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En la reconstrucción racional del discurso jurídico-penal, no debe pensarse que la recuperación del derecho penal liberal o de garantías como discurso limitador, implique una legitimación de la práctica punitiva adecuada a sus pautas. La deslegitimación del ejercicio de poder punitivo es prácticamente radical y el límite conforme a los principios del derecho penal de garantías lo único que logra es un descenso del nivel de irracionalidad y violencia de ese poder. Los límites garantísticos son patrones del máximo de irracionalidad tolerable, que deben impulsarse en sentido reductor. La culpabilidad de acto, dentro de este cuadro, no es más que un límite a la irracionalidad. Las penas graduadas conforme a ella, seguirán siendo irracionales, aunque mucho menos irracionales que las graduadas conforme al derecho penal autoritario.

El derecho penal liberal operaría como una suerte de convenio de Ginebra para el tiempo de la política o de la paz. Esto no significa que las penas deban graduarse necesariamente conforme a la culpabilidad de acto, porque ésta no es un fundamento legitimante de la pena, sino que la pena, como parte del poder punitivo, siempre quedará deslegitimada. El respeto a las reglas sobre el trato de los prisioneros de guerra no legitima la guerra sino que se limita a ser el marco de un máximo de violencia tolerada. La pena que pueda imponerse por debajo de ese límite siempre será mejor y menos violenta e irracional.

De allí que el concepto de culpabilidad, al menos en cuanto a su función cuantificadora penal, deberá complementarse o integrarse con el dato fáctico de la posibilidad de reducir su valor indicativo. Creemos que la agencia judicial debe tratar de imponer la pena menor que las circunstancias permitan, procurando que ésta se halle por debajo del límite máximo indicado por la culpabilidad de acto, que sólo será un límite máximo a la tolerancia de la irracionalidad sustancial de la pena.

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El futuro de la culpabilidad dependerá, en las actuales circunstancias, del futuro del ejercicio del poder punitivo y de la capacidad del derecho penal para reconstruirse como discurso.

En la medida en que el discurso jurídico-penal continúe siendo la justificación de un ejercicio de poder irracional y deslegitimado por el saber social, irán aumentando sus signos de disolución y se irá aislando progresivamente de los datos sociales, hasta llegar a cerrarse completamente en sí mismo y empequeñeciéndose, degradado a mera racionalización burocrática.

Si, por el contrario, el discurso jurídico-penal contiene suficientes reservas de salud para reaccionar y operar como una planificación del ejercicio de poder de las agencias jurídicas para contener y limitar el ejercicio del poder punitivo, para reducirlo progresivamente y llevarlo a sus expresiones mínimas con la utópica orientación hacia su cancelación o minimización extrema, el futuro de la culpabilidad debe partir de un retorno primario a la originaria culpabilidad de acto, como parte del derecho penal de acto, que es sinónimo de derecho penal liberal o de garantías. (más…)

Según JAKOBS, el Derecho penal del enemigo se caracteriza por tres elementos: en primer lugar,  se constata un amplio adelantamiento de la punibilidad, es decir, que en este ámbito, la perspectiva del ordenamiento jurídico-penal es prospectiva (punto de referencia: el hecho futuro), en lugar de -corno es lo habitual- retrospectiva (punto de referencia: el hecho cometido). En segundo lugar, las penas previstas son desproporcionadamente altas: especialmente, la anticipación de la barrera de punición no es tenida en cuenta para reducir en correspondencia la pena amenazada. En tercer lugar, determinadas garantías procesales son relativizadas o incluso suprimidas. De modo materialmente equivalente, en España SILVA SÁNCHEZ ha incorporado el fenómeno del Derecho penal del enemigo a su propia concepción político-crimina.

De acuerdo con su posición, en el momento actual se están diferenciando dos velocidades, en el marco del ordenamiento jurídico- penal:

La primera velocidad sería aquel sector del ordenamiento en el que se imponen penas privativas de libertad, y en el que, según SILVAS SÁNCHEZ, deben mantenerse de modo estricto los principios político-criminales, las reglas de imputación y los principios procesales clásicos.

La segunda velocidad vendría constituida por aquellas infracciones en las que, al imponerse sólo penas pecuniarias o privativas de derechos –tratándose de figuras delictivas de nuevo cuño-, cabría flexibilizar de modo proporcionado a la menor gravedad de las sanciones esos principios y reglas «clásicos». Con independencia de que tal propuesta pueda parecer acertada o no –una cuestión que excede de estas breves consideraciones-, la imagen de las ((dos velocidades» induce inmediatamente a pensar -como ya ha hecho el propio SILVAS SÁNCHEZ -el Derecho penal del enemigo como «tercera velocidad)), en el que coexistirían la imposición  de penas privativas de libertad y, a pesar de su presencia, la flexibilización de los principios político-criminales y las reglas de imputación.

El discurso jurídico-penal. Durante muchas décadas el discurso jurídico-penal predominante fue el positivista peligrosista, integrado con la criminología de esa vertiente, pero, superada esta etapa, paro a asentarse sobre una base neo-kantiana harto heterodoxa, que tomó elementos de cualquiera de las variables del neo-kantismo, en la medida en que le fueron útiles. Recién en las dos últimas décadas, con gran resistencia y admitiendo más las consecuencias dogmáticas que la base realista, sufrió un relativo resquebrajamiento con la introducción del finalismo.

No obstante, nunca se profundizaron las consecuencias teóricas de la teoría de las estructuras lógico-reales en el campo jurídico-penal y en los casos en que se intentó hacerlo en la filosofía del derecho, fue por lo general para criticarla y descartarla, en tanto que en los últimos años tiende a adoptarse un “finalismo” formal -por así llamarlo- centrado casi exclusivamente en requerimientos de completividad lógica de la construcción teórica del delito.

En un marco jurídico más amplio, el neo kantismo fue el recurso más comúnmente usado para legitimar en América Latina los regímenes de “facto”, su legislación (incluso su legislación penal) y los mismos “actos constitucionales” de los poderes de “facto”. Igualmente, Latinoamérica conoce desde siempre el fenómeno del constitucionalismo formal con dictadura real, y también estas modalidades de terrorismo de estado apelan a la escisión que el neo-kantismo provoca entre realidad y normatividad.

Esta particular preferencia por la manipulación heterodoxa del neo-kantismo no es de extrañar. La fractura que con mayor o menor intensidad -según sus variables o escuelas permite o impone el neo-kantismo, obliga al discurso jurídicopenal a separarse cuidadosamente de la realidad. Mediante este pensamiento puede admitirse un “realismo trascendente”, en el sentido de que las cosas están fuera del sujeto y son independientes de su conocimiento, pero como el conocimiento sólo puede tener acceso a ellas a través del valor jurídico, que opera como único ordenador que lo hace accesible a la razón, resulta que en definitiva es siempre el valor jurídico (que en nuestro margen es siempre un acto de poder, por arbitrario que sea) el que nos dice “cómo son” las cosas.

Esta manipulación de la heterodoxia teórica que caracteriza las decisiones judiciales con implicancia política en nuestro margen, da por resultado un verdadero renacimiento de la teoría medieval de la “doble verdad”. Permitiendo una exquisita esquizofrenización del saber jurídico, que se erige en un campo esotérico que carece de contacto con la realidad, que se inventa hasta límites en que el jurista queda reducido a un racionalizador de los contenidos verdaderamente delirantes del legislador.

Es obvio que los sectores populares y desposeídos de nuestro margen no depositan ninguna confianza en un derecho concebido de este modo, tradición que viene de antiguo y que recoge ampliamente el folklore de nuestros pueblos.

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Existen dos tendencias de las política criminal con respecto a la criminalidad: la primera, la reintegración social del autor, y segundo, hacerle frente mediante la firmeza y la disuasión, que es la que está en boga. Gran parte de la política criminal en si misma, al ser parte de la política en general, es usada para dar mas popularidad a los políticos, los cuales no tienen la menor idea de lo que realmente ocurre con el problema de la criminalidad. Así se vé como éstos políticos han desordenado el sistema Penal, al imponer sus puntos de vista con respecto a la aplicación siniestra de la pena privativa de libertad. Desde el punto de vista de Roxin, solo se debe aplicar la pena privativa de libartad a casos realmente graves como lo son los delitos capitales, y no se debería aplicar a dicha a delitos menores, porque:

  • las penas no son medio adecuados para luchas contra la criminalidad: primero, porque el delito siempre va a estar presente en la sociedad, debido a que al ser la sociedad tan múltiple en sus facetas, van a existir individuos que no van a estar preparados mental ni emocionalmente para la vida, donde encontrarán al delito como una salida de su situación desesperante; o personas que al no querer perder su riqueza, encontrarán en delitos macro (desfalcos o delitos económicos) también una salida, como también existirán las relaciones familiares desavenidas o por último la miseria del mundo que provocará delitos patrimoniales o los clásicos delitos contra la propiedad.

 Por ello, al ser los delitos de diferente índole, deben ser éstos juzgados de diferente manera, pero juzgados, de manera que las personas no tomen a la justicia por sus propias manos y así evitar la anarquía.

  • Las penas privativas de libertad son además un medio particularmente problemático en la lucha contra la criminalidad, puesto que más que soluciones a dicho problemas, ofrece contradicciones. ¿cómo se puede educar a alguien alejándolo de la sociedad o dándole condiciones de vida distintas a las que solía tener, alejándolo de su núcleo familiar y de amistad, reuniéndose con potenciales delincuentes al internarlos un centro de reclusión y con una calidad de vida infrahumana?
  • la prevención es más efectiva que la pena, y no una prevención desde la cárcel, sino mas bien una prevención predelictual que implica medios de política social (dar condiciones de vida necesarios), policíacos (un control policial en la calle mas que en una oficina, donde la policía debería ser más un medio de servicio que ofrezca al pueblo protección y ayuda), legislativos (regulación jurídica) y técnicos (fortaleciendo a la seguridad individual y garantizando la paz social).
  • el sistema de reacción penal se debe ampliar y, sobre todo, complementarlo con sanciones penales similares de carácter social constructivo, así tendríamos a las multas (las cuales no son exactamente la opción), y alguna alternativas a la prisión de libertad, considerando a ésta última la “ultima rattio”  del derecho penal, por ejemplo: el arresto domiciliario, prohibición de conducir, medidas sociales constructivas (terapia para los delincuentes con trastornos de personalidad; multa o pena privativa de libertad hasta determinado nivel para delitos menores; la indemnización a la víctima por parte del autor; o la eliminación o determinación de prestación de servicios para delitos que solo hayan hecho una leve perturbación social)

Con lo ya mencionado, y viendo el abanico de posibilidades de sanción, es más eficaz una lucha contra la delincuencia que endureciendo las penas.

Coincido con Roxin,  no es posible que los políticos para hacerse populares criminalizen todo lo que consideren que les dará más votos, por ende al tener a la pena de privación de libertad como última rattio, estaríamos apaciguando el problema causado por los discurso político-criminales de las manos negras la interior del sistema estatal.

“Las leyes son las condiciones con que los hombres vagos e independientes se unieron en sociedad, cansados de vivir en un continuo estado de guerra, y de gozar una libertad que les era inútil en la incertidumbre de conservarla. Sacrificaron por eso una parte de ella para gozar la restante en segura tranquilidad.

El complejo de todas estas porciones de libertad, sacrificadas al bien de cada uno, forma la soberanía de una nación, y el Soberano es su administrador y legitimo depositario. Pero no bastaba formar este depósito, era necesario también defenderlo de las usurpaciones privadas de cada hombre en particular. Procuran todos no sólo quitar del depósito la porción propia, sino usurparse las ajenas.

Para evitar estas usurpaciones se necesitaban motivos sensibles, que fuesen bastantes a contener el ánimo despótico de cada hombre, cuando quisiese sumergir las leyes de la sociedad en su caos antiguo. Estos motivos sensibles son las penas establecidas contra los infractores de aquellas leyes. Los llamo motivos sensibles, porque la experiencia ha demostrado que la multitud no adopta principios estables de conducta, ni se aleja de aquella innata general disolución, que en el universo físico y moral se observa, sino con motivos que inmediatamente hieran en los sentidos, y que de continuo se presenten al entendimiento, para contrabalancear las fuertes impresiones de los ímpetus parciales que se oponen al bien universal: no habiendo tampoco bastado la elocuencia, las declamaciones, y las verdades más sublimes a sujetar por mucho tiempo las pasiones excitadas con los sensibles incentivos de los objetos presentes.[1]

[1] Bonesana César, Marqués de Beccaría, Tratado De Los Delitos y De Las Penas, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2007, P. 53.

“Toda pena (dice el gran Montesquieu) que no se deriva de la absoluta necesidad, es tiránica. Proposición que puede hacerse más general de esta manera: todo acto de autoridad de hombre a hombre, que no se derive de la absoluta necesidad, es tiránico. Veis aquí la base sobre que el Soberano tiene fundado su derecho para castigar los delitos: sobre la necesidad de defender el depósito de la salud pública de las particulares usurpaciones; y tanto más justas son las penas, cuanto es más sagrada e inviolable la seguridad, y mayor la libertad que el Soberano conserva a sus súbditos. Consultemos el corazón humano, y encontraremos en él los principios fundamentales del verdadero derecho que tiene el Soberano para castigar los delitos; porque no debe esperarse ventaja durable de la política moral, cuando no está fundada sobre máximas indelebles del hombre. Cualquiera ley que se separe de éstas, encontrará siempre una resistencia opuesta que vence al fin; del mismo modo que una fuerza, aunque pequeña, siendo continuamente aplicada, vence cualquier violento impulso comunicado a un cuerpo.

Ningún hombre ha dado gratuitamente parte de su libertad propia con solo la mira del bien público: esta quimera no existe sino en las novelas. Cada uno de nosotros querría, si fuese posible, que no le ligasen los pactos que ligan a los otrosCualquier hombre se hace centro de todas las combinaciones del globo.

La multiplicación del género humano, pequeña por sí misma, pero muy superior a los medios que la naturaleza estéril y abandonada ofrecía para satisfacer a las necesidades, que se aumentaban cada vez más entre ellos, reunió los primeros salvajes. Estas primeras uniones formaron necesariamente otras para resistirlas, y así el estado de guerra se transfirió del individuo a las naciones.

Fue, pues, la necesidad quien obligó a los hombres para ceder parte de su libertad propia: y es cierto que cada uno no quiere poner en el depósito público sino la porción más pequeña que sea posible, aquella sólo que baste a mover los hombres para que le defiendan. El agregado de todas estas pequeñas porciones de libertad posibles forma el derecho de castigar: todo lo demás es abuso, y no justicia; es hecho, no derecho. Obsérvese, que la palabra derecho no es contradictoria de la palabra fuerza; antes bien aquella es una modificación de ésta, cuya regla es la utilidad del mayor número. Y por justicia entiendo yo sólo el vínculo necesario para tener los intereses particulares, sin el cual se reducirían al antiguo estado de insociabilidad. Todas las penas que pasan la necesidad de conservar este vínculo son injustas por su naturaleza. También es necesario precaverse de no fijar en esta palabra justicia la idea de alguna cosa real, como de una fuerza física o de un ser existente; es sólo una simple manera de concebir de los hombres, manera que influye infinitamente sobre la felicidad de cada uno. No entiendo tampoco por esta voz aquella diferente suerte de justicia, que dimana de Dios, y que tiene sus inmediatas relaciones con las penas y recompensas eternas.”[1]

[1] Bonesana César, Marqués de Beccaria, Tratado De Los Delitos y De Las Penas, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2007, P. 53 y ss.