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La Dogmática no se crea con el Derecho Penal sino con el Derecho Civil, con maestros tales como: PUFENDORF y SAVIGNY. Posteriormente al haberse creado la Dogmática tuvo esta más acogida dentro del Derecho Penal, que en los demás saberes jurídicos.
Dentro de la Dogmática podemos encontrar definiciones de Derecho Penal tales como: el Derecho Penal es una violencia institucionalizada, el Derecho Penal según palabras del profesor ROXIN es una amarga necesidad. El Derecho Penal más que una técnica  es una ciencia para el saber de la verdad, en el derecho una verdad provisional esta determinada a el consenso, como el derecho como ciencia que esta apartada de la politiquería más no de la política.
El Derecho Penal es la garantía más grande que puede haber para que se respete el libre desarrollo de la personalidad; si recordamos, en la edad media no había libertad y había privilegios para algunos, por lo que el poder venía de Dios; al separarse la religión y el Estado (ahora un “Estado laico”) y no un Estado confesional. Ahora el Estado surge de una necesidad, con el Estado moderno que se fundamenta en la libertad y que el hombre pueda decidir de sus actuaciones, se da el concepto de dignidad humana que según palabras de GÓMEZ PAVAJEAU:
“Es la capacidad que tiene el ser humano, como ser racional para orientarse por los sentidos, por el valor y por la verdad; sentido que quiere significar que me encuentro en estado de peligro; valor que debe ser orientado por la ética  para poder decidir entre lo bueno y lo malo; y la verdad que se debe actuar conforme a la realidad”.

Un ejemplo claro es cuando el Estado da opción a las mujeres de decidir sobre el caso del aborto (Sin tocar el delito profundamente), supongamos que hay tres casos por la cual una mujer podría abortar:

1) Cuando el feto se encuentre en un estado de malformación,

2) cuando esta en peligro la vida o salud de la madre y

3) por acceso carnal violento o incesto.

Bajo estas circunstancias se tiene en cuenta a modo de ejemplo estas  tres opciones en que la mujeres hipotéticamente podrán decidir cuando se encuentren en uno de estos tres casos; por lo que se dijo anteriormente desde el Estado moderno se consagra esta libertad para decidir que es lo conveniente o no para la mujer, si aborta o no. Si la mujer decide que la vida es lo más valioso que hay, ella más que solo ella decidirá en ello, si decide la mujer en dar a luz, el Estado seguido de la sociedad debe “presentarle” al niño que esta por nacer una vida adecuada mínima encajada en su entorno social, cultural ético, físico, emocional etc…

Siguiendo con el tema en la Edad Media el concepto de Derecho Penal no ha cambiado mucho con relación de ahora, el Derecho Penal protege los derechos fundamentales del individuo, de la sociedad y del procesado; el Derecho Penal más que una técnica del cual se funda la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y la punibilidad es más que eso, por lo que se proyecta ir más allá del derecho constitucional, en una igualdad formal y material, por eso se dice que el Derecho Penal es una ciencia humanística. La Dogmática debe tenerse como aquello que organiza los presupuestos del Derecho Penal compatible con la constitución y el estado social de derecho:

“El Derecho penal debe estar preñado por la ciencia”

La categoría dogmática son instrumentos para la responsabilidad penal, una cosa son los principios y otras la categorías dogmáticas, estas últimas nacen aproximadamente en el año de 1876, del cual se separa la antijuridicidad y la culpabilidad, por lo que en 1906 se da la llamada tipicidad.

En 1789 en plena Revolución Francesa nace del Estado moderno, nace los principios del Derecho Penal Liberal con los cuales se trabajo en 1786 con CARRARA con conceptos liberales, por lo que se dio la critica de que no lo hacía a partir de caracteres dogmáticos y ni en favor o en torno a la ley, criticas que iban a ser superadas a partir de los esquemas Alemanes. Para concluir, esta nota podríamos decir que con el concepto de la Dogmática penal, se dice que hay una formación jurídica, con el que se captan los principios de esta; surge cuando el juez queda sin instrumentos para la aplicación de la ley, y cuando hay lagunas es con la dogmática que se deben rellenar.

La dogmática penal en síntesis: “es un plus que se considera estar arriba, e incluso mucho más allá de la ley , por lo que la dogmática es ciencia del derecho”.

Para CLAUS ROXIN cuando implementa sus ideas en Múnich; y se auto-pregunta: ¿Hacia dónde va orientado el derecho penal ¿Para qué sirve? y ¿Qué función cumple el Derecho Penal?. El Derecho Penal había perdido su autodefinición, tampoco se sabía para qué servía la pena y el por qué servía la pena; aún menos se concebía de la orientación de esta, o que destino y finalidad cumplía la política criminal.

Es por eso que el ROXIN toma sus criterios desde una perspectiva valorativista, neokantiana y de un sistema abierto, trata de modificar las estructuras del delito (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) retomando cada estructura para que vaya orientada hacia los nuevos desafíos del Derecho Penal; hacia una política de Estado coherente a las necesidades del presente.

Por cierto ese Estado que mencionaba ROXIN debe ser un Estado de derecho, basado en principios constitucionales (de allí su limitación). De aquí surge la idea del FUNCIONALISMO MODERADO, en que toda estructura del delito debe ir encaminado hacia un propósito, en el que no puede separarse de la política criminal, del Estado con la Constitución y el bloque de constitucionalidad que ella integra y en tal caso ningún principio debería ir en contra de esta.

Surge posteriormente el concepto del bien jurídico tutelado concepto ligado a la política criminal y a la Constitución, que como hemos dicho, ese bien jurídico tutelado ROXIN lo asemeja a los derechos fundamentales creados sobre la base de las mayorías de las estructuras jurídicas penales del continente latinoamericano.

Otra de las ideas preconizadas por ROXIN es el concepto de la imputación objetiva, que originó una gran discusión en torno a los conceptos de causalidad e imputación en el Derecho Penal. La estructura planteada por ROXIN complementa de cierta forma el tipo objetivo; otra idea que organiza este y que de cierta medida también será idea de JAKOBS es el binomio culpabilidad-prevención.

La culpabilidad como máxima exigencia del estado ciudadano que solo se puede desarrollar como se dijo anteriormente desde la óptica política criminal basada en la función preventiva de la pena. 

De este modo la responsabilidad o culpabilidad lleva consigo la necesidad preventiva de la pena general y especial, que es indispensable para imponer la pena no como fundamento sino como límite de ahí el FUNCIONALISMO LIMITADOR, que se puede dar la no exigibilidad de otra conducta (excluya); ahora, lo importante no es actuar de otro modo, sino la necesidad preventiva de pena que es lo más importante en el esquema de ROXIN,  que es necesario imponerse al procesado. Así que responsabilidad (necesidad de pena) y culpabilidad debe ser tomado en sentido material y no solamente la culpabilidad que se deduce de la Ley.

 En suma, se es RESPONSABLE, si y solo si:

Hay INJUSTO y CULPABILIDAD (entendida esta como auto control, donde tenía una conducta alternativa conforme a derecho y no lo hizo) y si por razones preventivas de pena se toma evitable el castigo, que es llamada necesidad de pena.

El esquema funcionalista del delito en ROXIN sería:

(R = [IJ (ac + t) + AJ + C + NP])

 (R) RESPONSABILIDAD = (IJ) INJUSTO ( acción y tipo) + mientras que no se demuestre la causal de justificación es (AJ) ANTIJURÍDICO, (tomándolo dentro del concepto de injusto, pero teniendo en cuenta también, que esta no hace parte de la estructura del delito, pero sí de todo el ordenamiento jurídico) + (C) CULPABILIDAD + (NP) NECESIDAD DE PENA.

Así para ROXIN la acción es entendida como psíquico-espiritual, como centro anímico espiritual de la acción; en sencillas palabras se habla de una manifestación de la personalidad.

Como se ha dicho ut supra, lo principal de este esquema es que debe estar relacionado a pautas políticos criminales; así la tipicidad recoge la acción, también la imputación objetiva dentro del tipo, como la antijuridicidad (tipo total) y se habla además de necesidad de pena, así sólo las acciones pueden ser típicas, complementandose; sin restar con el principio de la culpabilidad. De esta manera coincide el injusto con el tipo y los efectos de punibilidad orientados con la prevención general positiva y preventiva especial, que es la función del Derecho Penal.

Cuando se habla de INJUSTO no se habla de antijuridicidad propiamente dicho, aunque se integre en tipo sistemático o total de la teoría del delito de ROXIN, porque bien este último se predica de todo el ordenamiento jurídico y no del Derecho Penal, así el INJUSTO (contiene acción y tipo), solo de acciones típicas pueden ser injusto penal, desde aquí se mira las permisiones y las prohibiciones.

Lo importante de resaltar el injusto desde la política criminal es porque soluciona colisiones de los intervinientes, sirve de enlace de las medidas de seguridad y otras consecuencias jurídicas; entrelaza el Derecho Penal con todo el ordenamiento jurídico e integra las valoraciones decisivas lo que permite recoger todas la causales de justificación del ordenamiento jurídico.

Tema: Recurso de Revisión
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Comunidad Conyugal. Litisconsorcio Necesario.

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La relación entre la dogmática jurídico-penal y la política está opacada porque es demasiado estrecha, dado que un discurso jurídico-penal bien estructurado no es otra cosa que un programa político elaborado con precisión pocas veces insta. El poder judicial es un poder (hace parte) del gobierno. Cada decisión judicial (y no sólo de materia constitucional) es un acto de gobierno de características particulares, pero que no por ello desdibujan su naturaleza. Un discurso jurídico-penal es una elaboración intelectual que se le ofrece al poder judicial como proyecto de jurisprudencia coherente y no contradictoria, adecuado a las leyes vigentes (a las constitucionales e internacionales en primer lugar).

Es en sí mismo una propuesta o programa político. Se opaca la naturaleza política de los discursos jurídico-penales:

  1. ante todo, porque estamos demasiado inmersos en la elaboración de las consecuencias de las opciones políticas básicas en que se asientan (los árboles nos dificultan la visión del bosque), pero también;
  2. Porque no suelen ofrecerse directamente a los jueces, pues -ante todo- son un producto académico destinado al entrenamiento de los juristas, por lo cual, a veces sólo mediatamente y al cabo de una generación penetran la jurisprudencia, lo que casi nunca logran de modo completo, pues en la jurisprudencia sobreviven discursos anteriores. Puede decirse que llegó a ser dominante en la jurisprudencia alemana el discurso del neokantismo, pero el finalismo no alcanzó esa vigencia y hoy domina un pragmatismo clasificador, sin que tengan mayor incidencia las construcciones sistémicas. En Latinoamérica existe una permeabilidad más ágil, debido a la frecuencia del doble rol judicial y académico. Por último, los discursos jurídico-penales
  3. Son textos escritos que configuran una literatura especializada, que como toda literatura, se dirige a un público al que trata de complacer, pero que en este caso se compone fundamentalmente de académicos, entre los cuales domina la preferencia por los aspectos técnicos. En la literatura general constituye un vicio escribir para los críticos, pero en la jurídico-penal está impuesto por la naturaleza de las cosas.

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La desvinculación entre el discurso jurídico-penal y la política pone en serio peligro a la dogmática jurídico penal como método, con consecuencias imprevisibles y siempre negativas:

a) Como el discurso teórico no toma en cuenta sus efectos sociales reales (y pueden construirse tantos discursos como sociedades, legisladores e intérpretes se alucinen), el método jurídico, en lugar de hacer previsibles las decisiones judiciales, proporciona un inagotable caudal de desconcertantes posibilidades y permite la racionalización de cualquier decisión, mediante el uso antojadizo de discursos diferentes, abriendo el camino a la arbitrariedad judicial.

b) La discusión jurídico-penal por momentos parece caer en autismo. Cuando se simplifica y se vacía de sentido político la discusión teórica, pareciera que los principales debates de la dogmática jurídico-penal del siglo XX se limitaron a discutir en los primeros años si las culpabilidades una relación psicológica o un juicio de reproche a mediados del siglo, si el dolo está en el tipo, en la culpabilidad o en ambos lugares; y a fines de éste si el criterio de imputación objetiva debe ser el aumento del riesgo o la defraudación de roles. El simplismo de este reduccionismo se halla muy cerca del ridículo que, como es sabido, es el medio más insidioso para desacreditar el saber jurídico, o sea, la inmensa tarea de elaboración dogmática llevada a cabo en los últimos cien años y quede ningún modo puede desperdiciar quien pretenda reducir racionalmente el ejercicio del poder punitivo.

c) La verificación de lo anterior debilita la vigencia del propio método, con el riesgo de que se apele a su desprecio y consiguiente caída en cualquier irracionalidad (puro discurso político sin mediación técnica; lo que llamaremos alienación técnica del discurso).

d) En cualquier momento es peligroso el naufragio del método jurídico-penal, pero mucho más cuando es notorio que la Kielerschule fue sólo un episodio anecdótico en el curso de un simplismo penal vólkisch permanente, que sólo espera las oportunidades que le ofrece el debilitamiento de la racionalidad contentora del Estado de derecho, harto frecuente en tiempos de globalización.

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Partiendo de la asignación arbitraria de cierta función positiva a la pena (siempre preventiva o difusamente retributiva), es corriente afirmar que el legislador distribuye su conminación según opciones político criminales, tutelando bienes jurídicos o reforzando algo (la ética social, el sistema). No obstante, esto se hace:

  1. sin verificar la función preventiva de la pena (sin constatar si en la realidad el poder punitivo produce los efectos que se pretende que el legislador buscó) y
  2. como el legislador histórico es inencontrable (otras veces sus argumentos son insostenibles por el paso del tiempo, por su oportunismo o por sus contradicciones), se apela a un legislador imaginario.

De este modo, con un método deductivo puro, a partir de una ley (un texto escrito) se imagina una voluntad, unos efectos y un sujeto que configuran una política penal (o criminal) que es producto de deducciones e imaginación técnica y que opera en un mundo real que no se pregunta cómo funciona.

Desde este ámbito tan limitado y con elementos no verificados en la realidad social (o que confesamente provienen de un ámbito imaginario) y que omiten todo con texto de poder político, económico, social y marco cultural, es poco menos que imposible vincular la construcción jurídico-penal con la política. Más aún: importa desviar la atención de los verdaderos vínculos entre ambos términos.

La falsa proposición de que la conminación penal tutela (o refuerza o reafirma) algo y que esta función es más fuerte cuanto mayor es la reacción punitiva conminada, es una deducción fundada sobre la premisa no demostrada de que la pena cumple alguna función preventiva en la realidad social. Del debe cumplirla se pasa sin más a afirmar que la cumple y se da esto por no necesitado de ulterior verificación. Toda consecuencia política basada en tan endebles puntos de partida, carecerá de brújula en cuanto a sus reales efectos sociales (más…)