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Sentencia: N° 1042 de fecha 07 de julio 2008.
Tema: Recurso de Revisión
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Una vez que se celebra el acto de informes y se dice ¿VISTOS¿ la causa pasa a estado de sentencia, por lo cual no pueden apreciarse pruebas distintas de las que fueron hechas valer durante el juicio en la fase probatoria, o hasta antes de vista la causa, si se trata de documentos públicos.

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El planteamiento contenido en esta propuesta surge con ocasión de la inquietud transmitida por algunos jueces laborales con ocasión de las reiteradas dilaciones procesales originadas por la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual les conmina a observar los privilegios y prerrogativas procesales contenidos en leyes especiales, en aquellos juicios donde se encuentren involucrados los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, prebendas éstas, que no en pocas ocasiones son extendidas a otros entes, conforme a otras previsiones legales o derivadas del empleo de ciertos criterios interpretativos jurisprudenciales.

Entre esta fuente normativa de concesión de privilegios y prerrogativas procesales, cabe resaltar, con especial mención, al Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual contempla o regula la intervención judicial de la República, bien como parte o bien como un tercero, estableciendo como una de estas dispensas dignas  de destacar, las múltiples notificaciones y las correspondientes suspensiones de la causa, originadas con motivo de la admisión de la demanda, o cuando se propone cualquier oposición o excepción, o cuando se dicta cualquier providencia, sentencia o se hace alguna solicitud de cualquier naturaleza que directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales de ésta, o cuando se decrete de la ejecución de las sentencias.

Paralelamente debe considerarse que, conforme a la letra del artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, hecha la notificación para la audiencia preliminar, las partes quedan a derecho y no habrá necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del proceso, salvo los casos expresamente señalados en esa Ley.

Ante tal perspectiva, en las subsiguientes líneas se hace un planteamiento que, de buenas a primeras y exento de cualquier análisis, pareciera ser una herejía, pero que sin lugar a dudas, después de un detenido examen, diseña una solución a la propuesta inicial de igualar o uniformar la aplicación del principio de notificación única establecido en la ley adjetiva laboral a todas las partes intervinientes, aun cuando éstas gocen de los premencionados privilegios o prerrogativas procesales. Esta interpretación, esbozada en forma tan ramplona pareciera contrariar o estar abiertamente enfrentada con las disposiciones del referido Decreto Ley que consagran tales supuestos, sin embargo, con fundamento en los posteriores razonamientos, tal impresión queda enteramente desvirtuada.

La aparente colisión normativa, entre la obligación de notificar y suspender la causa, en los casos establecidos en los artículos 86 y 87, 96, 97 y 99 del referido Decreto-Ley y el principio de notificación única, debe ser observada y analizada desde la perspectiva constitucional del derecho de igualdad y concatenada con la principialística que rige en el proceso laboral, lo cual hace ver que los jurisdicentes del trabajo se encuentran entre dos contendores fuertemente blindados.

Para resolver ello antes que todo, éstos deben entender o interpretar como premisa que, el principio de notificación única deberá ser igualmente aplicado a cualquier interviniente voluntario o forzoso en el juicio, aun cuando goce de privilegios y prerrogativas procesales.

Tal afirmación sin lugar a dudas, origina una serie de conjeturas en contra de esta moción, no obstante, para rebatir cualquier cuestionamiento, basta con plantear que ambos cuerpos legales (Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República) en nuestra legislación positiva comparten el mismo escaño en jerarquía normativa, vale decir, una y otra poseen carácter orgánico, por lo que cualquiera pretendida objeción apoyada en este respecto se desvanece. Ello queda reforzarlo además, invocando y empleando el principio hermenéutico propio de nuestra legislación laboral de que en caso de conflicto de leyes prevalecerán las del trabajo, sustantivas o de procedimiento.

No pasa inadvertida a este examen, la sacrosanticidad con la cual han sido tratadas por parte de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Social las normas del multicitado Decreto Ley y el obcecado afán de darle estricto cumplimiento a las infecundas y por demás prescindibles formalidades concebidas para tales notificaciones y sus correspondientes suspensiones, conllevando tal proceder a la prolongación innecesaria de las fases procesales y muchas veces a la cesación de la estadía a derecho de las partes, situación que nos lleva a recordar el título de uno de los inolvidables temas de un afamado  grupo británico denominado «un largo y tortuoso camino»; ello sin mencionar el perjuicio que representa la declaratoria de reposición de la causa por tales motivos, el reinicio de todo el trámite procesal, para que la mayoría de las veces, por desidia o por no ser parte directamente afectada la República sus representantes no se hagan presentes.

Son rutinarias estas últimas inescrupulosas situaciones, ello derivado quizás de la inexistencia, inutilidad u obsolescencia de las sanciones legales a ser aplicadas a los mandatarios representantes de la nación por tan reprochables conductas, empleándose como justificante de tales notificaciones y suspensiones de la causa, el paradójico y altisonante alegato de que «su incumplimiento atenta contra el orden público y el debido proceso», olvidando -como ya se dejó expresado precedentemente- que a tenor de la legislación sustantiva laboral, las normas que rigen a esta especialísima rama del derecho poseen este mismo carácter, todo ello, sin hacer mención de la inminente esencia proteccionista y social de las que están impregnadas estas últimas.

Con el primordial objetivo de ponderar o mesurar la marcada desigualdad que existe entre el trabajador que acude ante los órganos jurisdiccionales a pedir se le satisfaga su pretensión de cobrar sus acreencias laborales, a solicitar su derecho constitucional a la estabilidad o a que se le indemnice por haber contraído una enfermedad profesional o haber sufrido algún accidente ocupacional frente al Estado patrono, poderoso, omnipotente, debe el juez del trabajo armonizar con sensatez, inteligencia y justicia la situación que le es planteada para su solución, sopesando todo ello y aplicando de forma concordada los principios rectores de la legislación laboral.

De tal forma que la experiencia comprueba que el propósito concebido para la realización o práctica de tales notificaciones a la Procuraduría General de la República (de calibrar la conveniencia o necesidad de intervenir o no en los juicios) no producen el desideratum perseguido por el Legislador, sino que se ha convertido en lo que en el argot popular se denomina «un saludo a la bandera», generador de atrasos, dispendios y dilaciones procesales.

Ello indudablemente representa la mayoría de las veces, por no decir todas, una injustificada e inútil prolongación del tiempo que debe durar un proceso, puesto que los personeros designados por la República, deberían por lo menos informar al Tribunal si van a intervenir o no en el mismo. Así se consumen lapsos que influyen, no solamente en las dilaciones antes aludidas, sino que se traducen al final en perjuicio para la Nación demandada por cuanto se prolonga el periodo a considerar para el cálculo de los intereses moratorios y de la corrección monetaria.

Es inaceptable desde todo punto de vista que estas notificaciones y sus correspondientes suspensiones, sigan siendo el motivo de retrasos injustificados, en franco perjuicio del carácter de exigibilidad inmediata que tienen el salario y las prestaciones sociales y de la garantía de estabilidad ofrecida constitucionalmente, amén de que como excepción al principio de igualdad, se han convertido en origen de abusos y menoscabos de los derechos de los trabajadores accionantes. Vale decir que irónicamente, disposiciones que emanan de cuerpos legales, obstruyen y hacen nugatorios los derechos constitucionales antes aludidos, por lo cual tales privilegios y prerrogativas deben ser atemperadas, teniendo en cuenta que en ningún caso éstas pueden anular o sobrepasar las que devienen de la condición de trabajador, de débil jurídico de esa relación.

Expuestas estas consideraciones y haciendo referencia a la interpretación aquí expresada, es importante dejar claramente sentado que su intención está dirigida a hacer ver la necesidad de aplicar dentro del proceso laboral una única notificación a quienes gozan de privilegios y prerrogativas procesales, vale decir, que notificados como fueren de la interposición de la demanda en contra de los aludidos entes para la celebración de la audiencia preliminar, no haya necesidad de notificarlos posteriormente, salvo en los casos que así lo prevea la ley o cuando se produzca la pérdida de la estadía a derecho, debiendo entenderse igualmente que se hace innecesaria la suspensión del proceso en tales situaciones y desaplicando las insoslayables causales de reposición a este respecto cuando se observen irregularidades o defectos en la práctica de las notificaciones posteriores a la primera, dejando la declaratoria de su procedencia a la discrecionalidad judicial.

De manera complementaria debe indicarse la orientación sostenida en el voto concurrente de la Mag. Carmen Zuleta de Merchán contenido en la decisión de la Sala Constitucional Nº 1331 del 17 de diciembre de 2010, donde ésta objetó no haber empleado en esa oportunidad, la tendencia seguida por ese alto órgano jurisdiccional relacionado con las propias peculiaridades de lo debatido de que en casos laborales, ni siquiera a la República se le ha avalado asirse de sus prerrogativas procesales, allanándose la condición de este ente público en el juicio y quedando entonces sometido a la misma regla de notificación que impera para el común de las partes en el juicio laboral, recogida en el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo e invocó como precedente de tal conclusión, el pronunciamiento hecho por esa misma Sala en decisión N° 1116  de fecha 16 de noviembre de 2010, en la cual le correspondió a ella la ponencia.

Esta interpretación, en sintonía con la más avanzada concepción constitucionalista del trabajo como hecho social que requiere protección estatal, cuestiona la extensión de las prerrogativas y privilegios procesales de los entes públicos al proceso laboral, pues entran en conflicto dos conceptos constitucionales: el interés público, cuya protección ha sido encomendada a la Administración y la tendencia de la jurisprudencia de la Sala Constitucional de tutelar al trabajador como débil económico.

Forma parte también del bagaje argumental de esta doctrina jurisprudencial el hecho que, en efecto, cada vez son más los casos en juicios de naturaleza laboral donde se encuentren involucrados intereses patrimoniales de la República, ante lo cual la Sala Constitucional ha hecho la advertencia de que estos derechos, por ser de talante socio-laboral, gozan de un especial reconocimiento en el máximo texto jurídico, lo que ha conducido a entender que las prerrogativas y privilegios derivan en herramientas procesales que desmejoran las condiciones jurídicas del trabajador.

Cabe destacar, con respecto a la notificación de la Procuraduría General de la República y la sucedánea suspensión de la causa, que en el fallo de la Sala Constitucional N° 2849 del 9 de diciembre de 2004, se señaló que en virtud de la particularidad del proceso laboral la notificación obliga a este órgano a ser más diligente y dar preferencia a su intervención o no en este tipo de proceso, pues su rápida actuación en tal sentido haría cesar la suspensión que ordene el juez y por ende promovería la respectiva consecución del proceso.

En similar sentido se pronunció esa misma Sala en la decisión N° 3524  del 14 de noviembre de 2005, con ponencia de la antes mencionada magistrada, cuando consideró que permitir a la Sala de Casación Social que aplique, en detrimento de un trabajador que exige la tutela su derecho constitucional al trabajo o el pago de sus «prestaciones sociales», el uso desleal de las prerrogativas procesales es hacer que la Sala Constitucional participe de una irregularidad tan grave que raya en el abuso de derecho -recalcando con un enfoque realmente protector y cónsono con los postulados constitucionales- que cuando tal exceso se verifica en una causa de esta especial naturaleza, los entes públicos no pueden asirse de las prerrogativas procesales.

 Para complementar este análisis, se evoca nuevamente la decisión  N° 1116/2010, en la cual se dejó indicado que, producto de la evolución de la jurisprudencia de esa Sala, las prerrogativas procesales de la República en los juicios laborales -sin desconocer el carácter de orden público de las normas que las estipulan- se han limitando a aspectos cada vez más específicos, como corresponde en la interpretación de cualquier regla que flexibilice el derecho a la igualdad, y concluye contundentemente que en los procesos laborales no hay cabida para las prerrogativas procesales de ningún ente público y que, lo contrario sería hacer una mixtura de regímenes distintos: laboral y contencioso administrativo, en cuya vertiente funcionarial, signada por un régimen estatutario, la querella funcionarial dista en mucho del sistema oral implementado por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que aplicar al proceso laboral las prerrogativas procesales de los entes públicos desemboca en una actuación judicial en perjuicio del trabajador, que no deja de ser el débil económico por el hecho de que su patrono sea un ente público.

Tal exégesis está consustanciada con los principales postulados ideológicos garantistas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y debe ser el patrón a ser aplicado por los jueces laborales en tales situaciones al proporcionarles la plataforma necesaria a la propuesta de aplicar el principio de notificación única a todas las partes en un juicio laboral, incluso a aquellos entes que gozan de privilegios o prerrogativas procesales.

 

En nuestro Despacho Jurídico, los clientes suelen preguntar: Antes tenía otro Abogado y le di un poder, ¿Debo revocarlo?, ¿El puede seguir actuando en mi representación?. En otros casos, sienten un casi “vehemente temor” en otorgar Poderes a Abogados. Pues bien, con este artículo pretendemos despejar esas dudas.  

CONCEPTO: Todo Poder es un mandato que, de conformidad con el artículo 1.684 del CC, “son contratos por el cual una persona se obliga gratuitamente, o mediante salario, a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra, que la ha encargado de ello”, siendo que cuando se trata de Poderes/Mandatos Generales no comprenden más que los actos de administración (1.688 CC), debiendo siempre actuar como un buen padre de familia y dentro de los límites del mandato (1.692 y 1.698CC), de lo contrario el mandatario incurre en una serie de responsabilidades de las cuales debe responder (artículo 1.693CC).

Los Poderes/Mandatos Especiales se otorgan para un negocio o acto o para ciertos negocios o actos. Poderes/Mandatos otorgados en el extranjero: Tenemos 3 posibilidades según el 157CPC: 1. Poder otorgado en país extranjero que haya suscrito el Protocolo sobre uniformidad del Régimen Legal de Los Poderes y la Convención Interamericana sobre el Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el Extranjero deberá cumplir las formalidades establecidas en dichos instrumentos (Art. 157 CPC). 2.-Poder otorgado en el extranjero sin haber suscritos los instrumentos mencionados, deberá cumplir con las formalidades establecidas en las leyes del país de su otorgamiento.

En este sentido deberá recordarse que por imperativo del artículo 8 del CPC, según el cual, en los casos de aplicación del Derecho Internacional Privado, los jueces atenderán primero a cualesquiera Tratados Públicos de Venezuela con la nación respectiva, en cuanto al punto en cuestión y no solo a los ya mencionados. Por Ejemplo si los países involucrados en torno al Poder (quien lo sustancia para su otorgamiento y ante quien va a surtir efecto), han suscrito el Convenio para Suprimir la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, este será de aplicación preferente, por ser una ley especial de la República, en la materia a que se contraen, siendo el objeto de esta convención suprimir la exigencia de legalización diplomática o consular de documentos públicos extranjeros y por lo tanto, los documentos que porten el sello de la apostilla no requerirán la legalización de las misiones diplomáticas u oficinas consulares venezolanas para surtir efecto en Venezuela, aunque si deberá estar traducidos al español.

Efectuada la advertencia anterior, podremos interpretar lo que la norma a continuación señala “…En ambos casos, el poder deberá estar legalizado por un magistrado del lugar o por otro funcionario público competente, y por el funcionario consular de Venezuela, o en defecto de éste, por el de una nación amiga…”. Cuando el poder se ha otorgado en idioma extranjero, se debe traducir al castellano por Intérprete Público en Venezuela. 3. Poder otorgado por ante un agente del servicio exterior de la República en el país del otorgamiento. Se trata de los poderes que se tramitan ante el consulado venezolano en el extranjero. Los requisitos varían de Consulado a Consulado. Poder/Mandatos Apud Acta: Es el otorgado, como su nombre lo indica, en las actas procesales de un expediente y cuyo alcance dependerá de su propio contenido, pues se le presume especial. FORMALIDADES PARA SU OTORGAMIENTO: Dependerá del Poder en cuestión. Por ejemplo, el Poder otorgado para vender inmuebles, debe ser necesariamente registrado, por su parte el Poder Apud Acta deberá ser otorgado por ante el secretario del Juzgado, quien firmará el acta junto con el otorgante y certificará su identidad.

MODOS DE EXTINCIÓN: Conforme al artículo 1.704 CC, El mandato se extingue: 1º.- Por revocación. 2º.- Por la renuncia del mandatario. 3º.- Por la muerte, interdicción, quiebra o cesión de bienes del mandante o del mandatario. 4º.- Por la inhabilitación del mandante o del mandatario. DURACION DE LOS PODERES: No es el transcurso del tiempo una causal de extinción de los poderes, por lo tanto podrían durar muchos años si no ocurriera durante su vigencia alguna de las causales de extinción. No obstante, lo antes señalado, La Dirección General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) emitió el pasado 1 de Diciembre del 2016, una circular en la que informa a la red de notarías públicas del país la prohibición de tramitar la compra-venta de bienes inmuebles a través de esas instancias al igual que la determinación que a los Poderes otorgados para la  Venta de Inmuebles, se les impone un término de caducidad de un año, lo que nos parece un desafuero,  toda vez que el establecimiento de ese tipo de términos sólo lo permite la ley, en materia de caducidad, y los contratos, por la vía del acuerdo de los otorgantes.

PODER OTORGADO A UN ABOGADO:Es el que se le encomienda al Abogado para que asuma su representación en un proceso judicial. Se le faculta al mandatario para asuma la defensa técnica con algunas de las siguientes facultades: intentar y contestar demandas y reconvenciones, oponer y contestar excepciones, promover y evacuar las pruebas respectivas, comprometer en árbitros arbitradores o de derecho, seguir los juicios en todas las instancias, grados, trámites e incidencias, interponer toda clase de recursos, solicitar medidas cautelares, efectuar alegatos y peticiones en general. FACULTADES EXPRESAS Y TACITAS: Cuando se trate de situaciones en el proceso que impliquen la disposición del derecho en litigio (convenir, desistir, transigir), dichos actos no podrán ser realizadas por el apoderado, de igual forma este tampoco podrá ejecutar  actos que se hayan señalado en la ley como exclusivos de las partes, es decir, que el apoderado no podrá realizar transacción, desistimiento, allanamiento o conciliación, a menos que el poderdante lo haya autorizado para ello, en cuyo caso dicha autorización debe ser expresa. Igual ocurre con la posibilidad de absolver posiciones juradas si se propusieran en juicio, o la potestad de recibir si el poder no expresa dicha facultad, pues el poder conferido por el acreedor a una persona para demandar en juicio al deudor, no le faculta por sí sólo para recibir el pago de la deuda.

REVOCATORIA DEL PODER: Son 2 las formas de revocar un poder: la expresa y la tácita. La primera puede hacerse en forma privada con una carta, telegrama, etc. pero tendrá efecto solamente entre el mandante y su apoderado pero no frente a terceros. Para que surta efectos frente a terceros, la revocatoria debe ser hecha en forma autentica. Para el caso de los Poderes otorgados a Abogados en juicio, debe hacerse constar en el expediente consignando la revocatoria mediante diligencia tácita o implícita, aunque de igual forma, la revocación se produce con la presentación de otro apoderado para el mismo juicio, de tal manera que la actuación del anterior apoderado, cesará por la presentación del nuevo, salvo que “se haga constar lo contrario”. Si se le otorgó poder al Abogado, para asuntos extrajudiciales, para que tal revocatoria produzca efectos jurídicos válidos oponibles al apoderado, se deberá no solo revocar el poder en la misma oficina donde se otorgó, sino que también hará menester notificarlo al Abogado en cuestión. La notificación no requiere que sea a través de un Juez, Notario o Registrador; basta acuse de recibo suscrito de puño y letra por el apoderado. (más…)

Las resoluciones y actos administrativos que afecten a los derechos e intereses de las personas interesadas se notificarán a estas en los siguientes términos:

– Toda notificación deberá ser cursada en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

– Deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa.

– Deberá contener también la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro tipo de recurso que estimen procedente.

Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que la persona interesada realice’ actuaciones que supongan el conocimiento del contenido de la resolución o acto objeto de la notificación, o cuando se interponga el recurso procedente.

 La Práctica de la Notificación: La notificación es el procedimiento administrativo por el que se da cuenta a quienes interese de los actos de las Administraciones Públicas.

Medios y formas de notificación:

– Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción de la persona interesada o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. En este sentido, la acreditación de cualquier notificación efectuada se incorporará al expediente de que se trate.

– En los procedimientos iniciados a solicitud de la persona interesada, la notificación se practicará en el lugar que esta haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin y por cualquier medio conforme se indica en el párrafo anterior.

– Cuando la notificación se practique en el domicilio de la persona interesada, en caso de que esta no se halle presente en él en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

– Cuando la persona interesada o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación, y se considerará efectuado el trámite por lo que se seguirá el procedimiento de que se trate.

– Cuando las personas interesadas en un procedimiento sean desconocidas, o se ignore el lugar de la notificación o no se conozca medio que permita tener constancia de la recepción, o bien si, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará entonces por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que la dictó. En el caso de que el último domicilio conocido radicara en el extranjero, la notificación se efectuará mediante su publicación en el tablón de anuncios del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente.

– Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, lo que no excluirá la obligación de proceder a la notificación según se indica en el párrafo anterior.

Actos Sujetos a Notificación

En otro orden de ideas, en la conferencia que nos corresponde comentar se trata lo relativo a los actos que deben ser notificados. La notificación, como se ha dicho, está prevista respecto del acto de alcance individual.

Los actos sujetos a notificación se clasifican en cinco categorías, a saber:

– Los actos administrativos de alcance individual que tengan carácter definitivo y los que sin serlo, obsten a la prosecución de los trámites.

– Los que resuelvan un incidente planteado o en alguna medida afecten derechos subjetivos o intereses legítimos.

– Los que decidan emplazamientos, citaciones, vistas o traslados.

– Los que se dicten con motivo o en ocasión de la prueba y los que dispongan de oficio la agregación de actuaciones.

– Todos los demás que la autoridad así dispusiere, teniendo en cuenta su naturaleza e importancia.

Sobre los actos que deben ser notificados, comentaremos únicamente lo relativo al acto de trámite y lo referente al acto interno, éste último no mencionado en la clasificación referida.

La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su artículo 73 prevé que todo acto administrativo de carácter particular que afecte los derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos de los administrados debe ser notificado.

De allí que los actos de trámite no sean necesarios notificarlos, salvo aquellos que sean susceptibles de recurso, bien porque imposibiliten la continuación del procedimiento, produzcan indefensión o prejuzguen como definitivos, o bien, porque afecten derechos subjetivos o intereses personales, legítimos y directos, circunstancia que determinaría su recurribilidad.

Al tratarse de actos sujetos a recurso, se impone su notificación, pues, como se ha dicho, uno de los efectos que ésta produce es, precisamente, el inicio de los lapsos correspondientes.

Por lo que se refiere al régimen de publicidad de los actos internos de la Administración, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece que quedan exceptuados de la publicación en Gaceta Oficial, aquellos actos referentes a asuntos internos de la Administración, se entiende que tal excepción está referida al acto general.

La jurisprudencia, sin embargo, ha reconocido en algunos casos estas disposiciones internas generales no publicadas, al controlar la legalidad de actos dictados basándose en las mismas, como por ejemplo ocurre respecto de los funcionarios de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Esta doctrina que resulta contraria, sin duda, al principio de publicidad del acto, no ha sido (por lo demás) en modo alguno fundamentada. Sin embargo, en un caso concreto, la evidente lesión de derechos constitucionales del recurrente, llevó al Máximo Tribunal a pronunciarse por la invalidez de estos actos no publicados.

La decisión, en aras del derecho constitucional a la defensa, estableció que la ausencia de publicación impide reconocerle valor normativo al acto de efectos generales. Así lo decidió la Corte respecto del Reglamento de los Consejos de Investigación del Ministerio de la Defensa, al señalar que por no haber sido debidamente publicado, sólo podía considerarse que el mismo consagra principios, criterios o pautas que informan dicha materia.

Sanciones a la Notificación Irregular

Considerada como ha sido la notificación como una garantía en beneficio del administrado, el legislador impone la obligación de informar en el acto de notificación, además del texto íntegro del acto, los recursos que contra éste proceden, la autoridad revisora o que deba conocer de ellos y los plazos para interponerlos.

Se sanciona la notificación defectuosa con su invalidez y consecuentemente con la ineficacia del acto notificado, pero además se prevé que los errores inducidos en los lapsos de interposición del recurso no pueden imputarse al interesado. Al punto que de este error, por ejemplo, en materia de recursos administrativos, no podría luego pretender ser sancionado con la falta de agotamiento de la instancia administrativa como presupuesto procesal exigido para acceder al contencioso.

Así ocurrió en un caso en el cual la Administración al notificar al particular no señaló los recursos procedentes contra el acto notificado, siendo ejercidos por éste fuera del lapso de ley. Una vez en la sede judicial, el tribunal de la causa declaró extemporánea la interposición de los recursos administrativos y por lo tanto inadmisible el recurso contencioso de anulación, por falta de agotamiento de la instancia administrativa.

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, actuando como Tribunal de alzada, revocó la decisión del a quo, considerando que ante tal omisión de la notificación del acto no corría para el impugnante el lapso para intentar el recurso de reconsideración, por lo que mal podría ser declarada extemporánea su interposición.

En lo que se refiere al caso de error de la notificación consistente en la falta de señalamiento de los lapsos legalmente establecidos para la interposición de los recursos, (bien en sede administrativa, bien en sede judicial) la Corte, siguiendo el criterio antes expuesto, específicamente ante un caso de naturaleza electoral, señaló que tal error no podía menoscabar el derecho a la defensa del interesado y en consecuencia, si bien el mismo habría intentado el recurso de nulidad electoral fuera del lapso legalmente establecido, mal podía declararse la extemporaneidad del recurso de nulidad.

También se ha decidido que la interposición incorrecta del recurso ante autoridad distinta a la pertinente, en virtud de un error inducido por una defectuosa notificación, no puede menoscabar el derecho del administrado de acceder a la justicia. La jurisprudencia ha señalado que en tales casos corresponde al órgano administrativo ante el cual se interpuso el recurso, remitir para su decisión al órgano que sea efectivamente competente.

Finalmente, cuando el acto se comunica por medios formales distintos a la notificación (publicación) no existiría la obligación de cumplir las formalidades a que se refiere la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, como sería el anunció de los recursos pertinentes. Así, se pronunció la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en reciente decisión de fecha 16 de octubre de 1997, al declarar inadmisible un recurso contencioso de anulación contra un acto emanado del Registrador de la Propiedad Industrial, por falta de interposición del recurso jerárquico que contra el acto procedía ante el Ministro, señalando que si bien la publicación del mismo no contenía mención alguna respecto a los recursos procedentes, la ley no establece, respecto a su comunicación a los interesados, tal obligación para la Administración.

Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciados por el órgano competente.

La publicación sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos, en los siguientes casos:

– Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a una sola persona interesada es insuficiente para garantizar la notificación a todas, debiendo ser la publicación, en este último caso, adicional a la notificación efectuada.

– Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medio de comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.

En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coindicentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto.

La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que hemos indicado con respecto a los términos de las notificaciones. También le es aplicable lo establecido para las notificaciones defectuosas, que detallamos igualmente en el mismo apartado anteriormente referido.

Se ha señalado que la publicidad del acto determina, por un lado, su vigencia y de allí su eficacia, claro está en los casos en que la publicidad es la única circunstancia exigida para que el acto sea capaz de producir sus efectos jurídicos.

De otra parte, aborda el ponente el tema de la publicidad como presupuesto para el ejercicio de los recursos administrativos y, en todo caso, como presupuesto para la impugnación judicial.

Puede, sin embargo, agregarse una tercera función, pues la notificación califica en algunos casos la legitimación del recurrente, ya que se ha establecido que la legitimación puede deducirse de la cualidad de destinatario del acto, lo cual no obsta para que se desvirtúe su legalidad, precisamente, sobre la base de que el destinatario no es quien debe recibir tales efectos o no era a quien correspondía la legitimación en la sede administrativa.

Eficacia, impugnación y legitimación son por tanto las tres funciones que pueden atribuirse a la publicidad.

La eficacia, según la naturaleza del acto, se manifiesta de distintos modos. La comunicación del acto, por sí sola, puede en algunos casos dar lugar al cumplimiento de los efectos jurídicos que de él se derivan, o simplemente dar lugar a que puedan cumplirse las circunstancias requeridas para la concreción de sus efectos (actos sujetos a término o condición y actos que requieren de ejecuciones materiales).

Por lo que a esta función se refiere (eficacia del acto), puede afirmarse que la publicidad constituye principio del procedimiento vinculado al respeto de las garantías jurídicas del administrado. Se realza así la seguridad jurídica de aquellos a quienes la Administración pretende imponer una obligación o afectar de manera absoluta o parcial en sus derechos.

Como segunda función, se ha dicho que la publicidad actúa como presupuesto para que transcurran los plazos de impugnación, con lo cual se vincula este principio con un tema que hoy se esgrime como base fundamental del contencioso administrativo: la tutela judicial efectiva.

La certeza acerca del inicio del lapso para recurrir y en algunos casos la exigencia del señalamiento en el acto de notificación, de los recursos que contra el acto notificado proceden, así como de su exacto contenido, son sin duda mecanismos que tienden a asegurar aún más el derecho del administrado de acceder a la justicia en búsqueda de protección y reparación frente a la ilegalidad en el actuar administrativo.

Finalmente, también se ha vinculado a la publicidad, como parte de su función, la legitimación para recurrir. En relación con este aspecto, resulta importante la doctrina que ha planteado, a manera de reflexión, el posible divorcio existente entre “… las fórmulas de comunicación concebidas desde la perspectiva de la garantía individual”, en lugar de “… la hipotética defensa del ordenamiento jurídico”, tanto más si se tiene en cuenta la indeterminación conceptual de la noción de interesado que se verifica con la tesis de los derechos reacciónales o impugnativos que permiten la fiscalización por parte de los administrados de la totalidad del ordenamiento jurídico administrativo.

TSJ-LOGO

Sentencia: Nº 412 de fecha 01 de Abril de 2001
Asunto: Sentencia in extenso pronunciada por un Juez sin haber presenciado el debate oral y público.

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