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En la Gaceta Oficial de fecha 22 de julio de 2016 aparece publicada la Resolución N° 9855 emanada del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, en la que se establece el denominado “préstamo forzoso u obligatorio de trabajadores”, el cual puede ser acordado por el Gobierno Nacional dentro del marco del prorrogado e inconstitucional Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. En otras palabras, el Gobierno Nacional puede decidir “insertar temporalmente” trabajadores de una empresa en otra que esté en proceso de reactivación productiva del proceso agroalimentario; es decir, todas las empresas tienen ahora la obligación de prestar sus trabajadores cuando le sean requeridos por el Gobierno.

Esta Resolución trae implicaciones muy serias y graves para el sector productivo, más allá de su carácter inconstitucional e ilegal, al violentar principios y normas de rango constitucional, derechos humanos y Tratados Internacionales en materia laboral, entre otros instrumentos jurídicos, que califican evidentemente al país como desconocedor de estos Derechos Humanos, como mas adelante explicaremos.

De esta insólita Resolución Ministerial se puede extraer que si una empresa se encuentra en proceso de reactivación económica para la seguridad agroalimentaria bajo la conducción del Gobierno y requiere de cualquier número de trabajadores para lograr este fin, el ente gubernamental puede pedir o requerir de cualquier otra empresa del sector agroalimentario el préstamo temporal de esos trabajadores para ser reinsertados temporalmente en la empresa objeto de las medidas especiales para fortalecer su producción, aplicándose por lo tanto solamente a las empresas de naturaleza agroindustriales. Estos trabajadores reinsertados o “dados en préstamo” gozarán de inamovilidad laboral, cuya duración se establece por sesenta días, prorrogables por igual lapso, si las circunstancias lo ameritan a juicio del Gobierno, conservando el mismo salario obtenido en la empresa de origen, lo que es verdaderamente criticable pues las condiciones  y beneficios laborales de trabajar en una empresa van mucho más allá del salario neto, pues incluye los propios términos contractuales, muchas veces ampliados por Convenciones Colectivas, y aspectos subjetivos importantes como el ambiente de trabajo, relaciones interpersonales laborales y cultura de trabajo,  lo que ese “préstamo forzoso de trabajadores” atenta contra las más grandes e históricas reivindicaciones logradas por la clase trabajadora.

A nuestro juicio, esta Resolución es inconstitucional por sí misma, ya que no sólo violenta derechos como la libertad de empresa, pues priva a la empresa de manera forzosa de sus trabajadores incidiendo lógicamente en su capacidad productiva, sino que también desconoce derechos de los trabajadores, que llegan a vulnerar su propia dignidad humana, pues los mismos son tomados como simples objetos que pueden ser cambiados a potestad del gobierno; esto es, viola la libertad del trabajo. Lo más grave a nuestro juicio es que esa abominable Resolución establece un caso de esclavitud y servidumbre expresamente prohibidos por la Carta Fundamental y en instrumentos de carácter internacional que son ley de la República, concretamente en el artículo 54 de la Constitución, pues no se consagra en dicha Resolución que el trabajador pueda dar su consentimiento para llevar a cabo tal préstamo empresarial, lo que lógicamente le imprime su carácter de forzoso y su connotación evidente de servidumbre o de esclavitud.

En consecuencia, esta Resolución establece un sistema de movilización obligatoria de trabajadores de una empresa a otra, donde la voluntad del trabajador ha sido anulada, violándose así el libre albedrío de la persona humana, ya que nadie puede ser obligado a trabajar en un sitio que no desea. Además consagra una visión de los trabajadores como inventario, es decir, al proponer que los trabajadores de una empresa pueden ser movilizados a otra sin considerar que se puedan afectar sus propios procesos productivos, lo que implica obviamente el desconocer cómo funciona una empresa, por cuanto cada trabajador está contratado porque hace un aporte específico al proceso productivo. Lo más grave es que consagra el “trabajo forzoso”, prohibido expresamente en la Convención 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al considerar que el trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo  bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Entonces forzar el desplazamiento de trabajadores de una empresa a otra, sin que medie la voluntad del trabajador, es colocarnos nuevamente en la época superada del esclavismo.

Por otra parte, podemos indicar que nuestra economía está sometida a una fuerte dosis de planificación centralizada, en especial el sector agroalimentario: controles de precio, controles de cambio, monopolio de las importaciones por parte del gobierno, autorizaciones previas para la movilización de productos, entre otras medidas, que inciden y que están perjudicando notablemente la producción nacional de alimentos, por lo que esta medida de movilización o inserción forzada de trabajadores se suma peligrosamente a estas medidas, cuando lo que necesitamos urgentemente es desmontar este sistema de políticas económicas que ha generado una asfixia a la producción en Venezuela. (más…)

PLATON Y SU FILOSOFIA

Publicado: diciembre 15, 2014 en FILOSOFÍA
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PLATON, es RACIONALISTA e IDEALISTA, porque dice que es una mixtura la razón y las ideas, se obtiene las ideas y luego las materializa, por eso se dice que es racionalista e idealista.

Fue un filósofo importante en la antigüedad y uno de los filósofos importantes que se dio en esa trilogía no sólo en la filosofía, sino además en la filosofía del derecho. P

1º Nació en Atenas, 427 a.c. Su padre lo llamó Aristón.
2º En su juventud fue poeta y compositor de tragedias.
3º Fue discípulo de SOCRATES, no se conformó con los conocimientos obtenidos de Sócrates, sino que también se dedicó a estudiar a los sofistas.
4º Su padre se lo presentó a SOCRATES, ya que Platón tenía interés de conocer a SOCRATES, y tiene interés por la filosofía y renuncia a las ideas de los sofistas que decían que lo conocían todo, se hizo discípulo de Sócrates por 8 años
5º Como todo ciudadano ateniense, cumplió su obligación del servicio militar.
6º Sócrates señalaba que el conocimiento se obtenía de adentro hacia afuera, que todo parte del hombre en sí mismo. Al igual que Sócrates formó parte de la milicia, lo cual era obligatorio y no pudo excusarse. No tuvo trayectoria como Sócrates pero se le consideró fuerte y valiente al enfrentarse para la defensa de Atenas.
7º A diferencia de su maestro cuya condición económica no fueron favorecedoras, PLATON, si tuvo una buena condición económica, que era de aristócratas y le permitió que de una manera estuviera cerca del ámbito de la cultura, era poeta y compositor de tragedias, y de una u otra manera vio que tenía tendencia hacia la filosofía, es por ello que desde muy joven comienza a reunirse con los SOFISTAS.
8º Fundó una ESCUELA ACADEMIA, por el DIOS ACADEMO, que funcionaba en un gimnasio ateniense con condiciones para el PLATON, pudiera impartir la educación de la filosofía, tenía caminatas de piedras, jardines caminantes, esto le permitía darles la libertada a sus estudiantes como para él. Al igual que Sócrates a Platón, no les gustaba estar encerrado.
9º Una de sus obras más importantes la República de Platón.

OBRAS DE PLATON. Se catalogan en tres grupos.

1º Primero, aquellas en que trata principalmente problemas morales.

a) El Eutifrón (sobre las relaciones de la moral con la religión)
b) El Critón (sobre la obediencia de las leyes);
c) La Apología de Sócrates;
d) Cármides o de la Sabiduría (sobre la moderación)
e) E) Laquez o del Valor (sobre el coraje);
f) Lisis (sobre la amistad)
g) Geogias (sobre la retórica); y Ion (sobre poesía)

2º Segundo lugar, los relativos a la dialéctica que son:

a) Cratilo (sobre el lenguaje),
b) Teetetes o de la ciencia;
c) Los sofistas (sobre el ser),
d) Parámides (sobre las ideas); y
e) Pitágoras (sobre los sofistas).

FORMA QUE IMPARTÍA SU EDUCACIÓN: Impartía su filosofía caminando y sus alumnos lo seguían y era ese DIALOGO, que evidenciaba igual que a SOCRATES, quien tampoco tenía una sede fija, porque esté donde hiciera una plaza podía conversar, una tertulia filosófica, EL DIALOGO FUE LA FORMA COMO PLATON PUBLICÓ SUS OBRAS, es por eso que forma la academia.

Después de la muerte de su maestro huyó de Atenas y se trasladó a Megare, luego realizó varios viajes a Cirene, donde aprendió matemáticas.

PLATON EN LA POLITICA: También tuvo la posibilidad de incursionar en la política, pero no era su vocación, porque su verdadera vocación era la filosofía, porque su intención era la verdadera intención de buscar la verdad.

APORTES:

Se caracteriza por sus diferentes obras, no solamente para la filosofía, sino además para diferentes ámbitos, pero la más importante para la filosofía viene a ser la REPUBLICA, su más importante obra, porque viene a reflejar lo que él deseaba.

Platón sigue con la visión que tenía Sócrates quien señala que la democracia no era la mejor forma de gobierno, y que la mejor sería la aristocracia y esa forma de gobierno viene a configurarse con s obra la república.

Después de la muerte de su maestro huyó de Atenas y se trasladó a Megare, luego realizó varios viajes a Cirene, donde aprendió matemáticas cuando conoce a los pitagóricos, y es ahí que no sólo se mete en el campo de la filosofía sino además en el campo de las matemáticas.

VIAJES DE PLATON PARA IMPLEMENTAR LA REPUBLICA EN ROMA.

Hace un estudio y ve que Roma es ideal para aplicar su obra, se reúne con varias personas conocidas y sabias y se da un encuentro entre DEONISIO el VIEJO y PLATON, a través de un familiar de DIONISIO, éste manda a buscar a PLATON y éste se va a SIRACUSA, y le dice a PLATON que está interesado en la forma de gobierno que habla en su obra la República, y que debía cumplir una serie de características entre ellas el gobernador debía ser sabio, a lo que DIONISIO EL VIEJO, se ofendido, humillado, porque en Roma a Diferencia de Grecia, la preparación de los gobernantes era física no intelectual. Y lo vendió como esclavo, y que gracias a que tenía personas conocidas lograron rescatarlo antes de ser vendido.

SEGUNDO VIAJE A ROMA

DIONISIO EL VIEJO CAE, y entra su hijo y su padre le recomienda que el debe aprender, para que pueda mantenerse en el poder por mucho tiempo, DIONISIO EL JOVEN acepta y manda a llamar a PLATON, por SEGUNDA VEZ PLATON, va a SIRACUSA, y comienza a impartir sus conocimientos, pero vuelve el mismo problema de la obra de la República, que su estructura es para que gobierne un sabio y DIONISIO EL JOVEN no lo era, y éste se ofendió igual que su padre y lo manda a capturar y PLATON, escapa y en el momento que escapó fue interceptado por DIONISIO el joven, pero se dieron situaciones para que éste pudiera escapar nuevamente e ir a GRECIA.

TERCER Y ÚLTIMO VIAJE A ROMA.

DIONISIO EL JOVEN, le da una oportunidad a PLATON, porque está interesado e intervienen unos pitagóricos y le dicen que si le da garantías para la seguridad de PLATON, éste vendría a SIRACUSA, le dijeron que si, pero vuelve a correr el riesgo, y se presenta nuevamente el conflicto y es cuando definitivamente lo ayudan a escapar y el dijo ya no más, es imposible implementar la república que yo deseo en ROMA.

TEORIA DE LAS IDEAS.
1º La teoría de las ideas es el centro de la filosofía de Platón. En primer lugar, Platón no hace distinción, como si la hará más tarde Aristóteles, entre la LOGICA Y LA METAFISICA.
2º LA DIALECTICA platónica las confunde y comprende, y es por tanto, la ciencia de las ideas, primeros principios de las cosas.
3º Para PLATON, las ideas son los principios del conocimiento y los principios de la existencia.
4º EL CONOCIMIENTO, no es la opinión que se refiere a sensación y general, o mejor, de la idea cuya presencia se manifiesta en este elemento constante. Lo particular, lo fenoménico, como tal, es sentido pero no comprendido; no se le conoce sino indirectamente, por medio de lo general o sea de la idea.
5º Las ideas tienen dos caracteres esenciales que parecen oponerse el uno al otro, y que no obstante, se atraen entre sí.
Primero, son universales, es decir presentes y comunes a toda una clase de seres, que en realidad, son simples semejanzas con la idea.
Segundo, son sustanciales, es decir, existen en sí mismas, más reales, más perfectas que ninguno de los seres a las cuales ellas se aplican.
6º PLATON consideraba que las cosas no tienen SER por sí, sino que lo reciben de otra realidad que está fuera de ellas. Este algo que da ser a las cosas es lo que llama PLATON idea.

MORAL PARA PLATON:

1º La moral de Platón, Como Sócrates, Platón enseñaba la identidad de la virtud con el saber, o sea, con la ciencia. Únicamente la ciencia identifica a la virtud, lo que no es ya la ciencia del hombre, sino la ciencia del Bien o de Dios mismo. La VIRTUD, es semejanza de Dios.

2º La idea del BIEN, es la idea de las ideas; es la que hace que las demás sean ideas. Bien vistas las cosas, la doctrina del BIEN, es una teología, porque el BIEN puede o ha sido entendido siempre como dios.

3º Dios es la unidad armoniosa de todas las ciencias. Parecerse a Dios es poner orden y unidad en las diversas facultades de la naturaleza humana, elevadas a su más alta perfección.

4º La felicidad y la virtud son inseparables. Están unidas la una a la otra por un “lazo de hierro y de diamante”. Preferiblemente sería sufrir la injusticia que cometerle.

Tiene que ver con el bien, retoma la teoría de LAS IDEAS, y dice que en la moral siempre prevalecerá la idea del bien.
Vuelve a caer en el error de Sócrates cuando mezclaba la teología con la filosofía y eso de alguna manera lo aclarará Aristóteles. Pero la perfección de la ideas, es dios, el ser omnipotente, superior, que refleja la perfección en el bien, por eso que la idea del bien está en manos de dios. Porque una cosa es filosofía y otra es teología.

PLATON, no le dio el enfoque en lo que es el hombre en sí mismo, sino que se mete en el campo de la teología, esto se llama TEORIA DEL BIEN, porque es la perfección, entonces si el hombre es malo o bueno siempre se va a desenvolver entre el bien y el mal, y quien dice sobre el bien y el mal es la teología.

SISTEMA POLÍTICO DE PLATON

1º La política tiene el mismo objeto que la moral, o sea alcanzar la virtud. En realidad no es más que una moral ampliada. Dicho en otras palabras: la MORAL, está comprendida dentro de la política.

2º El individuo no existe más que para el Estado, como el órgano para el cuerpo. El estado es un ser vivo cuyos miembros son los individuos. En él se encuentran las mismas facultades del alma, a las cuales corresponden tres clases: Los sophrosyne, a los trabajadores, agricultores y artesanos, en general a todos los que trabajan; la andría, a la clase de los guerreros, que defienden el estado; y la phrònesis, a la clase de los sabios y filósofos que gobiernan y dirigen el Estado.

3º En la República perfecta, estas tres clases son distintas. Cada una ejerce su función propia, sin interferir en las de las otras.

4º El individuo debe su participación y sumisión total al Estado a causa de su falta de autarquía, o sea, a su falta de capacidad para abastecerse a sí mismo, por su imperfección. Sólo el Estado es un ser perfecto que se basta a sí mismo. La finalidad del estado es lograr la felicidad por medio de la virtud.

5º En su dialogo titulado LAS LEYES, escrito cuanto Platón era anciano, parece que quiso rectificar acerca de la realidad ideal que había propuesto en la República, y admite la familia y la propiedad privada; las leyes escritas sirven de regla y de límite al gobierno de los magistrados. Pero asigna siempre la misión del Estado: hacer reinar la voluntad.

LA ETICA DE PLATON. También se mete en la teología, porque tiene que ver con el obrar humano. Vuelve a meter la ética y la moral, porque va con el bien y el mal.
La idea del bien como en el caso de dios, tengo que comportarme de tal manera que sea a imagen y semejanza de ese ser sino, yo sé cómo será ese resultado.

EL ESTADO PARA PLATON.
El Estado queda enmarcado en su obra la República, cuando señala que está estructurado por una forma de gobierno ideal que viene a ser la aristocracia.
La aristocracia: es la forma de gobierno en la cual el poder se encentra en manos de en grupo determinado de personas, que por lo general, según la obra de PLATON, deben ser los sabios.
La forma de gobierno denominado en la obra la República, va a estar estructura por estratos sociales, permiten que cada uno de ellos cumpla con una función dentro de ese mismo estado. De abajo hacia arriba.

CLASES SOCIALES PARA PLATON.

1º La primera de los trabajadores: Estas personas no tenían cualidad para luchar ni para gobernar, porque no tenían ni el conocimientos y la fortaleza física para luchar y defender el estado, por lo tanto van para el común denominador del trabajo, bien sea en la artesanía, o cualquier otro trabajo manual, cualquier cosa pero tenían que trabajar para darle producción al Estado.

“La multitud trabaja no se ocupa ni de la guerra ni del gobierno”.

2º La segunda clase la de la milicia o guerreros: Estas son personas que no pueden mandar porque no son sabios, pero no pueden trabajar porque tienen características especiales, primero su estructura anatómica, la fuerza, su destreza ante la lucha y el empleo de las armas, entonces estas personas se diferencian tanto de las primeras como de las terceras.

Los guerreros no trabajan ni gobiernan, pero combaten o se ejercitan para combatir”.

3º La tercera clase es la de los sabios o magistrados: En este estrato están las personas intelectuales, filósofos, porque solamente su preocupación es el conocimiento, no tiene estructura física para luchar, pero tampoco están en el estrato más bajo que es el de los trabajadores, porque tiene una cualidad muy importante que viene a ser la sabiduría.

“Los magistrados (sabios y filósofos), ni trabajan ni guerrean, su único deber es gobernar, que es también un derecho”.

Cada una de estas clases se subordina a la que le es superior.

LA EDUCACIÓN EN PODER DEL ESTADO.

1º La educación estaría en manos del estado, y la patria potestad de los niños estaba en manos del estado, se las quita a los padres, y desde pequeños, el estado está siempre pendiente de ver el desempeño de los niños.

2º Cuando el estado ve que este niño tiene características especial, sabe que su desempeño va a ser excelente, se preocupa por darle una mejor educación, independientemente que sea niño sabio, guerrero o trabajador.

3º Aun siendo el niño hijo de padres trabajadores, se lo quitan y al ver sus cualidades puede ser un niño sabio y le dan la mejor educación, porque el fin que tiene el estado, es que ese niño pueda gobernar el país.

Si no tiene características anatómicas especiales que hacen que el niño sea un guerrero o militar, no tiene la misma educación, ni va todo lo mejor para él, tiene la educación pero formándolo para ese ámbito.
En cuando a los trabajadores, sólo nacieron para trabajar.

Los niños pertenecen al Estado, de quien reciben la educación común. Según las aptitudes e inclinaciones que ellos demuestren, son colocados en una y otra de las tres clases. Los más inteligentes y mejores son sometidos a una educación más larga y más completa. Y cuando han cumplido un ciclo entero de las ciencias y de la filosofía, toman parte en el gobierno del Estado.

Anteriormente nos hemos referido al marco constitucional del derecho administrativo que deriva de los principios de la distribución vertical y de la separación orgánica del Poder Público en las diversas ramas territoriales. Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 136 de la Constitución “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.

La asignación de funciones propias, por tanto, no implica que cada uno de los órganos del Estado siempre tenga el ejercicio exclusivo de alguna función estatal específica. Por tanto, todos los órganos del Estado, en una u otra forma ejercen todas las funciones del Estado, lo que conduce al principio del ejercicio inter orgánico de las funciones del Estado, que se configura como otro de los marcos constitucionales del derecho administrativo.

Es decir, la división de la potestad estatal (el Poder Público) en ramas y la distribución de su ejercicio entre diversos órganos, no coincide exactamente con la “separación” de las funciones estatales, por lo que el hecho de que exista una separación orgánica “de poderes” no implica que cada uno de los órganos que lo ejercen tenga necesariamente el ejercicio exclusivo de ciertas funciones, ya que paralelamente a las “funciones propias” de cada órgano del Estado, éstos ejercen funciones que por su naturaleza son similares a las que ejercen otros órganos estatales. En otras palabras, paralelamente a sus funciones propias, los órganos del Estado realizan funciones distintas a aquellas que les corresponden por su naturaleza.

Ahora bien, en la expresión constitucional, por “función” ha de entenderse la acción que desarrollan los órganos estatales o la actividad que desempeñan como tarea que les es inherente, en el sentido que sólo en ejercicio del Poder Público pueden cumplirse. De ahí que la función es toda actividad de la propia esencia y naturaleza de los órganos estatales y, por tanto, indelegable salvo que exista una autorización constitucional. Entonces, las diversas funciones del Estado son sólo las diversas formas a través de las cuales se manifiesta la actividad estatal; y ellas no están atribuidas en forma exclusiva a los órganos del Estado.

En el mundo contemporáneo estas funciones como tareas inherentes a los órganos del Estado pueden reducirse a las siguientes: la función normativa, la función política, la función administrativa, la función jurisdiccional y la función de control, a las cuales pueden reconducirse todas las actividades del Estado. Estas funciones, realizadas en ejercicio del Poder Público por los órganos estatales, sin embargo, como se dijo, no están encomendadas con carácter exclusivo a diferentes órganos, sino que se ejercen por varios de los órganos estatales.

Así, la función normativa en el Estado contemporáneo es aquella actividad estatal que se manifiesta en la creación, modificación o extinción de normas jurídicas de validez general.

La función normativa del Estado, en esta forma, si bien se atribuye como función propia al órgano que ejerce el Poder Legislativo, es decir, a la Asamblea Nacional, al sancionar las leyes (art. 203), se realiza también por otros órganos del Poder Público incluso con rango y valor de ley. En efecto, cuando mediante una ley habilitante la Asamblea Nacional delega en el Presidente la posibilidad de dictar actos estatales con rango y valor de ley (Art. 236,8), sin duda ejerce la función normativa; e igualmente, cuando reglamenta las leyes (Art. 236,10). Igualmente el Tribunal Supremo de Justicia también ejerce la función normativa cuando dicta los reglamentos necesarios a los efectos de asegurar la dirección y gobierno del Poder Judicial (Art. 267)28. Igualmente, ejercen la función normativa, los órganos del Poder Ciudadano cuando dictan los reglamentos establecidos en las leyes reguladoras de su actividad, al igual que el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio del Poder Electoral, cuando reglamenta las leyes electorales (Art. 293,1)30  La función normativa, por tanto, si bien es una “función propia” de la Asamblea Nacional, no es una función privativa y exclusiva de ella, pues los otros órganos estatales también la ejercen. Sin embargo, lo que sí es función privativa y exclusiva de la Asamblea Nacional es el ejercicio de la función normativa en una forma determinada: como cuerpo legislador y mediante la emisión de los actos estatales denominados leyes. Los otros órganos estatales que ejercen la función normativa, si bien realizan una función creadora dentro del ordenamiento jurídico, a excepción de los decretos leyes habilitados (dictados por el Presidente de la República una vez que se ha dictado la ley habilitante) lo hacen a través de actos administrativos de efectos generales, y siempre bajo el condicionamiento de las leyes y nunca en ejecución directa e inmediata sólo de una norma constitucional. En otras palabras, las leyes son actos estatales dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y de rango legal; los reglamentos y demás actos administrativos de efectos generales son actos de ejecución directa e inmediata de la legislación y de rango sublegal. Sin embargo, los decretos-leyes habilitados que puede dictar el Presidente de la República, a pesar de requerir de una ley habilitante, en virtud de la delegación legislativa que contiene, puede decirse que se dictan también en ejecución directa de la Constitución.

Pero aparte de la función normativa, en el Estado contemporáneo ha ido delineándose otra función primordial, distinta de la función administrativa, por medio de la cual el Presidente de la República ejerce sus actividades como jefe del Estado, es decir, como jefe del Gobierno de la República, dirigiendo la acción de gobierno (Arts. 226; 236,2). A través de esta función política, el Presidente de la República puede adoptar decisiones en virtud de atribuciones que le son conferidas directamente por la Constitución, en general sin condicionamiento legal, de orden político, las cuales, por tanto, exceden de la administración normal de los asuntos del Estado. Ello ocurre por ejemplo, cuando dirige las relaciones exteriores, convoca a sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional y cuando la disuelve (Arts. 236,4,9,20). También puede considerarse que ejerce la función política, cuando decreta los estados de excepción, y restringe garantías constitucionales, incluso, en este caso, a pesar de que la Constitución dispuso que una Ley Orgánica deba regular la materia (Art. 338). La característica fundamental de esta función política es que está atribuida en la 29 Artículos 3; 14,2; y 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; Artículos 29; 20; 34; 36; 40; 43; 46 y 51 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Además, artículos 32 y 29 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Aun cuando en algunos casos podría no haber coincidencia, podría decirse que, en general, el Presidente de la República ejerce sus atribuciones de jefe del Estado en ejercicio de la función política, y de jefe del Ejecutivo Nacional, en ejercicio de la función administrativa.

Los órganos que ejercen el Poder Ejecutivo en esta forma, realizan fundamentalmente dos funciones propias: la función política y la función administrativa. La función política, como función del Presidente de la República, se ejerce en ejecución directa de atribuciones constitucionales, en general sin condicionamiento legal alguno. El Legislador, en esta forma, y salvo por lo que se refiere a los estados de excepción dada la autorización constitucional (Art. 338), no puede limitar las facultades políticas del jefe del Estado34. La función política, por tanto, se traduce en actos estatales de rango legal, en tanto que la función administrativa se traduce en actos estatales de rango sublegal 35. Pero si bien la función política se ejerce con el carácter de función propia por el Presidente de la República en ejercicio del Poder Ejecutivo, ello tampoco se realiza con carácter excluyente, ya que la Asamblea Nacional en ejercicio del Poder Legislativo también realiza la función política, sea a través de actos parlamentarios sin forma de ley36, sea mediante leyes37. En estos casos, también, la función política realizada por los órganos del Poder Legislativo es una actividad de rango legal, es decir, de ejecución directa e inmediata de la Constitución. Pero si bien esta función puede ser realizada tanto por el Presidente de la República como por los órganos legislativos, por lo que no es exclusiva o excluyente, sin embargo, lo que sí es exclusiva de uno u otros órganos es la forma de su ejecución en los casos autorizados por la Constitución: la función política mediante decretos ejecutivos (actos de gobierno), se realiza en forma exclusiva por el Presidente de la República; y mediante leyes o actos parlamentarios sin forma de ley, por la Asamblea nacional. Además de la función normativa y de la función política, los órganos estatales realizan la función jurisdiccional, es decir, conocen, deciden o resuelven controversias entre dos  La distinción entre “gobierno y administración” es comúnmente empleada por la Constitución, por ejemplo, artículos, 21, 27, 30 y 191. 34 El legislador, por ejemplo, no podría limitar las atribuciones del Presidente de convocar a la Asamblea nacional a sesiones extraordinarias.

En todo caso, una cosa es atribuir a la función política rango legal y otra es atribuirle “naturaleza legislativa”. El decreto de restricción de garantías constitucionales, por ejemplo, tiene rango legal, por cuanto puede “restringir” temporalmente la vigencia de una ley, lo que implica que la modifique ni la derogue. Si la derogara, el acto tendría “naturaleza legislativa”. Por ejemplo, cuando se autoriza al Presidente de la República para salir del territorio nacional. Art. 187,17 de la Constitución; o cuando reserva al Estado determinadas industrias o servicios, Art. 302. 37 La ley que decreta una amnistía, por ejemplo. Art. 186,5 de la Constitución. 21 o más pretensiones, es decir, controversias en las cuales una parte esgrime pretensiones frente a otra. El ejercicio de la función jurisdiccional se ha atribuido como función propia al Tribunal Supremo de Justicia y a los tribunales de la República, pero aquí también ello no implica una atribución exclusiva y excluyente, sino que, al contrario, los otros órganos estatales pueden ejercer la función jurisdiccional.

En efecto, los órganos que ejercen el Poder Ejecutivo, realizan funciones jurisdiccionales, cuando las autoridades administrativas deciden controversias entre partes, dentro de los límites de su competencia, y la Asamblea Nacional también participa en la función jurisdiccional, cuando por ejemplo, autorizan el enjuiciamiento del Presidente de la República (Art. 266,2). Por tanto, la función jurisdiccional como actividad privativa e inherente del Estado mediante la cual sus órganos deciden controversias y declaran el derecho aplicable en un caso concreto, se ejerce por diversos órganos estatales en ejercicio del Poder Público: por el Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales de la República, en ejercicio del Poder Judicial; y por los órganos administrativos en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional.

La función jurisdiccional, por tanto, si bien es una “función propia” de los órganos judiciales, no es una función privativa y exclusiva de ellos, pues otros órganos estatales también la ejercen. Sin embargo, lo que sí es una función privativa y exclusiva de los tribunales es el  ejercicio de la función jurisdiccional a través de un proceso (Art. 257) en una forma determinada: con fuerza de verdad legal, mediante actos denominados sentencias. Sólo los tribunales pueden resolver controversias y declarar el derecho en un caso concreto, con fuerza de verdad legal, por lo que sólo los órganos del Poder judicial pueden desarrollar la “función judicial” (función jurisdiccional ejercida por los tribunales). Los demás órganos del Estado que realizan funciones jurisdiccionales lo hacen a través de actos administrativos condicionados por la legislación.

Además de la función normativa, de la función política y de la función jurisdiccional, los órganos del Estado también ejercen la función de control, cuando vigilan, supervisan y velan por la regularidad del ejercicio de otras actividades estatales o de las actividades de los administrados y particulares.

Por tanto, la función de control como actividad privativa e inherente del Estado mediante la cual sus órganos supervisan, vigilan y controlan las actividades de otros órganos del Estado o de los administrados, y la misma se ejerce por diversos órganos estatales en ejercicio del Poder Público: por los órganos que ejercen el Poder Ciudadano; por la Asamblea Nacional, en ejercicio del Poder legislativo; por el Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales de la República, en ejercicio del Poder Judicial; y por los órganos administrativos en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Electoral. La función de control, por tanto, si bien es una “función propia” de los órganos que ejercen el Poder Ciudadano, no es una función privativa y exclusiva de ellos, pues todos los otros órganos estatales también la ejercen.

Pero aparte de la función creadora de normas jurídicas de efectos generales (función normativa), de la función de conducción y ordenación política del Estado (función de conducción del gobierno), de la función de resolución de controversias entre partes declarando el derecho aplicable en casos concretos (función jurisdiccional) y de ejercer la vigilancia o fiscalización de actividades estatales y de los particulares (función de control), el Estado ejerce la función administrativa, a través de la cual entra en relación con los particulares, como sujeto de derecho, gestor del interés público40. De allí la distinción entre la función de crear el derecho (normativa), de aplicar el derecho imparcialmente (jurisdiccional), y si el Estado legisla, tal como lo señala Santi Romano, “no entra en relaciones de las cuales él, como legislador, sea parte: las relaciones que la ley establece o de cualquier modo contempla se desenvuelven después entre sujetos diversos del Estado o bien con el mismo Estado, pero no en su aspecto de legislador sino en otros aspectos mediante órganos diversos de los del Poder Legislativo”. No es parte interesada en una relación jurídica; no es sujeto de derecho que trata de realizar sus peculiares intereses con arreglo al Derecho… cuando el Estado juzga satisface las pretensiones que una parte esgrime frente a otra; incide como tercero en una relación jurídica, decidiendo la pretensión ante él deducida con arreglo al ordenamiento jurídico”.  En las dos primeras, el Estado, al crear el derecho o al aplicarlo, es un tercero en las relaciones jurídicas que surjan; en la última, en cambio, el Estado es parte de la relación jurídica que se establece entre la Administración y los particulares, como sujeto de Derecho gestor del interés público. De allí que la personalidad jurídica del Estado, como se ha dicho, se concretice en el orden interno, cuando sus órganos ejercen la función administrativa.

Ahora bien, al igual que lo que sucede con la función normativa, política y jurisdiccional, la función administrativa tampoco está atribuida con carácter de exclusividad a alguno de los órganos del Poder Público. Por ello, si bien la función administrativa puede considerarse como función propia de los órganos ejecutivos y electorales, concretizada básicamente a través de actos administrativos, ello no significa que la ejerzan con carácter exclusivo y excluyente. Al contrario, todos los otros órganos del Estado también ejercen la función administrativa: la Asamblea Nacional, al autorizar diversos actos de los órganos ejecutivos o al dictar actos relativos a su personal o servicios administrativos, realizan la función administrativa, y los órganos que ejercen el Poder Judicial o el Poder Ciudadano realizan la función administrativa, al dictar actos concernientes a la administración del personal o de los servicios de los órganos, o al imponer sanciones. En esta forma, la función administrativa, como actividad privativa e inherente del Estado mediante la cual sus órganos, en ejercicio del Poder Público, entran en relaciones jurídicas con los administrados, se puede realizar por los órganos administrativos, en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Electoral; por la Asamblea Nacional, en ejercicio del Poder Legislativo; y por los tribunales de la República, en ejercicio del Poder Judicial. La función administrativa, por tanto, si bien es una “función propia” de los órganos ejecutivos y electorales, no es una función privativa y exclusiva de ellos, pues los otros órganos estatales también la ejercen de En este sentido, antigua la Corte Suprema ha señalado al referirse a la función administrativa, que en ella el Estado “no realiza una función creadora dentro del ordenamiento jurídico, que es la función legislativa, ni conoce ni decide acerca de las pretensiones que una parte esgrime frente a otra, que es la función judicial; sino que es sujeto de derecho, titular de intereses, agente propio de la función administrativa…”.  El acto administrativo, como concreción típica pero no única del ejercicio de la función administrativa, puede emanar de todos los órganos estatales en ejercicio del Poder Público, teniendo en todo taso carácter sublegal.

El concepto de funciones del Estado, por tanto, es distinto al de poderes del Estado. El Poder Público, sus ramas o distribuciones, constituye en sí mismo una situación jurídica constitucional individualizada, propia y exclusiva de los órganos del Estado, mediante cuyo ejercicio estos realiza las funciones que le son propias. Las funciones del Estado, por su parte, constituyen las actividades propias e inherentes al Estado45. La noción de Poder es entonces previa a la de función: ésta se manifiesta como una actividad estatal específica realizada en ejercicio del Poder Público (de una de sus ramas o distribuciones), por lo que no puede existir una función estatal sino cuando se realiza en ejercicio del Poder Público, es decir, de la potestad genérica de obrar que tiene constitucionalmente el Estado. Poder y función son, por tanto, distintos elementos en la actividad del Estado: el Poder Público como situación jurídico-constitucional, tiene su fuente en la propia Constitución y existe la posibilidad de ejercerlo desde el momento en que está establecido en ella; la función estatal, en cambio, presupone siempre el ejercicio del Poder Público por un órgano del Estado, y sólo cuando hay ejercicio concreto del Poder Público es que se realiza una función estatal.

De lo anteriormente expuesto resulta, por tanto, que a nivel de cada una de las cinco ramas del Poder Público nacional (o de las dos ramas de los poderes públicos estadales y municipales), si bien existe una diferenciación orgánica con la asignación de funciones propias a cada uno de los órganos, el ejercicio de las mismas por dichos órganos, en general no es exclusiva ni excluyente. En otras palabras, existen órganos legislativos nacionales, estadales y municipales46; órganos ejecutivos nacionales, estadales y municipales; órganos de control nacionales, estadales y municipales; y órganos judiciales y electorales exclusivamente nacionales; pero las funciones normativas, política, administrativas, jurisdiccionales y de control del Estado no coinciden exactamente con aquella división o separación orgánica: De allí que como principio general de la aplicación del principio de la separación de poderes en el régimen constitucional venezolano, puede afirmarse que la “división del Poder” no coincide exactamente con la “separación de funciones”.

 

Pero la pena fue violentada, además, por otro punto de vista, en que se aprecian las exigencias formales de un naturalismo sistemático. El pensamiento jurídico de carácter técnico ha querido a toda costa reconducir la pena a un concepto superior de género: la sanción. Este es, indudablemente, un concepto de orden, mas, justamente por eso, no refleja las características más marcadas de las individualidades singulares, que terminan por evaporarse en el cuadro del sistema. Sanción es sinónimo de “consecuencia” jurídica, pero una consecuencia puede referirse tanto al cumplimiento como al incumplimiento de una obligación jurídica; puede consistir, pues —como afirma Maggiore—, tanto en un premio como en un castigo.
Si, desde el punto de vista formal, puede incluso producir un sentimiento de satisfacción el ver ligados, en las articulaciones de un sistema, un premio y un castigo, no creemos que desde un punto de vista teleológico esta unión haga homenaje a la realidad de los valores. Estamos en campos diferentes. Pero, incluso queriendo referir el concepto de sanción a las consecuencias jurídicas del entuerto o ilícito, la pena sale sumamente empobrecida y humillada, porque pierde su nota dominante y característica: ¡la de ser un verdadero castigo! La sanción civil y la administrativa, aunque sean consecuencias de un acto ilícito, no son, con todo, castigos en el pleno sentido de la palabra: una tiene, en substancia, carácter patrimonial, razón por la cual no está estrictamente ligada a la persona del culpable, pudiendo incluso terceros ser llamados a responder del daño producido; otra tiene en mira principalmente los intereses de la Administración, más que la posición del transgresor dentro de la misma. En substancia, no son castigos, pues el castigo es, de hecho, expresión de una idea retributiva de carácter netamente moral.
Si, pues, desde un punto de vista formal, la pena puede ser sistematizada en la sanción como “consecuencia” del ilícito, desde un punto de vista substancial la pena es malum passionis propter malum actionis. Es una noción empapada de contenido moral, insertada en los concretos valores de la vida, expresión de una exigencia ética sin la cual no puede concebirse una vida humana. La pena toca al hombre en su concreta individualidad, determina en él un sufrimiento como equivalente del sufrimiento que a otros infirió con la acción delictiva, remece un alma acaso ya endurecida en el vicio, despierta el sentido de la dignidad humana. Ella es la expresión más típica y señalada de aquella exigencia de que al mal debe seguir el mal, como al bien debe seguir el bien, la que está verdaderamente esculpida en el corazón de los hombres; es la expresión de esa ley de justicia substancial sin la cual las relaciones entre los hombres serían reguladas exclusivamente por la divisa de Bentham: “Utility: or the greatest happines for thegreatest number”, esto es, por un puro cálculo de utilidad que en el frío de una expresión matemática congela el calor del latido de la vida moral; es la afirmación de uno de los más altos valores del espíritu humano, que ve en el sufrimiento la única vía de la redención. Quitarle al hombre la pena significa privarle de su mundo moral y confinarlo en un mundo naturalístico donde las acciones de bien y de mal quedan reducidas a los conceptos de utilidad y daño, que también sirven para cualificar los comportamientos de los animales faltos de la luz intelectual. El hombre tiene derecho a la pena, así como tiene derecho al reconocimiento de su dignidad de persona.
El grito angustiado de los imputados que se reconocen culpables y reclaman a los jueces la pena por los delitos cometidos, es el reconocimiento de una realidad moral que ninguna lógica del intelecto podrá negar o encerrar en las profundidades del corazón humano. Si la pena puede, y debe, ser conceptualmente definida y racionalmente justificada, tiene que ser antes que nada sentida. Es la lógica del corazón que vence sobre la lógica formal del intelecto, esa lógica del corazón que sabe llegar a través de la intuición a las mayores verdades, las que, si bien pueden luego ser objeto de conceptualización formal, tienen que ser sobre todo entendidas, comprendidas, sentidas por la conciencia del investigador. ¡Infeliz aquel que tiene el ánimo cerrado a la “sensación” de estas verdades; infeliz aquel que no sabe captar los datos de la experiencia moral! ¡Le está cerrada la visión de esas concretas y vitales verdades, sin las que el mundo nos aparece como un gigantesco andamiaje de conceptos, tras los cuales se esconden las torres de una catedral!
¿Y qué es el Derecho penal para los positivistas sino un juego combinado de conceptos para justificar una intervención “defensiva” del Estado, de suerte de poder realizar la felicidad del mayor número de los coasociados, por medio de la segregación y la eliminación del culpable? ¿No es acaso el delito una acción perjudicial que turba la tranquilidad y la felicidad de un gran número de coasociados, por lo que se hace necesario que la felicidad de un individuo sea sacrificada para obtener la del mayor número? ¿No es, por ventura, el concepto de “daño” un concepto del que abusamos en el desarrollo de los problemas penales por su contenido utilitario? Y bien, quien habla de utilidad se pone a priori fuera del ámbito del Derecho penal, que conoce sólo esa utilidad que es propia de una acción justa, y por ello también de la pena en cuanto expresión de justicia, pero que rechaza toda base utilitaria en la que lo útil sea reducido a una operación matemática.
Y es justamente esta idea utilitaria la que está en la raíz de muchas corrientes de pensamiento modernas y no modernas. Se afirma que la pena se justifica porque sirve para el mantenimiento del orden social, ya que mediante ella el Estado, cual expresión de la colectividad organizada, se defiende de los ataques de la delincuencia y realiza las condiciones de equilibrio físico de la sociedad, alteradas o comprometidas por el delito.
Esta es la teoría de la necesidad de conservación de la agregación social, promovida para dar una justificación a la amenaza y a la aplicación de la pena, pero que, si es entendida en términos naturalísticos, lleva directamente a la teoría de la defensa, bandera de la moderna dirección criminológica.
Hoy la oposición está polarizada alrededor de las ideas de pena retributiva y de pena defensa, por lo que quien afirma la primera, excluye todo ese fondo utilitario y naturalístico sobre el que se proyecta la segunda. La oposición existe ya en los términos: ¿queremos una pena, expresión de una exigencia moral de justicia, o tenemos que contentamos con que ella esté orientada hacia la idea de lo útil y que no se fije la tarea de reprimir, sino la de prevenir? En verdad, la acción agresora, o sea, el delito, es ya un hecho pasado y agotado, respecto del cual la defensa es un contrasentido, mientras que no lo sería en lo que concierne a los delitos por venir. Pena retributiva y defensa son términos antagónicos.
La pena supone, como respuesta al delito, un delito ocurrido, mientras que la defensa se ejerce respecto de un delito in fieri. La necesidad social de la defensa debe ser erradicada del campo penal no tanto por la razón lógica, que ya expuso Pellegrino Rossi, pues prevención y represión no pueden andar de acuerdo, cuanto porque, basado el Derecho sobre la pura y simple necesidad social, falta todo límite ético a la intervención del Estado en el campo punitivo.
El Estado podría intervenir en nombre de una efectiva o presunta necesidad social con puniciones desproporcionadas y exageradas respecto de las exigencias de una justa y normal retribución, o incluso castigar cuando falten los presupuestos de la punición, es decir, si falta la culpabilidad. Esto demuestra que la idea de la conservación y de la defensa es una idea naturalística que reduce la pena al esquema de esa reacción defensiva pura y simple que es propia de cualquier organismo natural tocado en sus condiciones de existencia. No sin motivo el pensamiento naturalístico ha considerado a la sociedad como un organismo en sí que tiene vida, estructura, tareas superiores a las de los individuos, y que puede, por tanto, ejercer una actividad de defensa contra todo ataque extremo. Querer determinar las condiciones que justifican esta acción defensiva o reacción, buscarlas en la culpabilidad de la acción realizada, justificarlas en base a una proporción, puede ser obra peligrosa, pues puede paralizar una pronta reacción estatal.
Aunque la teoría de la necesidad de defensa no ha llegado siempre a estas conclusiones, se puede sostener que tendencialmente se dirige a estos resultados, y a éstos llega en el ámbito del pensamiento positivista, donde no puede hablarse de pena, ya que ésta reclama todo un mundo de ideas y de valores que no tienen nada que ver con la reacción defensiva. ¡La pena desaparece para dejar su lugar a la medida de seguridad, fundada en el mundo de lo útil! Es aquí donde juega la idea de la “seguridad” como expresión de exigencias utilitarias que se contraponen a la idea retributiva sobre la que se basa la pena. Es propio de la medida defender a la sociedad de los peligros de nuevos delitos y prescindir de toda investigación sobre las condiciones de imputabilidad moral de los individuos, y, por lo tanto, sobre la posibilidad de una retribución.
Por algo todo el pensamiento positivista gravita hacia las ideas de defensa y de seguridad, por lo que, a priori, puede afirmarse la inconciliabilidad de las mismas, como justificadoras de la pena, con la de retribución. La pena no toma sobre sí tareas de seguridad: si su presupuesto —la culpabilidad— es de carácter monodimensional, en cuanto expele de sí todo lo que no concierne a la posibilidad de reproche, también la pena debe ser concebida como entidad monodimensional, y no puede echarse sobre sí tareas extrañas a la idea del castigo que sigue al reproche. Hay un perfecto paralelismo entre la idea del reproche, propia de la culpabilidad, y la idea retributiva, propia de la pena.
Cuando se quiere abandonar la idea retributiva para reemplazar la pena con la defensa y seguridad, se termina inexorablemente por quitar el único criterio sólido de discernimiento entre pena y medida, por lo cual, más que unificarse en  un concepto superior que tenga en sí los caracteres de la una y de la otra, la pena termina por ser fagocitada en la medida. ¡Y sobre las ruinas del Derecho penal canta su victoria el pensamiento naturalístico! La pena como “valor” queda comprometida irremediablemente, porque se niega validez a la idea retributiva, la única que coloca la pena en el mundo moral, la única que respeta la dignidad de la persona humana. Se podría, queriendo mantener en vida el dualismo entre pena y medida, hallar numerosos criterios para distinguir entre las dos disposiciones; se podrá afirmar farisaicamente que se cree en el Derecho penal, pero todo ello no podrá sanar la herida mortal inferida a la noción de pena, si se la quiere considerar como represión a fin de prevención. Hay que tener muy claro en la mente que toda consideración preventiva termina, antes o después, por “esterilizar” la pena, para abrir el camino a la medida de seguridad, en la que las exigencias morales que urgen en las venas de la pena están del todo apagadas.
Nótese, sin embargo, que con esto no queremos sumarnos a las afirmaciones de los positivistas, según los cuales la medida de seguridad se substrae a una valoración ética en cuanto está decididamente orientada hacia la idea de lo útil. Pensamos que incluso la medida, si bien encuentra en la peligrosidad social (concepto naturalístico) su presupuesto, tiene que ser introducida en el mundo de los valores, esto es, tiene que ser cualificada como éticamente relevante; sólo que el criterio de esta valoración es diferente del criterio moral que da tono y significado a la pena. Mientras la pena está penetrada por el criterio de justicia, la medida de seguridad se inspira en una idea de caridad, de amor, de compasión, amén que de defensa. La defensa será el criterio fundamental y decisivo que justifica la intervención estatal respecto a delincuentes habituales, profesionales, por tendencia, y será, además, el criterio fundamental para disposiciones que se haya de tomar respecto de enfermos mentales, menores, sordomudos; mas, especialmente respecto de estas últimas categorías de delincuentes peligrosos, el criterio de la defensa está iluminado y moralizado por la caridad.
Sobre todo, hay que cuidar, educar, dirigir al bien, proceder a una obra que no es sólo de “mejoría social”, como dicen los positivistas, sino de verdadera y propia redención moral. Entre peligrosidad y medida no existe, pues, ese paralelismo que corre entre culpabilidad y pena: mientras la peligrosidad tiene carácter monodimensional y es concepto naturalístico, la medida de seguridad tiene carácter polidimensional, porque es también susceptible de un juicio moral. La medida de seguridad embiste al hombre totalitariamente, en el sentido de que no debe preocuparse sólo de ponerlo en condiciones de no dañar, sino que debe esforzarse por recuperarlo desde el punto de vista moral y social.”[1]

[1] Giussepe Bettiol, El Problema Penal, traducción del italiano de José Luis Guzmán Dálbora, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1995, pp. 175-183.

Soberanía Territorial de los Estados: Cuando hablamos de la competencia de los Estados, estamos hablando de la competencia desde el punto de vista de la soberanía, que va a tener el Estado en sus elementos constitutivos.

Tiene dos puntos de vista:

Internamente: Se ubica el Estado en espacio geográfico, teniendo límites y fronteras. Cuando hablamos de la soberanía interna territorial estamos hablando de la ubicación que tiene el Estado con respecto a los otros Estados de los que son límites, de las realidades desde el punto de vista político, económico y social que tiene ese Estado dentro de la concepción de límite.

Externa: Es la libertad política con lo que se mueve ese Estado en la comunidad internacional, por su capacidad para celebrar tratados, para obligar y obligarse.

Limite: Es la línea que divide al territorio “A” de territorio “B”, ese limite tiene aspectos naturales y técnicos para determinar. Los aspectos naturales son: El cause de un rió, un cerro. Los aspectos técnicos son los mapas levantados por cartografía nacional, los levantamientos topográficos, etc.

Frontera: Es una realidad política, económica, social que existe en cada uno de esos Estados limítrofes, intimadamente ligada las personas.

Un tratado fronterizo es un tratado-contrato, porque no crea normas, sino establece realidades de convivencia entre los habitantes de los Estados.

Modo de adquisición de territorios:

Esto es un sofismo, existía antes de que existiera la codificación, estaba básicamente negado al planteamiento res nullíus, vale decir, territorio objeto o cosa de nadie, y dentro de esa concepción de res nullíus, nacieron:

  • La Prescripción Adquisitiva: Era donde la persona, el ente toma una cuestión que no es de nadie, y por el transcurso del tiempo, si se demuestra su calidad de dueño, se da la prescripción adquisitiva.
  • La Cesión: Era cuando dos Estados al tener un litigio por un territorio y uno abandonaba el territorio, el otro lo tomaba se entendía como si el primero estaba cediendo el derecho al segundo.
  • La Conquista: Se produce mediante la guerra entre dos Estados y el que gana se adueña del territorio.
    Gracias a la globalización, al crecimiento y la codificación del derecho, esto ya no existe; pero han surgido conceptos nuevos como lo son:
  • El Aluvión: Es el crecimiento de un territorio, cerros que cedieron y hay un crecimiento hacia el mar, ejemplo; Edo Vargas.
  • La Ablución: Es un crecimiento transitorio de un territorio, que crece en los ríos o las quebradas, de acuerdo a las épocas de lluvia o sequía.

Espacio Terrestre: Es el que esta encerrado entre los limites de los Estados, es aquella masa de territorio donde esta la población, pero entre limites.

Espacio Aéreo: Es idénticamente igual al espacio acuático se toma el espacio territorial puro mas las doce millas náuticas de mar territorial, que es el territorio venezolano, entonces el espacio aéreo será la columna que cubra el espacio nacional incluyéndole mar territorial.

Espacio Acuático: Son todas las aguas dulces que tienen un planteamiento desde el mar territorial.

Las aguas interiores las aguas salobres y las aguas dulces que componen el territorio nacional.

La forma de medir el mar territorial es partiendo de una línea imaginaria desde el sitio terrestre que tenga mayor penetración hacia el mar (Península de Paraguaya, El cabo de San Román), trazamos una línea que cubra el Estado y a partir de allí 12 millas náuticas. En esta franja que se entiende como mar territorial, el Estado tiene soberanía absoluta.

Tratados y Litigios de Venezuela con Brasil, Guyana y Colombia:

Tratado de 1898: Referente a la navegación del rió Orinoco. No existía la convención que convertía a los ríos en internacionalizados y el Estado Brasilero planteaba una situación de salida al mar caribe, basándose en un principio de interés general sobre el interés particular en concordancia con la libre navegación de los ríos.

El Estado Brasilero tiene el rió negro que es el brazo del quisiquiare que tiene acceso al Orinoco y planteaban la internacionalización del Orinoco para su libre transito. Como no existía un planteamiento de derecho internacional regulado por un organismo internacional, pero al ser un rió interior no permitía su internacionalización, es decir que no dividen ni atraviesan varios territorios. Se logro concentrar un tratado mediante el cual el Estado Brasilero, podía navegar el rió para su salida al amar por el delta, sin utilizar cabotaje.

Basamento Legal Venezolano:

Naturaleza Jurídica de la Norma del derecho Internacional Publico: Para el DIP venezolano es la nacionalidad (venezolana). Las normas del DIP venezolano tienen su naturaleza jurídica variada, tiene distintos puntos de vista:

1)     Son de derecho positivo cuando se encuentran expresados en tratados.
2)     Son de derecho nacional cuando se encuentran contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano Art. 14 CC y 7 y 8 del CPC.
3)     Son de derecho especial cuando sucede que la ley de los tratados (bilateral) debe ser una ley especial.
4)     Son de derecho interno cuando esta contenido en disposiciones determinantes (norma específica). Art. 153 al 160 del CP.

Estas son las posibles naturalezas jurídicas de las normas de derecho internacional en Venezuela.

DIP-Estado.

Principales disposiciones legales venezolanas relacionadas con el DIP.

Constitución Nacional (es la más importante en todo su contenido).

Código de Procedimiento Civil (Art. 7 u 8 y 19).

Ley Orgánica de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Ley de Extranjeros.

Frontera: es la estructura económica, política social y jurídica que tiene planteamiento diverso de nacionalidades, de religiones, etc., Que responde a una situación binacional y que por lo tanto debe tener un cuidado especial.

Limite: donde comienzan y terminan los territorios de los Estados.

El Estado: es el único sujeto de derecho internacional publico que hay.

Art. 59 al 66 de la Ley de Extranjeros.

Después de agotarse la vía administrativa se pasa a la vía jurisdiccional, al no obtenerse respuestas en el lapso establecido se produce la denegación de justicia establecida en el articulo 19 del CPC, que a su vez genera la vía diplomática que es la cláusula Calvo establecida en el articulo 153 de la C.n por lo que se emite una nota de protesta.

Vía administrativa- Vía judicial-Denegación de justicia-Vía diplomática.

Estados y Colectividades Estadales:

1) Estado:
-Fenómeno Político-social.
-Fenómeno Jurídico.

2) Nacimiento de los Estados:
-Segregación.
-Independencia.
-Separación.
-Integración.
-Colonización.

3) Clasificación de los Estados:
-Estados Simples.
-Estados Compuestos: Uniones; Reales y Personales. Federaciones: Confederación o Estado Federal.
-Estado Sui Generis.

4) Extinción de los Estados.

5) Deberes de los Estados:
-Estados Morales.
-Estados Jurídicos.

6) Derechos de los Estados:
-Derecho de Conservación: Perfectibilidad. Seguridad; Interna Y Externa.
-Derecho de Soberanía: Interna Y Externa.

7) Cortesía Internacional.

8) Colectividades no Estadales:
-Mandato
-Fideicomiso
-Orden de Malta

9) Colectividades Internacionales:
-Liga de naciones
-ONU
-Unión Europea
-Organizaciones Regionales.

1) Estado: Es uno de los elementos que conforman la Republica, cuando hablamos del contenido general de la Republica nos referimos a la representación jurídica de los poderes es el nombre del Estado, es el sujeto de derecho internacional publico, y para que sea así tiene que tener población, territorio y poder.

El estado se manifiesta mediante dos fenómenos:

Fenómeno político- Fenómeno Social y Jurídico: El estado funciona mediante un poder político que se le aplica a una población pero este poder político descansa en una estructura de gobierno y esta se vale de un planteamiento jurídico para llegar a los administrados mediante un ejercicio de gobierno. Para que el estado pueda desempeñarse en la comunidad internacional necesita de un gobierno. El Poder político necesita de gobierno para sustentarse y ese gobierno puede darse por distintas vías