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El debido proceso, entendiéndose como el acumulado de garantías y derechos constitucionales que resguardan a la persona sometida a cualquier proceso, que le apuntalan una equitativa y consumada administración de justicia; que le garanticen la independencia y seguridad jurídica, la coherencia y la motivación de los dictámenes a Derecho, se encuentra acreditado en los artículos 49 y 51 de nuestra de Carta Magna y en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal; así como en el artículo 6 del convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y en los artículos 7 y 26 de la Organización de Unidad África; en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos de 1968 de la Organización de Estados Americanos; en los artículos 10 y 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; así como en el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948; en el artículo 7 numeral 5 y 6 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de 1969; y en el artículo 14 del Pacto ]Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

En anterior oportunidad hemos señalado que si bien el Estado tiene la potestad de juzgar y castigar, en la búsqueda de la verdad en el proceso penal, está forzado a ciertas limitaciones. No pueden investigar y probar como le venga en gana, sino como lo ordena y lo permite la Ley. Obviamente, estamos hablando de un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, nunca de un Estado despótico o totalitario, forajido, tiránico, arbitrario, dictatorial o inquisitivo.

Es de importancia advertir que, el debido proceso, tutela, sin excepción alguna, todos y cada uno de los actos o fases del proceso penal, desde su inicio hasta su obligada culminación. Por tanto, la celebración de un acto procesal, sin el debido acatamiento a los derechos primordiales del imputado (fase preparatoria) o del acusado (fase intermedia/ fase de juicio oral y público), no producirá eficacia y su importe será indebido, inicuo, vale acotar: ilícito.

En tal sentido, cuando se incumplen las pautas o reglas instituidas en la Ley Adjetiva Penal, o se traspasa los límites del poder coercitivo del Estado, ora vulnerándose un derecho o garantía constitucional , se origina la infracción del principio de legalidad de la libertad probatoria, y como consecuencia de ello, las resultas del juicio serán nulas de toda nulidad absoluta, por ser nulas las pruebas obtenidas y el procedimiento mismo.

Así, la consecución de una evidencia probatoria con expresa violación de un derecho fundamental, cualesquiera que sean, producirá un destino espurio, sin valor jurídico alguno.

El constituyente venezolano sentenció que:

“Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso”

Con ello, indudablemente, el constituyente elimina infortunadas mañas inquisitivas, e instituye, que “el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas “, por lo que, la obtención de una prueba penal o civil, mediante el incumplimiento del debido proceso, generará, iuris et de iure, la nulidad absoluta del medio probatorio ofertado y materializado, con la consecuencia que, todas las probanzas que de él (medio de prueba) se deriven serán igualemente nulos y sin importe probatorio alguno.

Las pruebas abolidas, nulas o proscritas, no son aptas de apreciarse.

Además, es propio traer a colación, que el Estado no puede efectuar ninguna actividad investigativa que no le esté permitida legalmente o dejar de hacer lo que la Constitución y demás leyes le ordena ejecutar. Así las cosas, nadie podrá ser condenado sin antes haber sido oído, y beneficiarse sin dilaciones indebidas ante un juzgador objetivo, neutral e imparcial, casto e inteligente, probo y estudioso, de un juicio previo, oral y público, conforme a lo reglamentado en el Código Orgánico Procesal Penal y con el debido respeto de todas las garantías y derechos constitucionales y procesales, acreditados en la Carta Política Fundamental, así como en los tratados, convenios y acuerdos suscritos y aceptados por la República Bolivariana de Venezuela.

En torno al Debido Proceso Constitucional, Edgar Saavedra Rojas, citado por Domingo Alberto Albino y Eliseo José Padrón, lo conceptúa “como el conjunto de normas constitucionales y legales, por medio de las cuales el Estado se auto limita el ejercicio del ius puniendi, para efectos de garantizar de manera efectiva los derechos y garantías fundamentales creadas en beneficio de sus súbditos, evitando de tal manera el ejercicio despótico del poder y las arbitrariedades en que pudieran incurrir los funcionarios y los ciudadanos particulares que ejercen las represión penal, esto es, policías, fiscales, jueces, escabinos y carceleros”

Es de advertir, que suma una de las decisiones más trascendentales, desde el punto de vista del valor de los derechos fundamentales del hombre, en cuanto a su defensam la hizo el propio Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, anunciando que:

Se denomina debido proceso a aquél proceso que reúna las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva. Es a esta noción a la que alude el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando expresa que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

Pero la norma constitucional no establece una clase determinada de proceso, sino la necesidad de que cualquiera sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva.

De la existencia de un proceso debido se desprende la posibilidad de que las partes puedan hacer uso de los medios recursivos previstos en el ordenamiento para la defensa de sus derechos e intereses. En consecuencia, siempre que la inobservancia de las reglas procesales surja la posibilidad para las partes de hacer uso de los mecanismos que garantizan el derecho a ser oído en el juicio, se producirá indefensión y la violación de la garantía de un debido proceso y el derecho a la defensa de las partes.

La defensa no será posible si las personas que pueden ser afectadas por la sentencia que pone fin al proceso, no son llamadas a juicio. Esta es, precisamente, la razón por la que el artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, declara que es formalidad necesaria para la validez del juicio la citación del demandado para la contestación de la demanda. Luego, para que haya un debido proceso es condición necesaria la comparecencia de todos los demandados”

Den acuerdo a la doctrina jurisprudencial anterior, es dable colegir que, el debido proceso, es el respeto de los derechos primordiales del ciudadano, así como la garantía de que tendrá un juicio imparcial, ecuánime, objetivo; con el reconocimiento de todos los principios básicos, constitucionales y procesales, en base a una seguridad jurídica, propia de un Estado democrático y social de Derecho y Justicia.

Con respecto al origen del término “debido proceso”, éste se remonta del régimen anglosajón con el calificativo de “due processof law“, procedente de laMagna Charta Libertatum – Carta Magna- aprobada el 15 de Junio de 1215, por el rey Juan I de Inglaterra, mejor conocido como “Juan Sin Tierra”. Hoy en día el debido proceso es reconocido por todos los países civilizados del mundo, aceptándose que todo quebrantamiento a los principios generales del derecho procesal penal moderno, del derecho penal mínimo, de las garantías y derechos procesales y constitucionales, invalidad la probanza que se obtenga en determinado procedimiento.

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TSJ-LOGO

Tema: Recurso de Apelación
Materia: Derecho Procesal Penal
Asunto: Debido proceso – Admisión de un medio impugnatorio

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¿Cuál es el modo de conjugar el derecho del Estado de investigar, enjuiciar y castigar con el derecho de los particulares a preservar sus derechos fundamentales? No se puede buscar la verdad vulnerándose las libertades o derechos de las personas. En nuestro criterio, se rompería el equilibrio que debe existir en toda civilización. Dejaría de tener valor e importancia la seguridad jurídica que diferencia a un Estado Democrático de uno completamente tiránico o autoritario. Sí el Estado castiga al delincuente por infringir la Ley, qué legítima al administrador de justicia , o al mismo Estado, para violarla.

Un ilícito penal no justifica otro ilícito o hecho punible. Si el Estado quebranta la Ley, en una averiguación penal, el investigado, ora imputado, ora acusado, no debe ser sancionado. Cierto que el Estado tiene el derecho de castigar al delincuente; pero éste, como cualquier otro ciudadano inocente, tiene derecho a que se le respeten sus garantías constitucionales. Si permitiéramos la primacía de la ilegal obtención de los medios probatorios sobre los derechos fundamentales de las personas, estaríamos justificando el abuso y el atropello policial; el maltrato y la tortura; dando pie a la persecución penal sin importar para nada el quebrantamiento de los derechos y garantías fundamentales de los miembros de la sociedad. En otras palabras, el respeto de la dignidad de las personas se retrotraería al dominio del sistema inquisitivo, donde el fin justifica los medios, siendo una obsesión, la busqueda de la verdad material o histórica, convirtiéndose en regla: la tortura, autorizándose inclusive para sacar una confesión del imputado.

No tendría, indudablemente, comprensión alguna, las garantías y derechos constitucionales, enunciados en nuestra Carta Magna, si las mismas no son protegidas por el propio Estado. No en balde, el legislador patrio sentencio la prohibición de la valoración de las pruebas obtenidas o incorporadas al proceso al borde o con desobediencia de las garantías fundamentales.

Toda contravención que atente contra la dignidad y los derechos fundamentales del hombre, no sólo es inaceptable, sino que se convierte en ilícito, y por lo tanto, su valoración es inicua, ineficaz, inútil, por los órganos jurisdiccionales.

¿Qué es, entonces, la prueba ilícita? La doctrina y jurisprudencia ha utilizado diferentes terminologías: prueba ilegal, prueba prohibida, prueba irregular, prueba nula, prueba ilícita y otras más, que será punto de reflexión del autor de estos puntos más adelante. Por ahora, es de advertir que, desde la perspectiva general, el jurista colombiano más importante del siglo XX, Hernando Devis Echandía, define las pruebas ilícitas como:

“aquellas que están expresa o tácitamente prohibidas por la ley o atentan contra la moral y las buenas costumbres del respectivo medio social o contra la dignidad y la libertad de la persona humana o violan sus derechos fundamentales que la Constitución y la Ley amparan”

Conforme a esta corriente doctrinal, la ilicitud de la prueba no tiene su origen únicamente en la transgresión de la norma procesal, sino en la desobediencia de cualquier tipo o categoría de norma jurídicas, e incluso de principios generales. Empero, no siempre el concepto de ilicitud en el plano demostrativo se iguala con el de hecho punible. Por eso, para que un medio probatorio o la recolección de un elemento de convicción sea calificado de ilícito no es menester que la conducta encauzada a su obtención sea componente de infracción penal, optando por una idea amplia de prueba ilícita.

Entonces, teniendo claro que al verse compelida la norma constitucional se produce una prueba ilícita, Denti citado por Miranda Estrampes, la define como “Aquellas que se obtuvieron mediante violación de los derechos tutelados por normas diversas y, en primer lugar, por normas constitucionales”. De allí que se considera prueba ilícita a la obtenida no sólo mediante la infracción de normas constitucionales, sino también mediante la vulneración de normas con simple rango de Ley.

Otra de las concepciones concernientes a la prueba ilícita es la restrictiva, que se contrapone con las anteriores, ya que suscribe el concepto de prueba ilícita a la conseguida o practicada con violación de derechos fundamentales. En consecuencia, todos aquellos recaudos o elementos probatorios que hayan sido obtenidos en quebrantamiento de un derecho cardinal del mismo nivel substancial que el derecho a la prueba, será considerado ilícito.

Sin embargo, el autor español, Orlando Alfonso Rodríguez, en su altísima obra, Prueba Ilícita Penal, expresa que las pruebas no son perfectas, ya que adolecen de alguna irregularidad por mínima que sea, y rechazarlas por nimiedades, es caer en el absurdo o dar párvulo para que se reclamara una inexistente nulidad patrocinado la impunidad. En razón de ello, el autor de La Presunción de Inocencia conceptúa la prueba ilegal, en primer término, como “las que prohíben la prueba por inconducencia, impertinencia o ineficacia”, vale acotar, cuando se recibe o admite un medio probatorio que se sabe de antemano no posee cabida de generar conocimiento alguno en cuando a la consecución de la búsqueda de la verdad histórica o material; y en segundo lugar conceptualiza la prueba ilícita, como aquella que se produce “por vulneración de un derecho o libertad fundamental individual”.

Ahora bien, el constituyente venezolano no le da una designación exclusiva a la prueba ilícita, sino que se limita a recriminar aquella que haya sido efectuada con desafuero del debido proceso según lo preceptúa el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No define o puntualiza la prueba ilícita, no obstante se instaura el principio de legalidad probatoria. A pesar de ello, no pocos jueces y fiscales del Ministerio Público, a sabiendas de flagrantes violaciones a la Carta Magna como al Código Orgánico Procesal Penal, se hacen la vista gorda, ignorando los postulados del constituyente y lo preceptuado por el legislador, más pendiente de cuidar sus puestos y sueldos, que ponderar la primacía de los fundamentales derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. Hay que subrayar que la prueba ilícita se comprende dentro de una sola de sus posibilidades, ya que se relaciona única y exclusivamente a la prueba que por haber sido inconstitucionalmente practicada se convierte en ilícita.

En este aspecto, Roberto Delgado Salazar, concibe la prueba ilícita como la “obtenida con menoscabo de derechos fundamntales de la persona, esto es, con violación del debido proceso”, por lo cual, todo contravención a la legalidad constitucional, “debe tenerse como ilícita y por ende sin eficacia alguna”; en tanto que el ex-Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Supremo de Justicia de Colombia, Edgar Saavedra Rojas, es del criterio que pruea ilícita es “aquella contraria a los valores superiores sobre los que se ha erigido la sociedad y el Estado” consagrados en la normativa de la Carta Política Fundamental.

¿Cuál es el momento procesal para declarar la prueba como ilícita? Según el autor de Técnica Probatoria, Luis Muños Sabete, citada por Hildemaro González Manzur, La única posibilidad procesal de embestir la prueba ilícita es en la fase de admisión, so pena de que si bien se logre a posteriori su exclusión o desestimación, ya en el juzgador se ha producido el efecto psicológico, y la única forma de garantizar la inefectividad de las pruebas ilícita, es impidiendo a toda costa que las mismas puedan incorporarse en el proceso a los efectos de evitar influjo psicológico en el ánimo del juez, tesis que en nuestro país, es sostenida por el jurista y profesor, José Luis Tamayo Rodríguez.

Otros autores, por otra parte, han señalado, que la prueba puede ser denunciada y explorada en dos etapas procesales: en la fase intermedia y en la fase de juicio oral y público. En la primera, obviamente, en la celebración de la audiencia preliminar, donde el juez se conduce como “fiscal” del fiscal del Ministerio Público; pues, entre sus facultades está la del control judicial, que no es otra cosa que supervisar y controlar, ora en la etapa intermedia, esto es, en el momento de la conmemoración de la audiencia preliminar; en la fase del juicio oral y público, la spartes pueden oponerse a la realizacipon de determinada prueba, por considerarla ilegal, máxime aún cuando el juez de control no se prununció al respecto, pudiendo exponer tanto en la apertura como en las conclusiones la ilegalidad de la prueba; fuera de que, al concluir el juicio, el Juzgador le corresponde analizar las pruebas evacuadas o materializadas, y decideir cuáles le sirven para fundar su sentencia.

En síntesis, tomando el concepto constitucional inserto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todas las designaciones que se esgrimen para designar la evidencia probatoria entran similarmente en una misma concepción, porque es irrebatible que si el Constituyente lo que pretende es recriminar todo medio de convicción que se efectúe dentro de cualquier proceso con infracción de los requerimientos, exigencias o precauciones constituidas en la Ley para su realización o aproximación, hay que dar la razón que todos lo snombres mencionados para la prueba ilícita o prohibida, puedan estar implícitos dentro del mismo. Luego, es lógico advertir que, si la locución prueba prohibida puede tener una indicación disímil comparándola con otros calificativos, por estar recriminada sistemáticamente es potencialemente una prueba ilícita. (más…)

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Sentencia: 2173 de fecha 08 de Septiembre 2002
Asunto: Atribuciones de la Defensoría del Pueblo.

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Asunto: Deber del juez constitucional de incitar al accionante a consignar las copias certificadas de la sentencia accionada.

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Sentencia: Nº 902 de fecha 31 de Mayo de 2001
Asunto: Se Viola el principio de irrectroactividad y de Legalidad, al aplicar retroactivamente una norma a una situación fáctica anterior a su entrada en vigencia.

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Asunto: Condiciones de procedencia para que sea acordada la medida cautelar innominada cuando es interpuesta conjuntamente con la acción de amparo constitucional.

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