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El estudio de las intervenciones corporales como medio de prueba en el proceso penal tiene diversas posturas; la búsqueda de la verdad y la protección del individuo como central antinomia en el proceso penal, la protección frente a la coacción por parte del Estado y la protección de la esfera privada como problemas que se interfieren entre sí.

            Todo Derecho Procesal Penal legalmente instituido se enfrenta a la necesidad de armonizar, por un lado, el interés en la búsqueda de la verdad y, por otro, el interés del procesado en la salvaguardia de sus derechos individuales.

            En lo que se refiere al concepto de intervención corporal podemos decir:

“Que son aquellas investigaciones que se realizan sobre el cuerpo de las personas, sin necesidad de obtener sin consentimiento, con el fin de descubrir circunstancias o elementos criminalístico de interés que conlleven al convencimiento de la existencia de un hecho  y a la búsqueda de la verdad que pueda producirse en un proceso”

            Se puede decir que la protección del Estado al ámbito privado es el eje primordial de los derechos fundamentales, y bajo la concepción del Estado Social de Derecho, debe ponderar entre los derechos individuales de las personas y ese ejercicio para la búsqueda de realización de la justicia con fin del proceso penal.

            La adopción de las medidas de investigación corporal supone necesariamente la restricción de varios derechos fundamentales (libertad, integridad, intimidad, dignidad, entre otros). Estas restricciones serán legítimas siempre que dichas medidas se practiquen cumpliendo determinados requisitos y procedimientos.

            El Tribunal Constitucional Español en sentencia 207/1996 distingue:

Autoriza una intervención corporal, pero determina como requisitos necesarios para aceptar como conforme a la Constitución cualquier intervención corporal, que evita definir, los siguientes:

Legalidad.

Jurisdiccionalidad.

Motivación de la resolución judicial, que ha de ponderar la necesidad de la medida, como elemental requisito.

Proporcionalidad, desglosada en tres exigencias, como son:

  • El juicio de idoneidad, «si tal medida es susceptible de alcanzar el objetivo propuesto.»
  • El juicio de necesidad, «en el sentido de que no exista otra medida más moderada.»
  • El juicio de proporcionalidad en sentido estricto, no basta con lo anterior también es exigible que el sacrificio del derecho guarde relación con la gravedad del hecho.

            En tal directriz Claus Roxin refirió que “Todo Derecho Procesal Penal legalmente instituido se enfrenta a la necesidad de armonizar, por un lado, el interés en la búsqueda de la verdad y, por otro, el interés del procesado en la salvaguardia de sus derechos individuales”. Cuando Muñoz Conde no explica que “La eterna tensión entre la tarea de investigar y, en su caso, castigar el delito, y la de respetar los derechos fundamentales del acusado, se acentúa cuando no hay, como en el caso de la tortura, una prohibición absoluta, sino una relativa que depende del cumplimiento de determinados requisitos fijados legalmente”.

            Sobre la base de lo enunciado, nace la controversia consistente en dilucidar si el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales tienen carácter absoluto y deben primar sobre el interés del Estado y la sociedad en el persecución y castigo del delito, o si, por el contrario, debe prevalecer este último interés sobre aquéllos.

            Posición bien difícil, porque no investigar un delito genera impunidad, pero el respeto a la dignidad humana es de carácter supraconstitucional, pareciera que mediante una prueba de certeza a través de simples actos de investigación, se pudiera llevar como un órgano de prueba y olvidar que pueden existir elementos con mayor convicción para imputar a un sujeto o simplemente exculparlo; cuando en nuestra legislación no se realiza señalamiento alguno sobre el examen corporal o mental (Externo o Interno). El Dr. Leonardo Pereira establece que en ningún caso un imputado puede ser “Usado” o “Empleado” como un objeto de prueba, ni subordinado a ningún tipo de estudio y exploración.

            Lo importante, es a modo de ver, que para que este examen no sea violatorio de cualquier derecho fundamental es que pueda existir un Consentimiento por parte de la persona a realizarse dichainspección,que en virtud de tal petición debe tener una exposición clara y precisa acerca del por qué se considera que la prueba sea idónea y que pueda esclarecer un hecho objeto de investigación.

            A tenor de lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución de la República, consagra el derecho al respeto a la integridad física, psíquica y moral de las personas, o sea, que nadie puede ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes (numeral 1), como tampoco ser sometido, sin su consentimiento, a experimentos científicos, exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encuentre en peligro su vida o por otras circunstancias que la ley determine (numeral 3). Por su parte, el Código Orgánico Procesal Penal, establece el derecho a la justificada y razonable práctica de exámenes corporales y mentales a los imputados y a terceras personas, (realizados por expertos en la lex arti), previa advertencia de tal derecho y cuidando del respeto al pudor de los examinados, quienes además, pueden hacerse acompañar de una persona de su confianza (artículo 195 del Código Orgánico Procesal Penal). Estos exámenes, por no representar riesgo alguno contra la vida o salud de las personas objeto de tal reconocimiento y, por cuanto los mismos pueden ser de innegable importancia para el esclarecer la existencia o no de hechos que se investiga, podrán ser ordenados por el Ministerio Público en la fase de investigación del proceso, a fin de recabar los elementos que le permitan fundar su acusación.

            La inspección corporal puede ser lícita incondicionalmente, como cualquier otra prueba, siempre que sea lícito el medio empleado. Recordemos que está prohibido el uso de medios que pueden producir alteraciones psíquicas o físicas aunque no sean notablemente peligrosas…” la realización de exámenes mediante intervenciones corporales contra la voluntad, no es susceptible de carácter absoluto, siempre y cuando exista el consentimiento por parte de la persona objeto de estudio, se ve cierta eficacia en cuanto al medio de prueba, si de la se practica con ciertas garantías científicas-legales y que no represente un peligro a la integridad física, puede convertirse en la excepción

            A mi modo de ver y a manera de conclusión, las garantías, por ende, serían los máximos “standards” de realización de estos principios (y la consiguiente limitación del ejercicio de poder arbitrario de las restantes agencias) . Una  posible imposición coactiva de la práctica de la diligencia ha de ser valorada en cada caso con respeto al principio de la interdicción de los tratos inhumanos ó degradantes. El procesado no tiene que colaborar con las autoridades encargadas de la investigación mediante un comportamiento activo; sin embargo además de la investigación descrita sobre su ámbito privado, sí debe soportar injerencias corporales, que pueden contribuir definitivamente al reconocimiento de su culpabilidad.

Por tanto, en la medida en la medida que al procesado se le realiza inspecciones contra su voluntad, claramente se antepone el interés de esclarecer la ocurrencia o no de hechos, al interés del procesado a mantener en secreto su “información corporal” y a excluirla como medio de prueba.

            En síntesis el imputado, a quién se le pretende realizar la inspección corporal, si es de forma coercitiva, estas diligencias de investigación debe ser  debe ser considerada irrita, ilícita e inicua, procesal y jurídicamente inexistente, constitucionalmente inadmisible y sin valor probatorio alguno. Pero si en este proceso en donde el imputado autoriza tal práctica,  preste su consentimiento, y haber sido, efectivamente, objeto de prueba en cuyo acto procesal, su salud no sea afectada de peligro alguno, y  que sea tratado con respeto su condición de ser humano, dicho acto investigación- debe ser considerada válida y lícita, sin que con ello se pretenda equiparar al imputado o acusado como si ciertamente fuera autor de los hechos que le son atribuidos por el Ministerio Público, pues ser imputado es una cosa y ser autor del hecho delictivo en otra cosa; por lo demás, como lo dice acertadamente Binder “no se puede hacer de todo imputado un culpable”. (más…)

TSJ-LOGO

Sentencia: N° 657 de fecha 03 de Abril de 2003
Asunto: Naturaleza Jurídica de la Acción de Amparo Constitucional.

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TSJ-LOGO

Sentencia: N° 918 de fecha 14 de Mayo de 2002
Asunto: Contenido del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo.

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La coexistencia de la potestad administrativa sancionadora, y la potestad penal judicial, ha llevado a la doctrina a estudiar las relaciones que existen entre ellas.

Inicialmente, se consideró que la potestad penal judicial tenía rango originario y la administrativa poseía rango menor, auxiliar o complementario.

A esta etapa corresponden las viejas denominaciones –Derecho Penal de Policía y Derecho Penal Administrativo- que se dieron a esta disciplina. También corresponden a esta fase, algunos pronunciamientos de nuestros tribunales, en los cuales, para justificar la aplicación de los principios generales de la actividad punitiva del estado al ámbito de los procedimientos administrativos, en lugar de invocar directamente los preceptos constitucionales que consagraban tales principios, se echaba mano del artículo 7 del Código Penal.

La consideración de la potestad administrativa sancionadora como derivación del derecho penal judicial, y la consecuente aplicación supletoria -no directa- de los principios generales que rigen el proceso penal, traducían una posición sumamente injusta para el administrado que enfrentaba un procedimiento administrativo, desde que la infracción de tales principios generales se consideraba una infracción de ley, y por tanto, no podía hacerse valer como violación del orden constitucional.

Sin embargo, esta posición evolucionó hacia la que se mantiene en la actualidad, que postula la identidad de rango y origen entre la potestad administrativa sancionadora y la potestad penal judicial. Se señala, así, que el ius puniendi estadal es uno sólo, y se desagrega en dos manifestaciones de carácter puramente orgánico: la potestad administrativa sancionadora y la potestad penal judicial. Los principios generales de rango constitucional que gobiernan el ius puniendi, se aplican por lo tanto, de manera directa, a ambas manifestaciones del ius puniendi, de allí que tanto la potestad sancionadora de la Administración, como la actividad penal judicial quedan sujetas a principios generales comunes, y en ambos planos del poder punitivo del Estado habrá que reconocer que tales principios tienen rango constitucional. Como lo sostuvo el Tribunal Constitucional Español en las sentencias del 30 de enero y 8 de junio de 1981 “Los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado”.

La tesis de la unidad superior del ordenamiento punitivo del Estado, y la consecuente aplicación de los mismos principios al proceso penal judicial y al procedimiento administrativo sancionador, fue recibida igualmente por nuestra jurisprudencia. La sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de fecha 17 de noviembre de 1983, ratificada en decisión del 1 de octubre de 1996, es sumamente clara en este sentido, cuando señala que la cobertura de las garantías constitucionales que rigen el proceso penal han sido interpretada ampliamente por la doctrina y la jurisprudencia en nuestro país, “a tal punto que la aplicabilidad de los preceptos en ellos enunciados ha sido extendida a todas las ramas del derecho público allende los límites del derecho penal y de las normas que protegen exclusivamente la libertad física del individuo, a fin de convertirlas en pautas fundamentales de la genérica potestad sancionadora del Estado(Gaceta Forense, Tercera Etapa; No. 122. Pág. 270).

En nuestra Constitución, recoge expresamente las anteriores enseñanzas, y en tal sentido dispone:

“Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

  1. La defensa y la asistencia jurídica es un derecho inviolable en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas con violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
  2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
  3. Toda persona tiene derecho a ser oída en toda clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
  4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien le juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
  5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
  6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delito, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
  7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgado anteriormente.
  8. Todos podrán solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del particular para exigir la responsabilidad personal del magistrado o juez y del Estado de actuar contra éstos”.

En definitiva, los derechos y garantías que rigen el proceso penal se aplican al procedimiento administrativo sancionador, pues la actividad punitiva del Estado es un solo genero, y las sanciones administrativas y judiciales son sus especies. Por lo tanto, las garantías fundamentales que regulan dicha actividad han de aplicarse tanto en materia penal stricto sensu, como en el área de las llamadas sanciones administrativas.

LAS GARANTÍAS

Publicado: marzo 24, 2014 en LEYES VIGENTES
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Las garantías son contratos que nos conllevan o presuponen un deber de cumplimiento, dándole al acreedor un derecho, es decir, una pretensión a la prestación, debida por el deudor. El cumplimiento o satisfacción de la prestación depende del sujeto pasivo de la relación jurídica (deudor). Ahora bien por estar supeditada, la satisfacción del derecho del acreedor a la conducta del deudor, es factible que la obligación sea incumplida. En atención a tal situación y previendo la misma, el legislador ha establecido los instrumentos o normas legales para lograr el cumplimiento forzoso o coactivo de la obligación. 

La garantía es pues la seguridad que un deudor le da a su acreedor para que éste se sienta protegido en el pago de una obligación principal respaldando la misma con una garantía que se constituye a favor del acreedor.

ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN:

  • EL DÉBITO: que se da en la primera fase o momento de la relación obligatoria, consiste en el deber de prestación del deudor, es un momento personalísimo, siendo en esta fase cuando se agota la obligación. El deudor satisface su prestación.
  • LA RESPONSABILIDAD: situación en que se encuentran los bienes, no la persona, cuando el deudor no ha dado ejecución a la prestación, en tal supuesto los bienes del deudor están sujetos al poder o derecho de agresión del acreedor, con el fin de satisfacerse, logrando el acreedor satisfacer su acreencia en el patrimonio de dicho deudor, mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales competentes. No todas las veces el régimen legal en materia de responsabilidad del deudor es satisfactorio para el acreedor, máxime si tu crédito no goza de privilegio.
    Se nos presenta entonces la situación jurídica del acreedor quirografario, que no siempre ofrece a éste el grado de seguridad que el mismo de que podrá lograr la ejecución forzosa de su crédito.
    Los acreedores garantizados tienen la seguridad de que el deudor cumplirá con su obligación o responderá el fiador o garante de la obligación, de lo contrario se ejecutará el bien objeto de la garantía. El acreedor quirografario no tiene seguridad de que la obligación se va a cumplir, por no tener ventajas que garanticen su crédito.

CRITERIOS IMPORTANTES.

GARANTÍA COMO SINÓNIMO DE SEGURIDAD: en este caso, el acreedor amparado o garantizado mediante garantías, obtiene ventaja frente al acreedor quirografario, que es aquel que se presenta frente a su deudor sin tener seguridad ni ventaja alguna, o sea, sin tener ninguna garantía.

GARANTÍA COMO VENTAJA QUE SE OTORGA AL ACREEDOR: en este caso, el acreedor para asegurarse que se le responda por la obligación, puede tener la ventaja que le respondan otras personas y no sólo su deudor, aumentando así el número de patrimonios afectados para el cumplimiento de la obligación o también pudiera estar afectado un bien específico que representa la garantía.

 CONCEPTOS.

Las Garantías no se encuentran definidas en el Código Civil, pero de la normativa y articulado puede inferirse la definición y contenido de las misma.

A. GARANTÍAS EN SENTIDO AMPLIO: es la seguridad que se da al acreedor en virtud de la cual se siente protegido en el pago de una obligación principal, las garantías son accesorias, hay un acreedor a quien se le debe la obligación principal y un deudor que la debe, también existe una obligación respaldada por una garantía que se constituye a favor del acreedor para que se cumpla la obligación principal.

B. IMPORTANCIA DE LAS GARANTÍAS: radica en el aspecto jurídico y en la vida comercial, tanto para el acreedor como para el deudor. En nuestras actividades cotidianas nos relacionamos con las garantías porque ellas están presentes en el que hacer diario de nuestra sociedad, facilitando las operaciones comerciales, ejemplo de ello es la obtención de vivienda mediante sistema de venta a plazo don el inmueble constituye la garantía hipotecaria que le otorga al acreedor mayor seguridad para el pago de su crédito.

CONCLUSIÓN: Las garantías son importantes tanto para el acreedor como para el deudor, ya que, al primero le otorgan mayor seguridad para la satisfacción de su crédito y al segundo le facilita la obtención de créditos para evolucionar económicamente.

CLASIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

 Se clasifican en dos grupos:

1.SEGÚN LA FUENTE QUE LAS ORIGINA.

 LEGALES:

Su fuente está en la ley. Ejemplo de esta es la Hipoteca Legal (Art. 1.885 C.C.V.).

El menor y el entredicho, sobre los bienes del tutor que se determina con arreglo de los Arts. 360 y 397 del C.C.V.

La hipoteca legal general: cuando en ella están comprendidos todos los bienes del deudor.

La hipoteca legal especial: que sólo se limita a cosas específicas o determinadas, la cual ha adoptado el legislador en nuestro Código Civil.

CONVENCIONALES: Son aquellas que se establecen por la autonomía de la voluntad de los particulares, su fuente es una manifestación de voluntad de las partes.

JUDICIALES: Tienen como fundamento una decisión judicial o sentencia ejecutoriada, definitivamente firme sobre la cual no cabe ningún otro recurso (Art. 1.886 C.C.V.)

2. SEGÚN SU OBJETO:

GARANTÍAS PERSONALES: aquella que versa sobre las personas. Ej.: La fianza (Art. 1.804     C.C.V.)

GARANTÍAS REALES: aquellas que versan sobre bienes. Ej.: La prenda y la hipoteca (Arts. 1.837 y 1.877 C.C.V.).

ENUMERACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

1. La fianza (Art. 1.804 C.C.V.)

2. La prenda (Art. 1.837 C.C.V.)

3. La anticresis (Art. 1.855 C.C.V.)

4. El derecho de retención: (Arts. 1.774, 1.702 C.C.V.)

5. La hipoteca (Art. 1.877 C.C.V.)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS GARANTÍAS.

A través de la historia el deudor ha garantizado sus obligaciones:

1. Con su propia persona

2. Con su patrimonio

3. Con ambas cosas a la vez.

LA ANTICRESIS

Publicado: febrero 24, 2014 en GARANTIAS
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Es un contrato por el cual el deudor pone al acreedor en posesión de un inmueble autorizando a percibir los frutos para imputarlos anualmente sobre los intereses del crédito, si son debidos, y después sobre el capital o solamente sobre el capital si no se debieran intereses. Se perfecciona con la sola entrega real del inmueble. (Art. 1.855 CCV).

CARACTERES.

1.Es un contrato real: se perfecciona con la entrega del bien inmueble, pero no otorga ningún derecho al acreedor sobre la cosa, su derecho se limita exclusivamente a los frutos que el bien produzca.

2.Es un contrato unilateral: sólo nacen obligaciones para el acreedor, a quien se le impone la obligación de imputar los frutos, primeramente a los intereses, y en segundo término al capital de la deuda, y adquiriendo el acreedor también la obligación de pagar las contribuciones e impuestos que pesen sobre el inmueble.

3.Es un contrato accesorio: está dirigido a garantizar una obligación principal proveniente de un contrato anterior.

4.Es un contrato conmutativo: las partes están en conocimiento de las obligaciones que corresponden a cada una de ellas desde el momento de su constitución.

5.Es un contrato de tracto sucesivo: requiere de un tiempo sumamente prolongado para lograr los objetivos económicos propuestos por las partes.

6.Es un contrato de garantía: es considerado un contrato de garantía real, porque él no le atribuye al acreedor el derecho real en cosa ajena.

7.No produce efectos reales: sólo produce efectos meramente personales.

8.Es un contrato a título oneroso: su finalidad es al de satisfacer una deuda preexistente.

ELEMENTOS.

La anticresis como todos los contratos requiere para su existencia y validez los elementos esenciales comunes a todos los contratos y además, como contrato real que es, requiere de la entrega de la cosa y por ser accesorio, presupone la existencia de una obligación principal anterior válida. Esto es entonces:

1.Elementos comunes a todos los contratos:

a.Objeto

b.Causa

c.Consentimiento y

d.Capacidad

2. Elementos propios de la Anticresis:

a.Tradición.

b.Existencia de una obligación principal válida.

FORMALIDADES DE LA ANTICRESIS.

Para estudiar las formalidades del contrato de anticresis debe analizarse el Art. 1.862 CCV que establece que “La anticresis debe ser registrada en la oficina que corresponda a la ubicación del inmueble para que pueda ser opuesta a terceros”.

La ley no establece formalidades especiales para su celebración, pero el registro sí es requerido para que surta efectos ante terceros (erga omnes) y debe realizarse el mismo por ante la Oficina Subalterna de Registro de la localidad donde esté ubicado el inmueble objeto del contrato; y con respecto a dicho registro se regirá por lo establecido en los Arts. 1913 al 1917 CCV, referentes todos al registro público.

EFECTOS DE LA ANTICRESIS ENTRE LAS PARTES.

1.DERECHOS DEL ACREEDOR:
a.Derecho de hacer suyos los frutos: este es el derecho más importante que la ley concede al acreedor y dentro de él están comprendidos los siguientes aspectos:

i.Uso del Inmueble.

ii.Uso de los Frutos:

            Naturales: provenientes directamente de la cosa, con o sin industria del hombre.

            Civiles: los que se obtienen con ocasión de una cosa.

b.Derecho de retener el inmueble: la anticresis no concede ningún privilegio al acreedor. Este tiene solamente el derecho de retener el inmueble hasta que su acreencia sea totalmente pagada. (Arts. 1861 en concordancia con 1.857; 1.860; 1.852 y 1.853 CCV).

c.Derecho de obtener el reembolso con privilegio sobre los frutos: Si no hubiere pacto en contrario el acreedor debe pagar las contribuciones y las pensiones a que esté sujeto el inmueble que tiene en anticresis, así como las reparaciones necesarias, etc., pero tiene derecho al reembolso de estos gastos con privilegios sobre los frutos. (Art. 1.856 CCV).

d.Derecho de devolver el fundo: si el acreedor quiere liberarse de las obligaciones impuestas en el Art. Anterior, puede restituir en el momento que desee el inmueble y perseguir el pago de su crédito por otros medios legales sin perjuicio de lo que se hubiere estipulado en contrario (Art. 1.857 CCV).
OBLIGACIONES DEL ACREEDOR ANTICRESISTA.

Las obligaciones del acreedor anticresista se agrupan en 4 grandes grupos:

1.OBLIGACIÓN DE ADMINISTRAR: esta obligación se subdivide en una serie de obligaciones que el acreedor debe cumplir durante el lapso de ejecución del contrato.

a.Obligación de imputar (Art. 1.855 CCV): imputa los frutos primeramente a intereses debidos, seguidamente a capital. A su vez esta obligación comprende las siguientes actividades y gastos:

i.Gastos de explotación.

ii.Contribuciones y pensiones.

iii.Reparaciones.

iv.Beneficios.

v.Intereses.

vi.Sanción: el incumplimiento de la función de administración impuesto por ley puede manifestarse de las siguientes formas:

            Negligencia en la explotación del inmueble.

            falta de pago de las contribuciones, pensiones y efectuar reparaciones.

            Por los daños causados al inmueble.

2.OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS: Es una consecuencia de la función de administrar la cosa ajena. Al acreedor anticresista le nace la obligación de rendir cuentas después de terminada si gestión administrativa, mediante esta rendición se demuestra si ha habido o no disminución real y efectiva del monto de la acreencia que constituyó la anticresis.

3.OBLIGACIONES DE CUIDAR EL INMUEBLE Y DE NOTIFICAR NOVEDADES DAÑOSAS: Como consecuencia del derecho de goce sobre una cosa ajena, al acreedor le nace la obligación de cuidar el inmueble que se le ha entregado, pero no dispone de acciones para defenderlo frente a terceros, salvo las interdictales.

4.OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LA COSA: al extinguirse el contrato de anticresis por cualquiera de las formas previstas de extinción de los contratos, el acreedor anticresista está obligado a devolver la cosa objeto del contrato.
OBLIGACIONES DEL CONSTITUYENTE EN LA ANTICRESIS.

Las obligaciones del constituyente en la anticresis son tres:

1.Obligación de saneamiento por vicio o defecto de la cosa y o obligación de mantener al acreedor anticresista en el goce pacífico de la cosa.

2.Obligación de reembolsar los gastos.

3.Obligación legal de solicitar consentimiento del acreedor para constituir servidumbre.

EXTINCIÓN DE LA ANTICRESIS.

Como todos los contratos accesorios, la anticresis tiene dos formas de extinción:

1.Por vía de consecuencia:

  •  Opera cuando por cualquier motivo se produce la extinción de la obligación principal.
  • Por la indivisibilidad de la anticresis sólo se extingue por la cancelación total de la deuda.
  • Si el deudor adquiere una segunda deuda después de constituida la anticresis y se hace exigible la anticresis no se extingue hasta tanto no se cancele la segunda deuda.
  • Se rige, en los casos de nulidad absoluta o relativa, por lo establecido en la ley para otros contratos en lo que se refiere a extinción por nulidad absoluta o relativa.
  • Mientras esté vigente la anticresis no puede haber prescripción de a obligación principal, ya que el hecho de que el acreedor mantenga el bien en su poder es un reconocimiento tácito de la existencia de la deuda.

2.Por vía principal:

a.La extinción del contrato de anticresis puede ocurrir por todos los medios de terminación de todos los contratos conforme a derecho común, siempre y cuando puedan aplicarse a la anticresis, a saber:

i.Vencimiento del término contractual o legal:

ii.Cumplimiento de una condición resolutoria;

iii.Prescripción del derecho anticrético, cuando se ha ejercido;

iv. Pérdida de la cosa objeto de anticresis.

b.La renuncia del acreedor al contrato de anticresis
c.La declaratoria en quiebra del constituyente de la anticresis

d.Cuando ha habido abuso por parte del acreedor en el ejercicio de su derecho
e.Cuando los derechos del constituyente sean anulados o extinguidos por cualquier motivo.

EFECTOS DE LA PRENDA

Publicado: febrero 17, 2014 en GARANTIAS
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I. EFECTOS DE LA PRENDA.

Analizada la Prenda (Tema Nº 4 S/P, monografía), nos toca estudiar las relaciones jurídicas que se operan entre los sujetos que integran la relación contractual prendaria y que analizaremos según la prenda tradicional (CCV) y la Ley sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, las diferencias entre estos dos tipos de prenda y las consecuencias jurídicas; tanto para el Deudor como para el Acreedor, una vez perfeccionado el Contrato de Prenda.

A.DERECHOS DEL ACREEDOR PRENDARIO:

La ley concede al Acreedor Prendario los siguientes derechos:

  • Derecho de poseer la Prenda
  • Derecho a retenerla
  • Derecho a hacerla vender judicialmente
  • Derecho de preferencia (Ius Prelationis, pagar con preferencia a los demás acreedores del deudor.
  • Derecho de indemnización de gastos, daños y perjuicios ocasionados por la tenencia de la cosa.

A.1.La Prenda (La Cosa) debe ser entregada para que se encuentre en poder del Acreedor o de un tercero, escogido de mutuo acuerdo entre las partes. Excepción Artículo 1.842 CCV. Permite que el Contrato se perfeccione sin que se efectúe la tradición de bienes a manos del Acreedor, es decir, no hay posesión por parte de éste.

A.2.Derecho de Retener la Prenda.

Leer y aplicar contenido del Artículo 1.852 CCV.

De la norma contenida en éste artículo, podemos deducir; que el Acreedor Prendario tiene el derecho de retener la cosa o bien objeto del contrato, mientras no se le haya cancelado la obligación principal (su crédito, garantizado, intereses y los gastos) es decir, el Acreedor Prendario retiene la cosa en función del valor de la deuda, intereses y gastos que haya efectuado para la conservación y mantenimiento del bien por hecho o culpa del deudor. Leer y analizar los Artículos 1.852 y 1.853 CCV.

A.2.1.El Principio General de Indivisibilidad.

El pago parcial es útil para liberar parcialmente la Prenda; pero éste hecho no implica, que deba restituirse parcialmente la prenda. El Acreedor no puede desprenderse de la Prenda, en contra de su voluntad, sino cuando la deuda total ha sido cancelada (Leer e interpretar como complemento el Artículo 1.973 CCV).


A.2.2.¿Cuándo puede suspenderse el Derecho de retención?

a) Se presentan varios casos, el primero de ellos se encuentra en el Artículo 1.848 CCV, en concordancia o complementado con el Artículo 1.785 CCV.

b) El segundo caso se encuentra normado en los Artículos 1.849 y 1.850 CCV.

c) El tercer caso lo ubicamos en los Artículo 1.850 y 1.849, donde se señala que la solicitud de venta la hace el Deudor o el Acreedor.

d) El cuarto caso; referido a solicitud al Juez por el Deudor para que éste, establezca condiciones de venta y el precio del depósito.

e) El quinto caso se refiere al uso del Derecho de Retención; cuando el Deudor para todo. Capital, intereses y gastos.

f) Por último, el sexto caso; se refiere a las Acciones Pignoraticias: Estas son dos:
1ºLa Directa: que corresponde al Deudor para reclamar, la cosa empeñada, luego de satisfecho el crédito del Acreedor, en cuyo caso debe éste restituirla.

          2ºLa Contraria: pertenece al Acreedor, que recibió en Prenda alguna cosa; para que el Deudor le indemnice, si le           ha ocasionado algún perjuicio culpable y una vez solventada la deuda principal.

A.3. Derecho de Venta Judicial.

Para el estudio de éste aspecto debemos analizar la norma contenida en el Artículo 1.844 CCV. Su contenido textual establece: El Acreedor no podrá apropiarse de la cosa recibida en Prenda, ni disponer de ella, aunque así se hubiere estipulado; pero cuando haya llegado el tiempo en que debe pagarse, tendrá derecho de hacerla vender judicialmente. El Acreedor podrá admitirse en la licitación de la Prenda que se remate.

NOTAS IMPORTANTES:

  • Debe darse una subasta pública, mediante la cual pueda obtenerse un precio mayor que la acreencia.
  • El Acreedor puede participar en la licitación y podrá obtener la cosa por un valor menor que la cantidad adeudada si no hay mejores postores.
  • La autorización de venta judicial; se da, cuando se le ha seguido juicio al Deudor por deuda vencida. Se le da la oportunidad a éste para que oponga o alegue excepciones en Acatamiento al Precepto Constitucional: Nadie puede ser condenado sin ser oído”.
  • El Juez competente para conocer este tipo de demanda, es el Juez Civil según cuantía.
  • Leer Artículo 74 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión.

 A.4. Derecho de Preferencia.

Este aspecto lo estudiaremos desde el punto de vista del CCV (Prenda Tradicional) y desde la óptica de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión.

Analizar Artículo 1.838, ligado con el Artículo 1.839, ambos del CCV y el 1.840, 1.841, 1.842, 1.870, 1.872, 1.868, 1.846, 1.865.

A.5. Derecho de Indemnización por los Gastos, Daños y Perjuicios.

El Acreedor tiene el derecho a que se le reintegren todos los gastos, efectuados para la conservación y mantenimiento de la cosa objeto de Prenda, una vez extinguido el Contrato. Los daños y perjuicios se estiman con arreglo a la pérdida sufrida por el Acreedor y a la utilidad que se le ha privado.

B.OBLIGACIONES DEL CONSTITUYENTE DE LA PRENDA.

En principio el constituyente, no queda obligado con motivo del contrato original de Prenda (Prenda Tradicional) en razón de:

1.Porque este contrato es Unilateral (sólo un aparte se obliga).
2.Posteriormente puede convertirse en sinalagmático imperfecto por cuanto pueden nacer obligaciones para el constituyente siempre y cuando el acreedor tenga que efectuar gastos para la conservación del bien objeto de la Prenda. Leer Artículos 1.845, 1.773, 1.774 CCV y 53, 57, 59, 61, 62 de la Ley de Hipoteca y Prenda sin desplazamiento de posesión.

C.LA EXTINCIÓN DE LA PRENDA.

Como todas las obligaciones accesorias la Prenda tiene dos formas de extinguirse:

1. Por Vía de Consecuencia: Como el Contrato de Prenda es accesorio, ésta; la Prenda, sigue la suerte de la obligación principal. Si ésta se extingue, ella (la Prenda) también se extingue, queda extinguida la obligación accesoria. Conclusión: Si la obligación principal se anula, de igual forma se anulará el contrato accesorio.

2. Por Vía Principal: La Prenda se extingue por vía principal, aplican a ella las mismas causas que a todas las obligaciones, además, también se extinguen mediante situaciones especiales. Leer Artículo 1.282 CCV.

Estas situaciones especiales son:

  1. El pago: Si usted paga, cumplió su obligación así se extingue ésta.
  2. La Novación: se transforman las obligaciones, cambia el objeto de la obligación, como la persona.
  3. Remisión de la Deuda: Es el perdón del Acreedor al Deudor. Devuelve documento.
  4. La Compensación: Significa la extinción de una deuda con otra, entre dos personas que se deben mutuamente cosas semejantes. Leer Artículo 1.846 CCV.
  5. Pérdida de la Cosa Pignorada: Caso fortuito o fuerza mayor.
  6. La Prescripción: cuando prescribe la obligación principal.
  7. Incumplimiento de la obligación principal: Si no se cumple con el pago de la obligación principal, de inmediato se provoca la ejecución de la prenda por vía de Juicio y remate judicial