Posts etiquetados ‘#NULIDAD’

En este artículo abordaremos la caducidad de la acción que nos ocupa. En otras palabras, el tiempo que tiene el interesado para atacar esa Asamblea que reposa en  Acta y que, según su decir, vulnera sus derechos. Los clientes, en su mayoría comerciantes, suelen llegar a nuestro Escritorio Jurídico con inquietudes muy variadas respecto a estas Asambleas de Accionistas, a modo de ejemplo:

-“No me convocaron a la Asamblea”, -“No estaban presentes la cantidad de accionistas necesarios para deliberar o tomar decisiones”, -“Se aprobaron estados financieros sin ser previamente revisados por los accionistas”, “La Asamblea violó el Código de Comercio o los Estatutos de la Sociedad”, entre otros.

Todas esas inquietudes pueden ser muy válidas, ciertas y estar debidamente acreditadas con pruebas, pero ¿y si ya pasó el “tiempo útil” que prevé la norma para atacar por nulidad el Acta írrita?...Como siempre hemos sostenido, el derecho no es matemático, por tanto, en relación a cuándo fenece el tiempo para la interposición de la Demanda por la cual se solicite anular al Acta írrita con sus deliberaciones, no faltará quien asegure que si se trata de un Acta infectada de vicios de nulidad absoluta (no todos los son), no caduca la acción, pues esa nulidad no es convalidable por las partes, al estar interesado el Estado en el orden público. No obstante, no es la intención de este blog establecer discusiones doctrinarias, para eso están otros escenarios.

Antes bien nos ocuparemos de lo que ocurre en la práctica forense.  CADUCIDAD CONFORME A LA LEY DEL REGISTRO Y DEL NOTARIADO. Artc 55: Reza este artículo: “…La acción para demandar la nulidad de una asamblea de accionistas, de una sociedad anónima o de una sociedad en comandita por acciones, así como para solicitar la nulidad de una reunión de socios de las otras sociedades, se extinguirá al vencimiento del lapso de un año, contado a partir de la publicación del acto inscrito…”. (Subrayado mío).

Se desprende claramente de la ley de la especialidad, la regulación del acto, a partir del cual debe iniciarse el computo del lapso de caducidad para el ejercicio de las acciones por nulidad de actas de asambleas de las compañías anónimas, por lo que quienes la pretendan, cuentan con 1 año para su ejercicio so pena de sufrir los efectos de la caducidad, lapso que comenzará a computarse “a partir de la publicación del acto inscrito”, es decir, que el punto de partida de la caducidad es la fecha en que es publicado el acto inscrito.Hasta aquí, el Usuario cuenta con tan solo 1 año para atacar por Nulidad el Acta de Asamblea.

Sobre el punto en particular, cabe acotar lo expresado en el artículo infra transcrito en el cual se hace mención de lo siguiente: Artc 52: “La inscripción de un acto en el Registro Mercantil y su posterior publicación, cuando ésta es requerida, crea una presunción, que no puede ser desvirtuada, sobre el conocimiento universal del acto inscrito…”. Del contenido de dichas normas, se desprende la distinción que se hace entre la inscripción de los actos en el registro mercantil y la publicación que de ellos ordena el Código de Comercio en determinados casos. Queremos dejar claro que es diferente el acto de “inscribir”, al acto de “publicar”.

La diferencia entre ambos actos es que el primero es efectuado por ante el Registro de Comercio competente, mientras que el segundo se hace en la “Gaceta Mercantil” o cualquier periódico que efectúe esas publicaciones. ¿TODAS LAS ASAMBLEAS DEBEN PUBLICARSE?: En atención a lo antes expuesto, resulta contrario al artículo 55 ejusdem, sostener que el inicio del lapso para que opere la caducidad de la acción debe computarse a partir de la sola inscripción de la asamblea de socios en el registro mercantil y no de la publicación, siempre y cuando lo decidido en ella se encuentre en alguno de los casos que se prevén en los artículos 217 y 221 del Código de Comercio. Es decir, no todas las asambleas, ni todas las deliberaciones deben ser indefectiblemente publicadas, todo dependerá del asunto discutido en la misma.

Pues si lo discutido no es concerniente al funcionamiento de la sociedad, no tendrá que cumplirse con el requisito de la publicación, o si el asunto debatido no es de los que ordena el Código de Comercio publicar, tampoco habrá de serlo, tal es el caso de las asambleas que tratan de la venta de acciones, en las cuales hay un criterio unívoco que señala que las mismas surten plenos efectos frente a terceros, con la sola inscripción del traspaso de la cesión en los Libros de la Compañía. Por el contrario, se reitera, si la asamblea ha tratado puntos concernientes al funcionamiento de la sociedad, es necesario que cumpla con la formalidad de publicación. Entonces, si estas Asambleas no se registran y publican, mal podrían estar caducadas.

Ahora bien, las normas 217, 221, 280 y 282 del C.Com, prevén formalidades esenciales que requieren: a) del régimen de inscripción y fijación ante el registro mercantil; y b) el cumplimiento de la publicidad, cuyo propósito es lograr el conocimiento general y obtener eficacia jurídica frente a terceros y la inoponibilidad de ciertos actos que involucren modificaciones o innovaciones de las escrituras constitutivas y de los estatutos, entre ellos, la exclusión y admisión de miembros accionistas de una sociedad. Cuando se requiere de la publicidad se atiende a la protección de los intereses generales de los accionistas o socios y de los terceros. En ese orden de ideas, el acta de asamblea de accionistas en la cual se someta a consideración aumentar el capital social de la empresa, el acta de asamblea en la cual se apruebe el mismo, así como en la que se decidan aspectos relativos a su ejecución, redistribución del porcentaje accionario, entre otros, son actos, que requieren tanto de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente como de su publicaciónCADUCIDAD VS PRESCRIPCION DEL CODIGO CIVIL: El C.C., en su Artc 1346, señala: “La acción para pedir la nulidad de una convención dura cinco años, salvo disposición especial de la Ley.

Este tiempo no empieza a correr en caso de violencia, sino desde el día en que ésta ha cesado; en caso de error o de dolo, desde el día en que han sido descubiertos; respecto de los actos de los entredichos o inhabilitados, desde el día en que haya sido alzada la interdicción o inhabilitación; y respecto de los actos de los menores, desde el día de su mayoridad. En todo caso, la nulidad puede ser opuesta por aquel que ha sido demandado por la ejecución del contrato.” (Subrayado mío). Aquí el Usuario cuenta con 5 años para atacar por Nulidad el Acta de Asamblea.

Pero la diferencia, no es solo una cuestión de tiempo, sino de instituciones, ya que como se aprecia, esta norma prevé no una caducidad, sino una prescripción de la nulidad de una convención. Si entendemos que el Estatuto Social de una empresa, es justamente un Contrato/Convención Social, éste artículo le es aplicable, a pesar de tratarse de instituciones diferentes la caducidad de la prescripción. Pero el tema no se agota allí, pues también de otro lado tenemos el Artc. 1969 C.C., que señala: “ Se interrumpecivilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquiera otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación. Si se trata de prescripción de créditos, basta el cobro extrajudicial. Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la Oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez; a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso”.

Debe recordarse que lo que debe inscribirse en el registro competente, incluye la orden de comparecencia, sin lo cual no operará la interrupción de la prescripción y antes que la misma expire. De otro lado, la Caducidad es una sanción jurídica procesal, pues al transcurrir el tiempo fijado por la Ley, se obtiene la inexistencia misma del derecho que se pretende hacer valer con posterioridad. La Caducidad no admite suspensión o interrupción, mientras que la Prescripción sí. Contamos entonces, por un lado, con un lapso de 1 año por la L.R.N, por el otro lado, con un lapso de 5 años por el C.C, para intentar la nulidad y finalmente, con un lapso indefinido si lo tratamos como nulidad absoluta. En nuestro humilde criterio, nos inclinamos por la ley de la especialidad.  CONCLUSION: Ahora bien y para no perder la atención del Usuario de este Blog, lo importante es que se accione dentro del lapso previsto por la norma, como “tiempo útil”. Determinar o no si Ud se encuentra dentro de este “tiempo útil” tocará a su Abogado de confianza.

Dra. Ana Santander.

Publicado por Escritorio Jurídico Ana Santander y Asociados 

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TSJ-LOGO

Tema: Acción Autónoma de Amparo
Materia: Contencioso Administrativo
Asunto: Improcedencia del recurso por abstención o carencia cuando el acto administrativo que se pretende impugnar no es un acto constitutivo de derechos.

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TSJ-LOGO

Tema: Recurso de Nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Los Rectores o Rectoras Electorales, en su condición de miembros del Consejo Nacional Electoral, gozan de la prerrogativa del antejuicio de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 266 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 5 numeral 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

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La nulidad es consecuencia de un vicio en los elementos constitutivos del acto. En el derecho administrativo el particular o administrado sólo puede pedir la nulidad si está legitimado, es decir solamente en los casos en que el acto afecte sus derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos administrativos son regulares o irregulares. Los regulares son anulables, es decir que si tienen vicios, éstos son subsanables. Los irregulares son los que están gravemente viciados y su nulidad es absoluta e insanable. Por lo tanto tendremos:

Nulidad absoluta: Los actos nulos de nulidad absoluta no pueden sanearse. Los vicios que tornan nulo de nulidad absoluta un acto administrativo pueden ser de dos tipos:

Vicios generales de los actos jurídicos:

 1.- Error esencial: Cuando se excluye la voluntad de la Administración (error en la persona, error en el objeto).

 2.- Dolo: El dolo es toda aseción de lo que es falso o disimulación de lo que es verdadero. El dolo difiere del error en que es intencional. Para que el dolo ocasione la invalidez del acto administrativo debe ser grave y determinante de la acción del agente. Sea que el dolo fuera propio del agente o del administrado o de ambos, el acto administrativo resultará nulo de nulidad absoluta.

 3.- Violencia física o moral: La violencia que se ejerce sobre el funcionario puede ser física o moral, aun cuando esta última va acompañada de actitudes que pueden hacer presumir una violencia física. En uno u otro supuesto de violencia ejercida sobre el agente, el acto resultará nulo de nulidad absoluta si, a causa de ello, la voluntad de la Administración ha quedado excluida.

 4.- Simulación absoluta: Cuando ninguno de los elementos resultan veraces.

Vicios específicos de los actos administrativos:

 1.- Incompetencia: Puede ser por razón de:

Territorio: Se produce si el órgano actuante excede el ámbito físico dentro del cual debe ejercer su competencia.

Materia: El órgano administrativo debe realizar las funciones que específicamente le competen, debe actuar dentro de la esfera de competencia que le corresponde. La competencia de cada órgano de la Administración Pública está señalada por la norma. Si un órgano administrativo dictara un acto con contenido judicial, o si invadiera la esfera de atribuciones pertenecientes a otro órgano de la Administración, dicho acto sería nulo de nulidad absoluta.

Tiempo: Se produce si el agente decide antes (todavía no asumió) o después (ya cesó en sus funciones) del tiempo en que su decisión hubiera sido válidamente posible.

Grado: El inferior jerárquico no puede dictar un acto que sea de la competencia del superior, ni el superior dictar, en principio, alguno que fuera de la exclusiva competencia del inferior por razones técnicas.

2.- Falta de causa: Cuando el acto se dicta prescindiendo de los hechos que le dan origen o cuando se funda en hechos inexistentes o falsos.

3.- Falta de motivación: Si el acto está fundado en elementos falsos es arbitrario y por ello nulo. También es nulo de nulidad absoluta el acto ilógicamente motivado, es decir cuando se obtiene una conclusión que no tiene nada que ver con el argumento que se utiliza. La omisión de la motivación da origen a la nulidad absoluta, ya que no sólo se trata de un vicio de forma sino también de un vicio de arbitrariedad.

4.- Vicios en el objeto: Cuando el acto tuviera un objeto que no fuera cierto, o cuando se tratara de un acto física o jurídicamente imposible.

5.- Vicio en la finalidad o desviación de poder: Cuando el acto se ha dictado con un fin distinto al previsto por el legislador. Para que ocurra la desviación de poder debe haber una autoridad administrativa con competencia, que haga uso de poder para un fin distinto del conferido por la ley. Entre los supuestos de desviación de poder pueden estar los siguientes:

Que el agente actúe con una finalidad personal;

Que los actos sean realizados con el objeto de beneficiar a terceros;

Que el fin perseguido sea de interés general pero distinto del fin preciso que la ley asigna al acto (v.g.: cuando el poder de policía se usa no para mantener el orden sino para aumentar los recursos de la comuna).

Vicios en las formas esenciales: Cuando se incurre en vicios graves respecto de los procedimientos que deben seguirse o cuando hay falta absoluta de forma exigida por la ley para la exteriorización del acto.

Anulabilidad: Son anulables los actos administrativos regulares con vicios leves, que no impiden la existencia de los elementos esenciales. Si el acto ya ha sido notificado, dicha anulabilidad debe ser solicitada en sede judicial por la Administración. Sin embargo puede ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el interesado:

  • hubiere conocido el vicio,
  • Si la revocación, modificación o sustitución lo favorece sin perjudicar a terceros, y;
  • Si el derecho hubiera sido otorgado a título precario.

Un acto administrativo es anulable, y por tanto saneable, por ejemplo, cuando:

  • El vicio fuera del objeto, en razón de no resolverse todas las peticiones formuladas.
  • El vicio fuera de la causa en razón de haber realizado la Administración una errónea apreciación de los hechos que forman la causa del acto, siempre que tal errónea apreciación no impida la existencia de este elemento.
  • Se tratare de un vicio leve de procedimiento.

TSJ-LOGO

Sentencia: N° 194 Fecha 03 de Abril de 2000.
Tema: Control difuso de la constitucionalidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Inaplicación del primer aparte del artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
(…) el artículo 259 de la Constitución otorga competencia a todos los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho. Dentro de dichos órganos corresponde -según surge de la norma transcrita precedentemente- a los Juzgados Superiores con competencia en lo contencioso administrativo, el conocimiento de los actos emanados de las autoridades municipales y estadales, salvo que la acción o recurso se funden en razones de inconstitucionalidad, caso en que el Tribunal declinará la competencia en el Tribunal Supremo de Justicia.
Ahora bien, considera esta Sala constitucional que el primer aparte del artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, al impedir a los Juzgados Superiores con competencia en lo contencioso-administrativo el conocer de la nulidad de los actos administrativos (generales o particulares), cuando se aleguen vicios de inconstitucionalidad, contradice lo dispuesto en el artículo 259 de la Constitución, por cuanto éste otorga facultades a los Tribunales en lo contencioso-administrativo para anular los actos administrativos generales o individuales por contrariedad a derecho, que comprende -sin lugar a dudas- tanto la inconstitucionalidad como la ilegalidad.
Por otro lado, la norma a que se contrae dicho aparte del citado artículo 181 se aparta de la verdadera intención del legislador al regular temporalmente la jurisdicción contencioso-administrativa que era, por una parte, desconcentrar las competencias que tenía la Sala Político Administrativa, como el único tribunal contencioso administrativo, y por la otra parte, acercar más la justicia al ciudadano, sobre todo cuando existen controversias entre éstos y los entes estadales y municipales.De manera que, por tales circunstancias y en especial a que por mandato constitucional los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular actos administrativos por contrariedad al derecho, esta Sala Constitucional estima que la disposición contenida en el primer aparte del referido artículo 181 es a todas luces contraria a la Constitución, motivo por el cual, en uso de la potestad prevista en el artículo 334 de la Constitución, inaplica a los fines de determinar la competencia en el caso de autos, el primer aparte del artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia por ser inconstitucional, al enfrentar de manera incontestable la disposición establecida en el segundo aparte del artículo 259 de la Constitución, en cuanto sustrae a los tribunales contencioso administrativos distintos a la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo, la competencia que le fue otorgada por la propia Constitución para conocer de la nulidad de los actos administrativos (generales o particulares) contrarios a Derecho.

Asunto: Competencia para conocer de los recursos de nulidad interpuestos contra Reglamentos y actos de rango sublegal
(…) la Sala Constitucional, en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, conoce de los recursos de nulidad interpuestos contra los actos realizados en ejecución directa de la Constitución o que tengan forma de ley.
(…) el control legal y constitucional de la totalidad de los actos de rango sublegal (entendiendo por tales actos, normativos o no, los dictados en ejecución directa de una ley y en función administrativa), son del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del contencioso-administrativo (…)”
Sentencia: N° 195 Fecha 03 de Abril de 2000.

Tema: Fisco Municipal
Materia: Derecho Tributario
Asunto: Legalidad Tributaria. Límites a la potestad sancionatoria. Caso: Parquímetros.

De un análisis preliminar, esta Sala observa que la Ordenanza impugnada establece un tributo que origina un cobro por el estacionamiento en las vías públicas, potestad que no se encuentra prevista en la Carta Magna como un ingreso de los entes locales, por lo cual, la creación y posterior aplicación de dicha tarifa podría constituir una infracción al principio de la legalidad tributaria, previsto en el artíuclo 317 de la vigente Constitución de 1999…”
“Es necesario señalar que los Municipios tienen unos límites en su potestad sancionatoria y éstos deben ser determinados por ley, y ésta a su vez no puede contradecir ni ir más allá del sentido y el alcance que a las sanciones le confiere la Constitución, dejando a los Reglamentos la función de complementar, explicar y aplicar la ley, sin poder jamás modificarla, ampliarla, ni alterarla en su espíritu, propósito y razón. En este sentido, al ser el texto constitucional expresión de principios y derechos fundamentales, y base de la organización de los poderes públicos, al clasificar los derechos y garantías y someter su regulación a las previsiones legales, entiende tal remisión a los fines de que sean las leyes las que van a determinar el contenido de tales derechos fundamentales.”
Sentencia: N° 201 Fecha 03 de Abril de 2000.

Tema: Homologación
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: Indebida acumulación.

…la sentencia consultada, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta, por considerar que el actor hizo una acumulación indebida de procedimientos, al identificar dos agraviantes distintos, como lo son, por una parte, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia que homologó el convenimiento de la demanda de intimación de pago de una letra de cambio interpuesta en su contra, y los abogados representantes, tanto del demandante como de la demandada, que intervinieron en el procedimiento que dio origen a la mencionada homologación.
Ahora bien, observa esta Sala que efectivamente el actor, identifica como presuntos agraviantes, al mencionado juzgado y a los referidos abogados; no obstante se evidencia del señalado escrito que tanto las denuncias constitucionales, como las pretensiones alegadas están claramente referidas a la decisión que homologó el convenimiento…”
“Así las cosas, el Tribunal Superior ha debido estimar que la acción de amparo fue interpuesta contra la sentencia en cuestión, y no considerar que hubo una acumulación indebida de procedimientos, razón por la cual la sentencia debe ser revocada…
Asunto: La indebida acumulación no constituye una causal de inadmisiblidad de la acción de amparo.
Por lo demás, quiere dejar sentado la Sala, que la indebida acumulación de procedimientos no es una causal de inadmisiblidad de la acción de amparo, ya que los supuestos de inadmisiblidad de ésta, se encuentran previstos en el artículo 6° eiusdem, el cual no prevé la indebida acumulación de procedimientos.
Sentencia: N° 210 Fecha 05 de Abril de 2000.

Tema: Acción conjunta de amparo con nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Competencia para conocer de la nulidad contra un acto administrativo de efectos particulares conjuntamente con el acto general que le sirve de fundamento.

(…) durante la vigencia de la Constitución de 1961, correspondía a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad lo establecido en el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para conocer la nulidad de un acto administrativo de efectos particulares y del acto general que le sirve de fundamento, siempre y cuando fueren alegadas razones de inconstitucionalidad; todo ello en concordancia con lo previsto en los artículos 42, ordinales 1°, 2°, 3° y 4° y 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (…).
Ahora bien, a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, tales competencias atribuidas anteriormente a la Sala Plena, se encuentran actualmente asignadas a esta Sala Constitucional y a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia según lo dispuesto en los artículos 266 y 336 de la Carta Magna. Por lo cual, cuando el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia alude a la “Corte en Pleno”, debe entenderse que el tribunal competente será el que lo sea para conocer de la acción de inconstitucionalidad.
Sentencia: N° 211 Fecha 05 de Abril de 2000.

Tema: Competencia
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Competencia para conocer de la nulidad de leyes y demás actos del Poder Legislativo Nacional.

(…) por cuanto el acto impugnado en autos, es una ley nacional dictada por el extinto Congreso de la República, y tal como informa la división jerárquica de los actos del Poder Público, las leyes dictadas por el Poder Legislativo Nacional se dictan en ejecución directa e inmediata de la propia Constitución, y por ello, en razón del rango del acto atacado, es esta Sala Constitucional el tribunal competente para conocer y decidir de la acción propuesta en autos (…).
Sentencia: N° 215 Fecha 06 de Abril de 2000.

Tema: Homologación
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: Homologación de Transacción. Capacidad de las partes para disponer del proceso.

En primer término, debe esta Sala precisar que la homologación de una transacción es el acto por el cual el juez imparte su aprobación al contrato bilateral por el que las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan -en el caso de autos- un litigio pendiente; es decir, los efectos procesales de la transacción no se producen sino a partir de la referida homologación, por lo que sólo desde ese momento puede hacerse referencia a la fuerza de cosa juzgada que tiene entre las partes. La gravedad de ello, por tanto, obliga a la verificación de la capacidad de las partes para disponer del proceso, y, muy especialmente, de los abogados que como apoderados las representen, por parte de la autoridad jurisdiccional a la cual competa impartir tal aprobación…”
“No plantea el decisor, como se aprecia, motivación alguna de la cual se constate como efectuado, el necesario análisis tendente a la verificación que debió preceder a la homologación, particularmente por lo que respecta a la capacidad para disponer por parte del representante judicial del demandado, lo que evidencia un ejercicio arbitrario de la función jurisdiccional, violatorio del derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva..
Sentencia: N° 216  Fecha 06 de Abril de 2000.

Tema: Inhibición
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: Lapso para que las partes formulen el allanamiento respectivo.

Todo lo anterior permite concluir a la Sala, que cuando el funcionario judicial se inhiba con fundamento en el ordinal 1° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 83 ejusdem, tal como sucedió en el caso de autos, debará dejar transcurrir el lapso de dos (2) días para que las partes formulen el allanamiento respectivo, a fin de proceder a tramitar lo necesario y desprenderse del conocimiento de la causa.
Es por ello que -tal como lo apreció el Tribunal a quo- al haberse convocado al Juez suplente…(omissis)…el mismo día -28 de abril de 1998- en que se inhibió el Juez Titular del referido, se le cercenó el derecho que tenía la parte accionante de manifestar el allanamiento al impedimento manifestado por el juez inhibido, dado que no se dejó transcurrir el lapso para formalizar tal recurso estipulado en el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, lesionándose de esta manera la garantía fundamental del derecho al debido proceso de la accionante…”
“Lo anterior conduce a señalar, que habiéndose recusado al Juez antes mencionado, mal podía éste decidir la causa que estaba sometida a su conocimiento en segunda instancia, por estar impedido legalmente para hacerlo, dado que, como se señaló, el Juez recusado, independientemente de la extemporaneidad o no de la interposición de la recusación incoada en su contra, éste debía desprenderse inmediatamente del conocimiento del asunto, y someter el análisis de la tempestividad de tal recurso, al órgano judicial competente para tramitar y decidir la incidencia como consecuencia de tal recusación…”
Sentencia: N° 217 Fecha 06 de Abril de 2000.

Tema: Competencia
Materia: Derecho Procesal
Asunto: Derecho a ser juzgado por sus jueces naturales.

…es necesario enfatizar que aunque los órganos del Poder Público tienen sus particulares y separados ámbitos de competencia, están obligados a colaborar en la consecución de los fines del Estado, que no son ni deben ser otros que los de la misma sociedad. Si este precepto, consustancial a la funcionalidad del colectivo organizado, existe y es imprescindible entre órganos de poderes distintos, su vigencia e instrumental necesidad entre entes o instituciones de un mismo poder es indisputable. Por lo demás, la condición multidimensional del individuo en su desenvolvimiento es lo que determina que el ordenamiento jurídico tiene que ser concebido, entendido y aplicado como un todo armonioso y coherente; es un sistema en cuyo ámbito existe respuesta o solución para cualquier supuesto de la vida real con relevancia jurídica. Un mismo acto o acontencimiento puede tener repercusiones, incluso de distinto tenor y sentido, en campos o esferas jurídicas diversas y en todas tiene que ser resuelto de manera armoniosa.
La calificación que haya dado a su solicitud el órgano requiriente -en este caso el tribunal penal-, no determina ni desvirtúa su verdadera naturaleza; había tomado decisiones que repercutían en un proceso también jurisdiccional, pero de distinta naturaleza, en el que están involucradas o envueltas las mismas partes. Dicho órgano no sólo tenía competencia para hacer la solicitud sino que estaba obligado a ello. Lo contrario sería abrir las puertas a decisiones incoherentes o contradictorias, hacer nugatorios derechos o intereses legítimos de los particulares o del propio Estado y optar por una justicia sólo formal e ineficiente.
Sentencia: N° 225 Fecha 06 de Abril de 2000.

Tema: Notificación
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: Formalidades para practicar las notificaciones de las decisiones dictadas fuera del lapso.

De los elementos de juicio incorporados a las actas esta Sala concluye que, en verdad, el Juzgado …(omissis)… intentó notificar válidamente a las partes en litigio una decisión dictada fuera de lapso, a través de un cartel publicado en la prensa local. Dicho efecto pretendía lograrlo el referido juez aun en relación con la demandada en el juicio de origen, accionante en amparo, a pesar de que su domicilio procesal, establecido en la propia contestación de la demanda, se encontraba en lugar distinto a la sede del tribunal; circunstancia que se asevera en los autos, sin que haya sido desvirtuada en forma alguna, no varió durante el proceso. Siendo ésta la situación de hecho, sólo una es la consecuencia en derecho: la mencionada notificación no existió y no produjo efecto alguno…”
“No existe consideración ni circunstancia alguna que justifique o convalide la omisión de las formalidades esenciales de las que depende el ejercicio del derecho constitucional a la defensa, independientemente de las circunstancias de hecho en el caso concreto…
Sentencia: N° 230 Fecha 06 de Abril de 2000.

Tema: Acción de amparo constitucional. Competencia.
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Atribución de competencia en razón de la materia y del territorio.

Desde el punto de vista de la competencia por razón de la materia, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone que son competentes, para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenzados de violación.
De esta disposición se desprende que, para identificar la competencia por razón de la materia en las causas de amparo, es necesario poner en relación de afinidad dos términos: el derecho, cuya violación o amenaza de violación se denuncia, y la materia de conocimiento del tribunal.”
“Visto que la idea de facilitar al presunto agraviado el acceso pronto y menos oneroso al tribunal competente, asi como la de procurar que el proceso se desarrolle en el lugar del hecho lesivo y de las pruebas, forman parte de la ratio de la disposición en referencia, cabe interpretar que el lugar del hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo es el del lugar donde el presunto agraviado sufra o tema efectivamente la lesión a sus derechos o garantías constitucionales.
Sentencia: N° 233 Fecha 06 de Abril de 2000.

Tema: Acción de amparo constitucional. Inadmisibilidad.
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: El anuncio del recurso de casación como causal de inadmisiblidad de la acción de amparo.

Según la disposición prevista en el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no es admisible la accón de amparo cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinaras o hecho uso de los medios judiciales preexistenes.
En el caso de autos, el presunto agraviado optó por el recurso de casación y, además, manifestó su disposición de optar por el recurso de hecho…”
“En consecuencia, cabe interpretar que el presunto agraviado optó por la vía de recursos ordinarios y preexistentes, a través de los cuales cabía juzgar sobre los hechos denunciados.
Sentencia: N° 241 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Procesal Penal
Asunto: Motivación de la sentencia.

Los artículos 365 y 442 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone expresamente la necesidad de que las sentencias sean motivadas…”
“Esta exigencia, obliga a los jueces a exponer o explicar con suficiente claridad, las razones o motivos que sirven de sustento a la decisión judicial, las cuales no pueden ser obviadas en ningún caso por el sentenciador, por cuanto constituyen para las partes garantía de que se ha decidido con sujeción a la verdad procesal.”
“Por otra parte, la motivación de la sentencia, garantiza el derecho a la defensa de las partes, ya que éstas al conocer los motivos de la decisión, tendrán los elementos necesarios para poder conocer -y eventualmente atacar- las razones que utilizaron los órganos encargados de administrar justicia para desestimar sus pretensiones.
Sentencia: N° 244 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Actos procesales
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: Medidas de prohibición de enajenar y gravar. Oposición de terceros.

…es cierta la afirmación realizada por el Juzgador de la Segunda Instancia, según la cual, los terceros ajenos al juicio no pueden oponerse a una medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, dado que dicho medio de impugnación sólo puede ser ejercido por aquellos que tienen el carácter de partes, bien sea como demandantes o como demandados.
Sentencia: N° 246 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Aclaratorias y Ampliaciones del fallo
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: Alcance de la aclaratoria.

…ha sido pacífica doctrina de este alto Tribunal, que esta facultad de aclaratoria del juez respecto de la decisión dictada, se circunscribe únicamente a exponer con mayor claridad algún concepto ambiguo u oscuro de la sentencia, pero que, de ninguna manera, puede éste modificarla o alterarla. Así pues, cada vez que la solicitud de aclaratoria o de ampliación lleve implícita una crítica del fallo, argumentándose que se ha debido decidir algún punto de manera distinta a como sentenció el juzgador, no podría declararse procedente dicha solicitud, toda vez que se estaría desvirtuando el verdadero sentido o naturaleza de esta figura procesal.
Sentencia: N° 249 Fecha 24 de Abril de 2000.
Tema: Medidas cautelares
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: De la oposición.
Una vez precisado que el accionante en amparo era propietario de unos bienes y que esos bienes fueron objeto de una medida de secuestro en un juicio donde no formó parte, resta por precisar, si tal como lo sostiene el fallo apelado, la acción de amparo era el único medio breve, sumario e idóneo para lograr el restablecimiento de manera inmediata de los derechos denunciados como conculcados.
Al respecto, esta Sala ha determinado que la oposición a las medidas preventivas, consagrada en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, constituye un medio judicial ordinario breve, idóneo y eficaz para lograr la revocatoria, modificación o confirmación de las mismas.
En ese contexto, al ser la oposición a la medida cautelar el medio judicial ordinario con que cuenta la parte, ésta debe acudir a esa vía, ya que lo contrario conllevaría a declarar la inadmisiblidad del amparo propuesto, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Sentencia: N° 265 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Recurso de Colisión
Materia: Derecho Tributario
Asunto: Normas atributivas de competencia.

En primer lugar, debe señalarse que aparte de las mencionadas normas atributivas de competencia, no existen otras disposiciones relativas al procedimiento del denominado recurso de colisión, salvo la referencia expresa que del mismo hace el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que alude a la reducción de lapsos y la eliminación de las etapas de relación e informes cuando el asunto fuere de mero derecho. En el mismo sentido, puede afirmarse que tampoco existe regulación desde el punto de vista de los criterios materiales que han de seguirse cuando se planteen colisiones de normas.”
Sentencia: N° 268 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Acción conjunta de amparo con nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Ley para el Control de los CASINOS, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.

Esta Sala observa que los dispositivos normativos contenidos en los artículos 24 y 25 de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, no contemplan una restricción total al ejercicio de dichas actividades, sino que simplemente consagran limitaciones al desarrollo de las mismas, antendiendo al tipo de actividad de que se trata, esto es, recreativas o de esparcimiento, basadas en juegos cuyo elemento esencial radica en el azar. De manera que, cumplidas las normas para su funcionamiento, todas las personas pueden dedicarse a tales actividades. Por lo tanto, los referidos dispositivos normativos no constituyen de modo alguno una presunción o amenaza de violación inmediata de derechos constitucionales a la libertad económica.
Sentencia: N° 271 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Normas procedimentales
Materia: Derecho Laboral
Asunto: Control difuso de la Constitución.

Por lo tanto, esta Sala observa que si bien la decisión del juzgador de instancia resultó excesiva en cuanto al uso del medio de protección difuso de la Constitución, pues erró en la determinación del instrumento normativo con el cual el artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo relamente entraba en contradicción, la misma resulta a fin de cuentas ajustada al principio de legalidad de la actuación de los órganos y autoridades del poder público, por lo que la desaplicación del artículo del Reglamento en cuestión se atuvo a la expresión de dicho principio…”
“No obstante estima la Sala que, merced al principio de la legalidad, bastaba al Juzgado Superior tantas veces mencionado la mera desaplicación de la norma contenida en el artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo -visto que dicho Reglamento contiene un precepto con pretensión de generalidad en materia que no le era permitida por la Ley Orgánica del Trabajo-, estima la Sala que la desaplicación efectuada se ajusta a los postulados del principio expresado, por lo que no se evidencia en este caso violación alguna al derecho constitucional a la defensa del recurrente ni a ningún otro derecho o garantía expresa o implícitamente reconocido.
Sentencia: N° 290 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Habeas Corpus
Materia: Derecho Penal
Asunto: De la revisión de las sentencias.

…la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 336, numeral 10, atribuye competencia a esta Sala para revisar las sentencias de amparo constitucional que dicten los tribunales de la República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica…”
“La Sala estima que, a los fines de juzgar sobre si procede el ejercicio de su potestad de revisión en el caso de autos, es pertinente valorar, entre otros elementos, la gravedad del presunto hecho lesivo el tenor de las decisiones pronunciadas a su respecto por los tribunales de instancia.
En cuanto al presunto hecho lesivo, de los autos se desprende que la acción fue ejercida a causa de la presunta desaparición forzada del ciudadano …(omissis)… La Sala considera que, de verificarse, la desaparición forzada de un ciudadano constituiría un hecho de especial gravedad…

TSJ-LOGO

La economía procesal es un principio formativo del proceso que consiste en que en el desarrollo del procedimiento se buscará obtener siempre el máximo beneficio, con el menor desgaste del órgano jurisdiccional.

Manifestaciones

  1. Las acciones al igual que las excepciones deben deducirse en una sola oportunidad
  2. Oportunidad para rendir la prueba
  3. Limitaciones a la prueba de testigos (6 por parte) y a la confesión (2 veces)
  4. Imposibilidad de acreditar tachas mediante testigos.

 

PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL

Concepto: según Chiovenda, es la obtención del máximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo. Este principio de refiere no sólo a los actos procesales sino a las expensas o gastos que ellos impliquen.

Modalidad: más que un solo principio es un conjunto de principios con los cuales se consigue aquél. Entre ellos se encuentran:

El de Concentración: consiste en reunir todas las cuestiones debatidas o el mayor número de ellas para ventilarlas y decidirlas en el mínimo de actuaciones y providencias. Así, se evita que el proceso se distraiga en cuestiones accesorias que impliquen suspensión de la actuación principal.

El de Eventualidad: guarda estrecha relación con el de preclusión, pues toma como referencia las fases o términos del proceso. Consiste en que si en determinada etapa o estanco del proceso una parte puede realizar varios actos, debe llevarlos a cabo de manera simultánea y no sucesiva, esto es, todos en el mismo lapso y no primero uno y luego otro.

Esto ocurre, por ejemplo, en relación con una providencia, cuando contra ella puede interponerse el recurso de reposición y el de apelación. Como el término para interponer dichos recursos es común, la parte interesada puede optar exclusivamente por cualquiera de ellos, o bien proponer los dos, caso en el cual debe hacerlo conjuntamente: la reposición como principal y la apelación como subsidiaria. Esto significa que la apelación sólo se concede en el supuesto de que la reposición no prospere. Lo que la ley prohíbe es que primero se interponga la reposición, para luego, si es negada, proponer la apelación, pues el término para ésta ya se encuentra vencido.

El de Celeridad: consiste en que el proceso se concrete a las etapas esenciales y cada una de ellas limitada al término perentorio fijado por la norma. En observancia de este principio se descartan los plazos o términos adicionales a una determinada etapa, esto es, los que se surten como complemento del principal y las prórrogas o ampliaciones. También implica que los actos se surten en la forma más sencilla posible, para evitar dilaciones innecesarias.

En aplicación de este principio, el Código de Procedimiento Civil establece limitaciones a las prórrogas; otorga al juez la facultad de señalar ciertos términos, fijando el estrictamente necesario, y consagra medios sencillos para efectuar la notificación de las providencias.

El de Saneamiento: consiste en que las situaciones o actuaciones afectadas de nulidad sean susceptibles de ser convalidadas por la parte en cuyo favor se establece.

La nulidad es una sanción que la norma prevé para determinadas situaciones o actuaciones irregulares y cuando con ellas se viola el derecho de defensa de una de las partes. Pero la nulidad no siempre se impone, pues es viable que la parte afectada como consecuencia de ella la convalide, esto es, que mediante cierta conducta no se aplique esa sanción y, por ende, la actuación sea válida, que es lo que se denomina saneamiento.

La tendencia actual es la de consagrar en la norma positiva el mayor número de nulidades susceptibles de saneamiento. Por ejemplo, si el demandado ha sido indebidamente citado o emplazado y éste no lo alega en la primera actuación que realice, tal irregularidad queda convalidada.

El de Gratuidad de la Justicia: como la justicia es un servicio que presta el Estado a la colectividad, a él le corresponde sufragar todos los gastos que esa función entraña, como proporcionar los locales y elementos necesarios, atender la remuneración de los funcionarios y empleados, etc.

Aunque el principio, en su acepción más amplia, incluiría las expensas o gastos que implique el proceso, esto entre nosotros no tiene vigencia, por cuanto recae sobre las partes, sobre todo en aquellas ramas en donde se rige el sistema dispositivo, como acontece con el civil, concretamente en lo relativo a honorarios de peritos, secuestros, gastos de diligencias, etc.

En nuestro medio, en ese aspecto, se ha registrado un considerable avance, puesto que el empleo de papel sellado que se exigía en el civil y el contencioso fue eliminado. Además, tradicionalmente no hay lugar a expensas en el campo penal y son reducidas en el laboral.