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Capítulo IV

De los Contratos

Artículo 24. El contrato de arrendamiento contendrá, al menos, las especificaciones físicas del inmueble arrendado y de la edificación que lo contiene; la duración será mínima de un (01) año, excepto cuando la actividad a desarrollar esté enmarcada en temporadas específicas, entonces el lapso podrá ser menor, no pudiendo ajustar el canon de arrendamiento si se diera continuidad o prórroga, a menos que supere un año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 del presente Decreto Ley; el valor del inmueble, el canon de arrendamiento y la modalidad de cálculo adoptada; las obligaciones del arrendador y del arrendatario. Además, deberá señalar expresamente su apego a las consideraciones establecidas en este Decreto Ley.

Concatenaciones. Arts. 1.133, 1.141, 1.159, 1.160, 1.167,n1.579, 1.580, 1.581, 1.600, 1.614,1.615 CC; 12, 15, 243, 859-880 CPC; 11, 12, 33, 34 LAI; 1, 3, 5, 21, 32, 38, 45, 50, 51, 58, 77, 94, 96 LRCAV; 6 (4), 7, 24, 26, 32, 33, 40, 41 (8, 12) LAC.

Doctrina. El texto de la ley nos permite hacer estas aseveraciones sobre su contenido: a) De modo anómalo la ley no señala su contenido obligatorio, sino lo mínimo que ha de contener el contrato arrendaticio comercial. Usualmente el legislador señala el contenido obligatorio e indica de manera residual la libertad para estipular otras obligaciones. En está ley se lee “…contendrá al menos…”, lo cual en materia inquilinaria, regida expresamente por el principio de la irrenunciabilidad de los derechos del arrendatario (art. 7) parece extraño; b) Ha de señalar la identificación física del inmueble arrendado y del que le contenga, si éste fuera el caso. Eso impone el señalamiento de linderos, medidas, tipo de construcción y sus materiales; c) El valor (económico) del inmueble arrendado, y caso de acogimiento del primer y tercer supuesto del artículo 32 (sistemas de determinación y establecimiento del canon) el del inmueble que le contiene; d) indicación de otras obligaciones que pacten los contratantes (verbigracia, contratación de un seguro que proteja al inmueble en caso de daños a la estructura u ocupantes; reglas de uso en caso de ser un centro comercial, sobre horarios y seguridad, -ver regla general y excepción prevista en el numeral 8 del artículo 41-, etc.); e) Expreso acogimiento de la reglamentación obligatorio previsto en la ley.

El profesor Emilio J. Urbina Mendoza en su obra La Teoría de la Interpretación de los Contratos y la Jurisprudencia Venezolana, cuando en su recapitulación del Capítulo I, analiza el rol de los contratos en los tiempos que corren, hace las siguientes consideraciones[1]:

“…la irrupción de un Estado más intervencionista, derogará temporalmente cualquier libertad omnímoda para contratar. El contrato sufrirá un eclipse jurídico en la medida que el estado social de Derecho desplaza los últimos reductos del liberalismo decimonónico, degradación que se complicó con los procesos de decodificación progresiva. De fuente pasará a ser tratado como un acto sometido a la voluntad del legislador. Dicha interdicción ampliará los poderes de interpretación de los jueces, extendiéndose más allá de la voluntad declarada o real de los contratantes.” (Cursivas del texto citado, subrayados nuestros).

En este mismo sentido en ensayo del autor itálico Vincenzo Roppo denominado “El Contrato del Dos Mil[2], traducido al español por la profesora venezolana de la Universidad Externado de Colombia Milagros Koteich, se hacen estas reflexiones: “La irrupción de la leyes especiales como fuente cada vez más importante del derecho de los contratos significa descodificación; significa surgimiento al margen de un código (civil) en retirada, de microsistemas extra código; significa nuevo protagonismo de los tipos contractuales, en detrimento del “contrato en general”, y creciente dificultad para reconstruir en este cuadro de fragmentación cada vez más mercado, una significativa de la unidad de la figura contractual,

Significa en fin -por lo menos para quien ve en estos procesos algún riesgo de efectos descontrolados e indeseables- el trabajo en aras de la recodificación, de la recomposición de los fragmentos, de la recuperación de la figura y del régimen contractual a un nivel superior de generalidad ” (Paréntesis y subrayados nuestros).

Y asimismo el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo, Rafael Roversi Thomas, quien[3] en su ensayo “Teoría Sistémica del Contrato” nos hace estas conclusiones:

“El asunto de las redes contractuales apenas aflora en el mundo del Derecho Civil, pero lo hace de una manera avasallante. Si bien cuestiona conceptos clásicos, aporta soluciones a los problemas planteados por esa nueva realidad. Consideramos importante hacer estos planteamientos: 1. Es indispensable una regulación normativa que no trate el asunto de manera aislada o circunstancial, sino de manera específica. Las Facultades de Derecho y los Colegios de Abogados deben influir en esa dirección. 2. Quienes formamos parte del denominado “sistema de justicia” debemos digerir y aceptar esta nueva realidad jurídica. Sólo su estudio y ejercicio cotidiano permitirá ir formando los principios de su eventual doctrina general. 3. Debemos tener la amplitud mental necesaria para cuestionar, de manera razonable, los paradigmas del derecho y comprender que este se mueve en un mundo que cambia aceleradamente. La teoría Sistémica del Contrato, cuestionadora, abre un mundo de oportunidades jurídicas”. (Negrillas nuestras).

Derecho comparado. El Código Civil del Reino de España data del 24 de julio de 1889, y en su contenido podemos ver una versión del arriendo connatural a las ideas liberales que dominaban al mundo occidental y que dan fisonomía a la institución, sujeta hoy día a los embates de los conceptos de una sociedad democrática, de un estado social y democrático de derecho, como prevé la Constitución del Estado Español[4]. Entre otras reglas que rigen el arriendo destacamos las siguientes:

“Artículo 1.542. El arrendamiento puede ser de cosas, o de obras o servicios”.

“Artículo 1.543. En el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto”.

“Artículo 1.544 En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto”. “Artículo 1.545. Los bienes fungibles que se consumen con el uso no pueden ser materia de este contrato”.

“Artículo 1.546. Se llama arrendador al que se obliga a ceder el uso de la cosa, ejecutar la obra o prestar el servicio; y arrendatario al que adquiere el uso de la cosa o el derecho a la obra o servicio que se obliga a pagar”.

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Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Trámite especial dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios para las cuestiones previas de falta de jurisdicción del juez o de incompetencia, debe aplicarse igualmente para aquellos casos en los cuales se alega la litispendencia.

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