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Todo delito doloso es una concreción de voluntad. La concreción de voluntad puede quedar detenida en las etapas iníciales o puede llegar hasta la completa ejecución de la decisión de la acción. También el delito consumado, desde la decisión de la acción hasta la completa concreción, pasa por una sucesión continuada de etapas de concreciones parciales. ¿Cuándo comienza en esta serie el delito como acción merecedora de pena y cuando está alcanzado su contenido completo de delito?

1. La mera decisión de acción no es todavía punible: cogitationis poenam nemo patitur. Tampoco en el derecho penal de voluntad, la voluntad mala es penada como tal, sino solamente la voluntad mala que se concreta; esto, no solamente porque la mera voluntad no es todavía captable y porque la moralidad no puede ser impuesta, sino, también, por el abismo profundo que separa, al fin y al cabo, el pensamiento del hecho.

Se recuerda la confesión de GOETHE, según la cual con la imaginación podría haber cometido todos los delitos. La energía delictual no se muestra, pues, en el pensamiento delictual, sino en su trasformación en el hecho real. “La malicia se consuma recién en el hecho” (Othello, 11, l ) . El dolo es la voluntad de concreción y, por cierto, no solamente en el sentido de la voluntad que tiende a la concreción, sino también en el sentido de la voluntad apta para la concreción. La voluntad impotente es ningún dolo penalmente relevante. La clase de voluntad que es apta para la concreción del hecho, no surge de su contenido, sino del hecho real determinado por ella. Muy ampliamente en la dirección hacia un derecho penal del sentir.

2. Pero no todo hacer en que se trasforma la decisión mala es ya uN delito. Delito es la lesión socialmente intolerable que choca especialmente con el orden de la comunidad. No siempre se trasforma la decisión inmediatamente en tal comportamiento, sino que muchas veces antecede a este último un hacer que sólo prepara el hecho propiamente reprobable. P. ej., averiguar la oportunidad del delito, preparar los medios y cosas semejantes.

Quien, para falsificar un pagaré, se compra formularios de pagaré y la tinta y pluma apropiadas, trasforma, por cierto, su decisión ya en un hacer exterior, pero este hacer todavía no tiene color. Como tal no es todavía delito, contra el que se podría intervenir con pena; por una parte, porque objetivamente no choca con el orden social; por otra, ante todo, porque al detenerse en estas acciones preparatorias no se manifiesta todavía un poder delictual real de la voluntad, es decir, un dolo delictual.

Por eso las acciones preparatorias son, en principio, impunes, por su contenido delictual insuficiente y su escasa captabilidad real. Pueden resultar excepciones por obra del pensamiento de amparo lo más amplio posible de bienes especialmente importantes. Además, existen excepciones en la preparación de determinados instrumentos delictuales, con respecto a determinados autores peligrosos.

3. Un hacer punible se inicia, en principio, donde el autor comienza a ejecutar la acción ético socialmente intolerable misma, vale decir, en la tentativa. Como lo injusto punible no radica solamente en el acarreo de la lesión de un bien jurídico, sino, precisamente, en la índole de la comisión (en el disvalor de la acción) , que está descrita plásticamente en el tipo, así empieza el hacer merecedor de pena en la actividad con la cual comienza el autor para ejecutar inmediatamente la acción adecuada al tipo.

4. El delito consumado es siempre punible y en la medida máxima. En ello se debe distinguir entre consumación formal y material.

a) .Se determina cuando un delito está formalmente consumado, de acuerdo con el tipo penal. El delito está consumado con el cumplimiento completo del tipo. La ley enfoca la consumación dirigiéndose preponderantemente a la producción del resultado lesivo. Sin embargo, muchas veces, fija la consumación también ya antes, ya con la realización del acto de falsificación; aquí, como en otros casos, no pertenece al tipo objetivo, lo que interesa al autor, es decir, la obtención de las ventajas del delito u otros objetivos del delito.

Así, p. ej., el que el estafador consiga realmente la ventaja patrimonial aspirada, no pertenece ya a la consumación de la estafa.

b) Dentro de lo dicho, debe distinguirse la consumación formal de la material, que sólo se produce con la obtención del propósito delictual. La consumación material es importante para el problema de la participación, para el concurso ideal y para la prescripción.

5. Constituye un problema técnico legal el decidir si en la redacción de los tipos debe incluirse la tentativa en el tipo mismo, p. ej.: mediante la versión: “quien emprende…”. O si se deben formular, en principio, solamente los tipos de delito consumados, situando en una cláusula general, también bajo pena, la tentativa.

Este último camino es técnicamente más manuable e idiomáticamente más popular. En cambio no es un mero problema técnico:

a) si se pena la tentativa, en principio, en todos los delitos;

b) si la pena, por principio, del mismo modo que la consumación.

a) En el derecho vigente, la tentativa es punible, con carácter general, sólo en los crímenes; en los delitos, solamente cuando está expresamente indicado. En las contravenciones nunca.

b) Mientras que en el derecho penal alemán, hasta 1939, la tentativa tenía que ser penada, en todos los casos, más benignamente, desde entonces tentativa y consumación están, en principio, equiparadas en el margen de pena; sin embargo, la tentativa puede ser hoy penada más benignamente.

La posibilidad de una punición más benigna de la tentativa, encierra el pensamiento de que en el hecho, que queda detenido en la etapa de la tentativa, la fuerza delictual de la voluntad es, en principio, más débil que en la consumación del hecho. En este pensamiento se mezclan opiniones no racionales, profundamente arraigadas, según las cuales al hecho completo pertenece también el resultado: asesino es, pues, sólo quien realmente ha matado.

b) La concreción parcial de un delito culposo sólo es imaginable como peligro culpable de bienes jurídicos. No es punible, en principio, según el derecho vigente, únicamente en raros casos está puesto bajo pena el peligro culposo. (más…)

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La comprensión de que el elemento específico de la culpabilidad radica en la “reprochabilidad”, es el resultado de un largo proceso de evolución. Al comienzo de la moderna dogmática se muestra la separación en “externo” e “interno”, “objetivo” y “subjetivo”.

Mientras que todo lo objetivo-externo fue asignado a la antijuricidad, debía pertenecer todo lo subjetivo-interno a la culpabilidad; culpabilidad debía ser “la relación psíquica del autor con el resultado”. Ya antes que en la antijuricidad, se manifestó aquí la irrealizabilidad de la separación en externo e interno. ¿En qué, pues, debía consistir la relación psíquica del autor con el resultado en la culpa inconciente? La culpa inconciente fue el primer escollo con el que chocó el concepto psicológico de la culpabilidad.

La tentativa de RADBRUCH de desarrollar una culpa puramente psicológica, fracasó. KOHLRAUSCH en cambio, creía tener que sacar de ello la conclusión de que la culpa no es en absoluto ninguna forma de culpabilidad, ya que falta en ella la relación psíquica del autor con el resultado. Con ambas conclusiones erróneas, se manifestó la insostenibilidad de un concepto psicológico de la culpabilidad.

FRANK dio el primer paso para la comprensión del carácter normativo de la culpabilidad; le siguieron pronto GOLDSCHMIDT y FREUDENTHAL, y las teorías reinantes.

Pero todavía faltaba la aclaración de la relación de la reprochabilidad con la “relación psíquica del autor con el resultado”, todavía se arrastró, al menos en el dolo, “la relación psíquica” como elemento esencial en el concepto de la culpabilidad.

Fue DOHNA quien dio el paso decisivo “para el conocimiento de que en el juicio de culpabilidad, exactamente igual que en el establecimiento de la antijuricidad, tenemos que ver con el resultado de una valoración”, y separó nítidamente entre valoración (reprochabilidad) y objeto de la valoración (dolo), y limitó el concepto de la culpabilidad a la valoración del objeto.

Siguiendo la sugerencia de DOHNA, la teoría de la acción finalista asigna al dolo, que se ha hecho apátrida en DOHNA, su lugar adecuado en la acción típica. La teoría de lo injusto se llena así cada vez más, de elementos psíquicos, que en su origen fueron asignados erróneamente a la teoría de la culpabilidad: primero con los elementos subjetivos de lo injusto, luego con la voluntad de acción. En cambio, la teoría de la culpabilidad elimina los elementos subjetivos-psíquicos y retiene solamente el elemento normativo de la reprochabilidad. En este proceso, ninguno de los elementos anteriores se ha perdido, pero cada uno pasa a ocupar su lugar más adecuado, sobre la base de la comprensión de la estructura finalista de la acción, con lo cual nos capacitamos para las soluciones correctas, en los problemas de la participación, de la culpabilidad, de lo injusto, de la lesión de diligencia, del error de prohibición, etc. Por lo tanto, las objeciones contra la teoría de la acción finalista de la “subjetivación de lo injusto” o del “vaciamiento del concepto de culpabilidad, son completamente infundadas, Con el traslado del dolo a lo injusto, no se sustrae del tipo de lo injusto ni la menor característica objetiva, y el objeto de la valoración de la culpabilidad no se reduce ni en el menor de los problemas, pero el contenido completo de la acción típica y el carácter verdadero de la culpabilidad, sólo ahora son destacados claramente. Por eso, la teoría de la acción finalista no tiene nada que ver con una determinación puramente subjetiva de lo injusto, como últimamente lo ha sostenido GERMANN, sino que conduce, al destacar la función objetiva de la voluntad en numerosos lugares, a una mayor objetivación del derecho penal. (más…)

La culpabilidad agrega a la acción antijurídica -sea la concreción dolosa de un tipo, sea la lesión no dolosa -de diligencia- un nuevo elemento, a través del cual se convierte recién en delito. La antijuricidad es, es una relación entre acción y orden jurídico, que expresa la divergencia entre la primera y la última: la concreción de voluntad no es como el derecho lo espera objetivamente de acciones cumplidas en el campo social.

La culpabilidad no se conforma con esa relación de divergencia objetiva entre acción y orden jurídico, sino que hace al autor el reproche personal por no haber omitido la acción antijurídica, a pesar de haberla podido omitir.

La culpabilidad contiene en este sentido una doble relación: la acción de voluntad del autor no es como lo requiere el derecho, a pesar de que el autor la hubiera podido realizar conforme a la norma.

En esta doble relación del no deber ser antijurídico, frente al poder ser adecuado al derecho, radica el carácter específico de la culpabilidad. Si la antijuricidad es el juicio simple de disvalor, en el sentido de que la acción no es como hubiera debido ser, de acuerdo con el derecho sin considerar si el autor hubiera podido cumplir en general la exigencia del derecho, entonces el juicio de disvalor de la culpabilidad va todavía más allá, y hace al autor el reproche personal de que no ha actuado correctamente, a pesar de haber podido actuar conforme al derecho. Y como es primaria la voluntad de acción, a través de la cual el autor hubiera podido dirigir su comportamiento conforme a la norma, así es objeto primario de la reprochabilidad la voluntad de acción y solamente a través de ella, también la acción toda. Por eso se puede denominar, con la misma razón como “culpable”, tanto la voluntad de acción como la acción total. (más…)

Todo delito es un acontecimiento individual-temporal. Pero el tipo legal abarca todos los delitos individuales de la misma clase. Por tanto, debe prescindir conceptualmente de las características puramente individuales de los delitos reales; debe ser “abstracto”. Todo tipo jurídico es una generalización de casos individuales posibles. Estas generalizaciones pueden tener distintos grados. Así, se podría resumir todo el derecho penal en el más amplio tipo: quien se comporta de modo groseramente contrario a la sociedad, será penado.

Para la generalización hay dos reglas de lógica: cuanto mayor es la generalización, tanto más comprensivo y sin lagunas es el tipo, pero también tanto más difuso y falto de contenido, y, sobre todo, tanto menos apropiado para una aplicación homogénea del derecho. Inversamente: cuanto menor es la generalización, tanto más real y plástico es el tipo, pero también tanto más limitado .y con lagunas.

En la relación del derecho don estas reglas lógicas, se abre una profunda diferencia entre e1 derecho penal por un lado y las demás ramas del derecho por el otro. Mientras que en las demás ramas del derecho, la generalización de los preceptos jurídicos puede ser aplicada en forma relativamente amplia, el derecho penal debe conformarse con una generalización relativamente limitada. Debe describir lo injusto decisivo del hecho a través de acciones típicas, vale decir, generales, pero, sin embargo, reales plásticas; lo injusto del derecho penal debe ser “típico”, en el sentido destacado. El análisis de la estructura de valor de lo injusto penal, ha demostrado que el disvalor primario y general de todos los hechos punibles, es disvalor de acción; éste no es solamente origen, sino también fundamento esencial de la medida de la pena. En cambio, en el derecho civil, la acción delictuosa es solamente presupuesto del derecho de indemnización del daño, no su fundamento de medición; éste se mide a menudo, solamente según la extensión del daño causado.

Por eso, en el derecho civil, la clase específica de lo injusto de acción es relativamente indiferente, y no precisa ser descrita en forma concreta-típica; puede ser presupuesto de un derecho de indemnización de daños. Además, la eficaz estructuración del derecho penal, requiere la adecuación típica de lo injusto. El veredicto ético-social del fallo del juez penal, y su intervención profunda en la vida, libertad y honor de los hombres, exigen garantías jurídicas, fundamentalmente más firmes que otras ramas del derecho (inversamente, aquellas intervenciones deben quedar reservadas sólo al derecho penal). Si el principio nulla pena sine lege no ha de quedar en una mera fórmula, sino que debe dársele un sentido práctico, entonces el derecho penal no debe dejar el núcleo de lo injusto del hecho a instancias extralegales -sea al sano sentimiento del pueblo, a las buenas costumbres o al bien moral-, sino que él mismo debe describirlo concretamente, vale decir, debe ser derecho penal “sustancial”.

El derecho civil puede vincular el derecho de indemnización de daño al mero daño “contrario a las costumbres” pero una prescripción análoga de carácter penal general sería incompatible con el principio de la determinación de la punibilidad. El derecho tutelar puede restringir el poder de los padres en el caso de peligro del bienestar “espiritual y moral” de los hijos menores, prever vigilancia protectora y educación previsora, pero una prescripción penal contra el peligro del bien moral, carece de la precisión legal necesaria para determinar las conductas punibles.

La estructura particular de los tipos, es tarea del legislador. Él no precisa dar siempre descripciones detalladas, y puede valerse de conceptos plásticos de la conciencia popular, en caso de que describan claramente lo injusto decisivo del hecho; así, p. ej., el “adulterio”, en el 172, que es, según la conciencia popular, solamente el coito extramarital de uno de los cónyuges (RG., 70-173).

La idea de la tipicidad rige en el sentido destacado, naturalmente, sólo para la fundamentación de la pena, y no para la exclusión de pena.

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El filósofo VON KRIES observó que, para la agravación de pena debe haber sido decisiva la peligrosidad típica de la lesión corporal, pues pueden presentarse consecuencias graves también en otros delitos (hurtos, etc. Aquí la ley no prevé una calificación por el resultado. Solamente consecuencias típicas, más o menos vinculadas con la peligrosidad específica de las lesiones. Lo mismo rige para todos los demás delitos calificados por el resultado: en ellos se trata siempre de acciones que fácilmente pueden tener graves consecuencias (violación, exposición de infante, privación de libertad, incendio). Por eso, no toda consecuencia grave es “relevante para los delitos calificados por el resultado, sino sólo aquella adecuada” a la acción lesiva respectiva.

Por lo tanto, quedan excluidos todos los acontecimientos causales completamente extraordinarios. Extraordinarios son aquellos acontecimientos causales con los cuales no podía contar un observador razonable en el momento de la acción (pronóstico posterior objetivo). Ejemplo: si A lesiona a B dolosamente, y éste muere luego en el hospital, a causa de que por un tratamiento inadecuado adquiere una septicemia, A no responde por una lesión corporal seguida de muerte, porque el acontecimiento causal fue completamente extraordinario.

Por tanto, la restricción decisiva para las causaciones de resultados jurídicamente relevantes resulta, en los delitos calificados por el resultado, de la adecuación típica: solo la causación adecuada al resultado grave, es típicamente relevante.

Más allá de esto, cree, sin embargo, la teoría de adecuación que, para la totalidad del derecho penal, son jurídicamente relevantes solamente los acontecimientos causales adecuados (representantes: TRAGEHRIP, HIPPEL, MEZGER).

La teoría cae en dificultades cuando el autor, en virtud de su conocimiento causal especial, puede prever acontecimientos causales extraordinarios. Debe declarar entonces adecuados también aquellos acontecimientos causales, y cae, con ello, en una contradicción inconciliable con su punto de partida. La teoría de la adecuación es irrealizable como teoría causal jurídica general. La selección de las condiciones penalmente relevantes de entre las del complejo causal, averiguado por la teoría de las condiciones, se realiza a través de la apreciación típica; y solamente en el marco de esta última, la adecuación es relevante en los casos de los delitos calificados por el resultado, mientras que en los demás, todo acarreo de resultado, que está dentro de la apreciación integral de la acción, y solamente ése, es típicamente relevante.

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Toda vida social se estructura sobre la actividad finalista de los miembros de la comunidad. Presupone que el hombre puede proponerse fines, vale decir, objetivos futuros, elegir los medios necesarios para su obtención, y ponerlos en actividad. Este primer presupuesto de la vida social es, también, el primer criterio del actuar humano en general. El acontecer puro de la naturaleza es ciego en su causalidad, o, en la naturaleza viva, ante todo en el reino animal, en el mejor de los casos, inconscientemente adecuado al fin (instintivo). El hombre puede prever el futuro consiente del objetivo; concretar, sobre la base de experiencias causales, las más diversas clases de propósitos, según la forma planeada.

También el derecho penal se ocupa de acciones únicamente en el sentido de esta actividad finalista. Donde el hombre interviene de modo puramente causal, sea que actúe como mera masa mecánica (en un desmayo repentino), o que ejecute movimientos reflejos adecuados o contrarios al objetivo (en ataques de calambre o en reacciones indominables de susto), ahí puede, bajo ciertas circunstancias, entrar en consideración como objeto de un intervenir jurídico (p. ej.: como motivo de una intervención policial); pero su comportamiento queda excluído del derecho penal.

Como son acciones finalistas las que estructuran la vida de la comunidad, así también lo son las  que la lesionan. Acciones que se mueven dentro del orden de la vida social, son valoradas positivamente por el orden de la comunidad, como “adecuadas al derecho”. En cambio, acciones que lo lesionan son valoradas como “contrarias al derecho”.

Sin embargo, el hombre no es Únicamente un ser que actúa finalmente, sino también un ser moralmente responsable de sus acciones. Él no puede, simplemente, proponerse fines arbitrarios y concretarlos en la forma planeada, sino que también debe elegir antes estos fines, de acuerdo con su sentido y valor social. Si el hombre se guía por las exigencias del deber que surge de los valores de la comunidad, entonces actúa meritoriamente.

Si los lesiona, actúa culpablemente. El hombre es “persona” en el doble sentido de que es un ser que actúa finalistamente y que es moralmente responsable de sus acción. Con estas dos etapas, que se estructuran la una encima de la otra -la actividad finalista y la responsabilidad moral-, se cumple la autoría personal humana.

Las dos valoraciones del derecho penal –contrariedad al derecho y culpa- corresponden a estas dos características esenciales de acción y autoría. A la actividad finalista corresponde la contrariedad al derecho; a la responsabilidad, la culpa. Sin embargo, los dos elementos se deben distinguir objetivamente -aunque preponderantemente unidos-, pues ciertas personas no son capaces de una responsabilidad moral frente a la sociedad, a pesar de que pueden realizar acciones finalistas: así el niño y el enfermo mental.

Un niño de doce años, que hurta manzanas en el jardín del vecino, no actúa culpablemente, porque su personalidad moral no está aun totalmente desarrollada como para poder realmente comprender la significación social de su acción y guiarse por ella. Pero su acción es una concreción del objetivo, que cae fuera del orden social (del ordenamiento de la propiedad), y por ello es antijurídica. Precisamente por eso, el adulto que ayudó al menor a pasar el cerco, ha prestado ayuda a una acción antijurídica de hurto y es responsable por ella como cómplice.

Como el elemento “final” de la acción (la acción finalista) es independiente del elemento moral de la responsabilidad, así también la antijuricidad se sitúa en un plano de valoración independiente del de la culpa. La antijuricidad contiene, simplemente, el juicio de valor según el cual la acción cae fuera de los ordenamientos de la vida de la comunidad. La culpa es la responsabilidad de la personalidad moral por su acción antijurídica.

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A una acción sólo puede imponérsele pena, cuando esa pena está legalmente determinada, antes de haber sido ejecutada la acción.

Esta disposición decía tres cosas: sólo una ley puede declarar una acción como delito (nullum crimen sine lege), y solamente una ley puede determinar para ella una pena (nulla poena sine lege), y ambas cosas, solamente antes de que haya sido ejecutada la acción (exclusión de la fuerza retroactiva de leyes penales que fundamentan o agravan la pena). Con ello se prohíbe la creación de tipos y determinación de penas extralegales, sea por analogía o por el derecho consuetudinario. De ambas fuentes jurídicas, la ley y el derecho consuetudinario, la ley tiene, en derecho penal, la primacía absoluta.

Mientras el principio nullum crimen sine lege exige la existencia previa del tipo de delito (admitiendo, no obstante, amenaza de penas absolutamente indeterminadas), el precepto nulla poena sine lege va todavía más lejos, y exige, además, una determinación legal de las consecuencias del delito, vale decir, amenaza de pena, al menos relativamente determinada en su naturaleza y límites. El art. 103 de la Carta fundamental de Bonn, contiene el primer principio (no el segundo), con las garantías aumentadas del derecho constitucional: “A una acción sólo puede imponérsele una pena, cuando la punibilidad está legalmente determinada, antes de haber sido ejecutada la acción”. Una pena ni siquiera relativamente determinada legalmente -según la clase y límites de la pena- en forma de multa de un monto ilimitado, es por lo tanto, admisible, según el derecho constitucional.

El principio nulla poena (nullum crimen) sine lege no es un principio del derecho romano. Ante todo fue ajeno a la época del imperio romano y al derecho de JUSTINIANO con sus Crimina extraordinaria y sus conceptos delictuales amplios, casi ilimitados. Tampoco corresponde al extremo derecho penal de voluntad romano, que regía para los delicta pública y no conocía distinción alguna entre preparación, tentativa y consumación, es decir, ninguna clase de tipicidad.

Fue desconocido también por el derecho Germano Alemán antiguo. Ciertamente se puede decir que se acerca más al derecho penal germano (como derecho penal de hecho), que al derecho penal romano de voluntad. Aquél aspiró siempre a tipos de delitos firmes y claros. Sin embargo, siempre se pudo penar de acuerdo con el derecho consuetudinario, ya que faltó el presupuesto del principio nulla pena sine lege: es decir, la legalidad estatal. Esto vale también para la Carta Magna de 1215.

El ordenamiento penal de CARLOS V supeditó el juez a la ley, por principio; sin embargo, admitió con cierta cautela también una punición extralegal. Sólo en la época de las luces, se impuso el principio nulla pena sine lege, en la lucha contra la arbitrariedad de los jueces y de la autoridad. Invocando la Magna Carta libertatum, fue proclamado en la Constitución norteamericana de 1774 y en la Declaración de los Derechos del Hombre, de 1789. Encontró su expresión en el Código Penal de José II de  1787 y en el Allgemeines Landrecht de 1794. La fórmula latina proviene de FEUERBACH (en su Lehrbuch de 1801).

En el siglo XIX fue incluida en el derecho penal de casi todos los Estados civilizados. Cierta excepción hace el derecho penal dinamarqués (también el nuevo C. P. dinamarqués, de 1930) en el sentido de que -como lo sostuvo también BINDING, Handbuch, ps. 17 y SS.- admite una punición análoga. Una posición especial la ocupa el derecho penal inglés, porque se basa solamente en parte en el derecho escrito -el statute law- y, en otra parte, sobre la tradición jurídica del juez -el common law-, que sin embargo, supedita fuertemente al juez al precedente de juicios anteriores.

El primer paso hacia una ruptura con la tradición del continente europeo -después de que Rusia había abolido ya en 1917 el principio nulla poena- lo dio la ley complementaria del 26 de junio de 1935. Ella posibilitó, al lado de la punición legal, también una pena extralegal, basada sobre el “sano sentimiento del pueblo”, supeditada, sin embargo, a la idea básica de una ley penal. De esta restricción importante se valió una parte considerable de la ciencia y de la práctica, para limitar en lo posible la aplicación del nuevo Principio. Contra esos esfuerzos actuó una corriente política, cada vez más intensa, que declaró el nuevo Principio, con su control a través de la idea básica legal, como una mera “etapa” en el camino hacia una “nueva creación del derecho, orientada por el nacional-socialismo, que surge inmediatamente del sano sentimiento del pueblo”.

Correspondiendo a ello, las leyes nacional-socialistas posteriores, en particular las de la época de la guerra (ordenanza contra enemigos del pueblo, contra crímenes cometidos con el empleo de violencia- y otros), fueron redactadas en forma tan amplia e indeterminada, que dieron lugar a una total “dirección” política de la jurisprudencia, especialmente después de 1942, a través de “cartas de jueces” e instrucciones individuales.

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