Posts etiquetados ‘#PROCESALPENAL’

El debido proceso, entendiéndose como el acumulado de garantías y derechos constitucionales que resguardan a la persona sometida a cualquier proceso, que le apuntalan una equitativa y consumada administración de justicia; que le garanticen la independencia y seguridad jurídica, la coherencia y la motivación de los dictámenes a Derecho, se encuentra acreditado en los artículos 49 y 51 de nuestra de Carta Magna y en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal; así como en el artículo 6 del convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y en los artículos 7 y 26 de la Organización de Unidad África; en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos de 1968 de la Organización de Estados Americanos; en los artículos 10 y 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; así como en el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948; en el artículo 7 numeral 5 y 6 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de 1969; y en el artículo 14 del Pacto ]Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

En anterior oportunidad hemos señalado que si bien el Estado tiene la potestad de juzgar y castigar, en la búsqueda de la verdad en el proceso penal, está forzado a ciertas limitaciones. No pueden investigar y probar como le venga en gana, sino como lo ordena y lo permite la Ley. Obviamente, estamos hablando de un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, nunca de un Estado despótico o totalitario, forajido, tiránico, arbitrario, dictatorial o inquisitivo.

Es de importancia advertir que, el debido proceso, tutela, sin excepción alguna, todos y cada uno de los actos o fases del proceso penal, desde su inicio hasta su obligada culminación. Por tanto, la celebración de un acto procesal, sin el debido acatamiento a los derechos primordiales del imputado (fase preparatoria) o del acusado (fase intermedia/ fase de juicio oral y público), no producirá eficacia y su importe será indebido, inicuo, vale acotar: ilícito.

En tal sentido, cuando se incumplen las pautas o reglas instituidas en la Ley Adjetiva Penal, o se traspasa los límites del poder coercitivo del Estado, ora vulnerándose un derecho o garantía constitucional , se origina la infracción del principio de legalidad de la libertad probatoria, y como consecuencia de ello, las resultas del juicio serán nulas de toda nulidad absoluta, por ser nulas las pruebas obtenidas y el procedimiento mismo.

Así, la consecución de una evidencia probatoria con expresa violación de un derecho fundamental, cualesquiera que sean, producirá un destino espurio, sin valor jurídico alguno.

El constituyente venezolano sentenció que:

“Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso”

Con ello, indudablemente, el constituyente elimina infortunadas mañas inquisitivas, e instituye, que “el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas “, por lo que, la obtención de una prueba penal o civil, mediante el incumplimiento del debido proceso, generará, iuris et de iure, la nulidad absoluta del medio probatorio ofertado y materializado, con la consecuencia que, todas las probanzas que de él (medio de prueba) se deriven serán igualemente nulos y sin importe probatorio alguno.

Las pruebas abolidas, nulas o proscritas, no son aptas de apreciarse.

Además, es propio traer a colación, que el Estado no puede efectuar ninguna actividad investigativa que no le esté permitida legalmente o dejar de hacer lo que la Constitución y demás leyes le ordena ejecutar. Así las cosas, nadie podrá ser condenado sin antes haber sido oído, y beneficiarse sin dilaciones indebidas ante un juzgador objetivo, neutral e imparcial, casto e inteligente, probo y estudioso, de un juicio previo, oral y público, conforme a lo reglamentado en el Código Orgánico Procesal Penal y con el debido respeto de todas las garantías y derechos constitucionales y procesales, acreditados en la Carta Política Fundamental, así como en los tratados, convenios y acuerdos suscritos y aceptados por la República Bolivariana de Venezuela.

En torno al Debido Proceso Constitucional, Edgar Saavedra Rojas, citado por Domingo Alberto Albino y Eliseo José Padrón, lo conceptúa “como el conjunto de normas constitucionales y legales, por medio de las cuales el Estado se auto limita el ejercicio del ius puniendi, para efectos de garantizar de manera efectiva los derechos y garantías fundamentales creadas en beneficio de sus súbditos, evitando de tal manera el ejercicio despótico del poder y las arbitrariedades en que pudieran incurrir los funcionarios y los ciudadanos particulares que ejercen las represión penal, esto es, policías, fiscales, jueces, escabinos y carceleros”

Es de advertir, que suma una de las decisiones más trascendentales, desde el punto de vista del valor de los derechos fundamentales del hombre, en cuanto a su defensam la hizo el propio Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, anunciando que:

Se denomina debido proceso a aquél proceso que reúna las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva. Es a esta noción a la que alude el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando expresa que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

Pero la norma constitucional no establece una clase determinada de proceso, sino la necesidad de que cualquiera sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva.

De la existencia de un proceso debido se desprende la posibilidad de que las partes puedan hacer uso de los medios recursivos previstos en el ordenamiento para la defensa de sus derechos e intereses. En consecuencia, siempre que la inobservancia de las reglas procesales surja la posibilidad para las partes de hacer uso de los mecanismos que garantizan el derecho a ser oído en el juicio, se producirá indefensión y la violación de la garantía de un debido proceso y el derecho a la defensa de las partes.

La defensa no será posible si las personas que pueden ser afectadas por la sentencia que pone fin al proceso, no son llamadas a juicio. Esta es, precisamente, la razón por la que el artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, declara que es formalidad necesaria para la validez del juicio la citación del demandado para la contestación de la demanda. Luego, para que haya un debido proceso es condición necesaria la comparecencia de todos los demandados”

Den acuerdo a la doctrina jurisprudencial anterior, es dable colegir que, el debido proceso, es el respeto de los derechos primordiales del ciudadano, así como la garantía de que tendrá un juicio imparcial, ecuánime, objetivo; con el reconocimiento de todos los principios básicos, constitucionales y procesales, en base a una seguridad jurídica, propia de un Estado democrático y social de Derecho y Justicia.

Con respecto al origen del término “debido proceso”, éste se remonta del régimen anglosajón con el calificativo de “due processof law“, procedente de laMagna Charta Libertatum – Carta Magna- aprobada el 15 de Junio de 1215, por el rey Juan I de Inglaterra, mejor conocido como “Juan Sin Tierra”. Hoy en día el debido proceso es reconocido por todos los países civilizados del mundo, aceptándose que todo quebrantamiento a los principios generales del derecho procesal penal moderno, del derecho penal mínimo, de las garantías y derechos procesales y constitucionales, invalidad la probanza que se obtenga en determinado procedimiento.

(más…)

Anuncios

Con relación a la apreciación de la prueba ilícita u obtenida ilícitamente, hay variados argumentos y diversas posturas doctrinales. En nuestra opinión, ningún elemento de convicción, o recaudo probatorio, que haya sido obtenido mediante la infracción o quebrantamiento de derechos o garantías constitucionales, no sólo debe ser inadmitido sino que no puede ser valorado, evidentemente, por su ineficacia jurídica.

Para que el juzgador aprecie una prueba ésta ha debido ser alcanzada en forma lícita y legal. Esto es: sin menoscabo de ningún derecho fundamental del hombre, ora sin violentar ninguna norma o procedimiento establecido en la Ley Adjetiva Penal. Bajo ningún pretexto debe considerarse la posibilidad de valorar una prueba indebida, clandestina, prohibida, o ilícita. Dejaría de tener sentido lógico el principio de la legalidad de la prueba y de la libertad probatoria.

No son pocos los que hablan de impunidad. NO son pocos los que señalan el juzgador- entiéndase acá: Estado- no aprecia las pruebas que se hallan dentro del proceso, sean éstas adquiridas en forma licita o no, la sociedad estará a merced del hampa. Empero, como bien lo sustenta Jorge Arenas Salazar, ” nada alcanzará para justificar, éticamente, una decisión judicial, fundamentada en la prueba criminalmente obtenida”.

En un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, está vedada toda técnica orientada a afectar la resistencia y el impulso de la voluntad del inculpado. E indiscutiblemente, no pueden admitirse el manejo de reglas, medios y dispositivos que violen derechos y garantías constitucionales del incriminado. Por ende, una prueba obtenida mediante infracción de derechos o garantías fundamentales, es nula de toda nulidad absoluta, no causando resultado cierto en el juicio, siendo imposible su referida valoración.

¿Podrá ser valorada una prueba ilícita? Existe una teoría según la cual si es en beneficio del acusado, es aceptable su apreciación. (Más adelante abordaremos con mayor precisión éste punto). José Luis Tamayo Rodríguez, considera que sí, indicando, que cuando entra en conflictos de la legalidad constitucional, se le da valor a la de mayor jerarquía. (Derecho a la Vida-Derecho a la intimidad, por caso).

Toda sentencia debe ser motivada. La Constitución así lo ordena. Fuera de que dicha fundamentación ha de apoyarse en pruebas legitimas, autorizadas, exhibidas e introducidas al juicio en forma legal, permisible y adecuada. (más…)

Integridad Personal y Dignidad Humana:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 46, el derecho que tienen las personas al respeto de su integridad física, psíquica y moral, lo cual comprende:

La prohibición de ser sometidas a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, reafirmada en la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El no sometimiento de las personas a practicarse exámenes médicos o experimentos científicos sin su libre consentimiento, excepto cuando se encontrare en peligro su vida o por las circunstancias que determine la Ley.

El respeto a la dignidad de los privados de libertad.

Igualmente, en el proceso penal toda persona debe ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano y a los derechos del imputado, respectivamente.

La Justicia como finalidad del proceso.

El artículo 257 de la Carta Magna establece que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia y el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone que el fin del proceso es la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas y, una vez encontrada ésta, debe arribarse a la justicia mediante la aplicación del derecho. A esta finalidad deberá atenerse el juez al adoptar su decisión.

El establecimiento de la verdad, supone que el tribunal está obligado a descubrir la historia de los hechos, que pueden no coincidir con la exposición de las partes y a los efectos de formar en él la certeza o evidencia suficiente para lograr su convicción, está facultado, de manera excepcional, para disponer de oficio la práctica de pruebas e interrogar a expertos y testigos, pues está obligado a formar su convicción con todos los elementos probatorios que hayan sido aportados en el proceso por las partes, siempre y cuando llenen los requisitos de Ley.

Debido Proceso.

ART. 26. —Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no solo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho determinen el contenido y la extensión del derecho deducido.”

ART. 49. —El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley. (Derecho a la Defensa)

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. (Presunción de inocencia).

3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. (Principio de Oralidad)

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. (Derecho a ser juzgado por jueces naturales)

5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.

7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgado anteriormente.

8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas.

En el debido proceso se atiende al cumplimiento de las garantías de imparcialidad, separación de poderes, juez natural, proporcionalidad entre el hecho y la pena, rechazo a la tortura, presunción de inocencia, cosa juzgada y única persecución, tiempo razonable para emitir la sentencia, derecho a la defensa y a un fallo precedido de la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas preestablecidas, cuyo proceso permite la participación de la ciudadanía como espectadores o en el rol de jueces, impidiendo con ello que las decisiones sean tomadas a espaldas del conglomerado social, lo que redunda en beneficio de la acción de hacer justicia.

Para hacer efectivo el debido proceso se han establecido los principios de oralidad, brevedad, publicidad, inmediación, concentración y contradicción, consagrados en el artículo 257 de la Carta Magna y en el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 1°, 14, 15, 16, 17 y 18.

Presunción de Inocencia.

El principio de presunción de inocencia o de no culpabilidad, es una de las principales derivaciones y fundamento político del principio del juicio previo, ambos principios constituyen las garantías básicas del proceso penal, sobre las cuales se construyen todas las demás. Tal presunción supone que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad en un verdadero proceso y mediante sentencia firme, en consecuencia, nadie podrá ser considerado ni tratado como culpable mientras una sentencia no lo declare como tal.

  • La persona imputada es inocente mientras no se declare su culpabilidad en sentencia condenatoria.

  • La persona incriminada no está obligada a probar su inocencia, pues éste es el estado que le da la ley.

  • La carga de la prueba de la culpabilidad corresponde a la parte acusadora.

  • De las pruebas aportadas debe quedar plenamente demostrada la culpabilidad del acusado.

  • Los derechos del imputado en el proceso están en plano de igualdad con el de su contraparte acusadora.

  • La culpabilidad del acusado debe demostrarse en juicio oral, público y contradictorio.

  • La medida de privación judicial preventiva de libertad, limita el derecho a ser tratado como inocente, por tanto, sólo se justifica cuando exista peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad o peligro de fuga.
  • Como consecuencia del principio de inocencia, y del tratamiento como tal, la investigación debe evitar en lo posible las consecuencias negativas que supone para la reputación del imputado, el hecho de ser sometido a persecución penal.

Libertad Personal.

La libertad es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, en efecto el artículo 20 de la Carta Magna establece que: “Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social”.

La libertad personal es inviolable y “…comprende una serie de derechos reivindicados frente a todo ataque del Estado, cuya protección asimismo se reclama…”1 incluyendo de este modo, el derecho a la vida y la integridad física y moral, siendo el centro de esta libertad que ninguna persona podrá ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, o cuando sea sorprendida in fraganti.

El Derecho a la Defensa.

El derecho a la defensa está inmerso dentro de los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, y opera según el principio nulla probatio sine defensione. Igualmente, la defensa e igualdad son características fundamentales en un sistema acusatorio y suponen el reconocimiento de la bilateralidad del derecho a la defensa, es decir, que éste no corresponde únicamente al demandado o acusado sino también a quien demanda o acusa.

Este sistema exige que para que se pueda probar una acusación debe existir defensa”

La Irretroactividad.

La irretroactividad se basa en los principios de legalidad y de seguridad jurídica, en el sentido siguiente:

  • No se puede castigar una conducta como delictiva si no existe una ley vigente que la contemple como tal (Nullum crimen, nulla poena sine previa lege).
  • Proporciona un sistema de conductas prohibidas, para cuya materialización anuncia la imposición de una pena.
  • Tiene una doble perspectiva:
    • prohibición de retroactividad de la ley perjudicial para el reo.
    • se permite la aplicación retroactiva de las leyes penales que beneficien al reo.

PRINCIPIOS Y GARANTÍAS PROCESALES DEL COPP

Juicio previo y debido proceso (ART. 1)

Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, sin formalismos ni reposiciones inútiles, ante un Juez o Jueza, o tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República.

Se considera la garantía del juicio previo, como una fórmula contentiva de una limitación objetiva al poder penal del Estado y una limitación subjetiva al ejercicio de dicho poder, a través del juez. Igualmente, mediante el juicio previo se desarrollan las demás garantías procesales, tales como el derecho de defensa, presunción de inocencia, inmediación, publicidad, etc.”

Ejercicio de la Jurisdicción (Art. 2)

La potestad de administrar justicia penal emana de los ciudadanos y ciudadanas, y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los tribunales juzgar y ejecutar, o hacer ejecutar lo juzgado.

Participación ciudadana (Art 3).

En ejercicio de la democracia participativa que consagra el artículo 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se garantiza la participación de todo ciudadano o ciudadana en la administración de justicia penal.

Los ciudadanos y ciudadanas participarán en la administración de la justicia penal conforme a lo previsto en este Código y en el reglamento correspondiente.

La participación ciudadana en la administración de justicia se ejerce a través de los mecanismos de control social previstos en el ordenamiento jurídico, para la selección y designación de los jueces y juezas, así como la asistencia y contraloría social, en los juicios orales, y seguimiento para la aplicación de fórmulas alternativas a la prosecución del proceso y cumplimiento de pena.

Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, la ley podrá establecer otros mecanismos de participación ciudadana ante los tribunales con competencias especiales.

Autonomía e Independencia de los Jueces (Art. 4)

En el ejercicio de sus funciones los jueces y juezas son autónomos e independientes de los órganos del Poder Público y sólo deben obediencia a la ley, al derecho y a la justicia.

En caso de interferencia en el ejercicio de sus funciones los jueces y juezas deberán informar al Tribunal Supremo de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia, a los fines de que la haga cesar.

Autoridad del Juez o Jueza. (Art 5)

Los jueces y juezas cumplirán y harán cumplir las sentencias y autos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales.

Para el mejor cumplimiento de las funciones de los jueces y juezas, y tribunales, las demás autoridades de la República están obligadas a prestarles la colaboración que les requieran en el desarrollo del proceso.

En caso de desacato, desobediencia a la autoridad o incumplimiento de la orden judicial, el juez o jueza tomará las medidas y acciones que considere necesarias, conforme a la ley, para hacer respetar y cumplir sus decisiones.

Cuando el Juez o Jueza aprecie u observe la comisión de algún hecho punible con ocasión al incumplimiento de la orden, está obligado u obligada a notificar inmediatamente al Ministerio Público, a los efectos legales correspondientes.

Obligación de Decidir (Art 6)

Los jueces y juezas no podrán abstenerse de decidir so pretexto de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión. Si lo hicieren, incurrirán en denegación de justicia.

Juez o Jueza Natural (Art 7)

Toda persona debe ser juzgada por sus jueces o juezas naturales y, en consecuencia, nadie puede ser procesado ni juzgado por jueces o juezas, o tribunales ad hoc. La potestad de aplicar la ley en los procesos penales corresponde, exclusivamente, a los jueces y juezas, y tribunales ordinarios o especializados establecidos por las leyes, con anterioridad al hecho objeto del proceso.

Implica ser juzgado por un Tribunal competente para conocer del asunto, independiente e imparcial, establecido con anterioridad, es decir, que una persona no podrá ser procesada por Tribunales de excepción o Comisiones creadas para tal efecto, debiendo en todo caso, conocerse la identidad del juzgador.”

 Presunción de Inocencia (Art 8)

Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.

Afirmación de la Libertad (Art 9).

Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o imputada, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.

Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Respeto a la Dignidad Humana (Art 10)

En el proceso penal toda persona debe ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, con protección de los derechos que de ella derivan, y podrá exigir a la autoridad que le requiera su comparecencia el derecho de estar acompañada de un abogado de su confianza.

El abogado requerido, en esta circunstancia, sólo podrá intervenir para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 1 de este Código.

Titularidad de la Acción Penal (Art 11)

La acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, que está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales.

Defensa e Igualdad Entre las Partes (Art 12)

La defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso.

Corresponde a los jueces y juezas garantizarlo sin preferencias ni desigualdades.

Los jueces y juezas, y demás funcionarios y funcionarias judiciales no podrán mantener, directa o indirectamente, ninguna clase de comunicación con alguna de las partes o sus abogados o abogadas, sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, salvo con la presencia de todas ellas.

Finalidad del Proceso (Art 13)

El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el juez o jueza al adoptar su decisión.

Oralidad (Art 14)

El juicio será oral y sólo se apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia, conforme a las disposiciones de este Código.

Publicidad (Art 15)

El juicio oral tendrá lugar en forma pública, salvo las excepciones de ley.

Es una garantía de transparencia y limpidez del proceso penal, por ello los actos procesales deben realizarse públicamente, en aras de la legalidad y la justicia del fallo”.

Inmediación (Art 16)

Los jueces o juezas que han de pronunciar la sentencia deben presenciar, ininterrumpidamente, el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento.

Supone el contacto directo del juez o Tribunal llamados a conocer, no sólo con las partes, sino con la actividad probatoria que le permite obtener una impresión directa en la recepción de la misma, lo cual contribuirá a la formación de la opinión del decisor”

Concentración (Art 17).

Iniciado el debate, éste debe concluir sin interrupciones en el menor número de días consecutivos posibles.

Consiste en que el examen de la causa debe realizarse en un período único, que se desarrolle en una audiencia o en pocas audiencias próximas, de tal modo que los actos procesales se acerquen en el espacio y en el tiempo ininterrumpidamente”

Contradicción (Art 18)

El proceso tendrá carácter contradictorio.

Permite que en el desarrollo del proceso todos los sujetos procesales puedan controvertir las pruebas presentadas, los argumentos o las posiciones que alegue la parte contraria.”

Control de la Constitucionalidad (Art 19)

Corresponde a los jueces y juezas velar por la incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando la ley cuya aplicación se pida colidiere con ella, los tribunales deberán atenerse a la norma constitucional.

Persecución (Art 20)

Nadie debe ser perseguido o perseguida penalmente más de una vez por el mismo hecho.

Será admisible una nueva persecución penal:

1. Cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente, que por ese motivo concluyó el procedimiento;

2. Cuando la primera fue desestimada por defectos en su promoción o en su ejercicio.

 Es una garantía constitucional que impide ser juzgado más de una vez por el mismo hecho.”

Cosa Juzgada (Art 21)

Concluido el juicio por sentencia firme no podrá ser reabierto, excepto en el caso de revisión conforme a lo previsto en este Código.

Posee 3 características:

Inimpugnabilidad. Según la cual, la sentencia de cosa juzgada no puede ser revisada por ningún Juez, cuando se han agotado todos los Recursos.

Inmutabilidad. Dichas sentencias no son atacables indirectamente, por no ser posible iniciar un nuevo proceso sobre los mismos hechos.

Coercibilidad. Consiste en la eventualidad de la ejecución forzada en los casos de sentencias condenatorias.

Apreciación de las Pruebas (Art 22)

Las pruebas se apreciarán por el tribunal según la sana crítica observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia.

Protección de las Víctimas (Art 23)

Las víctimas de hechos punibles tienen el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia penal de forma gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles, sin menoscabo de los derechos de los imputados o imputadas o acusados o acusadas. La protección de la víctima y la reparación del daño a la que tengan derecho serán también objetivos del proceso penal.

Los funcionarios o funcionarias que no procesen las denuncias de las víctimas de forma oportuna y diligente, y que de cualquier forma afecte su derecho de acceso a la justicia, serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico.

Los Fiscales del Ministerio Público no estarán adscritos a un Tribunal en particular, ni a una determinada unidad policial, debiendo tener una unidad administrativa conformada por expertos, asistentes de investigación y auxiliares especializados para asesorarlos técnico – científicamente. Los Órganos de Policía de Investigación Penal se colocan bajo su dependencia funcional.
Se designan Fiscales por materia o por competencia territorial y Fiscales Especiales para casos determinados.
El Ministerio Público es el Titular de la Acción Penal en los delitos de acción pública.

Misión y Visión del Ministerio Público

Visión: Ser la Institución modelo, ante la comunidad nacional e internacional, por el cumplimiento efectivo de sus atribuciones en la promoción de la justicia y la paz social, caracterizada por su credibilidad, solidez, objetividad, imparcialidad, transparencia, y por la excelencia y efectividad de sus miembros en el logro de su misión.

Misión: Actuar en procura del interés general de manera autónoma e inspirada en los principios de imparcialidad, objetividad, independencia, idoneidad, transparencia y excelencia, ejerciendo las acciones que, en el marco del sistema de administración de justicia, permitan establecer, de ser procedente, la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa y disciplinaria de los funcionarios públicos, así como la penal y /o civil de los particulares en los casos que determinen la Ley; defendiendo y haciendo cumplir el ordenamiento jurídico en los procesos judiciales y administrativos; ejerciendo las demás atribuciones previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las Leyes, con el propósito de contribuir al logro de la justicia, la paz social y la preservación del Estado de Derecho.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Defensa del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos: El Ministerio Público está profundamente comprometido con el mantenimiento, protección y fortalecimiento de estos grandes postulados que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Es así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 274 y 278 consagra, que el Ministerio Público como parte integrante del Poder Ciudadano, debe promover la educación ciudadana, la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social, el amor a la patria y la observancia y respeto de los derechos humanos.

Autonomía e Independencia: El Ministerio Público es autónomo e independiente de los demás órganos del Poder Público, autonomía que abarca el ámbito funcional, financiero y administrativo, por disposición expresa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 273, ratificado en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Sólo un organismo independiente y autónomo, tiene la capacidad potencial de controlar efectivamente a otros poderes. Si tales cualidades son inexistentes, el control seria ilusorio y, en todo caso, meramente formal.

Legalidad: El Ministerio Público desarrollará sus funciones con estricta sujeción a la Constitución, los Tratados Internacionales y las Leyes. Los actos que éste ejecuta deben ser realizados en completa armonía con las reglas de derecho. Dicho principio está consagrado en el artículo 137 de la Constitución y en el artículo 4° de la Ley Orgánica que rige la Institución.

La Unidad e Indivisibilidad: El Ministerio Público es único e indivisible y ejerce sus funciones a través de los órganos establecidos por la Ley. El principio de la unidad permite afirmar que el Ministerio Público, forma un órgano o cuerpo único, en el que todos sus miembros pueden ejercer de la misma forma y bajo la misma responsabilidad, las diferentes funciones asignadas a éste, sin perjuicio de la potestad que tiene el Fiscal General de la República de atribuir competencias a los funcionarios de la Institución. El citado principio está consagrado en el artículo 3° de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Jerarquía: La autoridad del Fiscal General de la República se extiende a todos los funcionarios del Ministerio Público, sea cual fuere la jurisdicción a la cual pertenece. Las funciones del Ministerio Público se cumplen en todas las instancias a través de una organización en la que los fiscales y demás funcionarios tienen determinadas potestades, atribuciones y deberes, específicamente señalados en la Ley Orgánica que rige la Institución. Por ello es necesario un accionar jurídico uniforme; en especial, lo relativo al ejercicio de la acción pública y a los criterios que informan la persecución penal. Siendo una institución jerarquizada obedece al principio constitucional de igualdad, el cual no toleraría una actuación fiscal desigual en casos iguales, o igual en casos desiguales. Por otra parte, jerarquía no connota obediencia absoluta, recepción acrítica de órdenes, sino obediencia reflexiva. Este principio está contemplado en el artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 1° de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Objetividad, Transparencia y Probidad: Los funcionarios del Ministerio Público deben adecuar sus actos a criterios de objetividad, con apego a la racionalidad jurídica y técnica, ejerciendo sus atribuciones con transparencia, honradez, rectitud e integridad en protección de la dignidad humana y los derechos y libertades fundamentales sin discriminación alguna, principios éstos consagrados en los artículos 141 y 145 de la Carta Magna y artículos 4° y 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, tomando en consideración que su deber consiste en garantizar los derechos y garantías constitucionales y legales, en los procesos judiciales, y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso, haciendo todo lo que esté en su poder para evitar que se infrinjan dichas garantías y se opondrá activamente a la violación de éstas.

Celeridad: El Ministerio Público debe ejercer sus funciones con diligencia y prontitud a través de procedimientos expeditos sin más formalidades que las que establezcan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.

Responsabilidad: Los funcionarios del Ministerio Público están sujetos a responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria, por los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad de los funcionarios públicos se establece en el artículo 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

De acuerdo a lo establecido en la CRBV, COPP, ley Orgánica Ministerio Público, y las demás disposiciones, el Ministerio Público está organizado de la siguiente manera:

  1. El Fiscal General de la República: es el máximo representante del Ministerio Público, es designado por la Asamblea Nacional por sus 2/3 partes.
  2. Las Direcciones del Ministerio Público: creadas por su reglamento interno con facultades orientadoras, supervisoras y controladoras de la actividad de sus representantes.
  3. Los Fiscales Superiores de cada Circunscripción Judicial, quienes representan al Ministerio Público ante los Circuitos Judiciales Penales respectivos.
  4. Los Fiscales del Ministerio Público: los cuales podrán ejercer funciones de Fiscales:
  • Del Proceso
  • De Ejecución de la Sentencia
  • De los Derechos y Garantías Constitucionales
  • De Procuradores de Menores
  • De Familia De Jurisdicciones Especiales
  • De Auxiliares

ATRIBUCIONES DE LOS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO

  1. Ejercer las funciones del Ministerio Público en la Circunscripción Judicial correspondiente;
  2. Dirigir la Oficina de Protección de la víctima;
  3. Coordinar y supervisar la actuación de los Fiscales del Ministerio Público en la respectiva Circunscripción Judicial;
  4. Tomar las decisiones que en relación a los procesos, le son atribuidas por el Código Orgánico Procesal Penal;
  5. Elevar consultas al Fiscal General de la República cuando lo juzguen necesario para el mejor desempeño de sus funciones;
  6. Las demás que le asignen las leyes.

El despacho del Fiscal General tendrá su sede en la Capital de la República. Dicho despacho tendrá:

l    La Dirección General Administrativa

l    Las Direcciones Sectoriales

l    Las Unidades de Apoyo, de Servicios Técnicos y Administrativos que sean necesarios para el cumplimiento de sus deberes y atribuciones.

 EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

Es el máximo representante del Ministerio Público, por lo que dicha institución estará bajo la dirección y responsabilidad de su persona, quien ejercerá sus atribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios que determine la ley.

REQUISITOS PARA SER FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA:

Para ser Fiscal General se requieren las mismas condiciones de elegibilidad de los Magistrados del TSJ, y se designan por un periodo de siete (7) años (Art. 284 CRBV)

Dentro de los primeros treinta (30) días de cada período constitucional las Cámaras en sesión conjunta elegirán al Fiscal General de la República y tres (3) suplentes, los cuales serán escogidos de entre los Fiscales Superiores.

El Fiscal General de la República se juramentará ante las Cámaras del Congreso, reunidas en sesión conjunta, dentro de los diez (10) días siguientes a su elección y tomará posesión de su cargo dentro de los veinte días siguientes a su juramentación.

En caso de falta absoluta las Cámaras en sesión conjunta procederán, dentro de los treinta (30) días siguientes a dicha falta, a una nueva elección para el resto del período constitucional. Si las cámaras estuvieren en receso, la elección se hará dentro de los treinta (30) primeros días de sus sesiones.

La juramentación y toma de posesión del nuevo Fiscal General de la República estarán sometidas a los mismos plazos indicados en este artículo.

(Los Arts. 16 al 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público refieren todo lo relativo a nombramiento, faltas temporales, deberes y atribuciones del Fiscal General de la República).

LOS FISCALES SUPERIORES

En cada uno de las Circunscripciones Judiciales se designará un Fiscal Superior que representará al Ministerio Público y ejercerá las funciones que le son atribuidas en el Código Orgánico Procesal Penal, esta Ley y las demás leyes. Los fiscales superiores no tienen competencia procesal.

REQUISITOS PARA SER FISCAL SUPERIOR

Para ser designado Fiscal Superior se requiere:

  1. Ser venezolano, mayor de 30 años y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
  2. Ser abogado con título de postgrado en ciencias penales o profesor universitario de reconocida competencia; o haber ejercido durante cinco años al menos como fiscal del Ministerio Público; o la profesión de abogado durante un lapso mínimo de 10 años;
  3. Haber obtenido en un concurso de oposición una calificación dentro de la escala de puntuación comprendida entre un mínimo de las tres cuartas partes del total de puntos establecidos para el concurso y dicha cantidad de puntos.

El jurado de los concursos será convocado por el Fiscal General de la República. Cada jurado estará integrado por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, por un profesor titular de la Facultad de Derecho de una universidad nacional y por un fiscal ante la Corte Suprema de Justicia o un Fiscal Superior.

La duración del cargo del Fiscal Superior será por el período constitucional de cinco años. Quien haya sido designado Fiscal Superior ingresará a la carrera del Ministerio Público si no se encontraba en ella, podrá ser ratificado en dicho cargo o continuar como fiscal del Ministerio Público, una vez vencido el período correspondiente.

ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS FISCALES SUPERIORES

Son atribuciones y deberes de los Fiscales Superiores:

  1. Ejercer las funciones del Ministerio Público en la Circunscripción Judicial correspondiente;
  2. Dirigir la Oficina de Protección de la víctima;
  3. Coordinar y supervisar la actuación de los Fiscales del Ministerio Público en la respectiva Circunscripción Judicial;
  4. Tomar las decisiones que en relación a los procesos, le son atribuidas por el Código Orgánico Procesal Penal;
  5. Elevar consultas al Fiscal General de la República cuando lo juzguen necesario para el mejor desempeño de sus funciones;
  6. Las demás que le asignen las leyes.

 FISCALES ANTE EL TSJ

El Ministerio Público designa Fiscales ante el TSJ, para actuar en las salas de casación y la jurisdicción contenciosa administrativa. El Art. 32 de la Ley del Ministerio Público, establece los deberes y atribuciones de los fiscales designados para actuar ante el TSJ.

Atribuciones de los fiscales designados para actuar ante el TSJ en pleno y la jurisdicción contenciosa administrativa.

  1. Intervenir si no lo hace personalmente el Fiscal General de la República.
  2. Intervenir como representante del Ministerio Público, aun cuando la acción hubiere sido intentada o proseguida por el Fiscal General de la República, en las causas penales de acción pública y en las de responsabilidad que se intenten contra los altos funcionarios, señalados en los ordinales 1 y 2 del artículo 215 de la Constitución;
  3. Ejercer, previa designación del Fiscal General de la República la representación judicial del Ministerio Público, en aquellos casos en los cuales los actos de este sean impugnados por ante la jurisdicción contencioso-administrativa;
  4. Informar en los casos en que la Corte Suprema de Justicia en pleno o su Sala Político Administrativa lo requiera;
  5. Llevar un registro ordenado de las actividades de la oficina, y enviar cada año al Fiscal General de la República, dentro de los primeros quince días del mes de enero, un informe pormenorizado de sus actividades durante el año anterior;
  6. Nombrar, remover y conceder licencias a los empleados de su dependencia;
  7. Elevar consultas al Fiscal General de la República cuando o juzguen necesario para el mejor desempeño de sus funciones;
  8. Las demás que le atribuyen las leyes.

Atribuciones de los fiscales designados para actuar ante la Sala de Casación del TSJ. (Art. 33 LOMP)

  1. Comparecer a la audiencia oral y pública que convoque la Corte Suprema de Justicia en los recursos de casación ante la Sala Penal;
  2. Promover la prueba de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal;
  3. Intervenir en los recursos de casación anunciados y admitidos contra las decisiones dictadas en los juicios de nulidad de matrimonio, de divorcio y de separación de cuerpos y en cualquier otro de naturaleza civil en que esté interesado el orden público y las buenas costumbres;
  4. Llevar un registro ordenado de sus actividades y enviar cada año, al Fiscal General de la República, dentro de los primeros quince días del mes de enero un informe de sus actividades durante el año anterior;
  5. Nombrar, remover y conceder licencias a los empleados de su dependencia;
  6. Intervenir y opinar cuando no lo hicieren personalmente el Fiscal General de la República, en los procedimientos relativos a la ejecución de actos de autoridad extranjeros, en los de extradición, y cuando alguna ley especial disponga su intervención. A tal efecto, la Corte Suprema de Justicia hará las notificaciones correspondientes;
  7. Elevar consultas al Fiscal General de la República cuando lo juzgue necesario para el mejor desempeño de sus funciones;
  8. Las demás que le atribuyen las leyes.

LOS FISCALES DE PROCESO

Son Fiscales de proceso aquellos que en el COPP, la Ley Orgánica del Ministerio Público y las leyes especiales, tengan atribuidos participación en procesos judiciales de cualquier naturaleza.

Son deberes y atribuciones de los Fiscales de proceso los señalados en los numerales 2 al 15, ambos inclusive, 24 y 25 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Cuando los Fiscales tengan en su poder elementos de convicción contra una persona y sepan o tengan sospecha fundadas de que fueron obtenidas por medios ilícitos, o mediante abusos de los derechos humanos, se negarán a utilizar esos elementos contra cualquier persona y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que los responsables del empleo de esos métodos sean sancionados.

En cada Circuito Judicial Penal existirán los fiscales de proceso que sean indispensables para el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público.

El Fiscal General de la República, a solicitud de los Fiscales Superiores designará los Fiscales Auxiliares que se considere necesario.

Los fiscales de proceso ordenarán a sus auxiliares la práctica de las actividades que sean pertinentes para el mejor cumplimiento de los deberes y atribuciones del Ministerio Público.

FISCALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

Son fiscales de ejecución de la sentencia, aquellos a cuyo cargo está la vigilancia de los derechos y facultades que las leyes penales, penitenciarias y reglamentos le otorgan al penado o sometido a medida de seguridad.

Los fiscales de ejecución de la sentencia darán cumplimiento a lo dispuesto en el COPP, en los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por la República y en la Ley sobre Régimen Penitenciario.

Son deberes y atribuciones de los fiscales de ejecución de la sentencia, los señalados en los numerales 15, 19, 22, 24 y 25 del Art 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Las atribuciones del MP la ubicamos en forma concatenada en los Arts. 285 CRBV, 108 COPP y 11 de LOMP.

 DEBERES Y DERECHOS DE LOS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Deberes:

• Prestar sus servicios con la diligencia, idoneidad y eficiencia requerida, para el cumplimiento de las tareas y
actividades encomendadas.
• Residir en el lugar del ejercicio de sus funciones o en el área suburbana inmediata.
• Concurrir a sus oficinas durante los días hábiles.
• Llevar un registro donde consten sus actuaciones diarias.
• Presentar mensualmente un informe de sus actividades al Fiscal General de la República y resumen anual en los
primeros quince días del mes de enero.
• Formar inventario al tomar posesión del cargo y al cesar definitivamente en sus funciones.
• Cumplir las órdenes e instrucciones emanadas legalmente de sus superiores jerárquicos.

• Abstenerse de adelantar opinión respecto de los asuntos que están llamados a conocer.
• Permanecer en el ejercicio de su cargo, salvo por motivo justificado o mediante licencia.
• Abstenerse del libre ejercicio de la abogacía o de desempeñar otros destinos públicos remunerados, salvo los
cargos académicos accidentales o docentes que no sean a dedicación exclusiva.
• Dar a sus superiores jerárquicos, compañeros de trabajo, subalternos, y público en general, un trato encuadrado
dentro los principios de dignidad, respeto mutuo y ética funcionaria.
• Guardar la reserva y el secreto que requieran los asuntos relacionados con la actividad encomendada.
• Vigilar, conservar y salvaguardar los documentos, bienes e intereses del Ministerio Público confiados a su uso,
guarda o administración.
• Hacer del conocimiento de sus superiores jerárquicos, las iniciativas que estimen útiles para el mejoramiento de
las labores encomendadas.
• Cumplir estrictamente el horario de trabajo establecido en el Ministerio Público.
• Atender regularmente

Derechos:

• Percibir remuneración mensual, aguinaldos, bonos, primas por antigüedad, seguros de hospitalización, cirugía y
maternidad, primas de profesionalización, becas y otras ayudas estudiantiles, ayudas para gastos funerarios y
demás beneficios de acuerdo con lo establecido en la Ley, en el Estatuto de Personal y por disposición del Fiscal
General de la República.
• Percibir viáticos y pasajes en caso de comisión, de acuerdo a la reglamentación especial.
• Someterse a la sustanciación de un proceso administrativo antes de imponérsele sanciones en su contra.
• Ascender según méritos personales o solicitar traslados, siempre y cuando existan disponibilidad de cargos.
• Recibir de parte de sus superiores jerárquicos un trato encuadrado dentro los principios de dignidad, respeto
mutuo y ética funcionaria.
• Obtener licencias que se regirán por lo establecido en el Estatuto de Personal.
• Disfrutar de vacaciones anuales remuneradas.
• Ingresar a la carrera del funcionario del Ministerio Público, luego de cumplidos los requisitos exigidos por la Ley y
los Estatutos respectivos.
• Acogerse a la jubilación de acuerdo con lo previsto en la Ley y en el Estatuto de Personal.

Entendida Como la movilización de los mecanismos del Estado, para aperturar la persecución penal como consecuencia de la comisión de un hecho delictivo.

En los delitos perseguibles de oficio, el titular de la acción penal es el Ministerio Público; y en los delitos para cuyo enjuiciamiento se requiere instancia privada, el titular de la acción penal es la víctima; en este caso, se sigue el procedimiento especial para los delitos dependiente de instancia de parte.

DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA

El Art. 24 del COPP se refiere al EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA, ratificando el principio de la titularidad de la acción penal del Ministerio Público, concretándose de esta manera los principios de oficialidad y legalidad determinantes en el carácter específicos de algunas instituciones que determinan la naturaleza del proceso acusatorio.

DELITOS DE INSTANCIA PRIVADA

En los delitos de instancia privada, el titular de la acción penal es la víctima y su enjuiciamiento se hará conforme al procedimiento especial (Arts 391 y sigtes. COPP); no obstante, por aplicación de la norma supletoria contenida en el Art. 353 COPP, en lo no previsto y siempre que no se opongan a ellas, se aplicarán las reglas del procedimiento ordinario.

El Art. 25 COPP establece:

“Sólo podrán ser ejercidas por la víctima, las acciones que nacen de los delitos que la ley establece como de instancia privada, y su enjuiciamiento se hará conforme al procedimiento especial regulado en este Código…”

Esta disposición contempla dos excepciones:

  1. En los delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de las familias bastará la denuncia por la víctima o por sus representantes legales o guardadores, si aquella fuere entredicha o inhabilitada ante el Fiscal del Ministerio Público o ante los Órganos de Policía de Investigaciones Penales competentes.
  2. Cuando la víctima no pueda hacer por sí misma la denuncia o la querella, a causa de su edad o estado mental, ni tiene representantes legales, o si éstos están imposibilitados o complicados en el delito, el Ministerio Público está en la obligación de ejercer la acción penal.

Es de hacer notar que en los supuestos anteriormente señalados el perdón, desistimiento o renuncia de la víctima pondrá fin al proceso, salvo que se tratare de un menor de 18 años.

DELITOS ENJUICIABLES SÓLO PREVIO REQUERIMIENTO DE PARTE O INSTANCIA DE LA VÍCTIMA

“Los delitos que sólo pueden ser enjuiciados previo requerimiento o instancia de la víctima se tramitarán de acuerdo con las normas generales relativas a los delitos de acción pública. La parte podrá desistir de la acción propuesta en cualquier estado del proceso, y en tal caso se extinguirá la respectiva acción penal”.

Esta norma se refiere concretamente a aquellos delitos que siendo de acción privada, su persecución puede iniciarla el Ministerio Público cuando sea requerido por la víctima o sus representantes legales, con la particularidad de que se tramitarán de acuerdo con las normas generales relativas a los delitos de acción pública y que la víctima sin haber propuesto querella se le faculta para desistir en cualquier grado y estado del proceso de la acción propuesta y en tal caso se extinguirá la respectiva acción penal.

RENUNCIA AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y SUS EFECTOS

Este aspecto se refiere a los delitos eminentemente privados, cuya titularidad le corresponde exclusivamente a la víctima quien al renunciar a su persecución trae como consecuencia la extinción de la acción penal, impidiendo la posibilidad de intentarla de nuevo.

Pues así como en los delitos de previo requerimiento o instancia de la víctima, el desistimiento de la acción propuesta en cualquier estado del proceso, extingue la acción penal, es obvio que también en los delitos de instancia privada la acción penal se extingue por la renuncia de la víctima.

Lo significativo es distinguir que el desistimiento presupone la existencia de un proceso, en tanto que la renuncia no requiere, necesariamente la existencia del mismo, por lo que puede operar antes de su iniciación. Se trata de una regulación atinente a la economía procesal.

Por lo que tendríamos que concluir que los efectos serían los siguientes:

En caso de desistimiento:

  1. Extinción de la acción penal.
  2. No podrá intentarla de nuevo
  3. Pago de las costas procesales

En caso de renuncia:

  1. Extinción de la acción penal.
  2. No podrá intentar de nuevo.

OBSTÁCULOS AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. EXCEPCIONES.

CONCEPTO.
Obstáculos al ejercicio de la acción y que desde su origen eran conocidas como medios de defensa. Podría decirse que en el significado más vago y genérico de la palabra, se puede llamar a cualquier motivación o razón que pueda adoptarse ante el Juez para que no emita las providencias que se le han demandado; en el sentido mas amplio, equivale a decir defensa, toda forma utilizada por el demandado para protegerse en el juicio.

Toda excepción son medios de defensa, cuya finalidad es evitar la continuación del proceso o del juicio o que el mismo se suspenda, paralice o se extinga.

LEGITIMIDAD ACTIVA

Que pueden oponerlas las partes acreditadas en el proceso, de lo que se deduce que aún cuando la excepción indiscutiblemente va dirigida a la defensa, también están legitimados el representante del Ministerio Público, la víctima querellada, el acusador particular o el acusador privado cuando se trate de un delito de acción dependiente de instancia de parte agraviada.

MOTIVOS O CAUSAS QUE HACEN PROCEDENTE LAS EXCEPCIONES

  1. La existencia de la cuestión prejudicial prevista en el artículo 35;
  2. La falta de jurisdicción;
  3. La incompetencia del tribunal;
  4. Acción promovida ilegalmente, que sólo podrá ser declarada por las siguientes causas:
  • La cosa juzgada;
  • Nueva persecución contra el imputado, salvo los casos dispuestos en los ordinales 1 y 2 del artículo 20;
  • Cuando la denuncia, la querella de la víctima, la acusación fiscal, la acusación particular propia de la víctima o su acusación privada, se basen en hechos que no revisten carácter penal;
  • Prohibición legal de intentar la acción propuesta;
  • Incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar la acción;
  • Falta de legitimación o capacidad de la víctima para intentar la acción;
  • Falta de capacidad del imputado;
  • La caducidad de la acción penal;
  • Falta de requisitos formales para intentar la acusación fiscal, la acusación particular propia de la víctima o la acusación privada, siempre y cuando éstos no puedan ser corregidos, o no hayan sido corregidos en la oportunidad a que se contraen los artículos 330 y 412;
    • La Extinción de la acción penal; y
    • El indulto.

OPORTUNIDADES PARA SER OPUESTAS

Pueden ser opuestas durante:

  1. La Fase Preparatoria
  2. La Fase Intermedia
  3. La Fase del Juicio Oral

TRIBUNAL COMPETENTE

Dependiendo la fase en la cual se encuentre el proceso cuando las partes se opongan a la persecución penal mediante excepciones, determinará la competencia, obviamente en la fase preparatoria y en la fase intermedia el competente es el Juez de Control y en la fase de juicio oral lo es el Tribunal de Juicio.

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN

A)Durante la fase Preparatoria: conforme a lo establecido en el Art. 30 COPP las excepciones interpuestas se tramitarán en forma de incidencia, sin que interrumpa el curso de la investigación.

Requisitos:

  • Deben ser propuestas mediante escrito debidamente fundado;
  • Deben ofrecer las pruebas que justifican los hechos en que se basan, acompañando la documentación correspondiente;
  • Deben indicar los datos de identificación y dirección de ubicación de las otras partes.

Planteada la excepción, el Juez notificará a las otras partes, para que dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación efectiva, contesten y ofrezcan pruebas.

Decisión:

  • Si la excepción es de mero derecho, o si no se ha ofrecido pruebas, el Tribunal, sin más trámite dictará decisión motivada dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del plazo de los cinco (5) días establecidos para la contestación.
  • En caso de haberse promovido pruebas, el Juez convocará a todas las partes, sin necesidad de notificación previa, a una audiencia oral, que se celebrará dentro de los ocho días siguientes a la publicación del auto respectivo. En esta audiencia, cada una de las partes expondrá oralmente sus alegatos y presentará sus pruebas.

Finalizada la audiencia el Tribunal resolverá la excepción de manera razonada.

Recurso:

  • La resolución que se dicte es apelable por las partes dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración de la audiencia.
  • Es de advertir que el rechazo de las excepciones opuestas durante la fase preparatoria impedirá que sean planteadas nuevamente durante la fase intermedia.

B)Durante la Fase Intermedia: conforme al Art. 31 del COPP remite en su tramitación al Art. 311 relativo a las facultades y cargas de las partes antes de la celebración de la audiencia preliminar, por lo que las excepciones opuestas en esta fase se tramitarán en la forma y oportunidades previstas en dicha norma.

Requisitos:

  • Deben ser propuestas por escrito.
  • Deben ser propuestas hasta cinco (5) días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar; si la audiencia es diferida esto no generará una nueva oportunidad para oponer excepciones se considerará la oportunidad de la fecha fijada originalmente para la realización de la audiencia preliminar.
  • Deberá plantear solamente aquellas que no hayan sino opuestas con anterioridad, pues tal como se señaló anteriormente el rechazo de las excepciones opuestas durante la fase preparatoria impedirá su posterior planteamiento en la fase intermedia.

Decisión:
Son decisiones de previo pronunciamiento, es decir que debe decidir el juez previo a cualquier otro asunto de la causa. El tribunal resolverá en presencia de las partes, al finalizar la audiencia preliminar acorde al Art. 313 COPP.

Recurso:
La declaratoria con lugar de la excepción es susceptible de apelación, conforme al Art. 439 ord. 2º COPP.

La declaratoria sin lugar no es susceptible de apelación por disposición expresa del Art. 439 ord. 2º COPP, no obstante pueden ser opuestas nuevamente en la fase de juicio.

C)Durante la Fase de Juicio: pueden oponerse las excepciones declaradas sin lugar en las fases anteriores. Conforme a lo establecido en el Art. 32 COPP, existe una limitación en cuanto a las excepciones que pueden oponerse en esta fase, señalando el legislador en forma taxativa las siguientes:

  1. La incompetencia del tribunal, si se funda en un motivo que no haya sido dilucidado en las fases preparatoria e intermedia;
  2. La extinción de la acción penal por prescripción, salvo que el acusado o acusada renuncie a ella, o que se trate de las excepciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
  3. Las que hayan sido declaradas sin lugar por el Juez o Jueza de Control al término de la audiencia preliminar.

El Art. 32 COPP remite a los Arts. 327 último aparte y 329, en cuanto a la oportunidad para oponerlas y su tramitación.

Por lo que las excepciones durante esta fase deberán interponerse por la parte que corresponda una vez aperturado el debate en el orden respectivo, cuya cuestión incidental se tratará en principio en un solo acto, salvo que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente y diferir alguna.

Decisión:
El Tribunal resolverá al finalizar la exposición de las partes.

Recurso:
La declaratoria sin lugar de las excepciones es susceptible de apelación la cual se interpondrá junto con la sentencia definitiva.

RESOLUCIÓN DE OFICIO DE LAS EXCEPCIONES

El Art. 33 COPP faculta al Tribunal competente para que durante la fase intermedia o durante la fase de juicio oral, puedan asumir de oficio la solución de aquellas excepciones que no hayan sido opuestas, siempre que la misma por su naturaleza no requiera la instancia de parte.

EFECTOS DE LAS EXCEPCIONES

CAUSALES EFECTOS
1.La existencia de la cuestión previa prevista en el Art. 36 COPP
  1. Suspensión del procedimiento
2.La fata de jurisdicción
  1. Remitir la causa al Tribunal que corresponda su conocimiento
3.La incompetencia del Tribunal
  1. Remitir la causa al Tribunal que resulte competente
4.Acción promovida ilegalmente
  1. Sobreseimiento de la causa
5.La extinción de la acción penal
  1. Sobreseimiento de la causa
6.El indulto
  1. Sobreseimiento de la causa



EXTENSIÓN JURISDICCIONAL

Conforme A lo establecido en el Art. 35 COPP, los Tribunales penales están facultados para examinar las cuestiones civiles y administrativas que se presenten con motivo del conocimiento de los hechos que se investigan. Para lo cual la parte interesada deberá solicitarlo en escrito motivado, explicando las razones de hecho y de derecho en que se funda su pretensión acompañando copia certificada de las actuaciones practicadas en el procedimiento extrapenal.

Si el Juez penal considera procedente por ser seria, fundada y verosímil y estar íntimamente ligada al hecho punible que se haga imposible su separación, entrará a conocer y decidir sobre la misma, a fin de determinar si el imputado ha incurrido en delito o falta.

Si el procedimiento extrapenal no se ha iniciado, el Juez penal considerará infundada la solicitud y la declarará sin lugar, salvo que el interesado presente causas plenamente justificadas a juicio del Juez; o cuando el solicitante no consigne copia certificada de las actuaciones pertinentes, a menos que demuestre la imposibilidad de su obtención. La decisión dictada es susceptible de apelación la cual se interpondrá dentro de los 5 días siguientes a su publicación.

PREJUDICIALIDAD CIVIL

El Art. 36 COPP contiene reglamentaciones para resolver cuestiones prejudiciales relativas a una controversia sobre el estado civil de las personas.

A)Si opuesta la cuestión prejudicial civil, la demanda civil se encuentra en curso pero aún sin decisión por parte del Tribunal civil, el Juez penal, si la considera procedente la declarará con lugar y suspenderá el procedimiento hasta por el término de 6 meses a objeto de que la jurisdicción civil decida la cuestión.

B)Si opuesta la cuestión prejudicial civil, aun la demanda civil respectiva no se encontrare en curso, el Juez, si la considera procedente, acordará un plazo que no exceda de treinta (30) días hábiles para que la parte proponente de la misma acuda a el Tribunal civil competente a objeto de que plantee la respectiva controversia y suspenderá igualmente el proceso penal hasta por el término de 6 meses para que la jurisdicción civil decida la cuestión de carácter civil.

Decidida la cuestión judicial o vencido el plazo acordado o vencido el término fijado para la duración de la suspensión, sin que la cuestión prejudicial haya sido decidida, el Tribunal penal revocara la suspensión, convocando las partes a la reanudación del procedimiento, y en audiencia oral resolverá la cuestión prejudicial ateniéndose a las pruebas que sean admisibles y hayan sido incorporadas por las partes.

TSJ-LOGO

Conoce la Sala de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Luisa Moreno, en su carácter de Fiscal (E) Cuadragésima Octava del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, contra la decisión dictada el 16 de abril del 2010, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido contra el fallo dictado el 13 de agosto del 2009, y en consecuencia, confirmó la decisión emitida por el Tribunal Tercero en Funciones de Control de dicho Circuito Judicial Penal, que decretó la nulidad absoluta de la acusación fiscal presentada en contra del ciudadano Marcel Faas, en la causa penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de uso de permiso de residencia falso, contemplado en el artículo 326, numeral tercero del Código Penal Venezolano.

El Ministerio Público fundamentó la acción de amparo en la presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ante la falta de motivación de la sentencia accionada, a la correcta administración de justicia y al debido proceso, en lo atinente a la declaratoria de nulidad absoluta de la acusación fiscal.

Ahora bien, del estudio de las actas procesales, observa la Sala que el 16 de enero de 2008, el ciudadano Marcel Faas fue presentado ante el Juzgado Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, el cual admitió la solicitud del Ministerio Público de prosecución del proceso a través del procedimiento ordinario, conforme lo disponen los artículos 280 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal y negó la medida de privación de libertad. En tal sentido, en el acta de audiencia se estableció:

“(…) comparece por ante este Despacho, previo traslado de la Oficina de Alguacilazgo de este mismo Circuito Judicial, una persona que estando libre de prisión, coacción, apremio y sin juramento alguno, dijo ser y llamarse: MARCEL FAAS, de nacionalidad Holandesa, nacido en fecha 27/06/1974, natural de Ámsterdam-Holland, de 33 años de edad, de estado civil casado, de profesión u oficio chofer de camiones, titular de la cédula de Identidad N° 84.372.169, hijo de Gonda Faas y Gerard Faas, residenciado en Kometenaurigel 197, Amsterdan-Holland; imputado en la presente causa y fue impuesta de sus garantías constitucionales, contempladas en los artículos 125 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal, y el artículo 49 ordinal 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente fue impuesto de las Alternativas a la Prosecución del Proceso contempladas en el Capítulo III, Titulo 1, Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, El Principio de Oportunidad que es a requerimiento del Ministerio Público, Del Acuerdo Reparatorio y la Suspensión Condicional del Proceso. Del mismo modo se impone del Procedimiento Especial por Admisión de los hechos, contemplado en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, todo esto a fin de dar cumplimiento a la Sentencia de fecha 24 de Abril de 2003, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, asistido por la Defensora Pública DRA. ELDA SALAZAR, estando presente el Juez Tercero de Control DRA. CELESTINA MÉNDEZ TEXEIRA, el secretario ABG. RAMON DIAMONT, la ciudadana Fiscal Tercera del Ministerio Público del Estado Vargas, DRA. LISBETH RODRIGUEZ y el ciudadano ANTONIO ACKAR, en su condición de intérprete para asistirlo en el idioma Inglés-Castellano.

…omissis…

En este estado se le cede la palabra al Representación Fiscal, quien expone: ‘Comparezco por ante este Despacho con la finalidad de presentar al ciudadano MARCEL FAAS, quien fue aprehendido por funcionarios de la ONIDEX, el día 14/01/2008, aproximadamente a las 08:00 horas de la noche, al momento de que el mismo se disponía a viajar y le fue incautado una visa que al ser corroborada por los mismos resultó ser falsa, por lo cual no aparece registrada en la división de naturalización de la Onidex, en virtud de ello esta Representación Fiscal, precalifica los hechos como el delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, conforme a lo establecido en el artículo 326 ordinal 3° del Código Penal, por lo que solicito que el presente asunto se ventile por la Vía del Procedimiento Ordinario y se le imponga medida cautelar de la establecida en el artículo 256, numerales 3° y 4° del Código Orgánico Procesal Penal, solicito que la presente causa sea remitida a la Fiscalía Octava del Ministerio Público con Competencia Plena en Materia de Identificación y Extranjería, así como copias de la misma.

…omissis…

En este estado la ciudadana (…) Juez (sic) Tercero de Control, pasa a decidir y expone: este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Vargas (…) emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se acuerda con lugar la solicitud del Ministerio Público, en cuanto a que la presente causa sea ventilada por el procedimiento ordinario, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 280 y 373 último aparte del Código orgánico Procesal Penal.”

 

Al respecto, esta Sala Constitucional en sentencia Nº 276, del 20 de marzo de 2009 (caso: “Juan Elías Hanna Hanna”), declaró con carácter vinculante lo siguiente:

“Visto ello, esta Sala considera, y así se establece con carácter vinculante, que la atribución -al aprehendido- de uno o varios hechos punibles por el Ministerio Público en la audiencia de presentación prevista en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye un acto de imputación que surte, de forma plena, todos los efectos constitucionales y legales correspondientes, todo ello con base en una sana interpretación del artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se establece”.

 

Ello así, la Sala considera que la imputación del ciudadano Marcel Faas, se hizo efectiva con la realización de la audiencia de presentación ante el juez de control en los términos del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para entonces, toda vez que en la misma se le comunicó expresa y detalladamente el hecho que motorizó la persecución penal, y otorgó a tal hecho la correspondiente precalificación jurídica (garantizando así el derecho a ser notificados de los cargos por los cuales se les investigaba), con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión, incluyendo aquellas que eran de importancia para la calificación jurídica y los datos que la investigación arrojaba hasta ese momento en su contra, todo ello en presencia del juez de control, lo cual, a todas luces, configura un acto de persecución penal que inequívocamente le atribuyó la condición de imputado, generando los mismos efectos procesales de la denominada impropiamente “imputación formal” realizable en la sede del Ministerio Público. Siendo dicho acto independiente al decreto de libertad que le fue acordado al referido ciudadano, toda vez que tal circunstancia no constituyó una eximente de su responsabilidad penal, sino una situación derivada de un aparente error en el proceso de aprehensión, pero que no afecta -anula- el hecho punible por el cual se le procesa, al punto que tanto el juez de primera instancia penal como la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, ordenaron la reposición de la causa al estado en que se “realice el acto de imputación formal”.

 

En consecuencia, resulta evidente que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas al concluir que el “(…) decreto de libertad del ciudadano aprehendido (…) hace inexistente la imputación propiamente dicha (…)”,  se apartó del criterio que con carácter vinculante sostuvo esta Sala en su sentencia Nº 276 del 20 de marzo de 2009, toda vez que, “la atribución -al aprehendido- de uno o varios hechos punibles por el Ministerio Público en la audiencia de presentación prevista en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye un acto de imputación que surte, de forma plena, todos los efectos constitucionales y legales correspondientes”, motivo por el cual se declara con lugar la acción de amparo constitucional, se anula el fallo impugnado y, en consecuencia, se ordena a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas que dicte una nueva decisión respecto del recurso de apelación sometido a su conocimiento, acogiendo la doctrina de la Sala, reiterada en el presente fallo. Así se declara.

V

DECISIÓN

 Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional ejercida por la abogada Luisa Moreno, en su carácter de Fiscal encargada Cuadragésima Octava del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, contra la decisión dictada el 16 de abril del 2010, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, con motivo de la causa penal que se sigue en contra del ciudadano MARCEL FAAS. En consecuencia, se ANULA el fallo dictado el 16 de abril del 2010, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas y, se ORDENA que se constituya otra Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, que dicte nueva sentencia, acatando la doctrina aludida en el presente fallo. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas y al Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas.

Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  26 días del mes de febrero  de dos mil trece (2013). Años: 202º de la Independencia y 154º de la Federación.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Febrero/110-26213-2013-10-1257.html