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Para comenzar, hay que destacar que la antijuridicidad hace parte de unos de los elementos de la estructura del delito junto con la tipicidad y la culpabilidad.
La palabra antijuridicidad proviene del alemán rechtswidrigkeit que significa: “contrario al derecho”.
 
¿Qué es la antijuridicidad?
 
Un concepto sencillo corto lo definiría como aquel desvalor de acción y de resultado, que es contraria al ordenamiento jurídico de las normas penales.
 
Hoy en día, se ve una diferenciación en los códigos penales sobre antijuridicidad sabiendo que es una sola, la han clasificado en antijuridicidad formal y material entendiéndolo como:
 
Antijuridicidad formal: aquella que va en contrariedad al derecho y no de no estar circunstanciada por una causal de justificación
 
Antijuridicidad material: aquella conducta que lesiona o pone en peligro el bien jurídico tutelado, en este último hay que tener en cuenta que hay que proteger los bienes jurídicos más importantes (aquellos que son realmente graves) tomando de esto el carácter fragmentario, sacrificando algunos para proteger otros de mayor valor.
 
A quien se le debe la distinción de la antijuridicidad formal y material es al ilustre FRANK VON LISZT, que definió la antijuridicidad como la conducta socialmente dañosa, lo importante de la práctica de la antijuridicidad material es importante como lo afirma el profesor ROXIN ya que permite realizar graduaciones del injusto y permite solucionar problemas dogmáticos.
 
El profesor Roxin afirma que lo importante no es solo separar la antijuridicidad formal de la material, sino también de diferenciar la antijuridicidad del llamado injusto, lo que este último va a “graduar la gravedad de la infracción del derecho”, por lo que no va importar la antijuridicidad material sino la diferencia entre antijuridicidad e injusto por lo que debe ser graduable por medio del delito cometido.
 
Según ejemplos que dice el profesor ROXIN sobre si la antijuridicidad material se puede graduar, según la gravedad del delito, por lo que no se puede hacer con la antijuridicidad formal, por eso destaco una vez más la importancia de diferencia la antijuridicidad con el injusto, por lo que en mi opinión es importantísima esta diferencia por lo sirve para para medir la graduación de la dañosidad social lesiva de los bienes jurídicos , a continuación se desmarcara unos ejemplos para ver la diferencia que existe entre antijuridicidad formal y material:
 
En la antijuridicidad formal un hurto de 10.000.000 de pesos sería lo mismo que hurtar 100.000 pesos, viendo del punto de que se está infringiendo las normas (por lo que sería lo mismo) , también la infracción del hurto sería la misma infracción que la del homicidio
 
En cambio:
 
En la antijuridicidad material un hurto de 10.000.000 de bolívares supera al hurto de 100.000 de bolívares, y también la infracción del homicidio se va a ver con mucha más dañosidad que la del hurto, por lo que todo esto es importante para saber el grado de culpabilidad en que hay en esa graduación, este grado de culpabilidad va marcar otro elemento de la estructura del delito.
 
Ya para terminar, podemos decir que los desvalores de acción y de resultado son importantes para la construcción del concepto de antijuridicidad ya que están perfectamente ligadas entre sí porque lo que algunos autores toman a la antijuridicidad como una sola , definitivamente es cierto, pero por cuestiones de política criminal el legislador en algunos países tienden a separarlos para darle más importancia uno más que el otro, depende de la situación ya sea de acción o de resultado (subjetiva u objetiva como algunos autores lo establecen).
Se puede decir que en nuestro sistema acoje un sistema dualista, ya que el legislador tomó el desvalor resultado (objetiva) y un desvalor de acción (subjetiva), en la actualidad en el derecho penal moderno se tiende a prestar más atención a un desvalor de acción, más que el de resultado ya que se tiene mucho más en cuenta la tentativa, este dispositivo amplificador no era muy utilizado anteriormente, en cambio en el derecho tradicional se utilizó más el desvalor de resultado más que el de acción, por lo que lo delitos consumados fueron más importantes que la misma tentativa.
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La gravedad de los medios que el Estado emplea en la represión del delito, la drástica intervención en los derechos más elementales y, por eso mismo, fundamentales de las personas, el carácter de ultima ratio que esta intervención tiene, imponen necesariamente la búsqueda de un principio que controle el poder punitivo estatal y que confine su aplicación dentro de límites que excluyan toda arbitrariedad y exceso por parte de los que ostentan o ejercen ese poder punitivo. Este principio, tradicionalmente designado con el nombre de “principio de legalidad”, establece que la intervención punitiva estatal, tanto al configurar el delito como al determinar, aplicar y ejecutar sus consecuencias, debe estar regida por el “imperio de la ley”, entendida ésta como expresión de la “voluntad general”. Y puesto que se refiere a la intervención del poder punitivo estatal se le puede llamar principio de intervención legalizada.

El principio de intervención legalizada, o de legalidad, sirve, pues, para evitar el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder punitivo estatal. Aunque hoy se entienda como un principio fundamental del derecho penal, llegándose incluso a considerarlo como un principio del derecho natural o una consecuencia de la inviolabilidad de la dignidad de la persona humana, su reconocimiento ha supuesto un largo proceso, en ningún modo continuo, en el que se observan, junto al deseo de los ciudadanos por conseguir un mínimo de garantías frente al poder punitivo estatal, retrocesos y vueltas a sistemas absolutos y arbitrarios, cuando no a burlas descaradas en la práctica penal de algunos estados que, sin embargo, mantienen el principio de legalidad como “fachada formal” de su legislación penal positiva.

El principio de intervención legalizada supone, al mismo tiempo, un freno para una política penal demasiado pragmática que, decidida a acabar a toda costa con la criminalidad y movida por razones defensistas o resocializadoras demasiado radicales, sacrifique las garantías mínimas de los ciudadanos, imponiéndoles sanciones no previstas ni reguladas en ley alguna. En este sentido, debe decirse una vez más que “el fin no justifica los medios”. Una política penal mala, pero llevada a cabo con las garantías jurídicas mínimas, es preferible a una buena política penal realizada sin ningún tipo de control. La expresión tan gráfica de VON LISZT: “el derecho penal es la Magna Carta del delincuente”.

Es precisamente una consecuencia del principio de legalidad, pues por muy grave que sea un hecho, su autor sólo podrá ser castigado si ese hecho ha sido considerado previamente como delito por una ley y sólo con la pena prevista en esa ley, aplicada y ejecutada conforme también a dicha ley.

Debe aceptarse, por consiguiente, el riesgo de que, por una mala elaboración de la ley o por la enorme astucia de un delincuente, queden sin sanción acciones gravemente perturbadoras de la convivencia humana. Pero este riesgo es, por otra parte, bastante pequeño; en todo caso, es el precio que hay que pagar por la seguridad jurídica, requisito indispensable en una comunidad organizada.

De la vigencia del principio de intervención legalizada se derivan, para el derecho penal, una serie de consecuencias que relativizan todo su contenido y que lo distinguen del de las demás disciplinas jurídicas, tanto en orden a las fuentes, como a su interpretación, como a su elaboración científica.

En lo que sigue me voy a ocupar, en primer lugar, más detenidamente de la evolución y fundamento de este principio y, después, de sus consecuencias para el derecho penal. Todo ello abordado naturalmente desde el punto de vista de la legislación y práctica penal españolas, donde el principio de intervención legalizada ha encontrado siempre reconocimiento, si bien, a veces, de un modo más teórico que efectivo. (más…)

La teoría de la prohibición de regreso es aceptada en la doctrina moderna, pero ha sido reformulada tanto en su fundamentación, como en su campo de aplicación, en la actualidad se trata de un ámbito de colaboración dolosa o culposa de un tercero en la realización del tipo penal, sin que exista responsabilidad para éste «participe».

A guisa de ejemplo, observando las normas constitucionales y administrativas, un servidor público otorga a varios políticos dineros del Estado para que sean invertidos en obras sociales, los políticos desvían hacia fines privados los valores, a pesar de que el funcionario prestó una colaboración en la realización del tipo de malversación de fondos, no existe para el responsabilidad penal, porque la situación que favorecía la comisión del ilícito (la entrega del dinero) fue creada en virtud de un riesgo permitido. Los valores se conceden conforme a lo que ordenaba la ley, hay una prohibición de regreso. Las principales diferencias que presenta la fundamentación actual de la prohibición de regreso, (la cual no se entrará en detalle) con la explicación tradicional son las siguientes:

1) No se trata de un problema de causalidad, sino de imputación objetiva.

2) No es un criterio de que tenga carácter absoluto.

3) es aplicable tanto para el dolo, como para la culpa.


JAKOBS
es partidario de una prohibición de regreso en dos situaciones:

Cuando no existe ninguna actividad común entre el tercero y el autor, y este unilateralmente decide desviar el aporte del tercero hacia la comisión de un hecho delictivo, si un partícipe no actúa conjuntamente con el autor, entonces no responde por las consecuencias que este unan voluntariamente a la acción, así por ejemplo, la ejecución de la amenaza, por ejemplo: si tu te vas, yo mato a alguien, no conduce a la responsabilidad de quien se va por participación en el homicidio; el irse no tiene un sentido delictivo.

Si el partícipe, actúa conjuntamente con el autor, se excluye la responsabilidad en los casos en los cuales el contacto social se agota en sí mismo en la prestación o contraprestación de un objeto o una información y la realización de las metas perseguidas subjetivamente continúan según su propio objeto. Por ejemplo, quien normalmente ejerce la actividad de conductor de taxi, no responde como cómplice del hecho punible que pueda realizar el pasajero al llegar a su destino, quien vende armas en sus establecimientos legalmente autorizados, no responde como partícipe del delito cometido por el comprador del arma. En el caso anterior existe una prohibición de regreso, en el sentido de que si la conducta de un tercero es en sí misma inocua o socialmente adecuada, no se le puede imputar la conducta de un autor que desvía esa contribución hacia fines delictivos.

¿Bajo qué presupuestos la conducta de los terceros puede influir en la configuración del cuidado propio?, el principio de confianza encuentra unos de sus fundamentos en el principio de autorresponsabilidad, en virtud del principio de la autorresponsabilidad, generalmente solo se responde por el hecho propio, mas no por el hecho ajeno, en todo contacto social es siempre previsible que otras personas van a defraudar las expectativas que se originan en su rol. El principio de confianza se utiliza en la actualidad en cuatro ámbitos fundamentales:

1) Tráfico automotor: el principio de confianza fue desarrollado inicialmente por la jurisprudencia alemana para resolver casos de tráfico automotor, quien se comporta conforme a las reglas del tráfico, tiene derecho a esperar de los demás una conducta reglamentaria.

2) Trabajo en equipo: este principio rápidamente se extendió a todo tipo de actividad que implicará una distribución de trabajo, no es posible que alguien pueda cumplir acertadamente su tarea si tiene el deber de controlar y vigilar la conducta de los demás colaboradores, por ejemplo, el médico que opera con material que no estaba debidamente esterilizado, porque él puede esperar fundadamente que esa labor será cumplida correctamente por una instrumentadora quirúrgica, a el solo le concierne el deber de asignar correctamente las funciones que se han de cumplir en el desarrollo de la operación.

3) Comportamiento dolosos de terceros: se tiene derecho a esperar de los demás que no se comporten dolosamente, la aplicación del principio de confianza en este grupo de casos depende del alcance que se le fije a la posición de garante, en este punto se distinguen dos hipótesis, cuando hay ciertos objetos peligrosos (plantas venenosas, gasolina, ácidos medicamentos y también hay otros tipos de objetos armas, material explosivo etc…)

Por ejemplo, si alguien deja dentro de una nevera ácido sulfúrico en una botella de cerveza y otro desprevenidamente la toma, el garante (es decir, quien tiene el deber de custodia del material peligroso) responde por lesiones u homicidio culposo, no respondería, sin embargo, si en la misma situación alguien toma el acido para ocasionarles dolosamente daños a terceros.

4) Realización de riesgos: un sector de la doctrina también utiliza el principio de confianza para resolver problemas de realización de riesgos, el caso es el siguiente por ejemplo, alguien A, con intención de ocasionar la muerte a B, le causa una grave lesión; el herido muere porque en el hospital C, lo opera contrariando la lex artis, en esta hipótesis el hecho no le es imputable a A, porque si no surgen circunstancias excepcionales, tiene derecho a esperar de los demás un comportamiento reglamentario. Este ejemplo es concerniente al tema de la relación de riesgo, tema que no va a ser desarrollado en este artículo.

El riesgo permitido esta unido a este proceso de industrialización, no es un concepto propio de la sociedad moderna, la creación de peligros es inherente a toda forma de interacción de una comunidad organizada (la navegación, el desplazamiento, el tráfico automotor etc…), de lo que se trata es de precisar el límite que socialmente se tiene para permitir un riesgo, lo que ha venido cambiando es el contenido material de la valoración, eso depende del grado del desarrollo social; el transporte aéreo, es algo usual y corriente en nuestra organización, hubiera sido considerado como un peligro totalmente prohibido hace cien años, por ejemplo el siglo pasado las empresas ferroviarias, fueron considerados como no permitidas por el tribunal apelaciones de Múnich, los peligros son las estructuras sociales de cada momento histórico determinado las que establecen cuales son los peligros que pueden ser aceptados por la comunidad organizada, en esta valoración entran en juego diferentes criterios como son:

1) Utilidad social: ¿Por qué permite la sociedad, por ejemplo la presencia de instalaciones nucleares con fines científicos, cuando este tipo de empresas representan un grave peligro para los bienes jurídicos? La respuesta es la utilidad social que se obtienen, todos los ciudadanos son víctimas potenciales de un desastre nuclear, pero a su vez son beneficiarios de las ventajas que la experimentación representa en el avance de la técnica y por ende en la mejora del estado de bienestar.

2) Inevitabilidad del riesgo: la organización moderna se caracteriza, con razón, como una sociedad de riesgos, sin esos riesgos no podría ser aplicado la vida en sociedad, el transporte aéreo, marítimo, y fluvial presupone siempre un riesgo, porque sin él sería imposible la dinámica de este tipo de actividades, la única forma de evitarlo sería su prohibición.

3) La necesidad: la empresa peligrosa es otro de los factores que legitiman el riesgo; hay actividades que son indispensables para garantizar las condiciones mínimas de supervivencia de una sociedad. Por ejemplo, pensamos en las empresas de procesamiento de alimentos y productos indispensables en la vida cotidiana, o en las empresas de construcción.

4) Costumbre general: como último de los criterios, es que se pueden ir creando peligros que van siendo aceptados por una sociedad determinada, el riesgo permitido es una expresión de la adecuación social por ejemplo, privaciones de la libertad insignificantes como cuando el conductor de un tren no hace paré en una estación y el pasajero en contra de su voluntad es trasladada a otra cercana.

De lo anterior podemos inferir que el ordenamiento jurídico no puede prohibir toda lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos, porque una prohibición de tal naturaleza haría imposible la interacción social, lo único que puede hacer la sociedad es limitar el peligro y permitir el ejercicio de la actividad dentro de determinados límites, este residuo de peligro socialmente tolerado es lo que en términos generales denominamos: «riesgo permitido».

Una vez precisado cuál es el fundamento material. Surge la pregunta acerca de, ¿cómo se determina en un caso concreto el riesgo permitido? Para su concreción se ha fijado las siguientes pautas:

1) Las normas jurídicas: comenzamos con un ejemplo en materia de regulación del tráfico automotor, se ha prohibido una gran cantidad de comportamientos que generan un peligro abstracto, conducir en estado de embriaguez, quebrantar el derecho de prelación, exceder los límites de la velocidad permitida, etc… En fin se han señalado expresamente prohibiciones de conductas que ponen en peligro abstracto los bienes jurídicos.

2) Las normas técnicas y la lex artis: en Alemania existen algunas asociaciones de industriales, de técnicos electrónicos, de ingenieros, deportistas, que han elaborado innumerables normas de seguridad tendientes a la evitación de accidentes, si bien estas regulaciones no tienen la fuerza vinculante de una norma jurídica, donde pueden ser retomadas por el juez.

Lo mismo puede sostenerse con respecto a la Lex artis es decir a las pautas de conducta que va generando el ejercicio de las profesiones, el desarrollo de la técnica va indicando que tipo de comportamientos y de métodos que debe observar el profesional. Debemos precisar que la simple violación de la norma jurídica de la norma técnica o de la lex artis, no implica ipso iure la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado o tampoco en algunos casos tampoco implica la imputación del resultado. Por ejemplo, alguien puede violar la norma técnica en virtud del principio de confianza, cuando un médico realiza erróneamente una intervención quirúrgica con base en exámenes clínicos mal elaborados por el laboratorio. A pesar de la falla técnica, el médico no ha creado un peligro jurídicamente desaprobado, porque en virtud del principio de confianza tenía derecho a esperar de sus colaboradores comportamientos ajustados a su rol.

3) La figura del modelo diferenciado: cuando se cuenta con normas jurídicas o técnicas que señalen los estándares de seguridad, debe tomarse como modelo la conducta que hubiera seguido un hombre prudente y diligente, en la situación en que se encontraba el autor.

4) El deber de advertir el peligro y los deberes de información: cuando alguien va a desplegar una determinada acción, el primer deber que tienes, es el de advertir el peligro para los bienes jurídicos; surge para el un: «deber de examen previo».

A modo de ejemplo, si un médico va a realizar una operación, su primer deber es ordenar los exámenes técnicos correspondientes, con el fin de concretar exactamente su diagnóstico, y de esta manera poder orientar el tratamiento, si los omite y eran relevantes para una exitosa actividad curativa, pueda estar creando un riesgo jurídicamente desaprobado. Otro ejemplo sería, si un arquitecto no tiene la capacidad técnica para dirigir una compleja construcción, porque no corresponde; su deber es no realizarla. En suma como afirma ROXIN: «quien algo no sabe, tiene que informarse; quien algo no puede, tiene que dejarlo».

5) El significado social del comportamiento: cuando las pautas anteriormente señaladas no sean suficientes para concretar el riesgo permitido, debemos acudir a los criterios materiales que legitiman la creación de un riesgo es decir: «la utilidad social del peligro , la inevitabilidad el riesgo, la necesidad de la empresa o la aceptación general del peligro». Mientras mayor sea la utilidad social de la acción, mayor es la permisión del peligro, por ejemplo, en las competiciones deportivas se aceptan como riesgo permitido, lesiones infligidas con violación de las normas que regula la actividad.

La corriente que ha sido criticada por unos y aceptadas por otros, tiene su relevancia en Colombia por muchos dogmáticos. El creador de este esquema es JAKOBS autor que se basó en los cimientos del Profesor HANS WELZEL creador del esquema finalista.

Proviene de una corriente sociológica, del pensamiento sistémico principalmente de LUHMANN, y de la filosofía de KANT y HEGEL, donde se deriva la ciencia penal como una realidad social

El meollo de este esquema en JAKOBS, se encuentra publicado en el texto Culpabilidad y Prevención (1976) y luego en su Tratado de Derecho penal (1983); donde expone en estos textos el agotamiento, bien como hemos dicho de los cimientos ontológicos welzelianos; pretendiendo hacer un replanteamiento metodológico del Derecho Penal, donde se verá una nueva fundamentación de la teoría jurídica.

El profesor JAKOBS junto con sus discípulos en diferentes países, en el caso de Colombia pudo penetrar dicho esquema gracias al Profesor REYES ECHANDIA; se comenzó a estudiar el FUNCIONALISMO SISTÉMICO, RADICAL, FUNDAMENTADOR, para nosotros lo llamaremos simplemente NORMATIVISTA, que al practicarse tuvo mucho vigor en otros países latinoamericanos.

JAKOBS en Bonn germinó con sus estudios a partir de los años de 1960 a 1970 aproximadamente y en él desarrolla una forma esquemática funcional de la teoría del delito, en el ve el derecho como la estabilización social, como medio de instrumentalización en la sociedad para formar así una integración social entre los ciudadanos.

JAKOBS diserta de una relación de expectativas-defraudaciones, en la que cada ciudadano debe tener un rol, un estatus dentro de la sociedad en que vive, por lo tanto debe tener un cumplimiento de determinadas conductas; en el que si se está dentro de ese rol que debe desempeñar, se dice que está cumpliendo las expectativas, y cuando el ciudadano no cumple con esas expectativas que debe cumplir mediante ese rol que desempeña las defrauda, y por la tanto con esa defraudación existiría una consecuencia jurídica.

JAKOBS fundamenta también la idea de la posición de garantía, que significa primordialmente que cada persona cumpliendo ese rol en la sociedad, esa conducta o dicho comportamiento de lo que le compete, está obligada a comportarse, haciendo o no haciendo lo que la sociedad le exige; basta decir que esta una de las críticas que se les comenta al profesor JAKOBS, critica que no retomaremos en este ensayo.

De lo anterior se dice que las personas están obligadas a actuar determinadamente mediante su función de garante; penalmente es responsable aquella persona que lesiona los intereses sociales, por falta la posición de garante, es decir aquel que defrauda las expectativas sociales, porque no actúa mediante el rol en que se está desempeñando.

Respecto de la pena, se afirma que no es retribución de un mal, que por el haber actuado delictictivamente se le impone la pena, la idea no es una prevención general negativa, en contrario es una PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA, como se comentaba ut supra (prevención-integración); entendida éste como aquel instrumento que persigue ejercitar el reconocimiento de la norma y la fidelidad frente al derecho por parte de los miembros de la sociedad, en lo que se refiere: “ser fiel al derecho”, en lo que el Derecho Penal no debe girar en torno de los bienes jurídicos que se trata, como ocurre en el funcionalismo moderado de ROXIN, sino debe girar en torno al incumplimiento de deberes.

Es por eso que JAKOBS plantea una RENORMATIVIZACIÓN absoluta del Derecho Penal (realidad social), y esto lo intenta llevando al neokantismo a su máxima expresión; de allí el nombre de FUNCIONALISMO EXTREMO. Por ello al asignar deberes de comportamiento en una sociedad funcional ha generado críticas en contra de su planteamiento, llamando dicho planteamiento como extremo y es de ahí que se le titule de: “radical”.

La idea de JAKOBS, finalmente es el desarrollo dentro de su esquema de un planteamiento denominado TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA (todo se reduce a ello), se entiende por dicho concepto como conjunto de hipótesis que permiten concluir si la conducta crea o no un riesgo para el bien jurídico; todo ello orientado a corregir o complementar las diversas teorías sobre la relación de causalidad material.

Yendo más allá de los criterios mencionados; la imputación objetiva pretende cobijar en su integridad la estructura del delito, por lo que al hombre sólo se le puede ser imputado un resultado si este es producto de su conducta que ha creado un riesgo jurídicamente inadmitido o desaprobado.

Para explicar estas nociones, podemos expresar lo siguiente:

La teoría del riesgo permitido, el principio de confianza, las acciones a propio riesgo o autopuesta en peligro, y por último la prohibición de regreso, son los fundamentos en la teoría de la imputación objetiva de JAKOBS.

WOLFGANG FRISCH discípulo de JAKOBS sintetiza las tres condiciones que se exigen para que pueda ser imputado objetivamente un resultado según las doctrinas recientes:

— Que el autor haya provocado el resultado de modo causal por su actuación (relación de causalidad o nexo causal)

— Que con su conducta haya creado un peligro desaprobado

— Que ese peligro desaprobado se haya materializado el resultado.

A pesar de las críticas que se le han hecho a JAKOBS en contra de sus planteamientos del FUNCIONALISMO NORMATIVISTA, tiene argumentos bastante sólidos en la que bastantes jóvenes dogmáticos se han perfilado a seguir estas directrices, que han sido reconocidos en la doctrina contemporánea junto con los planteamientos de ROXIN; en la cual ha tenido bastante auge dentro del sistema latinoamericano penal.

Aquí se marca una diferencia notable en la estructura del delito ya que se va a tener en cuenta el injusto, bien como lo hemos concebido en ROXIN y la culpabilidad, pero de distinto modo, porque sabemos que sus teorías son distintas, así se va  a destacar una notaría exhibición en la teoría de la imputación objetiva ya que en la teoría de JAKOBS no va a ser parte del tipo, como tipo objetivo sino de todo la estructura del delito.

Así, la misión que debe tomar el Derecho Penal, tomando como bases las nociones sociológicas, es una orientación funcional que corresponda a la práctica real, como visión tecnocrática del Derecho Penal. Por eso la aparición de la teoría de los roles, con la idea de la prevención general positiva (integradora).

La acción es la causación evitable del resultado y la omisión como lo no evitación del resultado, sin restar que JAKOBS, no le interesa mucho esta diferenciación toma como base un unívoco de imputación, sin importar si es acción o omisión, de allí, los roles, solo se concentra en el INJUSTO como una defraudación de la expectativa normativas.

Bien como expresa FRISCH, debe existir una causalidad, pero también una imputación de comportamientos, que no es otra cosas que las condiciones que se deben dar para que se impute objetivamente (prohibición de regreso, acción a propio riesgo…), y se necesita además de esta, la imputación de resultado.

Habíamos dicho que en ROXIN, no entra como propiamente dicho en la estructura de las categorías dogmáticas la (AJ) antijuridicidad, pues bien para JAKOBS si entra y no se predica de todo el ordenamiento jurídico, aquí hace parte de la estructura de este esquema, definiéndose como: «la falta de motivación jurídicamente dominante».

El injusto como comportamiento típico evitable (dolo o culpa), que no esté justificado (se incluye la antijuridicidad), y la culpabilidad como libertad de autodeterminarse conforme al rol, (he aquí lo importante de este esquema).

Se aúna la CULPABILIDAD (concepto funcional de culpabilidad), donde se reprocha porque va en contra de esos valores de la sociedad y la PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA, donde el ordenamiento jurídico reacciona normativamente con la pena. Aquí en la culpabilidad igual se va a ver el comportamiento antijurídico del autor, como la imputabilidad del sujeto (como capacidad de cuestionar la capacidad de la norma) y la no exigibilidad de la conducta.

Eso es lo que le critican en última a JAKOBS, donde todo se reduce a un tipo total de culpabilidad, como si fuera un círculo vicioso, porque si bien si el sujeto se comporta contrario a la norma sin causal de justificación es decir con (AJ) antijuridicidad es culpable del injusto, por ello desde el rol, es donde se mira la culpabilidad, se determina si cometió el delito o no, y no desde el injusto mismo, por ello del tipo total de la culpabilidad.

La prevención general positiva en su función primaria está la ejercitar el reconocimiento de la norma y la fidelidad frente al derecho por parte de los miembros de la sociedad; la pena es siempre reacción ante la infracción de una norma, mediante la reacción siempre se pone de manifiesto que ha de observarse la norma y la reacción demostrarla siempre tiene lugar a costa del responsable por haberla infringido.

El esquema funcionalista en JAKOBS seria:

(I = [IJ (dex + AJ) + C (rol + PGP)])

(I) IMPUTACIÓN = (IJ) INJUSTO (entendido sólo como defraudación de expectativas normativas (dex) o como comportamiento típico evitable, que no esté justificado), + (AJ) COMPORTAMIENTO ANTIJURÍDICO (como falta de motivación jurídicamente dominante, que se presupone que está incluido dentro del injusto) + (C) CULPABILIDAD (libertad de autodominarse conforme a un rol) donde va aunada con la PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP), como fin ejercitar el reconocimiento de la norma y la fidelidad que debe ser respetada.

Para CLAUS ROXIN cuando implementa sus ideas en Múnich; y se auto-pregunta: ¿Hacia dónde va orientado el derecho penal ¿Para qué sirve? y ¿Qué función cumple el Derecho Penal?. El Derecho Penal había perdido su autodefinición, tampoco se sabía para qué servía la pena y el por qué servía la pena; aún menos se concebía de la orientación de esta, o que destino y finalidad cumplía la política criminal.

Es por eso que el ROXIN toma sus criterios desde una perspectiva valorativista, neokantiana y de un sistema abierto, trata de modificar las estructuras del delito (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) retomando cada estructura para que vaya orientada hacia los nuevos desafíos del Derecho Penal; hacia una política de Estado coherente a las necesidades del presente.

Por cierto ese Estado que mencionaba ROXIN debe ser un Estado de derecho, basado en principios constitucionales (de allí su limitación). De aquí surge la idea del FUNCIONALISMO MODERADO, en que toda estructura del delito debe ir encaminado hacia un propósito, en el que no puede separarse de la política criminal, del Estado con la Constitución y el bloque de constitucionalidad que ella integra y en tal caso ningún principio debería ir en contra de esta.

Surge posteriormente el concepto del bien jurídico tutelado concepto ligado a la política criminal y a la Constitución, que como hemos dicho, ese bien jurídico tutelado ROXIN lo asemeja a los derechos fundamentales creados sobre la base de las mayorías de las estructuras jurídicas penales del continente latinoamericano.

Otra de las ideas preconizadas por ROXIN es el concepto de la imputación objetiva, que originó una gran discusión en torno a los conceptos de causalidad e imputación en el Derecho Penal. La estructura planteada por ROXIN complementa de cierta forma el tipo objetivo; otra idea que organiza este y que de cierta medida también será idea de JAKOBS es el binomio culpabilidad-prevención.

La culpabilidad como máxima exigencia del estado ciudadano que solo se puede desarrollar como se dijo anteriormente desde la óptica política criminal basada en la función preventiva de la pena. 

De este modo la responsabilidad o culpabilidad lleva consigo la necesidad preventiva de la pena general y especial, que es indispensable para imponer la pena no como fundamento sino como límite de ahí el FUNCIONALISMO LIMITADOR, que se puede dar la no exigibilidad de otra conducta (excluya); ahora, lo importante no es actuar de otro modo, sino la necesidad preventiva de pena que es lo más importante en el esquema de ROXIN,  que es necesario imponerse al procesado. Así que responsabilidad (necesidad de pena) y culpabilidad debe ser tomado en sentido material y no solamente la culpabilidad que se deduce de la Ley.

 En suma, se es RESPONSABLE, si y solo si:

Hay INJUSTO y CULPABILIDAD (entendida esta como auto control, donde tenía una conducta alternativa conforme a derecho y no lo hizo) y si por razones preventivas de pena se toma evitable el castigo, que es llamada necesidad de pena.

El esquema funcionalista del delito en ROXIN sería:

(R = [IJ (ac + t) + AJ + C + NP])

 (R) RESPONSABILIDAD = (IJ) INJUSTO ( acción y tipo) + mientras que no se demuestre la causal de justificación es (AJ) ANTIJURÍDICO, (tomándolo dentro del concepto de injusto, pero teniendo en cuenta también, que esta no hace parte de la estructura del delito, pero sí de todo el ordenamiento jurídico) + (C) CULPABILIDAD + (NP) NECESIDAD DE PENA.

Así para ROXIN la acción es entendida como psíquico-espiritual, como centro anímico espiritual de la acción; en sencillas palabras se habla de una manifestación de la personalidad.

Como se ha dicho ut supra, lo principal de este esquema es que debe estar relacionado a pautas políticos criminales; así la tipicidad recoge la acción, también la imputación objetiva dentro del tipo, como la antijuridicidad (tipo total) y se habla además de necesidad de pena, así sólo las acciones pueden ser típicas, complementandose; sin restar con el principio de la culpabilidad. De esta manera coincide el injusto con el tipo y los efectos de punibilidad orientados con la prevención general positiva y preventiva especial, que es la función del Derecho Penal.

Cuando se habla de INJUSTO no se habla de antijuridicidad propiamente dicho, aunque se integre en tipo sistemático o total de la teoría del delito de ROXIN, porque bien este último se predica de todo el ordenamiento jurídico y no del Derecho Penal, así el INJUSTO (contiene acción y tipo), solo de acciones típicas pueden ser injusto penal, desde aquí se mira las permisiones y las prohibiciones.

Lo importante de resaltar el injusto desde la política criminal es porque soluciona colisiones de los intervinientes, sirve de enlace de las medidas de seguridad y otras consecuencias jurídicas; entrelaza el Derecho Penal con todo el ordenamiento jurídico e integra las valoraciones decisivas lo que permite recoger todas la causales de justificación del ordenamiento jurídico.