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La Convención Americana Sobre Derechos Humanos suscrita por la República de Venezuela el 22 de Noviembre de 1969, entró en vigor el 18 de Julio de 1978, y fue ratificada por el Congreso de la República de Venezuela, a través de la “Ley Aprobatoria de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica”, publicada en la Gaceta Oficial No. 31.256 del 14 de junio de 1977. Tal Convención se enmarca dentro del régimen jurídico derivado de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La Convención tiene como finalidad reconocer y proteger los derechos esenciales del hombre, los cuales no nacen del hecho de ser natural de un determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. De allí la necesidad de instrumentar una protección internacional de carácter coadyuvante o complementaria de la que ofrece el Derecho interno de los Estados miembros de la convención.

Asimismo, la Convención persigue consolidar en el continente Americano, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. También es objeto de la Convención reafirmar los principios que han sido considerados en otros instrumentos Internacionales, tales como la Carta de la Organización de los Estados Americanos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Convención.

2.1. Ambito Subjetivo.

El Tratado Internacional comentado solo es vinculante para los Estados partes de la convención, es decir, solo para los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que hallan firmado, ratificado o adherido el convenio. De esta manera, dentro del ámbito subjetivo de tal Convención, debemos ubicar a Venezuela, por cuanto dicho país, el 14 de julio de 1977, ratificó su contenido.

Ahora bien, la ratificación de la Convención genera, para los Estados Partes, diversos deberes. En efecto, según el Tratado analizado, los Estados partes tienen el deber de respetar los Derechos y Libertades reconocidos en la Convención, y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole. Asimismo, se comprometen a adoptar disposiciones de Derecho Interno, en el caso de que las garantías y libertades mencionadas en la Convención no estuvieren garantizadas legislativamente, o a través de otro instrumento. En tal supuesto, los Estados Partes estarán obligados a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

2.2. Ambito Objetivo

La Convención, de conformidad con lo expuesto precedentemente, tendrá por objeto (i) garantizar el goce de los Derechos inherentes a la persona humana, así como (ii) garantizar los recursos y procedimientos para la salvaguarda de esos Derechos, cuando estos se vean lesionados por parte de alguno de los Estados miembros.

Así, dentro del ámbito objetivo de la Convención podemos distinguir una parte adjetiva, conformada por los procedimientos para garantizar el goce de los Derechos reconocidos en la Convención, y una parte sustantiva, que se refiere a los Derechos y Garantías inherentes a la persona humana.

A. Parte Adjetiva.

En la Convención Americana Sobre Derechos Humanos se regulan dos procedimientos con el objeto de salvaguardar los Derechos inherentes a la persona humana, cuando estos han sido lesionados por cualquiera de los Estados Partes. Así, encontramos el procedimiento regulado en los artículos 48 a 51 ejusden, referido al tramite obligatorio ante la Comisión, y el que se establece en los artículos 66 al 69, que se refiere al procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así, podemos adelantar que la Convención crea dos órganos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión es el órgano competente para conocer, decidir y sustanciar las peticiones formuladas por cualquier persona o entidad no gubernamental, que contengan denuncias o quejas de violación a los derechos consagrados en la Convención. Tal procedimiento tiene como finalidad la resolución de la controversia por una vía amistosa, es decir, por medio de acuerdos conciliatorios, entre la persona agravada y el Estado que violó las disposiciones de la Convención. En esos caso, la Comisión actúa como el tercero encargado de dirigir el procedimiento, además de sugerir las posibles soluciones que sean pertinentes en cada caso concreto, tal y como lo establece el artículo 49 de la Convención. Para ello, la Comisión elaborará un informe en el que se expondrán los hechos y sus conclusiones, el cual será transmitido a los Estados interesados, para su consideración.

Si el procedimiento ante Comisión concluye sin ningún resultado favorable, podrán los Estados Partes o la Comisión (actuando como Ministerio Público), acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se ventile el problema en la sede de dicho Tribunal. No obstante, para ello, deben los Estados haber reconocido la competencia de la Corte, bien de manera general, bien especialmente. De lo contrario, el procedimiento concluirá con el informe de la Comisión, el cual, como veremos más adelante, tiene poca eficacia respecto los Estados.

B. Parte sustantiva.

Como ya hemos dicho, la Convención garantiza los Derechos inherentes a la persona humana, y obliga a los Estados miembros a respetar el goce de éstos. Así, los derechos que se prevén en la referida convención, pueden ser divididos en dos grupos: Los Derechos Civiles y Políticos, regulados en el Capitulo II de la Convención, y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales se encuentran regulados su Capitulo III.

a. Derechos Civiles y Políticos

El Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica, se encuentra contemplado en el artículo 3 de la Convención, según el cual toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Como derecho inherente, se prevé el Derecho a la vida, el cual – según lo establecido en el artículo 4 eiusdem- asegura a todo individuo el derecho a que se respete su vida. En cuanto a la pena de muerte, los países que la han abolido no la podrán restablecer, prohibiéndose igualmente, aplicar la pena de muerte por delitos políticos o afines a éstos. Relacionado con tal derecho, la convención regula el Derecho a la integridad Personal. De allí que el artículo 5 de la Convención establece que, toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad la reforma y la readaptación social de los condenados.

De igual forma, la Convención prohibe la esclavitud y servidumbre y garantiza el Derecho a la libertad personal. En este sentido, el artículo 6 dispone que nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. Asimismo, según el referido artículo nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.

El derecho a la libertad personal está consagrado en el artículo 7 de la Convención, el cual establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Este derecho a su vez -conforme al contenido de dicho artículo- implica otras garantías judiciales, según las cuales:

“… nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por la leyes dictadas conforme a ellas ;

 Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario;

toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados;

toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso;

toda persona privada de su libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que ésta decida, sin demora, sobre la legalidad del arresto o detención, y ordene si el arresto o detención fueran ilegales;

Nadie puede ser detenido por deudas”

Por su parte el artículo 8 consagra el principio de las Garantías Judiciales, al prever que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o Tribunal competente. En ese sentido, el referido artículo consagra varios principios fundamentales para el tratamiento procesal del inculpado, entre los cuales encontramos:

i. Principio de presunción de inocencia, en virtud del cual toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. (numeral 2)

ii. Principio de confesión libre o espontánea, es decir que la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza (numeral 3).

iii. Principio de cosa juzgada, según este principio el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismo hechos. (numeral 4).

iv. Principio de publicidad, según el cual el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de justicia.

Dentro de esta importante materia, el artículo 9 de la Convención consagra Principio de Legalidad y de Retroactividad, al establecer que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivos según el derecho aplicable.

Asimismo, para proteger la integridad patrimonial del ciudadano, la Convención consagra en su artículo 10, el Derecho a Indemnización, conforme al cual: toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.

Tales garantías se relacionan con el área penal y con la potestad sancionatoria de la Administración. Por ello, se prevé también la protección de la Honra y de la dignidad, la cual se encuentra regulada en el artículo 11 eiusdem, en virtud del cual nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

Otros de los derechos consagrados en la Convención, que se relacionan con la libertad del hombre, son los previstos en el artículo 12 y 13 relativos a la libertad de conciencia y de religión (libertad de conservar su religión o de creencias, así como la libertad de divulgar o profesar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado) y a la libertad de pensamiento y de Expresión, (libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección).

A su vez, regula la Convención en su artículo 14 el Derecho de Rectificación o Respuesta, al garantizar que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados, y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar, por el mismo órgano de difusión, su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
Dentro de la categoría analizada, la Convención consagra también el Derecho de Reunión; a la Familia; al Nombre; a la Nacionalidad y a la Propiedad Privada, (artículos 15, 17, 18 y 21, respectivamente).

Igualmente, el artículo 16 eiusdem regula el derecho de la Libertad de Asociación, al consagrar que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier de otra índole.

Dentro de la categoría analizada, la Convención regula también el Derecho de Reunión; a la Familia; al Nombre; a la Nacionalidad y a la Propiedad Privada. (artículos 15, 17, 18 y 21 eiusdem, respectivamente).

Asimismo, el artículo 22 eiusdem consagra el derecho de circulación y residencia, relativo a la libertad que tiene toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado, para circular por el mismo y, residir en él con sujeción a las disposiciones legales. Este derecho, implica a su vez, la libertad que tiene toda persona de salir libremente de cualquier país, inclusive del propio, así como de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos. De igual forma, según este derecho nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo y, en ningún caso, el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida este a riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. También está prohibida la expulsión colectiva de extranjero.

De otra parte, el Convenio consagra los Derechos Políticos, en su artículo 23 eiusdem, según el cual todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, con las limitaciones que establezca la ley:

i. Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.

ii. Derecho a elegir y ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal y secreto.

iii. Derecho a tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas en su país.

Finalmente, encontramos -dentro de esta clasificación de Derechos Civiles y Políticos- los artículos 24 y 25 eiusdem, en los cuales está consagrado el Derecho de Igualdad ante la Ley y la protección judicial, respectivamente.

Según este último derecho, toda persona podrá ejercer un recurso sencillo y rápido, u otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Para ello, los estado partes deben comprometerse a:

i. Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso.

ii. Desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

iii. Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

b. Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Tales derechos están regulados en el artículo 26 ejusdem, el cual establece que los Estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y culturales contenidas en la carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

c. Recepción en el derecho venezolano

Ahora bien, los Derechos inherentes a la persona humana enumerados precedentemente, son en Venezuela derechos de rango Constitucional y, por lo tanto, no pueden ser menoscabados por ninguna autoridad. Además, es preciso mencionar que cualquier violación de estos derechos daría lugar a la interposición de una acción de Amparo Constitucional, como medio valido para el restablecimiento de la situación jurídica infringida. En efecto, dispone el artículo 50 de la Constitución lo siguiente:

“La enumeración de los derechos y garantías contenidas en esta constitución no deben entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ella.
La falta de Ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.”

De allí, que la operatividad de tales derechos ­cuya protección constitucional ha sido admitida por los tribunales de amparo- se fundamenta, en primer lugar, en un ordenamiento jurídico internacional, mediante los procedimientos tramitados ante la Comisión y la Corte, y de otra parte, a través de un sólido mecanismo de protección interna, como lo es la Acción de Amparo Constitucional. Cabe destacar que, salvo ciertas excepciones, esos mecanismos internos deberán ser agotados previamente, para poder acudir ante la Comisión.

El debido proceso, entendiéndose como el acumulado de garantías y derechos constitucionales que resguardan a la persona sometida a cualquier proceso, que le apuntalan una equitativa y consumada administración de justicia; que le garanticen la independencia y seguridad jurídica, la coherencia y la motivación de los dictámenes a Derecho, se encuentra acreditado en los artículos 49 y 51 de nuestra de Carta Magna y en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal; así como en el artículo 6 del convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y en los artículos 7 y 26 de la Organización de Unidad África; en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos de 1968 de la Organización de Estados Americanos; en los artículos 10 y 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; así como en el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948; en el artículo 7 numeral 5 y 6 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de 1969; y en el artículo 14 del Pacto ]Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

En anterior oportunidad hemos señalado que si bien el Estado tiene la potestad de juzgar y castigar, en la búsqueda de la verdad en el proceso penal, está forzado a ciertas limitaciones. No pueden investigar y probar como le venga en gana, sino como lo ordena y lo permite la Ley. Obviamente, estamos hablando de un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, nunca de un Estado despótico o totalitario, forajido, tiránico, arbitrario, dictatorial o inquisitivo.

Es de importancia advertir que, el debido proceso, tutela, sin excepción alguna, todos y cada uno de los actos o fases del proceso penal, desde su inicio hasta su obligada culminación. Por tanto, la celebración de un acto procesal, sin el debido acatamiento a los derechos primordiales del imputado (fase preparatoria) o del acusado (fase intermedia/ fase de juicio oral y público), no producirá eficacia y su importe será indebido, inicuo, vale acotar: ilícito.

En tal sentido, cuando se incumplen las pautas o reglas instituidas en la Ley Adjetiva Penal, o se traspasa los límites del poder coercitivo del Estado, ora vulnerándose un derecho o garantía constitucional , se origina la infracción del principio de legalidad de la libertad probatoria, y como consecuencia de ello, las resultas del juicio serán nulas de toda nulidad absoluta, por ser nulas las pruebas obtenidas y el procedimiento mismo.

Así, la consecución de una evidencia probatoria con expresa violación de un derecho fundamental, cualesquiera que sean, producirá un destino espurio, sin valor jurídico alguno.

El constituyente venezolano sentenció que:

“Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso”

Con ello, indudablemente, el constituyente elimina infortunadas mañas inquisitivas, e instituye, que “el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas “, por lo que, la obtención de una prueba penal o civil, mediante el incumplimiento del debido proceso, generará, iuris et de iure, la nulidad absoluta del medio probatorio ofertado y materializado, con la consecuencia que, todas las probanzas que de él (medio de prueba) se deriven serán igualemente nulos y sin importe probatorio alguno.

Las pruebas abolidas, nulas o proscritas, no son aptas de apreciarse.

Además, es propio traer a colación, que el Estado no puede efectuar ninguna actividad investigativa que no le esté permitida legalmente o dejar de hacer lo que la Constitución y demás leyes le ordena ejecutar. Así las cosas, nadie podrá ser condenado sin antes haber sido oído, y beneficiarse sin dilaciones indebidas ante un juzgador objetivo, neutral e imparcial, casto e inteligente, probo y estudioso, de un juicio previo, oral y público, conforme a lo reglamentado en el Código Orgánico Procesal Penal y con el debido respeto de todas las garantías y derechos constitucionales y procesales, acreditados en la Carta Política Fundamental, así como en los tratados, convenios y acuerdos suscritos y aceptados por la República Bolivariana de Venezuela.

En torno al Debido Proceso Constitucional, Edgar Saavedra Rojas, citado por Domingo Alberto Albino y Eliseo José Padrón, lo conceptúa “como el conjunto de normas constitucionales y legales, por medio de las cuales el Estado se auto limita el ejercicio del ius puniendi, para efectos de garantizar de manera efectiva los derechos y garantías fundamentales creadas en beneficio de sus súbditos, evitando de tal manera el ejercicio despótico del poder y las arbitrariedades en que pudieran incurrir los funcionarios y los ciudadanos particulares que ejercen las represión penal, esto es, policías, fiscales, jueces, escabinos y carceleros”

Es de advertir, que suma una de las decisiones más trascendentales, desde el punto de vista del valor de los derechos fundamentales del hombre, en cuanto a su defensam la hizo el propio Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, anunciando que:

Se denomina debido proceso a aquél proceso que reúna las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva. Es a esta noción a la que alude el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando expresa que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

Pero la norma constitucional no establece una clase determinada de proceso, sino la necesidad de que cualquiera sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva.

De la existencia de un proceso debido se desprende la posibilidad de que las partes puedan hacer uso de los medios recursivos previstos en el ordenamiento para la defensa de sus derechos e intereses. En consecuencia, siempre que la inobservancia de las reglas procesales surja la posibilidad para las partes de hacer uso de los mecanismos que garantizan el derecho a ser oído en el juicio, se producirá indefensión y la violación de la garantía de un debido proceso y el derecho a la defensa de las partes.

La defensa no será posible si las personas que pueden ser afectadas por la sentencia que pone fin al proceso, no son llamadas a juicio. Esta es, precisamente, la razón por la que el artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, declara que es formalidad necesaria para la validez del juicio la citación del demandado para la contestación de la demanda. Luego, para que haya un debido proceso es condición necesaria la comparecencia de todos los demandados”

Den acuerdo a la doctrina jurisprudencial anterior, es dable colegir que, el debido proceso, es el respeto de los derechos primordiales del ciudadano, así como la garantía de que tendrá un juicio imparcial, ecuánime, objetivo; con el reconocimiento de todos los principios básicos, constitucionales y procesales, en base a una seguridad jurídica, propia de un Estado democrático y social de Derecho y Justicia.

Con respecto al origen del término “debido proceso”, éste se remonta del régimen anglosajón con el calificativo de “due processof law“, procedente de laMagna Charta Libertatum – Carta Magna- aprobada el 15 de Junio de 1215, por el rey Juan I de Inglaterra, mejor conocido como “Juan Sin Tierra”. Hoy en día el debido proceso es reconocido por todos los países civilizados del mundo, aceptándose que todo quebrantamiento a los principios generales del derecho procesal penal moderno, del derecho penal mínimo, de las garantías y derechos procesales y constitucionales, invalidad la probanza que se obtenga en determinado procedimiento.

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Ambito de competencia

Según el artículo 62 numeral 3 eiusdem, la Corte es competente para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso concreto hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, bien por declaración especial o por convención especial; es decir, que si las partes no reconocen la competencia de la Corte para conocer de los casos, sus decisiones no surtirán ningún efecto. Dicho reconocimiento puede hacerse al momento de ratificar o adherirse a la Convención, o en una oportunidad posterior, mediante una declaración especial (Cfr.: artículo 62, numerales 1 y 2).

Asimismo, y de conformidad con el artículo 63 eiusdem, la Corte podrá ordenar lo conducente para el restablecimiento de las situaciones subjetivas lesionadas por algún Estado ante la violación de los derechos fundamentales, siempre y cuando la controversia sea sometida al conocimiento de la Corte, por la Comisión, o por un Estado Miembro. En efecto, según prevé el artículo 61.1 de la Convención, sólo los Estados Partes y la Comisión tendrán derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.

Pretensiones

Según el comentado artículo 63, la Corte podrá declarar la violación de un derecho o libertad que se encuentre establecida en la Convención; igualmente, la Corte podrá ordenar, si fuere el caso, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos e incluso, condenar al pago de justa indemnización a la parte lesionada. Puede afirmarse entonces que son dos las pretensiones que pueden ser invocadas ante la Corte: por un lado, la violación de un Derecho Humano y, por el otro, el restablecimiento de la situación subjetiva lesionada, y el pago de una justa reparación o indemnización, si fuere el caso.

Así, la doctrina establece que la Responsabilidad Internacional del Estado se resuelve con la reparación, esto es, con el restablecimiento de las cosas a su estado original; por la indemnización de los daños y pérdidas (reparación por equivalente); o por la satisfacción de la pretensión propia, mediante la desaprobación del acto público lesivo; la destitución de funcionario; el castigo del culpable; las explicaciones públicas o disculpas por la vía diplomática.

Así, podemos señalar que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden invocarse las siguientes pretensiones:

a. LA REPARACION, o sea, que restablezca la situación lesionada por un Estado Parte.

b. LA INDEMNIZACION, referida al pago patrimonial de los daños y pérdidas que sufrió una persona, por el actuar ilegitimo de un Estado o de sus funcionarios. En este caso, la reparación es por equivalente.

c. LA SATISFACCION, pues se persigue dejar sin efecto el acto violatorio de un derecho inherente a la persona.

d. Además de estas tres pretensiones, los Estados y la Comisión también podrían solicitar a la Corte la interpretación o aplicación de las disposiciones de la Convención.

Requisitos de admisibilidad

Los requisitos de admisibilidad de los casos que se ventilan ante la Corte, están previstos en el artículo 61 de la Convención, el cual establece que será necesario para acudir a la Corte, el cumplimento de los requisitos que se establecen en los artículos 48 a 50 eusdem, referidos al procedimiento conciliatorio ante la Comisión, el cual fue ya analizado.

Procedimiento

La Convención se limita a regular sólo el contenido, efectos, ejecución del fallo. (Cfr.: artículos 66 a 69). Por ello, al nada disponer la Convención sobre el procedimiento aplicable en la Corte, deberá atenderse a la regulación propia de la Organización de Estados Americanos, y a las especificaciones adoptadas en cada caso por la propia Corte.

La sentencia y sus efectos

Según prevé el artículo 66 de la Convención, la sentencia deberá ser motivada y si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual. Igualmente, el artículo 67 establece que la sentencia será definitiva e inapelable, y que en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

El contenido de la sentencia se encuentra regulado en el artículo 63 eiusdem:

“1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos con esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.”.

De allí que la Corte podrá, por un lado, dictar sentencia definitiva sobre el fondo de la controversia, disponiendo que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad que ha sido conculcada, como bien se establece en el numeral 1 del artículo 63 eusdem; pero igualmente la Corte podrá dictar providencias cautelares para evitar daños irreparables a las personas, según lo establece el numeral 2 del artículo 63 eusdem.

En cuanto a la relación existente entre las potestades de la Corte, con el derecho interno de cada Estado, se ha señalado que ese artículo no condiciona las disposiciones de la Corte a la eficacia de los instrumentos de reparación existentes en el derecho interno del Estado parte responsable de la infracción, de manera que aquélla no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con independencia del mismo.

A su vez, el artículo 68 numeral 1 establece que los Estados Partes de la Convención se comprometerán a cumplir la decisión de la Corte, por lo que “no pueden modificar sus efectos, menos aún suspender su cumplimiento invocando las normas de su derecho interno” (caso Aloeboetoe), sino que debe acatar lo decidido y ejecutarlo de buena fe. Cuando en el fallo se disponga una indemnización al lesionado, según el artículo 68 numeral 2 de la convención, este se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de la sentencia contra el Estado, es decir, que la Corte efectúa una remisión hacia el derecho interno del Estado responsable, con el único fin de garantizar la efectividad de sus pronunciamientos.

La reparación de los efectos que pueden sobrevenir al incumplimiento de las sentencias de la Corte, hasta ahora han sido analizados desde un ángulo compensatorio de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que comporta toda violación a cualesquiera de los derechos humanos protegidos, sin perjuicio, claro está, de la obligación de cumplimiento específico de lo originalmente pactado, que subsiste hacia el futuro para el Estado que haya violado el indicado orden convencional.

En cuanto a las consecuencias específicas de la violación de la Convención, la Corte, citando en auxilio los fallos en el caso de la Fabrica de Chorzow y en el de la Reparación de daños sufridos por el Servicio de las Naciones Unidas, ha precisado lo siguiente:

a. Toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente.

b. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en el restablecimiento de la situación anterior (a la violación de la Convención), la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral.

c. Que la indemnización, por su parte, constituye la forma más usual para reparar los daños producidos por la violación de una obligación internacional.

d. Que la expresión justa indemnización, que utiliza el artículo 63.1 de la Convención, es compensatoria y no sancionatoria, en virtud del estado actual del Derecho Internacional.

Asimismo, estableció la Corte que en lo relativo a los daños materiales susceptibles de indemnización, debe acogerse el principio general según el cual éstos comprenden tanto el daño emergente como el lucro cesante. Refiriéndose también a su evaluación, expresó que debía efectuarse sin rigidez, y mediante una apreciación prudente de los daños, vistas las circunstancias de cada caso. Así, por ejemplo, en las indemnizaciones por asesinatos, se toman en cuenta los ingresos que pudo haber obtenido la víctima a lo largo de su vida laboral, relacionándolos luego con las expectativas de sus familiares dependientes para obtener ingresos propios.

En lo referente al daño moral, también ha sostenido la Corte que “es resarcible; y que en los casos de violación de los derechos humanos, su liquidación debe ajustarse a los principios de equidad”.

Alessandro Baratta.

“La tarea que me he propuesto en estas páginas es la de realizar una articulación programática de la idea de la mínima intervención penal como idea-guía para una política penal a corto y mediano plazo. La adopción de esta idea pretende ser una respuesta a la cuestión acerca de los requisitos mínimos de respeto de los derechos humanos en la ley penal.
El concepto de los derechos humanos asume, en este caso, una doble función.
  • En primer lugar, una función negativa concerniente a los límites de la intervención penal.
  • En segundo lugar, una función positiva, respecto de la definición del objeto, posible, pero no necesario, de la tutela por medio del derecho pena.
Un concepto histórico-social de los derechos humanos ofrece, en ambas funciones, el instrumento teórico más adecuado para la estrategia de la máxima contención de la violencia punitiva, que actualmente constituye el momento prioritario de una política alternativa del control social.
La orientación hacia tal estrategia puede derivar también de los resultados hasta ahora alcanzados, en el ámbito de las ciencias histórico-sociales y de la criminología crítica, en el análisis de los sistemas punitivos en sus manifestaciones empíricas, en su organización y en sus funciones reales.
Los principales resultados pueden resumirse en las siguientes proposiciones:
a) la pena, especialmente en sus manifestaciones más drásticas, que tienen por objeto la esfera de la libertad personal y de la incolumidad física de los individuos, es violencia institucional, esto es, limitación de derechos y represión de necesidades reales fundamentales de los individuos, mediante la acción legal o ilegal de los funcionarios del poder legítimo o del poder de facto en una sociedad.
b) Los órganos que actúan en los distintos niveles de organización de la justicia penal (legislador, policía, ministerio público, jueces, órganos de ejecución) no representan ni tutelan intereses comunes a todos los miembros de la sociedad, sino, prevalentemente, intereses de grupos minoritarios dominantes y socialmente privilegiados. Sin embargo, en un nivel más alto de abstracción, el sistema punitivo se presenta como un subsistema funcional de la producción material e ideológica (legitimación) del sistema social global, es decir, de las relaciones de poder y de propiedad existentes, más que como instrumento de tutela de intereses y derechos particulares de los individuos.
c) El funcionamiento de la justicia penal es altamente selectivo, ya sea en lo que respecta a la protección otorgada a los bienes y los intereses, o bien en lo que concierne al proceso de criminalización y al reclutamiento de la clientela del sistema (la denominada población criminal). Todo ello está dirigido casi exclusivamente contra las clases populares y, en particular, contra los grupos sociales más débiles, como lo evidencia la composición social de la población carcelaria, a pesar de que los comportamientos socialmente negativos estén distribuidos en todos los estratos sociales, y de que las violaciones más graves a los derechos humanos ocurran por obra de individuos pertenecientes a los grupos dominantes o que forman parte de organismos estatales u organizaciones económicas privadas, legales o ilegales (A. BARATTA, 1986, 10 s.).
d) El sistema punitivo produce más problemas de cuantos pretende resolver. En lugar de componer conflictos, los reprime y, a menudo, éstos mismos adquieren un carácter más grave en su propio contexto originario; o también por efecto de la intervención penal, pueden surgir conflictos nuevos en el mismo o en otros contextos.
e) El sistema punitivo, por su estructura organizativa y por el modo en que funciona, es absolutamente inadecuado para desenvolver las funciones socialmente útiles declaradas en su discurso oficial, funciones que son centrales a la ideología de la defensa social y a las teorías utilitarias de la pena.
Si nos referimos, en particular, a la cárcel como pena principal y caracterizante de los sistemas penales modernos, correspondería, en primera instancia, comprobar el fracaso histórico de esta institución frente a sus principales funciones declaradas: contener y combatir la criminalidad, resocializar al condenado, defender intereses elementales de los individuos y de la comunidad.
Sin embargo, en una consideración más profunda, estudiando la institución carcelaria desde el punto de vista de sus funciones reales, se comprueba más bien que éstas han sido históricamente desenvueltas con éxito. En efecto, rechazando la hipótesis irracional de la ausencia de conexiones funcionales entre esta institución y la sociedad, el análisis científico ha puesto en evidencia funciones reales distintas y opuestas a aquéllas declaradas y que, por tanto, explican su sobrevivencia histórica (M. FOUCAULT, 1975).
La institución sirve, ante todo, para diferenciar y administrar una parte de los conflictos existentes en la sociedad como “criminalidad”, es decir, como un problema social ligado a las características personales de los individuos particularmente peligrosos, lo cual requiere una respuesta institucional de naturaleza técnica, esto es, la pena o el tratamiento del desviado. En segundo término, la cárcel sirve para la producción y reproducción de los “delincuentes”, es decir, de una pequeña población reclutada, dentro de aquélla mucho más amplia de los infractores, en las franjas más débiles y marginales de la sociedad. Por último, la cárcel sirve para representar como normales las relaciones de desigualdad existentes en la sociedad y para su reproducción material e ideológica.
En una economía política de la pena, el sistema punitivo se presenta, pues, no como violencia inútil, sino como violencia útil, desde el punto de vista de la reproducción del sistema social existente y, por tanto, del interés de quienes detentan del poder, para el mantenimiento de las relaciones de producción y de distribución desigual de los recursos.
En consecuencia, el sistema punitivo aparece, en un análisis científico, como un soporte importante de la violencia estructural y, si concebimos ésta en su acepción más vasta, de la injusticia social, reprimiendo las necesidades reales de la mayor parte de los individuos, las que, habida cuenta del desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas de la sociedad,podrían, empero, ser satisfechas si las relaciones sociales de propiedad y de poder fuesen distintas y más justas (J. GALTUNG, 1975, 755 ss.).
 La lucha por la contención de la violencia estructural es la misma lucha que por la afirmación de los derechos humanos. En efecto, en una concepción histórico-social, éstos asumen un contenido idéntico al de las necesidades reales históricamente determinadas (A. BARATTA, 1987; E. R. ZAFFARONI, 1985a). Se desprenden de aquí dos consecuencias:
  • la primera es que una política de contención de la violencia punitiva es realista sólo si se la inscribe en el movimiento para la afirmación de los derechos humanos y de la justicia social. Pues, en definitiva, no se puede aislar la violencia, concebida como violencia institucional, de la violencia estructural y de la injusticia de las relaciones de propiedad y de poder, sin perder el contexto material e ideal de la lucha por la transformación del sistema penal, reduciéndola a una batalla sin salida ni perspectivas de éxito (E. GARCÍA MÉNDEZ, 1985).
  • La segunda consecuencia es que las posibilidades de utilizar de modo alternativo los instrumentos tradicionales de la justicia penal para la defensa de los derechos humanos son sumamente limitadas.
No obstante, el concepto de derechos humanos, en la doble función antes indicada, continúa siendo el fundamento más adecuado para la estrategia de la mínima intervención penal y para su articulación programática en el cuadro de una política alternativa del control social.”[1]


[1] Alessandro Baratta, «Criminología y Sistema Penal (Compilación in memoriam)», Editorial B de F, Buenos Aires, 2004, pp. 299 y ss.

El tema de la extradición del ex presidente Alberto Fujimori, ha generado no sólo una conmoción social, política sino también Jurídica. En lo que respecta a la tercera, se ha generado todo un debate referido precisamente a los casos –sobre todo- relacionados a los delitos que afrontará Alberto Fujimori, relacionados a los Derechos Humanos. Precisamente producto de la evolución de estos es que se dejó de lado aquellas frases proferidas por el Jurista Valle Riestra, quién en todo momento se mostró negativo al pedido de extradición solicitado a Chile por el Perú. El jurista nacional, parece que olvidó que a la fecha los Derechos Humanos gozan de una tutela y protección no sólo nacional, sino mundial, los cuales ante la menor sospecha de su vulneración, se requiere de una ingente investigación.

Se avecinan pues procesos penales contra el ex mandatario, pero los mismos al igual que el resto que se sigue contra las demás personas comunes y corrientes- deben de desarrollarse bajo irrestrictas garantías y no tomando como base una suerte de venganza política. Esto último es un poco difícil de conseguir, puesto que los jueces tienen que trabajar este tema, te-niendo en mente que todos los aparatos de poder nacionales y sobre todo internacionales, tienen sus “ojos” puestos en ellos, y a manera de norma espartana llevan en la mente “si la justicia chilena resolvió así…ahora estarán a la expectativa cómo resolveremos nosotros…”. En otras palabras, el mundo entero espera que ambas justicias resuelvan sintonizando en la misma frecuencia.

Dentro del material probatorio, el tema central será el calificar si el Ing., Alberto Fujimori, fue o no autor mediato de las violaciones a los Derechos Humanos, materializados en los casos “Can-tuta” y “Barrios Altos”. La autoría mediata como es ya conocida por quienes nos dedicamos a cultivar la rama penal, es tomada por nuestro Código Penal, en el art., 23°4. Dentro de la doc-trina más autorizada se entiende que es autor mediato quien se vale de un instrumento para cometer un hecho punible, teniendo el “hombre de atrás” absoluto dominio del hecho; además, dentro de las exigencias que se deben dar, se requiere que el instrumento actúe sin dolo, amparado por una causa de justificación o de una manera no culpable, pues de no ser así, estaremos dentro de la instigación, prescrita en el artículo 24° del mencionado cuerpo normativo. El tema que me lleva a escribir este pequeño trabajo, es si puede o no ser considerado Alberto Fujimori como autor mediato de dichos delitos, en caso se encuentre material probatorio de cargo, pues sería utópico esgrimir que se encuentres hechos donde directamente intervino el ahora procesado A continuación expondré algunos apuntes relacionados a la autoría mediata, pero no me de-tendré a desarrollar la misma, sino a analizar si los receptores de un aparato de poder ajeno al derecho, son personas que actúan con o sin voluntad y si las personas que dan las órdenes son o no autores mediatos.

Una breve explicacion sobre el tema aqui doctrina para poder descargarla y leerla:

autoriamediata-PantaCueva