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TSJ-LOGO

Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Amparo contra Norma.

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¿Cuál es el modo de conjugar el derecho del Estado de investigar, enjuiciar y castigar con el derecho de los particulares a preservar sus derechos fundamentales? No se puede buscar la verdad vulnerándose las libertades o derechos de las personas. En nuestro criterio, se rompería el equilibrio que debe existir en toda civilización. Dejaría de tener valor e importancia la seguridad jurídica que diferencia a un Estado Democrático de uno completamente tiránico o autoritario. Sí el Estado castiga al delincuente por infringir la Ley, qué legítima al administrador de justicia , o al mismo Estado, para violarla.

Un ilícito penal no justifica otro ilícito o hecho punible. Si el Estado quebranta la Ley, en una averiguación penal, el investigado, ora imputado, ora acusado, no debe ser sancionado. Cierto que el Estado tiene el derecho de castigar al delincuente; pero éste, como cualquier otro ciudadano inocente, tiene derecho a que se le respeten sus garantías constitucionales. Si permitiéramos la primacía de la ilegal obtención de los medios probatorios sobre los derechos fundamentales de las personas, estaríamos justificando el abuso y el atropello policial; el maltrato y la tortura; dando pie a la persecución penal sin importar para nada el quebrantamiento de los derechos y garantías fundamentales de los miembros de la sociedad. En otras palabras, el respeto de la dignidad de las personas se retrotraería al dominio del sistema inquisitivo, donde el fin justifica los medios, siendo una obsesión, la busqueda de la verdad material o histórica, convirtiéndose en regla: la tortura, autorizándose inclusive para sacar una confesión del imputado.

No tendría, indudablemente, comprensión alguna, las garantías y derechos constitucionales, enunciados en nuestra Carta Magna, si las mismas no son protegidas por el propio Estado. No en balde, el legislador patrio sentencio la prohibición de la valoración de las pruebas obtenidas o incorporadas al proceso al borde o con desobediencia de las garantías fundamentales.

Toda contravención que atente contra la dignidad y los derechos fundamentales del hombre, no sólo es inaceptable, sino que se convierte en ilícito, y por lo tanto, su valoración es inicua, ineficaz, inútil, por los órganos jurisdiccionales.

¿Qué es, entonces, la prueba ilícita? La doctrina y jurisprudencia ha utilizado diferentes terminologías: prueba ilegal, prueba prohibida, prueba irregular, prueba nula, prueba ilícita y otras más, que será punto de reflexión del autor de estos puntos más adelante. Por ahora, es de advertir que, desde la perspectiva general, el jurista colombiano más importante del siglo XX, Hernando Devis Echandía, define las pruebas ilícitas como:

“aquellas que están expresa o tácitamente prohibidas por la ley o atentan contra la moral y las buenas costumbres del respectivo medio social o contra la dignidad y la libertad de la persona humana o violan sus derechos fundamentales que la Constitución y la Ley amparan”

Conforme a esta corriente doctrinal, la ilicitud de la prueba no tiene su origen únicamente en la transgresión de la norma procesal, sino en la desobediencia de cualquier tipo o categoría de norma jurídicas, e incluso de principios generales. Empero, no siempre el concepto de ilicitud en el plano demostrativo se iguala con el de hecho punible. Por eso, para que un medio probatorio o la recolección de un elemento de convicción sea calificado de ilícito no es menester que la conducta encauzada a su obtención sea componente de infracción penal, optando por una idea amplia de prueba ilícita.

Entonces, teniendo claro que al verse compelida la norma constitucional se produce una prueba ilícita, Denti citado por Miranda Estrampes, la define como “Aquellas que se obtuvieron mediante violación de los derechos tutelados por normas diversas y, en primer lugar, por normas constitucionales”. De allí que se considera prueba ilícita a la obtenida no sólo mediante la infracción de normas constitucionales, sino también mediante la vulneración de normas con simple rango de Ley.

Otra de las concepciones concernientes a la prueba ilícita es la restrictiva, que se contrapone con las anteriores, ya que suscribe el concepto de prueba ilícita a la conseguida o practicada con violación de derechos fundamentales. En consecuencia, todos aquellos recaudos o elementos probatorios que hayan sido obtenidos en quebrantamiento de un derecho cardinal del mismo nivel substancial que el derecho a la prueba, será considerado ilícito.

Sin embargo, el autor español, Orlando Alfonso Rodríguez, en su altísima obra, Prueba Ilícita Penal, expresa que las pruebas no son perfectas, ya que adolecen de alguna irregularidad por mínima que sea, y rechazarlas por nimiedades, es caer en el absurdo o dar párvulo para que se reclamara una inexistente nulidad patrocinado la impunidad. En razón de ello, el autor de La Presunción de Inocencia conceptúa la prueba ilegal, en primer término, como “las que prohíben la prueba por inconducencia, impertinencia o ineficacia”, vale acotar, cuando se recibe o admite un medio probatorio que se sabe de antemano no posee cabida de generar conocimiento alguno en cuando a la consecución de la búsqueda de la verdad histórica o material; y en segundo lugar conceptualiza la prueba ilícita, como aquella que se produce “por vulneración de un derecho o libertad fundamental individual”.

Ahora bien, el constituyente venezolano no le da una designación exclusiva a la prueba ilícita, sino que se limita a recriminar aquella que haya sido efectuada con desafuero del debido proceso según lo preceptúa el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No define o puntualiza la prueba ilícita, no obstante se instaura el principio de legalidad probatoria. A pesar de ello, no pocos jueces y fiscales del Ministerio Público, a sabiendas de flagrantes violaciones a la Carta Magna como al Código Orgánico Procesal Penal, se hacen la vista gorda, ignorando los postulados del constituyente y lo preceptuado por el legislador, más pendiente de cuidar sus puestos y sueldos, que ponderar la primacía de los fundamentales derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. Hay que subrayar que la prueba ilícita se comprende dentro de una sola de sus posibilidades, ya que se relaciona única y exclusivamente a la prueba que por haber sido inconstitucionalmente practicada se convierte en ilícita.

En este aspecto, Roberto Delgado Salazar, concibe la prueba ilícita como la “obtenida con menoscabo de derechos fundamntales de la persona, esto es, con violación del debido proceso”, por lo cual, todo contravención a la legalidad constitucional, “debe tenerse como ilícita y por ende sin eficacia alguna”; en tanto que el ex-Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Supremo de Justicia de Colombia, Edgar Saavedra Rojas, es del criterio que pruea ilícita es “aquella contraria a los valores superiores sobre los que se ha erigido la sociedad y el Estado” consagrados en la normativa de la Carta Política Fundamental.

¿Cuál es el momento procesal para declarar la prueba como ilícita? Según el autor de Técnica Probatoria, Luis Muños Sabete, citada por Hildemaro González Manzur, La única posibilidad procesal de embestir la prueba ilícita es en la fase de admisión, so pena de que si bien se logre a posteriori su exclusión o desestimación, ya en el juzgador se ha producido el efecto psicológico, y la única forma de garantizar la inefectividad de las pruebas ilícita, es impidiendo a toda costa que las mismas puedan incorporarse en el proceso a los efectos de evitar influjo psicológico en el ánimo del juez, tesis que en nuestro país, es sostenida por el jurista y profesor, José Luis Tamayo Rodríguez.

Otros autores, por otra parte, han señalado, que la prueba puede ser denunciada y explorada en dos etapas procesales: en la fase intermedia y en la fase de juicio oral y público. En la primera, obviamente, en la celebración de la audiencia preliminar, donde el juez se conduce como “fiscal” del fiscal del Ministerio Público; pues, entre sus facultades está la del control judicial, que no es otra cosa que supervisar y controlar, ora en la etapa intermedia, esto es, en el momento de la conmemoración de la audiencia preliminar; en la fase del juicio oral y público, la spartes pueden oponerse a la realizacipon de determinada prueba, por considerarla ilegal, máxime aún cuando el juez de control no se prununció al respecto, pudiendo exponer tanto en la apertura como en las conclusiones la ilegalidad de la prueba; fuera de que, al concluir el juicio, el Juzgador le corresponde analizar las pruebas evacuadas o materializadas, y decideir cuáles le sirven para fundar su sentencia.

En síntesis, tomando el concepto constitucional inserto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todas las designaciones que se esgrimen para designar la evidencia probatoria entran similarmente en una misma concepción, porque es irrebatible que si el Constituyente lo que pretende es recriminar todo medio de convicción que se efectúe dentro de cualquier proceso con infracción de los requerimientos, exigencias o precauciones constituidas en la Ley para su realización o aproximación, hay que dar la razón que todos lo snombres mencionados para la prueba ilícita o prohibida, puedan estar implícitos dentro del mismo. Luego, es lógico advertir que, si la locución prueba prohibida puede tener una indicación disímil comparándola con otros calificativos, por estar recriminada sistemáticamente es potencialemente una prueba ilícita. (más…)

TSJ-LOGO

Sentencia: N° 1111 de fecha 03 de Octubre de 2000
Tema: Acción conjunta de amparo con nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la competencia de la Sala.
En el caso de autos, visto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 336 numeral 1 de la Constitución de 1999, resulta esta Sala Constitucional el órgano jurisdiccional competente para conocer de la nulidad de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley emanados de la Asamblea Nacional, impugnadas por razones de inconstitucionalidad, y visto asimismo, que un acto general de dicha naturaleza, fue el que sirvió de fundamento para la emisión de la Resolución N° 078-94 dictada en fecha 29 de junio de 1994 por la citada Superintendencia; estima esta Sala Constitucional, que le corresponde en el presente caso, aplicar lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en razón de lo cual asume también la competencia para conocer del recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto contra las disposiciones contenidas en la referida Resolución, aun cuando este último acto, no sea de efectos particulares, tal asunción es necesaria para evitar decisiones -eventualmente- contradictorias, dada la conexidad que existe entre ambos instrumentos normativos impugnados.
Sin embargo, por cuanto se aprecia que en la presente causa ambos actos impugnados tienen contenido normativo y por tanto efectos generales, esta Sala Constitucional declara que, en caso de que se admita, resultará aplicable por analogía el procedimiento previsto en la Sección Segunda del Capítulo II del Título V de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, relativo a los juicios de nulidad de los actos de efectos generales y no el procedimiento establecido en la Sección Tercera del Capítulo II del TítuloV, relativo a los procedimientos previstos en los juicios de nulidad de los actos administrativos de efectos particulares a que se refiere el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
Asunto:De la naturaleza de las medidas cautelares.
Dada la naturaleza accesoria y provisional de las medidas cautelares, estima esta Sala Constitucional que, al haberse declarado INADMISIBLE la acción principal, en este caso, el efecto inmediato de tal decisión es el decaimiento de la acción de amparo solicitada por los recurrentes para la inaplicación de la norma impugnada hasta tanto se decidiera dicha acción principal.
Sentencia: N° 1122 de fecha 03 de Octubre de 2000

Tema: Habeas Corpus
Materia: Derecho Penal
Asunto: Del desarrollo del procedimiento.

En efecto, de autos se desprende que, introducida la pretensión en fecha 18 de febrero de 2000, la misma fue juzgada en fecha 21 de febrero del mismo año, sin que conste la apertura y desarrollo del procedimiento de habeas corpus, previsto en los artículos 41 y siguientes de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ni del anunciado, en materia de amparo sobrevenido, en el artículo 6, numeral 4 in fine, de la citada Ley Orgánica.
En las circunstancias expuestas, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Apure, declaratoria sin lugar de la presente acción de amparo, no se funda en procedimiento judicial alguno y, en particular, en el procedimiento de amparo constitucional, cuyo desarrollo es constitucionalmente imprescindible para la validez del juicio que se pronuncie sobre la controversia sometida a conocimiento del Juez competente. Así se desprende de la fuerza obligatoria que a las garantías de los derechos fundamentales -y el proceso ante la jurisdicción es una de tales garantías- atribuye la disposición contenida en el artículo 19 de la Constitución de la República.
Sentencia: N° 1152 de fecha 09 de Octubre de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De los actos dictados por la Asamblea Nacional Constituyente.

De tal forma, que en el caso de autos se cuestiona la constitucionalidad de un acto dictado por la Asamblea Nacional Constituyente con posterioridad a la publicación de la Constitución de 1999, motivo por el cual, el control de la constitucionalidad de dicho acto corresponde a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
Asunto: Del decaimiento.
Si bien es cierto que la referida acción de nulidad no se encuentra subsumida en alguno de los supuestos de inadmisiblidad previstos en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y cumple igualmente con las exigencias contenidas en el artículo 113 eiusdem, no obstante, observa esta Sala Constitucional, que la acción que se circunscribe a la impugnación de la norma establecida en el artículo 1 del citado Decreto ha decaido, en virtud de que el lapso de ciento ochenta días indicado por la referida norma y que disponía la suspensión de la discusión de la convención colectiva de Petróleos de Venezuela S.A, que comenzaba a computarse a partir de la entrada en vigencia del indicado Decreto, es decir, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial el día 2 de marzo de 2000, se ha consumado.
Motivo por el cual, habiendo decaído parcialmente la acción interpuesta en lo que respecta a los dipositivos normativos contenidos tanto en el artículo 1 como en el artículo 2 de dicho Decreto, donde se estableció además la inamovilidad de los trabajadores de la referida empresa mientras durara la suspensión de la indicada negociación, esta Sala Constitucional, en atención a que en el escrito libelar se indició con precisión el acto impugnado, el cual, como se señaló con anterioridad es el Decreto sin número de la Asamblea Nacional Constituyente dictado en fecha 30 de enero de 2000, y se indicó también las disposiciones constitucionales supuestamente violadas, esto es, las contenidas en los artículos 96 y 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concatenadas con las normas previstas en los artículos 3 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, 4 del Convenio 94 del mismo organismo multilateral y en las Bases Comiciales consultadas en el Referendum Aprobatorio de 25 de abril de 1999, explanadas satisfactoriamente las razones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la acción interpuesta, ADMITE la referida acción, pero en lo atinente a la impugnación a las previsiones contenidas en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 del indicado Decreto, a lo cual deberá circunscribirse el desenvolvimiento de la litis y así debe hacerse saber a los recurrentes en su boleta de notificación.
Sentencia: N°1153 de fecha 09 de Octubre de 2000

Tema: Fisco Municipal
Materia: Derecho Tributario
Asunto: De la competencia.

De manera que, en un primer análisis, se observa que es el Poder Nacional (a través de la Asamblea Nacional) a quien corresponde originariamente por mandato constitucional -tanto en la Constitución de 1961, como en la Constitución vigente-, la competencia para legislar en materia de loterías, hipódromos y apuestas en general, y por cuanto corresponde a la reserva legal nacional, no podrían otros entes político-territoriales dictar normas sobre la referida materia.
En cuanto a los ingresos municipales, se observa que el legislador nacional, en la oportunidad en que dictó la Ley Orgánica de Régimen Municipal (es decir durante la vigencia de la Constitución de 1961) dispuso que, dentro de los ingresos de los Municipios, además de los previstos en el artículo 31 de la Constitución de 1961, estarían también los provenientes del gravamen de los juegos y apuestas lícitas que se pactaran en su jurisdicción…”
Con base a lo anterior, se evidencia que los Municipios gozan de una potestad tributaria que se encuentra limitada y que debe ejercerse de acuerdo a lo previsto en la propia Constitución y las leyes.
Sentencia: N°1182 de fecha 10 de Octubre 2000.

Tema: Competencia
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la competencia de la Asamblea Legislativa Estadal.

En el sistema constitucional venezolano la competencia es materia de orden público, en virtud de lo cual las funciones estatales están distribuidas entre diversas autoridades, cada una de ellas con una función propia y especial que están llamadas a cumplir dentro de los límites que la Constitución y las leyes les señalan…”
“Conforme a los anterior, cuando el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que “El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional”, significa que cada ente político territorial del Poder Público, solamente tiene competencia para dictar sus leyes y actos dentro de los límites de los respectivos territorios que le asignan la Constitución y las leyes, y dependiendo de las materias que cada uno de ellos esté llamado a regular.
Con tal manifestación -como antes se expresó- la Constitución no hace otra cosa que consagrar un elemento esencial del Derecho Público, como lo es el principio de la competencia de los funcionarios y de los órganos públicos, precepto según el cual todas las actuaciones de la Administración están subordinadas a la ley, de modo que ésta sólo puede hacer lo que la ley le permite, de allí que, la nulidad sea la consecuencia jurídica de la inobservancia del aludido principio…”
Resulta claro entonces, que los Estados son favorecidos constitucionalmente por el principio de autonomía para organizar sus Poderes Públicos, sin embargo, debe entenderse que tal autonomía es relativa y por tanto está sometida a diversas restricciones establecidas en la Constitución y en la ley…”
Sentencia: N°1197 de fecha 16 de Octubre de 2000.
Tema: Recurso de Nulidad

Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Del derecho de igualdad.

Ahora bien, no todo trato desigual es discriminatorio sólo lo será el que no esté basado en causas objetivas y razonables, pero el Legislador puede introducir diferencias de trato cuando no sean arbitrarias, esto es, cuando estén justificadas por la situación real de los individuos o grupos, es por ello, que el derecho a la igualdad sólo se viola cuando se trata desigualmente a los iguales, en consecuencia, lo constitucionalmente prohibido es el trato desigual frente a situaciones idénticas.
Como conclusión de los antes expuesto, esta Sala considera necesario señalar, que la cláusula de igualdad ante la ley, no prohíbe que se le confiera un trato desigual a un ciudadano o grupo de ciudadanos, siempre y cuando se den las siguientes condiciones: a) que los ciudadanos o colectivos se encuentren real y efectivamente en distintas situaciones de hecho; b) que el trato desigual persiga una finalidad específica; c) que la finalidad buscada sea razonable, es decir, que la misma sea admisible desde la perspectiva de los derechos y principios constitucionales; y d) que la relación sea proporcionada, es decir, que la consecuencia jurídica que constituye el trato desigual no guarde una absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifica. Si concurren las condiciones antes señaladas, el trato desigual será admisible y por ello constitutivo de una diferenciación constitucionalmente legítima.
Sentencia: N° 1210 de fecha 18 de Octubre de 2000.

Tema: Homologación
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: De la homologación en materia laboral.

Así las cosas, observa esta Sala, luego de un estudio de las actas procesales que conforman el juicio principal y del escrito original de amparo, que es evidente que el accionante pretende por vía de amparo constitucional, sea revisado el criterio de interpretación del juez respecto a la aplicación o no del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en cuanto a la motivación de las transacciones judiciales en materia laboral, disposición esta que en definitiva, a juicio del juzgado de primera instancia y su superior respectivo, era la norma por la cual debía regirse esta forma de autocomposición procesal en el ámbito laboral.
Asunto: El amparo constitucional no es el medio para revisar criterios de estricto orden jurisdiccional que corresponde a los jueces de mérito.

respecto a la posibilidad de que por vía de amparo constitucional se revisen los criterios de interpretación del juez, la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, en fallo del 20 de enero de 1999, señaló lo siguiente:

?Constitucionalmente, los jueces gozan de autonomía e independencia al decidir, por lo que si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de una amplío margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, por lo que, ello escapa de la revisión que podría hacerse por la vía de amparo constitucional contra sentencia. El margen de apreciación del juez no puede ser el objeto de la acción de amparo contra sentencia, y así ha sido criterio reiterado de este Máximo Tribunal, cuando la parte desfavorecida en un juicio plantea, por la vía del amparo constitucional, su inconformidad con lo fallado bajo el disfraz de violaciones de derechos fundamentales?. Subrayado de esta Sala.

En ese contexto, esta Sala, reiterando el criterio antes citado, observa que el amparo constitucional no es el medio para revisar criterios de estricto orden jurisdiccional que corresponde a los jueces de mérito, respecto a la interpretación de normas de rango legal, como lo son los artículos 256 del Código de Procedimiento Civil y 3 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Sentencia: N° 1219 de fecha 18 de Octubre de 2000.

Tema: Competencia
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Competencia de esta Sala en materia de conflictos de competencia, consultas y apelaciones.

En el contexto normativo que antecede, la Sala estima que, en el caso de conflictos de competencia para conocer de controversias en materia de amparo constitucional, entre tribunales ordinarios o especiales, sobre los cuales no exista un tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico, la resolución de aquellos conflictos corresponde a esta Sala Constitucional. Así se declara.
6. En lo que concierne a la competencia para proveer sobre la consulta elevada por la Corte Marcial de la República, la Sala observa que, con fundamento en los artículos 335 de la Constitución de la República y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ha declarado su propia competencia para conocer de las consultas y recursos de apelación que se ejerzan contra las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten las Cortes de Apelaciones en lo Penal; y que, en el ámbito de la jurisdicción penal militar, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 593, ordinal 3°, del Código Orgánico de Justicia Militar, la Corte Marcial ejerce las funciones de las Cortes de Apelaciones. Por tanto, vista la equivalencia funcional entre ambas Cortes, procede declarar la competencia de esta Sala para conocer también de las consultas y recursos de apelación que se ejerzan contra las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicte la Corte Marcial de la República.
Sentencia: N°1220 de fecha 18 de Octubre de 2000.

Tema: Sentencia
Materia: Derecho Procesal Penal
Asunto: De la notificación del fallo.

La lectura concorde de las disposiciones transcritas, a la luz de las disposiciones previstas en el artículo 1 del referido Código Orgánico, y en los artículos 26 y 49, numeral 1, de la Constitución de la República, autoriza a reconocer, entre otros puntos, que el derecho a la defensa comprende el derecho a conocer y recurrir del fallo; que el derecho al recurso debe ser ejercido dentro del lapso de Ley; y que éste comienza a correr luego de la notificación de las partes.
Por tanto, las partes tienen derecho a ser notificadas del fallo, en los términos y condiciones previstos por la Ley, toda vez que dicha notificación hace posible el conocimiento del fallo en referencia y condiciona el ejercicio oportuno del recurso, a los fines de hacer efectivo el acceso a la segunda instancia.
En el caso de autos, la Sala observa que el Juzgado 1° de Juicio incumplió el deber de notificar a las partes, en los términos y condiciones previstos por la Ley, el fallo mediante el cual se infringió a éste el derecho a la defensa y al debido proceso.
Sentencia: N°1253 de fecha 24 de Octubre de 2000.

Tema: Competencia
Materia: Derecho Electoral
Asunto: De la jurisdicción Contencioso Electoral.

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se produjo un cambio sustancial respecto de la distribución horizontal del Poder Público Nacional, con lo cual se modificó en gran medida el ordenamiento jurídico, al incorporar 2 nuevos poderes -el Ciudadano y el Electoral- este último con la finalidad de lograr mayor independencia y autonomía funcional a los órganos encargados de desarrollar la actividad electoral.
En razón de ello, la nueva Constitución dispone un Capítulo referente al Poder Electoral -Capítulo V del Título V- el cual establece las bases, mecanismos y sistemas que sirven de marco para la creación de una nueva cultura electoral, cuyo fin fundamental es la participación directa del ciudadano en la formación y control de la gestión pública, a través de su intervención en diversos procesos, tales como la elección de cargos públicos, referenda, consulta popular, revocatoria del mandato, entre otros, de carácter vinculante.
Asimismo crea la jurisdicción contencioso electoral, la cual tiene como fundamental objetivo el control judicial de los actos, actuaciones y abstenciones de los órganos que la integran, tal como lo señala el artículo 297 de la Carta Fundamental, Por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley.
Sentencia: N°1254 de fecha 24 de Octubre de 2000.

Tema: Procedimiento
Materia: Derecho Procesal
Asunto: Del proceso judicial especial.

La aspiración de adaptar el proceso judicial a las exigencias de la causa ha dado lugar a la implantación legislativa de procedimientos distintos al ordinario, cuya especialidad, como regla, se halla condicionada por la naturaleza de la pretensión del actor…”
A juicio de la Sala, la cuestión del procedimiento adecuado debe ser examinada y resuelta con carácter previo y, por tanto, como ya se indicó, su dilucidación debe ser anterior y no debe envolver juicio alguno sobre puntos como la existencia de la relación contractual o la legitimación de las partes.
Sentencia: N°1267 de fecha 26 de Octubre de 2000.

Tema: Competencia
Materia: Derecho Tributario
Asunto: De la Ley Orgánica de Aduanas.

En este sentido, la Ley Orgánica de Aduanas establece en su artículo 11, que cuando las mercancías hubieren sido retiradas de la zona aduanera sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley, el Fisco Nacional podrá perseguirlas y aprehenderlas. Asimismo consagra en su artículo 153 que las funciones del resguardo aduanero estarán a cargo de las Fuerzas Armadas de Cooperación; esto en concordancia con lo establecido en el artículo 452 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas…
Sentencia: N°1271 de fecha 26 de Octubre de 2000.
Tema: Competencia
Materia: Derecho de Autor
Asunto: De las medidas cautelares.
A juicio de esta Sala, en el caso de autos el punto de derecho que se somete a su conocimiento es la posibilidad de aplicar analógicamente la normativa contenida en los artículos 109, 111 y 112 de la Ley sobre Derechos de Autor, que regula lo concerniente a las medidas cautelares anticipadas en protección a los derechos consagrados en dicho cuerpo normativo, a la protección de signos distintivos y marcas comerciales, materia propia del Derecho Marcario, el cual, a decir de los accionantes dispone de su propia legislación, a saber, la Ley de Propiedad Industrial y los Acuerdos Internacionales sobre la materia, principalmente la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.
Adicionalmente someten a consideración de esta Sala, la procedencia o no de la oposición a las medidas cautelares anticipadas previstas en la Ley sobre Derechos de Autor y la posibilidad de caucionar a los fines de la suspensión de las mismas, conforme a las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil, ya que la decisión cuya revisión solicita la parte actora declaró inadmisible la acción de amparo inicialmente propuesta por falta de agotamiento de esas vías procesales ordinarias.

TSJ-LOGO

Sentencia: N° 1054 fecha 18 de Septiembre de 2000.
Tema: Perención de la Instancia
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: De cuando se declara consumada la perención.
En este sentido, pudo constatar la Sala que, el último acto de procedimiento ejecutado en este juicio fue el 30 de marzo de 1990, fecha en la cual fue retirado el cartel de emplazamiento librado por el Juzgado de Sustanciación de la entonces Corte Suprema de Justicia y, como ya se dijo, desde esa fecha hasta el 10 de octubre de 1991, fecha en la cual fue también solicitada la perención de la instancia en la presente causa, no hubo actuación procesal dirigida a impulsar y mantener en curso el proceso, lo cual evidencia absoluta ausencia de actividad procesal.
En efecto, y tal como lo dispone el citado artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año contado a partir del último acto de procedimiento, por lo que en tal caso el Tribunal Supremo de Justicia, sin más trámites, debe declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte; y visto que, en la presente causa, desde la última actuación que se realizó el 30 de marzo de 1990 hasta el 10 de octubre de 1991, trascurrió con creces el espacio de tiempo previsto en el referido artículo 86, ha operado en este caso la perención de la instancia.
Sentencia: N° 1056 fecha 18 de Septiembre de 2000.

Tema: Procedimiento
Materia: Derecho Procesal
Asunto: Del lapso probatorio.

En el caso de autos, tal como lo señalara el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, la titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la citada Circunscripción Judicial, luego de anunciar que dictaría sentencia dentro del décimo día, la pronunció al día siguiente de recibido el expediente de la causa, sin dejar transcurrir el lapso probatorio contemplado en el artículo 893 del citado Código de Procedimiento Civil.
En las circunstancias que anteceden, la Sala estima que el Juzgado de Primera Instancia cercenó a las partes la posibilidad de ejercer el derecho a la prueba en la segunda instancia, incurriendo con ello en la violación de los derechos a la defensa y al debido proceso…
Sentencia: N° 1078 fecha 25 de Septiembre de 2000

Tema: Sentencia
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: De la ejecución de la sentencia.

En lo que concierne a su petición de que esta Sala se pronuncie sobre el comportamiento de la Juez Temporal del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, así como sobre el comportamiento del ciudadano Fabio Zerpa y de su apoderada judicial, la Sala advierte que, una vez dictada sentencia definitiva y proveídas las solicitudes a que se refiere el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, ha cesado su competencia para proveer sobre las solicitudes de las partes en la presente causa…”
“A propósito de la controversia suscitada entre las partes, en torno a la ejecución de la sentencia dictada por esta Sala en fecha 14 de agosto de 2000, y de las solicitudes reiteradas de la tercero interviniente, cabe precisar que, por intermedio de dicha decisión, este Supremo Tribunal anuló el aparte 2 de la sentencia accionada (…). A la vez, dejó incólume el aparte 1 de la sentencia accionada (…). Por tanto, visto el tenor de la sentencia pronunciada por esta Sala, a través de la cual se juzgó sobre el fallo del Tribunal Superior, a propósito de un agravio constitucional denunciado a su respecto, lo que procede es la ejecución inmediata del fallo del Tribunal Superior, parcialmente anulado. Sin embargo, dicha ejecución no compete a este Supremo Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil…
Sentencia: N° 1083 fecha 26 de Septiembre de 2000

Tema: Acción conjunta de amparo con nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la competencia de la Sala para conocer de los recursos ejercidos contra los Decretos.

En el caso de autos, visto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 336 numeral 1 de la Constitución de 1999, resulta esta Sala Constitucional el órgano jurisdiccional competente para conocer de la nulidad de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley emanados del Poder Legislativo Nacional, impugnadas por razones de inconstitucionalidad, y visto asimismo, que un acto general de dicha naturaleza, fue el que sirvió de fundamento para la emisión de los Decretos (…), estima esta Sala Constitucional, que le corresponde en el presente caso, aplicar de manera analógica lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y en consecuencia, debe asumir también la competencia para conocer del recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto contra las disposiciones contenidas en los referidos Decretos, aunque estos últimos actos, no sean de efectos particulares, a fin de evitar decisiones contradictorias, dada la conexidad que existe entre ambos instrumentos normativos. Así se declara.
Sentencia: N° 1090 fecha 26 de Septiembre de 2000

Tema: Procedimiento
Materia: Derecho Procesal
Asunto: De la constitución de los juzgados accidentales.

Según la recurrida, la providencia dictada, en fecha 16 de octubre de 1998, por el Juzgado Tercero Accidental de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante la cual la Juez (…) constituyó el referido Juzgado Accidental y se abocó al conocimiento de la causa, era un auto de mera sustanciación y, en consecuencia, inapelable…”
“Ahora bien, a los fines del ejercicio de dicha potestad, la citada disposición presupone la competencia del Tribunal Superior para conocer en grado de la causa.
En el caso de autos, el conocimiento de la citada providencia ordenatoria fue deferido al a quo por virtud del recurso de apelación. Si, a juicio del a quo, la providencia era irrecurrible, el citado Tribunal carecía de competencia para conocer en grado de la causa y, por tanto, no podía juzgar sobre la validez de aquélla.

TSJ-LOGO

Sentencia: N° 1111 fecha 03 de Octubre de 2000.
Tema: Acción conjunta de amparo con nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la competencia de la Sala.
En el caso de autos, visto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 336 numeral 1 de la Constitución de 1999, resulta esta Sala Constitucional el órgano jurisdiccional competente para conocer de la nulidad de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley emanados de la Asamblea Nacional, impugnadas por razones de inconstitucionalidad, y visto asimismo, que un acto general de dicha naturaleza, fue el que sirvió de fundamento para la emisión de la Resolución N° 078-94 dictada en fecha 29 de junio de 1994 por la citada Superintendencia; estima esta Sala Constitucional, que le corresponde en el presente caso, aplicar lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en razón de lo cual asume también la competencia para conocer del recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto contra las disposiciones contenidas en la referida Resolución, aun cuando este último acto, no sea de efectos particulares, tal asunción es necesaria para evitar decisiones -eventualmente- contradictorias, dada la conexidad que existe entre ambos instrumentos normativos impugnados.
Sin embargo, por cuanto se aprecia que en la presente causa ambos actos impugnados tienen contenido normativo y por tanto efectos generales, esta Sala Constitucional declara que, en caso de que se admita, resultará aplicable por analogía el procedimiento previsto en la Sección Segunda del Capítulo II del Título V de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, relativo a los juicios de nulidad de los actos de efectos generales y no el procedimiento establecido en la Sección Tercera del Capítulo II del TítuloV, relativo a los procedimientos previstos en los juicios de nulidad de los actos administrativos de efectos particulares a que se refiere el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
Asunto:De la naturaleza de las medidas cautelares.
Dada la naturaleza accesoria y provisional de las medidas cautelares, estima esta Sala Constitucional que, al haberse declarado INADMISIBLE la acción principal, en este caso, el efecto inmediato de tal decisión es el decaimiento de la acción de amparo solicitada por los recurrentes para la inaplicación de la norma impugnada hasta tanto se decidiera dicha acción principal.
Sentencia: N° 1122 fecha 03 de Octubre de 2000.

Tema: Habeas Corpus
Materia: Derecho Penal
Asunto: Del desarrollo del procedimiento.

En efecto, de autos se desprende que, introducida la pretensión en fecha 18 de febrero de 2000, la misma fue juzgada en fecha 21 de febrero del mismo año, sin que conste la apertura y desarrollo del procedimiento de habeas corpus, previsto en los artículos 41 y siguientes de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ni del anunciado, en materia de amparo sobrevenido, en el artículo 6, numeral 4 in fine, de la citada Ley Orgánica.
En las circunstancias expuestas, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Apure, declaratoria sin lugar de la presente acción de amparo, no se funda en procedimiento judicial alguno y, en particular, en el procedimiento de amparo constitucional, cuyo desarrollo es constitucionalmente imprescindible para la validez del juicio que se pronuncie sobre la controversia sometida a conocimiento del Juez competente. Así se desprende de la fuerza obligatoria que a las garantías de los derechos fundamentales -y el proceso ante la jurisdicción es una de tales garantías- atribuye la disposición contenida en el artículo 19 de la Constitución de la República.
Sentencia: N° 1152 fecha 09 de Octubre de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De los actos dictados por la Asamblea Nacional Constituyente.

De tal forma, que en el caso de autos se cuestiona la constitucionalidad de un acto dictado por la Asamblea Nacional Constituyente con posterioridad a la publicación de la Constitución de 1999, motivo por el cual, el control de la constitucionalidad de dicho acto corresponde a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
Asunto: Del decaimiento.
Si bien es cierto que la referida acción de nulidad no se encuentra subsumida en alguno de los supuestos de inadmisiblidad previstos en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y cumple igualmente con las exigencias contenidas en el artículo 113 eiusdem, no obstante, observa esta Sala Constitucional, que la acción que se circunscribe a la impugnación de la norma establecida en el artículo 1 del citado Decreto ha decaido, en virtud de que el lapso de ciento ochenta días indicado por la referida norma y que disponía la suspensión de la discusión de la convención colectiva de Petróleos de Venezuela S.A, que comenzaba a computarse a partir de la entrada en vigencia del indicado Decreto, es decir, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial el día 2 de marzo de 2000, se ha consumado.
Motivo por el cual, habiendo decaído parcialmente la acción interpuesta en lo que respecta a los dipositivos normativos contenidos tanto en el artículo 1 como en el artículo 2 de dicho Decreto, donde se estableció además la inamovilidad de los trabajadores de la referida empresa mientras durara la suspensión de la indicada negociación, esta Sala Constitucional, en atención a que en el escrito libelar se indició con precisión el acto impugnado, el cual, como se señaló con anterioridad es el Decreto sin número de la Asamblea Nacional Constituyente dictado en fecha 30 de enero de 2000, y se indicó también las disposiciones constitucionales supuestamente violadas, esto es, las contenidas en los artículos 96 y 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concatenadas con las normas previstas en los artículos 3 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, 4 del Convenio 94 del mismo organismo multilateral y en las Bases Comiciales consultadas en el Referendum Aprobatorio de 25 de abril de 1999, explanadas satisfactoriamente las razones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la acción interpuesta, ADMITE la referida acción, pero en lo atinente a la impugnación a las previsiones contenidas en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 del indicado Decreto, a lo cual deberá circunscribirse el desenvolvimiento de la litis y así debe hacerse saber a los recurrentes en su boleta de notificación.
Sentencia: N° 1153 fecha 09 de Octubre de 2000

Tema: Fisco Municipal
Materia: Derecho Tributario
Asunto: De la competencia.

De manera que, en un primer análisis, se observa que es el Poder Nacional (a través de la Asamblea Nacional) a quien corresponde originariamente por mandato constitucional -tanto en la Constitución de 1961, como en la Constitución vigente-, la competencia para legislar en materia de loterías, hipódromos y apuestas en general, y por cuanto corresponde a la reserva legal nacional, no podrían otros entes político-territoriales dictar normas sobre la referida materia.
En cuanto a los ingresos municipales, se observa que el legislador nacional, en la oportunidad en que dictó la Ley Orgánica de Régimen Municipal (es decir durante la vigencia de la Constitución de 1961) dispuso que, dentro de los ingresos de los Municipios, además de los previstos en el artículo 31 de la Constitución de 1961, estarían también los provenientes del gravamen de los juegos y apuestas lícitas que se pactaran en su jurisdicción…”
Con base a lo anterior, se evidencia que los Municipios gozan de una potestad tributaria que se encuentra limitada y que debe ejercerse de acuerdo a lo previsto en la propia Constitución y las leyes.
Sentencia: N° 1182 fecha 10 de Octubre de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la competencia de la Asamblea Legislativa Estadal.

En el sistema constitucional venezolano la competencia es materia de orden público, en virtud de lo cual las funciones estatales están distribuidas entre diversas autoridades, cada una de ellas con una función propia y especial que están llamadas a cumplir dentro de los límites que la Constitución y las leyes les señalan…”
“Conforme a los anterior, cuando el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que “El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional”, significa que cada ente político territorial del Poder Público, solamente tiene competencia para dictar sus leyes y actos dentro de los límites de los respectivos territorios que le asignan la Constitución y las leyes, y dependiendo de las materias que cada uno de ellos esté llamado a regular.
Con tal manifestación -como antes se expresó- la Constitución no hace otra cosa que consagrar un elemento esencial del Derecho Público, como lo es el principio de la competencia de los funcionarios y de los órganos públicos, precepto según el cual todas las actuaciones de la Administración están subordinadas a la ley, de modo que ésta sólo puede hacer lo que la ley le permite, de allí que, la nulidad sea la consecuencia jurídica de la inobservancia del aludido principio…”
Resulta claro entonces, que los Estados son favorecidos constitucionalmente por el principio de autonomía para organizar sus Poderes Públicos, sin embargo, debe entenderse que tal autonomía es relativa y por tanto está sometida a diversas restricciones establecidas en la Constitución y en la ley…”
Sentencia: N° 1197 fecha 16 de Octubre de 2000

Tema: Recurso de Nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Del derecho de igualdad.

Ahora bien, no todo trato desigual es discriminatorio sólo lo será el que no esté basado en causas objetivas y razonables, pero el Legislador puede introducir diferencias de trato cuando no sean arbitrarias, esto es, cuando estén justificadas por la situación real de los individuos o grupos, es por ello, que el derecho a la igualdad sólo se viola cuando se trata desigualmente a los iguales, en consecuencia, lo constitucionalmente prohibido es el trato desigual frente a situaciones idénticas.
Como conclusión de los antes expuesto, esta Sala considera necesario señalar, que la cláusula de igualdad ante la ley, no prohíbe que se le confiera un trato desigual a un ciudadano o grupo de ciudadanos, siempre y cuando se den las siguientes condiciones: a) que los ciudadanos o colectivos se encuentren real y efectivamente en distintas situaciones de hecho; b) que el trato desigual persiga una finalidad específica; c) que la finalidad buscada sea razonable, es decir, que la misma sea admisible desde la perspectiva de los derechos y principios constitucionales; y d) que la relación sea proporcionada, es decir, que la consecuencia jurídica que constituye el trato desigual no guarde una absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifica. Si concurren las condiciones antes señaladas, el trato desigual será admisible y por ello constitutivo de una diferenciación constitucionalmente legítima.
En el contexto normativo que antecede, la Sala estima que, en el caso de conflictos de competencia para conocer de controversias en materia de amparo constitucional, entre tribunales ordinarios o especiales, sobre los cuales no exista un tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico, la resolución de aquellos conflictos corresponde a esta Sala Constitucional. Así se declara.
6 En lo que concierne a la competencia para proveer sobre la consulta elevada por la Corte Marcial de la República, la Sala observa que, con fundamento en los artículos 335 de la Constitución de la República y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ha declarado su propia competencia para conocer de las consultas y recursos de apelación que se ejerzan contra las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten las Cortes de Apelaciones en lo Penal; y que, en el ámbito de la jurisdicción penal militar, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 593, ordinal 3°, del Código Orgánico de Justicia Militar, la Corte Marcial ejerce las funciones de las Cortes de Apelaciones. Por tanto, vista la equivalencia funcional entre ambas Cortes, procede declarar la competencia de esta Sala para conocer también de las consultas y recursos de apelación que se ejerzan contra las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicte la Corte Marcial de la República.
Sentencia: N° 1220 fecha 18 de Octubre de 2000

Tema: Sentencia
Materia: Derecho Procesal Penal
Asunto: De la notificación del fallo.

La lectura concorde de las disposiciones transcritas, a la luz de las disposiciones previstas en el artículo 1 del referido Código Orgánico, y en los artículos 26 y 49, numeral 1, de la Constitución de la República, autoriza a reconocer, entre otros puntos, que el derecho a la defensa comprende el derecho a conocer y recurrir del fallo; que el derecho al recurso debe ser ejercido dentro del lapso de Ley; y que éste comienza a correr luego de la notificación de las partes.
Por tanto, las partes tienen derecho a ser notificadas del fallo, en los términos y condiciones previstos por la Ley, toda vez que dicha notificación hace posible el conocimiento del fallo en referencia y condiciona el ejercicio oportuno del recurso, a los fines de hacer efectivo el acceso a la segunda instancia.
En el caso de autos, la Sala observa que el Juzgado 1° de Juicio incumplió el deber de notificar a las partes, en los términos y condiciones previstos por la Ley, el fallo mediante el cual se infringió a éste el derecho a la defensa y al debido proceso.
Sentencia: N° 1253 fecha 24 de Octubre de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho Electoral
Asunto: De la jurisdicción Contencioso Electoral.

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se produjo un cambio sustancial respecto de la distribución horizontal del Poder Público Nacional, con lo cual se modificó en gran medida el ordenamiento jurídico, al incorporar 2 nuevos poderes -el Ciudadano y el Electoral- este último con la finalidad de lograr mayor independencia y autonomía funcional a los órganos encargados de desarrollar la actividad electoral.
En razón de ello, la nueva Constitución dispone un Capítulo referente al Poder Electoral -Capítulo V del Título V- el cual establece las bases, mecanismos y sistemas que sirven de marco para la creación de una nueva cultura electoral, cuyo fin fundamental es la participación directa del ciudadano en la formación y control de la gestión pública, a través de su intervención en diversos procesos, tales como la elección de cargos públicos, referenda, consulta popular, revocatoria del mandato, entre otros, de carácter vinculante.
Asimismo crea la jurisdicción contencioso electoral, la cual tiene como fundamental objetivo el control judicial de los actos, actuaciones y abstenciones de los órganos que la integran, tal como lo señala el artículo 297 de la Carta Fundamental, Por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley.
Sentencia: N° 1254 fecha 24 de Octubre de 2000

Tema: Procedimiento
Materia: Derecho Procesal
Asunto: Del proceso judicial especial.

La aspiración de adaptar el proceso judicial a las exigencias de la causa ha dado lugar a la implantación legislativa de procedimientos distintos al ordinario, cuya especialidad, como regla, se halla condicionada por la naturaleza de la pretensión del actor…”
A juicio de la Sala, la cuestión del procedimiento adecuado debe ser examinada y resuelta con carácter previo y, por tanto, como ya se indicó, su dilucidación debe ser anterior y no debe envolver juicio alguno sobre puntos como la existencia de la relación contractual o la legitimación de las partes.
Sentencia: N° 1267 fecha 26 de Octubre de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho Tributario
Asunto: De la Ley Orgánica de Aduanas.

En este sentido, la Ley Orgánica de Aduanas establece en su artículo 11, que cuando las mercancías hubieren sido retiradas de la zona aduanera sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley, el Fisco Nacional podrá perseguirlas y aprehenderlas. Asimismo consagra en su artículo 153 que las funciones del resguardo aduanero estarán a cargo de las Fuerzas Armadas de Cooperación; esto en concordancia con lo establecido en el artículo 452 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas…
Sentencia: 1271 fecha 26 de Octubre de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho de Autor
Asunto: De las medidas cautelares.

A juicio de esta Sala, en el caso de autos el punto de derecho que se somete a su conocimiento es la posibilidad de aplicar analógicamente la normativa contenida en los artículos 109, 111 y 112 de la Ley sobre Derechos de Autor, que regula lo concerniente a las medidas cautelares anticipadas en protección a los derechos consagrados en dicho cuerpo normativo, a la protección de signos distintivos y marcas comerciales, materia propia del Derecho Marcario, el cual, a decir de los accionantes dispone de su propia legislación, a saber, la Ley de Propiedad Industrial y los Acuerdos Internacionales sobre la materia, principalmente la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.
Adicionalmente someten a consideración de esta Sala, la procedencia o no de la oposición a las medidas cautelares anticipadas previstas en la Ley sobre Derechos de Autor y la posibilidad de caucionar a los fines de la suspensión de las mismas, conforme a las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil, ya que la decisión cuya revisión solicita la parte actora declaró inadmisible la acción de amparo inicialmente propuesta por falta de agotamiento de esas vías procesales ordinarias.

TSJ-LOGO

Sentencia: N° 354 Fecha 10 de Mayo de 2000.
Tema: Acción conjunta de amparo con nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Jurisdicción Constitucional.
…estima esta Sala que el avance más significativo en cuanto al control jurisdiccional en la recientemente promulgada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha sido la definitiva delimitación de la jurisdicción constitucional. Al efecto, la Constitución en el Título VIII: De la Protección de la Constitución, donde se establecen los mecanismos para la preservación del régimen recientemente constituido, asi como las normas de los Estados de Excepción, se delimitaron tambien las competencias de esta Sala Constitucional como último intérprete de la Constitución.”
“…el criterio acogido por el Constituyente para definir las competencias de la Sala Constitucional, atiende al rango de las actuaciones objeto de control, esto es, que dichas actuaciones tienen una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de más alta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho contemporáneo.”
Sentencia: N° 356 Fecha 10 de Mayo de 2000.

Tema: Recurso de Colisión
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Colisión de sistemas normativos.

…el recurso de colisión de normas se refiere a la situación en la cual dos disposiciones intentan regular el mismo supuesto en forma diferente por lo cual las mismas se encontrarían en conflicto…”
“…una forma peculiar de colisión que puede calificarse como colisión de sistemas normativos, que serían los casos de conjuntos de normas que rigen una materia determinada que en abstracto forman un cuerpo coherente, pero que, al ser comparadas con otras normas que regulan una situación igual o análoga, se hacen incompatibles al punto de generar problemas en su ejecución, en forma tal que la aplicación de uno de los dos sistemas implique la violación del sentido y alcance del otro régimen jurídico que coexiste con aquél.
Sentencia: N° 359 Fecha 10 de Mayo de 2000.
Tema: Competencia
Materia: Derecho Administrativo
Asunto: De la previsión y seguridad social.
… a la Asamblea Nacional en representación del Poder Nacional, le corresponde la potestad de legislar en materia de previsión y seguridad social, uno de cuyos aspectos es la jubilación del funcionario público. Y sobre esta base, las jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados públicos, sean estos funcionarios de carrera o de elección, pertenecientes bien al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano o Electoral, forman parte de los sistemas de previsión y seguridad social, materia ésta sobre la cual la Asamblea Nacional tiene potestad genérica de legislar por disposición expresa de las normas señaladas.”
“De allí que …(omissis)… el Constituyente reafirma su intención de unificar el régimen de jubilaciones y pensiones, no sólo de funcionarios y empleados de la Administración Nacional, sino a las demás personas públicas territoriales, como los Estados y Municipios.
Sentencia: N° 370 Fecha 15 de Mayo de 2000.

Tema: Estabilidad laboral
Materia: Derecho Laboral
Asunto: De la estabilidad laboral y el cobro de prestaciones sociales.

Las consideraciones de política social y, en función de ellas, los objetivos a los cuales están orientadas la acción de estabilidad laboral y la relativa al cobro de prestaciones sociales, aunque complementarias, son diferentes. Ambas corresponden a conceptos vinculados con la trascendencia que para la sociedad y para la vida de las personas tiene el proceso productivo de bienes o de servicios y las relaciones laborales que genera entre los sujetos que en él concurren; lo que se ha denominado el hecho social trabajo. Si embargo, las prestaciones sociales son causadas, se deben y son exigibles en función del término de la relación laboral; cualquiera que haya sido la razón para que concluya. El trabajador que se valga de una acción judicial para hacerlas efectivas sólo aspira y puede esperar que le serán canceladas con base en el tiempo acumulado de servicio; ese es el propósito de tal acción.
Los juicios de estabilidad laboral fueron concebidos para procurar permanencia y continuidad en las relaciones de trabajo. Están vinculados al propósito de mantener en términos relativos, los niveles de ocupación de la mano de obra activa y al logro de la capacitación y la eficiencia. Su objetivo primordial no es el pago de las prestaciones sociales, el cual en todo caso tendría que cumplirse; está comprendido, pero el hecho que las causa es precisamente lo que se trata de evitar: el despido, en este caso injustificado, y con éste la cesación de la relación laboral…
Tema: Prestaciones Sociales

Materia: Derecho Laboral
Asunto: De la oferta real.

En las consideraciones que anteceden está implícita la razón por la cual no se admite la oferta real, ni otras formas de cumplimiento distintas a la oferta válida o el pago efectivo al momento del despido, que no sea la consignación del monto de las prestaciones sociales mas la cantidad resultante de la aplicación de los conceptos contemplados en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo y el correspondiente a los salarios caídos, amén de la reafirmación del despido, en el propio proceso de estabilidad laboral, para ponerle fin a éste. Y es que se trata de una acción y de un proceso que tiene una consideración y un tratamiento particular en razón del propósito especial al que están vinculados. No les son aplicables los criterios ni pueden ser objeto del tratamiento adjetivo ordinario, ni de las medidas que en el mismo se encuentran previstas, ni siquiera las contempladas en el proceso de la acción laboral común.
Sentencia: N° 381 Fecha 15 de Mayo de 2000.

Tema: Acción de amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Del restablecimiento de la situación jurídica infringida.

En las circunstancias expuestas, es manifiesta la inobservancia y la falta de aplicación de la sentencia de amparo que dictara …(omissis)… siendo necesario restablecer la situación jurídica infringida al accionante, por cuanto la inobservancia y la falta de aplicación de la referida sentencia, en el proceso instaurado para la partición de bienes de una comunidad concubinaria afectada de nulidad, dieron lugar a la violación de sus derechos a la propiedad, a la defensa y al debido proceso.
El deber de restablecimiento de la situación jurídica del accionante es tanto más imperioso cuanto que la Constitución de la República otorga el derecho a una justicia responsable y a una tutela judicial efectiva (artículo 26), e impone al Tribunal Supremo el deber de garantizar la efectividad de las normas y principios constitucionales (artículo 335).
Sentencia: N° 383 Fecha 15 de Mayo de 2000.

Tema: Acción de amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la extinción de la acción de amparo por el transcurso del tiempo.

…de conformidad con el criterio establecido por la antigua Corte Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa, … la extinción de la acción de amparo por el transcurso del tiempo se produce en todos los casos, salvo que, la forma como se hubiese producido la lesión revista tal gravedad que constituya un hecho lesivo de la conciencia jurídica… . Ahora bien, con independencia de la ambiguedad e indeterminación que alberga el concepto conciencia jurídica, no es procesalmente válido juzgar en torno a la configuración o no de una causal de inadmisiblidad, como lo sería la caducidad de la acción de amparo, sobre la base de un juicio previo en torno a una cuestión de mérito, cual es el relativo a la existencia o no de la lesión y a su nivel de gravedad.
Sentencia: N° 386 Fecha 16 de Mayo de 2000.

Tema: Jurisdicción Constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la independencia Judicial. Comisión de Derechos Humanos.

Por otra parte, no puede esta Sala ignorar en esta oportunidad la comunicación remitida al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, relacionada directamente con este caso, suscrita por el ciudadano Raúl Arrieta Cuevas, Agente del Estado de la República Bolivariana de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual manifiesta la conveniencia de “realizar una reunión de los Magistrados a los fines de fijar criterios y asumir posiciones comunes respecto al sentido y alcance de la aplicación inmediata y directa de los Tratados y Convenios sobre Derechos Humanos”, la cual rechaza por ser tal sugerencia una inaceptable injerencia de dicho agente en las funciones jurisdiccionales de este Alto Tribunal, que de acuerdo con el artículo 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es independiente y le está atribuido el ejercicio exclusivo de la jurisdicción constitucional conforme al Título VIII eiusdem…
Sentencia: 422 Fecha 18 de Mayo de 2000.

Tema: Principio Procesal
Materia: Derecho Procesal
Asunto: Del derecho a un proceso justo. La cosa juzgada aparente.

Al respecto cabe observar que frente al principio de seguridad jurídica, generado esencialmente por la estabilidad de las decisiones y al derecho de los particulares a no ser juzgado por los mismos hechos por los cuales obtuvieron decisiones, se contrapone el derecho de las partes a intervenir en un proceso justo, transparente y equitativo, donde se le garantice a éstos el acceso a la justicia, el derecho a ser oídos, a intervenir en la defensa de sus derechos y a obtener una decisión oportuna y efectiva.
Esta contraposición entre la estabilidad de las decisiones y el derecho de las partes a intervenir en un proceso justo, generó que la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia hiciera referencia a la cosa juzgada aparente, cuando la sentencia proferida no haya sido el resultado de un proceso estable y válido.
Sentencia: N° 442 Fecha 22 de Mayo de 2000.

Tema: Normas procedimentales
Materia: Derecho Laboral
Asunto: De la irrenunciabilidad en materia laboral.

3.- Ahora bien, la institución de la irrenunciabilidad, y así ha sido visto por la doctrina más autorizada sobre esta materia, tiene un fin de defensa frente a la posición preferente del empleador respecto al empleado, y así fue referido al comienzo de este capítulo; a través de la misma, la legislación persigue garantizar con la prohibición de renuncia, que el trabajador se acerque a la negociación contractual y disfrute durante su desarrollo de un piso inamovible, un mínimun inexpugnable sobre el cual no puede haber acuerdo alguno en su perjuicio, pero sí en su realce o mejora. He aquí la llamada inderogabilidad de los beneficios laborales…”
“…la Sala aclara que la irrenunciabilidad que dispone la primera parte del numeral 2 del artículo 89 se corresponde con la inderogabilidad de las normas que aseguren el disfrute de derechos mínimos a los trabajadores. La segunda parte, en cambio, no consagra una excepción a dicho principio, sino que simplemente permite la disponibilidad de los mismos a través de ciertos modos de composición. Ambas partes pertenecen a situaciones y realidades jurídicas distintas y especializadas, que actúan en la protección de los derechos y en la garantía de la tutela judicial efectiva con reglas distintivas, pero en todo caso igualmente efectivas.
Sentencia: N° 450 Fecha 22 de Mayo de 2000.

Tema: Acción conjunta de amparo con nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Del fuero atrayente.

Si bien la Resolución impugnada no puede encuadrarse como un acto de efectos particulares tal como lo dispone el aludido artículo 132 eiusdem, por ser un acto con carácter normativo aplicable a todos los funcionarios que laboran en la Contraloría del Estado Bolívar y presentar las características propias de los actos normativos, como son el que estén dirigidos a un número indeterminado de personas y aplicables indefinidamente en el tiempo; sin embargo, considera esta Sala que la intención del legislador cuando dictó la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, al disponer en el citado artículo 132 de dicha ley el conocimiento de la Corte en Pleno de las causas que tengan como fin declarar la nulidad por razones de inconstitucionalidad de los actos de efectos particulares que hayan sido dictados con fundamento en actos de efectos generales contra los cuales haya sido ejercida igualmente acción de nulidad por inconstitucionalidad, fue permitir que un único órgano judicial decida sobre un acto determinado, así como de aquel que le sirve de fundamento jurídico, estableciendo un fuero atrayente a favor del acto de mayor jerarquía dentro del orden jurídico, todo ello con el fin de evitar decisiones que pudieran ser contradictorias por ser tramitadas en distintas oportunidades, y ante diferentes tribunales, en virtud de los principios de economía procesal y seguridad jurídica.
Sentencia: N° 451 Fecha 22 de Mayo de 2000.

Tema: Recurso de Colisión
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Del control fiscal por parte de la Contraloría General de la República.

Ahora bien, para dilucidar si existe la colisión alegada por el recurrente, debe esta Sala Constitucional hacer una análisis sobre el alcance y contenido de la función de Control Fiscal atribuida a la Contraloría General de la República, así como también en qué consiste el control ejercido por el Ministerio de Justicia sobre los servicios autónomos sin personalidad jurídica de Registro, al cual se refiere el artículo 139 de la Ley de Registro Público.
En efecto, conforme a las disposiciones previstas en los artículos 287 y 289 numerales 1 y 3 de la Constitución y artículo 1° de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, este organismo tiene la potestad para ejercer el (i) control, vigilancia y fiscalización, de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como de las operaciones ralativas a los mismos; (ii) control de la deuda pública y (iii) control de gestión y evaluación del cumplimiento y resultados de las decisiones y políticas públicas. Asimismo, dicha Ley Orgánica en sus artículos 69 y 70 dota al citado órgano contralor de facultades rectoras en la coordinación de los sistemas de control externo e interno, y a su vez, establece que el control interno es responsabilidad de las respectivas autoridades jerárquicas quienes están en la obligación de garantizar el cumplimiento de los requisitos que sobre el control de gastos establecen las normas contenidas en los artículos 21 y 23 de la referida Ley Orgánica.
Sentencia: N° 483 Fecha 28 de Mayo de 2000.

Tema: Acción de amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Interés difuso.

El nuevo marco constitucional, además de consagrar el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales de los sujetos de derecho, quienes pueden concurrir de manera individualizada a solicitar la protección de sus derechos y garantías constitucionales, plantea ahora de manera expresa la posibilidad de que dirijan a tales órganos solicitudes que tengan por finalidad el logro de tutela judicial de intereses colectivos, o bien que los peticionantes aleguen la violación o amenaza de derechos o garantías fundamentales que forman parte de la esfera de intereses difusos…”
“…En razón de una serie de hechos y circunstancias alegados por los peticionantes, los cuales podrían ciertamente afectar intereses difusos del colectivo -en el que se integran tanto las personas naturales actoras como las referidas organizaciones-, intereses que en este específico caso ameritan una inmediata consideración, esta Sala reconoce legitimación en las personas y organizaciones que accionan en este proceso con miras a lograr un mandamiento de tutela constitucional, el cual tendrá, de ser acordado, efecto erga omnes; tanto para las personas naturales y organizaciones que han solicitado la protección de amparo constitucional como para todos los electores en su conjunto.
Sentencia: N° 492 Fecha 30 de Mayo 2000

Tema: Acción de amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: La acción de amparo constitucional está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales stricto sensu.

En este orden debe insistirse que la acción de amparo constitucional está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales stricto sensu; de allí que lo realmente determinante para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal, ya que si así fuere el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertería en un mecanismo ordinario de contro de la legalidad.
Lo que se plantea en definitiva es que la tuición del amparo esté reservada para restablecer situaciones que provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales, pero de ninguna forma de las regulaciones legales que se establezcan, aun cuando las mismas se fundamenten en tales derechos y garantías.
Sentencia: N°510 Fecha 30 de Mayo 2000

Tema: Acción de amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Competencia de la Corte de Apelaciones.

Cabe recordar que con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, la organización judicial de la jurisdicción penal quedó conformada, en cada circuito judicial, por una Corte de Apelaciones y por Tribunales de Primera Instancia que cumplirán funciones de control, de juicio y de ejecución de sentencias, de manera rotativa. A su vez, los Tribunales de Primera Instancia de Juicio, podrán ser unipersonales, mixtos o de jurados, dependiendo de la gravedad del delito, pero ha estimado la Sala que aún tratándose en el caso de autos de la interposición de una acción de amparo constitucional contra una sentencia emanada de un Tribunal de Juicio constituido con jurados, la Corte de Apelaciones sigue siendo la instancia superior al que emitió el pronunciamiento objeto de la presente acción, aun cuando no se trate de un superior jerárquico respecto de los tribunales de juicio constituidos con jurados. Ello además permite preservar en estos casos el principio de la doble instancia…
Sentencia: N° 515 Fecha 30 de Mayo 2000

Tema: Derechos Constitucionales
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la indefensión.

…cabe afirmar que el contenido esencial del derecho fundamental que, para el justiciable, representa la garantía constitucional de la defensa en el proceso, estriba en la posibilidad, normativamente tutelada, de obrar y controvertir en los procesos en que haya de juzgarse sobre sus intereses in concreto.
Por tanto, se configura un supuesto de indefesión cuando, en determinado procedimiento judicial, se causa perjuicio directo e inmediato a un sujeto de derecho sin habérsele dado audiencia, esto es, sin habérsele permitido el ejercicio de su derecho de contradicción.

TSJ-LOGO

Sentencia: N° 194 Fecha 03 de Abril de 2000.
Tema: Control difuso de la constitucionalidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Inaplicación del primer aparte del artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
(…) el artículo 259 de la Constitución otorga competencia a todos los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho. Dentro de dichos órganos corresponde -según surge de la norma transcrita precedentemente- a los Juzgados Superiores con competencia en lo contencioso administrativo, el conocimiento de los actos emanados de las autoridades municipales y estadales, salvo que la acción o recurso se funden en razones de inconstitucionalidad, caso en que el Tribunal declinará la competencia en el Tribunal Supremo de Justicia.
Ahora bien, considera esta Sala constitucional que el primer aparte del artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, al impedir a los Juzgados Superiores con competencia en lo contencioso-administrativo el conocer de la nulidad de los actos administrativos (generales o particulares), cuando se aleguen vicios de inconstitucionalidad, contradice lo dispuesto en el artículo 259 de la Constitución, por cuanto éste otorga facultades a los Tribunales en lo contencioso-administrativo para anular los actos administrativos generales o individuales por contrariedad a derecho, que comprende -sin lugar a dudas- tanto la inconstitucionalidad como la ilegalidad.
Por otro lado, la norma a que se contrae dicho aparte del citado artículo 181 se aparta de la verdadera intención del legislador al regular temporalmente la jurisdicción contencioso-administrativa que era, por una parte, desconcentrar las competencias que tenía la Sala Político Administrativa, como el único tribunal contencioso administrativo, y por la otra parte, acercar más la justicia al ciudadano, sobre todo cuando existen controversias entre éstos y los entes estadales y municipales.De manera que, por tales circunstancias y en especial a que por mandato constitucional los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular actos administrativos por contrariedad al derecho, esta Sala Constitucional estima que la disposición contenida en el primer aparte del referido artículo 181 es a todas luces contraria a la Constitución, motivo por el cual, en uso de la potestad prevista en el artículo 334 de la Constitución, inaplica a los fines de determinar la competencia en el caso de autos, el primer aparte del artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia por ser inconstitucional, al enfrentar de manera incontestable la disposición establecida en el segundo aparte del artículo 259 de la Constitución, en cuanto sustrae a los tribunales contencioso administrativos distintos a la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo, la competencia que le fue otorgada por la propia Constitución para conocer de la nulidad de los actos administrativos (generales o particulares) contrarios a Derecho.

Asunto: Competencia para conocer de los recursos de nulidad interpuestos contra Reglamentos y actos de rango sublegal
(…) la Sala Constitucional, en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, conoce de los recursos de nulidad interpuestos contra los actos realizados en ejecución directa de la Constitución o que tengan forma de ley.
(…) el control legal y constitucional de la totalidad de los actos de rango sublegal (entendiendo por tales actos, normativos o no, los dictados en ejecución directa de una ley y en función administrativa), son del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del contencioso-administrativo (…)”
Sentencia: N° 195 Fecha 03 de Abril de 2000.

Tema: Fisco Municipal
Materia: Derecho Tributario
Asunto: Legalidad Tributaria. Límites a la potestad sancionatoria. Caso: Parquímetros.

De un análisis preliminar, esta Sala observa que la Ordenanza impugnada establece un tributo que origina un cobro por el estacionamiento en las vías públicas, potestad que no se encuentra prevista en la Carta Magna como un ingreso de los entes locales, por lo cual, la creación y posterior aplicación de dicha tarifa podría constituir una infracción al principio de la legalidad tributaria, previsto en el artíuclo 317 de la vigente Constitución de 1999…”
“Es necesario señalar que los Municipios tienen unos límites en su potestad sancionatoria y éstos deben ser determinados por ley, y ésta a su vez no puede contradecir ni ir más allá del sentido y el alcance que a las sanciones le confiere la Constitución, dejando a los Reglamentos la función de complementar, explicar y aplicar la ley, sin poder jamás modificarla, ampliarla, ni alterarla en su espíritu, propósito y razón. En este sentido, al ser el texto constitucional expresión de principios y derechos fundamentales, y base de la organización de los poderes públicos, al clasificar los derechos y garantías y someter su regulación a las previsiones legales, entiende tal remisión a los fines de que sean las leyes las que van a determinar el contenido de tales derechos fundamentales.”
Sentencia: N° 201 Fecha 03 de Abril de 2000.

Tema: Homologación
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: Indebida acumulación.

…la sentencia consultada, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta, por considerar que el actor hizo una acumulación indebida de procedimientos, al identificar dos agraviantes distintos, como lo son, por una parte, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia que homologó el convenimiento de la demanda de intimación de pago de una letra de cambio interpuesta en su contra, y los abogados representantes, tanto del demandante como de la demandada, que intervinieron en el procedimiento que dio origen a la mencionada homologación.
Ahora bien, observa esta Sala que efectivamente el actor, identifica como presuntos agraviantes, al mencionado juzgado y a los referidos abogados; no obstante se evidencia del señalado escrito que tanto las denuncias constitucionales, como las pretensiones alegadas están claramente referidas a la decisión que homologó el convenimiento…”
“Así las cosas, el Tribunal Superior ha debido estimar que la acción de amparo fue interpuesta contra la sentencia en cuestión, y no considerar que hubo una acumulación indebida de procedimientos, razón por la cual la sentencia debe ser revocada…
Asunto: La indebida acumulación no constituye una causal de inadmisiblidad de la acción de amparo.
Por lo demás, quiere dejar sentado la Sala, que la indebida acumulación de procedimientos no es una causal de inadmisiblidad de la acción de amparo, ya que los supuestos de inadmisiblidad de ésta, se encuentran previstos en el artículo 6° eiusdem, el cual no prevé la indebida acumulación de procedimientos.
Sentencia: N° 210 Fecha 05 de Abril de 2000.

Tema: Acción conjunta de amparo con nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Competencia para conocer de la nulidad contra un acto administrativo de efectos particulares conjuntamente con el acto general que le sirve de fundamento.

(…) durante la vigencia de la Constitución de 1961, correspondía a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad lo establecido en el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para conocer la nulidad de un acto administrativo de efectos particulares y del acto general que le sirve de fundamento, siempre y cuando fueren alegadas razones de inconstitucionalidad; todo ello en concordancia con lo previsto en los artículos 42, ordinales 1°, 2°, 3° y 4° y 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (…).
Ahora bien, a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, tales competencias atribuidas anteriormente a la Sala Plena, se encuentran actualmente asignadas a esta Sala Constitucional y a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia según lo dispuesto en los artículos 266 y 336 de la Carta Magna. Por lo cual, cuando el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia alude a la “Corte en Pleno”, debe entenderse que el tribunal competente será el que lo sea para conocer de la acción de inconstitucionalidad.
Sentencia: N° 211 Fecha 05 de Abril de 2000.

Tema: Competencia
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Competencia para conocer de la nulidad de leyes y demás actos del Poder Legislativo Nacional.

(…) por cuanto el acto impugnado en autos, es una ley nacional dictada por el extinto Congreso de la República, y tal como informa la división jerárquica de los actos del Poder Público, las leyes dictadas por el Poder Legislativo Nacional se dictan en ejecución directa e inmediata de la propia Constitución, y por ello, en razón del rango del acto atacado, es esta Sala Constitucional el tribunal competente para conocer y decidir de la acción propuesta en autos (…).
Sentencia: N° 215 Fecha 06 de Abril de 2000.

Tema: Homologación
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: Homologación de Transacción. Capacidad de las partes para disponer del proceso.

En primer término, debe esta Sala precisar que la homologación de una transacción es el acto por el cual el juez imparte su aprobación al contrato bilateral por el que las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan -en el caso de autos- un litigio pendiente; es decir, los efectos procesales de la transacción no se producen sino a partir de la referida homologación, por lo que sólo desde ese momento puede hacerse referencia a la fuerza de cosa juzgada que tiene entre las partes. La gravedad de ello, por tanto, obliga a la verificación de la capacidad de las partes para disponer del proceso, y, muy especialmente, de los abogados que como apoderados las representen, por parte de la autoridad jurisdiccional a la cual competa impartir tal aprobación…”
“No plantea el decisor, como se aprecia, motivación alguna de la cual se constate como efectuado, el necesario análisis tendente a la verificación que debió preceder a la homologación, particularmente por lo que respecta a la capacidad para disponer por parte del representante judicial del demandado, lo que evidencia un ejercicio arbitrario de la función jurisdiccional, violatorio del derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva..
Sentencia: N° 216  Fecha 06 de Abril de 2000.

Tema: Inhibición
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: Lapso para que las partes formulen el allanamiento respectivo.

Todo lo anterior permite concluir a la Sala, que cuando el funcionario judicial se inhiba con fundamento en el ordinal 1° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 83 ejusdem, tal como sucedió en el caso de autos, debará dejar transcurrir el lapso de dos (2) días para que las partes formulen el allanamiento respectivo, a fin de proceder a tramitar lo necesario y desprenderse del conocimiento de la causa.
Es por ello que -tal como lo apreció el Tribunal a quo- al haberse convocado al Juez suplente…(omissis)…el mismo día -28 de abril de 1998- en que se inhibió el Juez Titular del referido, se le cercenó el derecho que tenía la parte accionante de manifestar el allanamiento al impedimento manifestado por el juez inhibido, dado que no se dejó transcurrir el lapso para formalizar tal recurso estipulado en el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, lesionándose de esta manera la garantía fundamental del derecho al debido proceso de la accionante…”
“Lo anterior conduce a señalar, que habiéndose recusado al Juez antes mencionado, mal podía éste decidir la causa que estaba sometida a su conocimiento en segunda instancia, por estar impedido legalmente para hacerlo, dado que, como se señaló, el Juez recusado, independientemente de la extemporaneidad o no de la interposición de la recusación incoada en su contra, éste debía desprenderse inmediatamente del conocimiento del asunto, y someter el análisis de la tempestividad de tal recurso, al órgano judicial competente para tramitar y decidir la incidencia como consecuencia de tal recusación…”
Sentencia: N° 217 Fecha 06 de Abril de 2000.

Tema: Competencia
Materia: Derecho Procesal
Asunto: Derecho a ser juzgado por sus jueces naturales.

…es necesario enfatizar que aunque los órganos del Poder Público tienen sus particulares y separados ámbitos de competencia, están obligados a colaborar en la consecución de los fines del Estado, que no son ni deben ser otros que los de la misma sociedad. Si este precepto, consustancial a la funcionalidad del colectivo organizado, existe y es imprescindible entre órganos de poderes distintos, su vigencia e instrumental necesidad entre entes o instituciones de un mismo poder es indisputable. Por lo demás, la condición multidimensional del individuo en su desenvolvimiento es lo que determina que el ordenamiento jurídico tiene que ser concebido, entendido y aplicado como un todo armonioso y coherente; es un sistema en cuyo ámbito existe respuesta o solución para cualquier supuesto de la vida real con relevancia jurídica. Un mismo acto o acontencimiento puede tener repercusiones, incluso de distinto tenor y sentido, en campos o esferas jurídicas diversas y en todas tiene que ser resuelto de manera armoniosa.
La calificación que haya dado a su solicitud el órgano requiriente -en este caso el tribunal penal-, no determina ni desvirtúa su verdadera naturaleza; había tomado decisiones que repercutían en un proceso también jurisdiccional, pero de distinta naturaleza, en el que están involucradas o envueltas las mismas partes. Dicho órgano no sólo tenía competencia para hacer la solicitud sino que estaba obligado a ello. Lo contrario sería abrir las puertas a decisiones incoherentes o contradictorias, hacer nugatorios derechos o intereses legítimos de los particulares o del propio Estado y optar por una justicia sólo formal e ineficiente.
Sentencia: N° 225 Fecha 06 de Abril de 2000.

Tema: Notificación
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: Formalidades para practicar las notificaciones de las decisiones dictadas fuera del lapso.

De los elementos de juicio incorporados a las actas esta Sala concluye que, en verdad, el Juzgado …(omissis)… intentó notificar válidamente a las partes en litigio una decisión dictada fuera de lapso, a través de un cartel publicado en la prensa local. Dicho efecto pretendía lograrlo el referido juez aun en relación con la demandada en el juicio de origen, accionante en amparo, a pesar de que su domicilio procesal, establecido en la propia contestación de la demanda, se encontraba en lugar distinto a la sede del tribunal; circunstancia que se asevera en los autos, sin que haya sido desvirtuada en forma alguna, no varió durante el proceso. Siendo ésta la situación de hecho, sólo una es la consecuencia en derecho: la mencionada notificación no existió y no produjo efecto alguno…”
“No existe consideración ni circunstancia alguna que justifique o convalide la omisión de las formalidades esenciales de las que depende el ejercicio del derecho constitucional a la defensa, independientemente de las circunstancias de hecho en el caso concreto…
Sentencia: N° 230 Fecha 06 de Abril de 2000.

Tema: Acción de amparo constitucional. Competencia.
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Atribución de competencia en razón de la materia y del territorio.

Desde el punto de vista de la competencia por razón de la materia, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone que son competentes, para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenzados de violación.
De esta disposición se desprende que, para identificar la competencia por razón de la materia en las causas de amparo, es necesario poner en relación de afinidad dos términos: el derecho, cuya violación o amenaza de violación se denuncia, y la materia de conocimiento del tribunal.”
“Visto que la idea de facilitar al presunto agraviado el acceso pronto y menos oneroso al tribunal competente, asi como la de procurar que el proceso se desarrolle en el lugar del hecho lesivo y de las pruebas, forman parte de la ratio de la disposición en referencia, cabe interpretar que el lugar del hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo es el del lugar donde el presunto agraviado sufra o tema efectivamente la lesión a sus derechos o garantías constitucionales.
Sentencia: N° 233 Fecha 06 de Abril de 2000.

Tema: Acción de amparo constitucional. Inadmisibilidad.
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: El anuncio del recurso de casación como causal de inadmisiblidad de la acción de amparo.

Según la disposición prevista en el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no es admisible la accón de amparo cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinaras o hecho uso de los medios judiciales preexistenes.
En el caso de autos, el presunto agraviado optó por el recurso de casación y, además, manifestó su disposición de optar por el recurso de hecho…”
“En consecuencia, cabe interpretar que el presunto agraviado optó por la vía de recursos ordinarios y preexistentes, a través de los cuales cabía juzgar sobre los hechos denunciados.
Sentencia: N° 241 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Procesal Penal
Asunto: Motivación de la sentencia.

Los artículos 365 y 442 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone expresamente la necesidad de que las sentencias sean motivadas…”
“Esta exigencia, obliga a los jueces a exponer o explicar con suficiente claridad, las razones o motivos que sirven de sustento a la decisión judicial, las cuales no pueden ser obviadas en ningún caso por el sentenciador, por cuanto constituyen para las partes garantía de que se ha decidido con sujeción a la verdad procesal.”
“Por otra parte, la motivación de la sentencia, garantiza el derecho a la defensa de las partes, ya que éstas al conocer los motivos de la decisión, tendrán los elementos necesarios para poder conocer -y eventualmente atacar- las razones que utilizaron los órganos encargados de administrar justicia para desestimar sus pretensiones.
Sentencia: N° 244 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Actos procesales
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: Medidas de prohibición de enajenar y gravar. Oposición de terceros.

…es cierta la afirmación realizada por el Juzgador de la Segunda Instancia, según la cual, los terceros ajenos al juicio no pueden oponerse a una medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, dado que dicho medio de impugnación sólo puede ser ejercido por aquellos que tienen el carácter de partes, bien sea como demandantes o como demandados.
Sentencia: N° 246 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Aclaratorias y Ampliaciones del fallo
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: Alcance de la aclaratoria.

…ha sido pacífica doctrina de este alto Tribunal, que esta facultad de aclaratoria del juez respecto de la decisión dictada, se circunscribe únicamente a exponer con mayor claridad algún concepto ambiguo u oscuro de la sentencia, pero que, de ninguna manera, puede éste modificarla o alterarla. Así pues, cada vez que la solicitud de aclaratoria o de ampliación lleve implícita una crítica del fallo, argumentándose que se ha debido decidir algún punto de manera distinta a como sentenció el juzgador, no podría declararse procedente dicha solicitud, toda vez que se estaría desvirtuando el verdadero sentido o naturaleza de esta figura procesal.
Sentencia: N° 249 Fecha 24 de Abril de 2000.
Tema: Medidas cautelares
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: De la oposición.
Una vez precisado que el accionante en amparo era propietario de unos bienes y que esos bienes fueron objeto de una medida de secuestro en un juicio donde no formó parte, resta por precisar, si tal como lo sostiene el fallo apelado, la acción de amparo era el único medio breve, sumario e idóneo para lograr el restablecimiento de manera inmediata de los derechos denunciados como conculcados.
Al respecto, esta Sala ha determinado que la oposición a las medidas preventivas, consagrada en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, constituye un medio judicial ordinario breve, idóneo y eficaz para lograr la revocatoria, modificación o confirmación de las mismas.
En ese contexto, al ser la oposición a la medida cautelar el medio judicial ordinario con que cuenta la parte, ésta debe acudir a esa vía, ya que lo contrario conllevaría a declarar la inadmisiblidad del amparo propuesto, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Sentencia: N° 265 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Recurso de Colisión
Materia: Derecho Tributario
Asunto: Normas atributivas de competencia.

En primer lugar, debe señalarse que aparte de las mencionadas normas atributivas de competencia, no existen otras disposiciones relativas al procedimiento del denominado recurso de colisión, salvo la referencia expresa que del mismo hace el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que alude a la reducción de lapsos y la eliminación de las etapas de relación e informes cuando el asunto fuere de mero derecho. En el mismo sentido, puede afirmarse que tampoco existe regulación desde el punto de vista de los criterios materiales que han de seguirse cuando se planteen colisiones de normas.”
Sentencia: N° 268 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Acción conjunta de amparo con nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Ley para el Control de los CASINOS, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.

Esta Sala observa que los dispositivos normativos contenidos en los artículos 24 y 25 de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, no contemplan una restricción total al ejercicio de dichas actividades, sino que simplemente consagran limitaciones al desarrollo de las mismas, antendiendo al tipo de actividad de que se trata, esto es, recreativas o de esparcimiento, basadas en juegos cuyo elemento esencial radica en el azar. De manera que, cumplidas las normas para su funcionamiento, todas las personas pueden dedicarse a tales actividades. Por lo tanto, los referidos dispositivos normativos no constituyen de modo alguno una presunción o amenaza de violación inmediata de derechos constitucionales a la libertad económica.
Sentencia: N° 271 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Normas procedimentales
Materia: Derecho Laboral
Asunto: Control difuso de la Constitución.

Por lo tanto, esta Sala observa que si bien la decisión del juzgador de instancia resultó excesiva en cuanto al uso del medio de protección difuso de la Constitución, pues erró en la determinación del instrumento normativo con el cual el artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo relamente entraba en contradicción, la misma resulta a fin de cuentas ajustada al principio de legalidad de la actuación de los órganos y autoridades del poder público, por lo que la desaplicación del artículo del Reglamento en cuestión se atuvo a la expresión de dicho principio…”
“No obstante estima la Sala que, merced al principio de la legalidad, bastaba al Juzgado Superior tantas veces mencionado la mera desaplicación de la norma contenida en el artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo -visto que dicho Reglamento contiene un precepto con pretensión de generalidad en materia que no le era permitida por la Ley Orgánica del Trabajo-, estima la Sala que la desaplicación efectuada se ajusta a los postulados del principio expresado, por lo que no se evidencia en este caso violación alguna al derecho constitucional a la defensa del recurrente ni a ningún otro derecho o garantía expresa o implícitamente reconocido.
Sentencia: N° 290 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Habeas Corpus
Materia: Derecho Penal
Asunto: De la revisión de las sentencias.

…la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 336, numeral 10, atribuye competencia a esta Sala para revisar las sentencias de amparo constitucional que dicten los tribunales de la República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica…”
“La Sala estima que, a los fines de juzgar sobre si procede el ejercicio de su potestad de revisión en el caso de autos, es pertinente valorar, entre otros elementos, la gravedad del presunto hecho lesivo el tenor de las decisiones pronunciadas a su respecto por los tribunales de instancia.
En cuanto al presunto hecho lesivo, de los autos se desprende que la acción fue ejercida a causa de la presunta desaparición forzada del ciudadano …(omissis)… La Sala considera que, de verificarse, la desaparición forzada de un ciudadano constituiría un hecho de especial gravedad…