devis Echandía, al delimitar que una cosa es la inspección judicial y otra el acta que de la misma se elabora y firma, aclarando que aquélla es un medio de prueba del hecho examinado y ésta es el documento en que consta que se practicó tal diligencia y cuál fue su resultado, es decir, «la prueba de aquella prueba», son diferentes aunque se produzcan simultáneamente,  confiriéndole a esta acta el carácter de documento público por cuanto es elaborada por un funcionario público.[6]

Cambiando lo que deba cambiarse, para adecuarlo a la presente situación, condensa el tratamiento valorativo pertinente, la manera cómo deben ser apreciados y diferenciados los informes, constancias y certificaciones emanadas de médicos en el ejercicio libre de su profesión de los documentos que le sirven de continente.

b.- Dictamen Pericial.

Ubicados ahora, bajo el escenario de que las instrumentales sub análisis se asimilan en su esencia o naturaleza a la de un informe pericial o de expertos, conforme a la regla antes indicada de que las partes cuentan con la posibilidad de valerse de cualquier otro medio de convicción que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones e invocando los señalamientos de carácter sustantivo hechos precedentemente, en cuanto al contenido de las instrumentales bajo análisis, se debe puntualizar que cuando en juicio se plantea la necesidad de realizar una experticia, por requerimiento de conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o para adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, que se emita informe de experto designado por el tribunal.

La pericial se configura como un medio de prueba indirecto y de carácter científico, a través del cual se pretende lograr que el juez, que desconoce cierto campo del saber humano, pueda valorar y apreciar técnica o científicamente unos hechos que han sido aportados al proceso por otros medios probatorios y así, tenga conocimiento de su significación o alcance, siempre que tales conocimientos especiales sean útiles, provechosos u oportunos para comprobar algún hecho controvertido.[7]

Conforme a esta interpretación, la parte contra quien obran las instrumentales sub análisis puede ejercer su derecho a controlarlas o contradecirlas, bien sea impugnándolas a través de la tacha, por las causales consagradas en la legislación sustantiva ordinaria, por considerar que quien emite el dictamen no reúne las condiciones profesionales para ello, por estar en desacuerdo con los métodos o sistemas utilizados o con las conclusiones a que se haya llegado, pudiendo también  solicitar al juez que se aclaren o amplíen en los puntos que señale o pedir se practique una nueva. Bajo esta perspectiva, deben aplicarse las previsiones legales sustantivas y adjetivas de que los jueces no están obligados a seguir el dictamen de los expertos, si su convicción se opone a ello,[8] razonando los motivos de tal determinación, debiendo valorarlo, tal y como ya se ha dejado expuesto.

c.- ¿Prueba Pericial o Testimonial?

Comenta también la jurista costarricense Solano Castillo que, tradicionalmente se ha dicho que los documentos emanados de los profesionales de la medicina tienen existencia procesal como prueba documental o como prueba pericial; siendo los primeros, todos los documentos expedidos a solicitud de parte interesada, producto de la atención médica recibida y que los segundos, se extienden a solicitud del juzgador a los fines de aclarar determinadas cuestiones médicas. Enfatiza que, no todo documento tiene relevancia en el proceso, sino solamente los llamados «documentos probatorios», que bien pueden ser considerados como una especie del género documento y dentro de los cuales se pueden ubicar los certificados, informes o constancias médicas, acreditándoles como característica fundamental su capacidad de ser llevados al proceso y producir efectos jurídicos; por lo que la «forma» del documento no es en realidad lo que importa para efectos probatorios, sino más bien el «contenido» del mismo o lo que de él se pueda deducir, es decir, un documento es jurídicamente relevante en tanto y en cuanto sea representativo de hechos jurídicos significativos, como es el caso del registro médico, el cual aunque tenga defectos de diseño formal y contenga exámenes no necesariamente escritos, continúa produciendo efectos legales, porque es en su contenido donde reside el material probatorio importante.

Vale la pena hacer referencia abreviada al criterio expuesto por la Sala de Casación Civil de nuestro Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 88 de fecha 25 de febrero de 2004 cuando, al apreciar un informe técnico o pericial extraprocesal, entre otras cosas, dejó expresado que, al no tratarse de un documento negocial emanado de tercero, contentivo de declaraciones de conocimiento y ser una valoración técnica emitida por expertos sobre hechos percibidos por ellos, las cuales constan por escrito en respuesta al requerimiento de una o ambas partes de forma anticipada al juicio, que sólo puede ser practicado por personas previamente autorizadas, por el hecho de estar documentadas, no cambia su esencia para adquirir la del medio que es capaz de representarlo históricamente, pues su naturaleza está determinada por las declaraciones de conocimiento que dicho instrumento contiene.

Este antecedente jurisprudencial, alegando la inexistencia de norma especial que regula su eficacia jurídica, tomó en consideración la opinión sostenida en la doctrina respecto de este tipo de dictámenes periciales rendidos sin intervención de un funcionario judicial, fuera del proceso, y sin diligencia previa, mediante encargo privado de la persona interesada y por experto escogido por ésta, citó el criterio sostenido por Devis Echandía, de acuerdo con el cual «…[e]ste dictamen vale como testimonio, en cuanto a la relación de hechos verificados por expertos en el desempeño del encargo privado, siempre que se entienda que debe ser ratificado, con las formalidades legales del testimonio judicial, en el curso del proceso, en cuyo caso tiene valor de testimonio técnico, y en modo alguno le otorga valor probatorio al dictamen extraprocesal…».[9]

Hizo alusión también a la opinión de Jesús Eduardo Cabrera Romero en este mismo sentido cuando sostiene que «[e]l dictamen extraprocesal escrito es un documento en sentido genérico, pero en particular, es una pericia, la cual para que tenga fuerza de tal, según el CPC, debe ser ordenada y evacuada en juicio, y sólo así el juez podrá valorarla por la sana crítica. Si estos dictámenes extraprocesales se pretenden hacer valer en una causa, a quienes los hicieron habrá que promoverlos como testigos, a fin de que los ratifiquen o no como parte de su testimonio… ».[10]

Para finalmente concluir la Sala de Casación Civil en esa ocasión, compartiendo los criterios doctrinales expresados y dejar sentado que el informe técnico o pericial es documento en sentido amplio y por esa razón debe ser ratificado en el juicio de conformidad con lo previsto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, en cuyo caso la prueba que se forma en el proceso es la testimonial, y en tal virtud, dicho informe queda comprendido en el testimonio, respecto del que las partes pueden interrogar y repreguntar; el contenido de éste pasa a integrar la prueba testimonial formada en el proceso, por lo que ambos -informe e interrogatorio- deben ser apreciados de acuerdo con lo previsto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil.

No debe pasar desapercibido que tal exégesis desnaturaliza los medios de persuasión involucrados, por cuanto, además de establecer como obligatorios patrones analíticos que no se corresponden con el contenido de estas instrumentales, que involucran declaraciones escritas de cuestiones técnicas o científicas que ni las partes, sus representantes, ni el juez pueden, en la generalidad de los casos, redargüir o contradecir, además de que, tal y como ya se dejó indicado, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que los médicos pueden excusarse de rendir testimonio conforme a las disposiciones legales precedentemente indicadas.

En este estadio para comprobar lo desacertado de esta clásica interpretación, en cuanto se refiere a los informes, certificados, y/o constancias expedidas por profesionales que ejercen la medicina de manera particular o privada, amén de reiterar la afirmación de que los mismos no son documentos negociales, es pertinente ratificar también la distinción entre el perito o experto y el testigo, entre los cuales, doctrinariamente se encuentran semejanzas, pero simultáneamente marcadas distinciones, al margen de la consideración de la figura del «testigo experto» o «perito testigo», que según es reseñado por Keymer Ávila citando a Rengel Rombert y a Roberto Delgado, es una especie de híbrido entre ambas pruebas, pero que sin embargo es distinta a las dos y ha sido asumido como un testimonio calificado, ya que éste no realiza examen o peritación alguna.

Así, con el propósito de demarcar la diferencia antes apuntada, debe indicarse que la prueba testimonial consiste en relatar hechos que le constan a quien la rinde por haberlos presenciado o percibidos, es un conocimiento empírico, mientras que en la prueba de experticia se presenta un informe o dictamen que presupone un bagaje basado en conocimientos técnicos, artísticos o científicos donde se vierte una opinión sobre hechos acontecidos o por acontecer, vale decir, hechos pretéritos, presentes o futuros; por otro lado, las deposiciones testimoniales son narraciones de hechos, no pueden consistir en opiniones, no pueden contener juicios valorativos, mientras que los informes periciales son precisamente apreciaciones o evaluaciones técnicas motivadas sobre los datos, elementos o demás cuestiones fácticas a dilucidar en el proceso; el testigo declara siempre sobre sucesos extraprocesales, el experto aunque prima facie también lo hace, pudiera ser consultado sobre posibles o eventuales efectos o consecuencias de hechos ocurridos antes o durante el proceso; el experto puede ser reemplazado o sustituido por otro que reúna las condiciones, es fungible, mientras que los testigos no.

d.- ¿Pruebas Preconstituidas?

En otro orden de ideas, se ha dicho que las instrumentales bajo examen  deben ser consideradas como pruebas preconstituidas, vale decir, aquéllas elaboradas con vistas a un futuro proceso que no necesariamente se dará, pero que las partes las procuran como una medida de prevención, para aquellos casos en los cuales la litis se llegara a plantear efectivamente, los cuales constituyen un supuesto diferente al aquí analizado.

e.- ¿Pruebas Libres?

Ante el rechazo de toda la argumentación anterior con respecto a la naturaleza jurídica de los referidos medios probatorios, cabe proponer que los mismos sean considerados como «pruebas libres», cuyo know how (propuesta, promoción y evacuación) ya fue señalado precedentemente. En este supuesto, la valoración que a tales medios, como todos los demás, debe forzosamente estar circunscrita dentro de los parámetros de la sana critica.

4.- Otras Consideraciones.

¿Es justo que en un proceso donde se hayan promovido documentales emanadas de profesionales de la medicina que ejercen de manera privada o particular y sus suscribientes no hubieren comparecido al Tribunal a ratificar su valor fedatario, los mismos sean desechados siguiendo el errado patrón de valoración tasado en el Código de Procedimiento Civil y en el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo? Esta inferencia, además de constituir un incumplimiento al desideratum constitucional de que el proceso es un instrumento sustancial o de primer orden para la consecución de la justicia, representa un claro desacato al lineamiento ordenado de valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica y configura un incumplimiento por parte del juez de la carga mayor que le impone el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, como es la de inquirir la verdad por todos los medios de pruebas a su alcance y de intervenir en forma activa en el proceso, obligación ésta reforzada en el Artículo 156 eiusdem cuando señala que el Juez de Juicio podrá ordenar, a petición de parte o de oficio, la evacuación de cualquier otra prueba que considere necesaria para el mejor esclarecimiento de la verdad.

Como circunstancia concomitante a la posibilidad de excusarse que tienen los galenos, debe apuntarse que, es muy frecuente en la práctica judicial diaria, la incomparecencia a la convocatoria a la audiencia de juicio que se le hace a los médicos que expidieron los informes, constancias, certificaciones o récipes, ello por variadas razones, entre las cuales cabe mencionar: las complejas y múltiples ocupaciones que tienen estos profesionales, la dificultad para ubicarlos o trasladarlos a la sede judicial, tanto por las emergencias como por las consultas que éstos deben atender con prioridad a cualquier otra cosa, amén de cualquier otra circunstancia o causa imprevista o de fuerza mayor que pudiera presentárseles, ausencia ésta que no debe conducir al juez en ningún caso, a desechar tales instrumentos, mas aun si se tiene presente que, la normativa que prevé el supuesto de incomparecencia injustificada de los expertos privados a la audiencia de juicio, es entendida como un desacato a las órdenes del Tribunal y tiene como punición una multa de hasta diez unidades tributarias,[11] nunca que el contenido de su informe sea desestimado, lo cual evidencia un tratamiento sancionatorio totalmente diferente ante una misma conducta procesal.

A manera de conclusión, debe colegirse que los informes, certificados, y/o constancias expedidas por profesionales que ejercen la medicina de manera particular o privada que el actor introduce en el proceso laboral junto con el libelo o en la audiencia preliminar como instrumentales que acompaña en apoyo de su pretensión o, en su caso, el demandado en sustento de sus defensas, no deben ser apreciados o calificados como documentos privados emanados de terceros y en consecuencia, no pueden ser catalogados como aquellos a los que hace referencia el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,  ergo, no debe imponerse la carga adicional de tener que ser ratificados por sus suscriptores en calidad de testigos, sino que deben ser considerados como auténticos dictámenes periciales y sometidos, como todos los medios probatorios en el ámbito jurisdiccional laboral, a una valoración inspirada en  las reglas de la sana crítica, de acuerdo con los principios generales de esta ley y no como una prueba tasada, sistema éste según el cual, la mesura que debe dar el juzgador a los medios probatorios viene delimitada por el valor o eficacia que le ha sido asignado previamente por una norma jurídica.

La propuesta de asumir esta perspectiva tiene la pretensión, de que una vez por todas se destierre el clásico tratamiento valorativo que como «documentos privados emanados de terceros que no son parte del proceso» hasta el presente se les ha conferido, en el entendido de que éstos últimos están referidos a instrumentales que develan otro tipo de declaración, tienen otro contenido que no es de naturaleza médica o asistencial.

Finalmente, es preciso destacar que de manera contrapuesta, la metodología para la evacuación y la apreciación de los dictámenes, certificaciones y/o informes emanados de médicos que laboran en hospitales y entidades públicas es total y absolutamente diferente. A este respecto, debe indicarse que, se les ha reconocido la naturaleza jurídica de documentos administrativos a tales instrumentos, toda vez que emanan de una institución cuya función es la de prestación de un servicio público, característica que le da el carácter en cuestión[12] y en tal razón no deben cumplir con ninguna otra formalidad o diligencia procesal adicional para ser estimadas. (más…)

En nuestro Despacho Jurídico, los clientes suelen preguntar: Antes tenía otro Abogado y le di un poder, ¿Debo revocarlo?, ¿El puede seguir actuando en mi representación?. En otros casos, sienten un casi “vehemente temor” en otorgar Poderes a Abogados. Pues bien, con este artículo pretendemos despejar esas dudas.  

CONCEPTO: Todo Poder es un mandato que, de conformidad con el artículo 1.684 del CC, “son contratos por el cual una persona se obliga gratuitamente, o mediante salario, a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra, que la ha encargado de ello”, siendo que cuando se trata de Poderes/Mandatos Generales no comprenden más que los actos de administración (1.688 CC), debiendo siempre actuar como un buen padre de familia y dentro de los límites del mandato (1.692 y 1.698CC), de lo contrario el mandatario incurre en una serie de responsabilidades de las cuales debe responder (artículo 1.693CC).

Los Poderes/Mandatos Especiales se otorgan para un negocio o acto o para ciertos negocios o actos. Poderes/Mandatos otorgados en el extranjero: Tenemos 3 posibilidades según el 157CPC: 1. Poder otorgado en país extranjero que haya suscrito el Protocolo sobre uniformidad del Régimen Legal de Los Poderes y la Convención Interamericana sobre el Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el Extranjero deberá cumplir las formalidades establecidas en dichos instrumentos (Art. 157 CPC). 2.-Poder otorgado en el extranjero sin haber suscritos los instrumentos mencionados, deberá cumplir con las formalidades establecidas en las leyes del país de su otorgamiento.

En este sentido deberá recordarse que por imperativo del artículo 8 del CPC, según el cual, en los casos de aplicación del Derecho Internacional Privado, los jueces atenderán primero a cualesquiera Tratados Públicos de Venezuela con la nación respectiva, en cuanto al punto en cuestión y no solo a los ya mencionados. Por Ejemplo si los países involucrados en torno al Poder (quien lo sustancia para su otorgamiento y ante quien va a surtir efecto), han suscrito el Convenio para Suprimir la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, este será de aplicación preferente, por ser una ley especial de la República, en la materia a que se contraen, siendo el objeto de esta convención suprimir la exigencia de legalización diplomática o consular de documentos públicos extranjeros y por lo tanto, los documentos que porten el sello de la apostilla no requerirán la legalización de las misiones diplomáticas u oficinas consulares venezolanas para surtir efecto en Venezuela, aunque si deberá estar traducidos al español.

Efectuada la advertencia anterior, podremos interpretar lo que la norma a continuación señala “…En ambos casos, el poder deberá estar legalizado por un magistrado del lugar o por otro funcionario público competente, y por el funcionario consular de Venezuela, o en defecto de éste, por el de una nación amiga…”. Cuando el poder se ha otorgado en idioma extranjero, se debe traducir al castellano por Intérprete Público en Venezuela. 3. Poder otorgado por ante un agente del servicio exterior de la República en el país del otorgamiento. Se trata de los poderes que se tramitan ante el consulado venezolano en el extranjero. Los requisitos varían de Consulado a Consulado. Poder/Mandatos Apud Acta: Es el otorgado, como su nombre lo indica, en las actas procesales de un expediente y cuyo alcance dependerá de su propio contenido, pues se le presume especial. FORMALIDADES PARA SU OTORGAMIENTO: Dependerá del Poder en cuestión. Por ejemplo, el Poder otorgado para vender inmuebles, debe ser necesariamente registrado, por su parte el Poder Apud Acta deberá ser otorgado por ante el secretario del Juzgado, quien firmará el acta junto con el otorgante y certificará su identidad.

MODOS DE EXTINCIÓN: Conforme al artículo 1.704 CC, El mandato se extingue: 1º.- Por revocación. 2º.- Por la renuncia del mandatario. 3º.- Por la muerte, interdicción, quiebra o cesión de bienes del mandante o del mandatario. 4º.- Por la inhabilitación del mandante o del mandatario. DURACION DE LOS PODERES: No es el transcurso del tiempo una causal de extinción de los poderes, por lo tanto podrían durar muchos años si no ocurriera durante su vigencia alguna de las causales de extinción. No obstante, lo antes señalado, La Dirección General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) emitió el pasado 1 de Diciembre del 2016, una circular en la que informa a la red de notarías públicas del país la prohibición de tramitar la compra-venta de bienes inmuebles a través de esas instancias al igual que la determinación que a los Poderes otorgados para la  Venta de Inmuebles, se les impone un término de caducidad de un año, lo que nos parece un desafuero,  toda vez que el establecimiento de ese tipo de términos sólo lo permite la ley, en materia de caducidad, y los contratos, por la vía del acuerdo de los otorgantes.

PODER OTORGADO A UN ABOGADO:Es el que se le encomienda al Abogado para que asuma su representación en un proceso judicial. Se le faculta al mandatario para asuma la defensa técnica con algunas de las siguientes facultades: intentar y contestar demandas y reconvenciones, oponer y contestar excepciones, promover y evacuar las pruebas respectivas, comprometer en árbitros arbitradores o de derecho, seguir los juicios en todas las instancias, grados, trámites e incidencias, interponer toda clase de recursos, solicitar medidas cautelares, efectuar alegatos y peticiones en general. FACULTADES EXPRESAS Y TACITAS: Cuando se trate de situaciones en el proceso que impliquen la disposición del derecho en litigio (convenir, desistir, transigir), dichos actos no podrán ser realizadas por el apoderado, de igual forma este tampoco podrá ejecutar  actos que se hayan señalado en la ley como exclusivos de las partes, es decir, que el apoderado no podrá realizar transacción, desistimiento, allanamiento o conciliación, a menos que el poderdante lo haya autorizado para ello, en cuyo caso dicha autorización debe ser expresa. Igual ocurre con la posibilidad de absolver posiciones juradas si se propusieran en juicio, o la potestad de recibir si el poder no expresa dicha facultad, pues el poder conferido por el acreedor a una persona para demandar en juicio al deudor, no le faculta por sí sólo para recibir el pago de la deuda.

REVOCATORIA DEL PODER: Son 2 las formas de revocar un poder: la expresa y la tácita. La primera puede hacerse en forma privada con una carta, telegrama, etc. pero tendrá efecto solamente entre el mandante y su apoderado pero no frente a terceros. Para que surta efectos frente a terceros, la revocatoria debe ser hecha en forma autentica. Para el caso de los Poderes otorgados a Abogados en juicio, debe hacerse constar en el expediente consignando la revocatoria mediante diligencia tácita o implícita, aunque de igual forma, la revocación se produce con la presentación de otro apoderado para el mismo juicio, de tal manera que la actuación del anterior apoderado, cesará por la presentación del nuevo, salvo que “se haga constar lo contrario”. Si se le otorgó poder al Abogado, para asuntos extrajudiciales, para que tal revocatoria produzca efectos jurídicos válidos oponibles al apoderado, se deberá no solo revocar el poder en la misma oficina donde se otorgó, sino que también hará menester notificarlo al Abogado en cuestión. La notificación no requiere que sea a través de un Juez, Notario o Registrador; basta acuse de recibo suscrito de puño y letra por el apoderado. (más…)