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Sentencia: N° 537 de fecha 08 de abril de 2008.
Tema: Recurso de Revisión
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Aceptación tácita de las facturas comerciales. Artículo 147 del Código de Comercio

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Tema: Recurso de Revisión
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Comunidad Conyugal. Litisconsorcio Necesario.

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TSJ-LOGO

Tema: Avocamiento
Materia: Derecho Procesal Penal
Asunto: Requisitos de admisibilidad concurrentes del avocamiento

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El debido proceso, entendiéndose como el acumulado de garantías y derechos constitucionales que resguardan a la persona sometida a cualquier proceso, que le apuntalan una equitativa y consumada administración de justicia; que le garanticen la independencia y seguridad jurídica, la coherencia y la motivación de los dictámenes a Derecho, se encuentra acreditado en los artículos 49 y 51 de nuestra de Carta Magna y en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal; así como en el artículo 6 del convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y en los artículos 7 y 26 de la Organización de Unidad África; en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos de 1968 de la Organización de Estados Americanos; en los artículos 10 y 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; así como en el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948; en el artículo 7 numeral 5 y 6 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de 1969; y en el artículo 14 del Pacto ]Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

En anterior oportunidad hemos señalado que si bien el Estado tiene la potestad de juzgar y castigar, en la búsqueda de la verdad en el proceso penal, está forzado a ciertas limitaciones. No pueden investigar y probar como le venga en gana, sino como lo ordena y lo permite la Ley. Obviamente, estamos hablando de un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, nunca de un Estado despótico o totalitario, forajido, tiránico, arbitrario, dictatorial o inquisitivo.

Es de importancia advertir que, el debido proceso, tutela, sin excepción alguna, todos y cada uno de los actos o fases del proceso penal, desde su inicio hasta su obligada culminación. Por tanto, la celebración de un acto procesal, sin el debido acatamiento a los derechos primordiales del imputado (fase preparatoria) o del acusado (fase intermedia/ fase de juicio oral y público), no producirá eficacia y su importe será indebido, inicuo, vale acotar: ilícito.

En tal sentido, cuando se incumplen las pautas o reglas instituidas en la Ley Adjetiva Penal, o se traspasa los límites del poder coercitivo del Estado, ora vulnerándose un derecho o garantía constitucional , se origina la infracción del principio de legalidad de la libertad probatoria, y como consecuencia de ello, las resultas del juicio serán nulas de toda nulidad absoluta, por ser nulas las pruebas obtenidas y el procedimiento mismo.

Así, la consecución de una evidencia probatoria con expresa violación de un derecho fundamental, cualesquiera que sean, producirá un destino espurio, sin valor jurídico alguno.

El constituyente venezolano sentenció que:

“Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso”

Con ello, indudablemente, el constituyente elimina infortunadas mañas inquisitivas, e instituye, que “el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas “, por lo que, la obtención de una prueba penal o civil, mediante el incumplimiento del debido proceso, generará, iuris et de iure, la nulidad absoluta del medio probatorio ofertado y materializado, con la consecuencia que, todas las probanzas que de él (medio de prueba) se deriven serán igualemente nulos y sin importe probatorio alguno.

Las pruebas abolidas, nulas o proscritas, no son aptas de apreciarse.

Además, es propio traer a colación, que el Estado no puede efectuar ninguna actividad investigativa que no le esté permitida legalmente o dejar de hacer lo que la Constitución y demás leyes le ordena ejecutar. Así las cosas, nadie podrá ser condenado sin antes haber sido oído, y beneficiarse sin dilaciones indebidas ante un juzgador objetivo, neutral e imparcial, casto e inteligente, probo y estudioso, de un juicio previo, oral y público, conforme a lo reglamentado en el Código Orgánico Procesal Penal y con el debido respeto de todas las garantías y derechos constitucionales y procesales, acreditados en la Carta Política Fundamental, así como en los tratados, convenios y acuerdos suscritos y aceptados por la República Bolivariana de Venezuela.

En torno al Debido Proceso Constitucional, Edgar Saavedra Rojas, citado por Domingo Alberto Albino y Eliseo José Padrón, lo conceptúa “como el conjunto de normas constitucionales y legales, por medio de las cuales el Estado se auto limita el ejercicio del ius puniendi, para efectos de garantizar de manera efectiva los derechos y garantías fundamentales creadas en beneficio de sus súbditos, evitando de tal manera el ejercicio despótico del poder y las arbitrariedades en que pudieran incurrir los funcionarios y los ciudadanos particulares que ejercen las represión penal, esto es, policías, fiscales, jueces, escabinos y carceleros”

Es de advertir, que suma una de las decisiones más trascendentales, desde el punto de vista del valor de los derechos fundamentales del hombre, en cuanto a su defensam la hizo el propio Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, anunciando que:

Se denomina debido proceso a aquél proceso que reúna las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva. Es a esta noción a la que alude el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando expresa que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

Pero la norma constitucional no establece una clase determinada de proceso, sino la necesidad de que cualquiera sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva.

De la existencia de un proceso debido se desprende la posibilidad de que las partes puedan hacer uso de los medios recursivos previstos en el ordenamiento para la defensa de sus derechos e intereses. En consecuencia, siempre que la inobservancia de las reglas procesales surja la posibilidad para las partes de hacer uso de los mecanismos que garantizan el derecho a ser oído en el juicio, se producirá indefensión y la violación de la garantía de un debido proceso y el derecho a la defensa de las partes.

La defensa no será posible si las personas que pueden ser afectadas por la sentencia que pone fin al proceso, no son llamadas a juicio. Esta es, precisamente, la razón por la que el artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, declara que es formalidad necesaria para la validez del juicio la citación del demandado para la contestación de la demanda. Luego, para que haya un debido proceso es condición necesaria la comparecencia de todos los demandados”

Den acuerdo a la doctrina jurisprudencial anterior, es dable colegir que, el debido proceso, es el respeto de los derechos primordiales del ciudadano, así como la garantía de que tendrá un juicio imparcial, ecuánime, objetivo; con el reconocimiento de todos los principios básicos, constitucionales y procesales, en base a una seguridad jurídica, propia de un Estado democrático y social de Derecho y Justicia.

Con respecto al origen del término “debido proceso”, éste se remonta del régimen anglosajón con el calificativo de “due processof law“, procedente de laMagna Charta Libertatum – Carta Magna- aprobada el 15 de Junio de 1215, por el rey Juan I de Inglaterra, mejor conocido como “Juan Sin Tierra”. Hoy en día el debido proceso es reconocido por todos los países civilizados del mundo, aceptándose que todo quebrantamiento a los principios generales del derecho procesal penal moderno, del derecho penal mínimo, de las garantías y derechos procesales y constitucionales, invalidad la probanza que se obtenga en determinado procedimiento.

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TSJ-LOGO(…)

“…la Sala observa que las notas de prensa datan del año 2011, a excepción de dos (2) que son del  2012, denotando también que existió una perturbación comprensible en los ciudadanos y ciudadanas que hacen vida en la comunidad, al ocurrir el fallecimiento atroz y sorpresivo del ciudadano JUAN CARLOS AVENDAÑO el veinticuatro (24) de diciembre de 2011, lo que indudablemente impactó en el ánimo de la población en su momento; sin embargo esta perturbación debe ser permanente y vigente para que constituya realmente una amenaza apremiante, urgente e inminente. Reiterando que el solicitante debe hacer énfasis en los requisitos exigidos por el legislador.

Precisando que los supuestos de escándalo, sensación y alarma, a partir de la naturaleza grave del hecho investigado que es objeto del proceso en curso, no basta para establecerlos. De ser así, muchos casos serían radicados a diario y habitualmente en diferentes circuitos judiciales penales del territorio nacional, sin mayor discernimiento y con ausencia de la debida prudencia, originando daños irreparables a las partes en litigio, a la verdad y en sacrificio de la justicia.

 En este orden de ideas,  la alarma es la señal, el signo advertencia que sugiere la proximidad cierta de un peligro que se cierne sobre la administración de justicia; mientras que la sensación, está orientada más bien al sensacionalismo como un vocablo periodístico despectivo, que delata la manipulación informativa tendente a producir  emoción, excitación o impresión en la sociedad con relación a un determinado hecho social.

 Y el escándalo público es un incidente ampliamente publicitado que contiene y encierra inculpaciones de proceder inexacto, incorrecto, desatinado, humillación o  deshonestidad. Un escándalo puede fundarse en hechos o sucesos reales, ser producto de imputaciones falsas o una combinación o conjunto de ambas.

Destacando también que los titulares y reseñas periodísticas acompañadas a la pretensión, deben ser consistentes con el requisito establecido en el numeral 1 del artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual no se ha verificado en el caso bajo análisis; ya que en su texto relatan el sentimiento de reproche de la sociedad yaracuyana, que seguramente permanece en sus ciudadanos y es harto explicable, entendible y justificable, pues pretende la atención de la sociedad ante el acaecimiento de un hecho repudiable.

 Siendo necesario distinguir que los titulares y reseñas periodísticas referidas, no reflejan en la actualidad, categóricamente la magnitud de sensación, alarma y escándalo público, capaz de desconcertar, desestabilizar en el presente la tranquilidad y la paz de la localidad, al punto de incidir y enervar la mente de los operadores de justicia, parcializándolos y obligándolos a pensar y decidir de manera sesgada como se apuntó en la solicitud de radicación.

 Es el sentimiento de reproche, la crítica, murmuración, diatriba, sátira abierta o cerrada que se hace a una persona o institución pública o privada por algo que ha expresado o hecho, que subyace y se presenta en la sociedad ante la comisión del hecho punible; que no puede ni es admisible confundirlo con los requisitos previstos en el numeral 1 del artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, de alarma, sensación y escándalo público, que instituyen un estado superior al sentimiento de reproche, por su consecuencia traumática en el proceso penal.

 De estas circunstancias supuestamente apremiantes relatadas por el solicitante, debe percibirse objetivamente (y así le correspondía comprobar con acompañamiento de los elementos probatorios pertinentes y necesarios), la manera negativa que las mismas efectivamente ejercen en el desarrollo normal del proceso y en el cónsono desenvolvimiento de la causa, cuestión que no se ha demostrado más allá de la simple enunciación.

 Por otro lado, el peticionante alegó a la par, la presunta intromisión y participación del ciudadano Gobernador del Estado Yaracuy JULIO LEÓN HEREDIA, sin precisar ni demostrar concretamente los elementos que servirían para patentizarla y acreditarla. Además, no se encuentra comprometida la imagen del sistema de administración de justicia, ni está comprometida su probidad y ecuanimidad por la sola razón que un ciudadano (investido o no de autoridad) se refiera públicamente al caso o exija justicia.

 Vistos y analizados los alegatos esgrimidos, que se limitaron exclusivamente a exponer las circunstancias que caracterizan el caso (delito, víctima y acusado), en medio de los cuales no se observa un peligro inaplazable, imperioso o amenazador a la psiquis de los operadores de justicia en el marco del juicio oral y público pendiente, como tampoco se observa la manipulación informativa tendente a producir emoción, excitación, impresión ni acusaciones de proceder erróneo, incierto o deshonra, obligante es concluir que en el caso sub iúdice no existe alarma, sensación y escándalo público, ni se encuentra en el presente ofuscada la armonía y el equilibrio del estado Yaracuy.

 Haciéndose énfasis en la pretensión radicatoria lo estipulado en el numeral 1 del artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal,  como requisitos concurrentes en una causa para su evaluación, así:

a)     La gravedad de los hechos delictivos contenidos en la causa penal, tomando en cuenta las aristas intrínsecas de los mismos.

 b)    La cualidad de los sujetos activos o pasivos, determinando su calificación y  participación activa como funcionarios en la consumación del hecho delictivo y su trascendencia en la comunidad y en los cuerpos de seguridad con los cuales se relacionaron permanentemente.

c)     El impacto del caso concreto y real en la comunidad, inaplazable, imperioso o amenazador, tomando para ello, sin ser la única evidencia, las muestras periodísticas y demás elementos reseñados por diversos medios de comunicación, inclusive vía internet.

d)    El grado de ascendencia de los funcionarios en la comunidad y su vinculación personal y social con el medio que los circunda.

e)     Las probables irregularidades cometidas por los operadores de justicia, vale decir los órganos judiciales que revisan y conocen el caso en el marco procedimental, que vulneran los derechos y garantías constitucionales y comprometen la imagen del Poder Judicial.

f)      La actuación o intromisión concreta, identificable e incuestionable de personas, instituciones o funcionarios, con el propósito de influir sobre los operadores de justicia.

 En mérito de todo lo referido, se concluye que lo ajusto a derecho es declarar NO HA LUGAR la solicitud de radicación propuesta por el ciudadano abogado PEDRO JOSÉ TROCONIS DA SILVA, defensor privado del ciudadano JÓVITO ALEXANDER RENGIFO GAFARO. Así se decide.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Marzo/072-12313-2013-R13-53.html

Con la reciente entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, los lapsos en los casos para la investigación de las personas que son juzgadas en libertad han sido sincerados, a saber, en los artículos 295 y 296 de la norma adjetiva penal: “(…) El Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera. Pasados OCHO MESES desde la individualización del imputado o imputada, éste o ésta, o la víctima podrán requerir al Juez o Jueza de Control la fijación de un PLAZO PRUDENCIAL, no menor de TREINTA DÍAS, NI MAYOR DE CUARENTA Y CINCO DÍAS para la conclusión de la investigación.

Para la fijación de este plazo, dentro de las veinticuatro horas de recibida la solicitud, el Juez o Jueza deberá fijar una audiencia a realizarse dentro de los diez días siguientes, para oír al Ministerio Público, al imputado o imputada y su defensa, debiendo tomar en consideración la magnitud del daño causado, la complejidad de la investigación, y cualquier otra circunstancia que a su juicio permita alcanzar la finalidad del proceso.

En las causas que se refieran a la investigación de delitos de homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, corrupción, delitos que causen daño al patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, el plazo prudencial al que se refiere el primer aparte del presente artículo, NO PODRÁ SER MENOR DE UN AÑO NI MAYOR DE DOS. (…).” De lo anteriormente se desprende y es de resaltar, la ampliación del lapso, antes era SEIS MESES AHORA ES OCHO MESES, si al termino del mismo no se ha realizado ningún acto conclusivo, el imputado o imputada o victima podrá solicitar al Juez de Control que se establezca un lapso prudencial máximo de cuarenta y cinco días para concluir la investigación, viéndose claramente una disminución de ese lapso prudencial por cuanto anteriormente era de ciento veinte días. En el segundo aparte se deja taxativamente en casos especiales el lapso “NO PODRÁ SER MENOR DE UN AÑO NI MAYOR DE DOS.” Anteriormente simplemente quedaba excluida la aplicación de esta norma y no tenia plazo alguna la investigación. Cumplidos los lapsos anteriores y el Ministerio publico no emite su acto conclusivo esto tendrá su consecuencia “el Juez o Jueza decretará el archivo judicial de las actuaciones” pudiendo ser reabierta la investigación cuando surjan nuevos elementos que lo justifiquen, previa autorización del Juez o Jueza.

Ahora bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 257 que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, y que las leyes procesales “(…) establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público (…)”, consagrando, a su vez, en el artículo 26 la garantía de una Justicia “ (…) gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas(…)”, por tanto, estas frases de rango constitucional denotan la brevedad así como la necesaria y racional limitación temporal de todo proceso, lo que se reafirma con la consagración expresa al debido proceso se hace en el artículo 49 numeral 3 del Texto Fundamental, norma que reza: “(…) Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad…”,resultando de especial connotación y atención por parte de los operadores de la Justicia, las nociones de dilación indebida, plazo razonable, proceso breve y juicio justo.

En síntesis, el Estado asume el deber de satisfacer el derecho fundamental que asiste a toda persona a un proceso breve, justo y sin dilaciones indebidas, derecho que puede ser ejercido y exigido en los términos legales, y que encuentra, además, asidero jurídico en el espíritu en la Reforma del COPP.