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El estudio de las intervenciones corporales como medio de prueba en el proceso penal tiene diversas posturas; la búsqueda de la verdad y la protección del individuo como central antinomia en el proceso penal, la protección frente a la coacción por parte del Estado y la protección de la esfera privada como problemas que se interfieren entre sí.

            Todo Derecho Procesal Penal legalmente instituido se enfrenta a la necesidad de armonizar, por un lado, el interés en la búsqueda de la verdad y, por otro, el interés del procesado en la salvaguardia de sus derechos individuales.

            En lo que se refiere al concepto de intervención corporal podemos decir:

“Que son aquellas investigaciones que se realizan sobre el cuerpo de las personas, sin necesidad de obtener sin consentimiento, con el fin de descubrir circunstancias o elementos criminalístico de interés que conlleven al convencimiento de la existencia de un hecho  y a la búsqueda de la verdad que pueda producirse en un proceso”

            Se puede decir que la protección del Estado al ámbito privado es el eje primordial de los derechos fundamentales, y bajo la concepción del Estado Social de Derecho, debe ponderar entre los derechos individuales de las personas y ese ejercicio para la búsqueda de realización de la justicia con fin del proceso penal.

            La adopción de las medidas de investigación corporal supone necesariamente la restricción de varios derechos fundamentales (libertad, integridad, intimidad, dignidad, entre otros). Estas restricciones serán legítimas siempre que dichas medidas se practiquen cumpliendo determinados requisitos y procedimientos.

            El Tribunal Constitucional Español en sentencia 207/1996 distingue:

Autoriza una intervención corporal, pero determina como requisitos necesarios para aceptar como conforme a la Constitución cualquier intervención corporal, que evita definir, los siguientes:

Legalidad.

Jurisdiccionalidad.

Motivación de la resolución judicial, que ha de ponderar la necesidad de la medida, como elemental requisito.

Proporcionalidad, desglosada en tres exigencias, como son:

  • El juicio de idoneidad, «si tal medida es susceptible de alcanzar el objetivo propuesto.»
  • El juicio de necesidad, «en el sentido de que no exista otra medida más moderada.»
  • El juicio de proporcionalidad en sentido estricto, no basta con lo anterior también es exigible que el sacrificio del derecho guarde relación con la gravedad del hecho.

            En tal directriz Claus Roxin refirió que “Todo Derecho Procesal Penal legalmente instituido se enfrenta a la necesidad de armonizar, por un lado, el interés en la búsqueda de la verdad y, por otro, el interés del procesado en la salvaguardia de sus derechos individuales”. Cuando Muñoz Conde no explica que “La eterna tensión entre la tarea de investigar y, en su caso, castigar el delito, y la de respetar los derechos fundamentales del acusado, se acentúa cuando no hay, como en el caso de la tortura, una prohibición absoluta, sino una relativa que depende del cumplimiento de determinados requisitos fijados legalmente”.

            Sobre la base de lo enunciado, nace la controversia consistente en dilucidar si el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales tienen carácter absoluto y deben primar sobre el interés del Estado y la sociedad en el persecución y castigo del delito, o si, por el contrario, debe prevalecer este último interés sobre aquéllos.

            Posición bien difícil, porque no investigar un delito genera impunidad, pero el respeto a la dignidad humana es de carácter supraconstitucional, pareciera que mediante una prueba de certeza a través de simples actos de investigación, se pudiera llevar como un órgano de prueba y olvidar que pueden existir elementos con mayor convicción para imputar a un sujeto o simplemente exculparlo; cuando en nuestra legislación no se realiza señalamiento alguno sobre el examen corporal o mental (Externo o Interno). El Dr. Leonardo Pereira establece que en ningún caso un imputado puede ser “Usado” o “Empleado” como un objeto de prueba, ni subordinado a ningún tipo de estudio y exploración.

            Lo importante, es a modo de ver, que para que este examen no sea violatorio de cualquier derecho fundamental es que pueda existir un Consentimiento por parte de la persona a realizarse dichainspección,que en virtud de tal petición debe tener una exposición clara y precisa acerca del por qué se considera que la prueba sea idónea y que pueda esclarecer un hecho objeto de investigación.

            A tenor de lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución de la República, consagra el derecho al respeto a la integridad física, psíquica y moral de las personas, o sea, que nadie puede ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes (numeral 1), como tampoco ser sometido, sin su consentimiento, a experimentos científicos, exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encuentre en peligro su vida o por otras circunstancias que la ley determine (numeral 3). Por su parte, el Código Orgánico Procesal Penal, establece el derecho a la justificada y razonable práctica de exámenes corporales y mentales a los imputados y a terceras personas, (realizados por expertos en la lex arti), previa advertencia de tal derecho y cuidando del respeto al pudor de los examinados, quienes además, pueden hacerse acompañar de una persona de su confianza (artículo 195 del Código Orgánico Procesal Penal). Estos exámenes, por no representar riesgo alguno contra la vida o salud de las personas objeto de tal reconocimiento y, por cuanto los mismos pueden ser de innegable importancia para el esclarecer la existencia o no de hechos que se investiga, podrán ser ordenados por el Ministerio Público en la fase de investigación del proceso, a fin de recabar los elementos que le permitan fundar su acusación.

            La inspección corporal puede ser lícita incondicionalmente, como cualquier otra prueba, siempre que sea lícito el medio empleado. Recordemos que está prohibido el uso de medios que pueden producir alteraciones psíquicas o físicas aunque no sean notablemente peligrosas…” la realización de exámenes mediante intervenciones corporales contra la voluntad, no es susceptible de carácter absoluto, siempre y cuando exista el consentimiento por parte de la persona objeto de estudio, se ve cierta eficacia en cuanto al medio de prueba, si de la se practica con ciertas garantías científicas-legales y que no represente un peligro a la integridad física, puede convertirse en la excepción

            A mi modo de ver y a manera de conclusión, las garantías, por ende, serían los máximos “standards” de realización de estos principios (y la consiguiente limitación del ejercicio de poder arbitrario de las restantes agencias) . Una  posible imposición coactiva de la práctica de la diligencia ha de ser valorada en cada caso con respeto al principio de la interdicción de los tratos inhumanos ó degradantes. El procesado no tiene que colaborar con las autoridades encargadas de la investigación mediante un comportamiento activo; sin embargo además de la investigación descrita sobre su ámbito privado, sí debe soportar injerencias corporales, que pueden contribuir definitivamente al reconocimiento de su culpabilidad.

Por tanto, en la medida en la medida que al procesado se le realiza inspecciones contra su voluntad, claramente se antepone el interés de esclarecer la ocurrencia o no de hechos, al interés del procesado a mantener en secreto su “información corporal” y a excluirla como medio de prueba.

            En síntesis el imputado, a quién se le pretende realizar la inspección corporal, si es de forma coercitiva, estas diligencias de investigación debe ser  debe ser considerada irrita, ilícita e inicua, procesal y jurídicamente inexistente, constitucionalmente inadmisible y sin valor probatorio alguno. Pero si en este proceso en donde el imputado autoriza tal práctica,  preste su consentimiento, y haber sido, efectivamente, objeto de prueba en cuyo acto procesal, su salud no sea afectada de peligro alguno, y  que sea tratado con respeto su condición de ser humano, dicho acto investigación- debe ser considerada válida y lícita, sin que con ello se pretenda equiparar al imputado o acusado como si ciertamente fuera autor de los hechos que le son atribuidos por el Ministerio Público, pues ser imputado es una cosa y ser autor del hecho delictivo en otra cosa; por lo demás, como lo dice acertadamente Binder “no se puede hacer de todo imputado un culpable”. (más…)

La injuria es un delito formal y no material. Existe aún cuando de ella no se siga a la víctima perjuicio alguno en su honor o reputación.

Ejemplo: una persona imputa a otra, en un círculo donde ésta es perfectamente conocida como persona honorable, un vicio o un defecto cualquiera. La imputación no causa perjuicio porque nadie la cree; sin embargo, esto no impide que exista delito de injuria.

La injuria es un delito doloso y las diferentes formas del dolo son aptas para configurar este delito. El dolo consiste en que el agente tenga conciencia de que su conducta (palabra, acto, gesto) es idónea para ofender, no obstante lo cual, igual actúa.

Para que exista injuria, es necesaria la existencia de “animus injuriandi“, es decir, la intención o ánimo de injuriar, de ofender, de deshonrar o desacreditar a la víctima. Basta que exista “animus injuriandi” para que exista injuria, no requiriéndose la intención de causar un daño a la víctima.

Los autores han elaborado una larga lista de “animus” que demuestran la falta de “animus injuriandi”, y por tanto, la inexistencia del delito de injuria. Nos referimos a los más importantes de ellos:

1) Animus jocandi: ánimo o intención de bromear, es el caso típico del que, por diversión, por hacer un chiste, manifiesta algo de otro, pero sin que exista la intención de ofenderlo. Para determinar si existió animus jocandi, se deben tener en cuenta las circunstancias que rodearon al hecho; la existencia de amistad entre el sujeto activo y el pasivo; etc.

2) Animus narrandi: ánimo o intención de contar algo, de narrar. Es, por ejemplo, el caso del historiador que para reconstruir un hecho histórico, se refiere a las personas que han actuado en él, evidenciando los defectos o imperfecciones de los protagonistas. El animus narrandi  “publicar ideas por la prensa”, y por tanto, excluye el “animus injuriandi”. Sin embargo, habría injuria si bajo el pretexto de narrar se tiende directamente a ofender el honor de las personas.

3) Animus defendendi: ánimo o intención de defenderse; excluye toda ilicitud. Las palabras o actos, que en otros casos, podrían significar ofensa al honor o reputación de otra persona, se pronuncian o ejecutan sin otro fin que el de defenderse. Ej.: el acusado de estupro, que, a su vez, acusa a la víctima de deshonesta; el que siendo imputado por un delito, a su vez, señala al verdadero autor. 

4) Animus retorquendi: ánimo o intención de “devolver injuria por injuria”. Quien devuelve injuria por injuria, no tiene en realidad como fin ofender, sino reaccionar contra la ofensa recibida. Estos casos guardan cierta relación con el animus defendendi.

5) Animus consulendi: ánimo o intención de aconsejar, de informar. Ejemplos: el que aconseja a su amigo que no le conviene tener relaciones con Fulano, porque éste tiene mala reputación y eso le va a perjudicar; la agencia de informes que comunica a su cliente la inconducta comercial de una sociedad; etc.

6) Animus corrigendi: ánimo o intención de corregir. El propósito no es ofender, sino plenamente de corregir a otro. Se da generalmente en aquellas personas que tienen un derecho de corrección sobre otras determinadas; tal es el caso del padre sobre el hijo, del maestro sobre el alumno, etc. Ejemplo: el maestro que le dice a su discípulo que es un negligente o un impuntual.

 

Esta teoría, atribuida a Von Buri y a Von Lizst, parte de la idea de que todo resultado es producto de varias condiciones. Así, por ejemplo, para que una planta crezca (resultado), es necesario que se den las condiciones siguientes: buena tierra, semillas, lluvias, y la acción humana de sembrar.

Pero la teoría no llama ‘condición’ a cualquier hecho, sino sólo a aquellos sin los cuales el resultado no se hubiese producido.

Para saber si un hecho es ‘condición’, se lo elimina mentalmente y, si el resultado no se produce, el hecho es ‘condición del resultado’. Así sucede, por ejemplo, con la semilla, con la acción del hombre, etc.: si suprimimos cualquiera de ellas, el crecimiento de la planta (resultado) no se producirá. Como vemos, todas las condiciones son ‘sine qua non’, pues son condiciones ‘sin las cuales’ el resultado ‘no’ se produce.

El hecho de que todas las condiciones sean esenciales para el resultado, y de que todas ellas tengan el mismo valor (equivalentes), hace que la teoría sostenga que, cualquiera de esas condiciones, es ‘causa’ (condición y causa, son considerados sinónimos); y por tanto, para que al hombre pueda imputársele un resultado, basta que él haya hecho o puesto alguna de esas ‘condiciones sine qua non’.

En síntesis: si un resultado se produce por varias ‘condiciones’, basta que el sujeto haya puesto una de ellas, para que se considere que, su acción, es ‘causa’ del resultado, y por tanto, que él es el autor.

La teoría es criticada a raíz de que, por ella, el hombre, sería responsable hasta el infinito, ya que no admite que pueda haber una ‘concausa’ (o sea: alguna condición que pueda hacer desaparecer la relación de causalidad entre la acción del hombre y el resultado). Veamos algunos casos, aplicando la teoría de la ‘equivalencia de condiciones’:

* Si yo hiero levemente a una persona (condición puesta por el agente), la cual es llevada a un hospital; luego el hospital se incendia (concausa) y el herido muere (resultado); mi acción conforme a la teoría , es ‘causa’ del resultado: yo soy autor de la muerte, y no se admite que otra condición (concausa: el incendio) pueda eliminar el nexo causal entre mi acción y el resultado.

* Si ‘A’ hiere a un navegante y luego éste, por las heridas, no puede hacer maniobras y naufraga, ‘A’ es autor del homicidio por inmersión (ejemplo de Von Lizst).

* Un hombre debe viajar en avión el día 10; pero un automóvil lo atropella y, a raíz de eso, viaja el día 15; el avión cae y el viajero perece. Conforme a esta teoría, el autor de la muerte del viajero, sería el conductor del auto (ejemplo de Fontán Balestra).

Con el fin de establecer un límite al alcance de la teoría, algunos autores sostuvieron que la relación causal entre la acción del agente y el resultado, se cortaba si mediaba la intervención dolosa de un tercero. Así, por ejemplo:

* En el primer caso: el agente no sería autor, si el hospital fue dolosamente incendiado por un tercer
* En el segundo caso: no sería autor, si el navío fue saboteado por un tercero;
* en el tercer caso: no sería autor, si el avión cae por una bomba puesta por un tercero.

“[…] el tipo establece el contenido jurídico-penalmente relevante de la acción”. E. BELING, Die Lehre vom Verbrechen, 1906, p. 224.

 “Debe tenerse presente que […] el tipo, aunque sea el elemento fundamental del delito, sólo es uno de ellos y que, a pesar de la identidad de los “tipos”, pueden existir diversas conminaciones penales básicas, o puede suceder que una conminación penal básica sólo quiera tener eficacia cuando psíquicamente la realización del tipo ha tenido lugar de una determinada manera”. E. BELING, Die Lehre vom Verbrechen, 1906, p. 411 (subrayado en el original)

Partiendo de la consideración de que es lógicamente incorrecta la definición usual de delito como acción antijurídica y culpable conminada con pena, y de que la definición correcta desde el punto de vista lógico – delito es la acción antijurídica, culpable y que, además, satisface las condiciones bajo las cuales resulta aplicable la conminación penal– es una definición nominal que no permite saber cuándo puede hablarse de una acción conminada con pena, Beling propone una definición general de delito que enumera los presupuestos cuya concurrencia determina la eficacia de la conminación penal: el delito es la acción típica (ya lo sea directamente o por la vía de una modificación, como forma de aparición), antijurídica, culpable, subsumible en una conminación penal adecuada y que satisface las condiciones de la misma.

En esta definición la acción es el concepto general, y se caracteriza mediante cinco elementos: tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, adecuación a una determinada conminación penal, y concurrencia de las condiciones de la conminación penal. Esta clasificación permite –según Beling– una mejor separación de los presupuestos del delito y libera de impurezas a las categorías de la acción, la antijuricidad y la culpabilidad. En la tipicidad se ubican algunos de los elementos que antes se estudiaban en el seno de aquéllas. Como veremos más adelante, esto debía comportar consecuencias significativas, especialmente para las teorías del concurso y de la participación. De momento es importante señalar los elementos de esta definición del delito que se refieren a la parte externa (objetiva) del hecho y los que se refieren a su parte interna (subjetiva). Al primer grupo pertenecen el movimiento corporal o la inmovilidad (como parte externa de la acción), la tipicidad, la antijuricidad, la adecuación a una conminación penal y las condiciones objetivas de la conminación penal. Al segundo grupo pertenecen la voluntad (como parte interna de la acción) y la culpabilidad, como forma específica de la voluntad35. No obstante, Beling reconoce que, excepcionalmente, la antijuricidad de la conducta puede depender de los fines perseguidos por el sujeto o de otros aspectos de naturaleza psíquica. (más…)

Con relación a la apreciación de la prueba ilícita u obtenida ilícitamente, hay variados argumentos y diversas posturas doctrinales. En nuestra opinión, ningún elemento de convicción, o recaudo probatorio, que haya sido obtenido mediante la infracción o quebrantamiento de derechos o garantías constitucionales, no sólo debe ser inadmitido sino que no puede ser valorado, evidentemente, por su ineficacia jurídica.

Para que el juzgador aprecie una prueba ésta ha debido ser alcanzada en forma lícita y legal. Esto es: sin menoscabo de ningún derecho fundamental del hombre, ora sin violentar ninguna norma o procedimiento establecido en la Ley Adjetiva Penal. Bajo ningún pretexto debe considerarse la posibilidad de valorar una prueba indebida, clandestina, prohibida, o ilícita. Dejaría de tener sentido lógico el principio de la legalidad de la prueba y de la libertad probatoria.

No son pocos los que hablan de impunidad. NO son pocos los que señalan el juzgador- entiéndase acá: Estado- no aprecia las pruebas que se hallan dentro del proceso, sean éstas adquiridas en forma licita o no, la sociedad estará a merced del hampa. Empero, como bien lo sustenta Jorge Arenas Salazar, ” nada alcanzará para justificar, éticamente, una decisión judicial, fundamentada en la prueba criminalmente obtenida”.

En un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, está vedada toda técnica orientada a afectar la resistencia y el impulso de la voluntad del inculpado. E indiscutiblemente, no pueden admitirse el manejo de reglas, medios y dispositivos que violen derechos y garantías constitucionales del incriminado. Por ende, una prueba obtenida mediante infracción de derechos o garantías fundamentales, es nula de toda nulidad absoluta, no causando resultado cierto en el juicio, siendo imposible su referida valoración.

¿Podrá ser valorada una prueba ilícita? Existe una teoría según la cual si es en beneficio del acusado, es aceptable su apreciación. (Más adelante abordaremos con mayor precisión éste punto). José Luis Tamayo Rodríguez, considera que sí, indicando, que cuando entra en conflictos de la legalidad constitucional, se le da valor a la de mayor jerarquía. (Derecho a la Vida-Derecho a la intimidad, por caso).

Toda sentencia debe ser motivada. La Constitución así lo ordena. Fuera de que dicha fundamentación ha de apoyarse en pruebas legitimas, autorizadas, exhibidas e introducidas al juicio en forma legal, permisible y adecuada. (más…)

Siguiendo la óptica de Domingo Alberto Albino y Eliceo José Padrón,  desde el punto de vista extraprocesal, la prueba ilícita es “aquella producida fuera de la esfera o marco el proceso propiamente dicho, en el momento de la obtención de la fuentes de la prueba”, en tanto que, la prueba entre procesal es aquella que se produce al interior del proceso esto es “aquella que se produce al interior del proceso”, esto es, aquella que se relaciona con un suceso procesal, desde su promoción, ofrecimiento, recepción y ejecución de la prueba durante el procedimiento.

Nuestro legislador patrio clasifican las ilicitudes en tres grupos:

  1. A) La consumada en la obtención o formación del medio.
  2. B) La efectuada en la incorporación al proceso del medio.
  3. C) La confeccionada u obtenida cuando se consigue información que proceda directa o indirecta de un medio o procedimiento ilícitos.

Al respecto Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, precisa que la legalidad en la obtención de la prueba, englobado aspectos elementales:

  1. El aspecto formal o directo
  2. 2. El aspecto indirecto o material

El primero comprende las formalidades específicas, ora por el propio Código Orgánico Procesal Penal, ora por leyes especiales, para la obtención de las fuentes o certeza de pruebas. En cuanto al segundo aspecto, el asambleísta exige que la informaciones no hayan sido obtenidas por medio de torturas físicas o psicológicas, violencia, ardid trampas, o por medio de cualesquiera infusiones o droga que menos caben la voluntad del individuo. En relación a este último comentario, en otra ocasión, hemos señalado que si es el imputado o acusado, quién ingresa información, en forma directa, y de forma coercitiva, esa información debe ser considerada irrita, ilícita e inicua, procesal y jurídicamente inexistente, constitucionalmente inadmisible y sin valor probatorio alguno. Empero si es un tercero quien ingresa al proceso de información, verbigracia, un testigo reconocedor -en caso de un reconocimiento del imputado- o un técnico-perito -en caso una extracción de sangre- a pesar de que el imputado no autorice tal práctica, vale apuntar, no preste su consentimiento, y haber sido, efectivamente, objeto de prueba en cuyo acto procesal, su salud no sea afectada de peligro alguno, y se ha tratado con respeto su condición de ser humano, dicha información -acto investigación- debe ser considerada válida y lícita, sin que con ello se pretenda equiparar al imputado o acusado como si ciertamente fuera autor de los hechos que le son atribuidos por el Ministerio Público, pues ser imputado es una cosa y ser autor del hecho delictivo en otra cosa; por lo demás, como lo dice acertadamente Binder “no se puede hacer de todo imputado un culpable”

Por su parte, la procesalista brasileña, Ada Pelegrini Grinover, en torno al momento procesal ha sostenido que “la actividad probatoria se lleva a cabo en cuatro oportunidades, a saber:

  1. La proposición de las pruebas (indicadas por la parte o requerida por el juez)
  2. Admisión (acto por el cual el juez la declara admitidas)
  3. Producción (momento en que se llevan al proceso) y;
  4. Valoración (acto judicial que consiste en atribuirles determinado valor probatorio)”

Por otro lado, Edgar Saavedra Rojas, expresa que la prueba ilícita extraprocesal, originase, “cuando el acto ilícito se produce por fuera del proceso, antes de su iniciación, en la fase preparatoria”, diliencia que generalmente es practicada por los sujetos procesales por un particular, quién es naturalmente están obligado a obedecer el debido proceso en tanto que, la prueba ilícita intraprocesal en la que se obtiene o produce “mediante la utilización de medios probatorios de interrogación como la utilización de la violencia física o moral, del uso de los derivados del pentonal sódico (suero de la verdad), la hipnosis, o cualquier otro medio fisico, psicológico o sustancia química de prohibidad utilización”.

Asimismo, Orlando Alfonso Rodríguez, afirma que “las circunstancias que producen la prueba ilícita es la etapa previa a la actuación jurisdiccional” refiriéndose a la fase extraprocesalmente y coincide con Manuel Miranda Estrampes, quien en su obra El Concepto de Prueba Ilícita su tratamiento del proceso penal, señala que la prueba obtenida por fuera del proceso,”… afecta la labor de investigación de los hechos, es decir, la búsquedad, recogida y obtención de las fuentes de prueba (por ejemplo documentos obtenidos delictivamente e incorporados al proceso”.

Finalmente, asegura el autor español, Orlando Alfonso Rodríguez, que la prueba ilícita intraprocesalmente, no es otra que aquella “irregularidad probatoria presentada en el interior del proceso, cuando el funcionario judicial decreta la práctica de la prueba y en su producción se vulnera un derecho o libertad fundamental, de tal manera que la torna ilícita”, por lo que un juez provo, perpicaz, decoroso, no sometido a ningún otro interés que no sea desempeñar su labor de juzgador apegado fielmente a la Ley y a la Constitución, y no cautivo de directrices  provenidas, ora del poder ejecutivo, ora del poder que hoy ostenta los medio de comunicación social, impresos o audiovisuales, o surgidas de otros mandos que no sea el judicial; el cual, razonablemente, siendo independiente autónomo, se abstendrá de incluir dicha anormalidad como parte del bagaje probatorio, decretado, in limini litis, su inadmisibilidad. (más…)

Es el conjunto de comportamientos de forma reiterada que humillan, intimida y abusa a una persona para disminuir su autoestima. Se puede señalar que el Acoso u Hostigamiento, es una violencia psicológica agravada, pues aún cuando la forma de ejercerlo varían, la finalidad es la misma, alterar la estabilidad emocional y psíquica de la víctima.

El acoso, atenta contra la dignidad e integridad moral de la mujer, conculca los Derechos de persona, que ampara, conlleva a un abuso emocional.

De allí pues, que el Acoso u Hostigamiento abarca una amplia gama de comprotamientos ofensivos, llamese mensaje de textos, llamadas, persecuciones dirigidas a intimidar chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una mujer. Normalmente se entiende como una conducta destinada a perturbar o alterar la estabilidad emocional, laboral, familiar o educativa de la mujer, son actos ejecutados en agravio por su condición de genero, como un acto de discriminación o de acentuar una posición de dominio, supresión o desvalorización de dicha condición.

Según la RAE, Acosar es Persecución con peticiones molestas e insistentes; y Hostigar es molestar a alguien. En el sentido Jurídico, es el comportamiento que se encuentra amenzante o perturbador.

El legislador en el artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su numeral 2° describe el Acoso u Hostigamiento como:

(…)

  1. Acoso u hostigamiento: Es toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una mujer que pueda atentar contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, o que puedan poner en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él…

Esto se encuentra referido a ciertos actos intimidatorios que ponen en peligro la estabilidad emocional, entre otros aspectos, de la víctima, lo relevante del tipo de violencia es la ejecución de actos o expresiones intencionadas a alterar la tranquilidad de la víctima e incluso que pongan en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en el lugar del trabajo o fuera de él, son actos que ocasionan alteración a la tranquilidad de la víctima. Requiere reiteración en el tiempo, al igual que la violencia psicológica. Origina un estado de alerta constante en el la víctima, lo cual la hacen vulnerable a cualquier diagnostico psicológico que afecte su estabilidad eomocional entre otras.

Nuestro Legislador en el artículo 40 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia describe el tipo de Acoso U Hostigamiento de la siguiente forma:

“La persona que mediante comportamientos, expresiones verbales o escritas, o mensajes electrónicos ejecute actos de intimidación, chantaje, acoso u hostigamiento que atenten contra la estabilidad emocional, laboral, económica, familiar o educativa de la mujer, será sancionado con prisión de ocho a veinte meses”

Cuando verificamos que para que un hecho pueda ser cosniderado como una Violencia contra la Mujer, debe verificarse que se trate de un acto sexista, de un acto ejecutado en agravio de la mujer por su condición, puede verse como todo acto de discriminación o de acentuar una posición de dominio, supresión o desvalorización de su condicón como mujer.

Dentro de este tipo penal se puede observar que la intención del sujeto activo es alterar o desestabilizar la estabilidad emocional, laboral, económica, familiar o educativa de la mujer, es decir el bien jurídico tutelado es la tranquilidad de la víctima, la garantía a la paz a la no perturbación de su desenvolvimiento en todas esas áreas descritas en el tipo penal.

Es un delito doloso, en razón que la conducta de Acoso u Hostigamiento requiere una acción positiva o de “hacer”, requiere igual que el tipo penal anterior una reiteración en el tiempo (Caracter Sistematico), por tal sentido no puede ser acreditado con la ejecucion de una sola conducta.

Es menester señalar las posibles aristas que subsume el legislador dentro de la descripción del tipo penal del acoso y hostigamiento,en tal sentido se observa que prevé la alteración  de la estabilidad emocional, así mismo se prevé la laboral, podría señalarse que son aquellos actos dirigidos al normal o sano desempeño dentro del ámbito laboral, respecto a la economia está referido a aquellos actos que realiza el sujeto activo para económicamente limitar el ejercicio de su derecho o su desenvolvimiento económico adecuado; en cuanto a lo familiar la intencion debe ir contra la armonia, estabilidad o tranquilidad familiar de la posible víctima.

Finalmente, se observa que la pena a imponer al sujeto activo es de ocho (8) a veinte (20) meses de prisión.

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y EL ACOSO YU HOSTIGAMIENTO.

Se puede observar una línea fina que divide tipos penales, dado que los dos comprende un conjunto heterogeneo de comportamientos, en los cuales se produce una forma de agresion psicológica y un perjuicio intencional psíquica a la víctima, que no implica necesariamente el uso de la fuerza fisica, se observa que el Acoso u Hostigamiento comporta además alteración emocional, laboral, económica, familiar o educativa de la mujer.

Asimismo, se observa que ambos son delitos permanente, es decir en el derecho penal se entiende por delito permananente  una forma delictiva caracteriza por la conducta del agente, no obstante haberse consumado en un momentodeterminado, crea un estado delictivo que se dilata y extiende en el tiempo, de tal manera que el delito sifue cometiéndose en cuanto no se ponga término al estado delictivo así creado, teniendo la posibilidad de hacerlo. Para la existencia de estos delitos es necesario que el estado dañoso o de peligro provenga de la conducta del sujeto activo de manera continua, es decir que no se agote en un solo instante, sino que prosiga durante determinado tiempo; y que la prorroga de la situación antijurídica se deba a la exclusiva conducta voluntaria del sujeto, que prosigue con ella ininterrumpidamente después de la realización del hecho que constituye el delito, cuando el sujeto activo realiza acciones activas u omisivas que hacen que los efectos antijurídicos se prolonguen el tiempo; son aquellos en que el delito no esta concluido con la realización del tipo , sino que se mantiene por la voluntad del autor tanto en el tiempo como subsiste el estado antijurídico creado por el mismo; ambos son delitos sistematicos por la reiteración en el tiempo.

El delito de Violencia Psicológica comprende tratos humillantes y vejatorios, aislamientom vigilancia permanente, comparaciones destructivas o amenazas genericas constantes, en cambio el delito de Acoso u Hostigamiento; son actos intimidatorios que ponen en peligro la estabilidad emociona, entrre otros aspectos de la víctima, tales como la labora, economica y faniuliar, lo relevante del tipo de violencia es la ejecucion de actos o expresiones intencionados a alterar la tranquilidad de la víctima e incluso que pongan en peligro su empleo, promoción, reconomiento en él, dentro o fiera del trabajo.

Se debe mencionar que tanto en la violencia Psicológica como en el Acoso U hostigamiento actúa desde la necesidad y la desmotración del poder por parte del agresor, en el que se busca la dominación y sumisión mediante presiones emocionales y agresivas.

Respeto a la actividad probatoria la diferencia versa aun cuando el verbo rector de ambos tipos es la estabilidad emocional en el delito de Violencia Psicológica y sumadas a la estabilidad laboral, económica, familiar o educativa de la mujer establecidad en el tipo de Acoso U hostigamiento, en consecuencia este último presenta más amplio acervo probatorio, tales como vaciados de contenido del teléfono de la víctima, llamadas realizadas, etc., a diferencia de la Violencia Psicológica, que tiene un poco limitada su actividad probatoria al Peritaje Psiucológico o Psiquiatrico a tenor de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Órganica sobre el Derecho a una Vida Libre De Violencia y/o testigos, o una escena violenta según sea el caso.