SALA CONSTITUCIONAL SENTENCIA N°139 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2024.

(…)

Mediante decisión n.° 0321 del 28 de abril de 2023, esta Sala se declaró competente para conocer el presente recurso de apelación, por cuanto la decisión impugnada fue dictada en fecha 16 de agosto de 2019, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.  Así las cosas, siguiendo el criterio fijado por esta Sala Constitucional en sentencia n.° 501 del 31 de mayo de 2000 (caso: “Seguros Los Andes”), atendiendo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, los tres (3) días calendario consecutivos para la oportunidad en que se interpuso el recurso de apelación, transcurrieron de la siguiente manera: lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de agosto de 2019,  por lo que se estima que tal recurso fue propuesto tempestivamente. Así se declara.

Por otra parte, esta Sala precisa que, tal como quedó sentado en sentencia n.° 442 del 4 de abril de 2001, (caso: “Estación Los Pinos, S.R.L.”), habiéndose establecido en la ley un plazo de treinta (30) días para que el tribunal de alzada decida la apelación de la sentencia de amparo constitucional, este plazo debe considerarse como preclusivo para que las partes consignen cualquier escrito relacionado con el caso; de la revisión de las actas procesales que conforman el expediente, la Sala hace constar que no se consignó escrito de fundamentación de apelación alguno, razón por cual la Sala emitirá su fallo en consideración de autos. Así se decide.  

En la presente solicitud de amparo, se alegó la omisión de pronunciamiento por parte del Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niño, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con relación a la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, sobre los bienes detallados supra, en el juicio que por reconocimiento de la unión estable de hecho le sigue la hoy solicitante, ciudadana Bolivia Gioconda Gil Álvarez, ya identificada en autos contra el ciudadano Nelson Alexis Meléndez Villegas, al no proveer las solicitudes que presentó en fechas 8, 12 y 13 de agosto de 2019.

Por su parte, la sentencia objeto de apelación, proferida el 16 de agosto de 2019, el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, declaró inadmisible la acción de amparo, señalando que: “… visto que de las distintas razones invocadas por la quejosa resultan de la supuesta interposición de tres (3) diligencias y/o escritos de fecha 08/08/2019, 12/08/2019 y 13/08/2019, presentados a escasos días del receso judicial, tomando en consideración que la demanda fue admitida en fecha 22/05/2019 y la jueza hoy actuante hoy atacada fue convocada en fecha 02-08-2019 e inicio sus labores con despacho en fecha 05-08-2019; es claro y evidente que tuvo, es más aun tiene a su disposición medios ordinarios, o los medios correspondientes a los fines de la consecución de su solicitud de medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar, como lo es esperar el pronunciamiento de ley y en caso de negativa a la cautela solicitada ejercer los recursos correspondientes, por lo cual resulta forzoso para esta jurisdiscente declarar inadmisible la Acción de Amparo Constitucional de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales…”.

Seguidamente, esta Sala considera necesario destacar que, el 28 de abril y 15 de agosto de 2023, esta Sala Constitucional mediante las decisiones números 0321 y 1250, ordenó al Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niño, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que informara si en la demanda por acción mero declarativa de unión estable de hecho incoada por la ciudadana Bolivia Gioconda Gil Álvarez, contra el ciudadano Nelson Alexis Meléndez Villegas, ambos identificados en autos, fue dictada sentencia resolviendo la solicitud de medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, requerida por la hoy recurrente.

Corolario de lo anterior, se constata de las copias certificadas remitidas, que el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niño, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, el 30 de septiembre de 2019, dictó decisión en la cual se pronunció con relación a solicitud de las medidas de prohibición de enajenar y gravar, ordenando librar oficios con las inserciones correspondientes, a los fines que los Registradores Inmobiliarios, estamparan las debidas notas marginales de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Registro Público y del Notariado.

Ello así se determina que en el presente caso cesaron de manera sobrevenida las causas generadoras de la presente acción de amparo constitucional, circunstancia esta que se subsume en lo previsto en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; en el cual dispone taxativamente lo siguiente: “No se admitirá la acción de amparo: 1. Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla (…)”.

De acuerdo a la norma transcrita, Sala constitucional en sentencia n.° 855, del 17 de julio del 2015, (Caso: “Luz Marina Villafañe Natera”), indicó lo siguiente: “Para que resulte admisible la acción de amparo es necesario que la lesión denunciada sea presente, siendo necesaria la actualidad de la lesión a fin de restablecer la situación jurídica que se alega infringida, lo cual constituye el objeto fundamental de este tipo de tutela constitucional; por lo que al no existir la omisión de pronunciamiento objeto de tutela constitucional, se estima que cesó la lesión denunciada por el accionante”.

De igual manera, en sentencia n.° 1133, del 15 de mayo de 2003 (Caso: “Alejandro Luis Luzardo González y otro”), la Sala Constitucional del Tribunal Suprema de Justicia, estableció lo siguiente: “A este respecto, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales contempla en el numeral 1 de su artículo 6 como causal de inadmisibilidad de la acción de amparo el hecho que haya cesado la violación o amenaza de violación de los derechos presuntamente vulnerados por el acto accionado; en efecto dicha disposición normativa establece: (Omissis) Con base en el citado artículo, es evidente que en el presente caso al dictarse la decisión, cesó la presunta lesión y operó la causal de inadmisibilidad a que se hizo referencia.  En consecuencia, la presente acción de amparo resulta manifiestamente inadmisible de conformidad con el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se declara”.

Esta Sala, siguiendo el criterio citado ut supra, considera que, con la decisión emitida por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niño, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, el 30 de septiembre de 2019, cesaron las causas de la presente acción de amparo constitucional, de cara a la omisión de pronunciamiento atribuida a dicho órgano jurisdiccional, con respecto al recurso de apelación interpuesto contra el fallo proferido el 16 de agosto de 2019, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; debido a ello, se declara sin lugar el presente recurso de apelación y así se establece.

Ahora bien, esta Sala observa con preocupación que el mencionado Juzgado, señaló en la sentencia apelada, como fundamentación legal para declarar inadmisible la acción de amparo, que el accionante disponía de medios ordinarios frente a la omisión de pronunciamiento del tribunal de primera instancia; pues esa motivación, resultó errada; y en ese sentido, esta Sala estima oportuno señalar que en reiteradas sentencias ha establecido que, ante la omisión de pronunciamiento, no existe medio de impugnación alguno distinto del amparo constitucional (Ver entre otras, la sentencia n.° 1967, del 16 de octubre de 2001 (caso: “Lubricantes Castillito, C.A.”) y la n.° 572 del 11 de julio de 2016 (caso: “Emil Kizer”). 

En consecuencia, esta Sala Constitucional le advierte al mencionado Juzgado Superior, que en futuras oportunidades, cuando conozca de acciones de amparo, donde se impute al órgano jurisdiccional una omisión de pronunciamiento, fundamente sus decisiones de acuerdo a la jurisprudencia de esta Sala Constitucional, a los fines de evitar incurrir en las circunstancias antes descritas. Así se declara.

En razón de lo expuesto, esta Sala declara inadmisible sobrevenidamente la presente acción de amparo; conforme a lo previsto en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al haber cesado las causas que motivaran su interposición. Así se decide.

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/332649-0139-20224-2024-19-0540.HTML

SALA CONSTITUCIONAL SENTENCIA N°136 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2024.

(…)

Esta Sala debe pronunciarse sobre la tempestividad del recurso de apelación interpuesto y, al respecto, se observa de las actas que reposan en el expediente, que la defensa privada de la parte accionante, ejerció el recurso de apelación, mediante escrito interpuesto el 21 de septiembre de 2020 -folio 148 de la pieza única-, contra la sentencia dictada el 7 de septiembre de 2020, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Estado La Guaira, que declaró improcedente in limine litis  la acción de amparo interpuesta por el mismo profesional del derecho, contra el Tribunal Primero de Primera Instancia en   Funciones   de   Control,   Audiencia  y Medidas con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de esta Circunscripción Judicial.

Ahora bien, el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece expresamente que el lapso para interponer el recurso de apelación una vez dictada la sentencia en sede constitucional es de tres (3) días, entendiéndose después de publicado o notificado según el caso, al señalar lo siguiente:

“Artículo 35: Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días”.

El artículo transcrito, fue interpretado por esta Sala en la sentencia n.° 501 del 31 de mayo de 2000, (caso: “Seguros Los Andes, C.A.”), en la que señaló:

“(…) [E]n relación con los lapsos para interponer el recurso de apelación en  amparo, esta Sala Constitucional considera que admitir que el lapso  de apelación previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo  sobre Derechos y Garantías Constitucionales debe computarse por días continuos, incluyendo sábados, domingos y feriados, sería atentatorio contra el derecho a la defensa, principio cardinal del sistema procesal, pues el ejercicio del recurso de apelación se vería limitado de hecho, incluso cercenado, bien por la llegada del fin de semana, o alguna fiesta patria.     

…omissis…

Bajo este orden de ideas, considera esta Sala que el lapso de tres (3) días para interponer el recurso de apelación en amparo, previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe ser computado por días calendarios consecutivos, excepto los sábados, los domingos, el jueves y el viernes santos, los declarados días  de fiesta  por la Ley de Fiestas Nacionales y los declarados no laborables por otras leyes, y así se declara, reiterando con carácter vinculante lo ya expresado en el fallo del 1º de febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía)”. (Resaltado de este fallo).

Siendo así, de la revisión del expediente se observa que el 7 de septiembre de 2020, la Corte de Apelaciones con Competencia En Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Estado La Guaira, dictó sentencia que declaró improcedente in limine litis  la acción de amparo interpuesta por el mismo profesional del derecho, contra el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia  y Medidas con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de esta Circunscripción Judicial, siendo que el 11 de septiembre de 2020, se dan por notificadas las partes ( tanto la defensa como el Ministerio Público) y el 21 de septiembre de 2020, se produce la interposición del recurso que dio origen a este fallo.

Se verifica entonces que, desde la fecha que se dan por notificadas las partes (tanto la defensa como el Ministerio Público)– viernes 11 de septiembre 2020, y la fecha en que se interpuso el recurso de apelación -lunes 21 de septiembre de 2020- transcurrieron cinco (5) días, a saber: lunes (14-09-20), martes (15-09-20), miércoles (16-09-20), jueves (17-09-20) y viernes (18-09-20), siendo el lunes (21-09-20), fecha en la que ejerció el mencionado recurso, ya había culminado el lapso para la interposición del recurso de apelación.

Debe esta Sala reiterar que, de conformidad con la interpretación que se le ha dado al texto del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en la sentencia número 3027 del 14 de octubre de 2005, (caso: César Armando Caldera Oropeza), se dispuso que, el tribunal de primera instancia constitucional, deberá, aun cuando el recurso de apelación sea manifiestamente intempestivo, remitir las actuaciones respectivas junto al aludido recurso, al juzgado de alzada, a los efectos de que sea este último, el que se pronuncie sobre la tempestividad o no del mismo y, por ende, sobre su admisibilidad.

En consecuencia, al haber vencido el lapso de apelación previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el recurso de apelación ejercido por los defensores privados de la parte accionante, el 21 de septiembre de 2020, resulta intempestivo, por tardío, siendo forzoso para esta Sala declarar dicho recurso INADMISIBLE por extemporáneo. Así se establece.

Visto lo señalado anteriormente, dado que el accionante ejerció el recurso de apelación de manera extemporánea, se declara firme la sentencia dictada el 7 de septiembre de 2020, por la Corte de Apelaciones con Competencia En Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Estado La Guaira. Así se decide.

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/332645-0136-20224-2024-20-0369.HTML

SALA CONSTITUCIONAL SENTENCIA N°130 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2024.

(…)

La norma adjetiva de derecho común contenida en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil -aplicable supletoriamente conforme lo establece el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia- regula todo lo relativo a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a su sentencia. En ella se dispone que, después de pronunciada la sentencia -sea definitiva o interlocutoria sujeta a apelación-, el Tribunal que la emitió no podrá revocarla ni reformarla; sin embargo, a solicitud de parte, podrá aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, siempre que dichas aclaraciones y ampliaciones sean solicitadas por alguna de las partes el día de la publicación o en el siguiente (Vid. sentencias n.° 1599/2000 del 20 de diciembre, caso: “Asociación Cooperativa Mixta La Salvación, R. L.” y la n.° 324/2001 del 9 de marzo, caso: “Luis Morales Bance”).

De esta manera, el instituto de la aclaratoria o ampliación del fallo persigue principalmente la determinación precisa del alcance del dispositivo contenido en dicho fallo, orientada a su correcta ejecución, por lo que la ampliación y la aclaratoria que pronuncie el juez no puede modificar la decisión de fondo emitida, ni puede implicar un nuevo examen de los planteamientos de una u otra parte.

Por otra parte, respecto de la oportunidad en la cual debe solicitarse la aclaratoria de una sentencia, la norma comentada establece que la misma es procedente siempre que sea solicitada en el día de la publicación del fallo o en el siguiente.

En tal sentido, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil hace referencia a que la solicitud de aclaratoria o ampliación debe efectuarse el día de la publicación del fallo o al día siguiente, a tal efecto se observa que, en el presente caso la sentencia objeto de aclaratoria fue dictada el 03 de marzo de 2023, seguidamente el Secretario de esta Sala Constitucional dejó constancia que el 17 de marzo de 2023 efectuó comunicación vía telefónica con el abogado Antonio Callaos Farra, apoderado judicial de la solicitante de la presente aclaratoria, y le impuso el contenido de la sentencia N° 0069  de fecha 03 de marzo de 2023, posteriormente el mencionado apoderado consignó su escrito de aclaratoria el 27 de marzo de 2023, en razón de lo cual resulta evidente que la solicitud se presentó fuera del lapso legalmente establecido posterior a su notificación y, por tanto, de forma extemporánea, razón por la cual resulta inadmisible. Así se declara.

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/332639-0130-20224-2024-21-0255.HTML

SALA CONSTITUCIONAL SENTENCIA N°116 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.

(…)

Precisado lo anterior, debe esta Sala constatar la tempestividad de la apelación interpuesta, a cuyo efecto observa que la apelación ejercida por el abogado Simón José Arrieta Quintero, actuando como defensor privado de los accionantes fue realizada el 10 de febrero de 2022, contra la decisión dictada el 8 de febrero de 2022, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo. Así las cosas, siguiendo el criterio fijado en sentencia n.° 501 del 31 de mayo de 2000 (caso: “Seguros Los Andes”) y de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, transcurrieron dos (2) días calendario consecutivos para la oportunidad en que se interpuso el recurso de apelación; por lo que se estima que tal recurso fue propuesto tempestivamente. Así se declara.

Asimismo, resulta pertinente señalar que en materia de amparo constitucional no se exige la formalización de la apelación de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en caso de presentarse, la misma debe hacerse dentro del lapso de treinta (30) días, contados a partir del auto que da cuenta del expediente, lo cual ha sido objeto de estudio por esta Sala (Vid. Sentencia n.° 3084 del 14 de octubre de 2005, caso: “Salud Aranda de Tirado”), por tanto siendo que en el presente caso la defensa privada de la parte apelante, consignó ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, escrito de fundamentación de la apelación, en la misma oportunidad en la que ejerció el recurso -10 de febrero de 2022-, resulta igualmente tempestiva la fundamentación de la apelación, y así se declara.

Determinado lo anterior, conoce la Sala de la apelación ejercida contra la decisión de fecha 8 de febrero de 2022, mediante la cual la Corte a quo declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida al considerar “…se observa que la pretensión inicial del mencionado abogado, es interponer Amparo constitucional contra la decisión judicial, cuya naturaleza de este tipo de actividad jurisdiccional es denunciar injuria constitucional y, tomando en consideración el carácter de orden público de este tipo de procedimiento, se revisa dicha petición y se establece que, en el escrito inicial, señalo (sic) el accionante que la presunta violación de derechos constitucionales viene dada en razón del pronunciamiento emitido en la audiencia preliminar de fecha 25 de enero de 2022, en la que se acordó la apertura a juicio oral y público(….) En consecuencia, se precisa que en el presente caso es evidente, que la parte presuntamente agraviada debió agotar la vía ordinaria existente, para controlar la constitucionalidad de la decisión del Juez a quien señala como agraviante, obteniendo la revisión de las mismas y la adecuada respuesta respecto a la denuncia sobre presunta violación de sus derechos, vía ordinaria como lo es en el caso concreto la interposición de un recurso de apelación de auto, de modo que aceptar esta acción, haría innecesarios los remedios procesales que las leyes prevén, por tanto, es  requisito fundamental que en la interposición de  un amparo contra sentencia judicial,, deban verificarse los requisitos ut supra mencionados, para determinar la admisibilidad o no de la acción propuesta…”.

Ahora bien, analizados los argumentos formulados por el accionante y la decisión dictada en primera instancia constitucional por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, esta Sala aprecia que la denuncia fundamental del accionante se circunscribe a impugnar la decisión dictada el 26 de enero de 2022, en la audiencia preliminar, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del estado Trujillo, y en la cual se admitió parcialmente la acusación fiscal, así como los medios de prueba ofrecidos, se acordó el auto de apertura a juicio y se mantuvieron las medidas cautelares sustitutivas de libertad impuestas a los acusados.

Ahora bien, resulta pertinente destacar que esta Sala ha expresado de forma reiterada que “si bien toda persona tiene derecho al ejercicio de la acción de amparo en defensa de sus derechos fundamentales, en no pocas ocasiones se ha distorsionado la finalidad de este medio de tutela contra decisiones judiciales, pretendiendo, tendenciosa y subrepticiamente, que sirva de correctivo ilimitado frente a situaciones procesales desventajosas, obviando que el restablecimiento de los derechos infringidos comienza por la utilización de los remedios procesales ordinarios y extraordinarios (la apelación, el recurso de hecho, la oposición en el proceso cautelar y su articulación probatoria, e incluso, los recursos de casación e invalidación)” (Vid. Sentencia N° 2581 del 11 de diciembre de 2001, caso: “Robinson Martínez Guillén”). 

Ahora bien, como se indicó precedentemente, la acción de amparo constitucional fue ejercida contra la decisión de fecha 25 de enero de 2022, dictada en la audiencia preliminar, en la cual se admitió parcialmente la acusación fiscal, por lo que respecto a estos alegatos debe atenderse que el Código Orgánico Procesal Penal, en sus artículos 313 y 314, establece:

“Artículo 313: Finalizada la audiencia el Juez o Jueza resolverá, en presencia de las partes, sobre las cuestiones siguientes, según corresponda:

(…)

1. 2. Admitir, total o parcialmente, la acusación del Ministerio Público o de él o la querellante y ordenar la apertura a juicio, pudiendo el Juez o Jueza atribuirle a los hechos una calificación jurídica provisional distinta a la de la acusación Fiscal o de la víctima.

(…)”.

“Artículo 314: La decisión por la cual el Juez o Jueza admite la acusación se dictará ante las partes.  El auto de apertura a juicio deberá contener:

(…)

Este auto será inapelable, salvo que la apelación se refiera sobre una prueba inadmitida o una prueba ilegal admitida”

Al respecto, esta Sala Constitucional en sentencia N° 1346 del 13 de agosto de 2008, caso: “Libia Margarita Ramírez Uzcátegui y otros”, reiterando el criterio expuesto en jurisprudencia vinculante N° 1303 del 20 de junio de 2005, caso: “Andrés Eloy Dielingen Lozada”, expuso que:

”(…) Así, de la lectura de la última frase del artículo 331 [hoy artículo 314  Código Orgánico Procesal Penal] del Código Orgánico Procesal Penal, la cual reza ‘Este auto será inapelable’, puede evidenciarse que el legislador no consagró el recurso de apelación contra la decisión por la cual el juez admite la acusación fiscal, por lo que las demás providencias que dicte el Juez en el auto que contiene la admisión de la acusación, forma parte de la materia propia de la apertura a juicio y en consecuencia no pueden ser impugnadas por la vía de la apelación, dado que se trata de una sola decisión que fue excluida expresamente del ejercicio de este recurso.

[…]

Entonces, partiendo de que el auto de apertura a juicio es inapelable, debe afirmarse que el acusado no podrá impugnar ninguno de los pronunciamientos que establece el numeral 2 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal […]; pudiendo apelar de las demás decisiones que el señalado artículo 330 le permite dictar al Juez de Control al finalizar la audiencia preliminar, claro está, siempre que constituyan decisiones susceptibles de ser encuadradas en el catálogo que establece el artículo 447 eiusdem” (Subrayado del fallo). 

De acuerdo a la norma y al criterio jurisprudencial transcrito, se advierte que la admisión de la acusación y la calificación jurídica, es uno de los pronunciamientos considerados inimpugnables, visto que la admisión de la acusación fiscal por parte del Tribunal de Control, que implica la admisión de la calificación jurídica dada a los hechos por el Ministerio Público o atribuirle a los hechos una calificación jurídica provisional distinta, forma parte del auto de apertura a juicio, y siendo que este pronunciamiento es de los previstos en los artículos 313.2 y 314 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual es señalado como inapelable por sentencia vinculante y la norma antes indicada, esta Sala considera que la Corte de Apelaciones a quo erró al incluir esta pretensión de la accionante en la inadmisibilidad declarada de conformidad con el numeral 5, del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al considerar que constituía uno de los actos que podían recurrirse en apelación (cfr. sentencia de esta Sala N° 861/2016). 

Con fundamento a lo precedentemente expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Simón José Arrieta Quintero, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos Carlos Eduardo Rojas y Raymond Francisco Ramírez Blanco contra la decisión dictada en fecha 8 de febrero de 2022, mediante la cual la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo declaró inadmisible la acción de amparo constitucional, de conformidad con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, interpuesta contra la decisión dictada en la audiencia preliminar el 25 de enero de 2022, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial del estado Trujillo. En consecuencia, se revoca el referido fallo únicamente en lo que respecta a la inadmisibilidad de la acción de amparo decretada sobre la decisión dictada en la audiencia preliminar en fecha 25 de enero de 2022, mediante la cual se admitió parcialmente la acusación, toda vez, que sobre el resto de las decisiones proferidas en la referida sentencia, esto es, las relativas a la admisión de los medios probatorios ofrecidos, el mantenimiento de las medidas cautelares sustitutivas a la privativa de de libertad impuestas, opera la inadmisibilidad prevista en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, todo en el marco del proceso penal que se les sigue a los acusados de autos. Así se declara. 

En virtud de lo anterior, se ordena a la Corte de Apelaciones del Estado Trujillo, pronunciarse sobre las demás causales de inadmisibilidad de la presente acción de amparo y de ser el caso admitir y tramitar la misma. Así se decide. 

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/332625-0116-19224-2024-22-0201.HTML

SALA CONSTITUCIONAL SENTENCIA N°110 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.

(…)

Establecido lo anterior, observa esta Sala Constitucional que en el escrito contentivo de la solicitud de revisión constitucional interpuesta, el solicitante peticionó una medida cautelar de suspensión de los efectos de la sentencia cuya revisión se requirió, aduciendo que el fallo sobre el cual versa la presente decisión, de ejecutarse, produciría una afectación a sus derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Igualmente, solicitó una medida de prohibición de enajenar y gravar y una medida de no innovar sobre el inmueble en litigio en el juicio primigenio.  

Por tanto, esta Sala Constitucional siendo que en anteriores oportunidades ha decretado medidas cautelares en el marco de solicitudes de revisión (Cfr. Sentencias de la Sala Constitucional Números. 2275/2001, 2197/2004, 428/2005, 183/2007), a fin de garantizar que la presente revisión no se vea afectada en caso de que la sentencia impugnada sea ejecutada y además evitar un mayor perjuicio en la esfera jurídica del solicitante de la revisión, a petición de parte y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, se ACUERDA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS de la sentencia dictada, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 19 de julio de 2017, que declaró: 1) Sin Lugar el recurso de apelación, contra la sentencia del 08 de agosto de 2.014 dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa Circunscripción Judicial y 2) Con Lugar la demanda de partición de la comunidad hereditaria incoada por la ciudadana Ariana María Cardozo López, en contra de los ciudadanos Gladys Guerrero Porras, Rodrigo Guerrero Porras y Adriana Isabel Guerrero de Pernía, hasta tanto sea decidido el mérito de la presente solicitud de revisión. 

Asimismo, esta Sala Constitucional considera necesario destacar que las medidas cautelares, en general, tienden a prevenir algún riesgo o daño que una determinada situación pueda causar. En este sentido, para que las medidas cautelares sean decretadas por el órgano jurisdiccional, debe verificarse, en forma concurrente, que la medida sea necesaria porque resulte presumible, que la pretensión procesal principal sea favorable (fumus boni iuris); y que, además, tenga por finalidad, evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para impedir que el fallo quede ilusorio (periculum in mora). En el caso de las medidas innominadas, que exista el temor fundado de que una de las partes pudiera causarle lesiones graves o de difícil reparación, al derecho de la otra (periculum in damni).

Con referencia al primero de los requisitos fumus boni iuris, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela, no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces, como un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez, analizar los recaudos o elementos presentados junto con el escrito de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.

En cuanto al segundo de los requisitos mencionados (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino, a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si este existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo, tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.

En este sentido y siendo que es criterio de la doctrina y jurisprudencia patria, que el poder cautelar debe ejercerse de manera proporcional y con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello, la providencia cautelar, solo se concede, cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama, esta Sala Constitucional luego de verificar que se encuentran acreditados suficientemente tales elementos decreta también las siguientes medidas cautelares:

1. MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR y MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR sobre el inmueble constituido por un lote de terreno ubicado en la esquina de la carrera 23 con calle 9, Barrio Obrero, y cuyos linderos y medidas son: NORTE: con la calle 9, en una extensión de quince (15mts) metros; SUR: con propiedad que es o fue de José M. Mejías, en una extensión de quince(15mts); ESTE; Con la carrera 23, en una extensión de treinta y cinco (35mts) metros y; OESTE: con propiedad que es o fue de Pedro Apolinar Medina Zambrano en una extensión de treinta y cinco (35) metros; para una superficie total de quinientos veinticinco metros cuadrados (525 mts.2), protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito San Cristóbal del Estado Táchira el 27 de diciembre de 1974, inserto bajo el N° 121, folios 192, tomo 05, Protocolo 1°, correspondiente al 4º trimestre de 1974. En consecuencia, se prohíbe cualquier asiento registral relacionado a dicho expediente en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público de los Municipios San Cristóbal y Torbes del Estado Táchira, adscrito al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), hasta tanto sea decidido el mérito de la presente solicitud de revisión. Así se decide.
2. MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre la bienhechuría construida en el terreno arriba descrito, constituida por una casa habitación de 460 metros cuadrados (460mts2) y cuyo título supletorio se encuentra protocolizado por ante la  Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito San Cristóbal del Estado Táchira en fecha 12 de mayo de 1982, inserto bajo el N° 48, folios 121 al 126, tomo 02, Protocolo 1 correspondiente al 2º trimestre de 1982. En consecuencia, se prohíbe cualquier asiento registral relacionado a dicho expediente en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público de los Municipios San Cristóbal y Torbes del Estado Táchira, adscrito al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), hasta tanto sea decidido el mérito de la presente solicitud de revisión. Así se decide.

Asimismo, en vista de que el solicitante en revisión alega que el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, obvió por completo los vicios ocurridos en la citación del solicitante y la subversión del proceso por parte del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, al no librarse los respectivos carteles de citación antes del nombramiento del defensor ad litem, así como el incumplimiento de este de sus deberes inherentes a su cargo a lo largo del proceso, violentando con ello su derecho constitucional a la defensa y al debido proceso, esta Sala Constitucional a los fines de pronunciarse sobre la presente revisión constitucional, considera pertinente hacer uso de la potestad que le es dada al juez constitucional, previo a la emisión del fallo correspondiente, de requerir la información que sea necesaria o solicitarla de oficio cuando lo estime pertinente para la resolución del caso sometido a su conocimiento (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional Nº 698/09, caso: Álvaro Luis Escalona y otro), por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ORDENA a la Secretaría de esta Sala Constitucional que oficie al  Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, (dado que es este el Tribunal quien tiene actualmente posesión de la causa), para que dentro del lapso de cinco (5) días contados a partir de su notificación, más nueve (9) días correspondientes al término de la distancia, remita a esta Sala Constitucional  la totalidad del expediente signado con el alfanumérico N° 18.953 (Nomenclatura de ese Tribunal) contentivo del  juicio de partición de comunidad hereditaria, intentado por la ciudadana Ariana María Cardozo López, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.791.177, en contra de los ciudadanos Gladys Guerrero Porras, Rodrigo Guerrero Porras y Adriana Isabel Guerrero de Pernía, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-2.547.843 y V-2.805.077 y V-6.023.679.

Asimismo, se advierte al Juzgado antes mencionado, que el incumplimiento de la orden impartida por esta Sala acarreará la sanción prevista en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Para el cumplimiento más expedito de la presente decisión, se ordena a la Secretaría de la Sala que practique la notificación de la presente sentencia en forma telefónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/332619-0110-19224-2024-24-0068.HTML